Autor: Tribuna Socialista

Tribuna libre de expresión. Fomentando el debate y las propuestas entre socialistas.

Revertir le reforma de 2012 y modernizar el mercado laboral

Por Toni Ferrer (12 Noviembre 2021)

Desde el pasado mes de marzo el Gobierno de Coalición PSOE-UP, las organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y las organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME) vienen negociando en la Mesa de Diálogo Social para Modernizar el Mercado Laboral. Con esta mesa el ejecutivo y los interlocutores sociales recuperaron las negociaciones sobre la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 y para afrontar los retos del empleo y de las relaciones laborales, que se interrumpieron al inicio de la pandemia. A partir de marzo de 2020 el diálogo social se centró, casi en exclusiva, en la lucha contra la COVID-19 y sus consecuencias económicas y sociales, a través de los Acuerdos en Defensa del Empleo y otras medidas, para proteger el tejido productivo (empresas y autónomos), las rentas familiares y establecer unas condiciones especiales para los expedientes de regulación temporal de empleo o de reducción de jornada (ERTE) para mantener el empleo. También se ha pactado la regulación del teletrabajo y de la actividad de los raiders.

España tiene una larga historia de diálogo y concertación social en materia de grandes reformas laborales. El Estatuto de los Trabajadores constituye el fundamento y pilar básico que regula el sistema de relaciones laborales, desde su promulgación en 1980 ha sufrido numerosas reformas en distintos periodos y por gobiernos de diferente signo, unas veces pactadas en el diálogo social tripartito y otras aprobadas por una decisión unilateral del ejecutivo, mediante reformas aprobadas en el parlamento por consenso con otras fuerzas políticas o   por la imposición de una mayoría absoluta.  Las grandes reformas del mercado de trabajo, realizadas con o sin acuerdo, son concretamente las de los años 1984, 1994, 1997, 2001, 2006, 2010 y 2012.

De estas experiencias   reformadoras se debería tener en cuenta que cuando las reformas no han sido aprobadas con la participación del dialogo social han producido rechazo y desafección, expresados en la mayoría de ocasiones por las movilizaciones sociales y las huelgas generales contra las normas impuestas.  Una legislación negociada es una legislación que genera la adecuada    confianza y seguridad en nuestro sistema de relaciones laborales y es una garantía de estabilidad para las normas aprobadas. Para ello es fundamental respetar el diálogo social con las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales y priorizar al máximo el consenso político con los grupos parlamentarios ante una nueva reforma.

La última de las anteriores reformas fue aprobada de forma unilateral por el Gobierno del PP, sin diálogo ni consenso con los interlocutores sociales y las otras fuerzas políticas, en un contexto de auge de las   políticas neoliberales impuestas por la Unión Europea (UE) a los países más golpeados por la crisis financiera de 2008. Con medidas de austeridad y recortes del gasto público junto con las contrarreformas laborales y de pensiones para producir una devaluación interna, reducir las inversiones en   protección social y   servicios públicos. El objetivo real de la reforma laboral de 2012 era la devaluación salarial para potenciar la competitividad de la economía vía precios y no en base a la mejora de la productividad, como resultado de la inversión en tecnología e innovación, educación y formación. 

Aquella reforma laboral representa un modelo laboral obsoleto, desequilibrado e ineficiente, que vulneró el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014 firmado por las organizaciones empresariales y sindicales. Nunca se alcanzó los objetivos que proclamaba de reducir la dualidad y la segmentación de nuestro mercado de trabajo. Las principales medidas injustas y lesivas del Real decreto-Ley 3/2012 y sus desarrollos fueron la siguientes:

  • Abaratar y facilitar los despidos individuales y colectivos, precarizar el empleo con el contrato para emprendedores con un periodo de prueba de un año (despido libre y gratuito).
  • Desregular, a favor de los empresarios, el sistema de negociación colectiva: prevalencia del ámbito empresa sobre los convenios sectoriales, que dan cobertura a la mayoría de las empresas y trabajadores, y suprimir la ultraactividad de los convenios colectivos.
  • Facilitar las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y las inaplicaciones de los convenios colectivos: salarios, jornada, condiciones de trabajo, etc.
  • Recortes y privatización de las políticas activas de empleo y de la protección por desempleo y expulsión de los sindicatos y las patronales del sistema de formación para el empleo.

Estas agresiones, de los gobiernos del PP, a los derechos de los trabajadores y las políticas socialmente regresivas fueron acompañadas por una ofensiva autoritaria y antidemocrática, con el fin de impedir la acción colectiva y la capacidad de respuesta de los trabajadores y la ciudadanía. Con normas como la Ley “mordaza” (actualmente en trámite parlamentario para su modificación), el endurecimiento del Código Penal (con el ya derogado artículo 315.3 que criminalizaba el ejercicio del derecho de huelga) y una agresiva campaña dirigida a debilitar al movimiento sindical de clase. 

Nuestro mercado de trabajo arrastra desequilibrios que provocan las desigualdades y la pobreza laboral existentes, agudizadas por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria del coronavirus. Entre los problemas más graves están: la baja tasa de ocupación, el elevado desempleo, la temporalidad injustificada, desigualdad en la distribución de la riqueza, los bajos salarios, el abuso de los despidos, la brecha de género y las tasas insoportables de desempleo y precariedad que sufren los jóvenes. Con la recuperación económica, iniciada 2014, se puso de manifiesto que en España se había impuesto un nuevo modelo económico y social: por primera vez el crecimiento económico y la renta de la mayoría de los ciudadanos se han desacoplado y no progresan juntos. 

El PP sigue instalado en una defensa numantina de su reforma laboral, de forma torticera le atribuye unos resultados que están fuera de toda evidencia. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI)  las medidas entonces adoptadas contribuyeron a la creación de empleo,  impulsada por la recuperación económica a nivel internacional, pero aumentaron la precariedad y pobreza laboral,   tal como afirmaba en su informe de febrero de 2020, donde se recogen, entre otras,  las siguientes observaciones:  «han inducido a un deterioro de la media de horas trabajadas, la pobreza laboral y posiblemente también el trabajo a tiempo parcial de manera involuntaria “. 

A partir de junio de 2018, con la llegada del PSOE al gobierno, se abrió una nueva etapa orientada a la recuperación de los derechos de las personas trabajadoras – con medidas como la derogación del contrato de emprendedores sin indemnización o la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años-, la mejora en las condiciones de vida y trabajo (como la dignificación del SMI) y la lucha por la erradicación de las desigualdades y la pobreza laboral. El PSOE adoptó en el Programa Electoral de 2019 el compromiso de derogar las medidas lesivas de la reforma laboral de 2012 y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI mediante el diálogo social, estas propuestas se incorporaron en el Acuerdo del Gobierno de Coalición PSOE y UP.

