Autor: Tribuna Socialista

Tribuna libre de expresión. Fomentando el debate y las propuestas entre socialistas.

Entrevista a Eva Sobrado Peláez

Eva Sobrado Peláez es Secretaria General de la Sección Sindical de la UGT en el servicio de limpieza del Hospital Ramón Cajal de Madrid, desde hace ocho años y, a pesar de juventud, nació en 1981, es miembro del Comité de Empresa desde hace quince años. Ha pasado por varios empleos, pero nunca ha podido ejercer de aquello para lo que se formó, es Técnico Superior de Laboratorio.

Le preguntamos sobre las condiciones de trabajo en estos meses de pandemia.

Pregunta: Las trabajadoras de la limpieza en los hospitales sois parte de la cadena sanitaria, teniendo en cuenta que sin higiene no hay salud: ¿os consideráis parte de esa cadena?

Respuesta: Sí, nos consideramos parte fundamental de la cadena sanitaria, pero nunca nos hemos sentido tratadas como tal.

P: Vosotras trabajáis también en los quirófanos, en las UCI y en las habitaciones, etc., junto a los pacientes: ¿Os sentís protegidas en igualdad de condiciones que el personal sanitario?

R: No. No estamos en igualdad de condiciones respecto a protección y realización de pruebas, en comparación al personal sanitario. La empresa que actualmente tiene el contrato de limpieza, al principio de la pandemia, nos dotó de los EPIS necesarios, hasta que comenzó el estado de alarma, momento en el que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid dio la orden de requisar todo el material. Y ahí empezó nuestra lucha por los EPIS: teníamos que vagar por las plantas del Hospital para que las supervisoras nos diesen equipos. Hay que recordar que la escasez de mascarillas, guantes, batas y monos… la sufría todo el personal sanitario. Como a las limpiadoras no nos consideran miembros de ese colectivo, estábamos a la cola del reparto; hubo momento en que estuvimos compartiendo batas, y a falta de monos, utilizábamos bolsas de basura. Como no nos consideran personal de riesgo, a pesar de realizar nuestro trabajo en los mismos espacios que el personal sanitario, teníamos que luchar cada mañana para conseguir unas protecciones mínimas.

P: Queda claro, por la experiencia vivida, que hay diferencias entre el personal sanitario y el del servicio de limpieza. En relación con la protección: ¿se han corregido esas diferencias?

R: En efecto, se han hecho claras diferencias. Se han ido corrigiendo por la presión que las secciones sindicales hemos realizado, siendo comprensivas con la cantidad de EPIS de los que se disponía en cada momento. Si no había EPIS suficientes, a pesar de que teníamos que entrar protegidas, cuandoi llegabas una mañana a tu puesto de trabajo y no había equipos de protección suficientes te decían que a ti no te hacía falta porque no tenías contacto directo con el paciente. Quiero recalcar que el riesgo de contagio que había en habitaciones, UCIS, Urgencias…. era brutal en pleno estado de alarma. No hacía falta tocar al paciente para contagiarte. Con entrar a la habitación sin la protección necesaria teniendo que retirar los residuos de comida y basura generada por de los pacientes y limpiar todo lo que ellos tocaban (la mayoría de las de las habitaciones tenían 3 camas ya que se triplicó la capacidad del hospital) ya teníamos un alto riesgo de contagio.

P: Parece evidente, a la luz de los datos que arrojan las organizaciones sindicales sanitarias, que se ha deteriorado la dotación de medios materiales y humanos: ¿en vuestro colectivo, estáis bien dotadas de plantilla y medios?

R: Las plantillas siempre están muy ajustadas y la carga de trabajo es tremenda. En los meses más duros de la primavera pasada fue brutal. En estos momentos de segunda ola, podemos decir que la situación es aceptable. La empresa ha vuelto a disponer de su propio material y nos da cada día lo que necesitamos. En relación al personal de limpieza, se alcanzó un acuerdo económico entre la CAM y la empresa para aumentar el número de plantilla con contratos COVID que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre, con lo que se podría decir que hemos ido tirando. Nos preocupa gravemente el que este acuerdo no tenga continuidad a partir del 1 de enero.

La transparencia de las cuentas de la Seguridad social

LA TRASPARENCIA DE LAS CUENTAS DEL RÉGIMEN DE REPARTO DE NUESTRA SEGURIDAD SOCIAL ES UNA EXIGENCIA DEMOCRÁTICA IRRENUNCIABLE

El único elemento clarificador sobre la existencia de déficits o superávits de la Seguridad Social basada en el régimen de reparto es el deducido de la fiabilidad de las cuentas públicas y de la opinión que se tenga sobre la representación e imagen fiel de la gestión en los estados financieros.

El Pacto de Toledo reconoce el efecto perverso de la política seguida por los gobiernos de imputar a la Seguridad Social gastos que el propio ministerio de Seguridad Social dice que no corresponden.

Gastos impropios lo llama. Y se reconoce de forma muy clara: “No es un asunto menor; el hecho de que las cuotas de empresas y trabajadores sean utilizadas para financiar políticas estatales con entidad propia, más allá de la Seguridad social, explicaría en buena medida el déficit actualmente existente” (Recomendación nº 1 del Pacto de Toledo). Una forma retorcida de reconocer que los estados financieros de la Seguridad Social oficiales se han dado por buenos sin depurar y separar el efecto de la indebida imputación de gastos que no eran de Seguridad Social.

Pues si esas cuentas se hubieran depurado para representar fielmente la situación económica y patrimonial de la Seguridad Social, en vez de déficits, habrían figurado superávits. Esto se llama manipulación financiera de las cuentas públicas.

En los últimos meses se ha conseguido algo importante. Gracias a las movilizaciones de los pensionistas, y muy especialmente a los trabajos y exigencias de la COESPE, se reconoce que durante años se estaban financiando con cotizaciones “gastos indebidos”, es decir, que no eran de la Seguridad Social. Puede ser un paso, pero ¿de qué sirve reconocer que ha habido una indebida utilización de los recursos de la Seguridad Social, si al mismo tiempo no se corrigen sus dañinos efectos?

Por eso, lo más sobresaliente es que entre las recomendaciones no se prevea la reparación del daño causado a las cuentas de la Seguridad Social, particularmente a sus reservas, por los saqueos continuados, durante años, que las cotizaciones sociales han sufrido a manos de los diferentes gobiernos.

Un régimen de reparto que no constituye reservas en los periodos que genera superávits está abocado al fracaso. Y ese ha sido el programa de la banca, las compañías de seguros y el capital financiero, y el instrumento para ello ha sido el Pacto de Toledo. A pesar del barniz de progresismo que todos sus partidarios otorgan al Pacto de Toledo, es necesario no olvidar los antecedentes. En 1994, cuando se aprobó la proposición de Ley del Grupo Parlamentario Catalá (CiU), representante directo de la burguesía catalana y española, con el objetivo de “garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones y evitar mayores déficits”, se señalaba ya el centro sobre el que gravitarían las reformas. En la exposición de motivos se señaló como obstáculo para resolver la problemática de la evolución presupuestaria de la Seguridad Social, a “la estructura financiera del sistema de Seguridad Social española fundamentado en un régimen de reparto”.

En cierta medida entre las recomendaciones propuestas se encuentran algunas que a medio y largo plazo conducirá a la dislocación el funcionamiento del régimen de reparto. Por ejemplo, la recomendación 16 que apuesta por los sistemas complementarios para “cubrir al menos las contingencias de jubilación, invalidez y fallecimiento”, e imputando su implantación en las espaldas de la negociación colectiva.

