Tribuna Socialista

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Militantes comprometidos con la defensa de los derechos laborales y en la mejora de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores y trabajadoras, socialistas, afiliados y afiliadas del PSOE, tomamos partido por el proyecto «Por una nueva Socialdemocracia» que encabeza Pedro Sánchez.

Lo hacemos por convicción en un proyecto que reclama soluciones desde la política a los problemas que sufre la mayoría de la sociedad: los asalariados, los desempleados, los pensionistas, los autónomos y sus hijos e hijas.

Como acertadamente se expresa en el documento «Por una nueva Socialdemocracia», son muchos los retos que el Partido Socialista Obrero Español debe afrontar: la lucha contra la precariedad laboral, el paro, la desigualdad, la pobreza, el impacto de la evolución tecnológica en la organización del trabajo y en el empleo. Avances tecnológicos que deberían orientarse a la mejora de las condiciones de vida y no sólo a maximizar el beneficio empresarial.

Coincidimos en señalar como un peligro para la democracia y la convivencia pacífica, el avance de la derecha extrema y xenófoba, que está aprovechando estos años de larga crisis económica para sembrar el miedo, reacciones nacionalistas, proteccionistas y autoritarias.

De igual modo, estos años de crisis han sido aprovechados por el capital, para avanzar en la explotación de los trabajadores, consiguiendo desequilibrar las relaciones laborales con reformas como la impuesta por el Partido Popular en 2012, reforma que es prioritario derogar, para restablecer el equilibrio en las relaciones laborales: restableciendo la preponderancia del convenio colectivo sectorial sobre el de empresa; siendo uno de los efectos más perniciosos el fomento de las “empresas multiservicios”, pensadas para burlar la negociación colectiva,  restituyendo el principio de ultractividad, y echando atrás las facilidades que da a las empresas en el despido, tanto individual como colectivo, que estas reformas introdujeron, entre otros muchos conceptos.

Es a partir de la entrada en vigor de estas reformas laborales cuando se ha precarizado el empleo y se han devaluado los salarios. Ésta es una de las mayores causas por las que acertadamente Pedro Sánchez señala con preocupación que nuestra juventud está siendo marginada. Necesitamos un pacto intergeneracional por el Medio Ambiente, las Pensiones, la Educación, la Formación Continua, para recuperar el horizonte del pleno empleo, combatiendo el alto índice de paro actual, para lo que no hay mejor receta que la reducción de la jornada, sin detrimento de la remuneración. Es especialmente preocupante el paro juvenil que se mantiene por encima del 40 por ciento para los menores de 25 años. Esta «hipoteca social» que ha instaurado el gobierno del Partido Popular es inaceptable; desempleo cronificado, cifras de paro que no bajarán del 17 por ciento en los próximos años, temporalidad estructural, que nos sitúa como «subcampeones» de Europa con un 26 por ciento del empleo existente. Insostenible para una sociedad que aún sigue inmersa en la crisis.

La precariedad laboral, los altos índices de paro, junto a la política de regalos fiscales y bonificaciones en las cotizaciones empresariales, están quebrando nuestro sistema público de pensiones. Por tanto es prioritario garantizar la suficiencia de los ingresos para lo que se debería derogar las reformas que a partir del año 2013 realizó el Partido Popular.

Las políticas económicas puestas en marcha, supuestamente, para hacer frente a la crisis, han ido dirigidas siempre contra los derechos de la clase trabajadora. Medidas que han ido acompañadas de otras leyes que cercenan la libertad de expresión y movilización. Es un ejemplo claro el uso perverso que desde la fiscalía se está dando, desde 2010, al artículo 315.3 del Código Penal, con el único objeto de criminalizar el derecho constitucional a ejercer la huelga. Y que tiene encausados a más de 300 trabajadores y trabajadoras; por ello es necesaria y urgente su derogación.

Pero los ataques a los derechos de la mayoría social no se han limitado al marco de lo laboral, también se han cebado con la protección social, particularmente desde la reforma constitucional exprés, que a través del artículo 135.3 subordina el gasto al pago de la deuda y sus intereses. Es este el origen de la caída de las partidas presupuestarias para la sanidad y la educación públicas, además de la abrupta reducción presupuestaria en otras partidas, como está ocurriendo en I+D + i, servicios sociales y atención a la Dependencia. Es preciso corregir esta filosofía austericida que impone dicha reforma constitucional, derogando este artículo, y fijando el objetivo más sobre el incremento de los ingresos que sobre la reducción de los gastos. Cambios en política económica que debieran ir acompañados de una suficiente y justa reforma fiscal, para una mejor redistribución de la riqueza y acabar con los altos índices de fraude fiscal.

