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En política y en democracia hay que jugar limpio

En los EE.UU., las elecciones las suele ganar el partido que más dinero recauda entre los donantes. El 26 de octubre, en Argentina, hemos visto que un elemento fundamental ha sido el apoyo de Trump con 20.000 millones de dólares al Gobierno de Milei, en las elecciones para elegir senadores y diputados nacionales.

En la política, particularmente en los procesos electorales, se debería aplicar un sistema “antidoping”, como en el deporte, de tal manera que los partidos y candidatos salgan todos desde la misma línea, económica.

No solo es la cantidad de dinero que los partidos y sus candidatos reciben -aunque al final todo se traduce en coste económico-, también influye el apoyo mediático y la acción de las redes sociales -redes sociales que son propiedad de los tegnomagnates de las Big Tech-.

Si el punto de partida de la democracia, que es la elección de los representantes del pueblo, y se quiere mantener que “la soberanía reside en el pueblo” (art.º 1.2 de la Constitución Española) habrá que garantizar que eso es cierto.

Continuando con la metáfora deportiva, en el desarrollo del campeonato no debería permitirse la trampa, y para eso están los árbitros -jueces de primera instancia- que interpretan los reglamentos. Bien es cierto que en el deporte también hay evidencias, aunque estén sub iudice y por tanto presuntas, de compra de árbitros.

Nuestro Gobierno de coalición y de la democracia.

En este “campeonato” los rivales de quienes ganaron la primera ronda –victoria para formar Gobierno en aplicación de las reglas del juego– vienen pidiendo que se anule la competición desde el minuto uno del partido. Además, con el fallo anticipado y su posterior sentencia de condena al Fiscal General del Estado, se pone en evidencia que, no ya los “árbitros” de campo, los altos tribunales toman posición de parte. Con todo esto, cómo cabe esperar que no haya una desmotivación hacia la política, o lo que es lo mismo; hacia la democracia. Lo que ocurre es que es una desmotivación artificial, creada ad hoc para obtener lo que las urnas no les dieron.

No obstante, en la competición de élite, y gobernar lo es, no vale escudarse en las trampas del contrario, como en fútbol, no sirve con jugar bien, hay que meter goles, y este Gobierno hay fases del juego en las que no tira a puerta y otras en las que no defiende bien.

Reprocho al Gobierno, y a Pedro Sánchez en particular, que se haya dejado meter goles por la escuadra, por una serie de personajes como: Leire Díez, José L. Ávalos, Santos Cerdán y que haya mantenido, incluso que se haya visto tentado de subir al podio a puercos como los que compañeras del PSOE venían denunciando desde hacía tiempo. ¿No tienen ninguna responsabilidad los miembros de la Comisión de Ética y Garantías, que han fallado a la hora de garantizar los derechos de las afiliados y afiliados y del cumplimiento del Código Ético?

Reprocho al Gobierno, a todos los partidos que lo componen por tratarse de un órgano colegiado, que no estén proponiendo soluciones ciertas y urgentes al drama social insoportable de la vivienda, con cambios legislativos contundentes que aparten a los fondos buitre y apliquen una fiscalidad que castigue a los especuladores, y combinado con un programa de construcción de vivienda social y pública que inunde la oferta, un plan a medio y largo plazo, que impida por ley que la vivienda social pueda ser vendida -si es social y construida y/o financiada con dinero público, nadie debería poder venderla-.

Reprocho al Gobierno, y a la Ministra de Sanidad en particular, que no hayan planteado la derogación de la Ley 15/97, foco de infección de la privatización y la corrupción que se está cebando con la Sanidad Pública.

Reprocho al Gobierno que medidas acertadísimas, como la subida de un 61% desde 2018 del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no haya sido acompañada de otros mecanismos que hubiesen evitado que el salario más frecuente en España cayese de 18.469 € de 2018 a los 16.576 € de hoy, una pérdida del 10,24%, paralelamente el IPC crecía un 18,29%, para el periodo 2018-2024; una pérdida de poder adquisitivo para muchos trabajadores del 28,53%. En esto también tienen responsabilidad los sindicatos, cuyo cometido es luchar por los derechos de los trabajadores.

Reprocho al Gobierno que no se haya cumplido con la Ley 21/2021, en su disposición adicional sexta, y que no se haya encargado una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, para tapar de una vez por todas la boca de los corifeos de la banca y las aseguradoras, sobre la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones.

Hago estos reproches al Gobierno, y otros reproches que no plasmo por no extenderme, porque es el derecho que me da la libertad de expresión y el convencimiento de que a los tuyos no se les ayuda con halagos y adulaciones, sino con crítica política.