Aplicando así le línea marcada desde la creación del Pacto de Toledo: cuestionar la solidez del régimen de reparto basado en las cotizaciones sociales, es decir, en una parte del salario, el salario diferido. El posicionamiento está en sintonía con el PDeCAT. Su representante en el Pacto de Toledo escribió que “la clave de la sostenibilidad del sistema va a ser establecer más impuestos y menos cotizaciones”. En el mismo sentido se pronuncian reiteradamente CEOE y CEPYME, reclamando negociar con los sindicatos la rebaja de las cotizaciones sociales y la eliminación de la cotización adicional por horas extraordinarias

No hay lugar para hablar de déficit. La causa de los “déficits” es el incumplimiento por los gobiernos de sus compromisos financieros con la Seguridad Social

Las cuentas de la Seguridad Social han sido objeto de unas manipulaciones que se han prolongado hasta hoy, con el gobierno del PP, y que reclaman aclaración y superación. Sobre todo, se han registrado como préstamos lo que tenían que ser simples transferencias para cubrir las carencias de ingresos del sistema de Seguridad Social

La Seguridad Social desde hace años arrastra una deuda de 17.168,65 millones de euros, causada por la concesión de once préstamos por parte de la Administración del Estado durante los años de 1992 a 1999. Se concedieron para hacer frente a gastos sanitarios del Estado y para financiar déficits de la Seguridad Social previstos en sus presupuestos iniciales, pero en ambos casos el gobierno de turno optó por financiarlos a través de préstamos, en lugar de hacerlo por transferencias corrientes.

El montante de la falsa deuda de la Seguridad Social va más allá de los 70.000 millones, y cosa curiosa, las recomendaciones del Pacto de Toledo proponen que se paguen. Para ello propone entregar los edificios del patrimonio de la Seguridad Social.

Desde un punto de vista técnico, el asunto ha sido reiteradamente abordado por el Tribunal de Cuentas, con propuestas concretas de resolución que no se atendieron. En 1996 el Tribunal dictamina que lo más adecuado es “la condonación de los préstamos, lo que equivaldría en el fondo a la concesión de una transferencia, carácter que como se ha venido sosteniendo reiteradamente en años anteriores, deberían haber tenido desde el principio”. Desde entonces se ha reiterado la necesidad de la cancelación de la deuda, por condonación o por la concesión de transferencias a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Estos criterios no se aplicaron ni siquiera después de las modificaciones introducidas por la Ley 24/1997, de 15 de julio, en la Ley General de Seguridad Social (LGSS) artículo 109.2, estableciendo la financiación de las prestaciones contributivas no solo con cotizaciones sociales, sino también mediante aportaciones del Estado.

El PP, ante las necesidades de complementar la insuficiencia de las cotizaciones, en lugar de disponer las transferencias oportunas desde el presupuesto del Estado, que es lo establecido en la LGSS, después de haber esquilmado el Fondo de Reserva, disponiendo de él en importes muy superiores al límite legal establecido, se empleó a fondo en ignorar la obligación que tenia de cumplir el articulo lo 109.2 de la LGSS y reanudó la práctica de los préstamos en julio de 2017, , que lamentablemente ha continuado hasta nuestros días, e incluso se continuará a lo largo de la actual legislatura.

Una muy importante consecuencia de esa manipulación contable es simple: lo que debería haberse financiado con aportaciones del Estado a la Seguridad Social y haber sido soportado por el Presupuesto de gasto del Estado, se registra como préstamo a la Seguridad Social. Es decir, no es computable como gasto no financiero del Estado, ni por tanto como parte del déficit del Estado, sino como un déficit de la Seguridad Social. Así, se ha creado un punto de apoyo  de todos los ataques de la derecha y el capital financiero para presionar al gobierno por el cambio de modelo de Seguridad Social y las propuestas de un modelo de Seguridad Social inspirado en el modelo del Reino Unido, que como es conocido se basa en tres pilares principales, uno  de carácter público y de reparto, reducido, con el fin de combatir la pobreza y un segundo pilar basado en la capitalización, colectivo,  promovido por las empresas y que aporta  la mayor parte de la pensión. El tercer pilar, también de capitalización, individual.

Con el marco de estas referencias parece razonable plantear la exigencia de una auditoria pública que ponga cada cosa en su sitio y limpie tanta mentira interesada sobre la fortaleza de nuestro sistema de reparto basado en la fuerza y organización de la clase obrera y los salarios dignos.

Juan Miguel Fernández

Madrid

Principios políticos, democracia, Bildu y PGE

El que Bildu se halla sumado a apoyar en principio la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado me parece una buena noticia en un doble sentido.

Por un lado me parece un triunfo de la democracia en mayúsculas y viene a dar la razón a todos aquellos que siempre mantuvimos que contra las bombas estaban los votos, que en democracia se puede defender cualquier cosa pero siempre y exclusivamente con la palabra, lo cual lleva implícito, al menos desde un punto de vista de aceptación de los valores democráticos, no solo la defensa parlamentaria de éstos, sino sobre todo su puesta en práctica mediante el ejercicio del pacto, el acuerdo y el consenso democrático. La alternativa a esto, o sea, el desprecio de esta manera de entender la vida democrática y su traslación parlamentaria supondría un cínico ejercicio de hipocresía política, ¿cómo defenderíamos el rechazo total a hablar con Bildu?, ¿qué le diríamos?: “os hemos estado engañando (…) cuando decíamos que dejarais las armas y  aceptarais la democracia os mentíamos a sabiendas (…)” ¿Ese debiera ser el valor de nuestra palabra política?

Sin duda el camino democrático, lo que se hace en los Estados de Derecho en donde la democracia está firmemente implantada, pongamos como ejemplo el caso del Reino Unido, Irlanda, los renombrados Acuerdos del Viernes Santo y el encaje del Sinn Fein en el parlamento, es precisamente mantener sobre cualquier otra cosa los principios democráticos: el valor de la palabra, la discusión dialéctica, la confrontación de ideas y de ideologías y la capacidad de, sustentados en estos, llegar  a acuerdos y consensos con el oponente.

Por si estos argumentos de por sí no fueran lo suficientemente contundentes, debemos señalar que ninguno de los parlamentarios de EH-Bildu tiene cuentas pendientes de ningún tipo con la Justicia, que han explicitado de forma contundente su renuncia a cualquier tipo de violencia y que en otro orden de cosas, los condenados por delitos terroristas siguen y seguirán hasta que decida la justicia en la cárcel, y que ETA fue vencida por el Estado, precisamente con un gobierno socialista presidido por Jose Luis Rodriguez Zapatero y con Alfredo Rubalcaba como ministro del Interior, sin que se hiciera ningún tipo de concesión a la banda terrorista.

Pero claro mantener este discurso y ‘hacer política’ defendiendo esta línea de actuación requiere el tedioso y lento esfuerzo de hacer pedagogía, de tener que explicar sin descanso porque uno actúa de este modo, porque es este el camino correcto y cuáles son los principios básicos y sagrados de la democracia, esto suele llevar tiempo, normalmente mucho tiempo, suele dar frutos a medio y largo plazo, nunca en el momento, y obviamente algunos prefieren alinearse con el impulso sentimental, además muy humano, de rechazo que provoca el recuerdo de la violencia terrorista que comprensiblemente otorga votos per se; y si además para ‘algunos y algunas’ les vale para criticar la política de pactos de la dirección del PSOE pues miel sobre hojuelas, y no me estoy refiriendo exclusivamente a la derecha, creo que se me entiende.

