La vía muerta de la inversión: Por qué el futuro del tren no puede ser el beneficio privado

1. Introducción: El crujido de las vías

La red ferroviaria española atraviesa un momento de vulnerabilidad estructural que trasciende la anécdota técnica. Los recientes siniestros, desde el descarrilamiento en Adamuz —atribuido a un defecto en una vía recién renovada— hasta las recurrentes incidencias en el núcleo de Cataluña, que han llegado a cobrarse víctimas mortales, son la manifestación física de un sistema al límite que afecta a la seguridad de los pasajeros y trabajadores ferroviarios, y que tiene consecuencias nefastas para sus principales usuarios trabajadores y estudiantes, gran parte de la clase trabajadora.

El propio Ministro de Transportes ha admitido la urgencia al describir una «infraestructura viejísima» tras años de abandono. Los datos validan esta alarma: el 24% de la infraestructura ferroviaria española supera ya los 20 años de antigüedad. Este envejecimiento no es fortuito, sino el resultado de una descapitalización sistemática que demuestra que el modelo de liberalización actual no es ninguna herramienta de eficiencia sino un modelo de negocio que prioriza el beneficio privado en corredores rentables mientras desmantela el carácter vertebrador del servicio público.

El espejo británico: La anatomía de un colapso anunciado

Para proyectar el futuro de España, es imperativo analizar el fracaso del Reino Unido tras la privatización de 1993 bajo el gabinete de John Major. Aquel modelo, diseñado por el legado de Thatcher, fragmentó el sistema en más de 30 entidades, resultando en una externalización de riesgos que, ante el colapso, terminó asumiendo el erario público.

Las métricas financieras de este experimento son demoledoras:

• Explosión de costes operativos: El coste de operar el sistema se duplicó en una década, pasando de 2.400 millones de libras (1990-95) a 5.400 millones (2005-10), sin una mejora correlativa en los activos fijos.

• Transferencia de rentas públicas: Los subsidios estatales crecieron un 300%; paradójicamente, el 90% de las inversiones fueron sufragadas por el contribuyente, mientras las operadoras privadas extraían dividendos.

• Colapso de Railtrack: El gestor privado de infraestructuras quebró en 2001 tras una cadena de accidentes derivados de la falta de integridad técnica, obligando a la creación de la entidad pública Network Rail.

Este deterioro fue retratado con precisión por Ken Loach en La Cuadrilla (The Navigators), donde se ilustra cómo la rentabilidad del accionista tritura la seguridad laboral y técnica. La prueba final del fracaso es que, en 2025, el Reino Unido completará la renacionalización de la South Western Railway (SWR), admitiendo que el mercado es incapaz de gestionar un derecho social.

La asimetría del modelo español: AVE para pocos, olvido para muchos

España ha adoptado un rol de «Quijote» de la liberalización, implementando las directivas de la UE con un celo regulatorio que contrasta con la cautela de nuestros vecinos. Mientras Francia protege su operador nacional con «trabas inacabables» para asegurar la cohesión del servicio, la CNMC en España facilita el acceso a los activos más lucrativos (AVE) a operadores como Ouigo o Iryo sin exigir contrapartidas equivalentes en vertebración territorial.

Esta lógica de extracción financiera genera una distorsión profunda reflejada en la siguiente comparativa:

Segmento FerroviarioSituación y Evolución TécnicaImpacto Social y Operativo
Alta Velocidad (AVE)Concentración masiva de inversión pública; competencia de precios en corredores de alta densidad.Modelo de «lujo» que absorbe recursos mientras el retorno social se limita a usuarios de alto poder adquisitivo.
Tren de MercancíasDeclive crítico: caída de una cuota modal del 11% (2005) a un exiguo 2,4% actual (mínimo histórico del 1,9% en 2017).Fracaso en la transición ecológica y pérdida de competitividad logística industrial.
Red ConvencionalDéficit de mantenimiento acumulado y obsolescencia de activos; reducción sistemática de frecuencias.Supresión de 40.000 trenes regionales y cierre de paradas en 172 estaciones desde 2014; aislamiento de la «España vaciada».

Las Obligaciones de Servicio Público (OSP) se han instrumentalizado para justificar recortes, priorizando el flujo de caja sobre el derecho constitucional a la movilidad.

Radiografía del abandono: Las cifras del déficit estructural

El deterioro de la red responde a la política de «inaugurar antes que mantener». El ahorro en mantenimiento preventivo es una negligencia con consecuencias trágicas, similar a lo ocurrido con las obras hidráulicas postergadas en el Barranco del Poyo: la falta de inversión hoy es la catástrofe de mañana.

Los datos de la descapitalización sistemática son incontestables:

1. Deuda de inversión y reposición de activos: Según el IEE, el déficit acumulado para compensar el desgaste y envejecimiento supera los 60.000 millones de euros.

2. El desplome porcentual: Existe una «ilusión de inversión». Aunque se anuncien cifras récord, la inversión actual de 3.469 millones de euros está un 63% por debajo de los niveles de 2009-2010, cuando superaba los 11.000 millones.

3. Mantenimiento insuficiente: El gasto por kilómetro en mantenimiento en España sigue siendo un 50% inferior a la media de la Unión Europea, una asimetría fiscal insostenible para una red de nuestra extensión.

Durante el periodo 2011-2018 (años de gobierno del Partido Popular, la inversión en infraestructuras sufrió una caída real acumulada del 56,3%, marcando el inicio de la crisis actual de reposición de activos.

Focos críticos: La crisis de Rodalies y el Corredor Mediterráneo

Cataluña es el exponente máximo de la «tormenta perfecta»: falta de inversión histórica sumada a una saturación estratégica extrema. El Corredor Mediterráneo, lejos de ser solo una oportunidad, actúa como un cuello de botella donde se mezclan tráficos de larga distancia, mercancías y cercanías en una red exhausta.

En 2024, ADIF destinó 710,6 millones de euros a Cercanías. Sin embargo, para un analista de políticas públicas, esta cifra es apenas un parche de emergencia. Frente a una necesidad técnica estimada en 11.700 millones anuales para compensar el envejecimiento nacional, los esfuerzos actuales son insuficientes para revertir décadas de descapitalización. La fiabilidad del servicio no volverá hasta que se priorice la seguridad integral sobre la inauguración de nuevos hitos políticos.

Conclusión y Propuesta Política: Recuperar el tren como bien común

La seguridad ferroviaria no es un coste; es una inversión por la vida. El modelo de gestión actual, que subcontrata el mantenimiento mediante licitaciones a la baja para preservar márgenes empresariales, compromete la estructura misma del Estado. Es imperativo transitar hacia un modelo que reconozca que la rentabilidad social es el único balance que importa.

Manifiesto por un Ferrocarril Público y Social:

• Renacionalización integral del sistema: Siguiendo el ejemplo de la SWR británica en 2025, España debe revertir la segregación vertical y poner fin a la liberalización agresiva. El control 100% público debe eliminar la extracción de beneficios privados de un sector que sobrevive gracias al subsidio estatal.

• Priorización de la rentabilidad social: Las OSP deben dejar de ser una excusa para el recorte. El éxito del sistema debe medirse por la recuperación de las 172 estaciones abandonadas y la vertebración de la «España vaciada», garantizando frecuencias dignas en la red convencional.

• Plan de choque de inversión pública y reposición de activos: Exigimos un plan masivo que sitúe el mantenimiento de la red convencional y de mercancías por encima de la expansión de nuevas líneas de lujo. La seguridad —desde la circulación hasta la ciberseguridad— debe ser la prioridad absoluta, entendiendo que el ferrocarril es un derecho ciudadano y el gran vertebrador del territorio bajo gestión pública directa.

Baltasar Santos

Primer secretari PSC el Vendrell.

Jornada sobre vivienda: aportación al debate

A iniciativa de Izquierda Socialista-PSOE de Madrid se celebró el pasado sábado, 21 de febrero, una jornada Bajo el título “Derecho a la Vivienda” en la sede del PSOE de Madrid. El programa de la jornada, aparte de la apertura y clausura, se desarrolló en dos mesas: “Juventud e inquilinos” y “La lucha por la vivienda”, y finalmente se recogieron unas primeras conclusiones de las exposiciones y debates.

