El periódico El País del día 4 de diciembre resaltaba en portada los hechos ocurridos en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz como un “escándalo en la sanidad de Madrid”. Ribera Salud, empresa privada y gestora en el Hospital, echó a cuatro directivos que se quejaron en el canal ético de la empresa de las órdenes de rechazar pacientes. Los audios sobre las formas para proceder a rentabilizar las cuentas de resultados, rechazando pacientes, generando listas de espera, son maniobras y/o negligencias que incumplen los derechos de las personas y por tanto deberían ser juzgados como un delito sobre la salud pública.
Más Madrid ha solicitado a la Fiscalía Provincial de Madrid la apertura de diligencias para investigar la gestión del Hospital Universitario de Torrejón, indicando posibles irregularidades en la atención a pacientes y la priorización de beneficios económicos sobre la calidad asistencial.
Concentración frente a la sede de Ribera Salud en la c/ Núñez de Balboa, 31 de Madrid 5/12/25
El día 5 de diciembre, dando respuesta inmediata a los hechos ocurridos en la sanidad madrileña, el espacio de Vecinas y Vecinos de los Barrios y Pueblos de Madrid, convocó concentración urgente frente a la sede de Ribera Salud, en la calle Núñez de Balboa, 31 de Madrid. Bajo un ambiente de crispación los manifestantes mostraron su rechazo con canticos contra la gestión del gobierno de Madrid que prioriza los beneficios económicos de unos pocos antes que la salud de un pueblo. También se pidió la derogación de la ley 15/97, que es la que permite que las empresas privadas, estos buitres, entren en la sanidad pública.
Movilización ante el Hospital de Torrejón de Ardoz 12/12/25
La respuesta a la evidencia de que no existe colaboración público-privada, sino negocio privado a costa del dinero público, el movimiento vecinal continuó el 12 de diciembre, en este caso fue la Coordinadora de Organizaciones en Defensa de la Sanidad Publica de Torrejón de Ardoz, quien convocó otra concentración en las puertas del Hospital de Torrejón para exigir la reversión del hospital a la gestión pública. Entre muchos canticos y protestas, se jaleó la exigencia de derogación de la ley 15/97. La asistencia fue mayor que en la concentración frente a Ribera Salud, pero insuficiente considerando que lo ocurrido en el Hospital de Torrejón debería ser motivo para que los vecinos del municipio participasen de manera multitudinaria. Solamente recodar que en las elecciones municipales celebradas en 2023 el PP fue el partido más votado por los vecinos y vecinas de Torrejón con un 50,65% de los votos, seguido por el PSOE con el 18,23% y el 16,66% de MM.
Después de una semana en la que la noticia ocupaba titulares de presa y mucho espacio en tertulias televisivas, el escándalo de la sanidad en Torrejón ha dejado de ser noticia; por la dinámica de los medios de comunicación y porque la situación caótica de la Sanidad Pública en Madrid hace difícil que sea de otro modo. Ahora, en lo que respecta a noticias sobre la Sanidad el foco está en las huelgas de médicos y el preacuerdo que han alcanzado las organizaciones sindicales con la Ministra de Sanidad, Mónica García, la ola de gripe estacional que cada año pone más al descubierto la falta de previsión del Gobierno de Ayuso, etc.
Los trabajadores del sistema sanitario están en lucha, unos de la mano de los sindicatos SATSE-FSES, CCOO, UGT; CSIF, CIG-Saúde, que negocian mejoras laborales dentro de un estatuto marco para todos los profesionales sanitarios: jornada de 35 horas, jubilaciones anticipadas… y por otro lado, está la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) una organización formada por 16 sindicatos y asociaciones médicas, que el pasado 9 de diciembre salieron a las calles de toda España en jornada de huelga y en la que se espera vuelvan a mediados de enero, con una orientación claramente corporativa.
Dos reivindicaciones paralelas y enfrentadas que, en mi opinión, están consiguiendo quitar el foco al verdadero problema, el cáncer del Servicio Nacional de Salud (SNS), que es el desmantelamiento de la sanidad por la vía de la privatización y las gestiones público-privadas. ¿Podrían las legítimas reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública, sin abandonar sus luchas laborares por la mejora de sus condiciones vida y trabajo, incluir la derogación de la ley 15/97 exigiendo que la sanidad sea 100% un servicio público? Vimos a la ministra Mónica García, -antes de ser ministra- pronunciarse en favor de derogar la ley 15/97, pero aún hay que esperar si así ocurre y cuál es la redacción de la nueva ley, ya que los Quirón y los Ribera Salud, entre otras empresas buitre, no van a dejar tan fácil sus nichos de lucro y corrupción.
La sanidad pública, como la educación las pensiones o la dependencia, son los pilares para un estado del bienestar. Sin embargo, vemos como cada vez se invierte menos y se recorta más. Como resultado de estas políticas vemos las consecuencias tan graves para la salud de las personas: las consecuencias de la pandemia Covid- 19, en las que 7291 víctimas en las residencias de Madrid, donde se las negó la atención médica hospitalaria. Los cribados de cáncer en Andalucía. El deterioro del sistema de salud es de ámbito estatal, también lo sufren los trabajadores de la sanidad, que realizan jornadas laborales maratonianas y con pocos recursos en muchas ocasiones.
Desde el 2010, con Zapatero en el gobierno, hasta hoy, los sanitarios han acumulado una pérdida de poder adquisitivo del 15%. Tanto los trabajadores de la sanidad como los usuarios del servicio público sanitario, siendo estos derechos constitucionales, junto con la Educación y las Pensiones, deberíamos defenderlos y movilizarnos por la salida inmediata de los buitres que hacen negocio con la salud de las personas. Del mismo modo exigir y movilizarse contra los presupuestos y el envío de miles de millones para el gasto militar, para la guerra, que se destinan sin esfuerzo, mientras se cierran centros sanitarios y baja el personal de los que aún permanecen abiertos tras la pandemia, con la excusa de falta de presupuesto.
Movilización ante el Hospital de Torrejón de Ardoz 12/12/25
En un contexto caracterizado por el incremento de la desigualdad social, la intensificación de la polarización política y la creciente desafección ciudadana, la democracia afronta un desafío de carácter estructural: su sostenibilidad en el corto y medio plazo. Diversos acontecimientos sociopolíticos recientes, tanto en el ámbito nacional como internacional, evidencian que la mera existencia de instituciones formales y organismos supranacionales resulta insuficiente para garantizar su vitalidad. La experiencia histórica, parafraseando a los clásicos del pensamiento democrático, muestra que las democracias no se sostienen únicamente por sus reglas sino por los sujetos que las transitan. En este sentido, la democracia solo puede mantenerse y transformarse en beneficio de la mayoría social si cuenta con una ciudadanía crítica, comprometida y capaz de identificar las injusticias y actuar frente a ellas. Dicha ciudadanía no emerge de forma espontánea: se construye, en gran medida, a través de la educación pública.
Desde hace décadas, la educación ha sido presentada como un instrumento de movilidad social dentro de los marcos democráticos. No obstante, su función sociopolítica más profunda (y con frecuencia relegada a un segundo plano) es la formación de sujetos democráticos. Educar no implica únicamente la transmisión de conocimientos, sino también la promoción de valores, actitudes y prácticas que hacen posible la vida en común. Hablar de ciudadanía supone, por tanto, abordar cuestiones de justicia social, participación política y reconocimiento de la diversidad. Numerosas investigaciones en el ámbito educativo han demostrado que la justicia social no constituye un concepto abstracto o meramente normativo, sino una representación social que se adquiere, se transforma y se consolida a lo largo de los procesos formativos.
Tal y como hemos observado en diferentes trabajos de investigación123 realizados desde la Universidad Autónoma de Madrid, el papel del profesorado en el desarrollo de una educación orientada a la construcción de una ciudadanía democrática es fundamental. Los resultados evidencian que la formación universitaria del profesorado tiene un impacto significativo en la configuración de representaciones más integrales de la justicia social, especialmente en su dimensión participativa. Este hallazgo resulta especialmente relevante si se considera que el profesorado no se limita a enseñar contenidos disciplinares, sino que también promueve (o inhibe) competencias, valores y prácticas vinculadas al ejercicio de la ciudadanía y a la convivencia democrática.
Asimismo, los datos muestran que una formación docente sólida puede incrementar la importancia otorgada a la participación democrática de toda la comunidad educativa y al compromiso cívico en entornos tanto presenciales como digitales. Este aspecto adquiere especial relevancia en un contexto en el que buena parte del debate público y de la acción política se desplaza hacia las redes sociales y las plataformas digitales. La ciudadanía del siglo XXI es, en gran medida, ciudadanía digital, y la escuela no puede permanecer al margen de este proceso si aspira a formar plenamente a sus futuros ciudadanos y ciudadanas.