El Estado necesita herramientas para que con la legislación adecuada, un Gobierno de izquierdas, de progreso, pueda llevar a la práctica la atención a estas necesidades. Por ejemplo, necesita un polo de banca pública que dé virtualidad al Instituto de Crédito Oficial (ICO). Una banca pública que haga frente a la exclusión financiera, económica y geográfica, que sufren millones de ciudadanos.

En definitiva, se propone un nuevo modelo económico, social y medioambiental sostenible, basado en la justicia social, la igualdad y la solidaridad.

Defendemos un modelo de Partido basado en los principios y valores del socialismo y de la izquierda, autónomo y participativo. Son estos motivos, entre otros muchos, los que a los abajo firmantes (a título individual) nos ha llevado a recoger avales y a pedir el voto para la candidatura de Pedro Sánchez como Secretario General del Partido Socialista Obrero Español.

Sindicalistas con Pedro Sánchez

(500 firmas a 1 de mayo de 2017)

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El 25 de noviembre pasado tuvo lugar una reunión en el Ateneo de Madrid, en la que se reunieron una treintena de socialistas, para reflexionar sobre los acontecimientos que se vienen sucediendo en el PSOE, y en el conjunto de la izquierda, a lo largo de 2016 y en particular desde el Comité Federal del 1 de octubre.

De aquella interesante reunión, en la que se manifestaron diversas posiciones políticas, indudablemente de izquierdas, se ha venido manteniendo una relación de coordinación, de la cual ha nacido la iniciativa de llamar a la Unidad a los dos candidatos que a fecha de hoy han manifestado su decisión de presentarse a las Primarias.

El texto lo firman una serie de asistentes a aquella reunión de noviembre y está abierto a que se sumen todos aquellos compañeros y compañeras que compartan su contenido.

Cualquier socialista interesado en adherirse a esta carta nos   lo puede comunicar enviando un correo electrónico a tribunasocialista1@gmail.com

CARTA

La convulsa situación en el seno de nuestro partido, el PSOE, está llevando a un proceso complejo de cara a las candidaturas a las futuras primarias, a celebrar probablemente en mayo de este año.

De momento, dos candidatos han mostrado su deseo de competir en ellas, Pedro Sánchez y Patxi López y nos encontramos a la espera de que Susana Díaz termine de deshojar su particular margarita.

Siempre se suele comentar que lo que se deben contrastar no son personas sino proyectos. Resulta evidente que en el seno del PSOE actual existen dos que van a confrontarse en esas primarias y en el posterior Congreso.

Quienes legítimamente mostraron su empeño en el “No es No”, para evitar que Rajoy continuase en la Moncloa y quienes por el contrario se decantaron por la abstención que le permitiera continuar. Ganaron los segundos con lamentables actitudes que ya han sido analizadas, pero que conviene dejar atrás porque ahora lo que toca es avanzar.

En aquella batalla Pedro Sánchez y Patxi López caminaron codo con codo justo hasta el instante decisivo en el que el segundo dio un paso atrás cambiando su no firme por la abstención. Hizo el análisis de su cambio que debemos respetar, pero sin olvidar que hasta entonces ambos estaban defendiendo las mismas tesis.

Ahora Pedro Sánchez ha presentado un programa con el que se identifican buena parte de la militancia socialista y marca nuevos tiempos para el socialismo y la izquierda de nuestro país y la pregunta que nos surge es: ¿por qué dispersar fuerza si en esencia no se han manifestado diferencias sustanciales entre ambos proyectos? Muchos y muchas hablan de Unidad. Ciertamente la izquierda debe buena parte de sus vicisitudes actuales a la falta de unidad. ¿Tiene sentido no buscarla ante la situación que vivimos en el seno de nuestro Partido?

La respuesta resulta evidente; no. En esta difícil confrontación quienes tienen propuestas comunes deben hacer un ejercicio de responsabilidad para unir fuerzas.

Es por eso que desde este grupo que surgió de una reunión celebrada en el Ateneo de Madrid, que pretendía impulsar la necesidad de refundar el PSOE y recuperarlo para el socialismo y la izquierda, hacemos un llamamiento a Patxi López para que sume su proyecto y el respeto y reconocimiento que le tiene la militancia junto al mayoritario impulso que Pedro Sánchez está dando en esta dirección.