El tema no podía ser más de actualidad. Según el CIS el 42,6% de la población sitúa el acceso a la vivienda como el principal problema que vive el país, y así se reflejó en las distintas intervenciones. Tras la presentación del acto, por parte de Isabel Andaluz, portavoz de IS-PSOE-Madrid, tomó la palabra David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, reconociendo el problema que tiene la ciudadanía con la vivienda, y el deseo que tiene el Gobierno de acabar con la especulación y dotar a los ciudadanos de viviendas sociales y asequibles.

La primera mesa dio voz a los que buscan una vivienda; las y los jóvenes y a quienes defienden el techo bajo el que vive; las y los inquilinos, fue moderada por Roberto Tornamira, adscrito a IS-PSOE-Madrid.

  • Inició el debate Sara D. Liaño, secretaria general del RUGE-UGT-Madrid1, puso de relieve la dificultad que tienen los jóvenes para construir un proyecto de vida independiente. La combinación de bajos salarios y altos precios de la vivienda impiden un horizonte que solo contempla el alquiler, no haciendo posible la compra de un piso. Y en el alquiler no solo se enfrentan a precios desorbitados, también a tener que compartir, a entrevistas que indagan en lo personal, muchas veces sin contrato, otras sin cédula de habitabilidad, sin salón… etc. Como deberes planteó la necesidad de devolver la dignidad a los jóvenes dándoles una perspectiva vital, mejorando las condiciones laborales, y la necesidad de solidaridad intergeneracional. Un problema social derivado es la imposibilidad de tener hijos o de ser madre a edades más bajas de las actuales, por término medio.
  • Tras ella intervino Paula Castellanos, vicesecretaria general 2ª de JSM. En la misma línea que Sara, señaló las dificultades que tienen los jóvenes para salir de casa de sus padres, hasta el extremo de tener que volver en algunos casos. Ella vive en Méndez Álvaro donde la mayoría de los pisos que se construyen son de lujo, lo que aboca a los jóvenes a marcharse a pueblos periféricos. Pide al Estado que intervenga, pues el problema es estructural, el reto es que la vivienda pase de ser un activo financiero a un derecho, como es, reconocido por la Constitución, blindando el art. 47 como derecho fundamental.
  • Ángela Hernández, en representación de CCOO-Madrid, explicó que en su pueblo el año pasado subieron los alquileres un 37%, y que desde CCOO impulsan una ILP que propone una agencia pública de vivienda en la Comunidad de Madrid y que la VPO no sean recalificables, de modo que no puedan ser vendidas a precio de mercado. Están recogiendo firmas y movilizando a la ciudadanía.
  • María, inquilina en Madrid, vive y trabaja en C/ General Lacy, 22, un edificio acosado por un grupo de rentistas, la familia González Ruano y Santos Cebrián. Relató como el edificio donde vive, al igual que otras fincas propiedad de esta familia en Madrid, construido hace 100 años, y que ha dado alojamiento a numerosas familias, es desahuciado en su conjunto mediante burofax, sin ofrecer ninguna alternativa a los vecinos, sin negociación, sin prórroga, sin piedad para una mujer con cáncer, que tiene que ver sus últimos días acosada hasta morir. Ellos son un caso más, pero han tomado contacto con otros en condiciones similares en Modesto Lafuente o en Mesón de Paredes. Continúa: “pretenden agotarnos por cansancio, abandono, nos cortan la luz, no mantienen los edificios, presión por parte de profesionales del acoso […] estamos en el mismo barco que los jóvenes, que los emigrantes, no tenemos posibilidad de cambiar de vida, no podemos irnos […] nos hemos reunido con consumo, nuestro barrio nos apoya, nos manifestamos y no nos rendimos, pero tanto los abogados, como el Sindicato de Inquilinos nos dicen que la ley apoya los intereses de los propietarios”.

Sus reivindicaciones: contratos de larga duración, viviendas accesibles, con mantenimiento, devolución de las VPO al parque público, una ley antidesahucios y un organismo estatal que regule la vivienda.

A continuación, tras el debate, las cuatro concluyeron que este drama social es posible por la libertad para especular por encima del derecho a la vivienda, y avisan que la ciudadanía no va a votar a quien no lo resuelva y que está en peligro la estructura social.

La segunda mesa dedicada a buscar soluciones, fue moderada por María Ruiz Cordón de IS-PSOE-Madrid.

De izquierda a derecha las portavoces de: RUGE-UGT, JSM, CCOO-Madrid y c/ Gral. Lacy,22

  • Julio Rodríguez, miembro del Consejo asesor de vivienda, puso sobre la mesa gran cantidad de datos, como que en España el alquiler de vivienda representaba el 20% del parque –hace 10 años era el 11%–, en Madrid es el 26%, entre los jóvenes el 51% y los emigrantes el 70%. España uno de los países con menor número de alquileres. Señaló como un sinsentido que en Motril se construyan 1.200 VPO pegadas al mar.

Pidió un marco jurídico claro y puso de ejemplo las VPO que pasan a libres en Murcia en 5 años, Madrid en 15 años, mientras que en el País Vasco, Navarra o Cataluña son permanentes. Se compran más viviendas como inversión sobre todo capital extranjero. Se deben construir muchas más casas VPO: el Gobierno anuncia un fondo soberano para construir 15.000 casas cuando se necesitan más de 40.000; tampoco aclara como se va a financiar, habla de aportación pública-privada, aunque señaló que el incentivo privado es obtener suelo y créditos baratos del ICO. Y en lo inmediato, es necesario regular fiscalmente, prorrogar los contratos un año más y regular el mercado del alquiler.

  • Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón, se declaró intervencionista “pero no tengo competencias, en nuestras manos están las personas, pero las competencias están en manos de las Comunidades Autónomas”. La CM se dedica a poner el suelo público en manos de los fondos buitre; expulsan de Madrid hacia los pueblos y de estos a las provincias limítrofes. Esto es posible desde la Ley de Racionalización del Régimen Local.

Continuó: “no nos rendimos, hemos pedido que se aplique la ley estatal y hemos planteado una ILM (Iniciativa Legislativa Municipal); lo siguiente es el Tribunal Constitucional”. Con la ley estatal los alquileres bajarían de 1.000 a 790€. La situación es de emergencia sin solución para embargos, violencia de género, parejas separadas, estudiantes. Es necesario: “recuperar competencias, y sabemos que no tenemos mayoría en el Senado, pero habría que aplicar el art. 155 en Madrid”.

  • Para Pedro Barrero, concejal en el Ayuntamiento de Madrid, la vivienda es un problema tremendo no solo para los jóvenes, sino para toda la ciudadanía. El Ayuntamiento se niega a intervenir, están eliminando el patrimonio municipal vendiendo 120 parcelas al sector privado. Prometieron 15.000 VPO y han hecho 2.650. Sobre los planes de rehabilitación, que podrían incrementar el parque de viviendas, han sido rechazadas el 76% de las propuestas.

El problema principal son los pisos turísticos (hay 15.000 ilegales) pero la solución que dan a través del plan VIVE de la CM es dedicar edificios enteros a viviendas turísticas.

El Gobierno tiene una oportunidad de intervenir en la Operación Campamento y en la Cárcel de Carabanchel.

  • Carmen Fernández de Castro, arquitecta que ha trabajado como experta para Naciones Unidas en la búsqueda de soluciones urbanísticas, señaló que, ante una situación de emergencia social, no basta con plantear soluciones políticas, hay que intervenir. Si no hay tiempo hay que remangarse: “primero construimos y luego arreglamos los papeles”. Hay una necesidad acumulada de 700.000 viviendas, 80.000 VPO, es necesario recurrir a la iniciativa privada, expropiar el suelo urbanizable finalista, y puso como ejemplo el decreto-ley 7/1970 sobre actuaciones urbanísticas urgentes.
  • Finalmente intervino Jorge Nacario, presidente de FRAVM, que como para los demás, la vivienda es el principal problema de los barrios. Alertó del peligro de promover la política de alquileres, pues traslada la idea de que los jóvenes y los emigrantes no van a tener nunca una casa en propiedad.

