La ARV (Asamblea Republicana de Vigo) denuncia ante la fiscalía de Vigo a Juan Carlos de Borbón y a las infantas Cristina y Elena
En la mañana del viernes 20 de septiembre, la Asamblea Republicana de Vigo denunció ante la Fiscalía de Vigo al Rey Emérito, Juan Carlos de Borbón y a las Infantas por un presunto delito fiscal y blanqueo de capitales en relación con la constitución de una Fundación en Abu Dabi con miles de millones de fondos ocultos al fisco español. El Rey Emérito llevó a cabo dos regularizaciones fiscales presentando declaraciones complementarias para determinados impuestos y períodos abiertos a inspección y verificación. El primero tuvo lugar en diciembre de 2020. El segundo tuvo lugar en febrero de 2021, por importe de 4,4 millones de euros y, según afirmó, tuvo que pedir dinero prestado a sus amigos para pagar a Hacienda. Ahora resulta que se constituye una fundación con 2.000 millones de euros en cuyo patronato participan las infantas. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado y la Agencia Tributaria, que tienen el deber legal de esclarecer y perseguir las conductas que se puedan deducir de los hechos denunciados. Es un deber estricto, una cuestión de legalidad inexcusable, pero también de moralidad pública, perturbada por la indecencia de tal conducta. Desde la Asamblea Republicana de Vigo expresamos nuestro rechazo a la monarquía, tanto en la figura de Juan Carlos como en la de Felipe, y lucharemos en todos los frentes para derrocar el sistema monárquico, heredero del franquismo. (enlace)
La Unión Europea declara la guerra de forma indirecta
Los talibanes aprueban la Ley del Silencio en Afganistán
El ministro de educación de Israel anuncia la aniquilación de Líbano
35.000 muertos, la mayoría mujeres y niños; más de 10.000 desaparecidos, probablemente muertos bajo los escombros; 1,4 millones de personas desplazadas; hospitales, escuelas y viviendas arrasadas a lo largo de toda la Franja de Gaza; la práctica totalidad de las infraestructuras han sido reventadas. Este es el balance cuando se acaban de cumplir 7 meses de asedio al pueblo palestino por parte de uno de los ejércitos mejor armados del planeta.
Celebramos la respuesta que los pueblos vienen dando contra este Genocidio y que en estos últimos días ha prendido entre los y las jóvenes universitarias, comenzando en las universidades de los Estados Unidos y en las últimas horas también en varias universidades de Europa y del Estado español. La indignación recorre los pueblos, mientras los gobiernos están instalados en una contención vergonzante. Es evidente que si la inmensa mayoría de la sociedad no se ha echado a la calle aún es por la sordina que los grandes medios de comunicación le tienen puesta a la masacre que el Gobierno criminal que preside Netanyahu está perpetrando en Gaza.
El doble rasero que las potencias occidentales están aplicando a la invasión del territorio ucraniano por parte de Putin y la impunidad con la que el Estado sionista de Israel está machacando Palestina, les pone en evidencia, en particular a los gobiernos de la UE, en connivencia clara con los intereses espurios de la Administración norteamericana.
La aberración a la que estamos asistiendo es inaceptable, como lo es la usurpación planificada de un territorio que se viene produciendo desde hace más de 75 años. Un plan urdido tras la 1ª Guerra Mundial por Gran Bretaña y la Sociedad de Naciones.
Es una salvajada a la que los gobiernos europeos, incluido el nuestro, se abstiene de llamar por su nombre: Genocidio. No bastan las palabras de condena. Resulta extemporáneo hablar en este momento de los dos Estados, misma martingala con la que vienen intentando engañar al mundo desde 1947. Israel es un Estado artificial, impuesto a sangre y fuego, contra el que el pueblo palestino tiene derecho a la defensa; una defensa que ha devenido en resistencia, dado que se trata de un pueblo desarmado, frente a un Estado militarizado.
Es necesario que las grandes organizaciones, partidos y sindicatos que se dicen de izquierdas, estén al frente de la movilización. De lo contrario, continuarán instalados en la contradicción de hablar de respeto de los derechos humanos y ser a la vez cómplices de hecho, por no tomar ninguna medida contra el agresor e incluso mantener el mercadeo de armamento y tecnología para la guerra con el Estado israelí.
