Tribuna socialista y el derecho a decidir

Quince años de Tribuna Socialista en el periodo histórico actual ha supuesto un esfuerzo permanente por estar al día de todos los acontecimientos políticos nacionales e internacionales, para entender cada uno de los fenómenos que se han ido sucediendo a una velocidad vertiginosa, rupturista con cualquier situación de confort que indujera al conformismo, comprender, sintetizar y explicar los principales acontecimientos ha supuesto nadar, aparentemente, a contracorriente, sin embargo, el marxismo, su método de análisis, nos lo ha facilitado en cada momento, y podemos afirmar que los análisis, reflexiones, debates y formulaciones políticas de la línea editorial de Tribuna Socialista se han visto corroborados en estos quince años.

Quizás la iniciativa que imprimió y definió más a Tribuna Socialista, fue la decisión  tomada en el 2006, por buscar una solución política negociada a la violencia en el Pais Vasco dirigiéndonos a José Luis Rodríguez Zapatero, al mismo tiempo que, defendíamos que el acercamiento de los presos de ETA a Euskadi y derogar la ley de partidos facilitaría los posibles acuerdos. Defender que los problemas políticos requieren soluciones políticas y no represivas define bien nuestro carácter socialista sin ambigüedad.

Recién se cumplen 10 años que el Tribunal Constitucional derogaba una cantidad de artículos importantes, del nuevo Estatuto catalán que previamente había sido aprobado por el Parlamento Catalán, las Cortes Españolas y en un referéndum en Cataluña. Quizás de aquellas aguas vengan estos lodos. Participamos en la manifestación encabezada por Pepe Montilla presidente de la Generalitat en la época bajo el lema “som una nación, nosoltres decidim”, (somos una nación nosotros decidimos). La manifestación reunió a más de un millón de personas.

Entender y reconocer el carácter  nacional de Cataluña, Galicia y Euskadi supone de entrada reconocer el derecho a decidir de estos pueblos, tomar posición y situarnos al lado del 80% de la población catalana que lo reclama con insistencia, así lo reflejamos en carta dirigida a la dirección de PSC donde criticamos que el derecho a decidir fuese sacado del programa electoral porque suponía una ruptura con las bases fundacionales del mismo PSC. Así lo reflejaban los números de Tribuna Socialista especiales que sacamos en julio del 20015 y el 11 de septiembre  del mismo año donde defendíamos el derecho a decidir.

Criticamos con contundencia al PP y sus gobiernos por judicializar el llamado “problema catalán”, defendiendo la negociación y el dialogo, y nunca admitimos el enfrentamiento entre pueblos alentado por la derecha franquista.

Es por eso que defendimos un referéndum legal y vinculante en el que los socialistas defenderíamos la Republica federal en la que los diferentes pueblos del estado estuviesen libremente federados.

En consecuencia con lo anteriormente expuesto rechacemos la actitud del Rey Felipe VI en octubre de 2017 ante el referéndum catalán.

Desde el Manifiesto de Silla, primer documento público que sacamos el grupo de Tribuna Socialista, defender derechos y libertades es la misma cosa. Hemos defendido que no hay derechos sin libertades ni libertades sin derechos.

José A Iniesta

Afiliado al PSC Sant Boi de Llobregat

 Miembro del Comité de Redacción T.S.

15 años en defensa de los derechos de la clase trabajadora

Han pasado 15 años desde que el 16 de julio de 2005, un grupo de militantes socialistas, tomásemos la decisión de lanzar una revista para el debate político, recuperando la cabecera “TRIBUNA SOCIALISTA”. Eran tiempos de bonanza económica: bonanza que pocos años después comprobaríamos que era ficticia.

Las inquietudes y motivos que nos llevaron a iniciar esta andadura fueron varios:

 “…el intento de decretazo de 2002, contestado con una exitosa Huelga General (20-J), la gestión ignominiosa del accidente del Prestige, la antidemocrática involucración de España en un guerra genocida.”

“…la actitud que la derecha reaccionaria tomó tras los acontecimientos del 11 al 14 de marzo de 2004.”

“…las trabas que desde la derecha se están poniendo al proceso, esperemos que irreversible, de paz en Euskadi; el boicot al democrático proceso negociador de la reforma del Estatuto de Cataluña; o el frente común de la Iglesia, Patronal y elementos de la cúpula militar, capitaneados todos por su partido, el PP…”

Estos fragmentos forman parte del “Por qué y para qué”, documento de intenciones que está publicado en el Tribuna Socialista nº 1 (TS-nº1). Vemos que muchos de los motivos que nos animaron a esta tarea continúan en vigor. Tengo que decir que el mérito de Tribuna Socialista está haberlos puesto de manifiesto en 2005, cuando la mayoría de la sociedad vivía un ensueño económico que pronto tornaría en pesadilla.

A lo largo de estos tres lustros, hemos editado 115 números en los que hemos tomado posición activa sobre aquellos asuntos y sobre otros muchos derivados de la actividad política en nuestro país. Siempre desde una perspectiva de defensa de los intereses de la clase trabajadora.

“La primera constatación a hacer es que, desde el momento de la victoria electoral del PSOE en marzo de 2004, el PP y todos los nostálgicos del gobierno Aznar se emplean con dureza y a fondo para tratar de impedir y combatir cualquier medida adoptada por el Gobierno, atacando al Partido Socialista por cualquier motivo o excusa. En ningún momento han aceptado el triunfo socialista en las urnas; han cuestionado su legitimidad des de la misma noche electoral.”

El párrafo anterior, aunque pueda parecerlo, no está escrito la semana pasada. Es el primer párrafo del “Manifiesto de Silla”, también publicado en el TS-nº1. Manifiesto que profundizada y explicitaba las razones por las que considerábamos necesario lanzar una publicación que abordase los temas políticos más candentes.

Uno de los asuntos recurrentes ha sido la defensa de los derechos laborales, máxime en el periodo 2008/2018. Así, en el TS-nº14 (marzo de 2009), publicamos una carta que enviamos al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero –carta que invito a ser releída-, en la que le decíamos, entre otras muchas cosas:

 “Nos dirigimos a ti con motivo de la preocupación compartida entre muchos militantes socialistas sobre el desarrollo de la crisis internacional. Al comienzo de la misma, en el boletín Tribuna Socialista número 12, aplaudíamos tus comentarios del tipo “la crisis no la pagarán los más débiles”, pero ya entonces mostrábamos que los más débiles lo estaban pagando”.

Tribuna Socialista ha velado por su independencia –sólo dependemos de la voluntad de nuestros abonados y abonadas- y en coherencia con las posiciones mantenidas en los primeros cinco años de publicación, en los meses posteriores discrepamos con la posición que el Gobierno Socialista tomó a partir de mayo de 2010. Esa coherencia la plasmamos negro sobre blanco, en el TS-nº17 (septiembre de 2010), apoyando la huelga general convocada por UGT y CCOO para el 29 de ese mismo mes, y decíamos:

“La gran mayoría de los medios de comunicación se han erigido en portavoces de los mercados, es decir, de los bancos, de los especuladores bursátiles, y de sus herramientas -FMI, OCDE, BCE, el Gobernador del Banco de España…”

“Los socialistas sólo tenemos una salida: la defensa de la mayoría social y la defensa y mejora de lo público. Estas fueron algunas de las señas de identidad que los fundadores de nuestro partido, el PSOE, imprimieron en sus programas y declaraciones y por las que lucharon frente a quienes los denunciaban y calumniaban desde los medios de comunicación del momento.”