Como medidas estatales propuso la necesidad de que sea convalidado el escudo social –hay más de 60.000 familias al borde de perder la vivienda–, creación de un fondo para vivienda y la regulación del alquiler de temporada.

Segunda mesa: de izquierda a derecha, Mª Ruiz (Moderadora, Julio Rodríguez, Candelaria Testa, Pedro Barrero, Carmen Fernández y Jorge Nacarino

Para Madrid es necesario dotar de una estrategia metropolitana, en Barcelona lo han hecho con éxito. El plan VIVE es un plan “malvive”, no hay política de vivienda, la ley del suelo que viene empeorará las cosas y continuará la destrucción de población expulsándola. Y finalizó diciendo que “en Madrid existen más pisos turísticos ilegales que VPO”.

Tras otro turno de debate, Roberto Tornamira intervino para avanzar algunas conclusiones de las propuestas realizadas por las y los intervinientes. Anunció que IS-PSOE-Madrid se propone hacer una asamblea para trasladar las más de 70 conclusiones que se desprenden de la jornada. Adelantó las siguientes:

  • La red de familias y servicios sociales son los que han permitido sostener el sistema habitacional. No existe un problema generacional, hay un problema de clases, por un lado rentistas y por otro trabajadores y trabajadoras.
  • Es necesario blindar el artículo 47 de la Constitución llevándolo a la sección de derechos fundamentales.
  • No se trata de anular las Comunidades Autónomas, como plantea la extrema derecha, es necesario que el Estado tenga capacidades para intervenir en derechos fundamentales.
  • Son necesarios trabajos dignos con salarios dignos que permitan la emancipación de los jóvenes.
  • Perseguir el racismo, también a la hora de optar a una vivienda.
  • Topar el precio de venta y alquiler.
  • Movilizar dinero público para VPO.
  • Apoyar a los Ayuntamientos que son la administración más cercana a los ciudadanos.
  • Ser valientes sobre el problema de la vivienda, mientras se soluciona es necesario movilizar a la sociedad para acabar con los bloqueos y los desahucios.

Para finalizar la jornada intervino Reyes Maroto, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, señalando que estamos en una batalla ideológica, siendo necesario priorizar los derechos sobre lo mercantil y salvar la dignidad de los vecinos.

Manuel de la Rocha dio por concluido el acto felicitando su celebración.

Plano general de los asistentes a la Jornada “Derecho a la Vivienda” 21/02/2026

Fotografía: Diego Vitores

Cartelería: Natalia Sánchez

Enrique Dargallo

Corresponsal de Tribuna Socialista y miembro de ASTRADE

Plano general de los asistentes a la Jornada “Derecho a la Vivienda” 21/02/2026

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1 Ruge “Revolución Ugetista” es la organización juvenil de la UGT

Ahora son los cubanos a los que amenaza Trump

En su intromisión en la soberanía del resto de los países de América, Trump ha dado un nuevo paso amenazando a cualquier país que envíe petróleo a Cuba. La amenaza contra la isla es real, las sanciones arancelarias a Canadá o México, las injerencias electorales en Argentina u Honduras, los bombardeos y asesinatos en aguas de Venezuela y Colombia, las descalificaciones al Presidente de Colombia, el bombardeo de Caracas –con más de 100 muertos según cifras oficiales– y el secuestro del presidente venezolano y su mujer…, hacen pensar que las amenazas no son simples baladronadas ni delirios de un loco, como gusta calificarle la prensa. Son producto de un plan que va más allá del propio Trump.

“Cuba es una nación en decadencia y uno siente lástima por Cuba. Han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoamericanos que fueron tratados muy mal y probablemente les gustaría regresar. Y no, no estoy intentando decirlo, pero parece que es algo que simplemente no va a poder sobrevivir”. Estas son las declaraciones de Trump tras firmar un decreto contra “cualquier país que directa o indirectamente venda o de alguna otra manera proporcione petróleo a Cuba”.

De esta manera, Trump busca impedir que, ante una más que previsible crisis humanitaria, algún país tenga la peregrina idea de ayudar a paliarla. Es obvio que cuando habla de que han tratado mal a la gente no se refiere a los once millones de cubanos que viven en la isla, habla de los oligarcas y familiares que le rodean y con los que hace negocios por el mundo, igual que tampoco cuenta con los dos millones de habitantes de Gaza cuando habla de montar un “resort” en la franja. Más que un “idiota a las doce” o el “principal faro del mundo libre”, como dice Ayuso, a quién más se parece es a Luis XIV de Francia, un rey absolutista. Cuando los estadounidenses se manifiestan al grito de “No Kings” no les falta razón.

Cuando dice: “tenemos muchos cubanoamericanos que fueron tratados muy mal y probablemente les gustaría regresar” –como si hubiera cubanos que son asiáticos–, no se refiere a los cubanos que se marcharon de la isla tras la revolución, se refiere a las multinacionales petroleras como Esso, agrarias como la United Fruit Company, telefónicas como la ITT, eléctricas como la Compañía Cubana de Electricidad o azucareras como la Atlántica del Golfo. Estas y otras muchas fueron nacionalizadas en la década de los sesenta tras la revolución de 19591 que expulsó del país a una casta corrupta encabezada por el presidente del momento, Fulgencio Batista. La saga de “El Padrino” lo retrata muy bien.

Se avecina un desastre humanitario

Cuba necesita combustible para alimentar las centrales termoeléctricas de las que dispone y, según las informaciones del Financial Times, en este momento dispondrían de combustible para dos o tres semanas. En los últimos años los principales proveedores de petróleo han sido Venezuela y México cuyo suministro permitía, precariamente, mantener las necesidades eléctricas de sus habitantes, aun conviviendo con apagones de unas horas regularmente en toda la isla.

Tras el ataque a Venezuela, principal proveedor de Cuba, el Gobierno estadounidense impuso a la vicepresidenta Delcy Rodríguez el cese total del suministro. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que México es soberano y decide por si solo con quien comercia, lo cierto es que México había suspendido los envíos de petróleo tras la conversación telefónica de la presidenta con Trump.

Según el Gobierno cubano, las necesidades de electricidad se limitarían al 50% gracias a las plantas fotovoltaicas existentes en el país. La población no solo se enfrenta a apagones –el diario Granma informó de que el servicio de energía eléctrica se vio afectado el miércoles2 durante 24 horas–, también depende para las tareas cotidianas de las llamadas “plantas eléctricas” –baterías de litio– que les permiten acumular energía cuando hay suministro eléctrico. Las necesidades de hospitales e industriales se verán gravemente comprometidas.

No hay que olvidar que Cuba sufre un bloqueo comercial desde la fallida invasión estadounidense de Bahía Cochinos en 1961. Este bloqueo condiciona fuertemente la economía cubana y ha sido condenado con reiteradas resoluciones por la inmensa mayoría de los países de la ONU; la última en 2024 solo rechazada por EE.UU., e Israel.

Defender Cuba es defendernos

Trump define el imperialismo como nadie cuando declara que las petroleras y empresas estadounidenses asociadas van a explotar las reservas de petróleo venezolanas, y los beneficios se van a repartir a medias con Venezuela y que, a cambio, el Gobierno venezolano tendrá que comprar con ese beneficio productos de EE.UU. Es un imperialismo descarnado que amenaza a toda la humanidad, pues vamos sabiendo, por los pasos que da, que la inacción de los gobiernos es una invitación a ir más lejos en sus criminales actos, ya sean asesinatos, aranceles, secuestros, censuras, insultos, … etc.

Para frenar a Trump tenemos un ejemplo palmario en las movilizaciones de los ciudadanos de Minneapolis que se han organizado ante los asesinatos de Rennée Good y Jeffrey Pretti, extendiendo la repulsa a los ICE y a las medidas represivas de Trump a lo largo de todo EE.UU. Ya no hay careta que oculte la verdadera cara del presidente estadounidense, su avaricia y la de su corte se alimenta de represión.

La respuesta de la mayoría de los Gobiernos ante la agresión a Venezuela está siendo nula y es de temer que sea la misma con relación a Cuba. En España, los partidos de izquierda: Sumar, Podemos, ERC, Bildu, BNG, CC y Compromis, han registrado una iniciativa legislativa para que el Gobierno manifieste un rechazo absoluto a las medidas de Trump, y que lidere en Europa y en los organismos internacionales la oposición al embargo a Cuba.

