Tribuna Socialista

Desde la última gran crisis de 2007, la ciudadanía progresista en toda Europa ha ido escorándose cada vez más hacía posiciones más tendentes a castigar cualquier pacto con la derecha o con políticas liberales, la irrelevancia en la que han venido cayendo partidos socialistas, como el francés, el griego, el laborismo británico o el SPD alemán, son clara muestras de ello; incluso en España desde 2007 el PSOE había venido perdiendo capacidad política a medida que perdía apoyo entre los electores progresistas que se decantaban por otras opciones ‘más a la izquierda’.

En el contexto europeo ha hecho falta que en Reino Unido apareciera un líder como Jeremy Corbyn, para volver a poder disputar el gobierno a los Tories (al margen de cómo se desarrollen las elecciones del próximo 12 de diciembre), o que en Alemania el SPD haya anunciado que romperá su acuerdo con los conservadores de Merkel, o que en Portugal gobierne el socialismo con apoyos de los comunistas y otras fuerzas de izquierdas, o que en Italia hubiera de sufrirse la política de la extrema derecha para que las distintas opciones progresistas, hasta ese momento profundamente enfrentadas, se unieran para formar gobierno. Todo esto ha venido empujando a la opinión pública progresista para acabar clamando la unión de las diferentes políticas de izquierdas. De este modo en toda Europa una esperanza de cambio se vislumbre como una alternativa real y plausible contra la imposición neoconservadora y ultraliberal que parecía no tener contestación en este siglo XXI.

Asimismo en España ha hecho falta que el PSOE pasara por una fuerte crisis interna -que no es el objeto de análisis de este artículo- para que éste virara hacía posiciones menos liberales, llevándolo en primer lugar a hacer que triunfara por primera vez en nuestra historia una Moción de Censura, al ser capaz de aglutinar en torno suyo a todas las opciones progresistas, y en segundo lugar a ganar ampliamente las elecciones por dos ocasiones seguidas, lo cual ha alimentado una esperanza de cambio entre todos los progresistas, no sólo en España, sino también en toda Europa.

Mientras todo esto ocurría la Federación Socialista Andaluza parecía mantenerse al margen de esta vorágine política que asolaba toda Europa, en parte porque era de los pocos lugares en Europa donde las fuerzas progresistas gobernaban y donde parecían tener una alternativa a las políticas liberales/conservadoras. Así era percibido, al menos, por gran parte de los electores progresistas. Pero el pasado 2 de diciembre de 2018, del que ahora cumplimos un año, los electores progresistas en Andalucía le volvieron la espalda a un PSOE-A que había dado muestras de no ser sensible a este anhelo de cambio social; la Federación Socialista Andaluza había venido manteniendo una política más cercana a los sectores liberal-conservadores de lo admisible para la ciudadanía progresista. Internamente había liderado una gestora que había propiciado, sin contrapartidas algunas para la ciudadanía en su conjunto, un gobierno de derechas a nivel nacional; externamente había roto su pacto de gobierno en la Junta de Andalucía para forzar unas elecciones tras las que pacto con un partido liberal que se escoraba cada vez más a la derecha, renunciando así a gran parte de su programa progresista tolerando a cambio políticas liberales, el resultado de esta apuesta política tuvo su punto final en las elecciones del pasado 2 de diciembre, cuando el PSOE-A perdió el gobierno de la Junta de Andalucía, hundiéndose con la mayor pérdida de votos en unas elecciones andaluzas, en las que el dato de abstención fue el más alto desde 1990. Desde entonces el PSOE-A se ha mostrado incapacitado para conectar con una ciudadanía cuyas demandas, que se han visto amplificadas por los últimos acontecimientos sobre los ERE’s, versan en torno a un profundo cambio en toda la estructura del PSOE-A, pues sigue viendo al frente de ellas a todas las personas que propiciaron las líneas políticas que antes hemos descrito. Otra consecuencia de todo esto, e indisoluble de ello, es que hemos perdido cualquier empuje político y cualquier capacidad de hacer oír nuestra voz en los grandes temas nacionales.

En Andalucía, por poner simplemente algunos ejemplos: seguimos sufriendo una fuerte desigualdad estructural, que se traduce en uno altos índices de pobreza así como un alto porcentaje de paro permanente y que no sólo no parece responder ante estímulos exógenos, sino que según los últimos datos está creciendo aún con mayor intensidad; a esto hay que sumarle, además, un alto porcentaje de abandono de los estudios incluso en las etapas más primarias, por el contrario los mejores formados emigran por falta de salida profesional en nuestra tierra; padecemos de debilidades estructurales, que ante la opinión de los expertos, son especialmente críticas ante los cambios que se producirán por el calentamiento global y el fuerte deterioro exponencial de las condiciones climáticas y biológicas; los pilares de nuestra sociedad, sobre los que se cimientan el Estado del Bienestar, están siendo ferozmente atacados por la derecha, ahora en el gobierno andaluz, especialmente el Sistema Andaluz de Salud y la Educación (anteriormente mencionada); los niveles de pobreza (junto con los de Extremadura) son los más altos de todo el Estado español, especialmente el infantil; la tasa de inversión en políticas de atenuación para las personas dependientes está entre las más bajas de toda España…

En Andalucía, necesitamos, demandamos, un liderazgo que en primer lugar sepa aglutinar alianzas progresistas. Alianzas que deben dar como resultado políticas y proyectos que apuesten nítidamente por la defensa de la Justicia Social ante las opciones conservadoras; que apueste decididamente por el desarrollo de lo público, no únicamente como sostén social, sino también como campo de expansión económico, competitivo y tecnológico, ahí está nuestro potencial en el sector de la biomedicina o aeronáutico, por poner dos ejemplos recurrentes; necesitamos liderar el desarrollo de políticas de transición ecológica ya no sólo que fomenten el desarrollo sostenible -el futuro no nos perdonaría que lideráramos un cambio de paradigma en el sector energético, teniendo unas condiciones envidiables para ello- sino que necesitamos un liderazgo que apueste sin vacilación por  introducir medidas urgentes para paliar los efectos actuales del cambio climático, no exclusivamente sectores como el agrícola, ganadero, pesquero o el turismo dependen de ello, toda nuestra sociedad, todo nuestro futuro depende de ello.