Ahora bien, los estudios también advierten sobre la persistencia de determinadas creencias profundamente arraigadas entre el profesorado en formación que dificultan la consolidación de una ciudadanía democrática robusta. Entre ellas destaca la denominada creencia en un mundo justo: un sesgo cognitivo que lleva a pensar que el mundo es un lugar ordenado en el que cada persona recibe lo que merece. Desde esta perspectiva, el éxito suele atribuirse exclusivamente al esfuerzo individual, mientras que las situaciones de sufrimiento o exclusión se interpretan como consecuencia de errores o decisiones personales, pese a la abundante evidencia que demuestra el peso de factores estructurales y contextuales.
Si bien esta creencia puede proporcionar una sensación subjetiva de control y estabilidad, también conlleva importantes riesgos sociales y educativos. En particular, favorece la culpabilización de quienes padecen situaciones de pobreza, dificultades de aprendizaje u otras formas de injusticia, y dificulta el reconocimiento del carácter contingente y estructural de muchas desigualdades. En términos sociopolíticos, estas creencias operan como mecanismos de desmovilización: si la injusticia se percibe como natural o merecida, se diluye la responsabilidad colectiva de transformarla.
En este punto, la educación pública desempeña un papel insustituible. No se trata de adoctrinar, sino de desnaturalizar la desigualdad; de dotar al alumnado (y al profesorado desde su formación inicial) de herramientas críticas que permitan comprender las causas estructurales de la exclusión social e imaginar alternativas democráticas. La pretendida neutralidad educativa frente a la injusticia resulta, en última instancia, ilusoria: o se educa para la igualdad, la participación y el compromiso cívico, o se contribuye, aunque sea de forma involuntaria, a reproducir las desigualdades existentes.
Es urgente invertir desde las universidades públicas en una formación docente crítica, que refuerce la educación para la ciudadanía e integre la justicia social como eje transversal del currículo y reconozca el papel de la escuela como espacio de construcción democrática.
No era un secreto para ningún observador atento que en la mente simplista de Trump anidaba la animadversión contra la UE, como se ha puesto de manifiesto en este segundo mandato. Malquerencia expuesta sin rubor en numerosas declaraciones humillantes sobre su incapacidad para ser un actor importante en el contexto internacional donde Trump, estimulado por su autoritarismo narcisista, la ningunea cada vez que tiene ocasión dejándola, por ejemplo, fuera de las negociaciones de paz en las guerras expansionistas provocadas por dos sátrapas como él: Putin y Netanyahu.
Animadversión revelada en la nueva Estrategia de Seguridad de Estados Unidos, presentada el pasado día cinco de diciembre, donde la UE es objeto y objetivo de los vaticinios más negros sobre su futuro al señalar que Europa no tendrá economías y ejércitos lo suficientemente fuertes, que la permitan ser un socio fiable. Profecía que complementa con mentiras sobre la existencia de una censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política y, añade el documento, una asfixia regulatoria en el plano económico. Afirmaciones falsas propias del discurso populista disruptivo del que Trump, por deseo propio, es el principal Pope.
Nadie debe sorprenderse de que la ojeriza hacia la UE se haya expuesto de manera pública, lo que lleva a la pregunta sobre el objetivo y por qué de este giro político estratégico en un país tradicional socio y aliado de Europa a la que le unen tantos lazos económicos, culturales, sentimentales y familiares, y que tanto contribuyó a su independencia e integración como nuevo estado en el concierto de las naciones. ¿Cuál es el sentido de este giro estratégico? ¿Qué pretende Trump?
La respuesta surge de inmediato, el sátrapa que habita en el Casablanca tiene en mente una nueva reconfiguración del orden internacional en el que solo otorga capacidad de actuar a dos países a los que les reconoce una influencia global que condiciona su deseo de gobernar el mundo y con los que está obligado a negociar: China y Rusia. En su visión pacata del mundo, el resto de naciones —incluías las emergentes como Brasil, India, Suráfrica o el mismísimo Reino Unido— solo son comparsas que deben plegarse a sus dictados. En este contexto que opera en su mente la excepción es la Unión Europea que es para Trump la mosca cojonera que le recuerda, y simboliza en el mundo, los valores que encarnan la democracia: el equilibrio de poder establecido en tres niveles que deben respetarse—ejecutivo, legislativo y judicial—, los derechos civiles y un estado del bienestar que, con todas sus deficiencias—que todos podemos enumerar—, son un referente ético y moral para el resto de naciones y una aspiración para sus ciudadanos.
Ésta es la razón que subyace y da sentido al giro estratégico en la política de seguridad de Trump con respecto a la UE, porque el modelo de orden social y relaciones con otras naciones que representa interfiere en sus planes de armonizar el marco de las relaciones internacionales con reglas diferentes a las diplomáticas. Nuevas reglas cuyo principio es el poder del más fuerte respaldado por el poderío militar y el económico. Estrategia que ejecuta mediante la presión y el estrangulamiento de la economía de los países que no siguen a rajatabla sus dictados, y convierte las relaciones internacionales en un chantaje que desata el miedo en un buen número de dirigentes políticos de diferentes países, temerosos de que un NO a lo que les pide Trump, pueda tener efectos letales para sus ciudadanos.
Presión y chantaje que Trump y los lacayos de su Gobierno ejercen de manera constante, unas veces de manera abierta y otras de modo sibilino cuando, por ejemplo, el pasado día diez afirmó desde el despacho Oval que Europa va en una mala dirección. Chantaje que le funciona a juzgar por la pléyade de babosos que le bailan el agua y le dicen amen a todo, como el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, al que se le cae la baba cada vez que se reúne con él. O el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que se inventó un premio Nobel de la paz del deporte que entregó a Trump en el acto del sorteo de los emparejamientos para el Mundial de Fútbol de 2026, que permitió al narcisista atormentar a una audiencia mundial con un discurso de casi una hora.
Presión que ejerce sobre las naciones con formas e intensidad diferente, evidenciada en la imposición de aranceles a cada país al albur de su criterio. O condicionando elecciones como las recién celebradas en Argentina, para renovar 127 escaños del Parlamento, en las que los votantes dieron la victoria a los partidarios de Milei empujados por el temor a la amenaza de Trump, de que solo les regalaría 20.000 millones de dólares prometidos si ganaban los candidatos del Presidente de la motosierra.
Con la UE la presión tiene por objetivo minar la unidad de acción de los 27 países que la conforman, para lo que cuenta con el apoyo fundamental de la extrema derecha europea y del presidente húngaro Víktor Orban. Quinta columnistas que operan desde dentro de la organización con el objetivo de poner en cuestión su propia existencia. Estrategia que aplican con el método de la tortura psicológica, gota China, martirio que consiste en dejar caer durante horas sobre la frente una gota de agua fría hasta producir eccemas en la piel del torturado e insomnio por ese goteo constante que lleva a la locura.
El goteo permanente que ejerce Trump sobre los europeos consiste en alentar el miedo a un posible conflicto bélico mundial, para obligar a las naciones del paraguas OTAN a rearmarse elevando el gasto militar hasta el 5% de su PIB. Porcentaje surgido de la mente del sátrapa, con el argumento de estar preparados para una guerra ficticia, cuyo objetivo oculto es que ese aumento del gasto derive en la compra de armamento a las empresas norteamericanas.
Junto a la psicológica otra forma de presión es extender a Europa la batalla cultural contra la idea de progreso, la cultura Woke, término que resume los postulados progresistas que detesta la derecha y ultraderecha partidaria de una vuelta al autoritarismo basado en la discriminación del diferente, el enardecimiento del supremacismo de los blancos, y el desmantelamiento de las instituciones que velan por el mantenimiento de los derechos civiles y el mínimo estado del bienestar del que gozan los norteamericanos. Postulados que marcan el camino de una deriva autoritaria cuyo objetivo final es transformar la democracia en una democracia iliberal. Concepto acuñado en 1997 por el politólogo Fareed Zakaria, que describe los regímenes de democracia formal donde se celebran elecciones, pero limitan y erosionan las libertades y el estado de derecho.
Este es el objetivo que empieza a movilizar a la sociedad norteamericana y europea, ante el que no saben cómo reaccionar los gestores de la UE, timoratos hasta ahora en su respuesta a las exigencias de Trump. Reacción lastrada por el sistema de unanimidad que rige en la toma de decisiones, y la quinta columna trumpista que trabaja sin descanso desde dentro para implantar en Europa la filosofía y el régimen MAGA.
La economía del armamento no responde ni a la defensa de los valores democráticos ni a satisfacer las necesidades de la clase trabajadora. Según los clásicos, responde a una exigencia económica profunda del capitalismo monopolista.
Simplificando, Lenin definía el imperialismo como la etapa en la que dominan los monopolios y el capital financiero, la exportación de capitales y el reparto del mundo entre potencias. Cuando ese reparto se agota, el sistema entra en una fase de bloqueo, donde la tasa de beneficio tiende a caer. Para compensarlo, las potencias recurren a medios artificiales, entre ellos la industria militar, que permite absorber capital sobrante, estimular el crecimiento y crear mercados forzados.
