IZQUIERDA SOCIALISTA–PSOE ante proceso gobierno de España PSOE-SUMAR
Autor: Tribuna Socialista
Tribuna libre de expresión. Fomentando el debate y las propuestas entre socialistas.
Consulta a la militancia sobre el acuerdo con SUMAR y las negociaciones con el resto de partidos.
El pasado fin de semana, Pedro Sánchez intervino en el máximo órgano entre congresos del PSOE, el comité federal, para hacer una defensa del pacto al que se ha llegado con SUMAR, y también para defender, sin tapujos, la amnistía de los delitos del procés que permitirían, supuestamente, alcanzar el número necesario de apoyos para conseguir la investidura como presidente del gobierno. Inmediatamente, se convocaba a los militantes de las distintas formaciones políticas federadas en el PSOE a una consulta popular para expresar el apoyo o rechazo de la militancia a estos acuerdos y negociaciones.
Como primer secretario de la agrupación socialista del Vendrell he defendido la amnistía y la necesidad de llegar a acuerdos con todas las fuerzas antifranquistas, desde el primer momento. Las negociaciones con todos los grupos excepto PP y VOX porque es necesario una reedición del gobierno de progreso que permita consolidar los avances de los últimos años, y sobre todo, porque es necesario profundizar en esos avances, que aunque avances no han sido tampoco para tirar cohetes.
Es necesario un gobierno de progreso que permita el acceso a una vivienda digna, para fortalecer la calidad del empleo, para asegurar una educación pública y de calidad en todas las fases del proceso educativo, para revertir la privatización de la sanidad y asegurar una sanidad pública y de calidad, para que haya más becas, para recuperar el poder adquisitivo de los salarios frente a los beneficios de las multinacionales, la banca, y el poder economico-financiero, para abolir la ley mordaza, para asegurar las pensiones presentes y futuras y para impulsar un nuevo marco institucional de relación entre los distintos pueblos de España, que bajo mi punto de vista pasa por un federalismo republicano.
Así lo he defendido también en el consejo de federación de Tarragona, debatiendo con algunos compañeros y compañeras que mostraban sus reticencias a pactar con Puigdemon y escépticos de que cualquier pacto con Junts sirva para normalizar la vida política en Catalunya.
Sea como fuere, el apoyo a la consulta debería arrojar un resultado afirmativo, de apoyo a las negociaciones, porque de otra manera, nos veremos abocados a unas nuevas elecciones con incierto resultado, que podrían dar alas a los que apuestan por la gran coalición PP-PSOE en el estado.
Como decía Salvador Illa en campaña, hemos de pasar página, y pasar página significa también reconducir y normalizar la política en Catalunya con los actores que el pueblo catalán ha elegido. Pasar página significa que hemos de poner encima de la mesa los argumentos y necesidades expresadas por
la gente. Sin miedo a que se rompa nada, porque nada se ha de romper. De hecho, rompe más España que se amnistíe fiscalmente a los que defraudan impidiendo la financiación correcta de la sanidad y de nuestras pensiones, que cualquier referendum por muy ilegal que se pretenda.
No soy partidario ni de Puigdemont ni del independentismo nacionalista, tampoco lo soy del centralismo aferrado a una «grande y libre». Soy partidario de los acuerdos para el progreso colectivo y de la consolidación y el avance efectivo en los derechos y en las reivindicaciones de la clase trabajadora de este país plurinacional llamado España. Creo que eso es lo que nos define como socialistas, o como mínimo, uno de los factores que nos hace sentirnos y definirnos como socialistas, y es por ello, que creo que debemos defender la amnistía y los acuerdos de progreso, sin tapujos y sin miedo al precio electoral que pueda suponer (algo que ya hemos comprobado con los indultos, por otra parte).