Como ciudadanos de la pluralidad de pueblos que componen el Estado español, no nos sentimos identificados con el mantenimiento de la relaciones diplomáticas y comerciales de nuestro gobierno con el Estado sionista, por eso compartimos la exigencia de su ruptura. Aún menos coincidimos con el cinismo de los partidos franquistas, quienes se identifican con la matanza que Israel está cometiendo, llegando a la mezquina decisión política de otorgar medallas de “honor” al Estado israelí, como es el caso del Ayuntamiento de Madrid.
Llamamos a participar en la Manifestación del sábado día 11 y apoyamos las acampadas decididas por las y los estudiantes universitarios en nuestro país.
La clase trabajadora de Argentina se defiende de los ataques neoliberales de Milei con su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la Ley Ómnibus (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos). Estas brutales medidas, que ponen Argentina al servicio del capital financiero se están debatiendo en sede parlamentaria y por ello, los trabajadores argentinos, con la iniciativa de la CGT y la CTA convocaron movilizaciones y huelga general para el 24 de enero.
Las medidas del decreto atentan contra la economía popular, los derechos sociales y laborales, las privatizaciones y van acompañadas del intento de imponer un «régimen de excepción», que concentraría el poder en la presidencia de la República hasta 2025, que puede prorrogarse hasta el final del mandato de Milei. Por ello, decenas de organizacions políticas, sociales, culturales y de toda índole han secundado esta movilización y firmado un documento en el que además de la retirada del decreto se demanda:
Suspensión del pago de la deuda externa. Anulación del acuerdo con el FMI
Para derrotar a la inflación, congelación de precios y control a las grandes empresas formadoras de precios en la producción y la distribución de los productos de la canasta básica, de la energía y del transporte
Recuperar la soberanía sobre nuestros bienes comunes, las vías navegables y el control del comercio exterior
Recuperación inmediata de salarios y jubilaciones. Contra los despidos. Contra la derogación de la Ley de Alquileres y los desalojos. Contra la represión y las detenciones que atacan las luchas populares
Desde Tribuna Socialista nos solidarizamos con la movilización de la clase trabajadora argentina y saludamos con satisfacció las concentraciones que el día 24 convocaron UGT y CCOO ante las embajadas argentinas en diversas ciudades de España.
Como ya hemos comentado en números anteriores, la «libertad» que venía proclamando Milei no es otra que la libertad para las empresas elevado a su grado máximo, con privatizaciones, la abolición de derechos, represión y recortes en políticas sociales. Al final, tal y como reza en la pancarta de la imagen, la «casta» es el pueblo.
En la fecha de redacción de este artículo, pocos medios de comunicación se han hecho eco de la movilización, pero la realidad es que el apoyo social a Milei merma día a día en Argentina, al tiempo que crece la oposición activa a sus políticas. Cerca de 1 ,5 millones de personas, a pesar de las amenazas represivas y de la fuerte presencia policial han participado en la huelga y en unas manifestaciones que son solo el inicio de la resistencia del pueblo argentino ante las atrocidades del gobierno Milei contra los derechos y las conquistas de la mayoría social en Argentina.
Crónica de la movilización en Madrid, 27 de enero de 2024
A pesar del vergonzante silencio de los medios de comunicación, y de las trabas que la Manifestación del día 27 ha encontrado en su camino, ha sido un éxito rotundo. Decenas de miles de personas han salido a la calle para exigir que pare de una vez la matanza de palestinos en Gaza; se ha superado la cifra de 26.000 muertos, a los que en su momento habrá que añadir los miles de desaparecidos bajo los escombros.
Muchos y muchas manifestantes se han desplazado a Madrid desde Andalucía, País Valenciano, Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla León, Euskadi…, había gente de distintos territorios del Estado español.
Se han coreado lemas señalando a Netanyahu como criminal, denunciando la complicidad de los Estados Unidos y Reino Unido con los crímenes de guerra que se comenten cada día en la Franja de Gaza, desde hace tres meses. También se ha aludido al Gobierno español, exigiendo que se ponga fin al mercado de armas entre España e Israel, pidiendo la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado israelí por su acción asesina contra mujeres, niños y niñas y civiles en general, por la destrucción de la red hospitalaria que, aunque precaria, había en Gaza, por el crimen de lesa humanidad que se está cometiendo al cercenar los suministros de alimentos, agua y medicamentos.
