¡Tractoradas!, separando el grano de la paja

Las movilizaciones del campo que han paralizado las grandes ciudades del Estado y de toda Europa son movilizaciones del empresariado del sector agrícola, y ganadero, entre ellos, pequeños agricultores, pero también grandes latifundistas, sin la participación de los trabajadores del campo, sin la participación de los sindicatos de clase, y con algunas reivindicaciones justas y razonables y otras que no tanto (Unai Sordo dixit). Separemos el grano de la paja.

¿Qué es la Política Agraria Común?

La Política Agraria Común (PAC) es la politica europea más antigua, ya que data de 1962 y su principal objetivo, según explica el Consejo de Europa en su página web, es «unificar criterios en materia de producción y distribución agrícola, centrando su atención en proporcionar alimentos asequibles, seguros y de alta calidad a los consumidores, conservar los recursos naturales y garantizar el nivel de vida de los trabajadores del sector». A priori, encomiable.

Las ayudas provinientes de la UE destinadas a agricultores y ganaderos son una tercera parte del presupuesto de la UE. Hay tres tipos de ayudas:

-La ayuda a la renta mediante pagos directos que garantizan la estabilidad de los ingresos y remuneran a los agricultores por practicar una agricultura respetuosa con el medio ambiente y por prestar servicios públicos que los mercados no suelen recompensar, como el cuidado del campo;

-Las medidas de mercado para abordar situaciones difíciles, tales como una repentina caída de la demanda a causa de una alarma sanitaria o una caída de precios debido a exceso de oferta temporal en el mercado;
-Las medidas de desarrollo rural consistentes en programas nacionales y regionales para atender a las necesidades y retos específicos de las zonas rurales.

Para España, la PAC prevé destinar más de 47.724 millones de euros a agricultores, ganaderos e iniciativas de desarrollo rural en el periodo 2023-2027. Sin embargo, la concesión de las ayudas se supedita a la puesta en marcha de prácticas medioambientales que condicionan la concesión de parte de las ayudas de la PAC, más cargas burocráticas y el cumplimiento de directrices que van dirigidas a la sostenibilidad medioambiental pero que reducen la productividad de las explotaciones (una de ellas, por ejemplo, es dejar parte de la tierra en barbecho).

Estas medidas se unen a una difícil situación del sector, causada, entre otros factores, por la bajada de la producción generalizada debido a la grave sequía, al encarecimiento de los costes de producción (sobre todos fertilizantes), y una burocracia excesiva que implica tiempo y aumento de gastos para agricultores y ganaderos.

Entre las reivindicaciones del campo se encuentra la eliminación o flexibilización de las medidas medioambientales, a las cuales la UE ya ha accedido, la regulación de un gasóleo profesional agrario que tenga el descuento en el lugar de abastecimiento, como se había hecho en la época poscovid para toda la ciudadanía, en lugar del sistema actual, que consiste en una desgravación de impuestos a fin de año, cuando se presentan los gastos anuales, y que se tomen medidas para erradicar la competencia de las importaciones de países que no cumplen las mismas condiciones exigidas en las producciones de los países miembros de la Unión Europea, compartiendo la petición de diseñar un nuevo marco en las negociaciones de libre comercio con el Mercosur o con terceros países para que no tengan tan fácil vender sus productos en la Unión, como sucede con la entrada de productos ucranianos, que antes de la guerra tenían una política arancelaria más fuerte o los que llegan de países del norte de África,

¿Cuál es la respuesta del gobierno de Pedro Sánchez?

El mensaje compartido es que al campo se le escucha y no se le da la espalda. De momento, se han tomado algunas medidas y se han prometido más. Pedro Sánchez ha asegurado en una entrevista en La Sexta que “estamos con el campo, con los agricultores, los ganaderos y el sector pesquero”. El presidente del gobierno reconoce que el sector del campo ha sido muy castigado por la evolución de los costes y ha recordado que en los últimos dos años, el Ejecutivo ha aprobado ayudas por valor de 4.000 millones.

Por su parte, el ministro de Agricultura ha prometido defender los intereses del campo en Bruselas, por ejemplo, a la hora de modificar la exigencia de un 4% de tierras en barbecho, disminuir la burocracia, dar voz al sector en Bruselas o mejorar la Ley de la Cadena alimentaria.

Queda por ver si cambiarán los términos de las negociaciones comerciales con terceros países o el Mercosur y cómo será la futura Ley de la Agricultura Familiar, que tiene que ver la luz en esta legislatura.

¿Qué dice el PSOE?

Mi partido (y el de muchos de nuestros lectores) reconoce que los sectores agrario y pesquero constituyen uno de los principales pilares de la economía española y sostienen la balanza comercial de nuestro país. En los últimos 12 meses, las exportaciones agroalimentarias superaron los 70.000 millones de euros.

Sin embargo, como consecuencia de situaciones como la guerra en Ucrania o la prolongada sequía (más de dos años) y la elevación de las temperaturas, atraviesan una difícil situación, que compromete las producciones y la rentabilidad, y de la que el Gobierno es plenamente consciente.

El Gobierno está firmemente comprometido con los sectores agrario y lo demuestra con hechos:

Entre los años 2022 y 2023 ha habilitado ayudas extraordinarias por un valor superior a los 4.000 millones de euros. Nunca hasta ahora se habían movilizado tantos fondos públicos del Estado en apoyo al sector primario.

Además de ayudas directas extraordinarias (unos 1.400 millones de euros para agricultores y ganaderos), se han arbitrado medidas de apoyo fiscal, laboral, social, financiero y de ayuda a la contratación de seguros agrarios, entre otras.

Estas ayudas han beneficiado sobre todo a los sectores ganaderos, tanto de leche como de carne, que se han mostrado más vulnerables a las dificultades de la situación (casi 700 millones de euros), así como para el sector citrícola (38,7 millones de euros).

También se habilitaron 300 millones de euros destinados a paliar los efectos del incremento del coste de los fertilizantes; así como 5 millones de euros para el sector apícola.

Los agricultores de cultivos herbáceos de secano y de determinados cultivos industriales (tomate de industria y arroz) contarán con 268,7 millones de euros para apoyarles por la sequía.

Otros 8 millones de euros han ido a los productores de la cereza del Valle del Jerte (Cáceres), mientras que otros 81 millones de euros procedentes de la reserva agrícola -concedidos a España por la Comisión Europea- irán a los productores de determinados cultivos leñosos (frutales de pepita, de hueso, tropicales, cítricos y frutos de cáscara).

Además, se han arbitrado medidas de alcance en materia fiscal, como rebajas en el rendimiento neto del IRPF, exenciones en el IBI rústico para las explotaciones con pérdida de rendimiento, entre otras.