Ahora bien, mi defensa de los acuerdos y las negociaciones no me impiden ser constructivamene crítico con los acuerdos alcanzados que me parecen sumamente timoratos, ya que no incluímos en los mismos la laicidad (recordemos que los acuerdos con la iglesia se llevan miles de millones de euros que podrían ser dedicados a políticas educativas, sanitarias y sociales). No incluímos en los acuerdos ningún aspecto relacionado con la necesaria y legal auditoría a las cuentas de la seguridad social, que nos permitirían comprobar quién ha saqueado la caja únca de la seguridad social poniendo en peligro las pensiones. No se habla del fin al apoyo belicista y armamentístico alentado por la OTAN y que sirve para promover una guerra sin cuartel en Ucrania, con efectos negativos no solo en el número de muertos y refugiados, sino también efectos económicos negativos en relación al precio de la energía y los alimentos. No se habla del genocidio al pueblo palestino. Se habla de avanzar hacia las 37,5 horas laborales pero no a las 35h. No se especifican las medidas para luchar contra el aumento de los precios, y así podía seguir unas cuantos párrafos más.
En defintiva, todo el apoyo a los acuerdos. Sí a la amnistía. Sí a un avance en el encaje institucional de los diferentes pueblos de España y sí a profundizar en acuerdos con todos los grupos para conseguir una transformación de nuestra legislación que permita satisfacer las necesidades de la mayoría social de nuestro país.
Baltasar Santos
Primer Secretario PSC el Vendrell
Miembro del Comité de Redacción de TS
Miles de personas se manifiestan en Andalucía en defensa de una sanidad pública y de calidad
Por María Iglesias Domínguez, Periodista
Marea Blanca en Andalucía, convocó manifestaciones en todas las provincias de Andalucía en defensa de la sanidad pública el pasado sábado, 28 de octubre, bajo el lema ‘Nos roban la sanidad, nos quitan la vida.
Miles de personas se han manifestado este sábado por las calles de las principales ciudades andaluzas, convocadas por Marea Blanca, en las que también han participado otras organizaciones sindicales así como representantes políticos de la izquierda, para reclamar una sanidad pública y de calidad en la comunidad andaluza para decirle con total claridad al gobierno andaluz del Partido Popular que “no vamos a tolerar que esté desmantelando la atención primaria a golpe de ocurrencias como la más reciente, que pretende sustituir las consultas de medicina de familia por un modelo en el que personas desconocidas y externas a los centros de salud realicen consultas médicas telefónicas o por videollamadas, han salido a la calle para decirle a Moreno Bonilla y su gobierno, que no van a consentir que desmantelen lo que tanto esfuerzo y trabajo costó, la sanidad pública”
Para las organizaciones que componen Marea Blanca “Esta propuesta de la Junta de Andalucía muestra un profundo desconocimiento de lo que en realidad es la atención primaria y va en contra de toda la evidencia científica, además de una falta de respeto a los Andaluces y Andaluzas en una materia fundamental como es la sanidad, que te atienda el médico de familia y que lo haga de manera presencial que conoce tu historia, que te atiende en cada cuadro que te suceda y durante el tiempo, es obligatorio y esto, solo es posible reforzando los centros de salud, todo lo demás son excusa para hacer impunemente lo que le pidieron quienes le votaron, ir a un modelo de sanidad privada que no todo el mundo se puede permitir y que supone una clara discriminación”
Y por eso , decían las organizaciones convocantes “hemos salido esta mañana a la calle y volveremos a salir las veces que haga falta hasta que la Junta de Andalucía se dé cuenta de las consecuencias que tiene para Andalucía el desmantelamiento de la atención primaria una acción con la que se colapsan las urgencias y aumenta la mortalidad, voy a poner además el acento en lo que está sucediendo en las zonas alejadas de las capitales de provincias, las zonas rurales donde además de acabar a pasos agigantados con la atención primaria, están acabando con los hospitales comarcales y de esta forma los ciudadanos y ciudadanas de esas zonas, tienen que desplazarse a kilómetros para tener una atención que deberían recibir en sus localidades, sin dejar de pensar ni un día, en los trabajadores y las trabajadoras de la sanidad, esos a los que aplaudíamos como verdaderos héroes hace nada de tiempo ,en plena pandemia, los esenciales y las esenciales y que se encuentran cada día más en una situación de precariedad extrema”.
