¿Que nos está pasando?

A veces me pregunto ¿que nos está pasando?, los seres humanos pensantes cada vez somos menos pensantes, o es que yo me hago mayor y no acabo de entender lo que pasa, realmente es verdad que soy mayor, pues dentro de pocos días el digito “8” iniciara la cantidad de años que marcan mi existencia. Hasta esta década actual, jamás creí en ese dicho tan frecuente entre la gente mayor, “Cualquier tiempo pasado fue mejor”, es más, luche enérgicamente contra él, porque siempre me pareció y me sigue pareciendo falso, incluso contrario a la realidad, nunca existió un nivel intelectual mayor, salvo las excepciones que confirman la regla, tambien con las mismas excepciones, nunca hubo una juventud mejor preparada, sin embargo están ocurriendo cosas inverosímiles, muchas de ellas incluso contrarias a la idiosincrasia que se le supone al ser humano.

El numero de esos seres humanos a los que se les supone humanidad, que maltratan y asesinan vilmente a sus esposas, hijos, padres o a cualquiera de sus congéneres, es cada vez mayor, con una escalada realmente preocupante, ¿Qué ocurre en las cabezas de estos humanos?, será que un extraño virus nos está deshumanizando, en esta época en que la proliferación de ellos nunca nos habia castigado tanto, ¿somos realmente conscientes del escasísimo instante que permanecemos en el universo en la forma humana?

¿Que nos está pasando?, para que las cunas de la diplomacia, del respeto y de la democracia, como deberían ser las cámaras legislativas, algunas diputaciones, ayuntamientos asambleas sindicales y corporaciones diversas, se hayan convertido en verdaderos estercoleros donde la educación y el respeto han desaparecido empujados por el lenguaje más soez y el insulto barato se haya impuesto sobre el parlamentarismo político.

¿Que nos está pasando?, para que un numero cada vez mayor de niñas y niños disfruten peleándose y masacrándose entre sí, en esos escasos momentos en que dejan a un lado los, a veces, nefastos instrumentos informáticos que se suponen avances, pero que por el contrario convierten en bestias a muchos de nuestros jóvenes; jóvenes que disfrutan con el maltrato y abuso físico y psicológico a sus compañeros mas débiles de carácter, ¿qué les hace pensar que son superiores?, ¿por qué desean serlo? Quizás este sea un punto digno de estudio. Yo creo que nuestra generación con carencias de casi todo, pero abundancia de respeto y cariño, en lugar de transmitir a nuestra descendencia esos valores, les hemos exigido que sean más y más, en la escala profesional y social, eso al menos es lo que me parece adivinar en la clase política actual; Alta cualificación técnica, alto nivel social y económico, pero una ausencia total de valores éticos y morales.

Claro que como tengo la “mala costumbre de pensar”, poco a poco he llegado a la conclusión, de que la culpa que esto sea así realmente es mía, junto con el resto del electorado de las diversas convocatorias “democráticas” electorales, que demuestran una y otra vez, la falta absoluta de criterio, de esa mayoría social que nos acercamos a las urnas, las más de las veces sin hacer la comparativa de programas electorales, unas veces inexistentes y otras imposibles de cumplir, pero como mansas ovejitas acudimos una y otra vez a las urnas, empujados por la inercia de la locuacidad del representante de nuestro grupo político de cabecera, sin apreciar en ellos, que ya no existe aquella utopía de conseguir una sociedad justa, que en general, salvo honrosas excepciones que viven en soledad, callados por el pánico a sus colegas de escaño, la mayoría solo están en ese escaño para resistir una o quizás dos legislaturas que les da ese injusto, privilegio de tener su vida resuelta hasta el final de sus días, sin dignidad pero con su “paguita” asegurada, pues lo de una sociedad justa, ya la han conseguido para ellos, gracias a esa exagerada insolidaridad que poseen. Quizás no se den cuenta, porque están a lo suyo, que cada año que pasa son más los millonarios, aumentando sus fortunas, contribuyendo por debajo de sus obligaciones a la hacienda pública, mientras cada año son más los pobres, siendo cada vez más pobres, abrasados por los impuestos, para ellos ineludibles por la ausencia de ingenierías fiscales que mejoren su miseria.

¿Que nos está pasando?, cuando vemos que la inmensa mayoría de los medios que nos tendrían que informar, dedican solidariamente su tiempo a amarillentas frivolidades, escondiéndonos o deformando la realidad según su ideología. Es vergonzoso, como desaparecen programas de TV de contenido cultural, mientras proliferan escandalosamente los de cotilleo bastardo, grotesco y absurdo. Como es posible, que se machaque diariamente tan profundamente con obscuros y larguísimos debates diarios, desde hace meses, si a los fans les gusta o no, la tumba del gran cantante Camilo Sesto. Tan descompuesta esta esta sociedad, para que esté disfrutando día tras día de morbosos y obscenos monográficos, como la vida disoluta, chusca y cargada de morbo, de quien fue coronado máximo representante de este país, en lugar de profundizar en lo que realmente fue su gestión al frente de España, desde que nos fue impuesto como Rey por el dictador.

En fin, no sé realmente lo que nos pasa, pero prefiero pensar que cualquier tiempo futuro será mejor, nada ni nadie me privará de mi decisión firme de ser feliz, a pesar de los múltiples sufrimientos que conlleva vivir, ojalá esta decisión un día sea universal, otro gallo cantaría a la humanidad si lo hiciera. A pesar de todo y de todos, deseo, que esto solo sea un ciclo vital y que los seres humanos volvamos a ser también pensantes.

Nota: Quiero aclarar que todo lo que antecede es fruto únicamente de mi pensamiento filosófico, de mi experiencia y de mi observación, pido perdón a los que se sientan ofendidos, al tiempo que les ruego que reflexionen, sobre lo escrito.

Paco Ascón
Xares (Ourense)

La falsa neutralidad de la Constitución española

Os dejo aquí algunas reflexiones, como continuación a mi reciente participación en una charla/coloquio en A Casa da Cultura de Redondela, organizada por el Colectivo Republicano de Redondela -que preside nuestro compañero el cabo Marco Santos-, el Ayuntamiento de la citada ciudad y A Nova Peneira.

La llamada Transición española, dirigida por Juan Carlos de Borbón, el sucesor del dictador y criminal Francisco Franco, estuvo condicionada por las presiones y amenazas del ejército franquista. Esta desventajosa correlación de fuerzas condujo a las principales fuerzas políticas en la clandestinidad a desistir de la confrontación con el aterrador poder del Estado dictatorial -constituido en Reino en julio de 1947- renunciando a la recuperación de la legalidad republicana y al inicio de un proceso constituyente en libertad.

Altos mandos del ejército de Franco, jerarcas de la dictadura, policías torturadores y jueces emboscados -que complementaban la acción represora de la justicia militar- entraron todos ellos a formar parte de la elite política, en simbiosis con el nuevo régimen juancarlista, incluidos exministros que habían firmado penas de muerte.

El “consenso” impuesto por el Rey afianzó al sucesor designado por Franco, dando paso a una democracia secuestrada.