Este éxito de convocatoria se debe al esfuerzo que han puesto en la organización y difusión las 192 organizaciones convocantes, colectivos diversos como el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE), el espacio Vecinas y Vecinos de Pueblos y Barrios de Madrid, colectivos en Defensa de la Sanidad Pública, partidos, sindicatos, etc. Todos han colaborado con las asociaciones y colectivos palestinos, verdadero motor de esta gran movilización y de otras que se han realizado desde el mes de octubre pasado.
Se ha echado de menos a las grandes organizaciones políticas y sindicales de nuestro país, sin que haya ningún género de duda de que entre los manifestantes había militantes sindicales y de partidos que no se han involucrado en la manifestación de hoy. Es necesario que, si la agresión continua, y nada apunta a que vaya a terminar en breve, las confederaciones sindicales mayoritarias y los partidos que componen el Gobierno, así como los que lo apoyan, llamen a una macro Manifestación estatal y unitaria. Son las organizaciones de referencia para millones de trabajadores y trabajadoras, para millones de ciudadanos y ciudadanas de todo el Estado español.
En los distintos cortejos se ha comentado la orden dictada por la Corte Internacional de Justicia (CI), máximo tribunal de la ONU, con sede en La Haya, en la que la CI pide a Israel que evite los ”actos de genocidio”, como si no los hubiese cometido ya, y olvida, este alto tribunal, ordenar el alto el fuego. En positivo, la CI ordena a Israel que permita la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El sentir percibido es que se queda corta la decisión de la Corte Internacional de Justicia, a la vista de las muertes, la destrucción y el desplazamiento masivo que la reacción de Israel está teniendo.
Lo más importante, políticamente, es que es la primera vez que un alto tribunal de justicia internacional llama la atención a Israel, Estado que lleva demasiado tiempo ejerciendo de Estado terrorista, en los hechos, gracias al apoyo incondicional que hasta ahora le han venido prestando las distintas administraciones estadounidenses y los gobiernos de su “graciosa” majestad británica.
Es inaceptable que un Estado cometa los crímenes que a todas luces está cometiendo Israel y que los gobiernos de la Unión Europea estén inactivos y en silencio, más allá de balbucear, de vez en cuando, palabras que apelan genéricamente al respeto de los Derechos Humanos.
Crónica del acto en la Universidad Complutense de Madrid
El día 25 de abril, tuvo lugar un acto para abor- dar la situación actual de Perú, tras los convulsos meses pasados, desde que fue depuesto del cargo de presidente del Perú en el mes de diciembre de 2022.
La ponencia del acto corrió a cargo de Indira Huilca, con la participación de la Decana de la faculta- da de Ciencias Políticas y Sociología, María Ester del Campo García, quien presentó el acto y a la ponente:
Indira Huilca es hija de Martha Flores y del diri- gente sindical Pedro Huilca Tecse, que fue secretario de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) asesinado en 1992 por el Grupo Colina, agrupación paramilitar que operó en la etapa del gobierno de Alberto Fujimori.
Indira, fue elegida en 2013 regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima. En 2016, salió elegida congresista por la coalición “Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad”, formando parte de la Comisión Permanente del Congreso de la República. Ha formado parte de diversos colectivos y organizaciones políticas como la «Colectiva de Mujeres Feministas de Izquierda», del Colectivo «La Comuna Tejiendo desde el Sur», del Movimiento por el Poder Popular (MPP), del Movimiento Sembrar y de 2017 a 2019 fue militante del movimiento Nuevo Perú liderado por la excongresista Verónika Mendoza. Actualmente es parte de “En Movimiento”, colectivo de izquierda que está integrado por ex miembros de Nuevo Perú, Frente Amplio, Tierra y Libertad así como activistas del movimiento feminista, LGTBI y de izquierda anticapitalista.
En su intervención, Indira Huilca comenzó señalando que la crisis desatada en Perú en el pasado mes de diciembre no ha sido superada, aunque en estos momentos se trasmita una situación de calma por parte del Gobierno asesino de Dina Boluarte. Una presidenta que ha llegado al poder apoyándose en la Constitución fujimorista de 1993 y en un contexto político muy deteriorado.
El estallido de la crisis se produjo con la destitución y posterior detención de Pedro Castillo, el 7 de diciembre. Sin embargo, el malestar ciudadano lleva mucho tiempo fraguándose como producto de la desigualdad, con unos servicios públicos muy precarios, con una inflación desbocada y con una secuencia de 6 presidentes desde el año 2016, ninguno durante un mandato completo, teniendo en cuenta que el mandato legislativo en Perú es de cinco años. Casi todos estos gobiernos se han visto involucrados en casos de corrupción, un mal endémico en el país.