“El deterioro de las condiciones de trabajo, y una reforma laboral que lo único que garantiza es el despido fácil y barato, están creando las condiciones de una implosión social, de una crisis social, de la cual los únicos que serán responsables son los que gobiernan para los mercados, quienes les sustentan y jalean, y los mercados mismos.

Las consecuencias las vivimos meses después, las recetas que los organismos internacionales del capital “sugerían” son las mismas que dictan hoy. Han sido muchos los números de Tribuna Socialista en los que hemos reflejado la preocupación y el sufrimiento de la mayoría de la sociedad: en el TS-nº18 (diciembre 2010) “Huelga General y Socialdemocracia”, en el TS-nº19 (marzo de 2011) “El Gobierno continúa las contrareformas”, el TS-nº23, (marzo de 2012) fue una edición especial contra la reforma laboral del PP y en apoyo a la Huelga General convocada para el día 29 de ese mismo mes, y una larga lista de documentos que se pueden encontrar en los números de Tribuna Socialista, siempre en favor de los trabajadores y la trabajadoras y de sus organizaciones.

Han sido 15 años de trabajo y satisfacción. Creo que ha merecido la pena y la merece continuar con esta tarea de puesta en común, de debate entre socialistas, independientemente de los matices que pueda haber entre nosotros; esa es la riqueza de la izquierda, la pluralidad, los matices, producto de las diferentes experiencias. Tribuna Socialista se ha entregado a fondo en buscar la unidad de esa izquierda plural, reclamando el socialismo sin más apellidos.

No puedo terminar este encargo del Comité de Redacción, para nuestro 15º Aniversario, sin decir que es para mí un orgullo y un honor formar parte de aquel grupo fundador, que el 16 de julio de 2005 se reunió en la Agrupación Socialista de Silla (Valencia), para dar el primer paso de este ya largo recorrido.

Roberto Tornamira Sánchez

Afiliado al PSM.

Miembro del Comité de Redacción TS.

Carta abierta a los empresarios

En el actual clima de incertidumbre y polarización política el reconocimiento de la autonomía de las partes y el fortalecimiento de la negociación entre los interlocutores sociales será fundamental para garantizar el éxito de las futuras reformas- que se demandan desde distintos ámbitos económicos y sociales-, de acuerdo con la función que la Constitución Española atribuye a las organizaciones sindicales y empresariales.

Sin embargo, esta afirmación básica y elemental no debe excluir el análisis de la compleja realidad del mundo empresarial, protegido bajo el paraguas de las políticas neoliberales y las decisiones favorables de algunos gobiernos (reformas laborales del PSOE en 2010 y, sobre todo, del  PP en 2012, contestadas con sendas huelgas generales), que los sindicatos, con estos antecedentes, tienen la obligación y la responsabilidad de abordar, para evitar que vuelvan a repetirse. Por eso resulta inaceptable que se diga  que los sindicatos deben “adaptarse  a la realidad de la empresa”, al “entorno digital” y al “futuro del trabajo” y no se diga absolutamente nada sobre la “responsabilidad” de las empresas en la actualidad. Incluso, determinados analistas y expertos socio laborales centran sus exigencias de modernización exclusivamente en los sindicatos y se olvidan por completo del comportamiento de las empresas.

Esto tiene una relación directa con la crudeza del  capitalismo y el carácter depredador de muchas empresas de nuestro tiempo, así como con la impopularidad de muchos ejecutivos empresariales (sobre todo en los países anglosajones) que, incluso, transciende a la opinión pública. Empresas que han estafado a miles de inversores y trabajadores mediante fraudes contables que dejaron a miles de pensionistas en la ruina y a  muchos trabajadores que han tenido que buscar trabajo a la edad en que pensaban jubilarse. La lista de estas empresas en todo el mundo sería interminable.

Ejecutivos que se fijan retribuciones obscenas y a la vez reclaman moderación salarial a los trabajadores. En vez de devaluar drásticamente los salarios deberían poner fin a estas prácticas que conducen a que, en muchos casos, la empresa pierda dinero (por lo tanto lo pierden los accionistas) mientras el consejo de administración se enriquece con retribuciones millonarias. Otros casos se refieren al procedimiento consistente en fijar las retribuciones de los directivos en función de la cotización de las acciones de la empresa en bolsa. Para conseguirlo no dudan en reducir costos laborales, deteriorar las condiciones de trabajo y recurrir a los despidos masivos con el propósito de mejorar los beneficios y, por lo tanto, los ingresos de los altos ejecutivos.

También es práctica habitual que las empresas anuncien beneficios y, simultáneamente, el despido de trabajadores. Otros ejemplos de actualidad se establecen en torno a plataformas digitales, empresas multiservicios y compañías aéreas de bajo costo, que para algunos representan el paradigma de las empresas del siglo XXI. En algunas empresas, los empleados (falsos autónomos) tienen que pagarse su propio vehículo, sus herramientas y sus ropas de trabajo. Incluso, algunas azafatas de  empresas aéreas (low cost) limpian el avión, con salarios más bajos y una  jornada laboral más larga para competir con las empresas del sector (dumping social)

Esta situación hace ineludible avanzar en “la democracia económica”, término olvidado en los últimos años, como se olvidó  antaño la llamada “democracia industrial” y el “control obrero”. La participación plena de los trabajadores y de sus sindicatos, así como la transparencia que debe presidir la actuación de las grandes empresas multinacionales requiere establecer, cuanto antes, el marco legal y los instrumentos necesarios que garanticen el control democrático de los trabajadores y los contrapoderes para establecer el necesario equilibrio entre las partes.

Las medidas que el movimiento sindical reclama con reiteración en el ámbito europeo resultan urgentes: establecer las bases jurídicas que hagan posible una negociación colectiva en este ámbito; garantizar los derechos de información y consulta, cuando menos en las grandes y medianas empresas  que operan en la UE; y constituir el mayor número posible de  comités de empresa europeos reforzando las experiencias actualmente en marcha.

No resultará nada fácil conseguir estos objetivos. Tampoco lo será abordar la reconstrucción del país, a pesar de la gravedad de la situación económica y social  y la notable  cantidad de dinero público que recibirán las empresas. Cuatro  asuntos destacan por su complejidad y dificultad para lograr acuerdo entre sindicatos y empresarios: trabajar unidos para recabar la colaboración y el apoyo de sindicatos y empresarios en el marco de la UE, abordar la precariedad del mercado de trabajo (derogar la reforma laboral y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores), garantizar la sostenibilidad de las pensiones y su poder adquisitivo y acometer una reforma fiscal en profundidad que soporte el costo de las políticas encaminadas a salir de la crisis sanitaria, económica y social.

Las dificultades enumeradas tienen una relación directa con los planteamientos de las grandes empresas reunidas a petición expresa de la CEOE en los últimos días, para analizar los destrozos de la Pandemia que ha desarmado dialécticamente el discurso neoliberal: “más mercado y menos Estado” y “más empresa y menos sindicato”, en un contexto favorable al incremento de las desigualdades entre ricos y pobres. A todo ello ha contribuido, según Tony Judt, la obsesión por la riqueza, el culto a la privatización de servicios públicos y, sobre todo, la acrítica admiración de los mercados desregulados, el desdén por el sector público y la quimera de un crecimiento sin límites.

