La realidad social, económica y política de nuestro país es compleja, contradictoria y cargada de promesas incumplidas, con peligros de derrotas o retrocesos.
Los pensionistas, en nombre de toda la clase obrera, han impuesto al gobierno un retroceso importante. En octubre del pasado año, forzaron el incremento del 8,5% para 2023. Después, a pesar de la exigencia del capital financiero y las instituciones, el Gobierno se ha visto obligado a frenar en los contenidos de la nueva reforma de pensiones, aunque somos conscientes de que han dejado los caminos allanados para continuar mutilando el Sistema Público de Pensiones. Escrivá se ha visto obligado a ocultar la existencia del pago de decenas de miles de millones de gastos impropios de la Seguridad Social con dinero de las Pensiones, por tanto, poniendo a la orden del día la exigencia de una VERDADERA AUDITORÍA a las cuentas de la Seguridad Social, incumplida hasta hoy.
La brutalidad del capital financiero no se ha modificado, exige al gobierno, a todos los gobiernos europeos, llevar a cabo una «economía de guerra», o sea:
- Negar aumentos de salarios y pensiones, ni siquiera en función de la inflación.
- Negar cualquier acción para bloquear los precios, facilitando los beneficios multimillonarios de las grandes empresas.
- Seguir con la privatización de la Sanidad y la Enseñanza.
- Mantener las leyes represivas y la negativa a los pueblos a decidir.
- Multiplicar los gastos militares en detrimento de los gastos sociales.
La voluntad de la mayoría social para defender la Sanidad Pública ha quedado plasmada en las multitudinarias manifestaciones que se han venido produciendo en los últimos meses, de manera muy destacada las de los días 13 de noviembre de 2022 y la del 12 de febrero de este año en Madrid. Sin embargo, son las asociaciones de vecinos y barrios las que tienen que ponerse al frente de la reivindicación.
¿Por qué? No se trata de la buena voluntad de unos y otros. El hecho fundamental es que las instituciones del Estado heredadas del franquismo, con el Rey a la cabeza, son un OBSTÁCULO central para conseguir las reivindicaciones. Estas instituciones operan para enfrentar unos pueblos contra otros, para mantener los privilegios de La Corona, del aparato judicial represivo y la alta administración del Estado. En este contexto, el Gobierno de coalición cede en lo fundamental ante las instituciones.
En el año electoral se plantea el falso dilema de votar por el mal menor. Muchos trabajadores, jóvenes, pensionistas van a votar con los dedos en la nariz, otros se van a abstener, porque están hartos de las promesas incumplidas, cansados del chantaje de “nosotros o la derecha”, mientras nos endosan sucedáneos de soluciones para dejar to- tal o parcialmente incumplidos los compromisos.
En realidad, la mayoría social NECESITA UN REFERENTE político fiel a sus intereses, que no ceda ante el capital, la monarquía, las instituciones o la Europa supuestamente social, que no se presten a ejercer de “dique de contención” de las aspiraciones de la mayoría.
El CATP surgió para agrupar fuerzas en favor de las reivindicaciones, para apoyar la independencia del movimiento obrero frente al capital y el imperialismo, como hacemos ahora contra la política de guerra.
La UE está embarcada en una política de guerra, al servicio de los intereses del capital financiero y en particular de las necesidades económicas de la EE.UU.
Por ello, consideramos que, más que nunca, es necesario continuar con la lucha por el ¡Alto a la guerra! ¡Cese el fuego inmediato y sin condiciones!
Ni un euro para la guerra, No a la OTAN, fuera las bases, ¡
Ni OTAN, ni Putin!
Defensa de las pensiones AUDITORÍA cumpliendo la Ley 21/2021.
Contra la privatización de la Sanidad y la Educación públicas.
Tribuna Socialista 
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