En dicho Acuerdo se planteaba con carácter urgente derogar el despido objetivo por absentismo por bajas de enfermedad, medida que ya fue aprobada por el Gobierno en febrero de 2020. Junto con desmontar la reforma de 2012 mediante, entre otras, las siguientes materias: reforzar el principio de causalidad en la contratación temporal e impulsar la contratación indefinida, la recuperación de la ultraactividad y suprimir la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales, restableciendo la capacidad de la autonomía colectiva para ordenar la estructura negocial. También se preveían otras  medidas: la mejora de la regulación de  la  subcontratación, revisar el procedimiento de las inaplicaciones, reformular los   contratos formativos y la regulación de un  Estatuto del Becario, proteger los derechos laborales en los procedimientos para modificar las condiciones de trabajo, actualizar la legislación de prevención riesgos laborales,  corregir la normativa sobre trabajo a tiempo parcial, establecer medidas para impedir los  falsos autónomos y revisar la regulación del despido.

Actualmente estas materias están siendo debatidas en la Mesa de Diálogo Social para Modernizar el Mercado Laboral, que debe culminar sus trabajos antes de final de año. De acuerdo con el compromiso contraído por el Gobierno con la UE de aprobar una nueva reforma laboral dentro del Plan de Recuperación, que se vincula a los fondos europeos para la reconstrucción económica y social. Concretamente en su componente número 23 se integran las reformas para “Un Mercado Laboral Dinámico, Resiliente e Inclusivo”,  tienen unas previsiones de inversión de 2.400 millones de euros para el periodo 2021-2023 y comprenden un conjunto de 17 reformas orientadas a reducir el desempleo estructural, el paro juvenil, reducir la temporalidad, potenciar la formación profesional, modernizar la negociación colectiva, establecer un mecanismo de flexibilidad permanente (ERTE con bonificaciones para las empresas), reformular las políticas activas de empleo y reforzar los servicios públicos de empleo.

La nueva reforma laboral acompañada de   las otras reformas e inversiones previstas en Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, unas 170 reformas, pueden contribuir a   modernizar nuestro aparato productivo. Mediante el desarrollo de proyectos en los sectores tractores y actividades de futuro, ante   la creciente digitalización y descarbonización de la economía, y con el impulso a la innovación, ciencia, educación y formación profesional que deberían potenciar un nuevo modelo productivo, más justo, sostenible y duradero. Para ello se requiere un nuevo modelo laboral equilibrado y participativo, que se asiente en la mejora de la productividad, salarios dignos y   empleo estable y con derechos.

Nota Informativa CILE

Llega al Comité de Redacción de Tribuna Socialista la nota informativa del CILE de la cual pasamos un resumen.

El pasado día 2 de octubre, militantes, responsables de organizaciones obreras, pequeños agricultores y anti-imperialistas de 19 países y de la diáspora se reunieron en videoconferencia sobre el tema «En el combate por la soberanía, por la emancipación nacional y social, se levanta un viento nuevo sobre el continente africano».

Los 19 países de los que hubo representación fueron: Azania (Sudáfrica), Benín, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Mauritania, Níger, Nigeria, Uganda, RD del Congo, República de Guinea, Mauricio, Reunión, Ruanda, Senegal, Somalia, Togo, Yibuti. Algunos militantes de estos y de otros países no pudieron sumarse a la reunión por diversas razones técnicas. 22 compañeros tomaron la palabra durante la reunión, y se recibieron contribuciones escritas.

La reunión transcurrió en un ambiente de fraternidad y camaradería en el que la libre discusión e intercambio de experiencias fue rico. Los debates se desarrollaron sobre la situación del continente, resaltando, como declaró uno de los participantes «lo que tienen en común a los distintos países, es decir, el necesario combate contra la dominación imperialista y los gobiernos a sueldo de esta y por la soberanía».

Un lugar centra al ocupó el acta de acusación contra el imperialismo y los gobiernos a sueldo del mismo. Los participantes abordaron todos los aspectos de la situación en el continente: – la pandemia de COVID19 y su gestión por los gobiernos con desastrosas consecuencias: hambre para gran parte de la población e inmensas discriminaciones en la vacunación. La pandemia se ha convertido en el pretexto para cuestionar todas las conquistas de los trabajadores y las libertades democráticas; – El saqueo de las riquezas por las potencias imperialistas valiéndose de sus aliados locales, gobiernos corruptos y partidarios de una alternancia reducida a un simple cambio de personal para aplicar la misma política entre otros puntos.

La discusión también abordó el papel necesario de las organizaciones sindicales para preservar las conquistas de los trabajadores y sus familias: «todo lo que hemos conquistado ha sido mediante la lucha» subrayó un participante. Se denunció la trampa de las treguas sociales y otras presiones a favor de las supuestas «nuevas formas de lucha» que pretenden que los sindicatos renuncien a sus reivindicaciones y a sus medios de acción, en particular la huelga.

África, más allá de la división del continente, de las fronteras artificiales y las diferencias de lenguas impuestas por la colonización. Como dijo un participante, «Hoy la tarea principal para nosotros es organizarnos a escala local, regional e internacional. Tal es el sentido de nuestro encuentro hoy». Seguir trabajando juntos y dotarnos de un marco en el que podamos apoyarnos es una demanda unánime. Se propuso el establecimiento de un polo en el continente africano a fin de «trabajar, intercambiar, comunicar, compartir nuestras experiencias y sobre todo nuestras acciones», desarrollar la solidaridad internacional: un «CILE África», inscrito en el marco del CILE (Comité Internacional de Enlace e Intercambio), presente en todos los continentes y ampliando sus actividades.

Resumen del informe enviado por el CILE

José A. Iniesta

Dejarse engañar

Nicolás Maquiavelo dejó escrito para provecho de gobernantes que «cuando un príncipe dotado de prudencia advierte que su fidelidad a las promesas redunda en su perjuicio, no puede, ni siquiera debe, guardarlas, a no ser que consienta en perderse«, pues “los hombres son tan simples que el que engaña con arte halla siempre gente que se deja engañar«.

Eso debió pensar nuestro amado príncipe cuando en 2017 prometió renovar un partido esclerotizado, dominado por barones (y una sultana) regionales, firmemente asentados merced a una cultura política clientelar, de intercambio de votos internos por prebendas. Como la semilla que cae en suelo fértil, esta promesa encontró una militancia deseosa de renovación, que le restauró en el poder, haciendo olvidar el espectáculo bochornoso de su defenestración. La campaña de primarias de aquel año fue una “road movie” coral, que representó el guión de cuento del príncipe destronado que conquista de nuevo el reino de nunca jamás (o del “no es no”, consigna simplista donde las haya, pero efectiva) y cuando cayó el telón del 39º Congreso todos fueron felices y comieron perdices. Pero entre el clamor de los aplausos y el fárrago de los estatutos, y demás reglamentos internos que nadie es capaz de leer, se había perdido la oportunidad política de sentar las bases para la regeneración.