Por su parte, Rosa de Luxemburg subraya que el militarismo no sólo sirve para que existan guerras entre potencias, sino que es un mecanismo económico central, un “campo de acumulación” donde se realiza plusvalía que no encuentra salida en la economía civil.
La destrucción provocada por la economía del armamento permite reactivar ciclos económicos, como se ha comprobado analizando los periodos previos a las I y II guerras mundiales.
El soporte de los estados a la industria del armamento y el militarismo ayuda a organizar y acelerar este proceso destructivo.
Si hacemos un análisis actual de los párrafos anteriores podemos concluir que las tesis clásicas de Lenin y Rosa de Luxemburg que definen el armamentismo como una necesidad estructural del capitalismo imperialista— no puede aplicarse hoy de forma mecánica, pero sigue teniendo una base empírica fuerte en varios aspectos contemporáneos.
¿Qué elementos siguen siendo válidos hoy?
a) El gasto militar como motor económico
Los datos actuales son contundentes y verificables:
Gasto militar mundial 2024: 2,44 billones de dólares (máximo histórico). Fuente: SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), 2024.
EE. UU.: 916.000 millones; China, Rusia, India y Arabia Saudí completan el top 5.
La industria de defensa se integra en cadenas globales de alto valor (microchips, IA, ciberseguridad, sector aeroespacial).
Todo ello, encaja perfectamente con la idea de que el sector del armamento es un sector estabilizador en épocas de incertidumbre económica. La fabricación y venta de armas es un valor «refugio» para el capital y los fondos de inversión.
b) Estados que sostienen y expanden la industria militar
El diagnóstico leninista sobre la intervención del Estado es sorprendentemente actual:
-Subvenciones masivas a empresas de defensa (Lockheed Martin, Raytheon, Airbus Military).
-Programas plurianuales de rearme aprobados por parlamentos (OTAN 2% PIB). -Fondos europeos de defensa (FED, EDF) creados para impulsar el rearme sistemático.
En España: El «Plan de Industria y Desarrollo Tecnológico para la Seguridad y la Defensa» del gobierno de Pedro Sánchez es un plan aprobado en abril de 2025 con una inversión de 10.471 millones de euros para alcanzar el 2% del PIB en gasto de defensa en 2025. Los objetivos incluyen modernizar los equipos de las Fuerzas Armadas, mejorar las condiciones laborales del personal militar y potenciar el desarrollo tecnológico en áreas como la ciberseguridad, la biotecnología y la inteligencia artificial.
El Estado sigue actuando como garante, financiador y cliente.
c) Competencia imperial y tensiones geopolíticas
La lógica de “reparto del mundo” se refleja hoy en varios puntos de conflicto. Entre otros:
La rivalidad estratégica EE.UU.–China en su pugna por la dominación del Indo-Pacífico, la fabricación de microchips o el control de las rutas marítimas).
Guerra en Ucrania: disputa por el control energético, los cereales y las tierras raras.
Los conflictos persistentes en Oriente Medio, con intereses en Petroleo, nuevos mercados inmobiliarios (como «la nueva palestina» de Trump) y rutas comerciales).
El control de Venezuela por EEUU con intereses en el mercado del petróleo…y en el mercado de las drogas.
No es el reparto colonial clásico, pero sí un proceso de competencia entre grandes potencias con dimensión militar.
¿Qué elementos NO son directamente aplicables?
a) El capitalismo hoy no está “cerrado” como en 1914. La globalización ha provocado que los mercados mundiales entén interconectados. La expansión ya no depende exclusivamente de la expansión territorial y las colonias. Los «aranceles de Trump» vienen a provocar una especie de «nacional-capitalismo» en el que los estados se vuelven proteccionistas de sus propios capitalistas.
b) La innovación no proviene solo del sector militar, o como mínimo no como se entendía en el siglo XX. Es más grave aún: existe gran inversión en innovación en sectores civiles como la tecnología, el software, la IA, la investigación sobre el cerebro, la genética…sectores que en principio no tienen que ver con la industria de la guerra…pero solo en principio, porque juegan un doble papel: el de ser sectores que pueden hacer avanzar la ciencia para el beneficio colectivo, también son instrumentos útiles para el espionaje, el control de la información y las «guerras modernas», que necesitan otras herramientas más allá de las bombas y los tanques.
En resumen, las teorías clásicas, aunque no son deterministas, sí que en explican en buena medida algunas de los fenómenos a los que hoy estamos asistiendo:
El gasto militar como salida económica para el capital.
El papel central de los Estados que sostienen y alimentan con fondos públicos la acumulación de capital vía armamento.
La relación estructural entre armamento y geopolítica.
El análisis de la teoría clásica marxista sigue siendo útil para entender por qué el rearme crece, por qué los Estados lo financian y por qué las tensiones globales se militarizan.
Veamos como toman forma en diversas economías mundiales.
El complejo militar–industrial (CMI) de EE. UU
En su discurso de despedida en 1961, el presidente Dwight D. Eisenhower, advirtió del peligro de una alianza estructural entre:
El Pentágono (Departamento de Defensa).
Las grandes empresas contratistas de defensa.
El Congreso, cuyos distritos electorales se benefician del gasto militar.
Los datos oficiales actuales le dan la razón:
Presupuesto militar 2024: 916.000 millones de dólares Fuente: U.S. Department of Defense Budget FY2024; SIPRI 2024.
EE. UU. representa casi el 40% del gasto militar mundial.
La economía de defensa implica más de 3 millones de empleos directos e indirectos. Fuente: Aerospace Industries Association, 2023.
El CMI no es un sector más: es uno de los motores económicos más estables del país.
Entre las principales contratistas:
Lockheed Martin (F-35, misiles Patriot, HIMARS)
Raytheon/RTX (misiles, radares, sistemas de guiado)
General Dynamics (submarinos nucleares, carros Abrams)
Estas compañías dependen en más del 70% de sus ingresos del Departamento de Defensa.
El CMI está diseñado para ser estable e imbatible: con presupuestos plurianuales, contratos cost-plus (el Estado cubre gastos y sobrecostes), lobbies formales y ex-generales incorporados a los consejos de administración… y el congreso remando a favor.
El Congreso aprueba año tras año aumentos del gasto militar. Cada distrito electoral alberga fábricas, proveedores o centros de I+D, lo que convierte el presupuesto militar en una máquina de redistribución territorial de empleo y contratos.
Es un mecanismo casi blindado: recortar el gasto militar es políticamente impopular y económicamente costoso en los estados implicados.
El “Revolving Door” o las puertas giratorias mediante la que muchos altos cargos del Pentágono pasan a empresas militares y viceversa. Fuente: Project on Government Oversight (POGO), 2023.
El CMI actúa como:
Absorbedor de capital en un sistema financiero hi–pertrofiado, y como un estímulo anticíclico durante las crisis (2001, 2008, 2020).
Por ejemplo, durante la crisis financiera de 2008, mientras el PIB caía, el gasto militar siguió creciendo.
En cuanto a la relación del CMI con la política exterior, la doctrina militar estadounidense está estrechamente vinculada a su economía de defensa:
Presencia de más de 750 bases militares en el mundo (incluyendo las españolas) Fuente: Department of Defense Base Structure Report, 2023.
Liderazgo estratégico en la OTAN.
Intervenciones o apoyos armados en Oriente Medio, Asia y África.
Capacidad de condicionar la política industrial europea (chips, 5G, defensa conjunta).
Las guerras de Iraq y Afganistán implicaron contratos valorados en billones de dólares para el CMI (Halliburton, KBR, etc.).
En cuanto a la innovación tecnológica derivada del CMI, casi toda la tecnología estratégica estadounidense tiene raíz militar:
Internet (DARPA) fue una inversión militar.
Los GPS una invención del Departamento de Defensa.
Drones
Sistemas de posicionamiento y sensores
Mucha tecnología espacial
Hoy, la IA militar, los sistemas autónomos y la ciberguerra marcan la nueva frontera.
El CMI no solo produce armas: crea tecnologías que luego colonizan la economía civil.
En resumen, el complejo militar–industrial de EE. UU. no es un accidente histórico: es la columna vertebral del capitalismo estadounidense contemporáneo, fusionando economía, tecnología, política exterior y poder estatal.
¿Qué pasa con China?
El caso de China es diferente. China no copia el modelo militar-industrial de EE. UU.: construye otro
China no busca replicar el complejo militar–industrial estadounidense. Su estrategia es integrar la economía civil y militar en un único sistema nacional de innovación y producción.
Este modelo se denomina oficialmente: «Fusión civil-militar” (Military-Civil Fusion, MCF) y fue aprobada como estrategia de Estado en 2015 por el gobierno de Xi Jinping.
Su objetivo, no es otro que convertir a China en una potencia militar, tecnológica y económica autosuficiente, reduciendo la dependencia exterior y preparando al país para conflictos de alta intensidad en el siglo XXI.
Fuentes oficiales: Libro Blanco de Defensa de China 2019; “Made in China 2025”; U.S.–China Economic and Security Review Commission.