En el contexto de la actual problemática de Estado, necesitamos en Andalucía una voz firme que desde nuestra comunidad defienda la solidaridad entre territorios como mecanismo para lograr una base más igualitaria entre individuos, y no una especie de suerte de ‘unidad nacional’ sobre el imaginario de una disputa de orden jerárquico Estado en contraposición a Comunidad Autónoma, como si fueran entes enfrentados. Desde un punto de vista progresista necesitamos un liderazgo valiente capaz de expresar, en sintonía con lo ya acordado y expuesto en la Declaración de Granada y de Barcelona, la necesidad de explorar la concepción orgánica de un Estado que permita partir hacia un desarrollo económico y social desde unas condiciones mínimas vitales garantizadas para todos mediante la aplicación de la solidaridad en el marco de un entorno federal.

Necesitamos, y esto en definitiva es lo más importante, un liderazgo capaz de seducir a la sociedad, con capacidad de pedagogía para convencer a la ciudadanía de que confíe en que somos capaces de llevar a la práctica políticas progresistas para el bien tangible de la sociedad y no para los intereses de unos pocos.

Jose Luis Bejarano Damas

Secretario de Política Institucional de la Agrupación del PSOE de Almensilla, Sevilla.

Ha pasado un año desde  que terminase la vista oral del juicio que a lo largo  de 152  sesiones  declararon 120 testigos. La macrocausa, se  ha prolongado  durante una década y por el camino acabó con las carreras políticas de dos ex presidentes de la Junta de Andalucía  Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado finalmente a Griñán a 6 años de prisión por malversación, mientras que Chaves queda inhabilitado 9 años solo por delito de prevaricación. Solo han sido absueltos dos de los 21 acusados, el ex interventor general de la Junta y el exjefe de gabinete jurídico.

En el origen de la causa, añadir que se trataba de un procedimiento por el que se concedían las ayudas de los expedientes de regulación de empleo (ERE).  Los dos ex presidentes se sentaron en el banquillo de los acusados para declarar sobre las irregularidades en la concesión de ayudas públicas a empresas en crisis en el periodo que va  entre 2001 y 2011. Para conocer los entresijos de una causa que ha ocupado diez años a los españoles con miles de titulares de tv, prensa escrita, tertulia…vamos a resumir en la medida de lo posible los principales ítems del procedimiento.

¿Quiénes son las personas a las que se ha condenado?

-José Antonio Griñán, expresidente de la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013. 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por delito de malversación y prevaricación.

-Manuel Chaves, expresidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009. 9 años de inhabilitación por delito de prevaricación.

Además de estos,  han sido condenados los exconsejeros:

– Empleo,  José Antonio Viera y Antonio Fernández, 7 años de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación para ambos.

– Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

-Innovación, Francisco Vallejo, 7 años de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

– Presidencia, Gaspar Zarrías. 6 años de inhabilitación por prevaricación.

-Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez. 9 años de inhabilitación por prevaricación.

Los ex directores generales de:

Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, 7 año de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación para ambos.

-Presupuestos, Antonio Vicente Lozano, 9 años de inhabilitación por prevaricación.

-IDEA, Miguel Ángel Serrano (6 años y 6 meses de prisión y 17 años de inhabilitación por prevaricación y malversación) y Jacinto Cañete (8 años y 6 meses de inhabilitación por  prevaricación).

Los exviceconsejeros de:

-Empleo, Agustín Barberá, 7 años de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

-Innovación, Jesús María Rodríguez, 6 años de prisión y 18 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

-Economía, José Salgueiro, 9 años de inhabilitación por prevaricación.

Por último:

-El exjefe del gabinete jurídico de la Junta, Francisco del Río. Absuelto.

-El ex interventor general de la Junta, Manuel Gómez. Absuelto.

-El ex secretario general de la Consejería de Empleo, Juan Francisco Sánchez García, 9 años de inhabilitación por prevaricación.

-Los ex secretarios generales técnicos de la Consejería de Empleo, Francisco Javier Aguado Hinojal (9 años de inhabilitación por prevaricación) y Lourdes Medina Varo (8 años y 6 meses de inhabilitación).

¿Qué ha juzgado el tribunal?

En el año 2001, pleno año de crisis en la que Andalucía se ve especialmente afectada,  la Dirección General de Trabajo firmó un convenio con la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA).

Han pasado más de diez años por eso es importante situarnos en la época en la que se estaban produciendo  miles de despidos causados por la crisis que asolaba nuestro país en general y de forma virulenta a Andalucía y  la Junta de Andalucía creó un fondo que respaldase económicamente a empresas con problemas económicos y evitar de esta forma por un lado que abandonasen Andalucía y por otro, los despidos de los trabajadores. El objetivo era otorgar subvenciones y prejubilaciones a trabajadores cuyas empresas entrasen en un ERE. Hasta el año 2011, el fondo estaba dotado con 741 millones de euros, pero el presupuesto final contemplaba 1.217 millones.