Entre las demandas empresariales destacan el mantener la regresiva reforma laboral de Rajoy (devaluación salarial); reducir las cotizaciones sociales, desligar las pensiones del IPC, mantener el factor de sostenibilidad; y no subir los impuestos (sociedades, patrimonio y altos ingresos). Razones y medidas que las empresas y la CEOE-CEPYME vienen reiterando desde hace muchos años, al margen de la Pandemia, sin que ello haya resuelto el problema del desempleo, la precariedad y la baja productividad de muchas empresas. Por lo tanto, es hora de que la CEOE-CEPYME asuma la responsabilidad social que le corresponde en una economía social de mercado y aborde una renovación cultural en profundidad, que obligue a las empresas a hacer compatible el beneficio y la sostenibilidad: cumplir con las leyes (fiscales y laborales), respetar los convenios colectivos y asumir un comportamiento responsable con los trabajadores, accionistas, consumidores y sociedad en general.

En cuanto al mercado de trabajo, los sindicatos insisten en derogar las últimas reformas laborales y garantizar el equilibrio de fuerzas entre los interlocutores sociales. Sobre todo exigen reforzar la negociación colectiva y facilitar su articulación a todos los niveles, así como su extensión, con el propósito de que todos los trabajadores estén cubiertos por un convenio. En este sentido, el convenio estatal de sector debe ser la referencia obligada para fijar los marcos de negociación, así como los contenidos a introducir en los ámbitos inferiores y en las empresas. Además de abordar, de una vez por todas, la brutal precariedad de nuestro mercado de trabajo, lo que exige recuperar la causalidad en la contratación, perseguir decididamente el abuso y el fraude empresarial y fortalecer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dotándola de los medios técnicos, económicos y humanos necesarios. En este  sentido, la prórroga de los ERTES y las conversaciones para regular el teletrabajo están generando serias expectativas en la búsqueda de acuerdos más amplios.

En relación con la sostenibilidad de la Seguridad Social (SS) y el poder adquisitivo de las pensiones, los sindicatos plantean activar el Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC, eliminar el factor de sostenibilidad, revisar las subvenciones a la contratación, racionalizar el gasto y estudiar la búsqueda de ingresos alternativos: recurso a ingresos fiscales que garanticen la sostenibilidad de la SS. Los trabajadores y los pensionistas lo exigen- a través de repetidas movilizaciones- y los sindicatos lo  reivindican con mucha insistencia para superar las actuales incertidumbres.

Finalmente, la política fiscal es el nudo gordiano de cualquiera acuerdo relevante. El objetivo es situar los ingresos fiscales en la media europea. Para ello proponen mejorar sustancialmente la conciencia fiscal de los ciudadanos y situar la lucha contra la fuerte elusión, el fraude fiscal y la economía sumergida a la cabeza de las prioridades políticas en la actual legislatura. En concreto, pretenden acabar con la utilización de los paraísos fiscales (de acuerdo con la UE), blindar la seguridad jurídica de los denunciantes de delitos fiscales, penalizar la contratación pública de las empresas que no cumplan con las exigencias de una fiscalidad responsable, insistir en la incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de instrumentos que posibiliten la elusión y el fraude fiscal y, finalmente, reforzar los medios técnicos y los recursos humanos de la AEAT para cubrir las necesidades de inspección, control y lucha contra el fraude encaminadas a confluir, de manera coordinada y a todas los niveles, con los porcentajes de fraude de la UE.

Por otra parte, insisten en potenciar los impuestos directos (rentas y patrimonio) sobre los indirectos (el IVA lo pagan todos los ciudadanos por igual al margen de su riqueza y patrimonio) puesto que, entre los años 2012 y 2018, el peso relativo de los impuestos directos se ha reducido del 56% al 52%. De la misma manera, UGT propone  equiparar (que paguen lo mismo) las rentas del capital a las del trabajo; aumentar el IRPF a las rentas más altas (CCOO propone, en concreto, subir dos puntos a las rentas superiores a 60.000 euros); establecer un mínimo en el impuesto de sociedades (15%); evitar el dumping fiscal entre CCAA y la confrontación de éstas con el Estado (imponer una tasa mínima en patrimonio, sucesiones y donaciones); revisar a fondo las bonificaciones, exenciones y deducciones fiscales; analizar la composición del IVA (penalizar el lujo y elevar el impuesto a las bebidas con alto contenido de azúcar); revisar en profundidad la tributación de las SICAV, SOCIME y ETVE; establecer una ambiciosa fiscalidad verde y medioambiental; aplicar la tasa Google; imponer tasas a las transferencias financieras…

El hecho de que los interlocutores sociales logren avances en estos importantes asuntos facilitará el conseguir las ayudas pendientes de la UE, los acuerdos en el Parlamento y la aprobación de los PGE-2021. Además, dotaría de un fuerte protagonismo a sindicatos y empresarios en el enrarecido clima político y social. Todo dependerá, en buena medida, de la actitud que asuma la CEOE-CEPYME, a pesar de que el Gobierno y el Parlamento siempre tienen la última palabra…

Antón Saracíbar

Carta abierta a los empresarios

En el actual clima de incertidumbre y polarización política el reconocimiento de la autonomía de las partes y el fortalecimiento de la negociación entre los interlocutores sociales será fundamental para garantizar el éxito de las futuras reformas- que se demandan desde distintos ámbitos económicos y sociales-, de acuerdo con la función que la Constitución Española atribuye a las organizaciones sindicales y empresariales.

Sin embargo, esta afirmación básica y elemental no debe excluir el análisis de la compleja realidad del mundo empresarial, protegido bajo el paraguas de las políticas neoliberales y las decisiones favorables de algunos gobiernos (reformas laborales del PSOE en 2010 y, sobre todo, del  PP en 2012, contestadas con sendas huelgas generales), que los sindicatos, con estos antecedentes, tienen la obligación y la responsabilidad de abordar, para evitar que vuelvan a repetirse. Por eso resulta inaceptable que se diga  que los sindicatos deben “adaptarse  a la realidad de la empresa”, al “entorno digital” y al “futuro del trabajo” y no se diga absolutamente nada sobre la “responsabilidad” de las empresas en la actualidad. Incluso, determinados analistas y expertos socio laborales centran sus exigencias de modernización exclusivamente en los sindicatos y se olvidan por completo del comportamiento de las empresas.

Esto tiene una relación directa con la crudeza del  capitalismo y el carácter depredador de muchas empresas de nuestro tiempo, así como con la impopularidad de muchos ejecutivos empresariales (sobre todo en los países anglosajones) que, incluso, transciende a la opinión pública. Empresas que han estafado a miles de inversores y trabajadores mediante fraudes contables que dejaron a miles de pensionistas en la ruina y a  muchos trabajadores que han tenido que buscar trabajo a la edad en que pensaban jubilarse. La lista de estas empresas en todo el mundo sería interminable.

Ejecutivos que se fijan retribuciones obscenas y a la vez reclaman moderación salarial a los trabajadores. En vez de devaluar drásticamente los salarios deberían poner fin a estas prácticas que conducen a que, en muchos casos, la empresa pierda dinero (por lo tanto lo pierden los accionistas) mientras el consejo de administración se enriquece con retribuciones millonarias. Otros casos se refieren al procedimiento consistente en fijar las retribuciones de los directivos en función de la cotización de las acciones de la empresa en bolsa. Para conseguirlo no dudan en reducir costos laborales, deteriorar las condiciones de trabajo y recurrir a los despidos masivos con el propósito de mejorar los beneficios y, por lo tanto, los ingresos de los altos ejecutivos.