China articula su estrategia sobre tres ejes:
a) Romper el cerco tecnológico y militar de EE. UU. Sin embargo, el Indo-Pacífico se ha convertido en el epicentro de la competencia global. Estados Unidos lidera una red de alianzas con Japón, Corea, Filipinas, Australia, diseñada explícitamente para limitar la expansión china, proteger las rutas marítimas, y sostener la hegemonía militar estadounidense.
La respuesta china combina diplomacia, al tiempo que se refuerzan en armamento y lideran la economía mundial, en especial las materias primas y se ha convertido en la fábrica del mundo desde la que controlan la economía y los mercados no financieros.
b) Construir una capacidad militar capaz de negar el acceso a EE. UU.
China sabe que no puede igualar el poder global estadounidense, así que opta por una estrategia distinta: defenderse de EEUU, desarrollando tecnología y armamento capaz de impedir que EE. UU. entre en el espacio militar chino (Mar del Sur de China, Taiwán).
Esas defensas incluyen: misiles hipersónicos DF-17, misiles antibuque de largo alcance DF-21D (llamado “carrier-killer”), la expansión de la armada (ya la mayor del mundo en número de barcos, según el Pentágono, 2023), construcción de bases navales y aéreas en el Mar del Sur de China, desarrollo intensivo de drones, inteligencia artificial y ciberguerra.
Su objetivo es hacer demasiado costosa para EE. UU. cualquier intervención a gran escala.
c) Convertirse en superpotencia tecnológica y manufacturera
La ventaja estructural de China no es militar sino industrial: controla alrededor del 30% de la manufactura mundial.
Lidera en 5G, vehículos eléctricos, ferrocarril de alta velocidad e infraestructura global.
La estrategia militar se apoya en esta base industrial gigantesca, igual que Estados Unidos apoya su poder militar en su potencia tecnológica.
Además, China cuenta con el proyecto “Made in China 2025”, que es un Plan estratégico para reducir la dependencia exterior en sectores clave como la robótica, la aeronáutica, los chips, la IA, la defensa avanzada, la biotecnología o los materiales estratégicos.
Este plan es uno de los motivos principales de las tensiones comerciales con EE. UU, además del conflicto por Taiwan, clave en la cadena global de chips (TSMC concentra más del 60% de la fabricación avanzada).
China persigue una estrategia nacional coherente: rearmarse para negar el dominio militar estadounidense, controlar sectores tecnológicos clave, expandir su influencia económica global, reducir vulnerabilidades estratégicas, estar preparada para un escenario de conflicto en el Indo-Pacífico.
A diferencia de EE. UU., su poder militar no es el centro del sistema: es la prolongación de su poder económico-industrial.
El papel de la OTAN
La OTAN nació en 1949 como alianza militar contra la URSS. Tras 1991 (fecha de desaparición de la URSS, la OTAN NO desaparece, sino que se redefine.
Su función teórica es constituir un bloque militar occidental que sirva como mecanismo de integración estratégica de Europa bajo liderazgo estadounidense,
No es un club de defensa simétrico: EE. UU. aporta aproximadamente el 70% de las capacidades militares de la alianza. Trump lo sabe, y exige ampliar la compra de armamento a EEUU.
Pero la estrategia del líder de la OTAN, es decir EEUU siguió tras la caída del muro un camino peligroso: se expande hacia el este y provoca la ruptura con Rusia
Tras la caída del Muro, lejos de disolverse, la OTAN se amplía en seis oleadas:
Para Rusia, esta expansión viola los entendimientos políticos de 1990, desestabiliza su perímetro de seguridad, favorece la aparición de conflictos en su vecindad.
Para EE. UU. y la OTAN, las bases de la OTAN consolidan un “cordón sanitario” frente a Moscú, aumenta la interoperabilidad militar occidental y encierra a Rusia en una profunda dependencia estratégica de China.
Desde 2022, ante el conflicto de Ucrania, la OTAN ha entrado en una fase nueva:
a) Rearme masivo en Europa:
Alemania crea un fondo especial de 100.000 millones de euros (2022).
Polonia planea duplicar su ejército y alcanzar el 4% del PIB en gasto militar.
Países bálticos y nórdicos aceleran la compra de sistemas estadounidenses.
b) Europa vuelve a depender de EE. UU.
El 90% de los sistemas enviados a Ucrania proceden directa o indirectamente de EE. UU.: HIMARS, Patriot, misiles aire-aire, artillería, drones, inteligencia satelital.
La guerra ha reforzado exactamente lo que EE. UU. buscaba: recentralizar la arquitectura militar europea bajo su mando.
c) Restauración de la función original de la OTAN.
La guerra de Ucrania le da un nuevo propósito: contener a Rusia en el flanco oriental y preparar al bloque para posibles conflictos de alta intensidad.
OTAN y China: el desplazamiento al Indo-Pacífico
Aunque China no está en el Atlántico Norte, aparece por primera vez en el Concepto Estratégico 2022 de la OTAN, porque China desafía la supremacía tecnológica occidental, controla sectores críticos de la manufactura mundial y alinea su estrategia con Rusia en los planos militar, energético y diplomático. Además, la OTAN ve que la Marina China crece más rápido que cualquier otra en el mundo.
Aunque la OTAN no puede desplegarse directamente en Asia, sí que está coordinando estrategias con Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, para cerrar el cerco geoestratégico a China.
En definitiva, ese anacronismo que es la OTAN está experimentando una evolución que choca con los objetivos de la Unión Europea de construir una “autonomía militar estratégica”.
La realidad es otra:
Más del 60% del armamento europeo comprado desde 2022 procede de EE. UU. Fuente: European Defence Agency, 2023.
Los ejércitos europeos dependen de satélites, inteligencia y logística estadounidenses.
Las industrias de defensa de Francia, Alemania e Italia compiten entre ellas sin un verdadero mercado común, como se vio con la venta de submarinos a Australia.
En conclusión: lejos de presevar la Europa social del estado de bienestar, Europa se ha convertido en un “cliente estratégico” del complejo militar–industrial de EE. UU (CMI)
Por esa razón, la OTAN fija el objetivo del 2% del PIB en gasto militar, con el consecuente enfado de Trump ante la negativa aparente de Pedro Sánchez.
Sin embargo, más de 20 países ya han alcanzado ese umbral en 2024 (récord histórico).
La mayor parte del dinero se canaliza hacia empresas estadounidenses: Lockheed Martin, Raytheon/RTX, Boeing Defence, Northrop Grumman.
La OTAN no sólo es una alianza militar, es un mercado permanente para la industria de defensa estadounidense, y además cumple a la perfección de instrumento para la sumisión de Europa a EEUU en sus intereses geopolíticos, al subordinar la política exterior europea a la lógica atlántica, y los intereses contra China.
La economía rusa de guerra.
Desde la caída del muro, el poder de las oligarquías rusas ha provocado que la economía rusa se haya transformado en una especie de modelo híbrido de capitalismo estatal militarizado, donde el gasto militar es el motor del crecimiento, el Estado dirige sectores clave, la industria está reconvertida para un conflicto largo, y en el que las sanciones han generado un giro estructural hacia Asia, especialmente China y Corea del Norte.
En otras palabras. Rusia ha reconstruido una economía de guerra funcional capaz de sostener un conflicto largo, pero a costa de hipotecar su desarrollo civil y su autonomía estratégica frente a China. ¿hasta cuándo?
Rusia ha convertido la defensa en el motor principal de su crecimiento económico. Fabrica actualmente más proyectiles de artillería que toda la OTAN junta, gracias a la reconversión de fábricas y al apoyo de Corea del Norte y (en menor medida) Irán en drones y munición.
El crecimiento del PIB ruso en 2023–2024 (entre 2% y 3%, según el Banco Central de Rusia) se debe casi exclusivamente al gasto militar, a pesar de las sanciones económicas de Europa.
Por ejemplo, las fábricas civiles (automoción, maquinaria, metalurgia) han sido reconvertidas parcial o totalmente en producción militar.
Uralvagonzavod: tanques y vagones) ; las fábricas electrónicas de Kaliningrado y San Petersburgo producen componentes para drones y misiles y las empresas privadas están obligadas por ley a aceptar contratos estatales de defensa.
A diferencia de EE. UU., donde el complejo militar-industrial es privado, en Rusia el Estado es el núcleo organizador.
Las grandes corporaciones (Rostec, Almaz-Antey, United Aircraft Corporation, Rosoboronexport) son estatales o paraestatales y funcionan como consorcios de guerra.
Más de 3 millones de rusos trabajan en la industria de defensa.
Como punto débil de Rusia: su dependencia tecnológica. Rusia sufre carencias críticas en microchips, maquinaria de precisión, óptica avanzada, componentes aeronáuticos… y para cubrirlas, recurre a importaciones indirectas a través de Turquía, Emiratos, Kazajistán, Kirguistán, y una cooperación reforzada con China.
La economía rusa, hoy, crece porque está en guerra. Si la guerra terminara, entraría en recesión.