La mayor parte del desembolso fue a parar a unos 6.000 trabajadores, que accedieron a las ayudas de manera legal. 136 millones de euros que acabaron en los bolsillos de personas que nunca habían trabajado para esas empresas, los llamados intrusos,  además de intermediarios que operaban en el trasvase de las ayudas desde la agencia IDEA. Todo ello, según la sentencia contaría con la autorización de la Dirección General de Trabajo de la Junta.

¿Cuántos millones se investigaban en el caso de los ERE?

La derecha  política y los medios de Comunicación afines a la derecha, llevan años intoxicando con la cantidad total de los ERES adjudicados durante aquellos años como si la totalidad de los mismos se hubiera utilizado de forma fraudulenta, creando un clima que hace pensar,  que todo el sistema ha sido corrupto y entendemos como necesario añadir que la investigación de los  ERES  comienza con una denuncia del PP por el llamado caso MercaSevilla (que se ha cerrado sin condenas a altos cargos) y es justo una Jueza cercana al PP, la Jueza  Mercedes Alaya  quien toma el control de la macrocausa.

La duda de cuánto dinero se usó  surge, en que esta cifra variaba dependiendo de si se consideraban personas «legítimas beneficiarias» de las ayudas o no, pues para la Jueza  María Núñez Bolaños que llevará posteriormente la causa,  había algunos implicados que son «víctimas» de la macrocausa.

El Tribunal Supremo dijo que no todo el dinero concedido a cargo del programa económico de la Junta que sufragaba las ayudas tendría por qué haber sido defraudado, poniendo así en duda por primera vez la cifra de 855 millones que dio la jueza Alaya al soltar la instrucción.

En cuanto a las principales declaraciones de los acusados

“Yo no entraba en cómo se repartían las ayudas», declaró  Chaves el 16 de abril de 2018 cuando prestó declaración ante el tribunal,  «Nunca conocí, nunca me reuní, nunca negocié, nunca vi, nunca actué y ningún miembro del Consejo de Gobierno pudo conocer», repitió Griñán. Ambas declaraciones,  según juristas de reconocido prestigio como el profesor, Pérez Royo son perfectamente verosímiles es más, según el catedrático de Derecho Constitucional, lo contrario no ha podido ser demostrado.

Según Pérez Royo “En la Sentencia de los ERE se produce una quiebra entre el relato fáctico y la fundamentación jurídica. El Tribunal se esfuerza en argumentar que los hechos que figuran como probados son constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación, pero no lo consigue. Y no lo consigue, porque no lo puede conseguir. Porque lo que no puede ser, no puede ser. Y en este asunto falta el presupuesto de hecho para que exista la calificación jurídica que el Tribunal pretende. En esos Presupuestos figuraba año tras año, desde 2000 hasta 2009, una partida de la que, en opinión del Tribunal, se hizo uso de manera irregular de forma generalizada. Ninguno de los expresidente participó directamente en el uso irregular de dicha partida. Ni una sola vez se indica en los «hechos probados» que lo hicieran; pero es obvio, dice la sentencia, que no podían desconocer dicho uso irregular y, en consecuencia, al elaborar uno el proyecto de Presupuestos y al aprobarlos ambos incluyendo esa partida año tras año, hay que concluir que  deliberadamente  organizaron una operación que se podría calificar de «fraude presupuestario». Formalmente se aprobaba unos Presupuestos. Materialmente se daba vía libre en los mismos a un uso irregular del dinero público. Esto no se constata, porque no se puede constatar. Es un «juicio de intenciones». Es imposible, dice la sentencia, que la inclusión de la partida presupuestaria de los «ERE» no se hiciera de forma fraudulenta. Y por tanto, los expresidente tienen que ser considerados responsables de su inclusión” según apunta el profesor en su artículo Una sentencia que raya en la ignorancia inexcusable publicado en ElDiario.es

El principal acusado según la sentencia recientemente publicada, es el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero que comenzó señalando a Chaves. Hace un año cambió su defensa para defender la legalidad de su actuación en la concesión de las ayudas, que estaban amparadas por una orden ministerial del año 1995.

La Fiscalía Anticorrupción decidió mantener su petición de cárcel para los imputados después de escuchar todas sus declaraciones.

Si el caso ha sido largo, los jueces del caso no han estado exentos de polémica…

La mayor controversia para conocer el fondo de la cuestión sin ornamentación política y mediática ha venido de la mano de los jueces del caso.

Desde que arrancase en 2011 la macrocausa de los ERE, por el Juzgado 6 de Sevilla han pasado hasta 7 magistrados dada  la gran carga de trabajo que soporta.

La primera titular del caso fue la jueza Mercedes Alaya, quien fue cuestionada por su manera de dirigir la investigación. Se dijo que Alaya hacía coincidir decisiones polémicas de la instrucción con fechas electorales «clave» y este es un dato que no se le escapa a ningún  observador

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sancionó a la jueza Alaya por manifestar que entregar la instrucción de las causas judiciales a la Fiscalía pondría en cuestión la independencia judicial y en casos de corrupción sería como “tener al lobo metido dentro del gallinero”.

La magistrada fue apartada del caso en 2016 por un ascenso. Fue sustituida por María Núñez Bolaños, quien también cuestionó a su predecesora.

El juez de refuerzo del juzgado, José Ignacio Vilaplana, se había hecho cargo del caso hasta que Núñez Bolaños  de baja médica se recuperase.

Esta podría ser la crónica judicial de lo que ha sucedido en el caso de los ERE de Andalucía, pero conviene subrayar a quien piense que con esto termina el proceso que lejos de esto, así se podría decir que ni tan siquiera ha comenzado y no  sólo porque los abogados defensores, especialmente los de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, van a recurrir al Tribunal Supremo, sino porque el caso está dividido en un número todavía indeterminado de piezas, en torno a las 150, una por cada ayuda recibida, que deberán ser juzgadas en los próximos meses y años.