También es práctica habitual que las empresas anuncien beneficios y, simultáneamente, el despido de trabajadores. Otros ejemplos de actualidad se establecen en torno a plataformas digitales, empresas multiservicios y compañías aéreas de bajo costo, que para algunos representan el paradigma de las empresas del siglo XXI. En algunas empresas, los empleados (falsos autónomos) tienen que pagarse su propio vehículo, sus herramientas y sus ropas de trabajo. Incluso, algunas azafatas de  empresas aéreas (low cost) limpian el avión, con salarios más bajos y una  jornada laboral más larga para competir con las empresas del sector (dumping social)

Esta situación hace ineludible avanzar en “la democracia económica”, término olvidado en los últimos años, como se olvidó  antaño la llamada “democracia industrial” y el “control obrero”. La participación plena de los trabajadores y de sus sindicatos, así como la transparencia que debe presidir la actuación de las grandes empresas multinacionales requiere establecer, cuanto antes, el marco legal y los instrumentos necesarios que garanticen el control democrático de los trabajadores y los contrapoderes para establecer el necesario equilibrio entre las partes.

Las medidas que el movimiento sindical reclama con reiteración en el ámbito europeo resultan urgentes: establecer las bases jurídicas que hagan posible una negociación colectiva en este ámbito; garantizar los derechos de información y consulta, cuando menos en las grandes y medianas empresas  que operan en la UE; y constituir el mayor número posible de  comités de empresa europeos reforzando las experiencias actualmente en marcha.

No resultará nada fácil conseguir estos objetivos. Tampoco lo será abordar la reconstrucción del país, a pesar de la gravedad de la situación económica y social  y la notable  cantidad de dinero público que recibirán las empresas. Cuatro  asuntos destacan por su complejidad y dificultad para lograr acuerdo entre sindicatos y empresarios: trabajar unidos para recabar la colaboración y el apoyo de sindicatos y empresarios en el marco de la UE, abordar la precariedad del mercado de trabajo (derogar la reforma laboral y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores), garantizar la sostenibilidad de las pensiones y su poder adquisitivo y acometer una reforma fiscal en profundidad que soporte el costo de las políticas encaminadas a salir de la crisis sanitaria, económica y social.

Las dificultades enumeradas tienen una relación directa con los planteamientos de las grandes empresas reunidas a petición expresa de la CEOE en los últimos días, para analizar los destrozos de la Pandemia que ha desarmado dialécticamente el discurso neoliberal: “más mercado y menos Estado” y “más empresa y menos sindicato”, en un contexto favorable al incremento de las desigualdades entre ricos y pobres. A todo ello ha contribuido, según Tony Judt, la obsesión por la riqueza, el culto a la privatización de servicios públicos y, sobre todo, la acrítica admiración de los mercados desregulados, el desdén por el sector público y la quimera de un crecimiento sin límites.

Entre las demandas empresariales destacan el mantener la regresiva reforma laboral de Rajoy (devaluación salarial); reducir las cotizaciones sociales, desligar las pensiones del IPC, mantener el factor de sostenibilidad; y no subir los impuestos (sociedades, patrimonio y altos ingresos). Razones y medidas que las empresas y la CEOE-CEPYME vienen reiterando desde hace muchos años, al margen de la Pandemia, sin que ello haya resuelto el problema del desempleo, la precariedad y la baja productividad de muchas empresas. Por lo tanto, es hora de que la CEOE-CEPYME asuma la responsabilidad social que le corresponde en una economía social de mercado y aborde una renovación cultural en profundidad, que obligue a las empresas a hacer compatible el beneficio y la sostenibilidad: cumplir con las leyes (fiscales y laborales), respetar los convenios colectivos y asumir un comportamiento responsable con los trabajadores, accionistas, consumidores y sociedad en general.

En cuanto al mercado de trabajo, los sindicatos insisten en derogar las últimas reformas laborales y garantizar el equilibrio de fuerzas entre los interlocutores sociales. Sobre todo exigen reforzar la negociación colectiva y facilitar su articulación a todos los niveles, así como su extensión, con el propósito de que todos los trabajadores estén cubiertos por un convenio. En este sentido, el convenio estatal de sector debe ser la referencia obligada para fijar los marcos de negociación, así como los contenidos a introducir en los ámbitos inferiores y en las empresas. Además de abordar, de una vez por todas, la brutal precariedad de nuestro mercado de trabajo, lo que exige recuperar la causalidad en la contratación, perseguir decididamente el abuso y el fraude empresarial y fortalecer la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dotándola de los medios técnicos, económicos y humanos necesarios. En este  sentido, la prórroga de los ERTES y las conversaciones para regular el teletrabajo están generando serias expectativas en la búsqueda de acuerdos más amplios.

En relación con la sostenibilidad de la Seguridad Social (SS) y el poder adquisitivo de las pensiones, los sindicatos plantean activar el Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC, eliminar el factor de sostenibilidad, revisar las subvenciones a la contratación, racionalizar el gasto y estudiar la búsqueda de ingresos alternativos: recurso a ingresos fiscales que garanticen la sostenibilidad de la SS. Los trabajadores y los pensionistas lo exigen- a través de repetidas movilizaciones- y los sindicatos lo  reivindican con mucha insistencia para superar las actuales incertidumbres.

Finalmente, la política fiscal es el nudo gordiano de cualquiera acuerdo relevante. El objetivo es situar los ingresos fiscales en la media europea. Para ello proponen mejorar sustancialmente la conciencia fiscal de los ciudadanos y situar la lucha contra la fuerte elusión, el fraude fiscal y la economía sumergida a la cabeza de las prioridades políticas en la actual legislatura. En concreto, pretenden acabar con la utilización de los paraísos fiscales (de acuerdo con la UE), blindar la seguridad jurídica de los denunciantes de delitos fiscales, penalizar la contratación pública de las empresas que no cumplan con las exigencias de una fiscalidad responsable, insistir en la incompatibilidad entre el ejercicio de cualquier cargo público y el uso de instrumentos que posibiliten la elusión y el fraude fiscal y, finalmente, reforzar los medios técnicos y los recursos humanos de la AEAT para cubrir las necesidades de inspección, control y lucha contra el fraude encaminadas a confluir, de manera coordinada y a todas los niveles, con los porcentajes de fraude de la UE.