Y por otro lado me parece que en la situación de excepcionalidad en la que vivimos requiere que la reconstrucción del país, que sin duda será ardua, cuente con el mayor apoyo posible de voluntades; estas voluntades en política se reflejan, en primer lugar en la aprobación  de unos Presupuestos Generales del Estado que doten con respaldo económico las líneas políticas a seguir, y en segundo lugar en la discusión y el acuerdo de esas ‘políticas a seguir’, por lo que sería deseable el acuerdo de cuantos más mejor. Si en esos acuerdos caben Bildu, un partido de izquierdas y el PNV, un partido de derecha, tanto mejor, mostraríamos que seriamos capaces de pactar con la derecha moderada y de ayudar a Bildu hacia un camino de normalización democrática; pero por todas estas razones sería deseable contar finalmente también con el apoyo de Ciudadanos, deberíamos también ser capaces de ayudar, o al menos de intentar, que Ciudadanos se alejase de las posturas radicales de la derecha extrema y de la extrema derecha y se acercarse a la centralidad. Los mismos argumentos éticos que utilizamos para anteponer la grandeza de la democracia como sistema y que por tanto no es solo aconsejable sino necesario por higiene democrática atraer a todos al debate político valen en este sentido tanto para Bildu como para Ciudadanos o para cualquier otro partido político. Nosotros, los socialistas, a priori no debemos rechazar a nadie, que quienes quieran se autoexcluya ellos mismos por sus actos, no por nuestros apriorismos. No me gustaría pensar que quienes promueven la exclusión de otros lo hagan motivados por el afán de constituirse en los únicos válidos y necesarios y por tanto en imprescindibles.

Jose Luis Bejarano Damas

Tribuna Socialista de Sevilla

Agrupación municipal de Almensilla.

Marsé, el obrero que escribía.

Marsé, el obrero que escribía.

Por Martín Lozano

Recibo con alborozo, alegría y jolgorio por mi parte esta nueva sección en Tribuna Socialista. ¿Sección Cultural? Sí. De siempre he sabido que si quería escapar de la esclavitud, que como trabajador me imponían, debía aumentar mis conocimientos y mi cultura. Objetivo conseguido. ¿Soy un liberto? ¡No! Pero soy más culto, por lo menos que cuando empecé a trabajar con dieciséis años. Y además van y me invitan a colaborar. ¿Están locos los editores de Tribuna? Creo que sí. Nunca pertenecería a un club en el que me admitieran. 

¿Cultura obrera o cultura burguesa? En mis irregulares, os lo anticipo, colaboraciones no haré ascos a ninguna de las dos o de cualquier otra clase, en el caso de que la Cultura se pueda sectorizar, pese a esta declaración de principios, siguiendo con el Marxismo: «Si no le gustan mis principios, tengo otros», procuraré priorizar que mis escritos tengan alguna conexión con el lado social, político, obrero y obrerista (quítale la connotación peyorativa al término si la tiene), porque, sintiéndolo mucho, me sigo considerando de la inexistente Clase Obrera, o cualesquiera de los sinónimos o eufemismos que se han usado a lo largo de la historia en nuestro idioma (trabajadora, proletaria, económicamente débiles…). 

Por eso quiero empezar por rendir un homenaje al considerado último escritor obrero que ha alcanzado lo que cualquier juntaletras sueña. Añado en este homenaje a los trabajadores y trabajadoras, nacidos aquí o fuera (guiño internacionalista) que han muerto en este trozo de tierra que tiene forma de piel de toro (guiño ibérico), por supuesto en esa lista están los que han muerto por razón del dichoso virus, o con síntomas compatibles o por cualquier circunstancia, incluida la vejez, por la que nos hayan dejado en lo que va de este annus horribilis 20/20. Nombro únicamente a los que, en el sentido más amplio de la palabra, sean o hayan sido obreros, trabajadores, asalariados, proletarios…, en algún momento de su vida. Al resto ni los desprecio, ni los humillo, ni quiero faltarles al respeto que merecen, simplemente no los incluyo.

Juan Marsé, nació con otros apellidos, fue adoptado, y como si fuera el personaje de una de sus aventis, pasó de apellidarse Faneca a Marsé, estas circunstancias ni están plenamente explicadas ni a él le gustaba ahondar en el tema. Sin formación académica fue acogido por la intelectualidad literaria y editorial barcelonesa como ‘escritor obrero’, la ‘gauche divine’ necesitaba un proletario en sus filas, tal vez sus taras fueron sus mejores armas y desde sus primeras obras los personajes obreros y sus ocupaciones deambulan por sus páginas, los tostaderos clandestinos de torrefacto, las traperías, el aprendiz del taller de joyería, el paleta, el periodista, ejerciendo los oficios que el propio Marsé había realizado, mezclados con delincuentes, con o sin pasado de represaliados políticos, ex convictos, charnegos y catalans sufren las consecuencias de la posguerra, la miseria, el hambre, la desolación de una sociedad que pelea contra la sarna y la cárcel, mientras elude a los chulos miserables que controlan los barrios enfundados en una camisa azul, escudados en un yugo y unas flechas, protegidos por unas fuerzas de seguridad, como si fueran de ocupación, vencedoras en la guerra. Su universo gravita en el barrio: el Guinardó, pero es toda Barcelona la que aparece enfocada línea tras línea y el constante intento del chico suburbial (posiblemente él mismo) por alcanzar el paraíso entrevisto a través de las verjas de las Torres de la burguesía. Mejor que leer estás palabras sumérgete en ese mundo de niños cuentacuentos como Sarnita o Rosita, jóvenes buscavidas como Java o Pijoaparte, putas, anarquistas, atracadores, creado por el que a mi juicio es el más completo, a veces complejo a veces sencillo, escritor en castellano de los últimos noventa años.

Puede que la obra cumbre de este periodo sea ‘Si te dicen que caí’, aunque te recomendaría que le leyeras cronológicamente, aprovecha que se acaba de publicar su ‘Viaje al Sur’ escrito en 1962 y tal vez pronto aparecerá una inacabada e inédita última novela. Gracias por todo Maestro.

Salud Compañero.

Llamamiento de Tribuna Socialista para el encuentro estatal del 7 de novembre

Llamamiento de Tribuna Socialista para el encuentro estatal del 7 de novembre

La coordinadora esta tal del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP) ha convocado un encuentro para el próximo día 7 de noviembre.

Tribuna Socialista que participa de la coordinadora, forma parte de los convocantes.

Es un encuentro necesario, de igual manera que lo es expresar nuestro apoyo al pueblo trabajador de Madrid que ha empezado a movilizarse pidiendo más medios para la sanidad pública para hacer frente a la pandemia, Ayuso responde pidiendo la intervención del ejército, más policía y guardias civiles: la pandemia no se combate con medidas represivas, sacando a la calle al ejército y a la policía, se combate contratando médicos, enfermeras y rastreadores. La represión es el único argumento del PP y Ciudadanos, apoyados por VOX. Las movilizaciones en los barrios obreros pidiendo la dimisión de Ayuso sigue creciendo.

La presidenta de la Comunidad madrileña: Isabel Diaz Ayuso debe dimitir sin demora.

La situación de la sanidad es insostenible: siguen faltando rastreadores, el inicio del curso escolar es un caos, el cierre de empresas amenaza a cientos de miles de familias. No es un problema solo del pueblo de madrileño, los trabajadores y trabajadoras de todo el país tienen las mismas dificultades. La defensa de la industria es un tema clave, la amenaza de destrucción de empleo requiere de una movilización unida de todo el sector en defensa de los puestos de trabajo, y de la la voluntad política de poner todos los medios necesarios, incluido la propia nacionalización, para garantizar todos los puestos de trabajo.