El proceso de reforma de la dictadura era ineludible, debido al gigantesco empuje de la clase trabajadora y la inexorable internacionalización del capital. Sin embargo, estuvo dirigido y vigilado por el designado por el dictador en la Ley 62/1969, Juan Carlos de Borbón, mediante el poder que le otorgaba su control sobre el núcleo duro del aparato de Estado, que transitó intacto de la ley a la ley. Los mismos militares, los mismos jueces, los mismos policías.

De aquellos polvos estos lodos, con sus insoportables latrocinios, pues al morir Franco, la dictadura continuó existiendo. «El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos» (Antonio Gramsci)

La monarquía, la jefatura del Estado, la inviolabilidad de su persona y la nueva dinastía borbónica, que habría de sucederle, quedó totalmente blindada en la Constitución; como también el mando supremo de las fuerzas armadas, constituidas en garantes del ordenamiento constitucional; un disparate inadmisible en cualquier país de nuestro entorno europeo.

La monarquía quedó, pues, apuntalada a toque de corneta.

La Ley de Amnistía del 77, una ley preconstitucional de punto final, es decir de impunidad de los crímenes del franquismo, marcó la línea a seguir por el Parlamento español en lo referente a lo militar. Prueba ello es, que aquel Parlamento, pretendidamente “constituyente”, no solo mantuvo expulsados a los condenados en consejo de guerra por su pertenencia a la Unión Militar Democrática (UMD), autodisuelta en junio de 1977, sino que incluyó un párrafo infame en la falsa ley de amnistía.

Un párrafo redactado con la finalidad de procesar al entonces capitán de aviación José Ignacio Domínguez, a su regreso del exilio. De hecho, fue condenado en consejo de guerra a finales de diciembre de 1977, seis meses después de las primeras elecciones generales.

Los compañeros de la UMD represaliados fueron parcialmente rehabilitados una década después, pero no se les dejó solicitar destino o acceder a ningún curso de ascenso. De este modo la monarquía impidió que la actuación democrática de la UMD fuese emulada por los cuadros de mando del Ejército de Franco, quedando estanco y blindado ideológicamente frente al pueblo.

El origen fraudulento de la Constitución del 78, está indeleblemente ligado a las leyes de sucesión dictadas por un régimen criminal, (Ley de sucesión publicada en el BOE nº 208 y la Ley 62/1969 de 22 de julio) que dieron lugar a una monarquía, cuyo primer eslabón de la cadena sucesoria reinstaurada por Franco es el propio dictador.

Debido a ello, no solo no hubo un proceso democrático constituyente, sino que el propio proceso de reforma de la dictadura -con el fin de adecuarla formalmente a una democracia, aceptable por la Comunidad Económica Europea- se desarrolló bajo la tutela del poder del Estado franquista. Esa presión irresistible, junto al clima amenazante y de extrema violencia policial y militar, fue el entorno en el que nació el Régimen del 78.

De aquellos polvos, a los escándalos de Juan Carlos de Borbón, pagados con fondos reservados del Estado, no pasó mucho tiempo. Luego vinieron los fraudes a la Hacienda pública, y demás latrocinios, que precipitaron su abdicación.

Por si fuera poco, el diario ABC, tradicional portavoz de la monarquía, reproduce hace unos días las conversaciones publicadas en exclusiva por Okdiario, que revelan la podredumbre del Estado borbónico.

Tras escuchar estas conversaciones, ya no puede quedar la menor duda de que el Rey fue, como mínimo, conocedor del 23-F y que, asustado por las advertencias de su secretario Sabino Fernández, abortó el golpe militar que venía consintiendo.

elDiario.es publicaba hace unos días que “la Asamblea Republicana de Vigo ha denunciado al Rey emérito y a las Infantas por presuntos delitos fiscales y blanqueo. La acusación, dirigida a la Fiscalía General del Estado y a la Agencia Tributaria, considera que la creación de una fundación por parte del rey Juan Carlos, para asegurar la herencia de sus hijas, demuestra que el Borbón posee fondos en el extranjero y que los ocultó a la hacienda pública tras dos regularizaciones”.

La periodista Ana Pardo de Vera ha declarado recientemente: «Existen documentos que avalan que Felipe VI fue cómplice de su padre, incluso su luna de miel fue pagada con dinero que no pertenecía al salario que se le pasaba a Juan Carlos I…»

No es de extrañar, pues, que monárquicos juancarlistas, devenidos en felipistas, acaben convirtiéndose en leonoristas, y la cascada de latrocinios, delitos impunes y basura borbónica acabe desbordando la paciencia de las naciones sin Estado, que hartas de tanto expolio, se planten, proclamando sus Repúblicas.

Es exactamente lo que sucedió en Catalunya hace unos años, dando lugar a la violenta respuesta del Estado borbónico, que apaleó, procesó, condenó y encarceló a gente pacífica, cuyo pecado consistió en pretender depositar su voto en una urna.

Felipe de Borbón, con su intervención reaccionaria del 3 de octubre de 2017, y la aplicación del famoso Articulo 155 de la Constitución -que permite la implantación de una dictadura “constitucional”- ha puesto en evidencia su parcialidad y falsa neutralidad constitucional.

El apoyo incondicional de los países de la OTAN al gobierno colonial y sionista de Netanyahu, mientras éste sigue masacrando miles de niños y personas inocentes en Gaza, así como la implicación de España en la guerra de Ucrania, muestran la gravedad del momento, magistralmente analizado por nuestro compañero el “Teniente Segura” en su libro “La trampa ucraniana”. Una guerra imperialista por el control de las fuentes de energía. Complicidad criminal que alcanza al rey Felipe VI como Jefe del Estado y mando supremo de las Fuerzas Armadas, por muy inviolable que se considere.

Termino este breve relato destacando que se trata de una Constitución clasista de origen franquista, impuesta manu militari. Su bandera, la bandera de Franco y los Borbones, no representa de ninguna manera a los pueblos del Estado, sino lo peor de nuestra historia. Fue impuesta en 1843 como bandera del Estado español durante el reinado de Isabel II (1833-1904), reina Borbón derrocada por la Revolución Gloriosa de 1868, que dio paso al sexenio democrático. Los Borbones han sido y siguen siendo el principal obstáculo para la democracia, pese a su pretendida neutralidad.

Manuel Ruiz Robles
Ex miembro de la disuelta Unión Militar Democrática (UMD)

La obsolescencia de la ONU

El genocidio, a sangre y fuego, que desde hace un año viene cometiendo Israel sobre el pueblo palestino, excede con mucho su justificación por el ataque terrorista de Hamás, el 7 de octubre de 2023. Pogromo que los judíos sufrieron a manos de los nazis y que ahora, constituidos como estado de Israel, reproducen con los palestinos ante la mirada de espanto de la ciudadanía universal que asiste atónita a la película de terror y muerte, sin medida ni fin, que las televisiones de todo el mundo muestran a diario. Desgarro que aumenta al comprobar la incapacidad de mediación de la ONU para alcanzar una tregua, y mucho menos para forzar el fin de este y otros conflictos. Intervención que se limita a enviar a los conocidos cascos azules que establecen una imaginaria barrera de contención entre las fuerzas enfrentadas que, en la práctica, se vulnera por los contendientes cuando la estrategia militar lo demanda porque los cascos azules, que actúan siempre en misión de paz, no tienen mandato para intervenir militarmente.