En materia de ayuda a la financiación se han ampliado los presupuestos para los préstamos bonificados de la línea ICO-MAPA-SAECA y para las subvenciones de avales.

También se ha ampliado el apoyo a la contratación de seguros agrarios. Para este 2024 las ayudas suman 284,5 millones de euros y eleva de forma considerable el presupuesto con el que se encontró en 2018.

En el ámbito laboral se aprobaron aplazamientos en los pagos de las cuotas a la Seguridad Social y reducciones en los dos ejercicios en el número de jornales necesarios para acceder al subsidio por desempleo.

En materia hidráulica, se han adoptado medidas de exenciones de cánones de agua y reducción de precio de agua desalada para el uso agrario.

Y como anunció el ministro Planas en el Congreso, durante la presente legislatura se mantendrá la devolución del impuesto sobre hidrocarburos para el gasóleo de uso agrícola.

La propiedad de la tierra

Hasta ahora he hablado de qué es la PAC? qué objetivos tiene? qué reivindican los agricultores y ganaderos? y qué respuesta damos desde el gobierno y desde el PSOE. Sin embargo, hay cuestiones importantes que no se abordan y que son importantes para el campo, y para tener una provisión de alimentos saludables y variados.

La primera de esas cuestiones es la propiedad de la tierra, que en muchas ocasiones no es de quién la trabaja, sino de latifundistas y grandes corporaciones del sector alimentario que configuran un oligopolio.

El ejemplo de Alemania: En Alemania, como en toda Europa, se está dando una especulación inmobiliaria con las tierras agrícolas. Entre otros inversores privados, están la Fundación Aldi-Nord o «Deutsche Wohnen», uno de los mayores propietarios de tierras de Alemania. Pero eso no es todo. Estas empresas dictan los precios y reducen los ingresos de los agricultores. En Alemania, cuatro grandes grupos se reparten el mercado de la alimentación: los grupos Edeka, Rewe, Aldi y Schwarz. Su participación ha aumentado constantemente en los últimos veinte años, y en 2021 el cuarteto representó más del 85 por ciento de las ventas en el comercio minorista de alimentos, un total de más de 218 000 millones de euros.

El mercado es un oligopolio de facto. Los pequeños agricultores se enfrentan al gran comercio de la alimentación. Debido a su poder de mercado, Edeka, Rewe, Aldi y Lidl pueden dictar los términos y condiciones de los proveedores más pequeños, igual que Mercadona hace en España.

Lo que está en juego es la concentración de la propiedad de la tierra en manos de los grandes monopolios internacionales. Esa es una de esas cuestiones de las que casi nadie habla.

La competencia desleal y la especulación de precios

Una de las quejas de los agricultores es la competencia desleal de productos provinientes de países externos a la UE. En Alemania y en los países del este de la UE se señala directamente al libre comercio con Ucrania, con la que se ha relajado la política arancelaria desde la guerra. En España, se señala a los productos marroquies y a los procedentes de libre comercio con Australia o latinoamerica.

Pero esta competencia «desleal» tiene, al menos, dos componentes. El primero de ellos es que ciertamente, los requisitos de entrada de productos de fuera de la UE son menores que los que se exigen a productores de la UE. Reforzar la trazabilidad de los productos y los controles sanitarios es una necesidad. El segudo de los factores es que esos productos «desleales» son introducidos en el mercado por las mismas multinacionales del sector de la distribución.

También algunos fabricantes de alimentos que procesan productos agrícolas deciden los precios a los que van a comprar los productos. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, Dr. Oetker, Tönnies, Ferrero, Coca-Cola, Nestlé, Procter & Gamble, Tchibo, Unilever, Mars y Danone. Ellos marcan los precios.

Entonces…las ayudas a los agricultores y ganaderos sirven en gran medida para compensar la política de fijación de precios de las grandes distribuidoras y fabricantes multinacionales; pero esas mismas ayudas no atacan el problema de raíz: la especulación de la tierra y sus productos que el capital financiero promueve a través de las multinacionales del sector.

El oposicionismo a la transición verde

Es bien conocido que las tractoradas en la UE están sirviendo a los negacionistas del cambio climático a cargar contra las políticas medioambientales, a la par que suman adeptos para la causa negacionista que lidera la extrema derecha.

Una de los objetivos a conseguir es que se debe hacer un uso racional de la tierra y de los recursos naturales, así como de los procesos utilizados en la agricultura y en la ganadería para que nuestra sociedad disponga de productos alimentarios saludables y variados. Por tanto, la solución para agricultores y ganaderos europeos no debería pasar por relajar las medidas medioambientales para competir con terceros países, sino impedir que se comercialicen productos que no cumplan con las normas medioambientales y sanitarias.
Por ejemplo, la apuesta por la ganadería extensiva e intensiva es muy productiva…para su empresariado, pero muy nociva tanto para el medio ambiente como para la calidad alimentaria de sus productos. Lo mismo podemos decir de los productos agrarios manipulados genéticamente, con grandes corporaciones como Monsanto (hoy Bayer) que incluso fabrican semillas estériles, para que una vez den lugar a una cosecha, se tenga que volver obligariamente a comprar semillas. O el uso de pesticidas y fertilizantes nocivos para la salud animal y humana.

La apuesta por los pequeños productores, por los sistemas de producción cooperativa respetuosa con el medio ambiente y que vele por la calidad alimentaria de los productos debería imponerse a las políticas especulativas de las grandes multinacionales.

El socialismo debe ofrecer alternativas transnacionales a la libertad de mercado

En toda Europa, la extrema derecha ha tratado -y está tratando- de capitalizar este malestar, sobre todo en países como Francia, Alemania o también España. Pura demagogia y oportunismo. Ya sabemos que lo que quiere la ultraderecha es sembrar el caos, destruir el medio ambiente y la libertad…de empresa y del capital financiero (y si no que se lo pregunten a los argentinos)

Por ello, es más necesario que nunca, una alternativa socialista para el campo para proteger a los que trabajan la tierra, para poner fin a la especulación del capital financiero, para acabar con el oligopolio de la distribución y las grandes marcas de fabricantes que fijan los precios, sobreexplotan la tierra y la ganadería y someten a los trabajadores de la tierra a condiciones de trabajo precarias; y para acabar con la guerra de ucrania que favorece esa especulación y los intereses espúreos de las grandes corporaciones.

Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de T.S

Más claro que el agua: lo que dicen los agricultores de verdad

(Clica sobre la imagen para reproducir el video)

Editorial: Las calles se calientan.