Por otra parte, insisten en potenciar los impuestos directos (rentas y patrimonio) sobre los indirectos (el IVA lo pagan todos los ciudadanos por igual al margen de su riqueza y patrimonio) puesto que, entre los años 2012 y 2018, el peso relativo de los impuestos directos se ha reducido del 56% al 52%. De la misma manera, UGT propone  equiparar (que paguen lo mismo) las rentas del capital a las del trabajo; aumentar el IRPF a las rentas más altas (CCOO propone, en concreto, subir dos puntos a las rentas superiores a 60.000 euros); establecer un mínimo en el impuesto de sociedades (15%); evitar el dumping fiscal entre CCAA y la confrontación de éstas con el Estado (imponer una tasa mínima en patrimonio, sucesiones y donaciones); revisar a fondo las bonificaciones, exenciones y deducciones fiscales; analizar la composición del IVA (penalizar el lujo y elevar el impuesto a las bebidas con alto contenido de azúcar); revisar en profundidad la tributación de las SICAV, SOCIME y ETVE; establecer una ambiciosa fiscalidad verde y medioambiental; aplicar la tasa Google; imponer tasas a las transferencias financieras…

El hecho de que los interlocutores sociales logren avances en estos importantes asuntos facilitará el conseguir las ayudas pendientes de la UE, los acuerdos en el Parlamento y la aprobación de los PGE-2021. Además, dotaría de un fuerte protagonismo a sindicatos y empresarios en el enrarecido clima político y social. Todo dependerá, en buena medida, de la actitud que asuma la CEOE-CEPYME, a pesar de que el Gobierno y el Parlamento siempre tienen la última palabra…

Antón Saracíbar

Tres lustros en el camino hacia la “REsPÚBLICA”

Desde el principio, número tras número, TS ha defendido la opción por la República como modelo de Estado y/o como forma de Gobierno. Y lo hemos hecho anteponiendo los valores que conservamos en nuestra memoria histórica, pero sin romanticismos simbólicos ni anclas en el pasado.  Con la consideración que otorgamos a esta forma de Estado: justicia, responsabilidad, libertad y democracia. Son valores que representan y encuadran la convivencia pacífica en sociedad. No son privativos de una forma de Estado, pero en nuestro imaginario los asociamos a la forma republicana.

-Un Estado en el que la Justicia sea igual para todos y todas, pero de verdad, y su prestigio no deje lugar a las dudas.

-Un Estado en el que la irresponsabilidad y la inviolabilidad sólo den cobertura a los actos de Estado y al desempeño democrático de las instituciones.

-Un Estado en el que las libertades no se vean condicionadas y los derechos fundamentales: huelga, expresión, manifestación…no se vean lesionados ni agredidos por visiones ideológicas de gobierno.

Esta concepción de la República es respetuosa con el marco jurídico de nuestro ordenamiento constitucional. En consecuencia, nuestra posición se orienta a una reforma constitucional, no por imposición; la República sí ha de ser, será por la voluntad democrática libremente ejercida por el deseo mayoritario de los ciudadanos.

Este respeto a las normas de convivencia, a la voluntad de decidir, y a las instituciones democráticas de quienes nos reclamamos republicanos hace aún más extraño que quienes precisamente representan a una institución «fundamental», se comporten con tal desprecio a los ciudadanos y a las leyes que nos hemos dado: la corrupción es incompatible con la democracia.

No sólo es falta de respeto, sino que, presuntamente, se cometen delitos amparándose en las garantías jurídicas que reservamos a altas instituciones para preservarlas, otorgándoles una protección que sorprendentemente se utiliza para eludir controles y no rendir cuentas ante el Parlamento, y la Justicia. Además, no sólo se eluden controles, también responsabilidades fiscales, y se utiliza la institución para conseguir trato de favor, contratos, comisiones…vil enriquecimiento como fin último.

Es decir, el absurdo es que quienes ostentan la institución monárquica se comporten sin ningún respeto para con ella ni para nuestro país, mientras que quienes queremos poder decidir libremente, mediante una reforma democrática, cambiar la Monarquía por una República, sustentamos con nuestro escrupuloso respeto a las normas aquello que deseamos cambiar.

La República es para Tribuna Socialista un motor de avance hacia el futuro, mientras que la Monarquía es un eslabón que aún mantenemos con nuestro más triste y lamentable pasado. Ha sido una herramienta subsumida por la democracia mediante la constitución de 1978. Han transcurrido cuarenta y dos años de aquello y es el momento de comenzar a madurar el derecho de los pueblos del Estado a su avance democrático, sin ligaduras a estamentos cuya función social no se corresponde con una verdadera democracia.

Nuestra actitud, a pesar de todo, es un acto de conciencia, de responsabilidad y de respeto a nuestra convivencia democrática. Y, lo es aún más ante la evidencia de que ya nada justifica su existencia, de que no hay ningún motivo para preservar una institución que actúa a espaldas de quien dice representar.

Ninguna institución sirve si no tiene absoluto respeto por aquellos y aquellas a quienes representa, y no puede mantenerse si, como consecuencia de su propio comportamiento, deja de tener la confianza de los ciudadanos para el cumplimiento de sus tareas.

QUOUSQUE TANDEM ABUTERE PATIENTIA NOSTRA?

(¿cuánto tiempo abusarás de nuestra paciencia?)

En coherencia con todo lo anterior, en el Tribuna Socialista número 1, publicábamos un artículo, de la compañera Silvia Font, titulado “Propuesta por un Estado laico”. Las críticas de esta pasada semana, al Presidente del Gobierno, por no haber asistido a una misa, demuestran que el cambio constitucional no es solo la necesidad del cambio de un Rey por otra persona que encarne la cualidad de Presidente. El cambio obedece a la necesidad de dejar de ser un Estado cuyas leyes máximas aún miran hacia el pasado más lejano, cuasi medieval.

Esa coherencia nos ha llevado a colaborar con el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los pueblos (CATP) en el trabajo por la unidad para caminar hacia la República.

Por tanto, TRIBUNA SOCIALISTA, reitera su compromiso con una reforma constitucional, para que los ciudadanos decidan libremente sobre la forma del estado español, y manifiesta su inequívoca posición a favor de la  III REPÚBLICA.

Eduardo Hernández Oñate

Tribuna Socialista

Hoy como hace 15 años: ningún acuerdo con la derecha

El 16 de julio de 2005,  reunidos en la localidad valenciana de Silla, compañeros y compañeras socialistas, de distintas procedencias territoriales, pusimos en común nuestras preocupaciones e inquietudes sobre la situación política en nuestro país y decidimos crear esta Revista que reflejara las conclusiones de los debates que se producían en agrupaciones socialistas y secciones sindicales de las empresas, ayudando, de esta forma, a promover el debate entre socialistas.

La línea editorial de Tribuna Socialista se ha mantenido fiel a aquellos propósitos durante estos 15 años.  TS y las conclusiones de los debates que en él se reflejan no se hacen al albur de los congresos internos del partido o de la táctica política de cada momento, sino que, con pleno respeto a las resoluciones congresuales, hemos enfocado los debates en torno a los intereses de la mayoría social, y el papel que, bajo nuestra opinión, han de jugar las organizaciones obreras, fundamentalmente los sindicatos y partidos que se reclaman de la clase trabajadora: incluido el PSOE, como partido referente de la clase trabajadora en nuestro país.

Hace 15 años, la actualidad política pasaba por el reto independentista que lideraba Ibarretxe en Euskadi y su propuesta de referendum -al que Aznar respondió con la amenaza de la cárcel-, mientras la derecha intentaba dinamitar el diálogo político con el mundo abertatzle defendido por Zapatero para acabar con el terrorismo de ETA, mientras en Catalunya, Pascual Maragall, lideraba la redacción de un nuevo Estatut de Catalunya que finalmente fue aprobado por: el pueblo catalán, el Congreso de los Diputados y el Parlament de Catalunya, e impugnado por el PP y mutilado por el Tribunal Constitucional.

Hace 15 años, la CEOE rompía el diálogo social exigiendo la revisión a la baja del salario mínimo, mientras las deslocalizaciones de empresas empezaban a hacer estragos profundizando en la desindustrialización del país.