No es hora de discutir si Cuba es una democracia o una dictadura. Lo que está en juego es la independencia, la soberanía de los pueblos, y que la defensa del pueblo cubano es en los hechos la defensa de toda la humanidad frente a la arbitrariedad y el imperialismo de Trump. Como en el caso de Palestina, Venezuela, Irán, etc., o como las guerras en curso, la mayoría social, la clase trabajadora, los sindicatos, deben ser los que abanderen la defensa del pueblo cubano.

Enrique Dargallo (10 de febrero de 2026)

Director de Tribuna Socialista

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1 Aunque la ofensiva revolucionaria se desarrollo en los últimos meses de 1958, fue el 1 de enero de 1959 cuando Fulgencio Batista sale del país y los revolucionarios entran en La Habana

2 Publicado en el diario La Jornada de México del 30 de enero de 2026

Hay que limitar el poder de los tecno-oligarcas

En poco más de veinte años las redes sociales han cambiado las relaciones sociales, la manera de relacionarnos, con mayor o menor intensidad en la práctica totalidad de naciones. La eclosión de las redes comenzó entre 2002 y 2004, ínterin temporal en el que nacieron Friendster, LinkedIn, MySpace y se consolido Facebook, y su auge masivo arrancó con la aparición de YouTube en 2005, y Twitter (hoy llamada X) en 2006. Años del despegue en el uso de una tecnología que ha quebrado el modelo comunicativo precedente, analógico de uno para todos (vertical), al transformarlo en digital en el que el intercambio de información y conocimiento se globaliza y deja de estar dirigido por unos pocos—con recursos para crear un periódico, una radio a una televisión—, al otorgar al usuario la capacidad de elaborar y difundir contenido e información de manera global y sin barreras de tiempo y espacio. Nace así el modelo comunicativo configurado por todos los usuarios, entre todos (horizontal), que está en permanente actividad.

Nació así un nuevo modelo de medios de comunicación asociados a la idea de la libertad sin límite para decir y difundir mensajes, sin ningún control por parte de los creadores de esas redes. Idea sobre la que asienta un negocio multimillonario que ha convertido en superricos a los propietarios de unas empresas caracterizadas por su opacidad, y con un poder económico que supera al PIB de la mayoría de naciones del mundo, incluidas algunas de la UE. Amparados por esta idea de libertad libérrima, con el paso de estos pocos años las sociedades empiezan a darse cuenta del impacto directo que produce en la vida personal y social, esa falta de control sobre lo que se dice y se difunde, y su carácter adictivo. Es aquí donde surge la necesidad de poner coto a sus efectos negativos, en especial, para adolescentes y jóvenes, cuyas mentes están en el proceso de formación de sus valores personales y para relacionarse con los demás.

Antes de abordar como se puede poner coto a su poder, hay que desbrozar un bosque muy enmarañado por el desconocimiento que genera en la población ideas confusas, algunas con un claro interés espurio.

  • Primero, la tecnología no es mala ni buena, es una herramienta que nace de la mente humana para servir a la especie y, por tanto, depende del uso que se haga de ella tendrá unas repercusiones positivas o negativas.
  • Segundo, las redes sociales beben de este mismo principio y son solo una parte de algo mucho más grande que es internet que ha propiciado, y sigue haciéndolo, el intercambio de conocimiento compartido que mejora el desarrollo de las sociedades y los pueblos.
  • Tercero, la digitalización ha favorecido, al abaratar el coste, la aparición de medios digitales, no solo las redes sociales, que han generado confusión sobre lo que es un medio de información basado en la veracidad contrastada de los hechos que relata y los que, al amparo de una interpretación falsaria e interesada de la libertad de expresión, solo son correa de transmisión de información sesgada, falaz e hiperbólica, con el objetivo político de desinformar a la ciudadanía para expandir confusión y caos.
  • Cuarto, desinformación que se traslada a las redes sociales mediante la retroalimentación de los mensajes de estos medios y voceros que los difunden en la red.
  • Quinto, junto al aspecto mediático, la libertad libérrima de acceso con la que sus creadores dejan operar a los usuarios favorece la difusión de contenidos que requieren de un conocimiento y un criterio formado para dar sentido; por ejemplo, a la pornografía y el abuso sexual, a los videos de acciones estrambóticas imitativas que producen graves efectos físicos o para la salud o directamente fomentan la estupidez humana. O, lo más peligroso, el acceso libre a mensajes de odio contra el diferente que favorecen el acoso constante o la tergiversación de la historia que blanquea el fascismo y los regímenes dictatoriales.

La reacción exaltada, faltona y zafia con la que han reaccionado Elon Musk, propietario de X, y de Pável Dúrov, propietario de Telegram, contra el presidente Pedro Sánchez por su anuncio de la decisión del Gobierno de España de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años —adoptada ya en Australia y Francia, y que tramitan Dinamarca, Bélgica y el Reino Unido—, demuestra el daño que les hace que los gobiernos comiencen a tomar medidas contra su poder omnímodo; no para cercenar la libertad de expresión como argumentan, sino para impedir el adocenamiento de las mentes en proceso de formación que son, para estos oligarcas, el caldo de cultivo para asegurar la continuación de su negocio milmillonario: de su poder sobre los gobiernos, sus leyes y las sanciones que les imponen que se saltan a la torera.

A partir de aquí surgen las opiniones de quienes afirman que no se pueden poner puertas al mar, y los que pensamos que sí se puede, empezando por acabar con la opacidad de los algoritmos que las manejan—vivimos en el reino del algoritmo—, como si fueran un ente intocable y con vida propia como nos hacen creer, para ocultar que se crean con los objetivos empresariales que trasladan los CEO a los desarrolladores. Directrices que apenas establecen restricciones a la información que circula ni filtros sobre quienes pueden acceder a ellas: filosofía del acceso libre basada en una mendaz interpretación de la libertad de expresión. Todo con el objetivo de hacernos creer la dificultad, la imposibilidad, de alterar los algoritmos que las regulan, como si fueran entes que viven al margen de sus creadores, para ocultar que sí se pueden establecer filtros por edad o acceso a determinadas informaciones audiovisuales, porque todos los usuarios ya estamos identificados en la red que usamos definidos por los comentarios que subimos o por las elecciones que hacemos en nuestras búsquedas que definen nuestros gustos personales, como comprobamos a diario.

Los algoritmos se pueden retocar, modificar, alterar o cambiar en todos los sentidos, para regular el uso que hacen las empresas con nuestros datos, para seleccionar a los usuarios, la violencia visual o escrita de los mensajes, las mentiras —los bulos—, o la veracidad de las informaciones. Por eso no se puede argüir que las medidas restrictivas que se quieren imponer por parte de los Gobiernos, vayan a resultar ineficaces. En los meses de puesta en marcha en Australia de la restricción de acceso a menores de 16 años, ya se han borrado cinco millones de cuentas según los datos del Gobierno australiano.

Exigir a los tecno-oligarcas que modifiquen sus algoritmos es una necesidad no solo por la salud mental de los adolescentes, sino por higiene democrática para limitar la difusión de mensajes y soflamas que buscan derruir el modelo democrático de convivencia. Como establecer acuerdos internacionales para evitar que entidades privadas adquieran un poder superior al de los propios estados para saltarse las reglas de fiscalidad de los países, o para difundir sin control mensajes de odio e incitación al abuso del que es diferente o tiene opinión propia. Poder ante el que los Gobiernos y la ciudadanía no deben permanecer inermes.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y

Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas.

Editorial: Vuestra guerra, nuestros muertos

El 24 de febrero de 2022 tropas rusas penetraron en el territorio de Ucrania; se cumplen por tanto cuatro años de guerra. La suma de muertos, heridos, desaparecidos o desplazados se cuenta por millones1, la mayor catástrofe en bajas humanas desde la 2ª guerra mundial. A esto hay que añadir las consecuencias de la primera fase de la guerra desde 2014 con el denominado “Euromaidán” y la anexión de Rusia de la península de Crimea.