El genocidio de Israel sobre el pueblo palestino, excede con mucho su justificación por el ataque terrorista de Hamás, el 7 de octubre de 2023

Circunstancia que ha reverdecido la pregunta que se viene planteando desde hace mucho tiempo en las cancillerías del mundo, y en la propia sociedad global: ¿para qué sirve la ONU?, más allá de gestionar la ayuda humanitaria en las zonas de guerra, cuando las partes enfrentadas les dejan, o paliar las situaciones de hambruna prolongada, o prestar atención sanitaria y educativa a la población infantil y juvenil desamparada en estados fallidos. Tareas sin duda loables y necesarias que solo son paliativos, pues raramente encarrilan proyectos de futuro para mejorar las sociedades de los países donde actúa. Acción que no cambia la raíz de los problemas.

Labor necesaria que la ONU desarrolla como puede, aunque no es ese el fin primigenio con el que se creó en la Conferencia de San Francisco, celebrada tras el fin de la II Guerra Mundial, en 1945, que convirtió en hecho consumado la propuesta planteada en pleno conflicto bélico por el presidente de los EEUU, Franklin D. Roosevelt, en 1942, a un grupo de 26 países para crear una alianza contra los países del eje. Propuesta que fue aprobada ese mismo año y ha pasado a la historia como la Declaración de las Naciones Unidas.

El acuerdo, que fue suscrito por cincuenta países en San Francisco y entró en vigor en octubre de 1945, se denominó Carta de las Naciones Unidas, donde se definen los principios y objetivos de la ONU. Los cuatro fundamentales: mantener la paz y la seguridad internacionales, fomentar la cooperación entre los países, proteger los derechos humanos y promover el progreso económico y mundial. Carta a los Reyes Magos, porque desde su origen arrastra el lastre que supone el derecho de veto que ejercen los países fundadores en el Consejo de Seguridad—EEUU, Reino Unido, Francia, Unión Soviética, y República de China— que impusieron al resto de naciones, para evitar que la ONU adoptara decisiones que fueran en contra de sus intereses.

Derecho al que se opusieron numerosos países lo que provocó la respuesta airada y contundente del representante de EEUU, Tom Connally, quién amenazó a los opositores con que no habría Carta de Naciones Unidas —de hecho, se levantó y rompió en público un primer borrador de la misma— si no se aceptaba el derecho de veto de los países fundadores. Es así como la ONU nació de un trágala impuesto por los países vencedores de la II Guerra Mundial, que se auto concedieron un privilegio que les situaba por encima del resto de naciones. Privilegio que se intentó suavizar dando entrada en el Consejo de Seguridad—el único órgano de la ONU que puede tomar resoluciones vinculantes y obligar a su cumplimiento—, a los denominados miembros no permanentes que no tienen derecho de veto, diez en total, elegidos de cinco en cinco para un periodo de dos años por la Asamblea General.

La ONU arrastra desde su origen el derecho de veto que ejercen los países fundadores en el Consejo de Seguridad—EEUU, Reino Unido, Francia, Unión Soviética, y República de China— para evitar que la ONU adoptara decisiones que fueran en contra de sus intereses

Modelo de gobernanza mundial que sigue vigente setenta y nueve años después, que pudo tener sentido durante los años de la guerra fría, pero que se ha quedado obsoleto en un mundo multipolar donde las llamadas potencias emergentes y la agrupación de países en entes supranacionales, como la UE, reclaman un cambio en la gobernanza de los problemas globales. Cambio que es inapelable para evitar los centenares de miles de personas que mueren sin sentido por el veto que utilizan los que pueden hacerlo, de manera recurrente EEUU y Rusia, para evitar sanciones de obligado cumplimiento a los países que siguen siendo sus satélites en distintas partes del globo. Es el caso de Rusia y China metidas en una pugna para tener mayor influencia en África, dando apoyo a sátrapas que gobiernan en muchos de esos países.

El modelo de gobernanza mundial de la ONU se ha quedado obsoleto y no sirve para evitar los centenares de miles de personas que mueren por el veto que utilizan los que pueden hacerlo

O de EEUU, que desde siempre veta en el Consejo de Seguridad toda resolución de condena contra Israel, aunque sean crímenes de lesa humanidad como los que viene cometiendo sobre el pueblo palestino desde hace un año, con el afán, declarado por miembros del actual gobierno israelí, de exterminarlos y quedarse definitivamente con sus territorios. Todo porque la comunidad judía de EEUU tiene un poder económico inmenso con el que presiona al ejecutivo de Washington, al que le viene bien tener un país como Israel que ejerce de portaviones del ejército USA en una zona en permanente conflicto de raíz étnica y religiosa. Cuestión que dejo como apunte para profundizar en ella en otro momento.

EEUU siempre veta en el Consejo de Seguridad toda resolución de condena contra Israel, aunque sean crímenes de lesa humanidad como los que viene cometiendo sobre el pueblo palestino

El mundo es muy diferente al de hace casi ochenta años, para empezar porque se ha globalizado merced a la digitalización que expone todo lo que sucede en el planeta en la palestra pública global, en la que todo termina por saberse, y los movimientos de los países y sus gobiernos están sometidos al escrutinio constante de la comunidad global. Y por el resurgimiento de los llamados países emergentes—los más significados Brasil, India, México, Turquía, Suráfrica y Corea del Sur— que reclaman una mayor cuota de influencia y participación en la gobernanza mundial. Como la propia Unión Europea, lastrada también en su operatividad por la obligada unanimidad de todos sus miembros para tomar decisiones. Esta nueva sociedad global debe forjarse sin los privilegios de unos países sobre otros para que todas las naciones participen de las decisiones que afectan al planeta, y todas se sometan a los mismos parámetros de exigencia democrática en el gobierno de sus sociedades con el fin de evitar guerras y genocidios.

La comunidad judía de EEUU tiene un poder económico inmenso con el que presiona al ejecutivo de Washington, al que le viene bien tener un país como Israel que ejerce de portaviones del ejército USA

Nuevo orden mundial que pasa por una reforma de la Carta de Naciones Unidas que libere a la ONU de las ligaduras que supone el derecho de veto de los cinco países fundadores que ha generado una plutocracia en la gobernanza mundial. Reforma que afecta también a la representación de los países en la Asamblea General, que debería realizarse por grupos de naciones con problemas e intereses similares, como debería hacer la UE, para evitar que el poder de los países grandes anule su representación y capacidad de decisión en los temas globales que les afectan de manera directa; el mejor ejemplo, el cambio climático. Reforma que la ciudadanía debe exigir presionando a través de los canales de comunicación global. Nueva gobernanza global en la que deben participar todas las naciones.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario
y Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas

Palestina, una tierra negada y silenciada por la UNED


DENUNCIA DE CENSURA

A lo largo de estos doce meses de guerra y genocidio en Gaza han llegado noticias sobre actos de censura en universidades alemanas, británicas o estadounidenses, negando la participación de académicos o rechazando la publicación de artículos. También ha tenido lugar algún incidente en universidades españolas, a pesar de que en el país han prevalecido las movilizaciones contra la guerra, han tenido lugar centenares de actos de solidaridad y la propia CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) ha asumido el compromiso de revisar la cooperación con las universidades israelíes cómplices con el colonialismo y la guerra. Pero hay un caso escandaloso de censura académica que ha tenido lugar en la UNED, y que se ha intentado tapar con silencio y evasivas. Un caso que ilustra la incoherencia y el miedo de más de un gobierno universitario.