Hace 15 años la Unión Europea sometía a aprobación de los estados la llamada “Constitución Europea”, ante la que Tribuna Socialista siempre mantuvo una posición crítica, puesto que se construía sobre los cimientos del libre comercio y los intereses de las multinacionales y del capital Financiero sin tener en cuenta los derechos sociales.  El rechazo a esta constitución en países donde se sometió a referéndum, como el caso de Francia y Holanda, significó un toque de atención sobre la necesidad de construir Europa hacia la Unión libre de los trabajadores y los pueblos, una Europa social frente a una Europa puramente económica.

Hace 15 años, comenzaba a imputarse a ilustres políticos del PP acusados de corrupción por el caso Fabra: después vendría una cascada interminable de casos, imputados y condenados.

Hace 15 años, la sanidad pública era atacada por la derecha españolista nacional católica, que quería seguir avanzando en la privatización y concertación de sus residencias y hospitales hasta llegar al actual modelo de sanidad y residencias que nuestros abuelos han padecido durante la pandemia de la COVID-19.

Hace 15 años, la derecha nacional españolista y católica se movilizaba contra la enseñanza pública, contra el matrimonio homosexual y contra cualquier intento de avance en el terreno social.

Como podemos apreciar, hace 15 años las propuestas de progreso y justicia social del PSOE eran atacadas de forma sistemática por la derecha, la iglesia, el poder económico y financiero con el objetivo de mantener sus privilegios, al amparo de unas instituciones ancladas en el pasado más oscuro de nuestra historia, defensoras a ultranza de una falsa unidad de España, contraria a cualquier intento de avanzar en el autogobierno regional.

Hoy, 15 años después, la derecha nacional españolista y católica: la iglesia, los poderes económico, mediático y financiero, y el PP, C´s y VOX… al amparo de una cada vez más cuestionada judicatura, y de una cada vez más cuestionada y desprestigiada monarquía, boicotean, una y otra vez, cualquier intento de avanzar en el progreso social y político, y de cumplir con el programa electoral que la mayoría trabajadora de este país ha votado.

Intentan promover un gran pacto de Estado, que primero fue llamado “nuevos pactos de la Moncloa” y ahora “pacto de reconstrucción nacional” que deja de lado la prometida derogación de las reformas del PP: la reforma laboral de 2012, la reforma de las pensiones de 2013, la ley Mordaza, etc. Mientras que se acerca a nuestro país al desastre económico por la vía de la destrucción del empleo, la destrucción de la industria, el deterioro de los servicios públicos… para construir un país de servicios “Low Cost”, que encaje en una Europa cada vez más dividida y al servicio del capital financiero.

Como socialistas, nos posicionamos contra cualquier pacto con la derecha. Nos reivindicamos del “No es No” de Pedro Sánchez contra la colaboración con la derecha de esos que dicen ser socialistas. No podemos tolerar ni un despido más, ni un cierre empresarial más. Reconstruir el país pasa por mantener todos y cada uno de los puestos de trabajo hoy amenazados. Reconstruir el país significa avanzar en una política industrial que garantice la independencia de nuestra industria respecto de las multinacionales, y derogar las últimas reformas laborales que no han servido sino para generar más precariedad y pobreza en la clase trabajadora.

El capital financiero necesita un PSOE que, amparado en un gran pacto de Estado, lidere una ¿“nueva”? época de recortes y de ataque a los derechos colectivos. Los socialistas nos tenemos que sacudir de ese lastre con el que nos quieren cargar.  El acercamiento de C’s y los discursos del Gobernador del Banco de España y/o de la Ministra de Economía, son señales que nos alertan sobre los peligros de ese pacto con la derecha, al que quiere sumarse el PP y C´s.  La deuda pública de nuestro país alcanza ya el 115%, y exige la liberación de fondos para las empresas sin garantía alguna de mantenimiento del empleo.  Medidas como la renta mínima de supervivencia, no solucionan ningún problema pero sitúan nuestra caja única de la seguridad social en una situación de insostenibilidad financiera que la derecha pretende solucionar con nuevos recortes en las pensiones, con más chance para los planes de pensiones privados, subidas de impuestos al consumo, y con mayor liberalización del sector público, etcétera.

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha destapado nuestras vergüenzas al poner en jaque un modelo sanitario y de servicios sociales que se ha ido privatizando en la última década; una bicoca puesta al servicio de las multinacionales que, al priorizar el beneficio al servicio, no son capaces de autoabastecer de productos básicos de protección; un modelo productivo excesivamente basado en los servicios de bajo valor añadido, y un modelo financiero que propone abundar en el endeudamiento del Estado para seguir derivando fondos públicos al sector privado mientras los recortes los sufrimos los de siempre. Cuatro millones de desempleados, desindustrialización, desmantelamiento del sector público, mayor desigualdad, mayor tensión regional y la cada vez más evidente podredumbre de las cloacas del Estado son la consecuencia más visible de las políticas opuestas al socialismo y al avance de la democracia. Por el contrario, son el caldo de cultivo del neo fascismo al que asistimos cada día.

Hoy como hace 15 años, el socialismo es la única herramienta que tiene la clase trabajadora. El PSOE, la izquierda política y las organizaciones sindicales tienen la responsabilidad de hacer frente común a los intentos de acuerdos por la derecha y, de no actuar, entregarán el país a los intereses del libre mercado, de la especulación produciendo más pobreza, más desigualdad y más desafección política, que por otro lado, es la puerta de entrada de la ultraderecha. No podemos echarnos las manos a la cabeza al escuchar al relator de la ONU, sobre la pobreza en España. y continuar haciendo lo mismo o no haciendo nada.

Hoy como hace 15 años, el socialismo es la única herramienta capaz de avanzar en un encaje territorial que avance en la vía federal y republicana, y que acabe con las caducas y corruptas instituciones herederas del franquismo entre las que destacan el aparato judicial y la propia Monarquía.

En esta línea seguiremos trabajando desde Tribuna Socialista, conjuntamente con todos los militantes políticos y sindicales que se reclaman del socialismo.

El Comité de Redacción

Vicálvaro pide sanidad pública

Vicálvaro pide sanidad pública

y el Delegado del Gobierno manda a la Policía.

 

A través de la cuenta de Twitter de un ciudadano de Madrid, con auténtico estupor, hemos podido comprobar la descripción de la actuación de la Policía Nacional frente a una movilización de apoyo a la sanidad pública, que se produjo el pasado día 29 de mayo, a las 20:00, en el distrito municipal de Vicálvaro.

Según se narra en la secuencia de tweets, donde el primero de la serie ha conseguido ya 20.800 retweets, 22.600 me gusta y 861 comentarios, con lo que ha conseguido una difusión masiva, se describen los siguientes hechos:

  1. El origen del acto fue una convocatoria para aplaudir a los sanitarios y reivindicar sanidad pública en el centro de salud. Como las que se vienen haciendo con la participación de muchos afiliados de nuestro partido (PSOE), al menos de aquellos que pertenecemos a la corriente Izquierda Socialista.
  2. Tras los aplausos, se inició una pequeña marcha por el barrio, a la que poco a poco se sumó parte del vecindario por donde pasaba, formando dos filas y respetando las distancias de seguridad. Como se puede ver en los vídeos adjuntos al tweet.
  3. La marcha era aplaudida por el vecindario desde los balcones.
  4. La intervención de la Policía Nacional se produce en la intersección de las calles Minerva y Aurora Boreal. Lugar donde se acumulan unas cuantas furgonetas, de las que se bajan los agentes y rodean a los manifestantes.
  5. Ante el ruido de las sirenas policiales y del helicóptero de la policía que se paró sobre esa zona específica, como se pudo oír y ver desde zonas bastante alejadas como la A-3, Valdebernardo o Faunia, la ciudadanía salió a las terrazas y a las aceras para mostrar su solidaridad con los vecinos que se expresaban en favor de la Sanidad Pública.
  6. Los agentes de policía, que descendieron con indumentaria antidisturbios, porra y casco, procedieron a cortar la calle, a confinar a la ciudadanía que participaba en la manifestación contra a la pared, con la intención de proceder a su identificación.
  7. Los agentes no dieron ninguna explicación del porqué de su intervención frente a un grupo de personas de todas las edades que circulaban por la calle sin infringir las normas sanitarias de distanciamiento y reivindicando el derecho constitucional de una sanidad para todos; es decir, una sanidad pública.