Al margen de las circunstancias políticas en las que se ha ido desarrollando esta guerra, el sufrimiento del pueblo ucraniano y el ruso ha sido y es inconmensurable. Los jóvenes de uno y otro bando se ven arrastrados a una guerra que en muchos casos no entienden o que perciben como algo ajeno, dependiente de intereses económicos y políticos; se ven obligados a huir a otros países o esconderse para no ser arrastrados al conflicto. La población civil, con las infraestructuras inutilizadas tras cuatro años de destrucción, se enfrenta a todo tipo de privaciones, sin electricidad para calentarse o imposibilitados para cubrir necesidades básicas, incluidos los alimentos. No caben “peros”, es una pelea de oligarcas que han tomado como rehenes a la población civil.

Las guerras, declaradas o no, se extienden por doquier: distintas organizaciones estatales y ONG’s hablan de 56 conflictos armados. Sin embargo, este drama va más allá de la estadística. El anhelo de paz a la que sin duda aspiran los pueblos se enfrenta a una fiebre armamentística desaforada que únicamente esconde el lucro y el ansia de poder de unos pocos. En gran parte del mundo no cabe la paz y el desarme, no es posible denunciar la guerra sin ser señalado como defensor de Putin o de la OTAN.

Con relación a la guerra ruso-ucraniana, los dirigentes de la Unión Europea, con Ursula von der Leyen a la cabeza, se rasgan las vestiduras por los ataques rusos, mientras miran para otro lado ante el genocidio palestino; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se comporta como un quintacolumnista a sueldo de las grandes empresas de armamento; los Gobiernos incrementan sus presupuestos en defensa ante las amenazas de Trump; y todos, con el apoyo mediático, nos avisan del peligro que supone Putin para la seguridad europea. Desde que empezó esta fase de la guerra Finlandia y Suecia se han convertido en miembros de la OTAN. En España, un estudio del CIS de noviembre de 2025 indicaba un 66,2% de los españoles pensaba que España se vería implicada en una guerra en los próximos años.

Aterrorizar tiene réditos

Desde enero, Trump viene intentando justificar su intención de anexionarse Groenlandia con el argumento del peligro de que, fundamentalmente Rusia pero también China, se apoderen de la isla, poniendo en peligro la seguridad de EE.UU. Por supuesto no sirve de nada que Rusia geográficamente ya tenga un acceso privilegiado al Ártico y por tanto a Groenlandia, pero es ahora cuando ve el peligro inminente. Igualmente, su exigencia de elevar los presupuestos en defensa de los países de la OTAN al 5% encuentra justificación ante la amenaza rusa. A nadie se le oculta que este incremento del gasto militar se destinaría a compras de material a las empresas armamentísticas estadounidenses; en esto se traduce el “America First” cacareado por Trump.

En Francia, el presidente Macron justifica duplicar el presupuesto en defensa2: “La aceleración de peligros exige acelerar el esfuerzo en defensa. Para ser libres hay que ser temidos, para ser temidos hay que ser poderosos”. Pronuncia estas palabras a la vez que plantea recortes generales de los servicios públicos franceses. En Alemania, el canciller Merz anuncia la implantación del servicio militar obligatorio y el aumento en defensa, también por la amenaza “activa y agresiva” de Rusia. En el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer señala que “la postura de Rusia hacia el continente, incluso si se acaba la guerra de Ucrania, obliga a tomar decisiones en materia de defensa”. Italia, Países Bajos, Bélgica…, se calcula que en 2025 se ha incrementado el gasto en defensa en la Unión Europea en un 62% (381.000 millones de euros). En la Conferencia de Seguridad de Munich, que se ha celebrado este mes de febrero, los líderes europeos se comprometieron con 90.000 millones más para Ucrania.

¿Y España? Pedro Sánchez incrementó el gasto militar en 2025 en 10.000 millones de euros para llegar al 2% del PIB. Ante la presión de Trump sobre los países europeos para que sostengan militarmente la guerra en Ucrania, incrementando su aportación a la OTAN, Pedro Sánchez ha resistido argumentando que con sus previsiones actuales puede llegar a cubrir las necesidades de defensa europea, y que las peticiones de Trump ponen en peligro las capacidades de desarrollo como país y el Estado de bienestar, sin embargo Sánchez confesó que en 2025 se gastaron 34.000 millones sin pasar por el Congreso. Por su lado, Margarita Robles, ministra de Defensa señala en relación con la operación “Centinela del Ártico”3: «La colaboración va a ser la que nos pida en cada momento el Comandante Supremo Aliado de Europa (SACEUR), el mando aliado, que es el que tiene que decir a cada país de qué manera colabora y en qué misión”. Pedro Sánchez asegura que este gasto militar no va en detrimento de los servicios sociales, pero ¿no se debería dedicar ya ese dinero al mantenimiento de las infraestructuras, a salvar la sanidad, a cubrir el déficit de las universidades públicas, a crear las 100.000 plazas de FP públicas que se necesitan, a aumentar los fondos de atención a la dependencia?. En todo caso, y es obvio, esto producirá un impacto sobre el déficit público, con un beneficiario claro, la industria de defensa, y más concretamente la de EE.UU.

Mirar la Luna y no el dedo

Que las ansias de paz de la mayoría pesan más que los cantos de sirena de los señores de la guerra se manifiesta continuamente, no solo por la resistencia ante la destrucción de los servicios públicos y de los bajos salarios, motivo de continuas movilizaciones, también, subjetivamente, por la simpatía que despierta posicionarse en contra de los planes guerreros. Pedro Sánchez es alabado mundialmente cuando declara que no va a cumplir el objetivo del 5% o cuando llama “genocidio” al genocidio palestino. El pueblo español ya se posicionó claramente contra la guerra en 2003 y en la actualidad, según el CIS, un 73,9% muestra su miedo a verse envueltos en una futura guerra.

Por eso, tenemos que mirar con simpatía las movilizaciones que por todo el mundo se producen ante las agresiones a los pueblos, ya sea palestino, venezolano, cubano, o las guerras como la de Ucrania o Sudan.

En este número encontraréis una sección especial dedicada al Mitin Internacional contra la Guerra que se celebrará en Londres el 20 de junio de este año, que es continuidad del que ya se celebró en París en octubre del año pasado. Nuestra asociación cabecera, ASTRADE, se une a la campaña contra la guerra y acepta la invitación que los organizadores nos hacen para participar. Dicha sección consta del llamamiento que hacen las organizaciones convocantes, la respuesta que hacemos como asociación y una hoja, en la que figuran las primeras firmas por nuestra parte, para que todo el que lo desee pueda adherirse, enviando la hoja firmada a: astrayde@gmail.com. Invitamos a todos los lectores a leerlo, suscribir el llamamiento y a difundirlo a todos los contactos militantes y en todos los foros en que participemos.

Redacción de Tribuna Socialista

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1 Según El País (27 de enero) las bajas en los últimos cuatro años serían de 1.200.000 en el bando ruso y 600.000 en el ucraniano. Según la fuente que se consulte los datos son diferentes, y tampoco explican a qué se refieren.

2 Macron en sus dos mandatos (10 años) ha incrementado el gasto en defensa en un 67,4%, al pasar de los 40.596 millones que destinó en 2016, hasta los 64.000 millones gastados en 2024 https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/francia?anio=2016 – https://datosmacro.expansion.com/estado/gasto/francia

3 “Centinela del Ártico” es una misión que coordinará la presencia militar creciente de los aliados de la OTAN en Groenlandia

Editorial: Criticamos al Gobierno

En Tribuna Socialista n.º 173, abrimos una nueva etapa con cambios estéticos, entre los que se incluía –en el faldón del sumario, pág. 2– un párrafo en el que decíamos lo que aspiramos a ser. En la editorial de este número 174, tenemos que comenzar diciendo también que somos una publicación independiente de los gobiernos, de los partidos políticos, de toda fe religiosa y que nos regimos, única y exclusivamente, por la opinión de nuestras asociadas y asociados.

Que seamos independientes no implica neutralidad, pues como reflejamos en el párrafo aludido: “…aspiramos a ser un punto de encuentro para la izquierda…”.