El encuentro del CATP es necesario porque los trabajadores de todo el país necesitan debatir democráticamente, cómo defender los derechos y recomponerlos de los recortes de la década pasada: los servicios públicos, el sistema de pensiones. Es preciso extender la lucha hasta ganar.

Nos sentimos plenamente identificados con el llamamiento que publicamos en la paginas de este número de TS y especialmente con las experiencias puestas en práctica con el resto de compañeros y compañeras del CATP: “En nuestra trayectoria quedan patentes las múltiples actividades, en defensa de los derechos de autodeterminación de los pueblos, las reivindicaciones sociales, los derechos de la juventud y de los pensionistas. Combatimos por la necesaria independencia y democracia interna en las organizaciones obreras, especialmente las sindicales”.

El encuentro, que se resume en 14 puntos las reivindicaciones principales que la mayoría social tiene planteadas, da un contenido preciso a las reivindicaciones sociales y democráticas. República, concentra todas las aspiraciones las de los trabajadores y las de los pueblos.

Desde Tribuna Socialista llamamos a apoyar el encuentro y a ponerse en contacto con nosotros para participar en él.

Comité de redacción

Encuentro estatal por los derechos democráticos, y la República.

Convocado por el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP)

Los meses que llevamos sufriendo la pandemia de la COVID-19, han venido a agravar aún más la crisis económica que ya se veía en el horizonte y que soportan las capas sociales más débiles. Se ha producido un hundimiento social con un millón más de trabajadores en paro, alcanzando a más de 3.800.000 (a cierre de agosto) hombres y mujeres que no tienen un puesto de trabajo. Y a día de hoy, más de 660.000 trabajadores y trabajadoras están sometidos a Expedientes de Regulación Temporal del Empleo Forzosos (ERTE), con pocas esperanzas de recuperar sus empleos.

Todo ello, con un Gobierno que se muestra impotente para dar una salida digna a los graves problemas que sufrimos la ciudadanía y que no cumple con las promesas y compromisos más acu- ciantes, como la derogación de las reformas laborales, de las reformas de pensiones, de la “Ley Mordaza” o del Artº 315.3 del Código Penal.

Nos encontramos ante el mayor desprestigio de las instituciones encabezadas por la Monarquía que nos rige, todas ellas impregnadas de un tufo a franquismo que la llamada modélica Transición de 1978 no ha logrado eliminar.

No hay que engañarse, esta situación deriva de los 40 años de “juancarlismo”, el monarca im- puesto por el genocida general Franco y de todos los gobiernos de estos años de democracia tutela- da, que han transformado este país en un desierto industrial, sin recursos más allá del espejismo que supone el turismo. Esta situación conlleva una sobreexplotación de las clases trabajadoras, mediante las reformas laborales implementadas por los distintos gobiernos, que permiten y fomentan la deva- luación salarial y la precariedad del trabajo.

Cuarenta años que han permitido que grandes fortunas, incluida la del exrey Juan Carlos I, se amasen y aumenten, todo ello en detrimento de los derechos y el bienestar de la ciudadanía y de todos los pueblos que configuran el Estado español. Devaluando los servicios públicos, al entregar- los a saqueadores y especuladores de toda laya, que han enriquecido a las castas vinculadas al fran- quismo. Esta situación amenaza a los pensionistas, el futuro de la juventud y pone en riesgo la salud del conjunto de la ciudadanía. Por ello, las generaciones de hoy debe luchar por la defensa de los derechos y avances sociales conquistados por la clase trabajadora en duras luchas antes y después de la muerte del dictador.

Un régimen que sostiene una monarquía impuesta por Franco, que solo engendra corrupción, clientelismo, amiguismo y que recibe favores económicos de dictaduras como las del golfo Pérsico, donde se ha refugiado el fugitivo exrey. Contra esto, hay que poner en primera línea los valores republicanos, entendiendo que estos valores son el patrimonio de la clase trabajadora y que deben hacer suyos los sindicatos de clase, los partidos que se reclaman de la izquierda, como referencia de todas sus políticas de defensa de la clase obrera.

El CATP se formó con una inequívoca vocación republicana en 2012, en plena crisis económi- ca y política de 2008. Desde el CATP trabajamos abiertamente para que la salida de la crisis actual, agravada por la COVID-19, sea favorable a los trabajadores y trabajadoras, y a los pueblos que de- mandan su derecho a la libre autodeterminación. Entre nuestras prioridades, está acabar con el ré- gimen monárquico, pilar del capital financiero, garante de la explotación de la clase trabajadora y la opresión de los pueblos.

En nuestra trayectoria quedan patentes las múltiples actividades, en defensa de los derechos de autodeterminación de los pueblos, las reivindicaciones sociales, los derechos de la juventud y de los pensionistas. Combatimos por la necesaria independencia y democracia interna en las organizacio- nes obreras, especialmente las sindicales.

Desde el CATP, hemos lanzado una propuesta de 14 puntos, que resumen la urgencia de una respuesta a los desmanes del capital financiero y la necesidad de movilización de todos los sectores laborales para no ser siempre los mismos los que paguemos los devastadores efectos de la crisis. No podemos consentir que se utilice la COVID-19 como excusa para producir despidos masivos, en una nueva vuelta de tuerca al abaratamiento salarial y la precarización del empleo; un método de enriquecimiento para los especuladores de siempre.

El CATP, una alianza de trabajadores y pueblos, formado por hombres y mujeres de diferentes partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales, que aspiramos a unir todas estas fuerzas por una salida política de izquierda, republicana, de lucha que dé soluciones a los graves problemas que afectan a la clase trabajadora. De ahí que apoyamos todas las luchas de los/as trabajadores/as y exi- gimos la derogación de las leyes que recortan derechos laborales y democráticos.

Proponemos desde el CATP la realización de un encuentro estatal, el 7 de noviembre, para fijar la lucha política contra el régimen del 78, su Constitución y contra la institución monárquica. Este encuentro está abierto a militantes de partidos políticos, sindicalistas y colectivos que estén en sin- tonía con los 14 puntos del CATP, respaldados por formaciones políticas, colectivos sociales y sindicales, y, por cientos de ciudadanos y ciudadanas

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Demos un paso firme hacia adelante, por las libertades, los derechos sociales y LA REPÚBLICA

El Libertinaje de los liberticidas

Corren tiempos de gran crispación en el entorno político de nuestro país, cuyos dominios han invadido la totalidad de nuestra sociedad, supuestamente civilizada y Democrática. No es poco común ser testigo de discusiones «subiditas de tono» – y no de la buena forma de la expresión- en redes sociales, tertulias televisivas e incluso en las terrazas de los bares infestadas de familias y grupos de amigos, en las que se exponen ideas sustentadas en argumentos pobres – llámenles falacias, si gustan – y faltos de crítica y análisis propios de seres inteligentes y con un mínimo de Cultura.

Esta situación ahora mencionada es, en realidad, el mejor escenario en el ámbito de discusiones políticas. Lo peor se da cuando estos argumentos pierden su credibilidad y son sustituidos por insultos, blasfemias y demás falacias ad hominem. Tenemos, pues, la crispación total de la sociedad, que divide amigos y familiares. ¿Quién es, pues, el causante, el propulsor de esta situación? 

