Una Huelga General por reivindicaciones concretas

El 11 de noviembre todas y todos a la Huelga General. Una Huelga convocada por los sindicatos de clase a instancias de los movimientos sociales, a partir del desahucio de Maricarmen; la mujer de 87 años a la que el fondo buitre Urbagestión echó de la vivienda alquilada en la que residía, empujándola así a la muerte. Un hecho que no se hubiese producido sin el auto judicial que autorizó el desahucio y sin el apoyo político que brindan a los especuladores, tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad que preside Ayuso.

Se queja la derecha de que es una huelga contra la oposición. Bueno, es una manera de verlo, y de reconocer por su parte que junto al récord que ostenta el Gobierno de Rajoy, que en 2012 forzó dos huelgas generales en el mismo año: una, el 29 de marzo, contra la salvaje reforma laboral, muchos de cuyos lesivos elementos continúan en vigor y otra, el 14 de noviembre, contra el “austericidio” que el PP introdujo en los presupuestos para 2013. Ahora obtiene el de ser el primer partido en la oposición en recibir una huelga general, pero en todo caso no es esta la cuestión.

La huelga convocada para el día 11 de noviembre es una llamada a resolver las reivindicaciones y necesidades más apremiantes de la mayoría de la sociedad. Es también una huelga de aviso al gobierno actual y al que salga de las urnas el día 29N: es necesario un cambio de rumbo, de política; un cambio que satisfaga las reivindicaciones, base social del Gobierno progresista y del PSOE.

En España, como en Francia, Albania, Bélgica, Italia o Portugal, no hay huelgas y movilizaciones contra el Gobierno o contra la oposición como sujetos, sino contra las políticas que están empobreciendo a la clase trabajadora europea. El hecho diferencial es que en España es la oposición la que obstaculiza las mínimas políticas progresistas que emanan del Gobierno y, además, amenaza con retrocesos brutales contra derechos básicos como el Sistema Público de Pensiones, la Sanidad o la Educación públicas. El común denominador entre las movilizaciones españolas, francesas y de otros países es que la juventud se identifica con la clase trabajadora, a diferencia de los que ocurrió en las movilizaciones del 15M.

Son PP y VOX, quienes desde los ayuntamientos y comunidades autónomas en las que gobiernan se niegan a cumplir con la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda. Son estos partidos de la oposición quienes fomentan hoy el libertinaje de los pisos turísticos, como lo hicieran en el pasado, cuando en 1998 el Gobierno de Aznar aprobó la ley del suelo que derivó en la burbuja inmobiliaria de 2008, arrastrando a la ruina a cientos de miles de españolas y españoles.

Resulta que es la oposición la que plantea, si el 29 de noviembre llega al Gobierno, cambiar el modelo de reparto del Sistema Público de Pensiones por un modelo mixto, que no es otra cosa que la privatización de nuestras pensiones entregándosela a bancos, aseguradoras y todo tipo de especuladores financieros.

Es esta oposición desde sus gobiernos autonómicos quienes llevan años privatizando la Sanidad Pública, a partir del camelo de la “colaboración”-público privada. Privatización amparada en la Ley 15/97 que debería ser derogada en su integridad.

Esta oposición es la que provoca que las trabajadoras de las escuelas infantiles de Madrid lleven meses en huelga contra la precariedad salarial y laboral que sufren. El mismo Gobierno autónomo que maltrata y destruye la Educación Pública asfixiando económicamente a las universidades y desatendiendo la contratación y unas condiciones dignas en los centros educativos en todos los niveles de la enseñanza. Y, por supuesto, sobreexplotando al profesorado con la carga de trabajo, la eterna interinidad y unos salarios impropios de la responsabilidad social que se les exige.

La mayoría social en nuestro país lleva muchos años acumulando motivos para una huelga general. Son muchos los colectivos afectados por las violentas políticas de la derecha allá donde gobiernan. Ya no vale el juego de trileros que se traen con las competencias autonómicas o estatales: cuando es para pedir dinero las comunidades exigen más y más, pero cuando es para prevenir incendios o “danas” entonces ya las competencias no son suyas.