Las listas de espera quirúrgicas crecen en Andalucía tres veces más rápido que en el resto del país», es otro de los ejes de la denuncia de la coordinadora.
Acto publico Homenaje a Joaquin Maurin
Invitación reunión virtual 7 de noviembre 2023, 19H
A pesar de haber transcurrido cuatro años y una crisis sanitaria mundial, desde
la fundación de Marea de Residencias en septiembre de 2019, lamentablemente
los motivos que nos impulsaron a unir nuestras voces siguen estando de plena
actualidad. La carta fundacional de Marea de Residencias incluía el siguiente
texto:
«Durante años y en los últimos tiempos con mayor intensidad, estamos
asistiendo al deterioro continuado del sistema público de Residencias en TODO el Estado. La necesidad de defender los derechos sociales y laborales del sector. La defensa por la dignidad de lxs usuarixs y un trato acorde a unas condiciones mínimas de vida digna nos han traído hasta esta situación que no dudamos de definir como de EMERGENCIA SOCIAL.
Las políticas que se vienen aplicando hasta el momento dan fe de una VENTA INDISCRIMINADA y unas SUBASTAS a la BAJA a grandes poderes económicos, de un sector y unos DERECHOS, de los que deben ser garantes los GOBIERNOS y todas aquellas INSTITUCIONES implicadas.»
Transcurridos cuatro años de esa carta fundacional, a escasos días del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y con el dolor de haber añadido a esa pesada carga una ominosa mochila de crueldad, debido en buena parte a la precariedad anterior del sistema, sin olvidar las
políticas discriminatorias que durante la pandemia llevaron a una muerte indigna y brutalmente cruel a toda una generación con Madrid a la cabeza tras sus famosos Protocolos de la vergüenza, desde Marea de Residencias hacemos un llamamiento a toda la sociedad para alzar nuestras voces, unidas,
contra la mayor vulneración de derechos perpetrada en la historia de nuestra democracia.
El 23 de noviembre de 2019 más de 3.000 personas recorrieron la calle Alcalá desde Cibeles a Sol bajo el lema: «Ley de Residencias YA».
El próximo día 26 de noviembre de 2023 seremos muchas más bajo el lema: «¡NO MÁS VÍCTIMAS EN LAS RESIDENCIAS!»
Previo a la manifestación del 26, el día 7 de noviembre a las 19h, celebraremos una reunión virtual mediante Jitsi Meet a la que os invitamos para poner en común la situación actual de las residencias y compartir ideas para concienciar a la sociedad de la gravedad de lo ocurrido en 2020.
Si deseáis participar, por favor enviadnos un correo antes del 5 de noviembre a
mareaderesidencias@gmail.com, indicándonos el nombre del colectivo y el de la persona o personas que asistirá en representación, y os haremos llegar un enlace para uniros a la reunión.
Nosotras y nosotros no les abandonamos.
JUSTICIA, DIGNIDAD, DERECHOS HUMANOS y LEY DE RESIDENCIAS YA
La amnistía y el referéndum en Catalunya son un avance democrático para los trabajadores y los pueblos del Estado.
Estos días, de nuevo se concentra toda la atención política vinculada a la posibilidad de investidura de Pedro Sánchez, en torno al debate sobre la amnistía a los procesados y condenados por el referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017. Fueron casi 3.000 personas las encausadas, muchas de ellas ya condenadas, no sólo por organizar el referéndum del 1‐O, también como consecuencia de la represión impuesta en general al movimiento independentista durante el período posterior. Se pone, intencionadamente, el énfasis en los responsables políticos procesados, pero la inmensa mayoría son ciudadanos y ciudadanas de a pie, en especial, jóvenes, procesados por
el referéndum del 1 de octubre y las movilizaciones contra el juicio y condena a los dirigentes republicanos catalanes.
Ese número desorbitado de perseguidos y procesados es el resultado de la campaña emprendida por el aparato policial y judicial contra el pueblo catalán tras el infame discurso de Felipe VI el 3 de octubre de 2017, y la consigna de ¡A por ellos! ¿Qué futuro de progreso puede establecerse en este país sobre la base de la persecución y condena de miles de ciudadanos? ¿Cómo puede
establecerse una relación de fraternidad ente los pueblos del Estado sobre esta base?