Aunque oficialmente no sea así, todos los partidos están aprestándose para unos próximos comicios, de hecho, en otro artículo de este mismo número, comentamos las dificultades de la izquierda para formar una coalición electoral unida. La realidad nos dice que estamos en un nuevo período electoral.

Precisamente por ello, y porque somos independientes, pero no neutrales, hacemos estas aclaraciones, para abordar una sana crítica al Gobierno de Pedro Sánchez, sin ser ciegos a lo que ocurre.

El ataque permanente al Gobierno de coalición por parte de la derecha extrema y la extrema derecha, –podría hablarse de “bullying” político– se da desde el minuto después del cierre de las urnas en las generales de julio de 2023. Comenzando por la presión que el PP ejerció sobre Felipe VI, para que encargara a Feijóo iniciar los pasos para la investidura; presión a la que el señor Borbón accedió. Esto, sabiendo que no tenía el apoyo suficiente, pero, probablemente había que intentar un nuevo tamayazo.

Pocos meses después, en abril de 2024, el pseudo sindicato Manos Limpias, de orientación fascista, interpuso una demanda contra Begoña Gómez. La fiscalía solicitó el archivo de la causa, el informe preliminar de la UCO no encontró delito…, aun así el juez Juan Carlos Peinado activó la causa que hoy va camino de cumplir dos años de investigación prospectiva, culebrón judicial y juicio mediático, que se pretende mantener hasta que haya elecciones generales. Como este caso, hay otros.

No tenemos interés en los pormenores de estos casos, ni en contribuir al circo mediático. Sirva la mención de ejemplo de casos fabricados por las organizaciones que la derecha utiliza como brazo armado para machacar a sus adversarios políticos, como anteriormente machacaron a otras y otros como Pablo Iglesias e Irene Montero, Mónica Otra, el exfiscal General del Estado… y a todo aquel que no apoye la idea de que solo la derecha está legitimada para gobernar. Este acoso judicial no sería posible sin la colaboración de jueces que se prestan a seguir la consigna de Aznar “el que pueda hacer que haga”; consigna a la que se suman los medios de comunicación en manos de la derecha económica y política.

La derecha tiene la misma libertad de expresión que el resto de los ciudadanos, solo que a ellos nadie les aplica una Ley Mordaza; pueden decir lo que quieran que no pasa nada, incluso declararlo ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo, como hizo el mentiroso MAR en el juicio contra Álvaro García Ortiz, juicio que desembocó en una vergonzante sentencia.

Claro que la derecha puede manifestar su oposición contra las medidas que toma un gobierno contrario ideológicamente. Pero no utilizar las instituciones del Estado para derribar al Gobierno que sumó los votos de las diputadas y diputados electos en las urnas. Ni que poderes económicos, judiciales y mediáticos actúen como poderes fácticos.

No es fácil combatir toda la basura que genera la derecha de toda la vida, y a la vez intentar gobernar un país con casi 50 millones de habitantes. Ahora bien, el Gobierno tiene en sus manos muchos resortes y capacidades que a nuestro modo de ver no utiliza o no lo hace correctamente.

La crítica que hacemos desde Tribuna Socialista es que las políticas del Gobierno, en algunas ocasiones se dan de bruces con la realidad que la mayoría de la sociedad vive/sufre, pues el 80% de la sociedad necesita más política de izquierdas, eficaz, y menos proclamas mediáticas. No negamos que ha tomado algunas medidas acertadas pero también se acumulan las promesas o evidentes necesidades incumplidas.

Un ejemplo es la reforma laboral (RD 32/2021) que pareciera la madre de todas las reformas. La realidad es que dejaron vivos la mayoría de los efectos lesivos de las reformas de 2010 y 2012. La percepción en la vida de los trabajadores respecto a esta reforma no es muy positiva:

  • El contrato fijo-discontinuo salió de las estadísticas como contrato temporal, para ser considerado un contrato indefinido. Eso ha disminuido la temporalidad estadísticamente, pero la realidad es que casi 1 millón de trabajadores y trabajadoras con este contrato, muchas de ellas y ellos, tienen una relación laboral de puesta a disposición con la empresa, con una indefinición tremenda. Hay quienes tienen varios contratos fijo-discontinuo con varias empresas y entre todas no suman una jornada laboral completa.
  • La reforma de 2012 modificó el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores (ET) eliminando la necesidad judicial previa para la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), permitiendo que las empresas apliquen despidos colectivos tras cumplir la formalidad del periodo de consultas con los comités de empresa y las secciones sindicales, llevando a los despedidos a la demanda judicial a posteriori.

La reforma de 2022 dejó intacta esta lesiva medida, salvo para las administraciones públicas. Una medida que ha provocado millones de despidos de trabajadoras y trabajadores con derechos, para ser sustituidos por mano de obra precaria; solo hay que ver cómo ha caído el salario más frecuente.

Hace no mucho, desde el Gobierno se clamaba que actuaría contundentemente contra las grandes empresas que anunciaban ERE en los que están siendo despedidos miles de trabajadores ¿Con qué herramienta? A pesar de los 550 nuevos inspectores de trabajo que el Gobierno incorporará hasta 2027, pero ¿qué son 2.550 inspectores para 3,3 millones de empresas y 22,5 millones de ocupados?

  • Insistimos, la reforma de 2022 dejó buena parte de las agresivas medidas de las reformas de 2010 y 2012. Por ejemplo, quedó sin modificar el abaratamiento de la indemnización por despido a 33 días por año trabajado que introdujo la reforma de Rajoy y continúan en vigor las cláusulas de descuelgue de los convenios, por parte patronal, mientras que los trabajadores tienen prohibido protestar y hacer una huelga cuando el convenio está en vigor, pero pierden poder adquisitivo a raudales, medida a la que le abrió la puerta la reforma de Zapatero y afianzó la del PP.

Celebramos que se recuperase el principio de ultraactividad de los convenios colectivos, y que se recuperase para los convenios sectoriales la materia en jornada y salario, así como que en 2020 se derogase el art. 52-c del ET, por el que se permitía el despido objetivo por bajas médicas. Son aciertos, pero absolutamente insuficientes frente a las promesas de derogación de las reformas laborales que se aplicaron con motivo de la crisis de 2008.

En otras políticas, aunque no es solo achacable a este Gobierno, es evidente la escasez de esfuerzo inversor en infraestructuras, particularmente si lo comparamos con el gasto en defensa:

  • En 2025 se presupuestaron 11.300 millones para transporte, y 2.798 millones para vivienda, frente a los 33.715 millones en defensa -2% del PIB comprometido con la OTAN.

Este país hace aguas, y no solo por la cadena de borrascas, en carreras, en ferrocarriles y particularmente en vivienda de protección oficial (VPO). Esas son las guerras que hay que librar con urgencia, pero ha sido un frente desguarnecido durante años. Y las medidas legislativas que manan del Gobierno son titubeantes, cuando no a favor de los propietarios; que no sufren ningún problema de vivienda.

Tenemos que citar que no se ha cumplido la promesa de derogar la Ley orgánica 4/2015, conocida popularmente como Ley Mordaza, por la que miles de personas son multadas arbitrariamente por agentes de policía de los sindicatos “fachipol”, que ejercen su ideología porra en mano, mintiendo en los partes de lesiones y multando a quienes ejercen su libertad de expresión y derecho a la movilización.

Actualmente nos enfrentamos a un nuevo contraste entre la realidad de la calle y la del Gobierno: mientras hay un clamor que exige la derogación de la Ley 15/1997, la que permite la obscena privatización de la sanidad pública, se nos presenta un Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que incluye una disposición derogatoria que recoge dicha reivindicación. Sin embargo, el texto del Anteproyecto está plagado de terminología que “limita la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro”, pero limitar no es eliminar la sangría de la privatización.

La confianza en el Gobierno está deteriorada, pues, por qué habríamos de confiar en el Anteproyecto sanitario, cuando los defensores de las pensiones en las calles llevan años exigiendo que se cumpla la Ley 21/2021 por la que se tenía que encargar una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social para establecer cuánto dinero le debe el Estado a la caja de las pensiones públicas desde 1967.