Viejas teorías de radiante actualidad
Acabo este artículo concluyendo que las viejas teorías que alertaban de la industria de la guerra sería el refugio del capital en tiempos de incertidumbre, y que la militarización y las guerras sostendrían la economía, son claramente de actualidad analizando los ejemplos desglosados en estas páginas.
Por tanto, si las guerras, la muerte y la destrucción son las bases de la nueva economía, un nuevo mundo no solo es posible, sino absolutamente necesario.
En los EE.UU., las elecciones las suele ganar el partido que más dinero recauda entre los donantes. El 26 de octubre, en Argentina, hemos visto que un elemento fundamental ha sido el apoyo de Trump con 20.000 millones de dólares al Gobierno de Milei, en las elecciones para elegir senadores y diputados nacionales.
En la política, particularmente en los procesos electorales, se debería aplicar un sistema “antidoping”, como en el deporte, de tal manera que los partidos y candidatos salgan todos desde la misma línea, económica.
No solo es la cantidad de dinero que los partidos y sus candidatos reciben -aunque al final todo se traduce en coste económico-, también influye el apoyo mediático y la acción de las redes sociales -redes sociales que son propiedad de los tegnomagnates de las Big Tech-.
Si el punto de partida de la democracia, que es la elección de los representantes del pueblo, y se quiere mantener que “la soberanía reside en el pueblo” (art.º 1.2 de la Constitución Española) habrá que garantizar que eso es cierto.
Continuando con la metáfora deportiva, en el desarrollo del campeonato no debería permitirse la trampa, y para eso están los árbitros -jueces de primera instancia- que interpretan los reglamentos. Bien es cierto que en el deporte también hay evidencias, aunque estén sub iudice y por tanto presuntas, de compra de árbitros.
Nuestro Gobierno de coalición y de la democracia.
En este “campeonato” los rivales de quienes ganaron la primera ronda –victoria para formar Gobierno en aplicación de las reglas del juego– vienen pidiendo que se anule la competición desde el minuto uno del partido. Además, con el fallo anticipado y su posterior sentencia de condena al Fiscal General del Estado, se pone en evidencia que, no ya los “árbitros” de campo, los altos tribunales toman posición de parte. Con todo esto, cómo cabe esperar que no haya una desmotivación hacia la política, o lo que es lo mismo; hacia la democracia. Lo que ocurre es que es una desmotivación artificial, creada ad hoc para obtener lo que las urnas no les dieron.
No obstante, en la competición de élite, y gobernar lo es, no vale escudarse en las trampas del contrario, como en fútbol, no sirve con jugar bien, hay que meter goles, y este Gobierno hay fases del juego en las que no tira a puerta y otras en las que no defiende bien.
Reprocho al Gobierno, y a Pedro Sánchez en particular, que se haya dejado meter goles por la escuadra, por una serie de personajes como: Leire Díez, José L. Ávalos, Santos Cerdán y que haya mantenido, incluso que se haya visto tentado de subir al podio a puercos como los que compañeras del PSOE venían denunciando desde hacía tiempo. ¿No tienen ninguna responsabilidad los miembros de la Comisión de Ética y Garantías, que han fallado a la hora de garantizar los derechos de las afiliados y afiliados y del cumplimiento del Código Ético?
Reprocho al Gobierno, a todos los partidos que lo componen por tratarse de un órgano colegiado, que no estén proponiendo soluciones ciertas y urgentes al drama social insoportable de la vivienda, con cambios legislativos contundentes que aparten a los fondos buitre y apliquen una fiscalidad que castigue a los especuladores, y combinado con un programa de construcción de vivienda social y pública que inunde la oferta, un plan a medio y largo plazo, que impida por ley que la vivienda social pueda ser vendida -si es social y construida y/o financiada con dinero público, nadie debería poder venderla-.
Reprocho al Gobierno, y a la Ministra de Sanidad en particular, que no hayan planteado la derogación de la Ley 15/97, foco de infección de la privatización y la corrupción que se está cebando con la Sanidad Pública.
Reprocho al Gobierno que medidas acertadísimas, como la subida de un 61% desde 2018 del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no haya sido acompañada de otros mecanismos que hubiesen evitado que el salario más frecuente en España cayese de 18.469 € de 2018 a los 16.576 € de hoy, una pérdida del 10,24%, paralelamente el IPC crecía un 18,29%, para el periodo 2018-2024; una pérdida de poder adquisitivo para muchos trabajadores del 28,53%. En esto también tienen responsabilidad los sindicatos, cuyo cometido es luchar por los derechos de los trabajadores.
Reprocho al Gobierno que no se haya cumplido con la Ley 21/2021, en su disposición adicional sexta, y que no se haya encargado una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, para tapar de una vez por todas la boca de los corifeos de la banca y las aseguradoras, sobre la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones.
Hago estos reproches al Gobierno, y otros reproches que no plasmo por no extenderme, porque es el derecho que me da la libertad de expresión y el convencimiento de que a los tuyos no se les ayuda con halagos y adulaciones, sino con crítica política.
Criticar, reprochar e incluso estar enfadado por las decisiones no tomadas por el Gobierno y por el líder del partido al que pertenezco, no me lleva a secundar los planteamientos de los que no juegan limpio.
Resulta grotesco que el primer partido de la oposición apueste por ganar las elecciones en Extremadura, a nombre de que “cuando la situación se estanca hay que darle la voz al pueblo”, pero cuando la situación se pudre, como es el caso de País Valencià, con 229 víctimas mortales, no le dan la voz al pueblo, lejos de eso, le dan el poder al fascismo.
Es estrafalario que los fascistas de VOX sean quienes alienten denuncias a través de sus marcas blancas, como Hazte Oir o Manos Limpias, cuando se está sabiendo que su organización juvenil se ha quedado con el dinero de las donaciones para los afectados por la DANA. Por no ser, no son ni originales, pues ya Rafael Blasco, ex consejero de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana en el Gobierno de Francisco Camps, fue condenado por malversación y prevaricación en el llamado «Caso Blasco», una trama que desvió millones de euros de ayudas a ONG para proyectos en el Tercer Mundo hacia fines personales y empresariales.
Lo que resulta alucinante es que millones de personas estén dispuestas a votar esta gente. Es verdad que los votantes de ideología conservadora pensarán lo mismo del voto de los votantes de izquierda, pero en algún momento habrá que parar, y el frenazo no puede tener como resultado la ruptura de la democracia, cuando ni siquiera se rompió con el franquismo.
Además, y por último, los números no me cuadran:
Por motivos económicos el 75% de la población no puede acceder a una póliza privada de salud, y por los mismos motivos sus hijos e hijas no puede acceder a la universidad privada. En la mayoría de los casos estas familias ven sufrir a sus hijos e hijas cuando pasan los años y se ven obligados a vivir en una habitación en piso compartido ¿Y muchos de ellos votan derecha?
No lo comprendo, mientras tanto, solo hay una salida: que el Gobierno gobierne para esa mayoría social, sin titubeos.
Las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas de las últimas décadas han alterado profundamente las condiciones en las que se desarrolla la vida democrática y el propio papel del socialismo como proyecto político. No asistimos al fin de la democracia, pero sí a un debilitamiento de su base social y material, que exige una reflexión honesta y estratégica por parte de las fuerzas socialistas.
La globalización, la digitalización y los cambios en los modelos productivos han generado crecimiento y avances tecnológicos, pero también han provocado precarización laboral, concentración de riqueza, inseguridad vital y una creciente sensación de injusticia entre amplios sectores de la clase trabajadora. Esta percepción se ve agravada cuando el esfuerzo individual —trabajo, cotización, cumplimiento de normas— no encuentra una correspondencia clara en las políticas públicas, erosionando la confianza en el sistema democrático y en la política como herramienta de mejora colectiva.
Desde una perspectiva socialista, resulta imprescindible reafirmar una idea central: el Estado social se sostiene sobre el trabajo, la contribución y la reciprocidad. Las políticas públicas deben proteger a quienes lo necesitan, pero también reforzar el vínculo entre derechos y participación en la comunidad política. Todo el mundo debe recibir en función de sus necesidades, pero también todo el mundo debe aportar en función de sus posibilidades. Cuando las ayudas sociales se perciben como desvinculadas de cualquier compromiso de contribución a la sociedad, se genera desafección entre la clase trabajadora activa, se expande el concepto de «parasitarismo» que fracciona la clase trabajadora y se cuestiona y debilita la legitimidad del propio Estado del bienestar, dejando el terreno abonado a la ultraderecha que pesca en los caladeros de los barrios obreros, donde la desigualdad se da la mano con la desinformación.
Este mismo principio debe aplicarse a ámbitos clave como la vivienda, la inmigración o la seguridad. Defender el derecho a la vivienda exige políticas públicas ambiciosas, pero también garantizar seguridad jurídica y equidad para quienes, con grandes esfuerzos, cumplen sus obligaciones.