Les emplazamos a que se junten y unan sus fuerzas con un objetivo común, lograr ganar las primarias para conseguir un PSOE de izquierdas, coherente, creíble y autónomo. Un PSOE que sea capaz de recuperar la ilusión y la confianza de una amplia base social para ganarle la batalla a la derecha.

Le pedimos a Patxi López y sus seguidores que busquen la Unidad con Pedro Sánchez y los suyos porque eso garantizará una victoria segura.

Unidad que en estos instantes se concreta en un compromiso firme y claro por dar una respuesta positiva a la demanda de la derogación de la Reforma Laboral, anular el artículo 315.3 del Código Penal, reformar el artículo 135 de la Constitución y derogar todas aquellas medidas que han supuesto un retroceso en los derechos y libertades democráticas, no aprobar los presupuestos propuestos por el PP, el techo de gasto autonómico, ni llegar a ningún pacto que legitime el gobierno del PP. Todas estas demandas estaban incluidas en el espíritu del “No es NO”.

Primeros firmantes:

José A Iniesta, Toni Ferrer, Justo Villañe, Pedro Aller, Merche Huete, Roberto Tornamira, Antonio Herranz, Baltasar Santos, José Luis Uriz, Alfonso Abengozar, Jose Maria Buzarra, Vicente de Bustos, Mario Agustí, Agustin Valdivia Calvo, Eduardo Hernández, Francisco García Jiménez, Maria Luisa Peña Cobo, José Alfredo mesa Navarro, Manolo Bonmati…

El domingo 26 de febrero aparecía una encuesta en “El Periódico de Cataluña”, que refleja las preferencias de los votantes socialistas y también del total de la población para liderar el PSOE. Las dos variantes dan como ganador a Pedro Sánchez, incluso en Andalucía, según las encuestas, el preferido por los militantes es Pedro Sánchez.

Hay quien dice que las encuestas las carga el diablo. Sin embargo, lo que es innegable es la afluencia de militantes a los actos que Pedro Sánchez está realizando por todo el estado. Desde Xirivella a Dos Hermanas, pasando por Castellón, Pamplona, Madrid o La Rioja, en todos los sitios, cientos de militantes le muestran su apoyo con esperanza de que se recupere el PSOE para el socialismo, que se escuche a la militancia, y que se rompa con las políticas subsidiarias al PP. Dentro y fuera del Partido, las bases de afiliados y simpatizantes, ven en los planteamientos de Pedro Sánchez la recuperación de la unidad de la izquierda para liderar un proyecto de progreso para la mayoría social.

El papel de la militancia, agrupándose en plataformas, está siendo fundamental al abrir la posibilidad de que puedan expresarse aquellos militantes que no pueden hacerlo en sus respectivas agrupaciones, bien porque no se les convoca, bien porque se les convoca para que sean meros aplaudidores del mensaje oficial, o bien porque simplemente están cerradas.

Las plataformas de militantes están siendo elementos cruciales y activos en esta campaña, ayudando a construir y difundir las propuestas socialistas, neutralizando los intentos de acallar la voz de la militancia de los medios de comunicación de masas, en sintonía con la Gestora. Ni a la Gestora ni a los medios les gusta que se hable de plurinacionalidad, de banca pública, de independencia respecto a los dictámenes de los poderes financieros y de los lobbies, pero la marea de militantes agrupados en plataformas está sirviendo para recuperar el Partido.

Las primarias que vamos a vivir serán determinantes para el futuro inmediato, porque más allá de los afectos o simpatías que cada candidato pueda reunir en torno a su figura, está en juego si queremos un PSOE subsidiario del PP y las instituciones, o un PSOE que haga políticas socialistas, que aporten soluciones a los problemas de la mayoría social; que combatan la pobreza que afecta a un tercio de la población, derogando las reformas laborales de 2010 y 2012; que hagan frente a la lacra de la insoportable e intolerable violencia machista; que defiendan el Sistema Público de Pensiones, frente a la propaganda que llega por tierra, mar y aire en pro de las pensiones privadas, por citar únicamente tres ejemplos.