Son muchas las reivindicaciones no escuchadas o escuchadas a medias. Es mucha la pérdida de confianza y prestigio de los partidos de la izquierda, por culpa de la corrupción y de los casos de abusos contra la dignidad de las mujeres que, aunque en la derecha lo llevan en su ADN y sus mujeres parecen aceptarlo, en la izquierda es intolerable pues va contra la genética del hecho de ser de izquierdas.

La izquierda necesita unirse, que no uniformarse. Es una necesidad a la que ASTRADE aspira a contribuir junto a todo aquel que camine en esa dirección, pero no cabe duda que no nos podemos permitir que pase un gobierno de izquierdas más por la Moncloa sin tomar las medidas que la mayoría necesita

Redacción de Tribuna Socialista

Salvar la sanidad pública madrileña

El domingo 8 de febrero ha tenido lugar en Madrid una buena manifestación en defensa de la sanidad pública, convocada entre otras organizaciones por los dos grandes sindicatos de clase, bajo el lema “Salvar la Sanidad Pública madrileña”.

La manifestación ha sido multitudinaria, lo cual celebramos. Sin embargo, el deterioro de la sanidad pública en Madrid y el descaro con el que el PP de Ayuso la está entregando a los intereses de las empresas privadas, es motivo para que hubiese sido una manifestación monumental, como las grandes manifestaciones que se han venido haciendo anualmente desde 2022, convocadas por el movimiento vecinal en defensa de la Sanidad Pública.

Cabecera de la manifestación del 8 de febrero de 2026, en la Carrera de San Jerónimo. Foto: Agustín Millán.

Desde ASTRADE, editora de Tribuna Socialista, llamamos días antes a participar y nos sumamos a la lista de adhesiones de la convocatoria. No obstante, cuando se convoca una movilización, del tipo que sea, por una cuestión tan estructural, como lo es la defensa del Sistema Público de Salud, no basta con convocar, lanzar un cartel y animar a los tuyos a través de mensajes en redes, webs, etc. Es necesario organizar, contar y dar participación a todos los actores sociales que, desde el barrio o el pueblo más pequeño hasta la gran ciudad, están luchando permanentemente en las puertas de sus centros de salud y en sus hospitales de referencia, de la mano de sus asociaciones vecinales, reivindicando que haya pediatras, médicos de familia y denunciando las listas de espera -en 2025, la lista de espera en Madrid superaba un millón de pacientes-.

Dicho lo anterior, se echaba de menos que los sindicatos de clase y los partidos de la izquierda se pusiesen al frente de la movilización de una cuestión tan fundamental como esta.

Dice la Constitución en su artículo 15 que “Todos tienen derecho a la vida…sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes…” y que “Queda abolida la pena de muerte…”. Esto, salvo para los 7.291 ancianos y ancianas que habitaban en las residencias de mayores de Madrid, a los que en 2020 se los negó su derecho a la vida; al negárseles su derecho a la asistencia médica hospitalaria, por orden del Gobierno de la señora Ayuso, a través de los “protocolos de la vergüenza”, muriendo en muchos casos de forma inhumana y degradante. Del mismo modo, hay mujeres en Andalucía a las que se las ha condenado a muerte, por la negligente gestión del señor Bonilla. Ya sé que la técnica jurídica interpreta otra cosa, pero la dolorosa realidad se da de bruces con este precepto constitucional.

También dice la Constitución de 1978, en su artículo 43 que “Se reconoce el derecho a la protección de la salud”, y que “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas…”. Lejos de organizar y tutelar la salud pública, una ola de privatización y destrucción por la vía de los recortes presupuestarios, están desorganizando el Sistema Público de Salud y entregándoselo descaradamente a entidades como Quirón o Rivera ¿Reutilizar catéteres de un solo uso -catéteres de electrofisiología- en el Hospital de Torrejón puede considerarse proteger la salud? ¿Es eso tutelar la salud pública?

Es tan grave la situación como groseras son las cínicas respuestas del Gobierno autonómico, quien se dedica a tutelar los intereses de las empresas privadas de la salud. Esto hace comprender como es posible que la señora Fátima Matute, consejera de Sanidad en el Gobierno de Ayuso, antes de entrar al Gobierno en las últimas elecciones de 2023, viniese de trabajar 17 años para Quirón Salud. Y explica que el novio/testaferro de la presidenta esté en nómina del Grupo Quirón, si bien es un “trabajador” muy raro, pues, debe ser el único en el mundo que hace negocios en Panamá con él presidente de Quirón. Quizá, todo se entienda mejor si se señala que estas empresas reciben miles de millones de la Comunidad de Madrid.

La privatización de los servicios públicos no es algo único de Madrid ni afecta solamente a la sanidad, lo que ocurre es que en Madrid es brutal el ritmo al que se está desmontando la sanidad pública y es una sangría insultante la cantidad de dinero público; que pagamos todas y todos los contribuyentes que no defraudamos. Es lógico que, en la manifestación, muchos cortejos coreasen la exigencia de derogación de la Ley 15/1997, una ley con un solo artículo que abrió las puertas de par en par a las empresas privadas, a nombre de la colaboración público-privada; concepto este de “colaboración” muy semejante al que Trump aplica a los países en los que hay petróleo. ¿Cuándo va a llevar al Consejo de Ministros esta propuesta la Ministra de Sanidad? ¿Cuándo va el Gobierno de coalición a llevar este asunto al Congreso de los Diputados?

La manifestación a su paso por la Plaza de Canalejas 8 de febrero de 2026. Foto: Roberto Tornamira.

Los servicios públicos: sanidad, educación, dependencia (incluidas residencias de mayores) y pensiones, son servicios elementales para la inmensa mayoría de la sociedad -solo el 25% de la ciudadanía tiene seguro médico privado-2. Quienes viven de su sueldo, de su pensión, o tienen la desgracia de no tener un puesto de trabajo, no pueden pagar una póliza privada de seguro médico. Como tampoco puede pagar la matrícula de un centro de estudios privado.

Defender los servicios públicos es defender los sistemas de protección que son propiedad de la pluralidad de pueblos del Estado español, pues ha sido y es principalmente la clase trabajadora la que aporta con sus impuestos para que estos sistemas sean posibles. Por tanto, movilizaciones como la del domingo son necesarias para exigir que paren de robarnos lo que es de todos.

Finalización de la manifestación en la Puerta del Sol. Foto: Agustín Millán
La Junta Directiva de ASTRADE
10 de febrero de 2026

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(2) https://www.cnmc.es/prensa/panel-seguros-medicos-20250516

Victoria pírrica del PP en Aragón

El PP ha ganado las elecciones en Aragón. Es lo que desde la calle Génova pregonan y celebran por todo lo alto. Para variar no es falso, pero solo desde el punto de vista matemático. Sin embargo, una lectura política, pues esto del electoralismo es política, los de Feijóo han obtenido una victoria pírrica.

Feijóo está desesperado por llegar a Moncloa, desde el minuto uno tras las elecciones de julio de 2023, cuando forzó al Rey, y Felipe VI no se opuso a la presión, para que le encargase formar gobierno; aun sabiendo que no contaba con el apoyo parlamentario necesario, pero había que probar por si podían hacer un “tamayazo estatal”.

En su miopía, la de Feijóo, está engordando a sus parientes ideológicos -derecha extrema y extrema derecha, vienen de la misma casa madre, el franquismo- para debilitar al PSOE. Incluso está poniendo en evidencia los tentáculos de la derecha de siempre en el seno del Poder Judicial. Y han acabado con el poco prestigio que le pudiera quedar a cabeceras mediáticas de la derecha.

Feijóo empuja a sus líderes territoriales a adelantar elecciones; una estrategia de tierra quemada, como es habitual buscando el efecto mediático, cuyo resultado es, que en Extremadura tiene de plazo máximo el 19 de abril, antes de volver a las urnas, si la señora Guardiola es incapaz de ser investida presidenta de la Junta extremeña. En Aragón el resultado es un retroceso, con el mismo panorama que en Extremadura; dependencia total de VOX, al perder dos diputados -un retroceso del 7,14% en número de escaños-.