Unas semanas después del inicio de la guerra de Israel contra Gaza, el profesor de Sociología Ramón Adell y el equipo de audiovisuales de la UNED (UNED Media) puso en marcha la realización de un documental histórico sobre la cuestión palestina, concebido y pilotado por la realizadora Yolanda Prieto. El plan era que, al igual que otros documentales de temática histórica e internacional realizados en ese departamento, el documental de Palestina pudiera utilizarse en las actividades de la universidad y emitirse en el programa que ésta tiene en RTVE y que da una proyección social a sus actividades.

En el documental participó una decena de académicos de varias disciplinas, periodistas especialistas en Oriente Medio y defensores de los derechos humanos. Debe señalarse que entre ellos-as había personas que conocen muy bien, desde dentro y de manera directa, la realidad palestina e israelí. El resultado fue un documental en dos episodios que lleva por título “Palestina, una tierra negada” que recapitula las claves históricas de la desposesión palestina y permite entender mejor la situación actual. El documental utiliza un inestimable material audiovisual histórico y el relato explicativo corre a cargo de los mencionados especialistas. En suma, un trabajo de factura profesional y de excepcional valor didáctico.

El documental se concluyó en marzo. Pero cuando los realizadores se dispusieron a entregarlo a la instancia que debía incluir el trabajo en la programación de televisión, el responsable de Comunicación y Marketing de UNED Media se opuso a su emisión. Alegando que el material es parcial y sesgado (a favor del relato palestino) se permitió señalar una serie de temas que deberían incluirse en un trabajo de este tipo, desplegando una retahíla de lugares comunes y tópicos sobre la cuestión como la justificación del sionismo por el holocausto o la ocultada colaboración nazi-islámica.

Los realizadores y los participantes en el documental consideraron que la decisión de esa persona era simple y llanamente un acto de censura y recurrieron al Rector de la UNED. En esa instancia la respuesta fue el silencio, validando de hecho la cacicada del responsable de comunicación.

Cabe señalar que la UNED tiene una considerable colección de material audiovisual sobre Israel, de toda factura, fruto de actividades diversas a lo largo de varios años. Es incontestable que la producción de un material histórico sobre el hecho colonial y el origen del conflicto en Palestina enriquecería el fondo de la universidad y diversificaría las lecturas.

Podemos aventurar múltiples razones detrás de la decisión; la censura por razones ideológicas, el miedo a cuestionar relatos instalados o la negativa a debatir y contextualizar. Y eso es lo grave, con esas actitudes se participa en mantener la coraza de impunidad de la que ha disfrutado Israel, y con ello la justificación de la limpieza étnica, del colonialismo, de la deshumanización y al final del genocidio en curso. Este tipo de censura tiene sus raíces en la actitud complaciente con Israel que ha prevalecido durante décadas, incluso por parte de la academia. Hoy, revisar ciertos postulados canónicos supone asumir que hubo una larga connivencia con el discurso justificador del colonialismo israelí, y esto es un sapo difícil de tragar. Si no hay argumentos para mantener el relato justificador del genocidio, se recurre a la censura disimulada. Como ha sido este caso.

Este gesto de desprecio por el conocimiento histórico desde las instancias de gobierno de la UNED es llamativo y escandaloso. Exigimos que la UNED levante el embargo sobre el documental “Palestina, una tierra negada“. Ayudadnos a que el Rector y el equipo de gobierno de la UNED reconsidere su silencio censor.

Las-los intervinientes en el documental:

Luz Gómez García, catedrática de Estudios Árabes de la UAM

Carmen Ruiz Bravo-Villasante, catedrática de Estudios Árabes de la UAM

Sonia Boulos, profesora titular de Derecho Internacional de la Universidad Nebrija

Shereen Dagani, periodista de RNE

Teresa Aranguren, periodista y escritora

Ramón Adell Argilés, profesor de Sociología de la UNED

Héctor Grad, profesor de Antropología social de la UAM

Isaías Barreñada, profesor de Relaciones Internacionales de la UCM

Especial Congreso del PSOE

El mayor órgano de decisión del PSOE se reunirá en Sevilla para establecer los liderazgos y las líneas políticas, cruciales para abordar las reformas que la clase trabajadora necesita.

Continuamos en este número de Tribuna Socialista la sección especial congreso del PSOE que se mantendrá activa hasta su celebración. Una sección en la que los socios y socias de ASTRADE así como los lectores de TRIBUNA SOCIALISTA podrán publicar aquellos contenidos de relevancia para mejorar los derechos y libertades de la clase trabajadora de este país.

Defendamos la Sanidad Pública

Nuestro partido puede decir bien alto que lleva en sus genes la defensa de la Sanidad Pública.

En nuestra historia no ha habido Ministerio de Sanidad hasta finales de 1936, con el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social que constituyó el Gobierno de Largo Caballero, cuya titularidad ocupó Federica Montseny.

Siempre hemos batallado contra la idea liberal, conservadora y decimonónica, anclada en la edad media, de que el individuo debe atender sus problemas de salud. Así pensaban y piensan quienes no entienden el servicio público y a lo más que están dispuestos es a llegar a un servicio de beneficencia, de mínimos, que deje su conciencia tranquila y sirva de dique de contención frente a las clases populares que no pueden costearse una sanidad privada, de calidad, ni una educación privada para sus hijos e hijas, ni disponer de un ahorro mensual para un fondo privado de jubilación, ni pueden llevar a sus mayores a residencias privadas.

Frente al anacronismo de quienes nos presentan la falsa idea de “libertad” de elección, defendimos en el pasado la responsabilidad del Estado en el reconocimiento de los derechos sociales, como: la asistencia a los enfermos y ancianos, la protección a la maternidad y la infancia; o el derecho de los trabajadores y trabajadoras a la protección ante la enfermedad, los accidentes, el paro forzoso, la vejez, la invalidez y la muerte. Con una especial protección de mujeres y jóvenes. Derechos básicos que continuamos defendiendo hoy.

La Ley 14/86, General de Sanidad, siendo ministro el compañero Ernest Lluch, estableció la universalización de la Sanidad para todos los residentes en España, uno de los importantes logros de esta Ley.

La Ley 14/86 fue innovadora en muchos aspectos y, si la Salud fuese un derecho fundamental, como debería de ser, la Ley 14/86 sería una ley orgánica que desarrollaría el Artº. 43: “Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.”

Sin embargo, en los artículos 66 y 67 de la Ley 14/86, se introduce la figura de los “…convenios singulares con hospitales generales del sector privado que lo soliciten…”. Y en el Artº. 90 se estableció la posibilidad de “conciertos” para la prestación de servicios sanitarios con centros privados. Estos artículos contenienen limitaciones, tales como “…cuando las necesidades asistenciales lo justifiquen…”.