Los discursos del odio, por supuesto. Formaciones políticas, así como medios de comunicación, que traen consigo prédicas cuyo único fin es el colapso de la convivencia y la posterior destrucción de la diversidad ética, moral, Cultural y política del

país. No es necesario nombrar a los organismos que dedican su labor social en cometer este ultraje a la democracia, mas todos sabemos de quién se trata. Podemos verles insultando a ministros, acampando frente a casas de vicepresidentes, o disparando con escopetas contra muñecos con una foto impresa de los rostros de miembros del Gobierno de coalición. Son los súbditos de aquellos que instan a derrocar el régimen democrático, los mismos liberticidas que, mediante el libertinaje político, infestan de odio nuestra sociedad que tanto ha sufrido las consecuencias de éste mismo. 

Resulta curioso – y es indignante -, que estos totalitarios sean los autoproclamados abanderados de la libertad. ¿Qué libertad, señores? ¿La libertad de odiar al disidente? ¿La libertad de no aceptar los resultados de unas elecciones democráticas? ¿La libertad de asesinar animales e insultar a quienes se opongan a ésto?

Antes que nada, recapaciten y denle un repaso a su concepto de libertad; por el contrario, hagan y digan ustedes cuanto quieran, mas nos tendrán, a los demócratas, a los hijos de la Fraternidad, delante. 

Erik Moreno Bonilla 

Erandio, Vizcaya

¿Quién fue Martín Villa?

Rodolfo Martín Villa nació en 1934, y ostentó varios cargos políticos de relevancia durante la Dictadura franquista. Durante la Transición, formó parte del equipo de gobierno de Adolfo Suárez; y ya en democracia estuvo entre las filas de UCD, primero, y del Partido Popular, más tarde.

Comenzó su carrera política durante la Dictadura franquista, donde ejercería diversos cargos como Jefe Nacional del Sindicato Español Universitario (SEU), secretario general de la Organización Sindical o gobernador civil de Barcelona. También ostentó el cargo de procurador en las Cortes franquistas. Tras la muerte de Franco, en diciembre de 1975 entró en el gobierno como ministro de relaciones sindicales, estando presuntamente implicado en los sucesos de Vitoria de marzo de 1976, por los que ahora tiene que declarar en Argentina.

Fue conocido como “la porra de la transición”

En estas fechas se conmemoran que hace 45 años, durante el mes de septiembre de 1975, tribunales militares dictaron 11 sentencias de muerte en España. Fueron dictadas en cuatro Consejos de Guerra, el primero el 28 de agosto y el último el 19 de septiembre, 22 días. Once condenas a muerte en 22 días. Eso era el franquimo.

El tribunal no necesitaba pruebas, ni testigos, ni abogados defensores, que además fueron amenazados. Sólo se leyeron las acusaciones basadas en declaraciones obtenidas por torturas y no ratificadas.

Franco terminó como había comenzado: asesinando. El régimen lanzó un mensaje claro:
había llegado al poder fusilando, se había mantenido en el poder fusilando y estaba dispuesto a seguir fusilando para continuar.

Ante el rechazo internacional y la cada vez mayor contestación social en contra del régimen, se aceleraron los cambios. Muerto Franco, fue proclamado rey Juan Carlos, sucesor designado por el mismo Franco, y los gerifaltes franquistas pasaron a ser demócratas de toda la vida.

Uno de esos franquistas, ahora demócratas de toda la vida, era Martín Villa, que ha tenido que declarar ante la justicia argentina acusado por su responsabilidad en doce asesinatos que estaban encuadrados en un plan sistemático de eliminación de toda oposición política en España entre 1936 y 1978. Es decir, por delitos de lesa humanidad.

Martín Villa es un ejemplo de los franquistas que diseñaron la Transición para su beneficio, de la misma forma que se beneficiaron de la represión. Durante la dictadura fue jefe sindical, procurador en Cortes, gobernador civil, jefe del Movimiento en Barcelona e, inmediatamente después de la muerte de Franco, ministro… y demócrata de toda la vida. Como demócrata de toda la vida fue uno de los principales dirigentes de la Transición.

Ya en esa etapa fue ministro de interior, senador, diputado y tuvo diversos cargos en la empresa privada y pública, entre otros la presidencia de Endesa en su fase de privatización y hasta 93 cargos en empresas.

La represión durante la Transición permitió a Martín Villa, y a todos los mandos franquistas, mantener sus privilegios.

Verdad, justicia y reparación.

Pedro Gallofré

Valencia

¿Cómo desaparecieron las Cajas de Ahorro?

En el siglo pasado coexistían en España dos tipos principales de entidades financieras, con intereses opuestos, los Bancos y las Cajas de Ahorros. Con el RDL de 11/2010 de 9 de julio y con el posterior RDL 2/2011 de 18 de febrero las Cajas de Ahorro tuvieron que desaparecer, se reconvirtieron en Bancos. Frecuentemente encontramos en los medios de comunicación artículos en contra de este tipo de entidades. El público en general también muy a menudo tiene un mal concepto de ellas.

Para hablar del origen de las Cajas de Ahorro, paradójicamente, hemos de hablar primero de los Sindicatos Obreros de mediados del siglo XVIII, ya que su Caja de Resistencia, además de sostener las huelgas, tenía una vertiente asistencial. Cuando un afiliado moría, el Sindicato cuidaba de su viuda y de sus hijos huérfanos. También cubría la invalidez y la larga enfermedad de sus afiliados. Esta circunstancia comportó un incremento extraordinario de la afiliación sindical. Los burgueses más civilizados, que eran los que consideraban que la represión no podía ser la única arma contra los obreros, idearon un sistema para frenar lo que para ellos era una peligrosa progresión sindical y crearon las primeras Cajas de Ahorros, ligadas a los Montes de Piedad. Si un obrero tenía un contratiempo importante, dejaban un objeto pignorado (normalmente el colchón) a cambio del dinero que necesitaban. Cuando devolvían el dinero, lo recuperaban. Los Montes de Piedad fueron un recurso de la derecha política para atenuar el poder de los Sindicatos, cosa que consiguieron en parte. La izquierda política vio desde sus inicios en las Cajas de Ahorros un rival, lo que no favoreció una buena opinión sobre ellas.

El éxito de las Cajas ligadas a los Montes de Piedad, dieron como fruto una segunda fase de Cajas más generalistas, como por ejemplo en Cataluña, la “Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears” más conocida como “La Caixa” creada en 1904. Inicialmente, por estatutos, no podían tener como clientes personas que estuvieran por encima de un determinado nivel de renta. En ellas, además, se fomentaba el ahorro para la futura vejez, los futuros planes de jubilación.

Actualmente la opinión pública no recuerda que las Cajas de Ahorro nacieron con el propósito de fomentar y favorecer el ahorro de las clases humildes, los trabajadores. Tal es así que en sus inicios abrían solo los domingos. El único día que los obreros tenían libre. Eran entidades sin ánimo de lucro y por tanto en sus estatutos se fijaba que todos sus beneficios se destinaran a obra social. Las Cajas llegaron a ser muy potentes, llegando a controlar prácticamente más del 50% del mercado financiero. Sus beneficios eran también muy cuantiosos. Su Obra Social destinaba todos estos beneficios, repito sus estatutos así lo exigían, a toda clase de ayuda social. Millones de euros se destinaron a la investigación contra todo tipo de enfermedades, pero principalmente contra el cáncer o la SIDA. Se destinaron también a paliar la pobreza, a la integración social y laboral, a la cultura en general en todos sus ámbitos, a becas, y un largo etc. Cualquier persona, científico, asociación, empresa, ONG, artista o entidad vecinal, podía presentar su proyecto y obtener fondos si, después de su estudio, se aprobaba la concesión.