Este centenar largo de causas son, el principal argumento de las defensas que esgrimirán Chaves y Griñán ante el Tribunal Supremo y sostiene algo en consonancia a lo que apuntaba el Catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo arriba citado que nunca se beneficiaron de la trama corrupta que en cambio regó de dinero, fuera de todo control, los bolsillos de otros, entre ellos, algunos de sus colaboradores más inmediatos en el gobierno de la Junta de Andalucía.

En la sucesión de juicios que se llevará a cabo en los próximos años, los magistrados deberán fallar acerca de algunas situaciones especialmente llamativas, como la presencia de más de 200 intrusos en los expedientes de regulación de empleo. Personas que se prejubilaron en el ERE de empresas en las que nunca habían trabajado, o personas que lo hicieron sin reunir los requisitos necesarios para ello.

¿En qué situación queda el PSOE de Andalucía después de esta sentencia?

El  PP confiaba  que la sentencia complicara  la investidura de Pedro Sánchez teniendo un impacto similar al que tuvo el caso Gürtel, con la moción de censura que hizo caer a Mariano Rajoy. Sin embargo, el PSOE descarta los efectos negativos en Sánchez, puesto que de 2000 a 2009 el actual Secretario General no tenía responsabilidades en las filas socialistas. La situación es muy diferente para Susana Díaz, que llegó al Gobierno andaluz en 2012, de la mano de Griñán y con responsabilidades políticas en el partido durante el reparto de este fondo.

A diferencia del caso Gürtel, en el de los ERE no se investiga la financiación ilegal de un partido político y en la sentencia queda establecido de forma clara que se está condenando a personas y no la financiación ilegal del partido que soportaba la Junta de Andalucía que en este caso era el PSOE.

Todas las formas de corrupción merecen el más enérgico rechazo social porque merman la credibilidad de las instituciones y difuminan la obligación de usar con total transparencia y limpieza  los recursos que les aportan los contribuyentes y a pesar de ello, añadir que no es lo mismo malversar enriqueciéndose personalmente o beneficiando al propio partido al que pertenece el acusado que dilapidar sin control el dinero del contribuyente siendo consciente de ello, o sin serlo o crear mecanismos orientados a facilitar el fraude.

Conviene recordar que los dirigentes condenados abandonaron la vida y la militancia políticas hace muchos años y que no se les sanciona por llevarse dinero público a sus bolsillos ni para financiar a su partido. La Audiencia no ha condenado unas siglas políticas, sino unas conductas y redes clientelares.

¿Es este el final de Susana Díaz?

En este sentido conviene recordar que el final de Susana Díaz no ha empezado a escribirse ahora, tras la sentencia condenatoria de los ERE, sino el 3 de diciembre de 2018. Ahí comenzó todo, sin pausa pero sin prisa.

Susana Díaz lleva desde ese fatídico 3 de diciembre haciendo un ejercicio de transformismo para  intentar ganarse el favor de Pedro Sánchez, después de que este le ofreciera en una reunión en la Moncloa una salida airosa y ella la rechazara. La actitud presuntamente conciliadora en público del Secretario General del PSOE con ella, la hicieron suponer que había abandonado toda hostilidad con ella, jamás estuvo en el ánimo de Pedro Sánchez cambiar su forma de ver a su antigua adversaria.

A día de hoy la única prioridad del presidente en funciones, es la de sumar apoyos para gobernar en España, aún así todxs en Andalucía y en Madrid saben que  la renovación en el liderazgo de Andalucía es imprescindible y lo es por la pérdida de la Junta de Andalucía.

Tanto en el PSOE- A como el federal consideran  que el socialismo andaluz está ante un fin de etapa que acabará cuando Díaz salga de la secretaría general; algo que puede hacerse de forma voluntaria y facilitando el cambio o a la fuerza en este último caso, al que apuntan de manera mayoritaria en el PSOE- A tendrá unas consecuencias mucho más devastadoras pero no cabe ninguna duda de que se hará.

De momento, parece que  no hay un líder  federal claro por el que apostar para el relevo.

El al próximo congreso si fuera de forma ordinaria, tendría que celebrarse entre la primavera de 2020 y la de 2021.

A día de hoy, Susana Díaz no tiene el control sobre Huelva, Granada y Jaén y sólo controla una parte de Córdoba, Almería, Cádiz y Málaga y no toda Sevilla.

Se habla de varios candidatxs  principalmente de María Montero, es demasiado pronto para concluir en que será la candidata. Algunos socialistas andaluces también hablan del  alcalde de Sevilla, Juan Espadas.

¿Cuál es el único dato que a día de hoy tenemos seguros? Que el cambio es imprescindible y que de ese cambio, Susana Díaz no formará parte.

María Iglesias Domínguez

Redacción Tribuna Socialista

El Preacuerdo firmado el pasado día 12 de noviembre entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sigue siendo valorado muy positivamente por las fuerzas progresistas. Entre otras razones porque ha tenido la virtud de recuperar la ilusión y la esperanza de mucha gente desencantada, además de sorprender a todos por la rapidez en perfilarlo después de más de seis meses de desconcierto, disputas y declaraciones acusatorias. Sin duda, resulta muy estimable que el PSOE y Unidas Podemos (UP) hayan actuado con rapidez, ante el severo y duro mensaje de los electores penalizando, entre otros asuntos, el no llegar a un acuerdo después del 28-A, sobre todo cuando además les permite mantener la iniciativa política.