El 26 de abril de 1997 entró en vigor la Ley 15/97, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Esta Ley, contradictoriamente a lo que dice su enunciado, no introduce ninguna nueva forma de gestión, pues en su único artículo y en su Disposición adicional única viene a abrir el abanico de posibilidades de contratación a “…cualquier entidad de naturaleza o titularidad admitida en derecho”, bajo la figura de los “consorcios sanitarios”.

La ley 15/97 abrió el abanico de posibilidades de contratación a “…cualquier entidad de naturaleza o titularidad admitida en derecho”, bajo la figura de los “consorcios sanitarios”

La Sanidad Pública tiene objetivos distintos a los que tiene cualquier entidad privada. El Estado está obligado a garantizar la protección de la salud de todas y todos los ciudadanos y a adoptar medidas preventivas. Mientras que las entidades privadas solo se deben al interés lucrativo de sus accionistas o partícipes. Estas pasadas décadas han demostrado que estos intereses son contrapuestos y que en no pocas ocasiones constituyen una vía directa a la corrupción.

La experiencia demuestra que los intereses de la sanidad pública y de las entidades privadas son intereses contrapuestos y constituyen una vía directa a la corrupción

La experiencia acumulada demuestra que destinar más de 8.000 millones anuales, del presupuesto sanitario público, a las empresas privadas dedicadas a la salud provoca la reducción de camas y medios técnicos al servicio de la sanidad pública, además de la precarización laboral de los y las profesionales de la sanidad pública. Fomentar la sanidad privada desde la esfera de lo público es regresar al pasado; a que cada individuo tenga que atender sus problemas de salud, a condición de que pueda hacerlo económicamente.

Destinar más de 8.000 millones anuales del presupuesto sanitario público a las empresas privadas de salud provoca la reducción de camas y medios técnicos al servicio de la sanidad pública, además de la precarización laboral de los y las profesionales de la sanidad pública.

En momentos distintos de la reciente historia se han ido transfiriendo las competencias sanitarias a las comunidades autónomas, pero el Estado no se ha desentendido de la labor de coordinación de los servicios sanitarios, por lo que el servicio público básico de la Sanidad es una materia que no es ajena a ningún poder del Estado, pues tienen la competencia de coordinar los servicios sanitarios.

Los mismos poderes públicos a los que la Constitución les mandata “…organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”, en la pandemia de 2020 y 2021 las medidas preventivas fueron cuestionables o llegaron tarde y hubo poderes públicos autonómicos que no solo no prestaron los servicios necesarios, sino que se los negaron a los usuarios de las residencias de mayores.

Algunas autonomías no solo no han prestado los servicios necesarios sino que se les negara a los usuarios de las residencias de mayores

Dada la gravedad de las consecuencias que la privatización de la Sanidad Pública está teniendo:

  • Que el contenido del artículo 43 de la Constitución pase a formar parte de un nuevo artículo de Título I, en su Capítulo segundo, sección 1ª “De los derechos fundamentales y de las libertades públicas.
  • Derogación de la Ley 15/97, en su integridad, y de los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 14/86.
Texto aportado por Roberto Tornamira, Afiliado de la Agrupación de Arganzuela PSOE-PSM, a las propuestas que Izquierda Socialista-PSOE realizará al
41º Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español

Las Pensiones públicas se defienden en las calles

Un año más, y ya son muchos, las asociaciones de pensionistas han salido a las calles de Madrid. Como en convocatorias anteriores, miles de personas llegadas de la práctica totalidad de las comunidades autónomas se han sumado a la Manifestación del sábado 26 de octubre.

Las reivindicaciones:

  • Revalorización de las pensiones recuperando poder adquisitivo.
  • Garantía de la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
  • Realización de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.
  • Rechazo de cualquier pretensión de privatización de las pensiones públicas.

Se dice que las pensiones se revalorizan por ley con el IPC, pero esto es una verdad a medias. El artículo 1 de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre modifica el Artº 58 de la Ley General de la seguridad Social “Revalorización y garantía de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones”.

El punto 2 de este artículo 58 dice: “las pensiones de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizarán al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del IPC de los doce meses previos a diciembre del año anterior”.

Según la FUNCAS, un “think-tank” de la obra social de la CECA, nada sospechoso de trabajar en favor de los intereses de los pensionistas, comentó en su informe sobre la evolución de los precios al consumo, y en concreto respecto a la utilización del IPC medio como valor de referencia: “…en los dos últimos años al pasar el crecimiento medio del índice de precios de consumo (IPC) del 3,1 % en 2021 al 8,4 % en 2022. No obstante, detrás de esas cifras promedio se encuentran incrementos mucho mayores en un amplio listado de bienes y servicios básicos.

Es decir, en 2021, mientras el IPC general se fijo en el 6,5% el IPC medio fue del 3,1%.

Para dejar las cosas claras, el poder adquisitivo de las pensiones estará garantizado:

1º) Cuando las pensiones recuperen el poder adquisitivo perdido, que en el periodo 2010 a 2023 acumulan una pérdida del 6,44% (ver cuadro), pérdida provocada por los cuatro años (2014 a 2017, ambos inclusive) en los que el Gobierno del PP revalorizó las pensiones al 0,25% cada año. Y por la alta inflación de los años 2021 y 2022, en los que el IPC se situó en el 6,55 y 5,7% respectivamente.

Elaboración propia para Tribuna Socialista
Fuentes: Ministerio de Seguridad Social e INE

2º) Cuando las pensiones sean un derecho fundamental y las leyes que lo desarrollen sean orgánicas, en lugar de ordinarias, de tal modo que su revalorización no quede al albur de los cambios de gobierno y de los vaivenes del mercado.

Respecto a la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones, ningún plan o sistema es sostenible si se le sangra.

Los sistemas públicos de pensiones vienen siendo atacados desde la década de los 80 del siglo XX, pues son vistos, como casi todo lo público, como nichos de mercado en los que hacer beneficio privado, devaluando el objetivo de servicio público para el que fueron creados; ocurre con la Sanidad, con la Educación, con las Residencias de mayores, con la Vivienda, etc.

En 2020, el Tribunal de Cuentas del Estado emitió un informe en el que establecía que, en el periodo 1989 a 2018, el Estado había utilizado más de 103.000 millones de euros para realizar pagos que no correspondía pagar con el dinero de las pensiones. El ministro Escrivá, en 2023, afirmó públicamente que la deuda del Estado con las pensiones ascendía a 140.000 millones. Fue a partir del informe del Tribunal de Cuentas cuando el movimiento de pensionistas reivindicó con fuerza una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Este compromiso se incluyó en la Ley 21/2021, pero, a fecha de hoy. El Gobierno no ha cumplido con este mandato legal ni ha dado explicaciones del incumplimiento.

Garantizar el Sistema Público de Pensiones es por tanto no utilizar indebidamente el dinero cotizado para pensiones como devolver a las pensiones el dinero mal utilizado. Por eso es importantísimo que se lleve a cabo la Auditoría que está mandatada por ley, para saber realmente cuánto dinero se le debe a las pensiones desde 1967 a 2019, tal como especifica la Disposición adicional sexta de la Ley 21/2021.