Las calles se calientan, y no estamos hablando del cambio climático. Los ataques que vive la clase trabajadora por parte del capital financiero en todo el mundo están teniendo su eco en las crecientes movilizaciones que conforman la resistencia a un modelo de sociedad que oprime a la mayoría social.
A pesar del rol “silenciador” que están jugando los grandes medios de comunicación, la mayoría social está expresando en la calle su hartazgo con la pasividad y tibieza con la que se actúa ante el genocidio que está perpetrando el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino. ¡Basta ya de hipocresías! El Alto el fuego es una exigencia, así como la ruptura de relaciones con Israel ya es un clamor. Estamos hartos de la palabrería de los gobiernos y la Comisión Europea, cómplices por activa o por pasiva con el genocidio.

También el campo se moviliza; particularmente los autónomos y pequeños productores. Los grandes latifundistas y ganaderos, como los duques de Alba, durante años han capitalizado las ayudas de la PAC, recibiendo cada año sumas millonarias. Pero los pequeños agricultores apenas pueden sobrevivir.

Como explicamos en el artículo «separando el grano de la paja», que se publica en este número, miles de pequeños agricultores protestan ante la dificultad para poder vivir de la tierra que trabajan. Aunque las protestas se centran en la burocracia para acceder a las ayudas, y las exigencias medioambientales, un análisis un poco más profundo nos lleva a concluir que la causa del problema radica en el propio mercado. La especulación de la tierra por un lado, y el poder de las grandes corporaciones de la distribución y fabricación de alimentos procesados para imponer el precio que se paga en origen al campesino. Esto, tiene consecuencias desastrosas tanto para los profesionales del campo como para los consumidores en general, quienes pagamos la inflación especulativa que arruina a trabajadores y pensionistas en general. Entenderlo marca la diferencia entre las posiciones socialistas y las que dice defender la extrema derecha populista.

Los agricultores y ganaderos protestan contra la excesiva normativa “mediambiental” ¡falsa defensa del medioambiente y la salud de los consumidores! Pues, si la preocupación de los legisladores de la EU fuese de verdad proteger la Salud de las personas y la Naturaleza, no abrirían las puertas de par en par a los productos de terceros países, ajenos a la UE, que no garantizan ningún respeto al medioambiente ni a la salud, pero sí generan una competencia desleal en los precios, facilitando la aludida imposición de precios a los agricultores, por parte de las grandes corporaciones de la distribución alimenticia.

Se incrementan las movilizaciones en defensa de la sanidad pública al mismo tiempo que salen a la luz nuevas pruebas y testimonios del horror que las trabajadoras y los ancianos tuvieron que vivir en las residencias gestionadas por el gobierno de Ayuso durante la pandemia.

Se incrementa el hartazgo contra unos jueces que contaminan la política, que usurpan el CGPJ desde hace cinco años (9 desde que fueron elegidos), y que (valga el juego de palabras) tienen la «des-facha-tez» de pedir a los políticos que les «dejemos en paz», ante la mirada cómplice de una monarquía que no solo tolera, sino que anima a los jueces a seguir en la misma línea de «independencia judicial», aunque ésta se base en patéticas acusaciones de terrorismo a algunos líderes independentistas, y «conspiranoicos» argumentos sobre las relaciones de Puigdemont con Putin. Todo vale, para unos jueces que niegan el “lawfare” pero lo practican con el único objetivo de desestabilizar al gobierno y que se rompan los acuerdos de investidura alcanzados entre los partidos antifranquistas.

En este sentido, incluimos en este número un nuevo artículo de opinión que trata sobre el “lawfare”, es decir, el ataque de jueces contra las decisiones del legislativo, y que trata también sobre la importancia de la ley de amnistía para el conjunto de la mayoría social, así como la necesidad de apoyar al gobierno de Pedro Sánchez y sus acuerdos con todos aquellos grupos que sirvan para avanzar en derechos sociales y laborales, y mejorar la convivencia y la relación entre los diferentes pueblos de España.

Al ritmo del aumento de precios de la cesta de la compra, asistimos a una nueva oleada de cierres y deslocalizaciones de empresas: Schneider, Bimbo, Danone y varios proveedores de Ford anuncian cierres. Alcoa y Arcelor frenan inversiones. Michelin y Stellantis decretan parones. Pablosky y GE ejecutan despidos. Todo ello, en medio de una cascada de ERE con miles de afectados. No podemos permitir más cierres, más despidos. Además de solidarizarnos con los trabajadores afectados, es necesario legislar para evitarlo. Mientras, la clase trabajadora se defiende en la calle, las reformas laborales de 2010 y 2012 continúan en vigor.

Mientras en España se calienta la calle, en Europa las cosas no van mejor. Italia, Hungría, Finlandia, Holanda, Polonia…en todos estos países, la socialdemocracia no ha sabido ofrecer alternativas sociales al liberalismo, pues actúan en su misma lógica económica, y hoy están gobernadas por títeres del capital financiero, recortando derechos. Alemania puede ser el siguiente.

La socialdemocracia debe ofrecer alternativas ante el auge de los gobiernos liberales y de extrema derecha que utilizan el término libertad en el mismo sentido en el que lo hacen Ayuso en Madrid o Milei en Argentina. Libertad de mercado eliminando lo público.

La socialdemocracia debe marcar diferencias con respecto al libertinaje del mercado. Mientras que la fuerza de trabajo se debilita y la desigualdad de rentas aumenta, se sigue el dictado de la OTAN para aumentar los presupuestos de defensa.

La guerra, la destrucción, es el camino que tiene el capital financiero para imponer su nuevo orden mundial, y cuando la socialdemocracia le sigue el juego, la derecha lo aprovecha. Donald Trump va incluso un paso más allá que Biden, y amenaza a los países aliados de la OTAN que no cumplan con destinar un 2% de sus presupuestos a defensa, avisando que no solo no los defenderá de un eventual ataque ruso sino que además animará a Putin a intervenir.

El mundo está en manos de psicópatas económicos y la respuesta de la socialdemocracia europea no puede ser la subordinación sumisa a sus estructuras: OTAN, FMI… La escalada bélica con su reguero de muerte y destrucción.

La guerra, no solo es militar, también es social; la especulación de la tierra y de los recursos naturales lleva al encarecimiento de los costes de producción, a la pobreza energética y al encarecimiento de los alimentos y productos de primera necesidad, y al abuso del incremento de los precios para la maximización de los beneficios de unos pocos.

Si Europa sigue la senda imperialista, Europa, la vieja Europa, la de los derechos sociales, la del estado de bienestar, dejará de existir como tal. Para construir esa alternativa social, nuestras sociedades deben decir ¡no! a aquello que está generando el encarecimiento de los costes, el empobrecimiento energético, y el debilitamiento del campo.