Porque, a pesar de dibujar la posibilidad de ensanchar la base social con la participación de los simpatizantes en los procesos de primarias y de elegir directamente a un tercio de los cargos internos, los veteranos, curtidos en batallas de letra pequeña, consiguieron diferir la aplicación de la apertura y hacerla depender de la decisión de las cúpulas de cada nivel territorial. Las consignas eran “coser” y “ahora no toca”. Así, los barones y miembros de ejecutivas regionales conservaron la llave del poder orgánico, a través del cual se controla la red de intermediarios y conseguidores de nivel local y se mantiene el dominio de cada agrupación. Todo atado y bien atado. Cambiar algo para que nada cambie. Manteniendo un sistema de dominación social semejante a las estructuras de la mafia y la criminalidad organizada. Un sistema de captura de rentas que se nutre de las instituciones y de los recursos públicos. En el cual el retorno de los favores mediante el voto está monitorizado, especialmente en las votaciones internas, sobre listas cerradas y bloqueadas previamente orquestadas y basadas en una aritmética que anula los derechos de las minorías: la ley de que el ganador se lo lleva todo.

De hecho, para conjurar la amenaza al poder del aparato en todos los procesos de primarias desde 2017 no se ha activado nunca la apertura a simpatizantes. Tampoco funcionan las conferencias sectoriales y el debate interno brilla por su ausencia. A día de hoy las fallas de democracia interna han convertido al PSOE en un híbrido entre, de un lado, una empresa de trabajo temporal para toda suerte de empleos, desde el directivo público hasta el peón subcontratado por contratistas del sector público, y de otro, un club de fans del querido gran líder, configurado como máquina electoral para la distribución de consignas propagandísticas a cargo de aspirantes meritorios, la mayoría de ellos formados en la “universidad de la vida” y sin experiencia laboral al margen de cargos públicos.

A día de hoy no se puede afirmar que el PSOE sea precisamente un instrumento para la participación política y es imposible que se regenere si esa regeneración depende de la voluntad de los administradores de la franquicia electoral, que han tejido redes de vasallaje y mutua dependencia con los integrantes de los eslabones de la cadena trófica. La nueva limitación de tres mandatos en un mismo cargo orgánico, introducida en los nuevos estatutos, está destinada a un público muy crédulo o que aparenta serlo. Resulta tan ridícula como decorativa, a la vista de la facilidad para saltar de un puesto orgánico a otro, por no hablar de los cargos públicos y de la pléyade de asesores a quienes nadie conoce ni exige rendición de cuentas.

En Euskadi en el Congreso que se ha celebrado el 21 de noviembre, Eneko Andueza ha asumido la secretaría general del PSE y dado a conocer su ejecutiva, arropado por Pedro Sanchez y varias ministras. No se esperaban novedades ni sorpresas. Tal vez consciente de que recibe en herencia una organización clientelar con los pies de barro y muy dependiente de la credibilidad y del éxito a nivel estatal, Andueza se muestra prudente y dispuesto a marcar perfil ante el PNV cuando afirma que «en las próximas elecciones se verá qué fuerza dan los ciudadanos a cada uno y, a partir de ahí, veremos para qué queremos gobernar”.

Esto supone un cambio con respecto a la invocación de Idoia Mendía a la estabilidad y a la gobernabilidad como valores superiores que exigen el sacrificio de los abnegados ocupantes de sillones, prestando servicios al país como serviles mayordomos del PNV. Ya hemos asistido al último acto de demostración de falta de principios, con la votación de los miembros del Tribunal Constitucional apelando cínicamente a la “ética de la responsabilidad” por encima de la integridad, cuando precisamente quien la formuló alertaba contra el demagogo que tiene que medir siempre el efecto que causa, lo que le lleva a comportarse como un actor vanidoso… Pues cuando el afán de poder que caracteriza al político no está al servicio de una causa, cuando se convierte en un profesional del poder sin convicciones, ahí reside el pecado mayor contra la política. Así los duros pasajes que Max Weber dedicaba a los políticos de poder, detrás de cuyas formas ostentosas detectaba la perfecta vacuidad de quien carece de fines y proyectos más grandes que su propia carrera, advirtiendo que sin principios y valores los éxitos aparentemente más sólidos llevan consigo la “maldición de la inanidad”.

Pero no se asusten los ocupantes de sillones con eusko label. Es difícil creer a estas alturas que Andueza sea capaz mediante su liderazgo de regenerar el PSE y de hacer política de otra manera, partiendo de unas bases éticas y de vocación para la gestión de lo público, abandonando la dinámica clientelar y promoviendo la participación y el debate interno.

Asistimos al final de un ciclo ascendente, el crédito y la paciencia del electorado se van agotando y asoma una nueva marca electoral en la izquierda. Como advirtió Maquiavelo al príncipe, “fácil es hacerles creer una cosa, pero difícil hacerles persistir en su creencia”.

Susana Cejudo

Ex militante PSE-EE/PSOE

Avanzamos

Hemos celebrado nuestro 40 Congreso, y lo hacemos atravesando una grave crisis sanitaria de la que atisbamos la salida, una profunda crisis económica a la que la socialdemocracia española estamos contribuyendo a paliar, y una
crisis climática para la que nos aprestamos a evitar sus más temibles consecuencias.


Esta es la situación.


Desde el socialismo español, ante estos desafíos nada épicos y si muy ciertos, contribuimos a su solución mediante políticas socialdemócratas que se dirigen al epicentro del problema, una crisis estructural del sistema económico
neoliberal que es la raíz de la gravísima situación social, económica y medioambiental actual.


¿Como abordamos estas tareas?


Cuando nos reclamamos socialistas, lo hacemos en nuestra doble condición de ciudadanos y trabajadores, como un dios Jano, ciudadanos libres en una sociedad democrática que buscan la justicia, la igualdad y la libertad, y al mismo
tiempo trabajadores con conciencia de clase que conocen su posición y buscan derechos y condiciones laborales dignas mediante el acuerdo o el conflicto cuando aquel es posible, o este inevitable.
Esta doble condición inherente a nuestra forma de ser nos condiciona, configura el desarrollo del Congreso, y la forma de intervenir en la vida política de nuestra sociedad.
Conlleva contradicciones inevitables pero enriquecedoras, y ante la crisis actual y viendo sus consecuencias,como ciudadanos elegimos, decidimos que hacer y quien queremos que lo haga, votando, mientras que como trabajadores con derechos y obligaciones reconocidos en las normas o acordadas en la negociación, buscamos tener un trabajo digno, estable y con futuro, TRABAJO DECENTE.

Y a veces, chocamos…

¿¿¿Irreconciliables???

Dicha contradicción hace que aunque «discutamos» entre nosotros, mejore nuestra forma de entender la sociedad como socialistas, llevándonos a valorar los problemas y las soluciones desde diferentes puntos de vista, y como decíamos, desde distintas posiciones políticas a veces contrapuestas entre nosotros mismos, reflejándose en nuestras discusiones congresuales.
Tan querida tradición intelectual se muestra hoy patente en un momento fundamental de la actualidad, con la recuperación de la Socialdemocracia como teoría política (no siempre coherente) con una respuesta social progresista
frente a las crisis sistémicas y reiteradas del neoliberalismo.
He aquí la clave de los fondos Next Generation, potente inversión pública que ha cambiado radicalmente la respuesta europea a estas crisis, contraponiéndose a aquel austericidio deshumanizado del 2008.
Partiendo de esta lógica, participamos en nuestro Congreso, en nuestra sociedad desde dos posiciones fundamentales no necesariamente antagónicas:

– la que apuesta por un New Deal .