Las víctimas de la DANA de 2024 en Valencia no olvidan quién se fue a comer a El Ventorro ignorando los avisos y alarmas, ni que Feijóo le cubrió las espaldas a Mazón. De la misma manera que Ayuso es la responsable de las 7291 víctimas abandonadas en las residencias de Madrid, aquellos que según Ayuso se iban a morir igual, responsable que es apoyada por el candidato del PP a la presidencia del Gobierno.

El hartazgo de la mayoría social es laboral, contra la patronal del señor Garamendi, cuya retribución como presidente de la CEOE supera los 400.000 euros anuales, pero se niega a subir el SMI, las pensiones y los salarios de las trabajadoras y trabajadores de este país. Mientras los precios han subido especulativamente por las mismas empresas que racanean subidas salariales a sus trabajadores:

Según el Boletín Económico del Banco de España correspondiente al 2º trimestre 2025⁽¹⁾, el precio de los alimentos subió un 33,9%, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2024.

En el mismo periodo, los salarios se incrementaron un 12,53% y las pensiones un 16,10%. Esto supuso, en ese periodo, una pérdida de poder adquisitivo respecto a la cesta de la compra, de 21,37% para las y los asalariados y del 17,80% para las y los pensionistas.

Para comparar la subida de las pensiones y de los salarios con el incremento de la vivienda en alquiler, recordemos los datos que se citaban en el artículo “Frente al abuso económico, contundencia del Estado”, de Roberto Tornamira, publicado en Tribuna Socialista 179⁽²⁾:

“La vivienda se ha convertido en un valor refugio para la rentabilidad del capital. El precio medio de la vivienda en alquiler ha pasado de 7,3 €/m2 en julio de 2014 a 15,3€ m2 en julio de 2026, 47,71% de incremento. Mientras que, en el mismo periodo, los salarios han subido de media en convenio colectivo un 26,86% y las pensiones un 25,80. Esto significa que las y los asalariados han perdido frente al precio de los alquileres un 20,85% y las y los pensionistas un 21,91%.”

Solamente con la emergencia social que ha generado el mercado de la vivienda en España ya hay motivos suficientes para exigir un huelga general, como acertadamente ha hecho el Sindicato de Inquilinas.

Sobran los motivos para parar la producción y el consumo el 11 de noviembre y exigir cambios profundos en todas las materias citadas, que están llevando a la clase trabajadora a una situación límite.

No es casualidad que las protestas se extiendan por Europa, son las políticas económicas impuestas por el capital financiero internacional las que provocan esta situación: las guerras, la presión de Trump y quienes le apoyan para incrementar la dedicación de dinero público a gastos militares, entre otros factores, es lo que lleva a la asfixia económica y al empobrecimiento de millones de trabajadoras y trabajadores. Del mismo modo que millones de jóvenes en toda Europa se echan a la calle a reivindicar su legítimo derecho a un futuro digno; techo, salario y alimentación sana y asequible.

La derecha internacional, y la española a la cabeza de los vasallos que la secundan, atenta contra la vida cuando apoya a Israel en su genocidio contra el pueblo palestino, de la misma manera que causa miles de muertos cada día en los frente ruso y ucraniano cuando niega la paz y el alto el fuego en esa guerra, en su incesante chalaneo comercial.

El 11 de noviembre a la Huelga General para exigir:

Control de los precios de la vivienda y expropiación de las viviendas públicas que fueron vendidas por el PP a fondos buitre.
Intervención del precio de los alimentos y demás productos de primera necesidad.
Marcha atrás en la privatización de la Sanidad y Educación públicas
Blindaje constitucional de las Pensiones Públicas y auditoría de las cuentas de la Seguridad Social
Subida de salarios y pensiones hasta recuperar el poder adquisitivo perdido.