Es preocupante saber que más del 50% de la ciudadanía no sabe que la Sanidad no se paga con las cotizaciones de los trabajadores y trabajadoras. Esto indica que se ha olvidado para una importante parte de la sociedad que las pensiones son salario de nuestras nóminas de hoy destinado a pagar las pensiones futuras; por eso la cuestión de las pensiones es un derecho que debería defender los jóvenes también. Garantizar la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones pasa por no confundir lo que se paga con impuestos, los cuales manejan los gobiernos para el gasto público, con las cotizaciones a la Seguridad Social que es dinero retenido de nuestras nóminas cada mes, a lo largo de toda la vida laboral.

Por último, hay que estar atentos a las pretensiones de las aseguradoras y las entidades financieras, ávidas de pillar la gestión de las pensiones y de desviar las cotizaciones de los trabajadores a fondos privados que, a su vez, serán sometidos a la especulación bursátil sometiendo así a las pensiones a un riesgo brutal e innecesario con el que los beneficiados serán ellos, los especuladores, cobrando grandes comisiones del negocio.

Rogelio Obrador
Activista en defensa de lo Público (Madrid)

La vivienda es un derecho no garantizado

Manifestación en Madrid 13 de octubre de 2024

Una ola está recorriendo nuestro país clamando por el derecho efectivo a la vivienda. El 13 de octubre la ola rompió en Madrid, el sábado 19 lo hizo en Valencia y el 20 en Canarias. Son decenas de miles de personas las que han salido a las calles, muchas de ellas jóvenes.

Según un informe de CCOO, entre 1980 y 2023, de los 11,8 millones de viviendas construidas, un escaso 23% era vivienda protegida. Aquel parque de vivienda pública reventó tras la ley del suelo de 1998, la del gobierno Aznar, que liberalizó el suelo público y recalificó suelo hasta la saciedad; tanto se sació el mercado que termino por explotar la burbuja inmobiliaria en 2008.

En comunidades autónomas como la de Madrid, los gobiernos de la derecha han vendido 5.000 viviendas públicas: entre el Ayuntamiento de Madrid, 1860, y el resto la propia Comunidad. Estos mismos gobiernos son los que están fomentando los pisos turísticos, al negarse a aplicar la Ley 12/2023, que declara “zonas de mercado residencial tensionado” y pone límites al incremento de los precios del alquiler.

Esta concatenación de hechos políticos en materia de vivienda: liberalización del suelo, venta de vivienda pública a fondos buitre y fomento de los pisos turísticos, junto a la no aplicación de la ley, ha desembocado en una situación insostenible; particularmente para los y las jóvenes, que ven como se aleja en el tiempo su derecho a emanciparse.

Si tenemos en cuenta que el salario más frecuente en España se situó en 2022 en 14.586 €/año- el SMI de 2022 era de 14.000 €/año- el salario que más frecuentemente se cobrado quedó muy cerca del SMI. Hay que saber también, que este salario, el más frecuente, descendió en 2022 en un 21,17% desde el dato de 2021 que lo situó en 18.503 €/año. (Fuente de datos: INE). Frente a esto y en el mismo ejercicio de 2022, la variación anual del precio de la vivienda nueva en el conjunto del Estado fue del más del 30%. En el presente año 2024, el precio de la vivienda en alquiler ha subido un 10,2% en promedio en todo el Estado, pero en ciudades como Madrid, Valencia o Barcelona, los incrementos han sido del 15,7%, 15,4% y del 12,1% respectivamente, a cierre del tercer trimestre.

Estos datos muestran como la capacidad adquisitiva de los salarios de la mayoría de los asalariados por cuenta ajena mengua, frente al incremento desproporcionado del precio de la vivienda, sea en propiedad sea en alquiler.

La capacidad adquisitiva de los salarios mengua mientras que la vivienda se encarece de forma desproporcionada

La encrucijada para millones de jóvenes es que no puede acceder a una vivienda nueva o de segunda mano, por la que pagarían proporcionalmente menos de amortización de hipoteca que lo que se les pide por un alquiler compartiendo piso, pero, por su bajo nivel de ingreso, la banca privada les cierra las puertas.

El Estado, concretamente el Gobierno y el poder legislativo -los partidos con presencia en el Congreso y el Senado- podrían romper esta dinámica:

  • Sacando al mercado las casi 50.000 viviendas que tiene la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancario (SAREB) que nos costaron a todas y todos los contribuyentes 35.000 millones de euros -alguien tendría que explicar qué inmuebles y quiénes los han adquirido, pues no es verosímil pensar que 50.000 viviendas han tenido un coste medio de 700.000 euros-.
  • Exigiendo a la banca la devolución de los 65.000 millones de euros públicos que se les prestó para su reestructuración; dinero que podría invertirse en la construcción de casi medio millón de viviendas públicas.
  • Poniendo en marcha un plan urgente de construcción de vivienda pública: en alquiler y en propiedad; compartiendo con el Gobierno que la vivienda pública debe serlo a perpetuidad, para que no se pueda especular con ella -uno de los artículos que fue anulado por el Tribunal Constitucional en su sentencia 79/2024, de 21 de mayo pasado-
  • Lanzando líneas de préstamos hipotecarios directamente desde el ICO, no a través de las entidades financieras privadas, que no discrimine por renta.
  • Revertiendo la venta de vivienda pública mal vendida a fondos de inversión y a grandes tenedores, expropiando estas viviendas, ante la dramática situación que soporta la mayoría de la sociedad.

Seguro que hay más medidas que se podrían aplicar, pero sería un crimen social que pasara el tiempo y que no hubiese una solución inmediata para el 85% de los y las jóvenes entre 25 y 29 años no pueden emanciparse, y para el 30% de los que teniendo más de 30 años tampoco pueden hacer realidad su proyecto de vida.

No se trata de políticas para captar el voto de los jóvenes, se trata de un drama social que afecta a temas tan sensibles como la natalidad o la capacidad para aportar al sistema que garantice el Sistema Público de Pensiones en el futuro, entre otras cuestiones que dependen de tener o no un salario digno, o que sea lo justo para no morir de hambre. De la respuesta al problema de los partidos políticos que compiten en las elecciones debería depender el voto del electorado.

Pascual Sánchez
Militante socialista
Imagen de la manifestación por la vivienda en Valencia
Imagen de la manifestación por la vivienda en Madrid
Imagen de la manifestación por la vivienda en Andalucía
Imagen de la manifestación por la vivienda en Palma de Mallorca

El frío invierno de la memoria histórica

La memoria histórica es algo voluble que viaja en el tiempo y a la que hemos dado una forma. Una forma de olvido, rojo y negro. En este olvido se nos van nuestros abuelos, se nos van las personas que vivieron intentando recuperar a sus familiares de las frías fosas y les debemos esta reparación.

Sin duda hemos perdido la perspectiva de por qué se hizo una ley de memoria democrática entre tanto ruido antidemocrático. Por este motivo vamos a preguntarnos, ¿Acaso a las nuevas generaciones les importa saber de dónde venimos?, consideremos que sí. Partiendo de esta consideración, veamos qué puede ser la reparación en la memoria histórica de nuestro país.

Hay dos rasgos relevantes en los discursos sobre la memoria histórica en España, uno de ellos es un pasado traumático para las personas que vivieron la guerra civil y la dictadura de Franco, y otro el valor político y como sociedad que hemos otorgado al recuerdo de las víctimas.