Desde el CATP, convencidos de que todo avance social en este país necesita de la alianza de la clase trabajadora y de los pueblos de todo el Estado, apoyamos todo paso que conduzca a la amnistía de estos procesados y detenidos, sin cortapisas o condiciones. Un ejemplo de pasos en positivo es la recogida de firmas que nuestros compañeros de Tribuna Socialista han puesto en marcha y que ha tenido una buena acogida entre la militancia socialista, una iniciativa que merece el apoyo del CATP.
Apoyamos la amnistía y este derecho, incluso, al margen de que haya o no investidura de Pedro Sánchez y de los acuerdos desarrollados finalmente con Junts y ERC. Porque consideramos que el único “delito” de los procesados fue tratar de defender y de ejercer unos derechos democráticos, lo que fue respondido por una represión policial brutal, por la violación flagrante de la legalidad por parte del sistema judicial español y por una respuesta del aparato de Estado y de los partidos que se autodefinen como “constitucionalistas”, de cierre de filas con la monarquía centralista impuesta por el franquismo y heredada de aquel régimen criminal.
Hoy, de nuevo, las fuerzas del viejo régimen se han agrupado contra esta exigencia de amnistía y de libertades. Desde la Corona, los aparatos del Estado y la derecha en las instituciones (incluidos los restos del felipismo en el PSOE), así como los poderes oligárquicos y los medios de comunicación a su servicio. Esta oposición cerrada no resulta casual. En 2017 estimaron igual que estiman ahora el peligro real de un cambio del régimen constitucional del 78, por lo que utilizaron y utilizarán todos los mecanismos para impedir todo avance en este sentido.
El CATP entiende, sin embargo, que, aunque en 2017 se pusieron los focos sobre el Govern de Puigdemont, sus consellers, el Parlament y los alcaldes independentistas, quienes realmente dieron viabilidad y defendieron el referéndum del 1‐O fue la población trabajadora catalana, y, en especial,
la juventud, que nunca renunció a ejercer sus derechos a la libertad y a decidir libremente su destino.
Unos derechos, compartidos fraternalmente con los trabajadores y los pueblos de todo el Estado español, que hoy siguen “conculcados”.
Defender la amnistía de los represaliados políticos catalanes, sin renunciar al derecho de los pueblos a decidir libremente su futuro y a la realización de un referéndum con garantías forma parte, en consecuencia, de la misma lucha de la clase trabajadora de todo el Estado. Supone un avance importante para que, sea cual sea el gobierno que se forme, podamos seguir defendiendo nuestras
reivindicaciones más urgentes y unos derechos y garantías democráticas que el actual régimen monárquico se ha mostrado incapaz de satisfacer.
La exigencia de amnistía es incondicional, al mismo tiempo para los trabajadores, los jóvenes, todos los sectores oprimidos de la sociedad, para los pueblos, hacer frente a las consecuencias de la crisis económica es esencial. Hacer frente al nuevo impuesto para los trabajadores que significa la
inflación, que permite ganancias astronómicas para el gran capital, exigir aumentos de salarios y pensiones según el IPC real, medidas para controlar los precios derogar lo que falta de las reformas laborales que han multiplicado la precariedad y los bajos salarios, hundiendo en la miseria a la clase
trabajadora. Hay que derogar las disposiciones represivas como la “Ley Mordaza”, acabar con los gastos militares que alimentan la muerte, la destrucción en Ucrania y menoscaban los servicios públicos: la Sanidad la Enseñanza, las Pensiones, etc.
Hoy, exigir la amnistía de los y las represaliados en Catalunya por defender el derecho de los pueblos a la autodeterminación, conlleva también defender una salida republicana para la población trabajadora y los pueblos del Estado español.
Llamamos a todos los demócratas a apoyar estas exigencias elementales y proponemos realizar, donde sea posible, actos y reuniones con este objetivo.