La movilización, en respuesta de rechazo a la coalición generada entre Dina Boluarte y el Congreso de la República tras la destitución del expresidente Pedro Castillo ha sido muy fuerte; particularmente en los territorios rurales y entre la población indígena. Una movilización que ha sorprendido a todos y todas por su vigor, y que ha sido respondida con una brutal represión par parte del Gobierno
y sus cuerpos policiales, dejando un balance de más de 60 víctimas mortales, con ejecuciones extrajudiciales y un gran número de violaciones de los derechos humanos.
El objetivo de la mayoría social es abrir un proceso constituyente y que no queden impunes los delitos cometidos por el Gobierno de Dina Boluarte.
Tras la exposición de Indira Huilca se abrió un turno de intervenciones, en el que participamos los miembros de Tribuna Socialista que acudimos al acto. Los intervinientes realizamos distintas consideraciones sobre la situación de Perú y los paralelismos que, salvado las distintas formas, hay en el comportamiento de la derecha política allí y en otros países, al poner trabas a los avances sociales y los derechos.
Nos interesamos por los contratos de las explotaciones mineras que precisamente vencían en 2023. Preguntamos por necesaria unidad de la izquierda y las organizaciones de los trabajadores, cono la CGTP, de cara al futuro y al deseado proceso constituyente. Y por el objetivo concreto de la gira europea que ella ha emprendido.
En sus respuestas a las intervenciones, Indira habló sobre el fracaso del Gobierno de Dina Boluarte para hacer frente a las lluvias torrenciales que, como consecuencia del cambio climático, han tenido lugar el pasado mes de marzo en el centro y norte del país. El Gobierno se ha mostrado incapaz de aportar ninguna solución a los damnificados, lo que viene a sumarse al malestar ciudadano antes descrito.
El sector empresarial ha guardado un silencio cómplice en toda esta crisis. Ese es uno de los elementos estructurales pendientes de resolver en el Perú, al
igual que en otros países de América latina, como es la preservación de las riquezas del subsuelo para dejar de ser la producción nacional meramente extractiva, mientras que la transformación de las materias primas y el negocio queda en manos de multinacionales de otros países.
Explicó que en Perú no existe unidad ni en la izquierda ni en la derecha, aunque se da una polarización entre fujimoristas y antifujimoristas, por lo que en la inestabilidad de la gobernabilidad ha estado en ocasiones la confrontación entre fracciones de la derecha política, y no tanto por diferencias ideológicas entre izquierda y derecha. En la situación actual, tiene mucha responsabilidad el Gobierno de Dina Boluarte, pero el Congreso en pleno también.
Para conseguir sus objetivos, la izquierda, necesita saber leer cómo se aglutina la sociedad peruana en este momento. La CGTP ha participado de la movilización y ha convocado huelgas, sin embargo, no hay conexión clara entre la movilización indigenista y la movilización de los trabajadores por motivos laborales. Es preciso un reagrupamiento de la izquierda, pues sufre una gran dispersión. La experiencia del Frente Amplio fue un punto de apoyo del que partir y aprender.
En su viaje por distintos países europeos, tiene la intención de dar a conocer la situación de Perú, que no quede aislada u olvidada y contribuir a la unidad de los ciudadanos y ciudadanas de Perú que luchan en otros países por una sociedad peruana más justa e igualitaria, como es el caso de los peruanos y pe- ruanas en España, además de fomentar la solidaridad de los pueblos de Europa con Perú.
El sábado 15 de abril, con nocturnidad y alevosía, el presidente de la República francesa, Enmanuel Macron, promulgó la Ley de Financiación Rectificativa de la Seguridad Social para el 2023, es el nombre oficial de la conocida popularmente como reforma de las pensiones, que pretende retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años.
Esta ley, que fue enviada al Consejo Constitucional, una institución que podríamos asemejar al Tribunal Constitucional español, pero formado por algunos ex ministros de Macron, dio luz verde a la propuesta de ley en el punto más conflictivo: prolongar la edad de jubilación dos años más.