Debemos decir no a la guerra y sí a los derechos, sí a la producción regulada de bienes y servicios, sí a los sistemas públicos sanitarios, educativos, energéticos, sí a las infraestructuras hidráulicas que permitan una gestión sostenible de los recursos hídricos, sí al empleo, sí a las pensiones y sí a defender en la calle los derechos colectivos de la mayoría social. Y los más urgente ¡No al Genocidio en Palestina!

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Elecciones autonómicas en Galicia 18 de febrero 2024

Las expectativas y esperanzas poco fundadas han llevado a una abultada decepción en la izquierda, en Galicia, en general y muy particularmente en el mundo socialista del PSOE. Estos son los datos de las elecciones del 18 de febrero, comparativos con las celebradas el 12 de julio de 2020:

El análisis cuantitativo deja claro que el PSdG ha caído en diputados (-5), porque ha caído en votos (-46.059), a pesar de que la participación ha sido 12 puntos superior.

El PP ha crecido en votos, pero, aún así, ha bajado en diputados, aunque esto no le hace perder la mayoría absoluta, que en la Xunta está en 38 diputados. Tendría que haber perdido 3 diputados más para no tener mayoría absoluta por quinta vez consecutiva: 38 diputados en 2009; 41 en 2012; 41 en 2016; 42 en 2020; y los 40 de ahora.

El único Partido que ha ganado sustancialmente, tanto en votos como en diputados, ha sido el BNG, que ha obtenido un crecimiento del 50% sobre los votos de los anteriores comicios, lo que le ha proporcionado 6 diputados más, si bien, a efectos prácticos de la aritmética parlamentaria gallega poco cambia.

Todas las elecciones territoriales tienen sus particularidades. Sin embargo, tanto en Madrid, como en Euskadi, como en Galicia, el PSOE no solo no gana las elecciones, sino que además ha dejado de ser la fuerza de izquierdas más representativa, en favor de Más Madrid, Bildu o BNG, respectivamente.

No olvidemos que estas elecciones han sido anticipadas 6 meses porque así lo decidió Feijóo. Posiblemente, porque tras su fracaso en la investidura en septiembre del año pasado necesitaba revalorizarse en el seno de su propio Partido, en el que las ambiciones personales están a flor de piel.

Desde nuestro punto de vista, el debate sobre la Ley de Amnistía no ha sido determinante en el resultado; el PP gana por mayoría absoluta desde 2009 y no llevamos 15 años discutiendo de amnistía. Además, si este fuese un asunto determinante para el electorado gallego, el BNG, que apoya la amnistía, no hubiese obtenido los resultados tan positivos que ha recibido en las urnas. Por mucho que el pueblo gallego tenga su idiosincrasia, como cada pueblo del Estado español, está incluido en el barómetro del CIS de enero que dice que la amnistía solo está entre las tres primeras preocupaciones para el 2,3% de la población.

Desde luego que toca pensar por qué el PSdG-PSOE ha caído de manera tan abultada.

Un hecho objetivo, que no ayuda, es el que en estos 15 años pasados el Partido Socialista en Galicia ha tenido 5 secretarios generales diferentes y 4 candidatos distintos. Es evidente que esto no es lo mejor para consolidar un proyecto en un territorio en el que, además, el nacionalismo se sitúa en el mismo espectro ideológico, la izquierda. Si a esto se le añade la forma en la que se quitan y se ponen los líderes en el PSOE, en general, por ungimiento del líder federal, tenemos otro factor que contribuye al fracaso, como es la desafección de las bases militantes hacia las decisiones de las direcciones. El PP no es más democrático a la hora de imponer a sus líderes, a quienes incluso fulmina.

Por otra parte, está la estrategia. Se dice que las elecciones en Galicia las ganan, para el PP, las y los alcaldes. A este respecto hay que saber que de las 146 alcaldía que tiene el PP, sobre 300, solo el 17% son alcaldesas, el 22% en el PSOE y el 34% en el BNG -sirva esta información añadida como mensaje de cara al cercano 8-M-.

Lo anterior, además del sesgo machista, nos dice que el PP tiene el 48,66% del poder municipal, una base muy sólida para optar a la mayoría absoluta en la Xunta y las diputaciones. Este poder municipal, los gallegos y gallegas lo conocen de cerca, se ejerce con un alto grado de caciquismo. En los concellos, a los jóvenes que aún quedan en la Galicia del interior, les es más fácil encontrar empleo en los ayuntamientos -en el mantenimiento de carreteras y cunetas, en las subcontratas municipales, etc- si dan garantías de votar al Partido del alcalde. Cada cual que saque sus conclusiones y/o contraste este hecho. Esto no pretende ser excusa justificativa de los malos resultados socialistas.

No debemos dejar de observar que el porrazo electoral no solo se lo ha dado el PSdG-PSOE, también lo han sufrido, más si cabe, Podemos y Sumar que, en 2020, los primeros se presentaron como Podemos IU ANOVA y parte de los hoy Sumar Galicia eran En Marea, entre ambos han perdido 54.513 votos. Hacemos mención a estos partidos, pues, junto al PSOE han conformado los gobiernos de coalición pasado y actual.

El contenido de los programas y las campañas puede explicar por qué, a pesar de que la participación a crecido un 12%, la abstención es del 39%. De los 500.000 gallegos y gallegas que viven en el extranjero, pero que están censados en Galicia, solo ha votado el 6%. Además, tanto el voto nulo y el blanco suman un 1% del censo y han crecido un 16% y un 9%, respectivamente. Volviendo al barómetro del CIS del mes de enero, la pregunta nº 8 decía: ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?, el resultado no dejó lugar a la duda:

1º.- La crisis económica, los problemas de índole económica, con un 37%.

2º.- La sanidad, con un 17,6%

3º.- Los problemas relacionados con la calidad del empleo, con un 14,1%

La pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las pensiones que contrasta con los multimillonarios beneficios de las grandes empresas de la energía o del sector financiero. Los efectos de la privatización de la sanidad pública, y la precarización de las condiciones de vida y trabajo, por supuesto la ausencia de puesto de trabajo. Estas son las preocupaciones, que más bien poco han pesado en las propuestas de los partidos.

A lo anterior, hay que añadir los incumplimientos de promesas electorales, incluso legales, de los partidos mencionados que han formado y forman parte del Gobierno de coalición anterior y el actual. Incumplimientos tales como la no derogación de todos los elementos lesivos de las reformas laborales de 2010 y 2012, de ahí que la precariedad y la inseguridad en el empleo esté cronificada. Estos partidos y sus socios parlamentarios de izquierdas han sido incapaces de derogar la “Ley Mordaza”. Y unos y otros, a fecha de hoy, mantienen el incumplimiento de la Ley 21/2021, en su Disposición Transitoria sexta, encargar una Auditoría a las Cuentas de la Seguridad Social.