Todos los extremos de estos hechos están documentados en Twitter con fotografías y vídeos, lo que les da un aval a su veracidad. Por tanto es imprescindible que el Delegado del Gobierno en Madrid explique el porqué de esta situación respondiendo una cuestión fundamental ¿Son ciertas las afirmaciones las fotos y los vídeos del conjunto de tweets? Si no lo son y dada la difusión que están teniendo sería imprescindible una aclaración inmediata. Pero si en conjunto los hechos que ahí ese narran no pueden rebatirse para demostrar la falsedad de la información, sería necesario dar respuesta a la siguiente serie de interrogantes:

  1. ¿Cómo valora el Delegado del Gobierno la necesidad de la intervención de la Policía Nacional cuando no se ha producido ningún incidente violento o se han vulnerado las medidas sanitarias?
  2. ¿Qué sentido tiene el corte de la vía pública por los agentes policiales cuando ésta estaba expedita dada la amplitud de las aceras en las calles afectadas?
  3. ¿Por qué se procede a detener en la calle e identificar a la ciudadanía que demanda sanidad pública, y cuando grupos fascistas incumplen todas las normas de seguridad sanitaria se actúa con tanta benevolencia? La policía nunca procedió a detener a los manifestantes en descapotables de lujo por la calle Núñez de Balboa.
  4. El Delegado del Gobierno es además el Secretario General del PSOE madrileño, por ello sería necesario saber si ha evaluado la proyección electoral que podrían tener intervenciones de este tipo en el próximas elecciones municipales y autonómicas para su partido.
  5. ¿Con qué cara va a poder defender la militancia socialista las propuestas programáticas llevando encima la losa de este incidente?
  6. ¿Ha considerado el Delegado del Gobierno la incompatibilidad política existente entre el ejercicio de ese puesto de libre designación con el de Secretario General del PSOE de Madrid? La militancia socialista asiste habitualmente a estas movilizaciones y una parte significativa de ella vota al PSOE, a esas personas se le hace insoportable que el Secretario General, quién debía estar al frente de dicha movilización, envíe a la Policía Nacional, bajo su mando como Delegado del Gobierno, a detenerlas para identificarlas.

Una carta de presentación como ésta lo único que hace es el espantar el voto de la izquierda sin atraer voto de ningún sitio. Evidentemente, solo tendría sentido electoral si atrajera voto de la derecha, pero ese votante lo tiene muy claro y por muchos actos de la ultraderecha a los que asista, como la misa en la basílica de la Almudena, sólo consigue avergonzar a gran parte de la militancia socialista madrileña, tanto dentro como fuera del PSOE. No tiene ningún sentido congraciarse con los opresores. Pablo Iglesias Posse decía: “…Nuestra acción nos creará enemigos. No nos importa. Merecer el odio de los que envenenan al pueblo, de los que roban, de los que le toman como cosa explotable será para nosotros una honra.” ¡Qué lejos estamos de esa filosofía en Madrid!

Eduardo Sabina Blasco

Militante Socialista de Agrupación del PSOE de Madrid en Vicálvaro

Siempre nos quedará Madrid…

Es complicado poner en una balanza dos actuaciones sobre el mismo tema, para poder valorar qué “pesa” más…  Es difícil, porque es evidente el peso de las medidas tomadas por el Gobierno actual para amortiguar el efecto de la crisis, para no dejar a nadie atrás, frente al ejemplo de lo que hicieron los gobiernos anteriores frente a la crisis de 2008.

Parece una declaración de parte, y lo es pues no somos neutrales, pero no es este solo el propósito de estas líneas. No obstante, pretender comparar medidas laborales que han incidido en evitar despidos masivos, situaciones de colapso empresarial, protección del desempleo, y recién salida del BOE, el Ingreso Mínimo Vital, una de las medidas de justicia social más dignas y avanzadas en nuestra historia reciente, es un objetivo imposible. ¿Qué ponemos en el otro lado de la balanza?

La actuación de la Comunidad de Madrid es, de manera evidente, inapreciable por incomparecencia: NADA. O MUCHO, según se mire a quienes beneficia: Madrid es un cuasi paraíso fiscal dentro de España, es la comunidad en la que menos impuestos se pagan, de ámbito autonómico; han sido abundantes las medidas de trasvase de medios económicos de la educación pública a la privada; es la comunidad en la que más lejos se ha ido en la privatización de la sanidad; y es la comunidad en la que más se ha colaborado con fondos buitre para liquidar vivienda social. Por poner unos ejemplos.

No sólo juzgamos los hechos incontestables y demostrados desde hace tiempo sobre el desmantelamiento del sector público en nuestra comunidad, la rapiña de lo público con innumerables casos de corrupción, la irrupción de fondos buitres en la gestión de hospitales, residencias, Samur, la ausencia de políticas sanitarias, educativas, o de prevención de la salud y seguridad en el trabajo, si no lo más grave, las consecuencias de esta crisis sanitaria sobrevenida: las muertes, los enfermos mal atendidos… ¿Cómo puede estar pasando esto hoy en día ?

 

 

 

 

 

 

 

 

Y continúa, «El Gobierno de España está haciendo más daño que nadie a la economía y a las familias que no ingresar un euro«, todo ello cuando en Madrid siguen muriendo personas (8.863 fallecidos y 71.595 positivos a fecha 31/5/2020. Fuente “El País”.)

Como colofón, podemos asegurar que su modelo económico «es el de Telepizza y el del Room Mate; véase apartahotel en el que ha estado alojada durante las semanas más duras de la pandemia en Madrid, hasta hace unos días; ahora dice que ha dejado el apartahotel de lujo, una vez que ha amainado la tormenta sobre su vergonzosa acción de refugiarse en una suite de lujo, mientras en los barrios obreros las colas ante las sedes de las asociaciones vecinales, para recoger comida, no han hecho más que crecer.

En fin, la Presidenta de un Gobierno en minoría, dislocado y enfrentado permanentemente que no ha podido aprobar ni una sola ley.

¿Qué pensamos desde Tribuna Socialista de Madrid? 

Opinamos modestamente, como personas comprometidas social y políticamente, que asistimos a una crisis sanitaria-económica sin precedentes históricos cercanos, de consecuencias aún desconocidas, en la que un gobierno de izquierdas, y de coalición, ha asumido una respuesta llena de humanidad, de justicia social, que está paliando las consecuencias de la misma y quiere cambiar el signo de la economía, para  reconstruir la sociedad mediante una decidida política de equidad social y respeto al medio ambiente, es decir, recuperar en profundidad el Estado de Bienestar.

¿Y en qué afecta esta opinión a la situación actual de nuestra comunidad autónoma?