– la que además considera necesarias entre otras, reformas estructurales no sólo paliativas, que resuelvan las injusticias sociales, transformen las relaciones laborales y refuerzen los servicios públicos ( Sanidad, Educación,
prestaciones Sociales, Seguridad Social, Banca Pública, etc).

Esta última es la posición que muchos tenemos.

Transformar un sistema económico profundamente injusto, no sólo en sus consecuencias, sino también en sí mismo.

De ahí, que hablemos de una TRANSICIÓN JUSTA.

Debe ser ante todo JUSTA, en nuestra opinión, porque los Fondos deberían servir para paliar y recuperar nuestras maltrechas sociedades, y para recordar que las causas de las crisis no son ni achacables a los trabajadores ni al modelo Social Democrático de Derecho, que crisis tras crisis siempre es el Estado Social con sus recortes y en concreto el sector Público quien acude al rescate de los sectores privados ( Banca, Inmobiliario, Bolsa…etc), con el esfuerzo de todos los ciudadanos para recuperar lo que unos pocos, casi siempre los mismos, han dilapidado; si no corregimos en profundidad este Modelo Político – Económico, injusto e ineficiente, volverá a ocurrir lo mismo inevitablemente.
Y no nos referimos sólo a las crisis sistémicas inherentes a él, o a las medidas que las derechas adoptan para lavar sus errores y culparnos a los demás, insistir también en que los Fondos no pueden ser un simple cuidado paliativo como decíamos de un enfermo crónico, deben ayudar a transformar estructuralmente las causas del problema.
El verdadero problema, el causante reincidente, es el modelo económico neoliberal, una teoría económica que, de manera taimada, oculta que si fuese evaluada con los mismos criterios que ella exige y de los que presume,

-Eficacia
-Creación constante de riqueza
-Progreso social

no cumpliría ninguno de ellos.

Este es el absurdo intelectual y económico del paradigma
neoliberal, presumir crisis tras crisis de eficacia económica durante el bucle temporal del Día de la Marmota.


Eduardo Hernández

Editorial

¿Resurge la socialdemocracia europea?

Dicen que estamos ante el resurgir de la socialdemocracia ¿es esto cierto o es un espejismo? 

El SPD (Sozialdemokratische Partei Deutschlands), ha crecido en votos y escaños. Ha pasado del 20,5% de 2017 al 25,7% en las elecciones del 26 de septiembre. Resulta excesivo hablar de resuirgimiento si recordamos el 45,8% que octuvo en 1972 o el 40,9% de 1998. Sin duda, el SPD en Alemania, como el PSOE en España, continúa siendo el partido de referencia para la mayoría de la clase trabajadora.

La coalición conservadora CDU/CSU, acumula su segunda caída consecutiva: obtuvieron un 41,5% de los votos en 2013, cayeron al 33% en 2017 y cae al 24,1% en estas últimas elecciones. Más que de resurgir socialdemócrata habría que hablar de una alternancia en el gobierno.

El Partido Socialista de Portugal, en las elecciones municipales del 26 de septiembre, perdió un 5% de apoyo respecto a las municipales de 2017, siendo derrotado en Lisboa y en grandes ciudades como Coimbra o Funchal.

El caso del partido Laborista Noruego es similar. Tras las elecciones celebradas el día 13 de septiembre gobernará en minoría, con el apoyo del Partido centrista, a pesar de haber perdido 1,1 puntos, pasando del 27,4% de los votos que obtuvo en las elecciones de 2017, al 26,3% obtenido el mes pasado.

El Partido Democrático italiano, en las municipales del 18 de este mismo mes, ha obtenido unos buenos resultados: ha ganado alcaldías como la de Roma o Turín. Pero no se puede perder de vista que la abstención se ha disparado al 56% del censo electoral.

Celebramos los avances de estos partidos socialdemócratas y de centro izquierda, pero afirmamos que la situación de la socialdemocracia en su conjunto, no permite alharacas.

El 15, 16 y 17 de este mes se ha celebrado el 40 Congreso Federal del PSOE. Se ha dedicado tan solo una hora, a debatir el periodo 2017-2019, en el que se han producido dos elecciones generales y las autonómicas de Madrid. Como muy acertadamente ha dicho Cándido Méndez en un artículo publicado por la Cadena SER el sábado 16: “Los temas para debatir son muy interesantes, pero no hay ninguna de ellas (mesas de debate) que analice en profundidad el futuro del trabajo, en el marco de la doble transformación verde digital”. El Congreso de un Partido democrático es donde se supone que se fraguan las líneas maestras de la acción política de cara a los próximos cuatro años; líneas que deberían ser el programa electoral con el que el Partido acuda a las elecciones generales que, si no se adelantan, se celebrarán en otoño de 2023.

Paralelamente al desarrollo del Congreso, el sábado 16 de octubre, llegadas de todos los puntos del país, se manifestaban en Madrid más de 20.000 personas en defensa del Sistema Público de Pensiones y en demanda de una auditoria pública a las cuentas a la Seguridad Social. El congreso hubiese sido un buen lugar para dar una respuesta pública y satisfactoria para esa justa demanda. ¿Por qué no se ha hecho?

Otro ejemplo que muestra el “divorcio” de las grandes organizaciones con las masas, es la cuestión de la Monarquía y lo acaecido en el Congreso a ese respecto. Este mismo mes de octubre, la Plataforma de Medios Independientes (PMI) hacía pública una encuesta: el 53% “ve la Monarquía como una institución de otro tiempo”, un 43,8% considera necesario un referéndum sobre la forma de Estado y la mayoría se decanta por la República con un 39,4% frente al 31% que prefiere la monarquía. Sin embargo, el congreso no solo no ha no ha tratado esa opinión de la población, ¿por qué no se tienen en cuenta esas preferencias que emanan del pueblo y que corresponden a nuestra mejor tradición republicana? Por contra, se han puesto impedimentos para que se debatan las enmiendas sobre República, como la presentada por Izquierda Socialista. Apareciendo ante nuestros votantes como un partido más de los que encubren al rey corrupto.

A mitad de mandato, aseveramos que hay luces y sombras de cara a las próximas elecciones generales. No invertiremos tiempo en aplaudir las luces, como: la derogación del Artº. 315.3 del Código Penal, los avances sociales como la de Memoria Democrática o la de Eutanasia; si bien queda mucho por hacer.