Estas cuestiones, señaladas a modo de ejemplo, afectan al electorado en Galicia, en Murcia, en Cataluña en Huelva y en Madrid, así como en los demás territorios que componen este Estado plural.

Si las elecciones se dirimen en las acusaciones y las campañas de desprestigio del contario, es entendible, aunque no se comparta, por qué más de un tercio del electorado que el día 18-F se quedó en casa.

Si a las imposiciones desde arriba le sumamos que las bases de afiliados se sienten “pagacuotas”, meros costaleros a los que se les llama para ir a las mesas electorales y poco más, y le añadimos la falta de consolidación de proyectos y la desventaja en el poder municipal, pensamos que hay ingredientes suficientes como para que la Ejecutiva Federal del PSOE y los demás partidos de la izquierda no nacionalista se lo hagan mirar.

Recuperar las propuestas netamente de izquierdas es absolutamente imprescindible para recuperar la confianza de la mayoría social en cada región y que como clase trabajadora tengamos una referencia clara.

El Comité de Redacción

Desde dónde nace esta amnistía y qué implica

Por Safira Cantos Salah

Esta amnistía no nace como plan de acción política del gobierno para mejorar la convivencia en Cataluña, sino de la estricta necesidad de reunir los votos necesarios para la investidura. Ante lo que cabe preguntarse: ¿acaso no es legítimo negociar y ceder en asuntos no contenidos en el programa electoral para reunir la mayoría necesaria para formar gobierno? Es evidente que la negociación política es legítima y signo de normalidad democrática, ahora bien ¿sin límite alguno? ¿Se pueden poner en juego en esta negociación principios esenciales de un Estado democrático de derecho?

Hemos asistido a un viraje radical en la postura sostenida por el PSOE hasta el mismo momento de las elecciones en que había negado de manera expresa, contundente e insistente la posibilidad de una amnistía. Esto no hace sino degradar aún más el valor de la palabra en política, la credibilidad de quienes deben generar confianza.

La amnistía es una medida excepcional en un Estado democrático y social de derecho porque supone: 1 ) una excepción al carácter general que debe tener la ley (es una ley a la medida para un determinado contexto); 2) una excepción al principio de igualdad (se deja de aplicar el marco jurídico general por razones ideológicas mientras esos mismos hechos para el común del resto de la ciudadanía siguen teniendo aparejadas sanciones penales o administrativas); 3) supone una excepción dentro de la separación de poderes: lo dictado por jueces y tribunales queda sin efecto. Es más, supone impedir la continuidad de cualquier investigación administrativa, contable (Tribunal de Cuentas) y penal, lo que impedirá por ej.: seguir investigando la malversación de fondos.

Las amnistías -como ya sabemos ni previstas ni prohibidas expresamente por nuestra Constitución-

están asociadas a contextos excepcionales de transición (por ej., de régimen político tras un conflicto armado) como medida para alcanzar normalidad democrática y social. ¿Se está entonces asumiendo, como defiende Junts, la inexistencia de normalidad democrática en la respuesta a los graves hechos relacionados con el procés? Respetando la aspiración territorial que podamos tener cada quien, lo cierto es que las autoridades catalanas decidieron actuar al margen absoluto del marco de un Estado democrático y de derecho; cuando precisamente una de las funciones de la ley debe ser hacer de dique de contención al abuso de poder.

Una amnistía que pretendiera contribuir a la convivencia buscaría el mayor consenso político, no se tramitaría en el Parlamento por el procedimiento de urgencia y se haría desde la honestidad de los diversos discursos políticos y no justificándola como si viviéramos “realidades paralelas”. Atender así las exigencias de un grupo político minoritario para contar con sus votos, es un riesgo claro de que devenga finalmente más como arma de chantaje que de consenso; pues ni siquiera ha existido desde quienes la exigen un compromiso para favorecer la convivencia, respetando también a quienes son catalanes no independentistas.

No menos preocupante es plantear la cuestión bajo el dilema de amnistía o derechos sociales; como si no pudiéramos -y debiéramos- aspirar a fortalecer la protección de los mismos al mismo tiempo que salvaguardamos nuestro sistema jurídico e institucional, que a la postre es el que debe garantizar en el futuro los derechos, incluidos los sociales.

En todo caso, está en nuestras manos, en las de cada persona, no contribuir a erosionar más la convivencia, sino ser capaces de dialogar sin concebir al discrepante como un adversario social. Ahí deseo seguir estando y dialogando.

Safira Cantos Salah
Directora General de la Fundación Hay Derecho

Respondiendo a lo que este acto plantea

Creo que lo primero que tenemos es que contestar a la pregunta de la convocatoria, la amnistía que se está planteando es para el entendimiento o para la confrontación. No es un tema de juicio de intenciones, es compartir el sentido profundo de la misma palabra Amnistía y para ello vamos a la definición que hace María Moliner y la misma RAE que tiene el mismo sentido: “Perdón decretado por el Gobierno para ciertos delitos particularmente políticos”. Ahí están todas las claves, es un perdón sobre un delito. Ello anula parte del griterío mediático y político que se ha establecido alrededor de la amnistía. Por supuesto, toda amnistía se realiza sobre alguien que ha delinquido: Marcelino Camacho era un delincuente para el TOP, los evasores fiscales son delincuentes económicos, Menahet Begin era un terrorista sionista y yo mismo que soy un amnistiado del 77, era un convicto y confeso delincuente.

La segunda cuestión es que estamos impregnados de la concepción judeocristiana del castigo y del perdón, del ojo por ojo y diente por diente, que es algo totalmente ajeno a la convivencia democrática en un estado de Derecho y apela a los elementos viscerales más primarios.

Pero la discusión de la amnistía hace aflorar algunos problemas profundos de nuestro sistema político. ¿Por qué en 45 años no se ha podido avanzar seriamente en el encuentro entre comunidades nacionales diversas?, ¿por qué siempre que se ha intentado una vía de dialogo y de confraternización, siempre surge la cantinela del España se rompe? cuando no se manifiesta una evidente catalanofobia que pervive desde hace más de 150 años, recordar el ¡ ¡ A por ellos, oe, oe!!!. Y ahí surge otro tema fundamental: el inmovilismo de nuestro sistema constitucional, en 45 años sólo ha

habido 3 reformas constitucionales, una por adecuación a Europa, otra la más reciente por corregir una aberración social respecto a la denominación de las personas con discapacidad y la otra el 135 para introducir las exigencias neoliberales en la Carta Magna. Ello refleja una incapacidad de nuestro sistema institucional en irse adaptando a las nuevas exigencias de los tiempos, mientras los países de nuestro entorno han acometido algunas decenas de cambios constitucionales. Y una de las claves de esta esclerosis es el inmovilismo de una derecha que no quiere ningún avance en materia social y democrática y que han sido los mayores creadores de independentismo.