Los Bancos per contra, son entidades con propietarios, los socios, sus accionistas. Las ganancias van a parar directamente a los bolsillos de sus socios mediante el pago de dividendos. Casi todo el mundo puede ser accionista de un Banco, pero son los grandes accionistas los que tienen las mayores fortunas de este país.

El modelo de las Cajas era un modelo de éxito que ayudaba de forma activa a la gente humilde. Sin embargo, fue un modelo atacado continuamente por los diferentes estamentos. Ya en 1928 se creó la CECA, la “Confederación Española de Cajas de Ahorro” para defender sus intereses de forma unida.

¿Cuáles fueron las razones reales de su desaparición?

A mi entender hay dos que provienen de las razones que hemos comentado. Por un lado, el gran capital no podía permitir la existencia de un modelo de gestión económico exitoso que no se basara al ciento por ciento en el capitalismo salvaje de nuestros días. Tampoco podían permitir que las ganancias del sistema financiero se pudieran repartir de una forma altruista. Eran muchos beneficios que no iban a parar directamente a los poderosos de siempre. Un pastel demasiado atractivo para repartirlo con el resto de la gente.

¿Como lo consiguieron finalmente? Generando la crisis de los títulos de renta fija, la que se ha conocido como crisis de las preferentes y fomentando una campaña de descredito y desinformación sin precedentes en los medios de comunicación. Esperaron su momento y lo hicieron aprovechando las consecuencias de la crisis inmobiliaria del 2008, cuando muchas entidades financieras estaban ya debilitadas por los impagados.

A mi entender, la crisis de los títulos de renta fija tuvo unos responsables directos que no se acostumbra a nombrar en los medios de comunicación. La culpa está repartida entre la Unión Europea, el Gobierno nacional de turno, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, todos ellos poniéndose, sabiéndolo o no, al servicio de la Gran Banca.

Como decíamos, los Bancos funcionan con acciones que constituyen su patrimonio. Estas acciones dan dividendos, que son la forma de repartir los beneficios entre sus accionistas. Cuando necesitan financiar sus proyectos, una forma de conseguirlo es haciendo una ampliación de capital, emitiendo más acciones.

Las Caja de Ahorros, no funcionan con acciones, no tienen dueños, no disponian de este mecanismo. Dentro de su patrimonio tenían unos títulos de renta fija que o bien formaban parte de sus activos de forma permanente o bien tenían unos vencimientos o finalidades concretas. Eran una de las formas de financiar sus proyectos. Ejemplos de renta fija podían ser las participaciones preferentes, la deuda subordinada o las cedulas hipotecarias. Cada Caixa tenía sus propias emisiones de renta fija. Títulos que no cotizaban en bolsa, que no eran de renta variable como algunos dicen aún en muchos artículos colgados por Internet, que tenían un vencimiento concreto, un tipo de interés concreto y formaban parte del patrimonio individual de cada Caja de Ahorros.

Las Cajas, a la práctica, no negociaban estos títulos entre ellas, ni con otras Entidades. Los tipos de interés de estos productos estaban siempre por encima de cualquier otro producto de mercado para que siempre fueran competitivos y deseables, y gozaban de cierto prestigio. Estos elevados tipos de interés junto con que las emisiones no eran muy grandes, hacía que siempre hubiera en cada Entidad una lista de espera de clientes que querían estos productos. Cuando, por ejemplo, un cliente deseaba vender sus títulos de deuda subordinada, se le ofrecía la compra a otro cliente de la lista de espera y así hasta su vencimiento. El cliente que quería vender recuperaba su dinero de forma inmediata. La liquidez era total con este sistema y muy semejante al funcionamiento de un plazo fijo. Muchos empleados y sus familiares figuraban en estas listas esperando la posible compra dado que se consideraban productos muy seguros y muy rentables. Tenían más de un siglo de existencia con una utilización eficiente y correcta. Estos productos además gozaban con la aprobación expresa del Banco de España. El Banco de España que, además, auditaba de forma anual las Cajas. Se comercializaron así y sin incidencias durante décadas y este sistema hubiera seguido funcionando durante tiempo y tiempo.

En el año 2011, de un día para otro, sin previo aviso ni a clientes, ni a empleados de oficinas, con la excusa de la transparencia, siguiendo unas directrices difusas de Europa, con el visto bueno del Gobierno, con el silencio y la complicidad del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se obligó a que todas las transacciones de compra y venta de estos productos (participaciones preferentes, etc…) tenían que efectuarse necesariamente a través del mercado secundario español de renta fija. De la noche a la mañana se cambiaron las reglas del juego. Se prohibía expresamente la venta individualizada entre clientes de la misma Entidad. Se obligaba a todas las empresas que habían emitido títulos de renta fija, las Cajas principalmente, pero también empresas como TELEFONICA, REPSOL, ENDESA…que también habían emitido participaciones preferentes a depositar estos títulos en un mercado global secundario. Repito de la noche a la mañana. Además, estos títulos empezaron a tener una cotización.

Cuando estos títulos entraron de forma masiva y de golpe como oferta en este mercado secundario, sin una contrapartida de demanda inmediata, lógicamente colapsaron el mercado. Su recién nacida cotización cayó en picado. Los clientes de estos productos se sintieron estafados. El mercado se colapsó durante unos años, el producto dejó de tener liquidez y a estar desprestigiado. Todos los clientes querían recuperar su dinero a la vez. Algunos lo conseguían con una pérdida considerable otros no. Todo esto provocó pánico. Los medios de comunicación incrementaron ese pánico. Fue una rueda. La idea que se transmitió era el engaño, la realidad es que un cambio legal varió el funcionamiento de estos títulos, y no permitió que se hiciera de una forma ordenada y escalonada.

Algunas Cajas, las más solventes, encontraron formas de tranquilizar y facilitar la recuperación del dinero a sus clientes. Otras Cajas ya debilitadas no pudieron hacer frente a la situación. Pero todas perdieron su prestigio y la confianza de sus clientes.

Nadie puede adivinar el futuro, los empleados fueron acusados de engañar a los clientes. Simplemente no podían prever los cambios futuros. Si lo que perseguía el legislador era favorecer un sistema más global y transparente, podría haberlo hecho dejando vencer las emisiones vigentes y fijando la nueva norma para las posteriores, por ejemplo. En mi opinión, los gobernantes eligieron este sistema, a unos por incompetencia les colaron un gol, pero otros accedieron con el claro propósito de desprestigiar y hacer desaparecer las Cajas. Cosa que consiguieron. Con su desaparición, desaparecieron también millones de euros de ayudas a través de sus Obras Sociales. Unos fondos que hacían mucha falta y que difícilmente recuperará el sistema, dado que ahora ya forman parte del patrimonio de los poderosos de siempre y que los mantienen a buen recaudo en sus ya muy repletos bolsillos.

María Pilar Solà Pardo

Ex-empleada de Caja de Ahorros

Carta abierta a José Manuel Franco Pardo

A/A Secretario General del PSOE de Madrid

Estimado compañero:

La pandemia generada por la propagación del COVID-19 ha ocasionado hasta ahora unos 16.000 fallecimientos en la Comunidad de Madrid y la propagación de la enfermedad mantiene un crecimiento incontenible para la ciudadanía.  En este momento, somos el epicentro de la pandemia a nivel nacional y europeo, pero todo el caos que esta está generando no es atribuible solo a la diseminación del virus ya que el Gobierno de nuestra Comunidad no ha implementado las medidas sociales y sanitarias necesarias para su control.