A pesar del anuncio mediático del discurso de cierre de Pedro Sánchez, no nos queda más remedio que criticar al Gobierno, por no haber derogado aún las reformas laborales: la primera abrió las puertas a la brutalidad de la segunda. Continúan vigentes los cambios de 2010, como: la posibilidad de descuelgue del convenio por parte patronal; el abaratamiento de la indemnización por despido improcedente al pasar de 45 a 33 días por año; o la calificación de los despidos objetivos, con 20 días de indemnización. Por supuesto fue la reforma de 2012, impuesta por el gobierno de Rajoy, la que provocó una enorme destrucción de empleo con derechos, devaluó los salarios e incrementó la temporalidad, con elementos como: la subordinación del convenio sectorial al de empresa, la eliminación del principio de ultraactividad o las facilidades dadas a las empresas para implementar Expedientes de Regulación de Empleo.

La clase trabajadora, con sus organizaciones a la cabeza, respondió con tres huelgas generales (1 en 2010 y 2 en 2012). Nueve años han pasado desde la última huelga general y las reformas siguen intactas, a excepción del Artº. 52 d) que permitía despedir a los trabajadores por caer enfermos, derogado en febrero de 2020.

Otra sombra importante del Gobierno actual (PSOE y UP) es la reforma de pensiones que está en marcha, por la que se pretende penalizar a los trabajadores y trabajadoras con largas carreras de cotización y a las cotizaciones más altas.

De estas cuestiones que afectan a millones de ciudadanos, no tenemos ni una solo noticia en las resoluciones del Congreso. No somos ingenuos; tanto la materia laboral, así como de pensiones, están entre los “compromisos” adquiridos con las instituciones europeas a cambio de los “Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia”. Es decir, el daño que las reformas laborales infringen a los trabajadores en activo, a los jóvenes trabajadores… y la devaluación del Sistema Público de Pensiones, es moneda de cambio para unas inversiones de las que, previsiblemente y como siempre, se beneficiarán las grandes corporaciones empresariales.

No nos vengan con que repercutirá positivamente en los trabajadores, pues ni la digitalización ni la transformación que promete la “economía verde” garantizan el empleo ni la recuperación. Es precisamente a nombre de la digitalización que se ha “justificado” la destrucción de cientos de miles de puestos de trabajo; un ejemplo de ello son el sector financiero, el de las artes gráficas…

Respecto al eufemismo de la “Economía Verde”, ya se está generando destrucción de empleo; no tanto por el cambio del producto final como por la deslocalización de las fábricas: ejemplo de ello es NISSAN o las cuencas mineras tras la descarbonización.

¿Resurge la socialdemocracia?, nos gustaría poder celebrar el verdadero resurgir de políticas que defiendan los derechos de la mayoría social: el empleo de calidad y con derechos, la salud y la educación públicas, la robustez de los sistemas públicos de pensiones, es decir, la defensa del Estado de Bienestar.

La mayoría social: los trabajadores y trabajadoras, los y las jóvenes trabajadores y estudiantes, los y las pensionistas, los autónomos, los desempleados y desempleadas son los votantes que después se echan de menos en elecciones. Quizá, porque no ven soluciones a sus problemas en los partidos de izquierda o porque se han visto defraudados una y otra vez. Buen ejemplo de esto es la situación de la socialdemocracia en Madrid.

Comité de Redacción

A VUELTA CON LOS ERTES

Según las distintas normas reguladoras en el ámbito laboral, que van desde marzo de 2020 hasta el próximo febrero de 2022, de momento, los “ERTES COVID-19” han establecido los diferentes mecanismos, que el Gobierno ha venido a llamar “escudo social”, para dar respuesta a la crisis sanitaria, económica y social provocada por el virus, todo ello para dar protección a las y los trabajadores, así como a las empresas. ¿Es oro todo lo que reluce? Veamos. 

Con fecha 26 de abril de 2021, el diario Público publicaba, bajo el titular: “La Inspección de Trabajo detecta fraude en uno de cada seis ERTE que investiga”

“Los inspectores levantan actas de infracción a más de 4.500 empresas e imponen sanciones que rondan los 22 millones de euros tras cerrar 29.000 de las 36.500 órdenes de servicio previstas para chequear los expedientes de regulación.”

Todo ello, con la falta de recursos materiales y humanos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, denunciada sistemáticamente por las organizaciones sindicales, donde aseguran todos organismos implicados que los niveles de fraude detectados aumentarían si se contara con más inspectores.

En todo caso, vayan las declaraciones de la actual vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz: “En caso de que observásemos que hay algún tipo de fraude, las empresas tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro, incluso la prestación de desempleo que reciben los trabajadores”. Una vez más los hechos contrastan con la realidad.

Vayamos a otro de los asuntos estrella, la prohibición de despedir trabajadores, la cual anunciaba, Yolanda Díaz, que advertía: “nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria” y que “no se puede utilizar el COVID-19 para despedir”.

Desde las organizaciones sindicales en marzo de 2020 se manifestaba que la cifra de despidos se podría acercar al millón de contratos de trabajo.

Si bien, podemos decir que prácticamente se ha recuperado el empleo a fechas anteriores a la pandemia, no podemos olvidar que han salido miles de trabajadores por procedimientos de despido colectivo y/o individual durante esta crisis, transformando, como ha venido sucediendo históricamente, empleo fijo con derechos en empleos precarios sin derechos, aumentando el porcentaje de los “trabajadores pobres”. 

Por último, la nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre.

Uno de los aspectos novedosos, tiene que ver con el aumento de las exoneraciones a las empresas del pago a la seguridad social, donde se eleva el porcentaje por realizar acciones formativas.

Según, el último informe anual (2020) de Fundación estatal para la formación en el empleo (Fundae), la “formación durante el estado de alarma (del 14 de marzo al 20 de junio) no se interrumpe e, incluso, la proporción de participantes comunicados en la formación subvencionada durante ese periodo fue similar (45%) a la del periodo posterior al estado de alarma (21 de junio a 31 de diciembre).

Vaya por delante el comentario anterior para referirme a los propios datos que ofrece Fundae con relación a la formación realizada por las empresas en el año 2020. 

“En la formación programada por las empresas, más de 3,8 millones de participantes han realizado formación bonificada, un 16,6% menos que en 2019 (en este año sólo dos de cada diez empresas aprovecharon la formación bonificada); el número de participantes retrocede por primera vez desde la puesta en marcha del sistema de bonificaciones en 2004. La tasa de cobertura formativa se sitúa en el 30%, cuatro puntos por debajo de los resultados del año pasado”.

Por tanto, por los datos facilitados, parece un “brindis al sol” para los trabajadores que más necesitan la formación en estos tiempos.

Y, por último, como se van a controlar estas acciones formativas, parece que las noticas no son positivas pues el Servicio público de empleo estatal, perderá 1500 trabajadores a fecha 31 de diciembre de 2021. ¿Pasará lo mismo que con el fraude a la Seguridad social? Ya se verá.

Y todo ello, cuando ya han pasado más de 692 días del acuerdo de gobierno (PSOE-UP) y siguen más que vigentes las contrarreformas laborales del 2010 y 2012 siendo utilizadas en su máxima expresión por las empresas. 

Lo que más puede alejar a las trabajadoras y trabajadores de este gobierno de coalición son las promesas incumplidas, así como de las direcciones de las organizaciones sindicales su permanencia en el diván. No lo consintamos.