Como señala Aróstegui en su libro, “Traumas colectivos y memorias generacionales: el caso de la guerra civil”, la memoria está basada en la vivencia y es “directa y espontánea”, por lo que puede generar sentimientos, y hacer que la historia se viva de manera diferente según la clasificación de vencedores y vencidos. La memoria generacional se irá diluyendo con el paso del tiempo si no hay un lugar común al que volver, estas generaciones que lo habían vivido están muriendo, quedarán las fotografías, los relatos y el silencio.

Sin embargo, como la ley de Memoria Democrática del 20/2022 de 19 de octubre, indica “el olvido no es una opción para la democracia”, pero y ¿para la sociedad?, ¿lo es? Nos estamos encontrando ante una sociedad que ya no puede ser reparada por los años que han pasado debido a que muchas de estas personas que lo vivieron van falleciendo y sin quererlo se genera un olvido colectivo. Las fosas comunes que quedan aún en España son un reflejo de este problema en cuanto a la reparación. El día 15 de octubre se entregaron los restos humanos rescatados por la Asociación de memoria histórica, en Lugo, de dos personas del bando republicano asesinadas por sus ideales y participación en el intento de detener el golpe. Sus familiares murieron en la búsqueda de justicia y no pudieron celebrar su entierro. La mayor fosa común que hoy en día sigue en proceso de exhumación está situada en Sevilla, con más de 2000 personas en ella.

Si hacemos el ejercicio de echar la vista atrás de los lugares que pueden ser un recordatorio, nos fijamos también en las cárceles, aquellos terrenos grandes en los que ya no queda nada, o se ha edificado encima de ellos. Este pasado 27 de junio se cumplían 80 años desde la inauguración de la cárcel de Carabanchel, una de las prisiones donde se albergaba un mayor número de personas detenidas durante el régimen franquista, y donde había archivos abandonados sin ninguna recuperación, y por tanto ninguna seriedad histórica. En estos terrenos, los vecinos de Eugenia de Montijo y Aluche llevan reclamando durante muchos años un centro de recuperación histórica donde se recuerde el horror, la pena y la historia. ¿Queda algo que recuerde este lugar? La respuesta es no. Asimismo la cárcel de ventas, que durante los años 1931 a 1969 fue una cárcel destinada a las mujeres. Esta cárcel procuraba ser un modelo en cuanto a apertura y buen trato a las reclusas, su realización fue obra de Victoria Kent durante la segunda república, que sin pretenderlo fundó una prisión para mujeres que el único delito que cometieron fue pensar libremente. En esta cárcel hubo niños con sus madres, en condiciones deplorables, y os preguntaréis ¿queda algún recuerdo de este lugar? La respuesta es no.

Siguiendo los escritos sobre cárceles en España durante el franquismo, encontramos a autores como Julián Chaves que escribe sobre Extremadura en “Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea”. En este texto se señala que se crearon campos de concentración en diferentes ciudades de Extremadura como Trujillo para reprimir y albergar mayor cantidad de presos que en las cárceles. Citando a otro historiador como Santiago Vega, él señala que durante los años 50 y 60 seguían en la prisión Central de Burgos, un total de 580 antifranquistas. De ellos según este investigador, “el 90 % era de ideología y militancia comunista”, esta cárcel era la que mayor número de presos albergaba fuera de Madrid. En el caso de las mujeres presas políticas permanecerían en Alcalá de Henares, que se aumentó en tamaño en 1956, transformada ese año en Reformatorio de Mujeres. Según señala este mismo autor la cárcel de Carabanchel era usada por el régimen hasta entrada la democracia por su carácter preventivo, hasta que se resolvía el juicio. En los lugares de dichas cárceles no queda recordatorio de qué ocurrió y la falta de consenso histórico es notable, cuando no debería caber duda del horror que se vivió.

¿Después de todo qué es la memoria? La memoria para esta autora existirá siempre que los relatos estén vivos y sean conocidos, los datos, las cifras, las personas y las fotografías. Desenterrar las fosas y enterrar dignamente a nuestros familiares es un acto de justicia. La memoria del amor que no llegaron a tener, la memoria para no volver al caos, la memoria para no perder nunca el rumbo y seguir siempre adelante.

Alicia Hernández Coloma
Trabajadora Social

El blindaje de las Pensiones Públicas

Crónica del acto del 17 de octubre en Fuenlabrada

El jueves 17 de octubre, en el Espacio Joven “La Plaza” de Fuenlabrada (Madrid), tuvo lugar un acto debate bajo el título El Blidaje de las Pensiones, en el que tuve el placer de participar.

El acto fue organizado por la Asociación Nacional de Pensionistas (ADEPPU), ejerciendo de moderadora del evento Leonor Moggio, vicepresidenta de ADEPPU.

La apertura corrió a cargo de Javier Ayala, alcalde de Fuenlabrada, quien presentó y dio paso a la intervención de la Ministra de Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz Delgado.

En su intervención, la ministra, defendió las reformas de pensiones que este gobierno ha llevado a cabo, las cuales han permitido cerrar el mes de septiembre con 8.300 millones de euros en el Fondo de Reserva de Reserva de la Seguridad Social y una previsión de alcanzar los 9.300 a final de año.

Aseguró que el Sistema Público de Pensiones es sostenible, a pesar de los mensajes agoreros de los interesados en lanzar el mensaje de que las Pensiones no están garantizadas para el futuro.

Tras una batería de tres o cuatro preguntas que la trasladó la moderadora, la ministra abandonó el acto, por cuestiones de agenda, no participando del debate posterior.

Imagen del acto en Fuenlabrada

En el debate participamos, en el orden que aparecemos en el cartel de la convocatoria:

Diego Figueroa Álvarez, Diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. En su intervención defendió la necesidad de una reforma constitucional por la que las Pensiones públicas pasen a formar parte de los Derechos fundamentales, ubicando este derecho en la sección 1ª del Capítulo segundo del Título I.

El presidente de ADEPPU, Manuel Penelas, manifestó el apoyo de su organización a la labor del Gobierno actual, que ha revalorizado las pensiones manteniendo el poder adquisitivo de los pensionistas, frente a los ejercicios 2014 a 2017 en los que se revalorizaron al 0,25% cada año. Puso énfasis en que las pensiones se revalorizan por ley en base a la Ley 21/2021.

Elena Asensio, portavoz del Movimiento de Pensionistas de Madrid, recordó en su intervención que los pensionistas comenzaron a alzar su voz en las calles contra la pérdida de poder adquisitivo que ocasionó la política económica del PP. Y que el movimiento de pensionistas sale todos los “lunes al sol”, para reivindicar que se blinden las pensiones, entre otras cuestiones.

De izquierda a derecha: Elena Asensio, Roberto Tornamira, Leonor Moggio, Diego Figueroa y Manuel Penelas

En mi intervención, apoyé la necesidad de la reforma constitucional para que las Pensiones, la Sanidad y otros derechos para que pasen de estar en el Capítulo de “Principios rectores de la política social y económica” a formar parte de “Derechos fundamentales y de las libertades públicas”. Este cambio llevaría a las leyes que desarrollan las pensiones como derecho a ser orgánicas en lugar de ordinarias, evitando así el constante cambio de criterios, por ejemplo, en la revalorización, cada vez que se produce un cambio de gobierno. Sería una manera de blindar las pensiones desde un punto de vista legal.