Es evidente que el crecimiento del independentismo ha venido determinado por la incapacidad para asumir la realidad plurinacional del Estado Español, en lugar de discutir y demostrar a la población que la independencia no es una buena solución para el conjunto de los pueblos, la respuesta ha sido desconocer la voluntad del pueblo catalán manifestada en el referéndum del Estatut del 2012, acompañada de campañas contra los productos catalanes y recogidas de formas, y recursos al Constitucional.

El proyecto de Ley de Amnistía ni fractura el Estado social y democrático de derecho, ni rompe la separación de poderes, ni afecta a la igualdad de los ciudadanos y se desarrolla bajo todos los cauces legales pertinentes. El resto es ruido y agitación contra el Gobierno de coalición progresista que hoy será el tema de la amnistía y mañana el que surja para deteriorar el avance social y democrático. Es un momento para que el conjunto de la ciudadanía avance en el entendimiento democrático y profundice en los derechos y libertades en todo el país.

Enrique del Olmo García
Sociólogo Presidente de la Fundación Andreu Nin

Regresar al futuro

Por Gloria Elizo Serrano

Deberíamos empezar diciendo que básicamente una amnistía es un procedimiento de naturaleza política para devolver al espacio de la acción pública a los actores políticos expulsados de su acceso a ella por mor de un procedimiento penal que ha considerado delictiva su actividad política.

Nuestra historia, lo sabemos, está llena de ejemplos de esa tendencia a expulsar y excluir otras visiones y otras formas de entender España a base de usar la Justicia para convertir en enemigos públicos a los que pensaban diferente ! los herejes, la antiespaña, los rojoseparatistas, los traidores a la patria! , pero también de ejemplos de reconciliación, de visiones integradoras que, desde un sistema constitucional abierto y garantista, devuelve al diálogo, a la negociación y a la democracia las diferencias políticas.

Y por eso, cada vez que en España se recobra la democracia, la Constitución y las libertades, es necesario empezar haciendo una amnistía.

En el caso en el que nos encontramos la situación no fue tan grave, pero si lo fue la tendencia, el haber iniciado un camino en el que el Código Penal, los tribunales, la policía política, los medios afines, etc. se usaron para colocar fuera de la Ley a un gran número de representantes y actores políticos y para enviar a la cárcel a algunos de ellos, iniciando una deriva muy peligrosa para nuestra democracia.

Desandar ese camino político, volver a la posición de la democracia integradora, restablecer el discurso político en y con Catalunya precisa, por desgracia, de una acción política absolutamente constitucional como es la amnistía.

Porque estos sucesos, esta Amnistía, no se pueden entender sin recordar la grave crisis económica del 2008 creada por la especulación financiera internacional, la sucesión de recortes unida a los casos de corrupción que asolaron Catalunya y toda España, así como grave Sentencia del Tribunal del Constitucional del 2010 que deslegitimó al pueblo catalán echando por tierra un Estatuto igual al de tantos otros lugares y ya ratificado en referéndum.

No se puede entender sin los intereses cruzados de los dirigentes políticos de la derecha en Catalunya y la dirección política de la derecha en el gobierno del Estado, empeñados ambos en “hablar de otra cosa” que no fueran los recortes, los abusos, la corrupción sistémica y las desviaciones de poder.

Luego vendrían las escuchas ilegales por parte del Estado, la fabricación de informes de la policía política, las mentiras de los periodistas mercenarios, la utilización del Tribunal Constitucional como si fuera un Juzgado de Instancia, el Tribunal Supremo fantaseando con el juez ad quo, los hechos y su encaje penal.

Y sobre todo se impuso el relato del nacionalismo excluyente, la conocida táctica de dibujar un enemigo interno al que hay que extirpar presentándose como adalid de la defensa de la verdadera nación… incluyendo de paso ! como siempre! las habituales políticas regresivas, la corrupción sistemática con los actores económicos cercanos y la restricción a las libertades de la gente.

Y por eso, por esa estrategia nefasta y cortoplacista es necesario ahora retroceder a la encrucijada donde nuestro sistema equivocó el camino de la democracia para dejarse arrastrar por el camino de la exclusión.

Puede parecer una exageración, un aviso o una tendencia. Pero hoy, al igual que en 1977, ante el avance de los discursos de la extrema derecha, tenemos que elegir en qué sistema político queremos vivir. Si en uno en el que los adversarios políticos son enemigos de la patria y hay que excluirlos penalmente, o en una democracia inclusiva y plural donde partidos que no comparten su visión política pueden firmar un acuerdo reconociéndose como existentes, diferentes y respetuosos de esas diferencias.

Y para eso es necesaria esta amnistía.

El Partido Popular está en su perfecto derecho de criticar los programas, las posiciones y los pactos para formar gobierno de Pedro Sánchez, de intentar incluso que olvidemos que son los mismos pactos que Feijoo no ha podido llevar a cabo por culpa de su mochila excluyente.

Pero la amnistía es incluso una oportunidad para que, andando el tiempo, el propio Partido Popular pueda volver al espacio constitucional y al dialogo con ese nacionalismo de derechas con el que ya Aznar hablaba en catalán en la intimidad.

Amnistía para el entendimientoo para la confrontación

El pasado día 9, en el Ateneo de Madrid, se celebró un acto bajo el título “Amnistía para el entendimiento o para la confrontación”, organizado por la Asociación Trabajo y Democracia. ASTRADE decidió iniciar el año sometiendo a debate la ley de Amnistía que propone el Gobierno de Pedro Sánchez, en continuidad con otras iniciativas habidas este pasado año, como el “Documento impulsado por Tribuna Socialista” firmado por 300 militantes del PSOE y dirigido al Grupo Parlamentario Socialista y a la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, entregado a los destinatarios el 4 de octubre, coincidiendo en el tiempo con la feroz campaña de Felipe González, y otros, en contra de un proceso para la resolución del conflicto con Cataluña por la vía de una Amnistía. O el documento “Redoblar la lucha por la Amnistía”, producto del debate mantenido el 27 de noviembre en la librería Blanquerna, en Madrid, promovido por el Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), al que ya se han adherido más de 160 militantes políticos y sindicales de distintas organizaciones. El acto del Ateneo fue muy concurrido, llenando la sala Úbeda, y en él pudieron tomar la palabra los asistentes que así lo decidieron.