En todo caso, el 10-N demostró con rotundidad que la repetición de las elecciones del 28-A constituyó un sonoro fracaso y confirmó el (previsible) cansancio de la ciudadanía y la falta de ilusión de muchos electores a la hora de acudir a las urnas. No es extraño que,  una vez conocidos los resultados, las previsiones para alcanzar un acuerdo de investidura fueran muy pesimistas. También será complicado y muy laborioso llegar finalmente a un Acuerdo Programático de legislatura (y mucho más aplicarlo), que nos garantice un gobierno fuerte, estable y duradero capaz de superar la actual incertidumbre política como reclama insistentemente Pedro Sánchez.

A estos resultados contribuyeron la violencia inducida y tolerada en Cataluña después de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Procés, la polarización de la campaña en torno a partidos extremos (independentistas y de ultraderecha), la presencia novedosa- y muy poco explicada- de Iñigo Errejón en el proceso electoral y la apuesta del PSOE- olvidado el incremento del SMI y las pensiones, el escaso eco electoral de la exhumación de los restos de Franco y los titubeos en derogar la reforma laboral- por conseguir el voto centrista en una campaña plana y sin alma (cartón piedra), donde no se abordaron en absoluto los problemas que más preocupan a los trabajadores y al conjunto de la ciudadanía.

Sin duda, en la campaña tuvieron un mayor protagonismo los hipotéticos efectos favorables del marketing, el resultado de las encuestas publicadas, el contenido de los medios de comunicación y las maniobras tácticas, que el desglose y explicación de los programas y de las alternativas propuestas por los partidos políticos: empleo, mercado de trabajo (reformas laborales), protección social (pensiones, desempleo, dependencia y copagos), servicios públicos (educación, sanidad, vivienda…), libertades, debate territorial, migraciones, cambio climático, digitalización y robótica, fiscalidad…

En este sentido, los partidos políticos en general actuaron muy condicionados por sus asesores y expertos de imagen, al margen de sus estructuras partidarias y de la participación (escasa) de sus afiliados. Incluso, el PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza, tuvo muchas dificultades para poner en valor las ideas socialdemócratas (concepto de clase) y convertirlas en el eje y fundamento de su campaña electoral. Tampoco tuvo la oportunidad de defenderlas a fondo en medio de la vorágine del proceso electoral, lo que confirma que un discurso de talante defensivo y con estas carencias no puede generar ilusión y esperanza en las personas más débiles y vulnerables.

Además, en la primera parte de la campaña, primó la conquista del voto de centro y los llamamientos al voto útil (“desbloqueo de la situación”) y, sólo en la parte final, y por consiguiente muy tarde,  el combate  contra el independentismo catalán y, sobre todo, contra la extrema derecha. Eso explica que los trabajadores, una vez terminada la campaña, no supieran a ciencia cierta lo que iba a pasar con las reformas laborales, las pensiones, los servicios públicos y la fiscalidad (impuestos y lucha contra el fraude fiscal), entre otros asuntos de capital importancia. Resultó evidente que el anuncio en campaña de Pedro Sánchez de que Nadia Calviño sería la vicepresidenta económica del gobierno- al margen de la oportunidad de dicha declaración- no garantizaba por si solo una política económica y social progresista.

En todo caso, los resultados fueron esclarecedores y van a configurar un parlamento sumamente fragmentado y territorializado, aunque, en todo caso, de mayoría progresista (“las derechas no suman”). El PSOE ganó claramente las elecciones, a pesar de perder tres diputados y la mayoría absoluta en el Senado; el PP incrementó de manera notable el número de escaños; UP perdió siete diputados; Ciudadanos se desplomó estrepitosamente y  perdió 47 diputados; Más País obtuvo un resultado irrelevante y fracasó en su intento de equipararse e, incluso, de sustituir a UP; Vox dobló sus escaños, a pesar del escaso número de votos alcanzado en las CCAA históricas; y, por último, los partidos nacionalistas e independentistas mejoraron muy ligeramente sus resultados movilizados por las propuestas radicales de VOX y las llamadas a su ilegalización.

¿Qué hacer en esta situación excepcional para ir superando las mencionadas dificultades y formar gobierno? En primer lugar se deben componer las mesas del Congreso (pendientes de la presencia de VOX) y del Senado de acuerdo con los resultados obtenidos y trabajar a fondo para investir a Pedro Sánchez, lo antes posible, en las actuales circunstancias (no lo olvidemos: es la única alternativa capaz de formar gobierno). En segundo lugar, consolidar (soldar) y desarrollar el Preacuerdo alcanzado entre el PSOE y UP, con la pretensión de comprometer también a Más País- Compromís, PNV, BNG, NC, CC, PRC y Teruel Existe en la votación de investidura, a la espera de la decisión que tomen el resto de los partidos del arco parlamentario.

En el supuesto de no salir investido Sánchez en una primera votación, es posible, en una segunda votación, obtener más votos afirmativos que negativos si se abstienen- para frenar a las derechas- los partidos de izquierda independentistas (particularmente Esquerra Republicana), lo que evitaría apelar, si fuera imprescindible, a la abstención de Ciudadanos y, finalmente, del PP para desbloquear el proceso de investidura y evitar unas nuevas elecciones. En tercer lugar, Sánchez e Iglesias deben abordar el gran problema de fondo: formalizar un Acuerdo Programático que facilite la gobernabilidad del país en la próxima legislatura y dé soporte competencial a los ministros que formen parte del previsto gobierno de coalición. Sin olvidar, a  corto plazo, la imperiosa necesidad de aprobar los próximos PGE-2020, lo que requiere también buscar la complicidad y el apoyo de otros grupos parlamentarios y el visto bueno de Bruselas en cuanto al incremento del gasto y la corrección del déficit.