Jose Antonio Fdez. Guerras.

LLAMAMIENTO DE SINDICALISTAS

(actualizado a 22oct21, con 440 firmantes)

Apoyamos la exigencia de una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social

Llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras a participar en la movilización en defensa de las pensiones del 16 de octubre

Gobiernos y medios de comunicación nos bombardean con la falsa idea de que el sistema público de pensiones sufre un déficit irreparable y que es necesario aplicar recortes de pensiones. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha manifestado que sólo en el periodo comprendido entre 1989 y 2013, se han cargado a la Caja de la seguridad Social 103.690 millones de “gastos impropios”, no correspondientes a pensiones. Un estudio de CCOO amplia el periodo de cálculo y estima esos gastos impropios en más de 500.000 millones de euros. 

La COESPE ha levantado la exigencia de una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social, exigencia que han apoyado otras organizaciones de pensionistas y que ha sido aprobada en numerosos congresos e instancias sindicales. Entre ellos, destacamos el Congreso de la Unión Provincial de CCOO de Sevilla, el de la Federación de Sanidad de CCOO, el de la Federación de Ciudadanía de CCOO de Madrid, el de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, el Congreso de UGT de Cataluña, el Congreso Confederal de UGT, y un largo etcétera. 

Como sindicalistas, nos preocupa el futuro del sistema público de pensiones. Defendemos el sistema de reparto y nos oponemos a todo recorte. Por ello, apoyamos la exigencia de una auditoría y llamamos a trabajadores y trabajadoras, tanto activos como pensionistas, a participar en la movilización convocada para el 16 de octubre y a continuar la movilización después de esa fecha.

Las firmas son a título individual:

Luis González Sanz, miembro Consejo Confederal CCOO; Roberto Tornamira Sánchez, Ex secretario general FeS UGT Madrid; Pepe Gimeno Ostariz, secretario general de FeSMC-UGT-Aragón; Mª José Wanceulen, secretaria general sindicato sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO de Sevilla; José Miguel Villa Antoñana, Ex secretario general Federal de FeS-UGT; José Gallego Casaus, Ex secretario organización UGT-Sevilla; Javier Ordóñez Naranjo, presidente Comité de Empresa Hospital del Aljarafe, Sevilla; Juan Miguel Fernández, jubilado, afiliado FSP-UGT; Jacinto Romero Pacheco, secretario general de FeSMC-UGT-Extremadura; Silvia Martínez Fernández, secretaria general UPTA Euskadi; Jesús Béjar Sánchez, sindicalista de CCOO Getafe; Jesús María Pérez Martínez, UJP-UGT Euskadi; Íñigo Fernández Villasante, UPTA-Euskadi; Mikel González, Sº Organización UPTA-Euskadi; Francisco Cuso, FeSMC-UGT Madrid; Pablo García Cano Locatelli, sindicalista de CCOO Industria y secretario del comité de empresa de John Deere, Madrid; José Francisco Domínguez Sevilla, sindicalista de CCOO-Educación; Miguel González Mendoza, afiliado UGT-FSP; José A. Iniesta Martín, delegado UGT Ayuntamiento Sant Boi; Víctor Iniesta García, afiliado UGT-FeSMC; Rafael Aguilera Sánchez, UGT Catalunya, región metropolitana; José Mª Herrera Molina, CCOO Sevilla; Blas Ortega Llavador, sindicalista FeSP-UGT-PV; Neus Roig Saiz, sindicalista UGT Tarragona; Xabier Arrizabalo Montoro, miembro Junta Personal Docente e Investigador, Universidad Complutense de Madrid por CCOO; Teodoro Escorial Clemente, Ex miembro de la Ejecutiva Confederal de UGT; Fabián Benito Delgado, sindicalista UGT, jubilado; Josep Antoni Pozo González, Secretario general Sección Sindical UGT Ayuntamiento Sabadell; Eduardo Hernández Oñate, sindicalista UGT Metro de Madrid; Jesús Vara Castrodeza, Ex secretario general FeS-UGT Castilla y León; Guillermo Martínez Robles, Ex secretario general sector financiero, seguros y oficinas FeSMC-UGT Castilla y León; Carlos Prieto Carretero, responsable de contact center de FeSMC-UGT; Pedro Sánchez Catalá, secretario general de UGT-Prosegur; Manuel Nolla, sindicalista de CCOO RTVE; Paco Cepeda González, miembro ejecutiva Artes Gráficas, papel y cartón CCOO Madrid; Iñaki Merino Montes, sindicalista UGT Euskadi; José A. Fernández Guerras, sindicalista UGT Madrid; David Lemore Martínez, Afiliado de UGT; Miguel Sagües Navarro, Jubilado abogado de CCOO. Miembro de ASTRADE; Ignacio Bruna, Sindicalista de UGT; Ángel García Manchado, Miembro del Comité de Empresa de Telemadrid por UGT; Victoria Camarena Grau, secretaria general de UGT en Ibercaja; Ángela Santiago Cascallana, miembro de la dirección Sectorial de Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT; Estefanía De Toro Torrijos. Secretaria Organización de la Sección de UGT en Quiron prevencion, y secretaria general de la Sección de UGT-Madrid en Quiron prevencion; Rubén Ranz Martín, militante del Sindicato de Comercio de UGT; Manuel Martín Beato, sindicalista de UGT en Metro de Madrid; Francisco Sánchez García, UGT-Guadalajara; Gema Alonso Porres, sindicalista de UGT; María Jesús Vivar Alonso, sindicalista de UGT; Evelio Ángulo Álvarez, responsable sindical de UGT; Monika Benito Gascón, sindicalista FeSMC-UGT-Catalunya; Jesús García San José, ex secretario general de UGT en Puertos del Estado; Daniel Pascual González, sindicalista de UGT en Metro de Madrid; Juan Fernando Díaz Mayordomo, sindicalista de UGT-Madrid; Kami A. Rafiei Kazemi, Jubilado afiliado de UGT en Madrid; Jesús Sanz González, sindicalista de UGT en el Sector de Seguros; Alfonso Castillo Gallardo, Coordinador UGT en el Ministerio de Defensa; Eduardo Sabina Blasco, miembro de la Comisión Permanente de IS-PSOE de Madrid y militante de FeSP-UGT; Daniel Pons Gené, secretario general de UGT en Cajamar; Alberto Elosua Alvarado, vicesecretario General UGT FeSMC Euskadi; Carmen Alonso Montaña, Jubilada, afiliada al PSOE; Miriam Zarallo González, delegada CCOO limpieza Hospital Virgen del Rocío; Pepe Hernández Aparicio, secretario general de FeSMC-UGT-Murcia; Aida Sánchez Merino, militante sindical de UGT-Madrid; Antonio Guerrero Cabanillas, jubilado. Afiliado a la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en Madrid; Lena Balaguer, profesora, delegada sindical UGT Ayuntamiento de Sabadell; Carlos Rivera, delegado sindical, UGT Ayuntamiento de Sabadell; Carlos González D’Anglade, secretario general de UGT en GSS Line/COVISIAN Madrid; Ramon Cebrián FSP-UGT Catalunya; Juanjo Casado, región metropolitana UGT Catalunya; Juan García, jubilados UGT Baix Llobregat; Paco Calero, UGT Vallès oriental; Mariángeles Pérez Soler, delegada CCOO Vallès Occidental (Dependencia); Joseba Izaga Urrutia, FeSP UGT, Administración Gobierno Vasco; María Pedraza López-Rey, responsable Federal del Sector Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT; Francisco García Jiménez, jubilado. Afiliado al PSOE en Ciudad Real; Pedro Cobo Cuesta, Sindicalista de UGT-Cantabria; José Manuel Arévalo Badía, sindicalista de UGT-Jaén; Xavier Casas, UGT Girona; Eugenio López Torres, delegado sindical CCOO Hospital Virgen del Rocío; José Francisco Jiménez Zamora, delegado Sindical CCOO Sanidad Sevilla; Mª Mar Valerio López, delegada sindical CCOO Hospital Virgen del Rocío; Lisandro Moreno Jiménez, delegado CCOO Ayuda a Domicilio Sevilla; Isabel Mª Márquez García, responsable secretaría Mujer sindicato Sanidad CCOO Sevilla; María Visitación Fernández Gutiérrez, responsable Provincial del Sector de Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT-Málaga; Esther Alòs García, secretaria general sección sindical UGT Universidad Autónoma de Barcelona; Ramon Voces Merayo, sindicalista CCOO, Enseñanza. Cataluña; Abel Rodríguez afiliado a la Federación de Pensionistas de CCOO; Javier Castro Navarrete, delegado CCOO Ayuntamiento de Sabadell; Oscar Hidalgo, CCOO Metro de Madrid; José Luis Sánchez, CCOO Metro de Madrid; Alfonso Blanco, CCOO Metro de Madrid; Saúl García, CCOO Metro de Madrid; Miguel Gersol, sindicalista de UGT; José Giráldez Camus, secretario general de FeSMC-UGT Cantabria; Pilar Fernández Rufo, Sindicalista de FeSMC-UGT-Sevilla; Carmen Cordero Ríos, sindicalista de UGT-Sevilla; Máximo Fernández Gómez, ex secretario Federal de Formación de FeSMC-UGT; Ester Guerrero Nistal, sindicalista del Sector Aéreo del USO; Antonio Temporal, sindicalista FeSP-UGT-PV, jubilado; Sebastià Castellano, sindicalista FeSP-UGT-PV; Juan Torres, sindicalista FeSP-UGT-PV, jubilado; Javier Parrilla, sindicalista FeSP-UGT-PV; Maripau García-Cupertino, sindicalista FeSP-UGT-PV; Manuel Gutiérrez Pinto, sindicalista UGT-Sevilla; Santos Sánchez Alonso, responsable UGT-Galicia; Fermín de Con Longo, secretario General de FeSMC-UGT-Asturias; José Luis Faus Arias, secretario General de FeSMC-Melilla; Jesús Trancho Lemes, secretario General de FeSMC-UGT-Canarias; Irene Fernández Sánchez, sindicalista de UGT-Salamanca; Concepción Hormigo Gordillo, sindicalista de UGT-Sevilla; Juan Piqué Cerdán, secretario General de UGT en BSM-Cataluña; Juan José Fuentetaja Olmos, profesor de Tecnología en enseñanzas medias de Madrid; Guadalupe González Gallardo. Ejecutiva Federación Sanidad CCO Andalucía; Antonio Montaño Ramos, Ejecutiva Federación Sanidad CCO Andalucía; Carmen Romero Sánchez, Ejecutiva Unión Provincial de CCOO de Sevilla; Sonia Mandaloniz Leal, secretaria general Sección Sindical CCOO John Deere (Madrid); Ernesto Moñino Chacón, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); Florencio Andrés, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); Alberto Barquero Moreno, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); Javier Triviño del Río, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); Antonio Fernández Olivares, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); David Carrasco Pozo, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); David Mejías Sánchez, delegado salud laboral en John Deere, Madrid (CCOO); Raúl Bedrina Saura, miembro comité empresa de John Deere, Madrid (CCOO); Eva María Sánchez Martínez, delegada sindical Ajuntament de Sabadell; Mercè Bermúdez López, delegada de l’Ajuntament de Sabadell; Paco Figueroa, sindicalista CCOO Airbus Sevilla; Ángel Limones Rodríguez, sindicalista de UGT-Sevilla; Elvira Ramírez Peinado, sindicalista de UGT-Jaén; Manuel Muñoz, UGT Correos, jubilado Barna; Juan Salvador Villagrasa, delegado UGT Correos Barna; Eugenio Rodríguez Jiménez, delegado UGT Correos Barcelona; Antonio García, afiliado CCOO Cornellá – Barcelona; Roque Borras Medina, delegado Correos UGT Barcelona; Gloria Jiménez Rodríguez, mujer republicana, Málaga; Carlos M. Doblado Ortega, delegado de UGT Ayuntamiento de Sant Boi; Elisabet Huertas Cejudo, delegada UGT Ayuntamiento de Sant Boi; Jesús Cuevas Canales, delegado UGT Ayuntamiento Sant Boi; Mª José García Lucas delegada de UGT Ayuntamiento Sant Boi; Emma Obiols Mas, delegada UGT Ayuntamiento Sant Boi; Guadalupe Torres Repollo, delegada UGT Ayuntamiento Sant Boi; Javier Fuentes Goyanes, delegado UGT Ayuntamiento Sant Boi; Joan Muntana, afiliado UGT Girona; Miguel Poca i Sánchez, afiliado UGT Barcelona; José Manuel Ocaña, afiliado UGT Barcelona; Rubén Valdés García, afiliado UGT correos Barcelona; Juan Ortiz, sindicato de maquinistas Metro de Madrid; Javier del Llano, sindicato de maquinistas Metro de Madrid; Pablo Perea, sindicato de maquinistas Metro de Madrid; Sergio Hoyuelos, sindicato de maquinistas Metro de Madrid; Javier Muñiz Ontín, miembro de la Comisión Ejecutiva Estatal de UGT en BBVA; Luciano Pereda Valdemoro, secretario de Administración de la Sección Sindical Estatal de UGT en Caixabank; Juan Sánchez Fernandez, ex secretario general Federal de FeS-UGT; Germán Payán Gómez, sindicalista de UGT-Sevilla; Sebastián Moreno Rodríguez, ex secretario Federal de Banca en FeS-UGT; Ana María Díaz Díaz, sindicalista de UGT-Madrid; Gloria Díaz Díaz, sindicalista de UGT; Alexis Mecho Sorribes, sindicalista UGT. sector cerámica Castellón; Ana Usero Mainer, secretaria General de la Sección Sindical de UGT-Caixabank-Madrid, firma en nombre de toda la Comisión Ejecutiva; Antonio Deusa Pedrazo, Ex Vicesecretario General Federal de FICA-UGT; Elisabeth Montoro, delegada UGT Ayuntamiento Sabadell 158 primeros firmantes y 282 sindicalistas más.