Coordinadora Estatal
Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos
6 de octubre de 2023
Como sindicalistas, llamamos a trabajadores y trabajadoras en activo o pensionistas, a participar masivamente en la manisfestacion de 28 de octubre en Madrid.
Las organizaciones de pensionistas convocan, de nuevo, una manifestación estatal el 28 de octubre en Madrid, en defensa del sistema público de pensiones y con la exigencia de la realización de una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social en el centro de sus reivindicaciones.
Estamos hartos de que se nos repita, una y otra vez, que las pensiones futuras no son sostenibles” y que hay que aceptar nuevos recortes nuevos retrasos de la edad de jubilación, cuando el Tribunal de Cuentas ha manifestado que sólo en unos años, los gobiernos de turno sacaron más de 100.000 millones de euros de la caja de la Seguridad Social para “gastos impropios” (es decir, para pagar cosas que no son pensiones contributivas). Por eso necesitamos la auditoría para eliminar este argumento de los que quieren destruir nuestro sistema público de pensiones basado en el mecanismo solidario de reparto.
Recordamos que la auditoria es una reivindicación del movimiento pensionista, lanzada por la COESPE, que con el apoyo de un grupo de diputados por la transparencia de las cuentas públicas consiguieron que fuera incluida en la ley 21/2021 de reforma del sistema público de pensiones. Y también la auditoria es una demanda que fue aprobada en el Congreso Confederal de UGT y en
muchos congresos de Uniones Territoriales y Federaciones de CCOO.
Es inaceptable que el gobierno que se dice “progresista” incumpla este mandato parlamentario.
Desconfiamos de la última reforma de pensiones que abre la vía a la privatización de nuestra Seguridad Social a través de los fondos de pensiones de empresa y que, aunque mantiene la actualización de las pensiones según el IPC medio, deja en manos de la AIReF el futuro de esta medida. Recordamos que la AIReF es un organismo de control fiscal, creado por exigencias de la Unión Europea, cuyo objetivo es garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, y no los derechos de la población trabajadora y los y las pensionistas.
Somos conscientes de que sin salarios dignos no puede haber pensiones dignas.
Proponemos dirigirnos a las federaciones de pensionistas de organizaciones sindicales de toda Europa para explicar el combate en defensa de las pensiones en el Estado Español y, en particular, la movilización del 28 de octubre.
Por todo ello llamamos a sindicalistas, pensionistas, jóvenes, trabajadores y trabajadoras en activo a preparar la manifestación del 28 de octubre y a participar en ella. Porque, gobierne quien gobierne, el derecho a las pensiones públicas se defiende.
Sindicalistas por la auditoria es un colectivo de militantes sindicales de UGT, CCOO y otras organizaciones, creado en 2021 para apoyar las movilizaciones del movimiento independiente de pensionistas y, en particular, la exigencia de una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social: sindicalistasxauditoria@gmail.com
22 de octubre
EUROPA LAICA SOBRE LOS ACUERDOS PARA LA FORMACIÓN DEL FUTURO GOBIERNO
Los líderes del PSOE y Sumar, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, respectivamente, han firmado el 24 de octubre un acuerdo para reeditar el gobierno de coalición. Se trata de un documento de 48 páginas que incorpora medidas que, según Yolanda Díaz (vicepresidenta del Gobierno en funciones), conforman un
“compromiso con las gentes trabajadoras, con las mujeres, con el planeta, con los jóvenes, con el futuro, con los mayores que nos enseñan cómo se conquistan derechos”.
Por su parte, el líder del PSOE y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se manifestaba en la misma línea y añadía que “Somos perfectamente conscientes de que aún quedan muchísimas injusticias por resolver”. Todo bajo el lema “España avanza”.