También hice la consideración de blindar las pensiones desde un punto de vista económico, y de transparencia, cumpliendo la Disposición Adicional sexta de la Ley 21/2021, por la que el Gobierno debería encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Recordé que esta disposición legal venía del informa que en 2020 hizo público el Tribunal de Cuentas, según el cual, en el periodo 1989 a 2028, el Estado había utilizado indebidamente más de 103.000 millones de euros. Y que es a partir de este informe que el movimiento de pensionistas estatal comenzó a reivindicar la Auditoría. La necesidad de auditar las cuentas de la Seguridad Social la afianzó el actual Gobernador del Banco de España, siendo ministro de la Seguridad Social, cuando afirmó, en abril de 2023, que la cifra de deuda del Estado con la Seguridad Social alcanzaba ya los 140.000 millones de euros.

El Tribunal de Cuentas informó que en el periodo 1989 a 2018, el Estado había utilizado indebidamente más de 103.000 M€ (…) el ministro de seguridad social en 2023 afirmó que la deuda del Estado con la seguridad social ascendía a 140.000 M€. (…) Es necesaria la auditoría a las cuentas de la seguridad social

De la misma manera, se blindarían las pensiones si no se hiciesen rebajas en las cotizaciones a los empresarios, ni a los trabajadores, pues desde 1980, las cotizaciones se han rebajado un 6,1%, sabiendo que cada punto porcentual supone más de 1.200 millones de euros que la Seguridad Social deja de ingresar para el pago de pensiones.

Desde 1980 las cotizaciones se han rebajado un 6,1%. Cada punto porcentual supone más de 1200 M€ que la seguridad social deja de ingresar para el pago de pensiones.

Por último, manifesté que las pensiones, y todos los derechos, se blindan saliendo a la calle a defenderlos en unidad, y que el día 26 de octubre vamos a tener una oportunidad para hacerlo.

Roberto Tornamira
Miembro del Comité de Redacción de TS

Especial Congreso del PSOE

Encuentro Nuevo modelo de financiación autonómica

El jueves 17 de octubre de 2024 Izquierda Socialista, IS-PSOE, celebramos un encuentro sobre NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA con el secretario general del PSOE-M Juan Lobato- Dicho encuentro lo celebramos en la agrupación socialista de Centro, moderado por su secretario General Roberto González y con una nutrida asistencia de compañeros y compañeras para escuchar, compartir, conversar y debatir sobre un tema tan importante en estos momentos. Encuentro que coincidió en un día especial, pues un 17 de octubre de 1850, nació en Ferrol, nuestro fundador Pablo Iglesias Pose.

Desde izquierda socialista entendemos que es muy necesario hablar y escucharnos y, sobre todo, recabar cuantas más opiniones mejor para contribuir a las más acertadas resoluciones en nuestro próximo congreso federal, como en nuestro apoyo al gobierno progresista en el desarrollo de los acuerdos con todos los territorios del Estado.

Como siempre, en izquierda socialista, estamos a disposición de nuestro partido, de nuestra ejecutiva y del secretario general, para aportar, apoyar, trabajar y colaborar en todos los ámbitos, como corriente de opinión crítica y lo hacemos desde nuestras ideas y reivindicaciones históricas: defensa de la república, estado federal, estado laico, defensa de la igualdad, del feminismo, los derechos humanos, los servicios públicos, la justicia fiscal, y contra la guerra y a favor de la PAZ, elementos imprescindibles para que haya solidaridad, equidad y justicia social.

En este tema, y en relación al acuerdo del PSC con ERC, en Izquierda Socialista Federal estamos a favor del mismo.

Dentro del PSOE, nuestro partido, desde hace tiempo y no solo en el PSC, hablar de identidad nacional de Catalunya no es nuevo, ya se hizo en la Declaración de Granada de 2013, en la declaración de Barcelona 2017, en el 39 Congreso Federal al “hablar del carácter plurinacional” de España, o como “nación de naciones”.

En todos ellos se reitera la propuesta de un modelo federal, bajo el principio de que la única nación soberana es España para garantizar desde el Estado la igualdad de derechos de todas las españolas y españoles, vivan en el territorio que vivan (como cita y explica muy bien Manuel de la Rocha, en un artículo publicado el pasado 24 de septiembre en ElDiario.es y que recomiendo).

Al ser una responsabilidad competencial autonómica la VIVIENDA, también en este encuentro NUEVO MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA, hablamos de vivienda, en base al art. 47 de nuestra CE, que entre otras cosas dice “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna” y “los poderes públicos promoverán” … y “establecerán las normas”, etc.

Estos días estamos viviendo y asistiendo a movilizaciones y manifestaciones muy importantes, sobre el derecho a vivienda. Por ello, en la presentación del acto lancé una cuestión para reflexión de todos los asistentes.¿Creemos que es necesario hacer un parque público de vivienda en alquiler para los jóvenes y trabajadores y que el alquiler no supere más del 30% del salario mínimo interprofesional para alquileres sociales?

Agrupación Madrid-Centro PSOE-M 17 de octubre de 2024

Quienes llenan las manifestaciones, jóvenes, trabajadores, como quienes las convocan y quienes las apoyamos necesitamos dar y tener respuestas para atajar este gran problema de manera inmediata.

Tanto de la magnifica intervención de nuestro secretario general, didáctica, aclaratoria y muy útil para el más del centenar de compañeros y compañeras que llenamos la agrupación, así como las aportaciones de las múltiples intervenciones, señalaré a modo resumen algunas de las expresada en este encuentro.

El acuerdo sobre financiación acordado entre PSC y ERC es una oportunidad para abordar algo que llevamos más de 12 años pendiente de resolver, como es la Financiación Autonómica y puede servir porque abre el debate para su desarrollo.

La política fiscal es recaudar y distribuir.

Dependiendo del desarrollo que se haga del documento acordado entre PSC y ERC se podrán aplicar nuestros principios ideológicos y políticos, porque ese documento permite ese desarrollo de nuestros principios de justicia territorial y que cada uno reciba en función de sus necesidades, dando más a quien más lo necesite.

Porque las necesidades van en función del marco competencial de cada comunidad autónoma.

Es muy importante la igualdad en la prestación de servicios como la sanidad y la educación… Porque son derechos que se tienen vivas donde vivas.

Como aportamos fondos al “fondo de justicia territorial “. Tiene que haber Corresponsabilidad fiscal.

Ejemplo: si una Comunidad pone en marcha una infraestructura, para que el gobierno central le de financiación tiene primero que comprometerse esa comunidad en poner parte de la financiación subiendo impuestos a los que más tienen.

Hay dos temas en el documento que tienen que ser acordados; la Ordinalidad y la Agencia Tributaria.

Este 41ºcongreso Federal es una oportunidad que no se nos puede escapar para que los socialistas debatamos y acordemos un posicionamiento sobre financiación autonómica que sea válido para todas las comunidades basado en el principio de que cada cual reciba según sus necesidades.

Isabel Andaluz Andaluz
Portavoz Federal de Izquierda Socialista
Ex Diputada Asamblea de Madrid (2015-2019)