En materia migratoria, una política progresista debe combinar derechos, integración laboral y exigencia de convivencia cívica, diferenciando con claridad entre quienes vienen a trabajar y aportar y quienes vulneran las normas comunes. No hacerlo favorece discursos simplistas que la extrema derecha instrumentaliza con facilidad. De la misma manera que se lucha por la convivencia y la cohesión social, se deben redoblar los esfuerzos por eliminar las causas que obligan a la gente a ejercer el derecho a la emigración para sobrevivir y prosperar.
Junto a estas cuestiones, el socialismo debe reabrir debates estratégicos que han quedado relegados o tratados de forma tímida. Entre ellos, el papel de la propiedad pública en sectores estratégicos como la energía y la banca. La experiencia reciente demuestra que dejar estos ámbitos exclusivamente en manos del mercado limita la capacidad del Estado para garantizar precios justos, seguridad de suministro y orientación del crédito hacia objetivos productivos y sociales. Plantear fórmulas de propiedad pública, participación estatal o control democrático no es una reliquia ideológica, sino una respuesta pragmática a fallos estructurales del mercado.
Asimismo, resulta imprescindible situar en el centro las políticas públicas de vivienda, transporte y regulación de los mercados.
El acceso a una vivienda digna, a un transporte público eficiente y a mercados regulados que eviten abusos no son políticas accesorias, sino pilares materiales de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social. Sin estos elementos, la democracia pierde contenido real y se convierte en un marco formal cada vez más frágil.
Un reto específico de nuestro tiempo (o quizás no tanto) es el impacto de la automatización y de la inteligencia artificial en el empleo. La introducción de nuevas tecnologías puede aumentar la productividad, pero también destruir puestos de trabajo y debilitar la base contributiva del sistema de protección social. El socialismo no puede limitarse a celebrar la innovación ni a demonizarla: debe gobernarla.
En este sentido, resulta legítimo y necesario abrir el debate sobre nuevos sistemas de cotización y fiscalidad que tengan en cuenta el impacto de las decisiones empresariales sobre el empleo. Un modelo en el que las empresas que destruyen empleo de forma sistemática mediante automatización contribuyan más al sistema, mientras que aquellas que mantienen o crean empleo estable sean incentivadas, permitiría adaptar el Estado del bienestar a la nueva realidad productiva. No se trata de frenar el progreso tecnológico, sino de repartir de forma justa sus costes y beneficios.
El papel de las grandes empresas tecnológicas y de las plataformas digitales refuerza esta necesidad de regulación democrática. Su capacidad para influir en la economía, el empleo y el debate público supera con creces los marcos regulatorios actuales. Defender la democracia implica someter estos poderes a control público y garantizar que su actividad contribuya al interés general.
En el ámbito europeo e internacional, estos debates se entrelazan con las discusiones sobre seguridad, gasto público y autonomía estratégica. Una política socialista coherente debe rechazar falsas dicotomías entre seguridad y derechos sociales, y defender que la verdadera seguridad se construye sobre empleo digno, servicios públicos fuertes y cohesión social.
Y es en el marco de los servicios públicos, donde los mal llamados «liberales» y la ultraderecha abonan el terreno para desprestigiar la sanidad y la educación públicas para que los mercados privados que ellos mismos favorecen e incentivan, emerjan, ganen cuota de mercado a lo público, y lo que es incluso peor….exista una transferencia cada vez mayor de dinero público al sector privado, que hasta ahora, ha sido, tristemente tolerado, cuando no defendido, por políticos de izquierda, que intentan convencernos de que sería imposible mantener un sector únicamente público porque sería insostenible económicamente.
La transición ecológica es un objetivo irrenunciable, pero su diseño actual plantea problemas de justicia social que el socialismo no puede ignorar. Las políticas de ayudas a la compra de vehículos eléctricos, tal como están concebidas, benefician de manera desproporcionada a las rentas más altas, capaces de adelantar inversiones elevadas y acceder a infraestructuras privadas de recarga, mientras dejan al margen a amplios sectores de la clase trabajadora que dependen de vehículos antiguos o del transporte público insuficiente.
Lo mismo sucede con las zonas de bajas emisiones que prohiben la circulación de vehículos «contaminantes» sin que las políticas de transporte público cubran las necesidades de los trabajadores y trabajadoras.
O con las nuevas regulaciones de las tasas de recogida y tratamiento de residuos, que encarecen nuestra contribución a la limpieza del planeta y al aprovechamiento de los recursos mientras el planeta es destruido por bombas, misiles altamente contaminantes o mientras consumimos gas licuado estadounidense extraído con técnicas contaminantes como «fracking», tan del gusto de Donald Trump. Eso sí, cerramos las minas, seguimos siendo un país energéticamente dependiente de otros, y regalamos la producción de energía renovable a las mismas empresas que se lucraron con las energías no renovables.
Al mismo tiempo, la descarbonización de sectores industriales y productivos tiene un impacto directo sobre el empleo y las condiciones de vida en determinados territorios, generando incertidumbre y miedo al empobrecimiento. Reconocer estos efectos no es negacionismo climático, sino una condición necesaria para que la transición sea socialmente sostenible. Sin políticas públicas que garanticen alternativas reales de empleo, formación, movilidad asequible y reparto equitativo de los costes, la transición ecológica corre el riesgo de percibirse como un proyecto impuesto desde arriba, debilitando el apoyo social necesario para afrontarla con éxito.
En definitiva, los retos del socialismo en la sociedad actual no son nuevos, son la evolución del viejo capitalismo, tan documentado y predictible para los marxistas, tan denostados por los socio-liberales y liberales.
A la socialdemocracia no le basta con resistir el avance de discursos autoritarios, sino que debe reconstruir un proyecto político reconocible para la mayoría social trabajadora. Dicho de otra manera, los populismos y la ultraderecha no crecen espontáneamente, sino que lo hacen ante la falta de una respuesta eficaz a las preocupaciones y necesidades de la mayoría social.
Un proyecto debe combinar derechos y deberes, protección y responsabilidad, innovación y justicia social. Abrir estos debates sin miedo ni consignas es una condición necesaria para fortalecer la democracia y renovar el compromiso socialista con la transformación social.
La Plaza de la Villa de Paris, sede del Tribunal Supremo, el 6 de diciembre, día de la Constitución, se volvió a llenar de ciudadanos para repudiar a los Magistrados del Tribunal Supremo que han condenado a nuestro fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Puede que en un día como hoy, puente de la Constitución y sábado, no haya acudido demasiada gente, unas mil personas, que ya es un logro, pero sí se ha detectado mucha rabia, mucha pasión contenida, muchas ganas de gritar a los magistrados que son unos golfos, unos prevaricadores y que les importa un pito la justicia y hasta su propia toga, con tal de favorecer a sus amos, a los que se deben: PP y VOX.
Se ha gritado contra los magistrados que, sin pruebas inculpatorias y destrozando la presunción de inocencia, han condenado al fiscal general, porque el Tribunal Supremo, con el peor estilo fascista, adelantó el Fallo de la Sentencia, sin que ni siquiera estuviera redactada, (aunque la sentencia estaba puesta desde antes de empezar el juicio) y quisieron adelantar el Fallo, para hacerlo coincidir con una fecha tan significada como el 20 N, 50º aniversario de la muerte del asesino Franco, para recordarnos que todo sigue atado y bien atado y qué son ellos, los Magistrados del Supremo, los encargados de seguir afianzando los nudos que atenazan la democracia y el Estado de Derecho.
El Tribunal Supremo, ha demostrado su suprema indignidad, (se creen intocables e impunes y no lo son) y ha prevaricado porque pueden y les da lo mismo, sabiendo que la sentencia, aún por dictar, se la van a tumbar en el Tribunal Constitucional, pero les da lo mismo, se trataba de cargarse al fiscal general, como hicieron con el juez Garzón, y sin la menor prueba inculpatoria, han seguido la estrategia del Partido Popular y de los fascistas, condenando al fiscal general, para que el presidente del Gobierno se achique y convoque elecciones.
Han cometido la mayor indignidad y el mayor delito de prevaricación de toda la historia de la Judicatura Española, se han cargado toda confianza posible en el sistema judicial y han atentado contra la democracia y el Estado de Derecho.
Madrid ha gritado que no se va a callar, que basta ya, ha gritado su rabia contra la injusticia y la arbitrariedad de unos magistrados que no son independientes y que sólo siguen la estrategia del PP y de los de VOX, pagando favores y prebendas recibidas.
Este Fallo adelantado no ha sido sino la guinda del golpe de estado judicial, golpe blando que le dicen, que el CGPJ viene perpetrando desde que Pedro Sánchez fuera investido como presidente de Gobierno, en 2023.
Como afirma González Mendoza, luchar por la transparencia y la independencia judicial es luchar por la depuración del aparato del Estado, una tarea pendiente desde la Transición. Y esa lucha, en última instancia, es inseparable de la lucha por la República. Porque solo en una República que garantice la separación real de poderes y la democratización de la justicia, podremos hablar de un Estado verdaderamente libre y soberano.