Este Preacuerdo está siendo muy bien considerado por las bases del PSOE y de UP y, sin lugar a dudas, será ratificado próximamente en consulta a los afiliados. También recoge el sentir mayoritario de los electores, cuenta con el apoyo de los sindicatos y está bien orientado en el desarrollo de la Agenda Social encaminada a superar los destrozos causados por la gestión neoliberal de la crisis y, por lo tanto, con capacidad para  luchar contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Por lo tanto, no es extraño que, en coherencia con ello, los sindicatos, en campaña y después del 10-N, hicieran un llamamiento al PSOE y a UP para llegar a un Acuerdo de Legislatura de marcado carácter social, capaz de abordar también, desde el respeto a la Constitución y al Estatut, el problema de Cataluña, lo que frenaría el avance de la extrema derecha.

El hipotético acuerdo de gran coalición (PSOE-PP), que vienen defendiendo algunos analistas, desde hace meses, siempre ha sido problemático y, finalmente, ha sido rechazado por el PSOE, aunque en estas difíciles circunstancias sea más comprensible su planteamiento desde las derechas. Sin embargo, también es muy difícil de asumir  por el PP, a pesar de ser el preferido de los poderes fácticos y medios de comunicación afines y, más en concreto, del sector financiero y empresarial, que han recibido con mucho recelo el Preacuerdo, sin olvidar, lamentablemente, a ex dirigentes relevantes del PSOE manifestándose a favor de un acuerdo de estas características.

Debemos recordar que la experiencia participativa de la socialdemocracia en un gobierno de gran coalición, en el marco europeo, no ha sido precisamente positiva. En cuanto al PP, resulta muy complicado y poco previsible que, en estos momentos, dicho partido dejara a VOX (en el Parlamento) como el único representante de la oposición de derechas. En todo caso, la rapidez de movimientos de Sánchez y la decisión de no llamar a Pablo Casado, antes de la firma del Preacuerdo (“lo cortés no hubiera quitado lo valiente”), ha dejado en papel mojado esta (siempre) remota posibilidad y dificultará los acuerdos de Estado necesarios a lo largo de la legislatura.

En cualquier caso, a los partidos políticos, en esta coyuntura, se les debe exigir responsabilidad y altura de miras. Cabe por lo tanto esperar, con  redoblada ilusión, que todos sean capaces de actuar como lo demandan las excepcionales circunstancia que concurren en nuestro país. Al PSOE y UP hay que exigirles que se comprometan a defender las políticas progresistas y esperar lealtad y acierto en la gestión de la política acordada. Y a Sánchez e Iglesias, en particular, capacidad para resolver los litigios que se puedan suscitar- por diferentes sensibilidades políticas- en el ejercicio del previsto gobierno de coalición. También buscar complicidades con los sindicatos, redes sociales y organizaciones sectoriales representativas de la diversidad que preside nuestra convivencia. Finalmente, impulsar el trabajo militante en el tejido social para explicar y defender la política del gobierno y, paralelamente, recoger y trasladar a éste el pensamiento y la posición crítica (en positivo) del conjunto de la sociedad civil.

Una política de estas características será la mejor opción para consolidar un proyecto   progresista e ilusionante en un marco económico y social incierto y no exento de dificultades, lo que además frenará también las posiciones más reaccionarias e intolerantes.

Antón Saracíbar.

El origen del modelo de enseñanza privada concertada está en la LODE, Ley Orgánica del Derecho a la Educación, promulgada en 1985 por el primer gobierno socialista de Felipe González, cuyo objetivo era garantizar la existencia de una red suficiente, para la implantación de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años. El gobierno estimó que la red pública existente era incapaz de atender a todo ese alumnado y recurrió a la solución de transformar las antiguas subvenciones a la enseñanza privada en un régimen de concierto educativo y así complementar la red pública existente. Con ello se pretendía garantizar la gratuidad de la enseñanza obligatoria, como determina el Artículo 27.4 de la Constitución.

Es importante señalar que la Iglesia era el empresario mayoritario de esta enseñanza privada que pasó al régimen de conciertos. No en vano, salvo el paréntesis de la Segunda República, tanto los gobiernos de la Monarquía como, desde 1939, los de la Dictadura fascista dejaron la educación en manos de la Iglesia Católica.

La LODE establecía una serie de requerimientos para la prestación de este servicio en contrapartida a la aportación económica del Estado, los cuales afectaban a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras, a la organización de los centros y al carácter altruista de la actividad, ya que representaba la garantía del ejercicio del derecho constitucional a la educación. No obstante, la contratación del profesorado quedó siempre en manos de los centros privados y la Administración simplemente pagaba sus nóminas.

Lógicamente, el sentido de la existencia de este modelo de centro debería haber tenido un final, si tras la extensión de la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años, se hubiera procedido al desarrollo activo de una red de centros públicos, comparable a la de los demás países europeos o a la de los más avanzados del resto del mundo. Pero eso no fue así y la red concertada no ha cesado de crecer desde entonces, ya que se ha transformado en un lucrativo negocio que transfiere activamente fondos públicos a intereses privados.

Paralelamente la enseñanza obligatoria deja de ser gratuita en estos centros, pues en su práctica diaria pasan a seleccionar al alumnado en función de los recursos económicos de la familias. Se da la paradoja de que toda la ciudadanía aporta recursos para los centros concertados, pero solo la parte de económicamente más acomodada de la misma puede formar parte de su alumnado; es decir, pagan los pobres para que lo disfruten los ricos.

En 2017 los centros concertados tuvieron una asignación presupuestaria pública de unos 6.179.000.000 €, de los que más de un 60% fueron a parar a la Iglesia Católica. Estos fondos van fundamentalmente a gastos de personal y de gestión de estos centros. No obstante, esta solo es la asignación presupuestaria directa y debemos señalar otras vías de derivación de recursos públicos que benefician a este empresariado.