Propuesta de Encuentro estatal de trabajadores activos y desempleados, pensionistas, jóvenes de todos los pueblos.

A pesar del boicot mediático, la manifestación estatal el 16 de octubre ha representado un hito en la movilización y resistencia frente los intereses del capital financiero; en concreto de la banca y las aseguradoras, que quieren privatizar el Sistema Público de Pensiones, intereses que el gobierno vehiculiza y para los que busca el apoyo de los sindicatos a través del “Diálogo Social”.

La movilización del 16-O ha sido un éxito, por varias razones:

Las reivindicaciones son claras y comunes. Los trabajadores, activos o en paro, los jóvenes, pensionistas… todos se reconocen en ellas:

  • Defensa del sistema público de Pensiones; Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social.
  • Derogación de las reformas laborales y de pensiones.

Porque es un llamamiento a la unidad de todos los trabajadores y los pueblos.

Porque aúna exigencias sociales con la defensa de las libertades.

Porque pone en evidencia la necesidad de que los sindicatos se unan y se comprometan en la defensa de estas reivindicaciones.

El CATP ha participado en esta movilización que se ha convocado a iniciativa de la COESPE, y se reafirma en que debe continuar con los objetivos planteados. Prestamos una atención particular al “Llamamiento de sindicalistas en apoyo a la Auditoría para defender el sistema público de Pensiones”. Es una herramienta de lucha que debe tener desarrollo y continuidad.

Es el momento de ayudar a unir fuerzas y resistencias ante los planes que el capital, la UE, anuncia. Y, en particular, ante los cierres de empresas, despidos y “reconversiones y deslocalizaciones” que se preparan al amparo de la “economía verde” y los fondos de la UE.

Los trabajadores chocan con las instituciones del régimen monárquico, parapeto del capital financiero, al que secundan gobiernos y dirigentes políticos y sindicales.

Es necesario impulsar la movilización independiente ante los llamados al consenso con la derecha franquista y la patronal, organicémonos por las reivindicaciones y los derechos de los pueblos.

La Coordinación del CATP propone organizar un ENCUENTRO de trabajadores, jóvenes, pensionistas…

Proponemos el 15 de enero de 2022.

Llamamos a organizar colectivos, comités del CATP; territoriales, de empresa y/o centro de trabajo, que se reúnan, que participen en las movilizaciones, que nos hagan llegar sus propuestas y contribuciones.

Llamamos a buscar la relación organizada con los diferentes movimientos de resistencia que se desarrollan en Europa y en particular a participar en la Conferencia Obrera Europea que se organiza en febrero, en París, a iniciativa de trabajadores franceses y griegos.

Atendemos al carácter internacionalista de TS

El Comité Internacional de Enlace e Intercambio -CILE- que está formado por organizaciones, partidos y grupos de trabajadores de diferentes procedencias política y sindical, de países de Africa, America y Eurapa, unidos por la defensa de las reivindicaciones de los trabajadores y de los pueblos, ha dado a conocer entre sus miembros los comunicados que estos grupos u organizaciones han hecho referidos a la situación política en sus respectivos países durante todo este año que le dan carácter a su existencia y continuidad.

Así el 11 de mayo de este año daba a conocer un llamamiento, dirigido a todas las organizaciones que agrupa, denunciando las agresiones represivas que la policía israelí hizo sobre las manifestaciones que se sucedían en distintas ciudades de Israel, así como los bombardeos del Estado de Israel llevó a cabo sobre la franja de Gaza provocando decenas de muertos.

En junio con motivo de las manifestaciones acaecidas en Cuba,  publicó un llamamiento denunciando el bloqueo de EEUU hace sobre Cuba desde hace mas de 60 años. Se posicionó con el pueblo cubano como el único que puede ejercer libremente su soberanía, sin injerencias, ejerciendo su derecho de manifestación y organización.

Ante el terremoto del 14 de agosto en Haití hizo un llamamiento urgente a la solidaridad y el apoyo al pueblo de Haití y decía «El pueblo Haití que ha enfrentado con valentía los diferentes golpes de estado a favor de los intereses imperialistas, la falta de vacunas para el Covid19, la precaria situación de los servicios públicos…»

El CILE cumplió un papel esencial en la campaña por la libertad de la compañera Louisa Hanoune, organizando recogida de miles de firmas, pronunciamientos de ayuntamientos e instituciones representativas, animando a organizar delegaciones a embajadas argelinas en mas de un centenar de países hasta conseguir su liberación.

Nos comunican que ha habido reuniones entre los compañeros franceses del POI y compañeros de un grupo político griego (NAR nueva corriente de iz- quierdas) que animan a organizar un encuentro de trabajadores europeos al que desde el comité de redacción de TS, dimos respuesta positiva.

Queremos trasmitir desde estas páginas nuestro apoyo a dicho encuentro y nuestra disposición a participar en el mismo cuando se conozcan lugar y fecha de realizacion.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Salarios dignos para una vida digna

El día 29 de septiembre salió publicado en el BOE, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para cualquier actividad: quedó fijado en 32,17 euros/día o 965 euros/mes según sea el tipo de contrato por meses o por días. La duración de la subida, que ha sido pactada con CCOO y UGT, será hasta el 31 de diciembre, lo que es un indicativo de que es una subida provisional, dicho de otra forma las partes reconocen la insuficiencia de este acuerdo que supone, en la práctica, alargar la situación de insuficiencia a los miles de personas que solo tiernen ese ingreso y por tanto forman parte de los trabajadores pobres. 

El incremento de 15€, supone un 1,6% de aumento sobre el SMI anterior, sin embargo el IPC ha aumentado un 3,1% de media anual en el 2021, lo que supone una pérdida de más del 50% de capacidad de compra para los más de 196.000 personas que estarán afectadas en Cataluña.

A nadie se le escapa que no es posible llegar a final de mes con 965€, máximo cuando no hay ningún control sobre el aumento de precios y la mayoría social vemos y padecemos los aumentos desorbitados en los precios de la electricidad u otros suministros de primerísima necesidad. 

Según datos de la Confederación Europea de Sindicatos el número de trabajadores pobres ha aumentado en Europa un 12%, en España 16%. Las cifras sobre la recuperación económica son optimistas, el Banco de España sitúa el aumento del PIB en el 6,3%, una pregunta es necesario contestar ¿será posible la recuperación económica sin que esa recuperación llegue a los hogares la mayoría social? El SMI no puede ser una limosna como demanda el Vaticano. 

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez ha manifestado que la subida del SMI es insuficiente, que si el 1 de enero el SMI  no se sitúa en 100€ se acabaron los pactos y empezaran las movilizaciones,  seguramente que tendremos que ir por esa vía, pues a las clases más desposeídas jamás nos han regalado nada y será mediante la movilización que tendremos que conseguir salarios suficientes para cubrir todas las necesidades para tener una vida digna.

José A Iniesta 

Comité de redacción de Tribuna Socialista