Entrando en los datos cuantitativos

Aragón ha pasado de un censo electoral de 1.019.050 en 2023 a los 1.036.321 actuales. De estos electores, 317.661 el domingo se abstuvieron: la abstención ha bajado un 1,03% respecto a las elecciones autonómicas del 28 de mayo de 2023, aun así, el 31% de los electores no han ido a votar, por lo que políticamente, la abstención es una vez más la “ganadora” de las elecciones.

Como ya se ha dicho, el PP ha bajado de los 28 diputados que obtuvo en 2023 a 26. Y ha perdido más de 13.000 votos respecto a las elecciones anteriores. Por tanto, han ganado las elecciones bajando en votos y en diputados, a pesar del descenso de la abstención.

El PSOE ha tenido el mismo resultado que Javier Lambán en las elecciones aragonesas de 2015, 18 diputados, perdiendo 5 diputados y perdiendo 38.500 votos respecto a 2023.

VOX se ha visto beneficiado por el sistema de reparto de la ley electoral, pues ha doblado el número de diputados, al pasar de 7 a 14, aunque no ha multiplicado por 2 los votos recibido: en 2023 recibieron 75.349 votos y en estas elecciones ha subido a 117.347.

Chunta Aragonesista (CHA), ha doblado su número de diputados, pasando de 3 a 6, y ha doblado sus votos: de 34.163 a 63.875. Recordando que su techo lo fijaron en 2003, cuando obtuvieron 9 diputados.

Teruel Existe ha perdido un diputado, bajando de 3 a 2 e Izquierda Unida (IU) se ha quedado con el diputado que tenía, pero perdiendo un 8% de los votos recibidos en 2023.

Alguna consideración cualitativa

No tenemos intención de entrar en esta Declaración, a modo de valoración, en un análisis profundo de los porqués de estos resultados. Desgraciadamente, tenemos que constatar el retroceso que para el conjunto de la izquierda se viene produciendo, en pérdida de votos e incluso en la desaparición de Podemos, cuyos votos, no menos de 20.000, de los 26.923 que recibieron en 2023, han ido aparentemente al CHA.

Hay que señalar que Aragón es una Comunidad con un sector primario que aporta más de un 5% al PIB aragonés, más del doble que la aportación de ese sector en el ámbito estatal. Las políticas de la UE, donde es mayoritario el Partido Popular Europeo, sin olvidar que quién representa a España en las instituciones europeas es el Gobierno de la nación; son políticas que no están siendo favorables a los intereses de la agricultura y la ganadería, de ningún país de la UE, donde se incluye el sector primario de nuestro país.

La izquierda tiene demasiadas diferencias formales, partidistas…que debieran superar, tanto a la hora de las elecciones como a la hora de la acción de gobierno como la acción en el legislativo, centrándose en las reivindicaciones y necesidades de la mayoría social. No hacerlo significa seguir perdiendo la confianza de quienes viven de su esfuerzo.

La Junta Directiva de ASTRADE
9 de febrero de 2026

Desangran lo público para alimentar parásitos

2026 comienza con un baño de realidad sobre lo que viene ocurriendo en el mundo desde el final de la crisis financiera e inmobiliaria que comenzó en 2008. Nada nuevo respecto a lo que el sistema capitalista lleva haciendo desde que impera como ideología económica, pero sí en cuanto al ritmo de apropiación y virulencia con la que lleva a cabo sus incursiones.

Trump lo ha dejado claro en su intervención del 3 de enero desde Mar-a-Lago, su mansión privada desde la que dirige los designios de EE.UU.: La operación en Venezuela tiene por objeto apropiarse del petróleo venezolano; nada que ver con la democracia, ni con si Maduro es mejor o peor que Mohamed bin Salmán o Netanjahu, a quienes la Administración Trump no se planta secuestrar.

Rusia es otro claro ejemplo, con un devenir histórico distinto, de la apropiación de lo público por parte de una minoría que, con prácticas que superan a la más cruenta película de La Cosa Nostra, comenzaron siendo usufructuarios ilegítimos de los bienes y riquezas del pueblo ruso, para acabar repartiéndose los sectores estratégicos y privatizándolos.

El capitalismo, en su absurdo objetivo de crecimiento constante y a falta de nuevos mercados en los que crecer, ha llegado al punto de agredirse unos a otros; es el caso de la apropiación que los EE.UU., planificada para adjudicarse el mercado del Gas Licuado y el petróleo en Europa, arrebatado a Rusia, desembocando en la guerra que han sembrado en Europa que en febrero cumplirá su cuarto año.

En nuestro país ocurre lo mismo, aunque con formas diferentes.

El Gobierno del PP que preside Díaz Ayuso en Madrid, lleva los últimos seis años acelerando la privatización de lo público. El presupuesto de la Comunidad de Madrid para Sanidad en 2025 ha sido de 10.460 millones de euros. Ayuso ha pagado una media de 1.300 millones de euros al grupo Quirón, desde 2019. A esta cifra habría que sumar asignaciones extraordinarias, como la de 106 millones ha otorgado a hospitales de Quirón en 2025, a nombre de un supuesto “reequilibrio económico”. En la misma línea, el grupo Rivera Salud recibió, solo en 2024, 2.194 millones de euros, y pagos en 2025 por “reequilibrio económico “ por valor de 228 millones de euros. Para cerrar 2025, ha pagado a Quirón otros 500 millones de euros.

La última aberración a la que estamos asistiendo es a la transferencia de 61 millones de euros que estaban presupuestados para la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), que ha recibido el Grupo Quirón Salud, la empresa privada a través de la cual la pareja de Ayuso cobra las prebendas con las que Quirón recompensa a la presidenta de Madrid y su entorno. Estos 61 millones deberían haberse destinado a incrementar la plantilla, infradotada, de las residencias de mayores en Madrid, y/o a mejorar la calidad de la comida que se dispensa a los y las residentes.

Por unas vías y por otras, con todo un catálogo de subterfugios contables, la suma de los pagos a Quirón y Rivera Salud, suponen que el más del 36% del presupuesto para sanidad pública de la Comunidad de Madrid, es trasvasado cada año, que sepamos, solo a estas dos grandes corporaciones del negocio privado de la salud.

La consecuencia es la saturación de las urgencias hospitalarias por el desmantelamiento de la red de Atención Primaria: déficit de médicos de familia, pediatras…y servicios de urgencias extrahospitalarias sin dotación facultativa, escasez de enfermeras en general, los días de espera en la Atención Primaria, etc.

Esta política es la que, en 2020, en plena pandemia, llevó al Gobierno de Ayuso a dictar los “protocolos de la vergüenza”, que ocasionaron la muerte de 7.291 personas, pues ni se planteó medicalizar las residencias de mayores u ocupar las camas vacías en los hospitales privados a los que baña en dinero público. Camino de que se cumplan seis años de esta atrocidad, las familias de las víctimas siguen esperando que la ¿Justicia? haga su trabajo.

La dinámica de trasvase de dinero público hacia las empresas privadas, además de enriquecer a esas empresas parasitarias del dinero público, tiene como consecuencia la destrucción de los servicios públicos levantados con el esfuerzo contributivo de la clase trabajadora a lo largo de décadas. Y por supuesto, es el caldo de cultivo de la corrupción. Esto mismo podría aplicarse a la educación, tanto infantil, media o universitaria, al sistema público de pensiones, o a cualquier servicio prestado por el Estado -ayuntamientos, comunidades y Estado central-.

Esto ocurre por muchos motivos. Uno es porque los partidos de la izquierda han perdido gran cantidad de prestigio y confianza de sus votantes naturales; la clase trabajadora. Otro porque las organizaciones de la izquierda hace ya tiempo que entraron en la lógica del liberalismo, por lo que conviven, cuando no justifican y aplican estas políticas. Habría más posibles motivos, pero quiero finalizar con otro: la inacción legislativa:

Los gobiernos de izquierda, incluido el actual, que han gobernado desde final del pasado siglo, han asumido la Ley 15/97 siendo incapaces de derogarla. Una ley que abrió las puertas de par en par a los especuladores de la salud y chupópteros de toda calaña. Derogación de la legislación que facilita la destrucción de los servicios público YA.

Roberto Tornamira

Miembro del CATP