En la fecha de cierre de la edición de este número aún no se sabe a ciencia cierta el método que se utilizará para que los militantes del PSC puedan participar de este proceso de primarias. Parece ser que hay acuerdo entre la Gestora y la comisión negociadora del PSC, en cuanto a la necesidad de que los militantes del PSC tengan que hacer una inscripción especial para votar en las primarias, lo que en la práctica significa un intento de influir en el resultado. A nadie se le escapa que federaciones como Andalucía y Catalunya son las que más militantes tienen. Las tareas de la Gestora, máxime en relación con la convocatoria de las primarias y del Congreso, debería ser democrática, limpia y además parecerlo.
Hay que reseñar que el hecho de que los militantes socialistas de Catalunya tengan que preinscribirse para poder participar en las primarias, es un hecho inédito en el socialismo español, que viene precedido por el apoyo masivo de los militantes del PSC al No es No, y que, sin duda, supondrá un obstáculo para que todos los militantes puedan participar.

La supuesta neutralidad del PSC, para no ser excluidos del proceso de primarias, no puede servir para imponer portavoces y organizadores de las plataformas nombrados desde la Dirección del partido, al margen de los propios militantes. El método de elección de los portavoces, impulsores y organizadores de la campaña de todos los candidatos debería ser claro y transparente; para ello, la mejor garantía es que sean los propios militantes quienes los elijan y los reconozcan como tales, porque mientras en Catalunya se pide “juego limpio” y “neutralidad”, un territorio en principio afín a Pedro Sánchez, en otros territorios, donde otros candidatos tienen más adeptos, las embestidas institucionales y las descalificaciones a Pedro Sánchez son terribles, y el control del aparato sobre el proceso de primarias carece de cualquier atisbo de neutralidad y juego limpio.

Estas primarias deben servir para que los candidatos fijen sus proyectos, para que los militantes participen de los mismos, para hacer del PSOE un instrumento útil a la mayoría de la sociedad. Para que sea el principio de una nueva etapa en la que el socialismo sea la alternativa a las políticas del PP.

Comité de Redacción

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El debate entre si lo público o lo privado es más o menos eficaz, incluso eficiente, es un viejo debate en el que la concepción ideológica marca la diferencia. Para un defensor de la iniciativa privada siempre será mejor externalizar servicios y descargar a la Administración, mientras que para alguien convencido de la necesidad de lo público siempre será mejor que la Administración preste el servicio de forma directa.

Probablemente, desde un planteamiento técnico existan ventajas y desventajas en ambos planteamientos, pros y contras. Por tanto, comienzo por decir que dependerá de qué servicios o sectores de la actividad y de qué objetivos y qué eficacia se busque: social o económica, incluso un equilibrio entre ambas.

El planteamiento sirve tanto para la Administración Central, la autonómica o la municipal, pues hay sectores de la actividad que comenzaron a externalizarse en la década de los 80 del pasado siglo que se producen en todos los ámbitos; un ejemplo claro es la limpieza de las dependencias públicas: de igual modo hay que limpiar un colegio, una universidad, los locales de una junta municipal o la sede del Ministerio de Defensa.

Desde un punto de vista económico, “a priori”, no parece que externalizar un servicio sea rentable, pues la empresa encargada de prestar el servicio, como todas las empresas que desarrollan una actividad económica, buscan obtener un beneficio. Por tanto, ese margen de beneficio vendría a sumarse al coste de la prestación del servicio. Esto que parece tan obvio es el factor que ha desencadenado la situación que vive la limpieza de las calles del municipio de Madrid, o la de los hospitales de la Comunidad, aunque en dependencias cerradas los efectos sean menos visibles.

El factor económico en un escenario de crisis como el que sufrimos desde al menos 2008, llevó a los gobiernos, particularmente del Partido Popular, a someter los pliegos de condiciones con las empresas a una auténtica “subasta al peor postor”, es decir se viene otorgando el contrato a la empresa que por menor importe puja. De tal manera que nos hemos encontrado con cuantías para prestar el servicio (la cantidad que el empresario pide, y recibe de la Administración por prestar el servicio) inferiores a la masa salarial incluyendo las obligaciones con la Seguridad Social y la Hacienda Pública; una auténtica temeridad.

Esta situación llegó a su punto más aberrante en el Ayuntamiento de Madrid en el periodo de la Alcaldesa Ana Botella (2011-2015), cuando la diferencia entre lo pagado por el Ayuntamiento y lo ofertado por la empresa adjudicataria se ha zanjado con despidos colectivos (EREs) y/o despidos temporales (ERTEs).

En el ejemplo aludido, la reducción de costes por el servicio de limpieza estuvo en torno a un 20% para la arcas del Ayuntamiento, sin embargo el deterioro del servicio es evidente, además del tremendo coste económico para los trabajadores y trabajadoras. La eficacia social saltó por los aires, en aras de reducir costes por parte de la Administración y el mantener el beneficio por parte empresarial.