La ciudadanía madrileña observa con estupor que no se han contratado los 2.000 efectivos para el rastreo de los posibles contagios, como no se han dotado de los recursos humanos y materiales al sistema sanitario público, el abandono de los Centros de Atención Primaria, muchos de ellos cerrados, los retrasos en la obtención de los resultados de las pruebas PCR, la falta de medicalización de las residencias de la tercera edad, donde han muerto unas 6.000 personas, y la no apertura de las camas hospitalarias cerradas existentes. Tampoco se ha incrementado las frecuencias del transporte público que utiliza la ciudadanía, ahora confinada en sus barrios, para ir a sus puestos de trabajo, con lo que el grado de hacinamiento en líneas de Metro, autobuses y trenes de cercanías es considerable en las horas punta.

Por otra parte, la planificación escolar del inicio de curso para detener los focos de contagio en colegios e institutos ha sido un desastre. Los centros han sido abandonados a su suerte, sin reforzar la plantilla de profesorado ya recortada durante años, sin desdoblar turnos para evitar la masificación de las aulas, sin la atención sanitaria necesaria para los mismos, etc. Da la sensación de que toda la población es irrelevante para el Gobierno de la Comunidad y, por tanto, parece ser prescindible.

Las idioteces que oímos decir ayer a la Presidenta Ayuso son como para una portada de “El Mundo Today” ¿Cómo se puede argumentar el efecto llamada a los MENAS y a la delincuencia para pedir refuerzos de efectivos policiales, cuando la gente está muriendo?  Es indignante que no se haya tomado una sola medida de las propuestas por los técnicos sanitarios y los organismos internacionales, las cuales se han utilizado con éxito en otras comunidades autónomas o de otros países. En un par de meses hemos dilapidado el esfuerzo del confinamiento durante el estado de alarma.

Sin embargo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha optado por medidas represivas con el confinamiento de los barrios obreros, demandando al Gobierno Central el apoyo con más efectivos de la Policía y Guardia Civil. Algo que será inútil ante los desplazamientos imprescindibles para mantener el funcionamiento de la Comunidad.

Es indignante que el Gobierno de la Comunidad de Madrid se dedique a buscar las oportunidades para el negocio de la empresa privada, cuando no a crearlas.  Para ello despilfarra los recursos públicos en la financiación de los intereses privados a través de obras y proyectos innecesarios, como, por ejemplo, el hospital de campaña del IFEMA o el nuevo hospital de Valdebebas. Incurre en contradicciones como pedir constantemente la rebaja de los impuestos a las clases más acomodadas volatilizando la liquidez de la Administración para obtener recursos e implementar las medidas necesarias en el control de la pandemia y acto seguido clama porque no tiene medios económicos.

La ciudadanía está harta de ver morir a sus familiares y amigos ante la pasividad de la Administración en la búsqueda de soluciones efectivas, porque el confinamiento en guetos por criterios socioeconómicos no lo es. Por ello, las organizaciones sindicales de clase y los partidos, cuya ideología no se encuadra en el ideario neoliberal tardofranquista, han convocado una movilización para el próximo domingo día 27 de septiembre a la que el PSOE-Madrid se había unido, como no podía ser de otra manera. Sin embargo, querido compañero, he podido comprobar en la prensa que, en calidad de Secretario General del PSOE madrileño y Delegado del Gobierno, acabas de anunciar la retirada de nuestro Partido de la movilización, con una argumentación equiparable a la que usa la Presidenta IDA en todas sus hilarantes intervenciones.

La militancia socialista viene reiterando la necesidad de que los socialistas mantengamos una única responsabilidad, bajo el lema “un socialista, un cargo” y entendemos en este momento aún más necesaria su exigencia. Ser a la vez Secretario General del PSOE en Madrid y Delegado del Gobierno te pone en la situación insostenible de enfrentarte a nuestros votantes naturales, para generar un estupor insoportable a muchos militantes, entre ellos yo, con la desaparición repentina del lugar que los socialistas debemos inexcusablemente ocupar, la lucha de clase contra la opresión injustificada y las decisiones injustas.

Soy militante de la Agrupación de Vicálvaro, donde ya, como Delegado del Gobierno, nos hiciste participar un espectáculo policial represivo para la ciudadanía cuando demandaba sanidad pública, algo que te comuniqué por escrito el 4 de junio y no es necesario reiterar. Considero un suicidio político para el Partido la actitud y declaraciones que acabas de hacer. No comprendo cómo el Secretario General del PSOE de Madrid no puede entender que, en esta pandemia, debemos estar al lado de la ciudadanía trabajadora, nuestro cuerpo electoral, cuando se manifiesta exigiendo sus derechos. No podemos consentir que el PSOE de Madrid continúe en el ostracismo por otros tres decenios.

 Por tanto, considero imprescindible que comuniques a la militancia del PSOE madrileño que debe ser abanderada de la ciudadanía en la movilización convocada el próximo domingo y seguidamente presentes la dimisión inmediata como Secretario General del PSOE de Madrid. Como Delegado del Gobierno te debes a quien te nombra, pero como Secretario General debes tener un liderazgo frente a la militancia y a mi entender careces totalmente de él. No puedo permanecer en silencio y ser cómplice de la liquidación en Madrid del partido fundado Pablo Iglesias Posse.

Tuyo y de la causa obrera.

Eduardo Sabina Blasco

Militante de la Agrupación de Vicálvaro

Nuevo y convulso curso político

La apertura del nuevo curso político no ha defraudado en absoluto a nadie. Al margen de la alta preocupación y de la incertidumbre que están generando las altas cifras y porcentajes relacionados con los rebrotes de la COVID-19, el análisis de la situación política, económica y social está ocupando un lugar muy relevante en los medios de comunicación, así como los fuertes debates sobre los problemas que más preocupan a la ciudadanía (entre otros, la seguridad en el curso escolar y universitario).

En términos políticos destaca, por su fuerte repercusión mediática, la “Operación Kitchen”, donde se ha vuelto a recordar el intolerable escándalo de la financiación ilegal del PP y, sobre todo, la actuación mafiosa de la llamada “Policía Patriótica” de Jorge Fernández Díaz (“El diablo quiere destruir España”) y Mariano Rajoy, así como el bloqueo sistemático del PP encaminado a evitar la renovación de altos cargos de los organismos del Estado: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Consejo de Administración de RTVE…

A ello hay que añadir la esperpéntica moción de censura de VOX al gobierno en el parlamento; la situación de extrema precariedad política del president de la Generalitat de Catalunya; además de la reiterada negativa de Pablo Casado a alcanzar algún tipo de acuerdo que pueda facilitar la salida de la crisis y ayudar a gestionar las cuantiosas ayudas de la UE; y, finalmente, los renovados intentos de las derechas por desestabilizar al Gobierno golpeando de manera persistente a Unidas Podemos (UP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

En términos económicos, los PGE-2021 ocupan, sin lugar a dudas, un destacado protagonismo en las actuales circunstancias: fuerte recesión económica, déficit y deuda pública, alto índice de desempleo (sobre todo de los jóvenes), fuerte precariedad en el empleo, déficit de las políticas sociales (pensiones, dependencia y desempleo), escasa financiación de los servicios públicos (sanidad, educación y servicios sociales), crecientes desigualdades sociales (aumento de la pobreza)… A estos importantes asuntos hay que sumar el reciente fracaso del Gobierno en la convalidación del Real  Decreto sobre los remanentes de los ayuntamientos (corregido en parte); además de un asunto muy relevante, nuevo e inesperado: la apertura de negociaciones para cerrar el proceso de absorción de Bankia por Caixabank.