La primera de ellas se da en los centros de nueva creación, a los que los ayuntamientos han cedido parcelas, cuyo tamaño medio en la Comunidad de Madrid es de unos 20.248 m²,  aunque alguna ha llegado a los 88.000 m², a cambio de una contraprestación ridícula, que en promedio ronda 0,035 €/m²·mes, por periodos de 75 años normalmente. El valor de las parcelas varía bastante según municipios, pero en Madrid capital, en un barrio de la periferia, esa parcela media tiene un valor por encima de los 10.000.000 €. En la Comunidad de Madrid, desde las transferencias educativa en el año 2.000, se han cedido al menos 83 parcelas; es decir, alrededor de 1.700.000 m². Esto supone muchos millones de euros de patrimonio municipal que solo deberían haberse utilizado en beneficio del conjunto de la ciudadanía a través de centros públicos y se han derivado a las cuentas de resultados de la iniciativa privada.

Como hemos podido saber, el mecanismo de cesión de suelo en la Comunidad de Madrid se ha visto salpicado además por la corrupción en un número de casos tan significativo como del 20%. El lucrativo negocio del colegio concertado se ponía en marcha con el pago de una mordida promedio de unos 900.000 €/centro al conseguidor intermediario en el proceso. Estos hechos están siendo investigados en el marco de la trama Púnica, que afecta a notables cargos del PP y a empresarios de la construcción.

La enseñanza en los niveles concertados debería ser gratuita, para eso se diseñó el concierto, pero en lo absoluto lo es. Es cierto que un número muy reducido de centros, fundamentalmente de la Iglesia, en la práctica no cobran nada, pero el 96% de ellos, independientemente de la empresa que los gestione, cobran lo que denominan “aportaciones voluntarias” de las familias. La cuantía de esa aportación es muy variable de un centro a otro y según las diferentes comunidades autónomas, pero la media puede estar alrededor de los 159 €/mes, pudiendo llegar a superar los 400€/mes en algunos casos. Dentro de estas cuotas mensuales se pueden incluir diferentes actividades complementarias y extraescolares, comedor escolar, seguro escolar, gasto de material, ruta escolar, orientación escolar, atención psicopedagógica, etc. Muchas de estas cuantías tienen deducción en la declaración de la renta de algunas comunidades autónomas como gastos educativos; es el caso de Madrid. Además, hasta ahora, todo aquello que no era imputable a vestuario escolar, enseñanza de idiomas o gastos de escolaridad, se deducía como si fuera un donativo. Por tanto, también las acabábamos pagando todos por vía indirecta, representando otra vía de financiación complementaria, que podría superar los 1.000.000.000 €/año.

Evidentemente solo las familias con suficientes recursos pueden acceder a este nivel de gastos mensuales. De hecho, en la Comunidad de Madrid, las deducciones se pueden aplicar hasta niveles de renta per cápita familiar de 30.000 €/año – ¡120.000 €/año para una familia de cuatro miembros! -, cuando el salario más frecuente es de solo 17.482 €/año.

De esta forma la enseñanza concertada ha evolucionado rápidamente de una red complementaria a una red alternativa, donde se segrega al alumnado por criterios económicos. Las “aportaciones voluntarias” excluyen a toda la ciudadanía incapaz de satisfacerlas y las subvenciones con fondos públicos: conciertos, cesiones de terreno y desgravaciones fiscales, facilitan el incremento de la posible clientela, ya que sin ellas, la cuota mensual por estudiante se dispararía por encima de los 1.000 €. Algo así sería insoportable para muchas de las familias que escogen esta red y muchas empresas educativas quebrarían.

La enseñanza concertada se ha desarrollado en las comunidades autónomas donde la derecha ha llevado una política neoliberal más radical y además existían núcleos urbanos importantes; el medio rural no es rentable para la empresa privada. En particular en la Comunidad Valenciana y, sobre todo, en la Comunidad de Madrid es donde más ha crecido esta red. Por ello, la Comunidad de Madrid ha conseguido ser la campeona española y la subcampeona europea, detrás de Hungría, en segregación educativa. No en vano toda su gestión desde las transferencias se ha centrado activamente en la degradación de la red pública, para generar una necesidad artificial de la concertada. Si en 1999 el 34,52% del profesorado era de privada, en 2017 este ya representa el 45,12%, según datos del Consejo Escolar de la Comunidad.

La paradoja de todo este montaje programado en 1985 con la LODE es que pareciendo una decisión táctica impecable fue un planteamiento estratégico nefasto, que ha dinamitado en profundidad el Sistema Educativo español y representa la mayor traba para un posible pacto educativo, porque cuando en España la derecha habla de modelo educativo en realidad de lo que está hablando es de dinero, de ese con el que financiamos su industria educativa y en especial a la Iglesia Católica, en contra de los intereses de la clase trabajadora. La Educación en sí parece importarles bastante poco.

Eduardo Sabina Blasco

TS Madrid

Tras las elecciones del pasado día 10 de noviembre, los acontecimientos se suceden con rapidez. Unos resultados que Tribuna Socialista ya analizó en la edición Especial Elecciones 10-N, editada el 11 de noviembre: “Contra el ascenso del fascismo: políticas en favor de la mayoría”.

En menos de un mes se han puesto en marcha más iniciativas y se han dado más pasos que en seis meses tras el proceso electoral de abril. Acontecimientos que han tomado su forma más relevante en el pacto entre PSOE y UP, con el objetivo de investir a Pedro Sánchez y la inmediatamente posterior formación de Gobierno de coalición. A pesar de la ambigüedad y falta de compromiso sobre las demandas planteadas por la mayoría social el acuerdo ha sido refrendado muy mayoritariamente por las bases en las consultas realizadas por ambos partidos.