En Europa Laica lamentamos que entre las injusticias por resolver no aprecien las desigualdades y atropellos que se producen en España debido a los grandes privilegios que sigue detentando la Iglesia católica. Y que, en consecuencia, por respeto a los compromisos con los jóvenes, las mujeres, el futuro… no tomen medidas para conquistar derechos que pongan fin a los perjuicios que les ocasionan aquellos privilegios. La única mención que en el documento se hace a la laicidad es para anunciar que las notas de las asignaturas de religión seguirán sin computar para el acceso a otros estudios y para las becas, algo que no es novedad, pues ya está legislado en la LOMLOE. De modo que en asuntos cruciales España NO avanza: no se da ni un nuevo paso para poner fin al adoctrinamiento religioso infantil, con lo que millones de niñas y niños seguirán siendo víctimas de unas enseñanzas dictadas por el episcopado, con marcado carácter anticientífico, misógino y homófobo. El acuerdo de gobierno se olvida de impulsar la educación pública, de manera que se sigue favoreciendo la privatización y que vaya más dinero a la enseñanza concertada, con la
segregación que provoca.
Recordemos que, para que España SÍ avance hacia un Estado laico, plenamente democrático en este sentido, además de sacar la religión de la escuela y la Universidad, está pendiente la modificación de los artículos 16 y 27 de la Constitución, la denuncia (no reforma) de los Acuerdos de 1976 y 1979 con la Santa Sede (y la derogación de los existentes con las confesiones minoritarias), la derogación de los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos en el Código Penal, y la promulgación de una Ley Orgánica de Libertad de Conciencia (derogando la actual Ley de Libertad Religiosa de 1980). Ya hace décadas que se retrasa la supresión de la financiación pública a las confesiones religiosas y de sus beneficios fiscales, y el fin de otras prerrogativas confesionales, como
la asistencia de cargos públicos a actos religiosos, la retransmisión de estos actos en medios públicos o el trato privilegiado a las cofradías y ONGs confesionales. Sin olvidar, por supuesto, la imprescindible y urgente recuperación de los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, reparando un escándalo patrimonial y económico que deja en mantillas otros que han llenado
muchas páginas y horas en los medios. (Véanse nuestras peticiones con mayor extensión en la Carta reivindicativa de Europa Laica de julio de 2023, ante las últimas elecciones generales).
Hacemos un llamamiento público al PSOE, Sumar, y resto de formaciones políticas involucradas, para que en el próximo gobierno asuman todas estas reivindicaciones, imprescindibles para acabar con los inaceptables residuos del nacional-catolicismo y avanzar hacia una democracia plena en un Estado laico, respetuoso con la igualdad, la libertad de conciencia y en definitiva los derechos fundamentales de toda la ciudadanía.
EUROPA LAICA
26 de octubre
Luces de bohemia: la farsa constitucional
El martes 31 de octubre se representará en las Cortes una nueva escena de Luces de bohemia: el juramento solemne de la cadete Borbón ante los representantes del pueblo español.
Su jura civil simboliza -unos días después de su jura militar- el carácter militarista y reaccionario del sistema político emanado de la dictadura, pues no hubo a su término un auténtico proceso constituyente en libertad.
De llegar a reinar, será jefe del Estado español como consecuencia de las leyes de sucesión decretadas por el dictador genocida Franco, aún vigentes.
Se trata de un paripé superfluo, pues sería inviolable según el art. 56.3 de la constitución, por tanto, impune, aunque delinca, ya que no le sería reconocida responsabilidad alguna por actos contrarios a las leyes, y no podría ser detenida o juzgada. Por ende, en caso de perjurio no podría ser investigada, procesada y menos aún condenada; por ejemplo, si llegase a emular a su tatarabuelo Alfonso XIII.
Y, por si no bastase, tendría además el mando supremo de las fuerzas armadas. Mando supremo que su padre Felipe VI ejerció de forma amenazante con su abominable discurso del 3 octubre de 2017, emitido en directo ante todo el país por los medios de comunicación, tras el brutal apaleamiento del pacífico pueblo catalán por las “fuerzas del orden”.
Lo anterior, prueba que la función efectiva del rey -contrariamente a lo que opinan algunos juristas militares, quizá ingenuamente- no es en absoluto simbólica, sino último eslabón de la cadena de mando militar y, por tanto, garante del ordenamiento constitucional según el art. 8 de la constitución.
Algo totalmente insólito en los países de nuestro entorno.