En que es inaudito que siendo común esta opinión, compartida por muchas personas de todo el ámbito de la izquierda, con diferentes matices y distintos enfoques, no seamos capaces de obtener un gobierno del mismo carácter para Madrid.

Analizar la actuación del gobierno de nuestro país, compararlo con el ridículo político que significa la Presidenta Ayuso, el Partido Popular, su mal avenidos socios de Ciudadanos y el chantajista préstamo de votos de VOX, nos lleva tanto al orgullo de lo hecho como a la frustración de lo que tenemos en Madrid desde hace más de veinte años.

Desde el Comité de Redacción de Tribuna Socialista en Madrid, como desde tantas organizaciones y partidos políticos, pedimos y animamos a que se inicien trabajos entre las organizaciones de izquierdas, de manera inmediata, para preparar un futuro gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid.

Creemos importante recalcar que no se trata de “unidad impuesta”, ni de uniformidad, al contrario, se trata de consensuar ideas, políticas, y alcanzar acuerdos que integren las diferentes formas de entender la política desde la izquierda.

Es una oportunidad poder observar, aprender de los aciertos y de los errores, para dotarnos de un gobierno genuino, innovador y de coalición, para afrontar futuro incierto ante el que nos encontramos. Tiene que servir el ejemplo, poco valorado, de haber afrontado en muy poco tiempo, una crisis de estas dimensiones con respuestas dignas que anteponen las personas al beneficio de unos pocos.

 

Tribuna Socialista Madrid

Necesitamos conciliación, pero de verdad

El COVID-19 ha puesto al descubierto muchas de las debilidades y fortalezas de nuestra sociedad. En las fortalezas destaca la gran labor de los trabajadores y trabajadoras; a la cabeza, el personal que presta servicio en hospitales y centros de salud: médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, limpiadoras… así como la de quienes trabajan en los demás servicios esenciales: agricultura, transporte, supermercados y otros sectores entre los que nos encontramos los trabajadores y trabajadoras de las entidades financieras, las compañías de seguros, de prevención de riesgos, de contact center, la consultoría informática, la ingeniería…

Los trabajadores y trabajadoras de estos sectores han llevado a cabo su labor con gran escasez de medios de protección; en los primeros días del estado de alarma prácticamente sin protección. Aún hoy no se puede hablar de que, en los centros de trabajo, haya una dotación suficiente de medios para la protección y prevención frente al coronavirus. La protección de los compañeros y compañeras ha sido el caballo de batalla de los sindicalistas: otro colectivo esencial. Además de velar porque la avalancha de ERTEs se ajusta a la legalidad y negociar las mejores condiciones para los trabajadores, hemos estado exigiendo que dichos elementos de prevención se facilitasen con agilidad y en cantidad suficiente.

La capacidad de disciplina y adaptación de la gran mayoría de la sociedad para acatar el confinamiento y el distanciamiento de nuestras familias y amigos; única herramienta en la actualidad para frenar al virus, es otra gran fortaleza, tanto que podría calificarse de ejemplar.

En el lado de las debilidades, hemos descubierto que no estamos preparados para el ataque de un nuevo virus, como no estuvimos preparados para los estallidos de burbujas financieras e inmobiliarias.

La Sanidad está absolutamente volcada en paliar los efectos del coronavirus y aun así no se han podido evitar las 27.650 muertes que el COVID-19 se ha cobrado: datos a 16 de mayo. La Sanidad está colapsada, en unas semanas veremos a qué fecha se trasladan las citas médicas, las intervenciones quirúrgicas no urgentes, etc., que han quedado en suspenso y eso contando que no se produzca una nueva ola de contagios que según los expertos la habrá.

En el plano financiero, se ha agrandado la dependencia que sufre el ICO, respecto de las entidades financieras privadas. Hay dificultades para hacer llegar de forma rápida y eficaz las líneas de crédito que lanza; poniéndose en evidencia, una vez más, la necesidad de un polo de banca pública, algo que venimos defendiendo en UGT desde hace años. Es gracias al intenso trabajo llevado a cabo por los trabajadores y trabajadoras de las entidades financieras que el objetivo del Gobierno se está realizando, es por ello que autónomos y microempresas están pudiendo acceder a la financiación

El sistema educativo está paralizado, lógicamente. Pero en tiempos de desescalada se genera un problema que impide conciliar la vida personal y la laboral. En España hay más de 3 millones de niños entre 6 y 14 años. La solución que se ofrece a los trabajadores y trabajadoras es que: tomen vacaciones, pidan una excedencia, reduzcan su jornada…Todas son medidas que van contra “la cuenta de resultados del trabajador”.

Si en la fase 1 de desescalada se pueden reunir grupos de 10 personas, guardando la distancia mínima de 2 metros, parece razonable que en la fase 2 o en la 3, grupos de 15 niños y niñas pudieran volver a las aulas, guardando la distancia mínima de 2 metros y con las restricciones que establecieran las autoridades sanitarias. Pero el problema de llevar a cabo un retorno a las aulas no está en las medidas sanitarias, está en la escasez de profesorado para desdoblar los grupos de alumnos y en la escasez de espacio para acoger dicho desdoble. Es decir que esa ratio que el informe PISA nos señalaba como deseable de 15 alumnos/as por aula, ahora no es solo un indicador de calidad de la enseñanza sino un requisito para que pueda haber enseñanza con las medidas de protección necesarias.

La reconstrucción de nuestro país no se puede abordar a golpe de bonificaciones y exenciones a las empresas, ni flexibilizando las condiciones de trabajo ni abaratando el despido, ni… como ocurrió en la crisis financiera de 2008. Hay que invertir en los sistemas públicos: en el sanitario, en el educativo, en el de la dependencia –tener en palmitas a nuestros mayores no es solo ponerles bancos para que se sienten en los parques, como propone simplistamente la Presidenta de la Comunidad de Madrid-.

La conciliación no puede ser un concepto decorativo, ni un deseo o una buena voluntad expresada en un texto. Necesitamos poder conciliar la vida laboral y la personal, pero de verdad. Y eso solo será posible con una legislación que la garantice –la que hay es insuficiente-, con unos convenios colectivos sectoriales que la ajusten a las condiciones propias de cada sector –lleva mucho tiempo siendo urgente la derogación de la reforma laboral, en particular la hegemonía del convenio de empresa sobre el de sector-. La inversión social, que dé soporte a los trabajadores y trabajadoras en su condición de padres y madres ayudará a reconstruir económicamente nuestro país.

Alertamos desde el Sector Financiero, Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT que todo no se resuelve con el teletrabajo, pues parece ser que los empresarios han descubierto ahí un nuevo filón de productividad: trasladan costes de suministros e instalaciones a sus trabajadores y estos, a nombre de que están en su casa, se olvidan de la jornada y el horario que tienen establecido en su contrato individual y en el colectivo (el convenio).

Es evidente que el binomio pandemia-digitalización, va a dar como resultado un incremento notable del teletrabajo, pero eso habrá que regularlo legal y convencionalmente; no vale todo. Hay que pensar en los costes económicos para los trabajadores y también en los riesgos sicosociales del teletrabajo, en el distanciamiento del centro de trabajo y el entorno laboral.

La digitalización y el teletrabajo no pueden traducirse solo en beneficio empresarial, tiene que redundar en mejora de la calidad de vida y de la salud de toda la sociedad, de los trabajadores también.

Roberto Tornamira Sánchez

Secretario Federal del Sector Financiero,

De FeSMC-UGT