Este acuerdo ha abierto la puerta a las negociaciones con ERC, quienes también han recibido el apoyo de sus bases para apoyar la investidura del líder socialista. Si bien el apoyo está condicionado a que se abra una mesa de diálogo. Esta condición ha sido interpretada por los agoreros de la derecha como un chantaje, como si cupiese esperar que ERC le fuese a entregar el apoyo a Pedro Sánchez sin ninguna condición, como si una mesa de diálogo no fuese lo mínimo, el primer paso, para buscar una salida a medio y largo plazo a la cuestión catalana, siendo lo más urgente la libertad de los presos. Como si todos los partidos, desde siempre, no hubiesen puesto condiciones a la investidura presidencial, a cambio de sus votos.

El camino iniciado debería permitir establecer una base firme para encontrar apoyos en el Parlamento entre las fuerzas que se reclaman de la izquierda, para que se forme Gobierno, para que haya unos Presupuestos Generales del Estado (PP.GG.EE) que no sean los que elaboró Montoro (PP).  Somos conscientes de que el camino no será sencillo, pues la derecha: la extremada, la de siempre y de la que se hace pasar por otras cosas, trabajan para quién trabajan y harán todo lo posible y más para trabar la normalidad de la dinámica parlamentaria. Lo previsible es que la actual batalla por desbaratar la formación de un Gobierno que aplique políticas favorables a la mayoría de la sociedad se traslade a los PP.GG.EE.

La presión contra el pacto de PSOE y UP es tremenda. Una presión que se hubiese aguantado mejor con los resultados del 28 de abril. Una presión que a modo de campaña organizada llega desde los tradicionales flancos: mediático, político y económico. En este sentido, hay que reconocer la perseverancia de Felipe González y su coro, coincidiendo con los medios de comunicación más radicales en sus posiciones antiobreras y con las instituciones del capital: CEOE, Banco de España, Comisión Europea, OCDE, Círculo de Empresarios,… Incluso en el seno del PP, a la desesperada, Feijóo –el amigo de los narcos- entre otros, sugieren una gran coalición y ofrecen los votos del Partido más corrupto de nuestra historia, para condicionar la política del futuro Gobierno, para que se continúe gobernando en favor de la minoría.

Los representantes de los responsables de la crisis que se inició en 2007, los mismos que se han beneficiado de esa crisis, braman contra la necesaria derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012, aúllan contra la marcha atrás de la reforma de Pensiones de 2013, graznan contra la derogación de las leyes regresivas y represivas que impuso el PP: Ley Mordaza, Artº 315.3 del Código Penal, la LOMCE…

La pantalla de humo perfecta para la derecha es el lío y la confrontación; de ahí la hiperbólica actitud de los dirigentes de VOX. Por eso el PP alimenta los conflictos con represión y judicialización de la vida política, en connivencia con los jueces y fiscales que “trabajan a favor de obra y de la Obra”.

Nuestra historia está atravesada por conflictos territoriales, el más reciente y cruento es el sufrido en el País Vasco, con sus terribles consecuencias, a pesar de conseguirse una salida positiva y democrática; gracias al proceso de paz y negociación que abrió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. No olvidamos la actitud de la derecha: el PP de Aznar, Mayor Oreja, y demás secuaces. Y ya vamos oyendo los mantras de PP, VOX y C’s en relación con el conflicto en Cataluña: “155, cárcel, represión». Son capaces de tensar la convivencia hasta extremos inusitados de manera irresponsable y reiterada.

Los conflictos políticos se resuelven con política, dialogando y poniendo sobre la mesa soluciones como por ejemplo las apuntadas por el PSC, en la línea de una reforma constitucional, entre otras reformas urgentes que la Constitución necesita, que asiente la realidad de este país: un país plurinacional. Una reforma que supere la etapa de las autonomías, para avanzar por la vía del federalismo dejando atrás la “España una grande y libre” (libre para los abyectos afines al franquismo).

Los desafíos y las incertidumbres son importantes, complejos, pero si la izquierda se une tenemos la oportunidad de dar respuesta a una etapa en la historia caracterizada por crisis económicas recurrentes que la han hecho pagar a los más desfavorecidos con enormes retrocesos sociales y un profundo recorte del Estado de Bienestar, en España y en tantos y tantos países.

Esta es la situación política actual, de ahí la importancia de lo que desde Tribuna Socialista venimos pidiendo reiteradamente: un Gobierno que gobierne para la mayoría, con la agenda social necesaria. Sabemos de los obstáculos que las instituciones financieras, nacionales e internacionales pondrán, también somos conscientes de que los poderes  venidos del régimen anterior se opondrán a dar solución política a los problemas políticos y buscarán la confrontación permanente Es por ello que estamos expectantes y esperanzados en que los que teniendo representación parlamentaria, y reclamándose de la izquierda, tomen consciencia de la gran responsabilidad que tienen.

Hace unas pocas semanas hablábamos de incertidumbre, y ahora tenemos lo que deseábamos, pero sigue siendo una situación delicada, frágil, que requiere prudencia y generosidad. Al mismo tiempo que firmeza para recuperar todos los retrocesos que los Gobiernos de la derecha nos quitaron con sus medidas, sólo con más derechos y más democracia paremos los pies a los que nos quieren volvernos al pasado.

Desde Tribuna Socialista reiteramos ese deseo compartido, esperamos inteligencia y paciencia, para garantizar una legislatura estable, provechosa y progresista. Solo pedimos esto, un Gobierno que gobierne para la mayoría de la sociedad.

Comité de Redacción