La monarquía es un grave obstáculo para la salida pacífica de los conflictos derivados del carácter plurinacional del Estado, pues esa es su verdadera función constitucional.
Farsa constitucional que el próximo martes 31 de octubre escenificará la cadete Borbón como protagonista estelar, encarnando la continuidad de un régimen monárquico-parlamentario heredero de Franco.
Será, una vez más, la esperpéntica confirmación del carácter militarista del régimen, en donde el rey representa la última ratio de la oligarquía financiera frente a un posible cambio en la correlación de fuerzas sociales.
Una mayor unidad y empuje en la acción de los movimientos sociales, favorables a la autodeterminación de los pueblos del Estado, limitará la hegemonía de la oligarquía española, abriéndose paso la República de una vez por todas. Pues, como he expresado en más de una ocasión, tengo la convicción de que solo es posible democratizar el Estado aceptando su carácter plurinacional y el derecho de autodeterminación.
Mientras tanto, continúa el genocidio del pueblo palestino a manos del Estado de Israel sin que su padre, el rey Felipe VI, condene los evidentes crímenes de lesa humanidad del gobierno israelí. Por el contrario, se ha dado prisa en condenar hipócritamente el derecho del pueblo palestino a la resistencia contra el ocupante, calificándolo de terrorismo.
Manuel Ruiz Robles, antiguo militante de la UMD,
portavoz de la iniciativa “militares españoles por la paz”.
Solidaridad con Palestina
Las imágenes hacen innecesarias demasiadas palabras, fueron decenas de miles las personas que se manifestaron el domingo 29 de octubre en Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid, bastión de la derecha, ajenos al sentir mayoritario de la ciudadanía, el mismo lunes 30 y sin ningún pudor, con los votos de PP y VOX, concede la “Medalla de Honor” a Israel. Cabe preguntarse ¿cuál es el “honor” para los herederos del franquismo? Quizás el dudoso honor de que el Gobierno de Netanyahu haya sido capaz de emular los bombardeos fascistas
en Guernica, solo que el número de horas de bombardeo sobre gaza es 200 veces superior al que emplearon la “Legión Condor” alemana y la “Aviación Legionaria”.
Los manifestantes, entre los que había muchos jóvenes, coreaban “No es una guerra, es un genocidio”. Es una buena matización, pues en la Franja de Gaza no hay dos ejércitos combatiendo, lo que hay es un ejército demoliendo edificios, escuelas y hospitales, con sus ciudadanos dentro. Están machacando literalmente ese territorio, ejecutando una invasión. Los medios de comunicación
internacionales ya hablan de que, en Gaza, han muerto en estos 23 días de bombardeos más niños y niñas que en todos los conflictos bélicos del mundo, en lo que va de 2023. Pero aún se escucha decir a los gobiernos, en ese lenguaje cínico que utiliza la diplomacia, que “Israel tiene derecho a defenderse” y haciendo timoratos llamados a respetar los derechos humanos.
La indignación en los países occidentales está llevando a masas de ciudadanos y ciudadanas a salir a la calle para exigir el alto el fuego y señalar la acción criminal del Gobierno sionista de Netanyahu: Berlín, Bruselas, Londres, Viena, Roma, Sídney, Madrid y Barcelona, entre otras muchas.
También en los países del mundo árabe e islámico, como en Jordania, Egipto, Turkía, Bosnia y Herzegovina, Malasia… Pero en estos países el carácter no es solamente solidario con el pueblo palestino, es también de rabia contra sus gobernantes por no hacer nada, en su supeditación a los Estados Unidos, en muchos de los casos. Quizás esta situación derive en una nueva ola de alzamientos de los pueblos. En todo caso, dejar que Israel continúe con su política criminal de ocupación y muerte solo puede llevar a generar más odio y conflictos.
Alcemos nuestra voz contra las guerras, levantemos un movimiento contra la guerra en cada barrio, en cada pueblo, en cada país y continente, para pararle los pies a los intrigantes que se esconden tras los conflictos, con el único objetivo de la acumulación de capital.
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