El pasado sábado 29 de noviembre, aniversario de la Resolución 181 de la ONU que dividió Palestina a cuenta del imperialismo, volvieron a movilizarse las organizaciones palestinas en más de 40 ciudades de todo el Estado español.
La movilización en solidaridad con la lucha y la resistencia palestina, por los derechos humanos, por la paz, unió a colectivos palestinos, partidos de izquierda, estudiantes, pensionistas y organizaciones sindicales que salieron a las calles de pueblos y ciudades exigiendo un alto el fuego definitivo en Gaza y Cisjordania, y a nuestro Gobierno, el embargo total de armas y la ruptura de todas las relaciones económicas y políticas que el Estado español mantiene con el Estado criminal y genocida de Israel.
La estrategia de Trump y Netanyahu de intentar quitar del foco mediático el genocidio que están perpetrando en Gaza mediante la publicación de un falso acuerdo de paz no ha sido suficiente para desmovilizar a la ciudadanía que no se ha dejado engañar. Madrid, Barcelona, y hasta cuarenta localidades, han respondido de manera clara y masiva a la farsa, dejando claro que la lucha por la libertad y el derecho a decidir del pueblo palestino sigue estando en el centro de las reivindicaciones de la clase trabajadora.
Mientras muchos militantes de partidos y sindicatos participan masivamente en las movilizaciones, los partidos que se reclaman de la izquierda deberían participar de manera organizada con consignas claras. Es lo que ellos esperan de las organizaciones sindicales confederales de las Comisiones Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT), que tras la pasada convocatoria para la jornada de lucha y huelga del pasado 15 de octubre, parecía que iban a continuar participando, y no ha sido así .
Pese a todo, la base militante política y sindical continúa saliendo a las calles dando ejemplo de lucha a todas las organizaciones de izquierda, reivindicando con su solidaridad un derecho tan legítimo como es la libertad de decidir del pueblo palestino.
La mayoría social quiere una paz justa para Palestina, sin falsos pactos, y así se ha reflejado en las calles de todo el Estado español y de muchos otros países en la Jornada Internacional por Palestina en el 78º aniversario de la partición. Porque la lucha es el único camino, debemos continuar con la lucha y las movilizaciones si queremos una Palestina libre desde el rio hasta el mar.
J. FER
Miembro del comite por la alianza de trabajadores y pueblos (CATP)
La independencia judicial en España es, en demasiadas ocasiones, una ficción. Tras la Transición, el poder judicial se consolidó como un bastión conservador, corporativo y opaco, que hoy actúa como actor político decisivo. Desde el lawfare hasta la resistencia a la Ley de Amnistía, los ejemplos abundan y revelan una realidad incómoda: sin una justicia verdaderamente independiente, la democracia está incompleta.
En el número 170 de TS reflexioné sobre la presunta independencia de la Justicia española y concluí que existe un sector de la judicatura, especialmente en los puestos más altos, cuya vinculación con el Partido Popular —y en algunos casos con postulados cercanos a VOX— es evidente. Hoy doy un paso más: el problema es estructural. Lo que se presenta como independencia judicial es, en demasiadas ocasiones, una ficción que oculta un poder corporativo, conservador y profundamente politizado.
Lo que se presenta como independencia judicial es, en demasiadas ocasiones, una ficción que oculta un poder corporativo, conservador y profundamente politizado
La falta de depuración tras la dictadura permitió que magistrados del Tribunal de Orden Público franquista se reciclaran en la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores y el Tribunal Supremo. Así nació un CGPJ conservador, endogámico y opaco, que no rinde cuentas y que, lejos de ser imparcial, se ha convertido en un actor político decisivo. Como señala Miguel González Mendoza en La batalla por la Amnistía, este poder judicial ha sido “el verdadero azote, no solo del Procés, sino también del resultado electoral del 23 de julio de 2023”.
La falta de depuración tras la dictadura permitió que magistrados del Tribunal de Orden Público franquista se reciclaran en la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores y el Tribunal Supremo. Así nació un CGPJ conservador, endogámico y opaco, que no rinde cuentas y que, lejos de ser imparcial, se ha convertido en un actor político decisivo
La judicatura española se enfrenta ahora a un desafío histórico: la validación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la Ley de Amnistía. Desde el CGPJ hasta el Supremo, pasando por asociaciones judiciales y fiscales, se han opuesto frontalmente a esta norma, intentando bloquearla mediante recursos y cuestiones de inconstitucionalidad. Pero todo indica que el TJUE ratificará el informe favorable del Abogado General, obligando al Supremo a aplicar la amnistía a Puigdemont, Rovira y otros dirigentes del Procés. Será un golpe para quienes han instrumentalizado la justicia con fines políticos.
Conviene repasar algunos casos que ilustran la falta de independencia judicial y el uso del lawfare:
Baltasar Garzón es el ejemplo más claro: expulsado de la carrera judicial en venganza por investigar los crímenes del franquismo. Aunque fue absuelto en ese proceso, el Supremo lo condenó a 11 años de inhabilitación por prevaricación en el caso Gürtel. En 2021, la ONU declaró que sus juicios fueron arbitrarios y exigió su reincorporación, pero el CGPJ ignora la resolución. Este caso evidencia el carácter corporativo y vengativo del poder judicial, al servicio de un posicionamiento ideológico algo más que conservador.
Otro ejemplo es el juez García Castañón, artífice de una ofensiva judicial contra Podemos con más de veinte causas archivadas, y protagonista de maniobras para imputar a Puigdemont por terrorismo, buscando excluirlo de la amnistía. También blindó a dirigentes del PP en el caso Bárcenas y se declaró incapaz de identificar al famoso “M. Rajoy” en los papeles de la Gürtel. Su actuación resume la lógica del lawfare: perseguir a adversarios políticos y proteger a aliados.
El juez Joaquín Aguirre llevó el esperpento a otro nivel al intentar vincular a líderes independentistas con Putin, alegando que Rusia les prometió dinero y soldados para lograr la secesión.
Por su parte, Ángel Luis Hurtado, que se inició como juez de distrito, bloqueó preguntas incómodas a Rajoy en la Gürtel, se opuso a condenar al PP y fue ascendido al Supremo por un CGPJ caducado. Hoy procesa al fiscal general del Estado sin pruebas
en un juicio aún pendiente de sentencia.
No hablamos del Juez Juan Carlos Peinado, del Juzgado de Instrucción nº 46 de Madrid, por falta material de espacio, sólo decir que, sin base acusatoria alguna tiene procesada a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y según se le van cayendo las imputaciones, en una instrucción prospectiva, sigue buscando un motivo para mantenerla encausada.
Del mismo modo, Beatriz Biedma, del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, ha procesado por una denuncia de la organización fascista, HAZTE OIR, al hermano del presidente, David Sánchez Pérez-Castejón por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias, con una base acusatoria muy endeble.
Estos ejemplos no son anécdotas; son síntomas de un poder judicial que actúa como un poder autónomo, ajeno al control democrático, y que utiliza la justicia como herramienta política. La resistencia a la Ley de Amnistía y la persecución selectiva de adversarios confirman que la independencia judicial en España es, en muchos casos, una ficción. El CGPJ, sigue condicionando la vida política del país desde su perspectiva, claramente conservadora y afín al PP y mientras tanto, los medios afines amplifican cada maniobra, alimentando una narrativa que criminaliza la disidencia y protege a las élites conservadoras.
Cuando estoy finalizando la redacción del presente artículo, ha saltado la noticia de la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El Tribunal Supremo, con el peor estilo fascista, adelanta con toda celeridad el Fallo de la Sentencia, sólo siete días desde que quedó visto para sentencia el juicio, sin que ni siquiera esté redactada, pero lo han querido sacar para hacerlo coincidir con una fecha tan significada como el 20 N, 50º aniversario de la muerte del asesino, Franco. Nos recuerdan que todo sigue atado y bien atado y que son ellos, Magistrados del Supremo, los encargados de seguir afianzando los nudos que atenazan la democracia Y El Estado de Derecho.
La Sala de lo Penal no ha condenado al fiscal general de forma unánime: dos magistradas progresistas de los siete integrantes del tribunal han anunciado votos particulares para oponerse a esa decisión.
Han fallado que García Ortiz queda inhabilitado durante dos años para ejercer como fiscal general y tiene que pagar 10.000 euros a la pareja de Ayuso.
El Tribunal Supremo, con el peor estilo fascista, adelanta con toda celeridad el Fallo de la Sentencia,,,para hacerlo coincidir con el 20N y recordarnos que todo sigue atado y bien atado
Los votos de los magistrados conservadores -yo diría fascistas- que han votado condenarle han sido: Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.
Las magistradas que votaron en contra y van a emitir sendos votos particulares son: Susana Polo y Ana Ferrer.