Quienes intervinieron desde la Mesa abordaron el tema desde una doble óptica: jurídica y política, exponiendo argumentos a favor y en contra del proceso de Amnistía, si bien, el sentir mayoritario, tanto entre los ponentes como entre los asistentes, fue de apoyo a la ley de Amnistía que está en su inicio del trámite parlamentario.

La Amnistía ha llegado como fórmula para desatascar la investidura. Feijóo no pudo convencer a Junts, ni a PNV para que lo apoyaran, pues en el paquete iba VOX amenazando con disolver los partidos nacionalistas y representando, tanto VOX como PP, a lo más profundo del franquismo no erradicado en nuestro país, buen ejemplo de ello es Manuel García- Castellón, juez de la Audiencia Nacional y digno heredero del TOP. Por su parte, Pedro Sánchez ha encontrado en la Amnistía una fórmula para poner de acuerdo al resto de partidos parlamentarios en iniciar la marcha de la legislatura e intentar resolver el conflicto derivado de las represivas políticas del PP en la década pasada, pues, parafraseando al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres: “El conflicto en Cataluña no surge de la nada”. No debemos olvidar la brutal campaña de la derecha contra el Estatut de Catalunya que aprobaron las Cortes, el Parlament y un referéndum en Cataluña, pero que fue truncado en 2010 por el Tribunal Constitucional. Esta es la antesala del conflicto de octubre de 2017, que se quiso resolver “echando gasolina al fuego”, alentando el “A por ellos”, sin decirlo expresamente, por Felipe VI en su lamentable discurso del 3 de octubre y con la respuesta policial del Gobierno de Rajoy, respuesta complementada por los magistrados afines a la derecha.

La Amnistía, por tanto, tiene que servir para reparar las tropelías democráticas del Gobierno del PP entre 2012 y 2018 contra miles de ciudadanos en Cataluña, no solo para los políticos catalanes que sufrieron cárcel o sobre los que aún pesan encausamientos judiciales.

Además, en mi opinión, es una puerta que se abre para avanzar en dar encaje y normalizar la pluralidad del Estado español en su composición y no un concepto cerrado de nación española, es decir un país sometido a una ideología nacionalista centralizadora y excluyente, anclada en el “España, Una Grande y Libre”, siendo la grandeza y la libertad más que discutibles, tal como las continúa interpretando la derecha de nuestro país.

La clausura del acto corrió a cargo del presidente de ASTRADE, Eduardo Hernández.

Roberto Tornamira
Miembro de la Junta Directiva de ASTRADE
En los siguientes enlaces, añadimos tres artículos que resumen la posición ante la amnistía, que a fecha de cierre de esta edición nos han hecho llegar tres de los intervinientes en el acto:

Gloria Elizo Serrano

Enrique del Olmo García

Safira Cantos Salah

La clase trabajadora argentina en lucha

Huelga general del 24 enero

La clase trabajadora de Argentina se defiende de los ataques neoliberales de Milei con su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la Ley Ómnibus (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos). Estas brutales medidas, que ponen Argentina al servicio del capital financiero se están debatiendo en sede parlamentaria y por ello, los trabajadores argentinos, con la iniciativa de la CGT y la CTA convocaron movilizaciones y huelga general para el 24 de enero.

Las medidas del decreto atentan contra la economía popular, los derechos sociales y laborales, las privatizaciones y van acompañadas del intento de imponer un «régimen de excepción», que concentraría el poder en la presidencia de la República hasta 2025, que puede prorrogarse hasta el final del mandato de Milei. Por ello, decenas de organizacions políticas, sociales, culturales y de toda índole han secundado esta movilización y firmado un documento en el que además de la retirada del decreto se demanda:

  • Suspensión del pago de la deuda externa. Anulación del acuerdo con el FMI
  • Para derrotar a la inflación, congelación de precios y control a las grandes empresas formadoras de precios en la producción y la distribución de los productos de la canasta básica, de la energía y del transporte
  • Recuperar la soberanía sobre nuestros bienes comunes, las vías navegables y el control del comercio exterior
  • Recuperación inmediata de salarios y jubilaciones. Contra los despidos. Contra la derogación de la Ley de Alquileres y los desalojos. Contra la represión y las detenciones que atacan las luchas populares

Desde Tribuna Socialista nos solidarizamos con la movilización de la clase trabajadora argentina y saludamos con satisfacció las concentraciones que el día 24 convocaron UGT y CCOO ante las embajadas argentinas en diversas ciudades de España.

Como ya hemos comentado en números anteriores, la «libertad» que venía proclamando Milei no es otra que la libertad para las empresas elevado a su grado máximo, con privatizaciones, la abolición de derechos, represión y recortes en políticas sociales. Al final, tal y como reza en la pancarta de la imagen, la «casta» es el pueblo.

En la fecha de redacción de este artículo, pocos medios de comunicación se han hecho eco de la movilización, pero la realidad es que el apoyo social a Milei merma día a día en Argentina, al tiempo que crece la oposición activa a sus políticas. Cerca de 1 ,5 millones de personas, a pesar de las amenazas represivas y de la fuerte presencia policial han participado en la huelga y en unas manifestaciones que son solo el inicio de la resistencia del pueblo argentino ante las atrocidades del gobierno Milei contra los derechos y las conquistas de la mayoría social en Argentina.

Montserrat Salvatierra
Militante PSC El Vendrell

¡Alto al Genocidio! ¡Alto el fuego inmediato!

Crónica de la movilización en Madrid, 27 de enero de 2024

A pesar del vergonzante silencio de los medios de comunicación, y de las trabas que la Manifestación del día 27 ha encontrado en su camino, ha sido un éxito rotundo. Decenas de miles de personas han salido a la calle para exigir que pare de una vez la matanza de palestinos en Gaza; se ha superado la cifra de 26.000 muertos, a los que en su momento habrá que añadir los miles de desaparecidos bajo los escombros.

Muchos y muchas manifestantes se han desplazado a Madrid desde Andalucía, País Valenciano, Cataluña, Castilla la Mancha, Castilla León, Euskadi…, había gente de distintos territorios del Estado español.

Se han coreado lemas señalando a Netanyahu como criminal, denunciando la complicidad de los Estados Unidos y Reino Unido con los crímenes de guerra que se comenten cada día en la Franja de Gaza, desde hace tres meses. También se ha aludido al Gobierno español, exigiendo que se ponga fin al mercado de armas entre España e Israel, pidiendo la ruptura de relaciones diplomáticas con el Estado israelí por su acción asesina contra mujeres, niños y niñas y civiles en general, por la destrucción de la red hospitalaria que, aunque precaria, había en Gaza, por el crimen de lesa humanidad que se está cometiendo al cercenar los suministros de alimentos, agua y medicamentos.