En relación con este último punto, la derecha política y económica han valorado muy positivamente estas conversaciones (desde la “lógica económica y empresarial”) y los mercados reaccionaron de entrada con fuertes subidas bursátiles. En cualquier caso, la apertura de negociaciones contó con la aprobación e impulso del Banco Central Europeo, la decisión favorable del área económica del actual Gobierno y, particularmente, de su presidente Pedro Sánchez.

A pesar de todo, los argumentos de un cualificado sector de la izquierda (opuesto a la absorción de Bankia) deberían ser dignos de consideración y estudio. En primer lugar defienden el establecimiento de una banca pública en nuestro país  (en base a Bankia y el ICO)- de acuerdo con las experiencias de los países más avanzados de la UE- y, en coherencia con ello, estiman que esta decisión hace prácticamente inviable la constitución a corto y medio plazo de un banco público. En segundo lugar, recuerdan la imperiosa necesidad de recuperar el dinero invertido por el Estado en Bankia (24.000 millones de euros). En tercer lugar, muestran su desaliento y preocupación por la fuerte concentración bancaria que se producirá en nuestro país (Abanca, Ibercaja, Liberbank, Sabadell y Unicaja pueden seguir ese camino), lo  que conducirá a que tres grandes bancos concentren en torno al 80% del sector financiero (Santander, BBVA y Caixabank- Bankia) y, como consecuencia, hará más difícil la influencia del Estado en el conjunto de la economía. En cuarto lugar, los sindicatos hacen hincapié, lógicamente, en la fortísima destrucción de empleos (alrededor de 8.000 empleos) y en el recurrente cierre de oficinas bancarias (cuando menos 1.500), con la repercusión negativa que ello tendrá en la España del interior, en la España mesetaria y profunda y, más en concreto, en el colectivo de personas mayores.

En concreto, ATTAC, la Plataforma por una Banca Pública, Izquierda Unida, Izquierda socialista, los sindicatos e, incluso, una parte de la militancia más sindicalizada del PSOE se han mostrado en contra del proceso o han introducido fuertes reservas y correcciones al mismo. Además han denunciado la falta de participación y debate en el seno de la izquierda sobre un asunto de esta envergadura, a lo que hay que añadir las declaraciones contrarias al proceso de UP- participante en el actual Gobierno de coalición- por no haber participado ni siquiera en la toma de decisiones.

En definitiva, en este asunto, los partidarios de la banca pública se han encontrado ante un hecho consumado y, por lo tanto, forzados “al pataleo y la protesta”, ante una relación de fuerzas muy desfavorable para cambiar las cosas y ofrecer alternativas viables. Debemos constatar que no existe suficiente voluntad política en el Gobierno- ni cauces de participación que faciliten el debate partidario- para defender con decisión la banca pública. Sin duda, esta situación se agrava considerablemente por los efectos perversos de la COVID-19 y, particularmente, por la delicada situación que atraviesa el sector financiero: tipos de interés negativos, previsible aumento de la morosidad, riesgo de que el sector entre en pérdidas…

En todo caso, la base argumental de los defensores de la banca pública tiene una relación directa con la Constitución e, incluso, con las resoluciones congresuales del PSOE. Por eso, Pedro Sánchez debería tomar buena nota del malestar y enfado de una parte de su militancia y de los electores que le apoyaron en momentos sumamente comprometidos. En coherencia con ello, debería explicar con claridad las razones y argumentos que sustentan esta decisión (todavía no se conocen), además de informar sobre lo que el Gobierno pretende hacer en el nuevo banco (producto de la absorción) en los próximos años. Siendo todos conscientes de las  dificultades existentes para contestar en concreto a esta pregunta y mucho más para impulsar una banca pública en nuestro país con todos los poderes fácticos confabulados en su contra. 

En relación a las políticas laborales y sociales preocupan la prórroga de los ERTES, las dificultades para aplicar el IMV, la sostenibilidad de la Seguridad Social, el futuro del diálogo social y el fuerte deterioro de la educación y la sanidad. En este sentido, la derogación de la reforma laboral, el activar el Pacto de Toledo (también para mantener el poder adquisitivo de las pensiones), el incremento de las retribuciones de los empleados públicos y la financiación de los servicios públicos, serán asuntos prioritarios en vísperas de la negociación colectiva para el próximo año.

Particularmente preocupa la grave situación de la asistencia sanitaria en Madrid, víctima de los recortes del PP y de la nefasta gestión del Gobierno de Díaz Ayuso (empecinada en bajar impuestos y en su persistente campaña de desprestigio de Pedro Sánchez), con el agravante de que la oposición política no ha ejercido con la  firmeza y eficacia necesaria su tarea ante semejante desbarajuste. Por eso, es urgente buscar alternativas políticas en la Comunidad de Madrid encaminadas a superar la caótica situación sanitaria, política, económica y social, lo que, en buena medida, pasa por la decisión que pueda tomar Ciudadanos, ante la hipotética presentación de una moción de censura, la convocatoria de unas elecciones anticipadas e, incluso, si no hay otro remedio, la intervención del Gobierno  presidido por Pedro Sánchez.

Por estas razones, la compleja y convulsa situación política enumerada necesita un potente liderazgo. En primer lugar, el Gobierno de la Nación (PSOE-UP) debe asumir el protagonismo que le corresponde con todas las consecuencias. En segundo lugar lo deben hacer también los interlocutores sociales, en tercer lugar, las fuerzas progresistas de carácter sectorial (Mareas) y, finalmente, la ciudadanía en general en torno a las movilizaciones sociales y a la comunicación virtual. Efectivamente, a pesar de que el esfuerzo debe ser compartido y solidario, el Gobierno es el máximo responsable de marcar las pautas a seguir en este nuevo curso político. No debemos olvidar que el combate a la COVID-19, la distribución, coordinación y gestión de las ayudas de la UE y, desde luego, el generar ilusión para una salida progresista de la crisis es responsabilidad directa y exclusiva del Gobierno. Por eso, no debe extrañar que, desde diversos ámbitos políticos y económicos, se reclame al Gobierno un Plan Estratégico que fije, cuando menos, sus prioridades políticas en esta legislatura y sirva de referencia para el trabajo a desarrollar a corto y medio plazo.

En este sentido, los PGE-2021 (de marcado carácter progresista) deben ser un asunto prioritario y determinante en los próximos meses. Por eso, el primer paso debe consistir en presentar con urgencia  los presupuestos pactados entre los socios del Gobierno (resulta incomprensible su demora) y después explorar la posibilidad de recuperar los apoyos de investidura, sin concesiones a los partidos independentistas que pongan en riesgo la Constitución, lo que obliga a dejar la puerta abierta a que se incorporen otros partidos políticos (Ciudadanos) e, incluso, que se puedan alcanzar acuerdos parciales con el PP en las circunstancias actuales.

En cualquier caso, el Gobierno, para ser eficaz, debe contar con la participación y apoyo de las CCAA, ayuntamientos, interlocutores sociales, universidades y, desde luego, también con la iniciativa privada, sobre todo en la distribución y gestión de las ayudas de la UE y en la aplicación y desarrollo de los PGE-2021. En este nuevo y convulso curso político nadie se puede quedar atrás en esta descomunal tarea a desarrollar en los próximos meses. Tampoco la oposición política en estos momentos  verdaderamente excepcionales…

Antón Saracíbar.