Nada más conocerse la decisión del Consejo Constitucional, los sindicatos pidieron al Presidente que no promulgara la Ley, pero este hizo caso omiso y la promulgó, con la arrogancia que le caracteriza no quiso ni oír a los sindicatos que, unánimemente llevan meses convocando huelgas y manifestaciones en contra de la reforma de pensiones. Pero si Macron fue rápido en promulgar la Ley, igualmente rápidas fueron las caceroladas y manifestaciones que de forma espontáneas se concentraron en calles y plazas de todo el país, mostrando de esta forma que los trabajadores y la inmensa mayoría del pueblo francés no está dispuesto a aceptar la imposición de una ley que es sentida como una agresión intolerable a uno de los derechos más valorados por los trabajadores franceses.
En el centro de las movilizaciones está la clase obrera con todas las organizaciones sindicales haciendo la unidad y han conseguido el apoyo de la juventud y toda la sociedad francesa.
Pero la reforma de Macron que es la reforma del capital, no solo significa quitar dos años de merecido descanso a los trabajadores franceses, significa prolongar dos años más la explotación de esos trabajadores, soportar los próximos recortes que Macron tiene en cartera y por tanto incrementar dos años más el beneficio que esos patrones extraen de cada uno de los trabajadores afectados.
Como muestra la disposición aprobada por el Consejo Constitucional francés, cada día aparece con más claridad el papel de las instituciones de la V República, que actúan en contra de la gran mayoría de la sociedad francesa, en defensa de una legalidad antidemocrática que permite actuar en beneficio de una minoría y al presidente de la República mostrarse como un monarca. Es por eso que una mayoría de franceses no da legitimidad al presidente para que aplique una Ley que, ni tan siquiera se ha votado en el parlamento.
Macron está en un callejón sin salida, solo, aislado, enfrentado a su pueblo y sin capacidad de respuesta ante la oleada de movilizaciones que recorre todo el país desde hace meses y que seguramente este Primero de Mayo, en las calles de las ciudades de toda Francia volverá a resonar el grito de repudio a Macron y su Ley.
José A. Iniesta
Miembro del Comité de Redacción de T.S.
Militante del PSC en la agrupación socialista de Sant Boi
El pleno municipal del Ayuntamiento de Sant Boi en su sesión ordinaria del 23 de febrero, aprobó por unanimidad una moción de apoyo al pueblo peruano, moción que reproducimos en este número con la intervención del compañero Luis Castañeda en nombre del colectivo de peruanos.
Intervención del compañero Luis en el pleno municipal.
Señora alcaldesa, señores/as regidores/as del ayuntamiento de Sant Boi, en primer lugar hago llegar el saludo y agradecimiento del colectivo de residentes peruanos en Cataluña por permitirnos hacer uso de la palabra y hacer de conocimiento a este ayuntamiento, la lamentable y dolorosa situación que vive el pueblo peruano.
El 7 de diciembre del año 2022 el presidente Pedro Castillo, legítimamente elegido en elecciones democráticas, fue derrocado por el congreso, infringiendo reglamentos, leyes y la constitución política del Perú, y se nombró como presidenta a Dina Boluarte.
Ante este atropello a la constitución y a la voluntad popular, la población salió a las calles a protestar, demandando la puesta en libertad de Pedro Castillo, la disolución del parlamento y Asamblea Constituyente, como expresión de rechazo a este gobierno usurpador, la respuesta del gobierno ha sido una brutal y sangrienta represión, que ha traído como consecuencia la muerte por bala y otros medios de represión, la muerte de más de 70 personas incluidos niños, además de miles de heridos, perseguidos, encarcelados y enjuiciados acusados de terrorismo.
Por lo expuesto solicitamos al pleno del ayuntamiento haga un pronunciamiento de solidaridad con las víctimas de esta sangrienta represión y un rechazo al gobierno usurpador, igualmente que el estado español no venda armas i instrumentos de represión al gobierno peruano.
Vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento por atender nuestra petición.
El pasado viernes se cumplió un año desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania. 1 año que ha destruído la vida de millones de ucranianos, y que también ha trastocado la vida de millones de rusos, y de europeos.
Mientras los líderes Zelensky, Putin, Biden y los jefes de Estado de los países de la Unión Europea no cejan en animar el conflicto bélico y mientras la escalada bélica pone en riesgo la seguridad nuclear del mundo entero, centenares de miles de personas toman las calles en toda Europa para exigir el alto el fuego.