Está claro que los contribuyentes pagamos impuestos para recibir servicios dignos, prestados en condiciones dignas.

Tras las elecciones municipales de mayo de 2015 se ha abierto en muchos municipios el debate sobre Remunicipalización de servicios como la seguridad privada, la limpieza, los “Call Center”, etc.

 

Es evidente que a la vista de los resultados, teóricos y prácticos, en el ejemplo conocido de la limpieza de jardines y calles de Madrid Capital bien merecería la pena remunicipalizar dicho servicio, sacrificando el beneficio empresarial en lugar del empleo, los salarios de los trabajadores y trabajadoras y la calidad del servicio recibido por la ciudadanía.

Dejando claro que no está en discusión la capacidad de los ayuntamientos, dentro de su autonomía, a municipalizar, externalizar o remunicipalizar servicios, nos encontramos con otro factor que también hay que tener presente, como es el jurídico, más concretamente el jurídico laboral. Pues son muchas las incertidumbres laborales que se abren ante la remunicipalización de un servicio público: ¿cabe la subrogación de los trabajadores que prestan el servicio? ¿en qué condiciones pasarían los trabajadores y trabajadoras contratados por una empresa privada a depender de un organismo público?

A la primera cuestión, y atendiendo al Informe del profesor Juan Carlos García Quiñones, de la Universidad Complutense de Madrid, de noviembre de 2015, solicitado por la UGT, “Líneas de actuación jurídicas y sindicales en torno a la remunicipalización de servicios”, queda claro que sí cabe la subrogación en base a lo expuesto en el apartado v) de las conclusiones del mencionado informe, apoyado en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo:

“Una conclusión, en orden a la existencia de una transmisión de empresa, con la entrada en juego del régimen jurídico dispuesto en el artículo 44 del E.T. que entendemos debería defenderse desde el interés sindical, también, en el caso de implementarse un hipotético proceso de remunicipalización de servicios,…”

El problema es que la subrogación recogida en el Artº. 44 del Estatuto de los trabajadores se enfrenta a lo estipulado en el Estatuto Básico del Empleado Público, por el cual debe garantizarse la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de procesos selectivos transparentes, aspecto este último también abordado por el profesor García Quiñones en el informe antes aludido, en cuyo punto 5.1 En relación con el acceso al empleo público dice:

“…para el acceso al empleo público por cualquier modalidad contractual sometida al régimen laboral, deben respetarse los mismos principios que si se accede a la función pública, por alusión a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Con el deber, además, de garantizar la publicidad de las convocatorias y de sus bases,…”.

Desde mi punto de vista, debe primar, por encima de todo, la garantía del empleo y el respeto de las condiciones sociales y salariales de los trabajadores afectados por la remunicipalización. Pues se produciría un rotundo fracaso si con la pretensión de aplicar el concepto de gestión directa de los servicios públicos, y tras criticar los efectos nocivos para el empleo y los salarios por la vía de la gestión indirecta, la consecuencia fuese la pérdida del puesto de trabajo de los actuales trabajadores de esos servicios, aunque estos tendrían la oportunidad de concurrir a las plazas que la Administración convocase para cubrir las plazas de empleo público; sea como funcionario sea como personal laboral.

Por otra parte, los trabajadores de las empresas que prestan este tipo de servicios tienen unas condiciones salariales sujetas a convenios colectivos, los cuales gracias al trabajo sindical, a lo largo de los años, han ido acumulando avances y mejoras que tiene como resultado una mejor retribución que la existen en el ámbito municipal. Con lo que además del riesgo de la pérdida del puesto de trabajo, hay que calcular la pérdida de poder adquisitivo que podría devenirse de una hipotética remunicipalización.

Existe la experiencia, quizás la más equilibrada, de las empresas de carácter privado pero de propiedad 100% públicas; un ejemplo cercano lo tenemos en el municipio madrileño de Alcobendas, donde la empresa Seromal S.A (Sociedad Anónima municipal de construcciones y conservación de Alcobendas), presta servicio de reparación de calles y dependencias municipales, limpiezas de las dependencias públicas y jardines, sin que intermedie la iniciativa privada y sin que los trabajadores y trabajadoras sean plantilla directa del consistorio.

En todo caso, la remunicipalización es una cuestión compleja, difícil de aplicar si se pretende dar satisfacción a todas las partes.

Roberto Tornamira Sánchez

Militante Arganzuela PSM-PSOE