Este éxito de convocatoria se debe al esfuerzo que han puesto en la organización y difusión las 192 organizaciones convocantes, colectivos diversos como el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE), el espacio Vecinas y Vecinos de Pueblos y Barrios de Madrid, colectivos en Defensa de la Sanidad Pública, partidos, sindicatos, etc. Todos han colaborado con las asociaciones y colectivos palestinos, verdadero motor de esta gran movilización y de otras que se han realizado desde el mes de octubre pasado.

Se ha echado de menos a las grandes organizaciones políticas y sindicales de nuestro país, sin que haya ningún género de duda de que entre los manifestantes había militantes sindicales y de partidos que no se han involucrado en la manifestación de hoy. Es necesario que, si la agresión continua, y nada apunta a que vaya a terminar en breve, las confederaciones sindicales mayoritarias y los partidos que componen el Gobierno, así como los que lo apoyan, llamen a una macro Manifestación estatal y unitaria. Son las organizaciones de referencia para millones de trabajadores y trabajadoras, para millones de ciudadanos y ciudadanas de todo el Estado español.

En los distintos cortejos se ha comentado la orden dictada por la Corte Internacional de Justicia (CI), máximo tribunal de la ONU, con sede en La Haya, en la que la CI pide a Israel que evite los ”actos de genocidio”, como si no los hubiese cometido ya, y olvida, este alto tribunal, ordenar el alto el fuego. En positivo, la CI ordena a Israel que permita la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. El sentir percibido es que se queda corta la decisión de la Corte Internacional de Justicia, a la vista de las muertes, la destrucción y el desplazamiento masivo que la reacción de Israel está teniendo.

Lo más importante, políticamente, es que es la primera vez que un alto tribunal de justicia internacional llama la atención a Israel, Estado que lleva demasiado tiempo ejerciendo de Estado terrorista, en los hechos, gracias al apoyo incondicional que hasta ahora le han venido prestando las distintas administraciones estadounidenses y los gobiernos de su “graciosa” majestad británica.

Es inaceptable que un Estado cometa los crímenes que a todas luces está cometiendo Israel y que los gobiernos de la Unión Europea estén inactivos y en silencio, más allá de balbucear, de vez en cuando, palabras que apelan genéricamente al respeto de los Derechos Humanos.

Pascual Sánchez
Para Tribuna Socialista

2024: un año para luchar contra la desigualdad creciente en todo el mundo.

El banco mundial, fiel representante del capital financiero, cerraba el año 2023 con una afirmación devastadora:

«Si 2022 fue un año de incertidumbres, 2023 es el año de la desigualdad. Para los países que esperan recuperarse de las devastadoras pérdidas provocadas por la pandemia de COVID-19, la batalla se ha vuelto más difícil debido a las amenazas combinadas del cambio climático; la fragilidad, los conflictos y la violencia, o la inseguridad alimentaria, por nombrar solo algunas, que dificultan la plena recuperación de todas las economías»

Un año en el que ha crecido la desigualdad y que ha afectado a la clase trabajadora en el mundo entero. Una clase trabajadora que aspira a vivir de un trabajo digno, a disponer de una alimentación saludable, a tener acceso a vivienda, a sanidad, a la educación, a la cultura, al transporte, al ocio…nada que no se pueda financiar si el beneficio de la fuerza del trabajo repercutiera en las fuerza del trabajo y no fuera a engrosar (más) el beneficio del capital financiero.

La realidad muestra el panorama de la desigualdad: más de 800 millones de personas padecen hambruna; más de 200 millones de personas están sin empleo; más de 2000 millones de personas no tienen acceso a servicios básicos de agua y saneamiento; se calcula que unos 1800 millones de personas no tienen techo o viven en infraviviendas; casi 800 millones de personas adultas carecen de competencias básicas de lectoescritura.

Hablamos de la desigualdad en el mundo entero. No solo en las economías subdesarrolladas, También en occidente, también en España, donde hay 2,7 millones de personas sin trabajo, por no hablar del subempleo y

de la pobreza laboral. Según UGT, la parcialidad involuntaria en la contratación asciende al 47,9% de los contratos. Es decir, que hay una buena parte de la población trabajadora que está empleada a tiempo parcial únicamente porque no encuentra un trabajo a tiempo completo. UGT señala que esto se traduce en un sueldo inferior, que en la mayoría de casos se sitúa por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) y que es una de las principales razones para que en España haya un 11 ,6% de personas trabajadoras en riesgo de pobreza o con pobreza laboral (ingresos por debajo del 60% de la mediana).

Por su parte, la empresa Bloomberg anunciaba que el patrimonio neto de los 500 mayores multimillonarios aumentó 1 ,5 billones de dólares en 2023, es decir, que se apropian del equivalente a un 1 ,5% más de toda la producción mundial. Según UBS, el 1 % más rico de la población mundial dispone del 44,5% de toda la riqueza .

El crecimiento de la desigualdad en el mundo busca culpables. La clase trabajadora desinformada cae en las redes demagógicas de los Milei del mundo, que reclaman «libertad» para hacer frente a la desigualdad. Libertad que para ellos no es otra cosa que liberalizar todos los sectores, reducir el papel del estado a su mínima expresión, eliminar todo aquello que permita tener un mínimo colchón para las personas que atraviesan más dificultades. Libertad para el capital financiero pero no para la clase trabajadora.

Pero además de las tesis de la extrema derecha en el mundo, la desigualdad se acrecenta cuando se nos rebaja el poder adquisitivo de los salarios por mor del aumento de precios; la desigualdad se acrecenta cuando se debilita la negociación colectiva de los convenios; cuando se detraen fondos de las partidas para educación, para sanidad, para pensiones o para seguros de desempleo.

Y esa es la lucha que los socialistas en todo el mundo tenemos más vigente que nunca. La lucha por defender los derechos y conquistas laborales en todos los países del mundo, la lucha por el salario, la lucha por las pensiones, la lucha por una educación y una sanidad públicas, la lucha contra la guerra y el comercio de armas, la lucha por una democracia plena, en España, en occidente y en el mundo entero.

No existe un capitalismo bueno y un capitalismo salvaje. El capitalismo conlleva la acumulación de la riqueza, y esa guerra la estamos perdiendo la clase trabajadora. Toca remontar. Toca socialismo.

Por un 2024 sin guerras, con mayor justicia social, libertad, fraternidad entre los pueblos y democracia.

Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de TS