En Madrid y Barcelona: «Ni Putin ni OTAN»
En el caso de Madrid, distintas organizaciones se han congregado para reclamar el fin de la guerra, bajo la premisa «ni Putin ni OTAN». En la marcha por la paz se ha condenado «los presupuestos guerreristas» del Gobierno y el envío de los tanques Leopard a Ucrania, También en Madrid, unas cincuenta personas de nacionalidad rusa se han concentrado en la plaza de España para protestar contra la invasión “cruel e injusta” por parte de Rusia a Ucrania, expresar su apoyo al pueblo ucraniano, y manifestar su rechazo al presidente ruso, Vladímir Putin, a quien acusan de ser “un criminal de guerra”.
Los ciudadanos, pertenecientes a la comunidad de rusos en Madrid que se oponen a la guerra de Ucrania, han mostrado pancartas con lemas como ‘rusos contra la guerra’, ‘stop Putin’, ‘esta es la guerra de Putin’ o ‘victoria para Ucrania, libertad para Rusia’.
En Barcelona: Unas 1.200 personas se han concentrado en la plaza de Sant Jaume bajo el lema «Ucrania. Por un alto el fuego inmediato». En el acto, los actores Enric Majó y Pepa Arenós leyeron un manifiesto conjunto en el que se pide «el regreso a la mesa de negociación y la prohibición de todas las armas nucleares».
El viernes 24 de febrero se convocaron concentraciones en todos los ayuntamientos para exigir el Alto a la guerra.
Concentración en el ayuntamiento del Vendrell para exigir el Alto a la guerra
Berlín: Más de 50.000 personas se manifiestan contra la guerra
La convocatoria original de la dirigente del parti- do La Izquierda Sahra Wagenknecht y la activis- ta por los derechos de las mujeres Alice Schwarzer han reunido a más de 50000 manifestantes contra la guerra, En su discurso, Wagenknecht ha reiterado la necesidad de que cese el suministro de armas a Ucrania y haya negociaciones. Se trata de «poner fin al terrible sufrimiento y la muerte en Ucrania» y hacer a Rusia una oferta de negociación «en lugar de munición para una interminable guerra de desgaste con más y más armas nuevas».
Bruselas y París
Las concentraciones fueron igualmente multitudinarias en Bélgica, donde la protesta, fue convocada por la organización Promote Ukraine, la Asociación de Mujeres Ucranianas en Bélgica y la Red Europea de Solidaridad con Ucrania, se enmarca en la semana de acciones internacionales contra la guerra y exigió la «retirada inmediata de las tropas rusas de todos los territorios ucranianos», así como «el freno incondicional de los bombardeos».
En París cientos de personas, han salido a la calle con banderas ucranianas y pancartas, en las que se podían leer mensajes como «Parar a Putin».
El día 8 de enero unos cuantos de miles de insurrectos tomaron las sedes del parlamento, la fiscalía y del Gobierno brasileño, los implicados en el intento golpista, no estaban todos en Brasilia. Bolsonaro se había ido a EEUU hacia días.
Los que estaban en Brasilia hacia días que acampaban delante de los cuartes militares pidiendo intervención militar para desbancar a Lula del gobierno para el que había sido elegido algunas meses antes.
Las causas están claras. Hay todo un sector de la estructura militar, judicial y económica que no respeta la voluntad del pueblo brasileño que sigue resistiendo para que el capital financiero no aplique sus planes de restricciones y que encuentra en el Partido de los Trabajadores una vía de expresión, organización y acción para enfrentarse a Bolsonaro, que forma parte de esa estructuras a las que me refería antes y que a un están por depurar.
Haría mal el presidente Lula sino fuese asta el fondo en la depuración de la cadena de mando militar y policial. Quizás ha llegado el momento, ahora que a un no es tarde, es lo que esperan los miles de trabajadores y jóvenes que se manifestaron en contra de lo consideraron como un golpe a la democracia. Es decir a la voluntad de la mayoría social brasileña.
Pero las depuraciones, que deben ser firmes y seguras, deben ir acompañadas de forma urgente con todas las medidas de orden social que Lula tiene comprometidas con el pueblo brasileño y dejar pasar el menor tiempo posible para que el pueblo deje de pacer las consecuencias de pobreza que ha generado durante cuatro años el gobierno de Bolsonaro, y generar la máxima confianza entre la mayoría social brasileña.
ES urgente poner en marcha el paquete de medidas presupuestarias que hagan posible restablecer todos los retrocesos que se han dado con el Gobierno de Bolsonaro y no dejarse presionar por el “mercado”.
Será la forma de conseguir que el pueblo se movilice en defensa de sus derechos y sea el pueblo mismo quien pare a los Bolsonaristas.
Tribuna Socialista 
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