El Tribunal Supremo, sin la menor prueba inculpatoria, ha seguido la estrategia del Partido Popular y de los fascistas, condenando al fiscal general, que, no obstante, podrá seguir actuando como fiscal de Sala, porque había que cargarse al fiscal, a toda costa, como se cargaron a Garzón, para intentar que el presidente del Gobierno se achique y convoque elecciones. Han cometido la mayor indignidad y el mayor delito de prevaricación de toda la historia de la Judicatura Española, se han cargado toda confianza posible en el sistema judicial y han atentado contra la democracia y el Estado de Derecho.
Esta sentencia ha sido la guinda en el golpe de estado judicial que el CGPJ viene perpetrando desde que Pedro Sánchez fuera investido como presidente de Gobierno, en 2023.
Los nombres de los cinco magistrados prevaricadores que han condenado al fiscal general, pasarán a la historia como los magistrados fasciogolpistas del Tribunal Supremo.
Por último, en ese golpe de Estado togado, que se viene dando de forma permanente, los conservadores y fascistas del CGPJ, han tensionado el Consejo hasta llegar a la ruptura y conseguir que los progresistas vuelvan a quedar en minoría. En efecto, los vocales progresistas del CGPJ han vuelto a quedar en minoría tras una ruptura del consenso y una reestructuración de las comisiones llevada a cabo por la presidenta, Isabel Perelló, y apoyada por vocales conservadores y uno de los vocales progresistas, Carlos Hugo Preciado, nominado por SUMAR, ahora, traidor, que se ha desmarcado de la disciplina de voto de su grupo. Los progresistas acusan a Perelló de modificar deliberadamente las comisiones para incluir a los conservadores y excluir a sus representantes, lo que consideran una estrategia que ha quebrado el equilibrio plural del órgano.
Esta sentencia ha sido la guinda en el golpe de estado judicial que el CGPJ viene perpetrando desde que Pedro Sánchez fuera investido como presidente de Gobierno, en 2023
Como afirma González Mendoza, luchar por la transparencia y la independencia judicial es luchar por la depuración del aparato del Estado, una tarea pendiente desde la Transición. Y esa lucha, en última instancia, es inseparable de la lucha por la República.
Luchar por la transparencia y la independencia judicial es luchar por la depuración del aparato del Estado, una tarea pendiente desde la Transición. Esa lucha es inseparable de la lucha por la República
Porque solo en una República que garantice la separación real de poderes y la democratización de la justicia podremos hablar de un Estado verdaderamente libre y soberano.
Nadie duda de que la mayoría de jueces, magistrados y fiscales actúan con justicia conforme a la Ley en sus resoluciones y sentencias. Pero ningún observador de la actualidad política podrá negar que hay un grupo de ellos que no cumplen con ese principio y actúan con un sesgo ideológico: la derecha rancia y españolista de poso franquista. Nido de togados retrógrados que germinó y pervive porque no hubo transición democrática en la administración de justicia —ni en los Cuerpos de Seguridad del Estado— que la limpiara de franquistas que dictaron largas condenas de cárcel y sentencias de muerte contra los opositores al régimen de Franco en los Tribunales de Orden Público, los temibles TOP. Jueces que, instaurada la democracia, pasaron limpios de polvo y paja como titulares de juzgados y tribunales hasta su jubilación.
Aún hoy, ningún político de la época ha dado una explicación a esta anomalía democrática, lo que da pie a especulaciones de todo tipo, como el miedo a que se produjera una revuelta de jueces y magistrados para los que no había recambio por el inveterado sistema, caro y clasista, de acceso a la carrera judicial que convirtió la administración de justicia en un coto cerrado para los hijos de las clases adineradas, dando lugar a estirpes familiares presentes durante décadas en los niveles más altos de la judicatura.
Viene a cuento este recordatorio para entender la sorprendente sentencia, dictada en ocho días por la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación sin una sola prueba que demuestre la culpabilidad por la que se le condena. Juicio que ha subvertido el principio básico del proceso judicial de que debe ser el juez instructor quién busque y presente las pruebas acusatorias, y no que el acusado tenga que demostrar su inocencia. Juicio basado en la instrucción del juez Hurtado plagada de errores y sin elementos probatorios —como han reconocido insignes jueces y magistrados—, que dejó fuera la declaración de los periodistas que tiraron por tierra la presunción del juez de que el acusado había filtrado el famoso correo en el que el abogado de González Amador, reconocía los fraudes cometidos y pedía un acuerdo con Hacienda.
Sentencia que no ha tomado en consideración el principio de in dubio pro reo que beneficia al acusado en caso de duda sobre su culpabilidad, pero da por buena la mentira que esparció Miguel Ángel Rodríguez, como él mismo reconoció en el juicio, y que utilizó González Amador para denunciar al Fiscal General por revelación de secretos de su vida personal. Datos que no figuran en la nota de prensa que emitió la Fiscalía General para desmentir la mentira del mentiroso confeso MAR. Pero a la Sala 2ª no le ha importado que su sentencia —que cuenta con dos votos particulares en contra— condene la verdad y deje sin sanción la mentira. Hechos que confirman que estaba dictada de antemano con el objetivo de hundir al Gobierno, a través del Fiscal General utilizado como peón de lo que se puede calificar de golpe de estado judicial promovido por un núcleo de jueces y magistrados de la derecha más rancia y tridentina, que ha contado con el apoyo de la derecha política y mediática.
Sentencia que huele a varapalo contra el Gobierno por los cambios y reformas que ha puesto sobre la mesa para acabar con sus privilegios, cuyo el objetivo es agilizar, reducir la burocracia y hacer el sistema judicial más operativo y funcional. Objetivos plasmados en la Ley Orgánica aprobada en enero de 2025, que reestructura el funcionamiento de los juzgados con la creación de Tribunales de Instancia en cada partido judicial que reemplaza a los juzgados unipersonales y centralizará la administración de justicia, con el objetivo de acabar con los reductos de poder en que algunos jueces han convertido sus juzgados en los que actúan como pequeños reyezuelos contraviniendo, incluso, resoluciones del Tribunal Supremo como la de que no se pueden abrir sumarios con titulares y noticias de prensa. El juez Peinado es un ejemplo palmario.
Cambios como la creación de las Oficinas de Justicia en los municipios que no sean sede de un Tribunal de Instancia, o de las Oficinas Judiciales para unificar y equilibrar la carga de trabajo del citado Tribunal. O medidas para reducir el número de casos que llegan a los tribunales como impulsar los Medios para la Solución de Controversias (MASC), a los que será obligatorio acudir para resolver conflictos entre las partes antes de iniciar un proceso civil o mercantil. O ampliar a cinco años el mandato del Fiscal General del Estado, que no será renovable, para favorecer una mayor independencia del Gobierno de turno.
Reformas aprobadas que se irán implementando progresivamente, como la del sistema de acceso a la carrera judicial para hacerlo más práctico y menos memorístico, que amplía el número y la cuantía de las becas para que ciudadanos de toda condición puedan llegar a ser jueces, y reducir el carácter clasista del estamento judicial. Y otras contenidas en la reforma de la Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal que cambiarán el tradicional sistema judicial al sustituir a los jueces por los fiscales en la instrucción de sumarios, para acabar con una anomalía que nos diferencia de los sistemas judiciales de los países de la UE, en los que el fiscal investiga e instruye el sumario, y el juez controla que no se vulnere la ley en ese proceso. Cambios que, de ser aprobados en el Congreso, entrarán en vigor en 2028, sin afectar a los procesos judiciales en curso.
Modificaciones que buscan eliminar las actuaciones libérrimas y vejatorias de algunos jueces en los interrogatorios a investigados y testigos. O que utilizan la instrucción como herramienta política estirándolos mediante una investigación prospectiva, para prolongar la condena mediática en los medios ideológicamente afines: el Low Faire. De ahí que la Reforma prohíba ejercer la acción popular a partidos políticos, sindicatos y administraciones públicas, limitándola a los directamente afectados en el caso, para evitar la instrucción de sumarios con denuncias de claro interés político de organizaciones filo fascistas, tipo Hazte Oír o Manos Limpias, fundamentadas en recortes de prensa.
Estratagema que utiliza el brazo judicial de la derecha, para instruir sumarios al compás del acontecer político que más beneficie a los partidos de derecha, con el objetivo de degradar la imagen y tumbar a un Gobierno que detestan, porque quiere acabar con su parcela de poder que utilizan políticamente invistiéndose de un poder omnímodo. Sería largo para este artículo enumerar los casos que el brazo político judicial retuerce para apoyar la estrategia de la derecha, y a la ultraderecha, que llega al desiderátum insólito de manifestarse ante las sedes de sus Juzgados y Audiencias, contra el plan de reformas propuesto por el Gobierno que supone un cambio fundamental en la administración de justicia que pone fin al chiringuito de poder que han configurado a lo largo de los años. De ahí su beligerancia contra este Gobierno y su Presidente, porque representan todo lo que aborrecen: el progreso y el cambio necesario de un sistema judicial que han degradado y convertido en un reino de Taifas.
Tribuna Socialista 
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