Criticar, reprochar e incluso estar enfadado por las decisiones no tomadas por el Gobierno y por el líder del partido al que pertenezco, no me lleva a secundar los planteamientos de los que no juegan limpio.

Resulta grotesco que el primer partido de la oposición apueste por ganar las elecciones en Extremadura, a nombre de que “cuando la situación se estanca hay que darle la voz al pueblo”, pero cuando la situación se pudre, como es el caso de País Valencià, con 229 víctimas mortales, no le dan la voz al pueblo, lejos de eso, le dan el poder al fascismo.

Es estrafalario que los fascistas de VOX sean quienes alienten denuncias a través de sus marcas blancas, como Hazte Oir o Manos Limpias, cuando se está sabiendo que su organización juvenil se ha quedado con el dinero de las donaciones para los afectados por la DANA. Por no ser, no son ni originales, pues ya Rafael Blasco, ex consejero de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana en el Gobierno de Francisco Camps, fue condenado por malversación y prevaricación en el llamado «Caso Blasco», una trama que desvió millones de euros de ayudas a ONG para proyectos en el Tercer Mundo hacia fines personales y empresariales.

Lo que resulta alucinante es que millones de personas estén dispuestas a votar esta gente. Es verdad que los votantes de ideología conservadora pensarán lo mismo del voto de los votantes de izquierda, pero en algún momento habrá que parar, y el frenazo no puede tener como resultado la ruptura de la democracia, cuando ni siquiera se rompió con el franquismo.

Además, y por último, los números no me cuadran:

Por motivos económicos el 75% de la población no puede acceder a una póliza privada de salud, y por los mismos motivos sus hijos e hijas no puede acceder a la universidad privada. En la mayoría de los casos estas familias ven sufrir a sus hijos e hijas cuando pasan los años y se ven obligados a vivir en una habitación en piso compartido ¿Y muchos de ellos votan derecha?

No lo comprendo, mientras tanto, solo hay una salida: que el Gobierno gobierne para esa mayoría social, sin titubeos.

Roberto Tornamira Sánchez
Militante Socialista de la Agrupación de
Arganzuela del PSOE en Madrid

La ineludible regeneración democrática

La democracia es el sistema de organización social y política que distribuye el poder que emana de los ciudadanos, sujeta a los vaivenes que se producen en la sociedad, que requiere de una defensa continua de los principios que la inspiran. Más cuando son atacados, cual martillo pilón, por la derecha extrema y la ultra derecha favorecidas por un sistema comunicativo que propicia la circulación masiva de desinformación, con el objetivo espurio de deslegitimar las instituciones democráticas, cuando el Gobierno elegido democráticamente, por los ciudadanos, cae en manos del oponente político. Modelo comunicativo que articula en cada momento histórico la manera en que las personas comunican entre sí, y reciben información de los poderes públicos y de los encargados de gestionar el derecho a la información: los medios de comunicación.

Modelo que evoluciona conforme al avance técnico y tecnológico que ha producido la sustitución del sistema analógico, vertical, en el que la distribución de la información a la sociedad era potestad de unas pocas personas o grupos empresariales y el receptor un sujeto pasivo (uno para todos); por lahorizontalidad del sistema digital (entre todos) que trasforma al destinatario en un nodo de comunicación con capacidad para recibir información de múltiples fuentes, con las que crea su propio mensaje que difundea cualquier hora, desde y para cualquier lugar del planeta, a través de los canales que él mismo establece en la red planetaria que es internet, en la que nadie controla lo que se difunde y su veracidad.

Cambio tecnológico que ha supuesto un giro radical en la manera de comunicar cuyo aspecto positivo es expandir y compartir conocimiento de manera global, y el negativo de generar la circulación de información masiva donde el control de la veracidad de los mensajes que circulan se difumina, con el efecto de degradar el sentido del periodismo como garante del derecho a una información veraz, debido al uso interesado y mendaz de algunos medios digitales y redes sociales por los propagadores del populismo disruptivo difundiendo bulos, noticias falsas, tergiversaciones y mentiras, que ponen en duda la credibilidad de las instituciones democráticas, y la honorabilidad de determinadas personas públicas. O, peor aún, expandiendo el miedo al futuro para retrotraer las mentes al pasado de ordeno y mando: del atado y bien atado.

Panorama de descontrol desarrollado al amparo de una interpretación tergiversada de los derechos a la información y de libertad de expresión, que da por bueno que ambos carecen de límites, en la idea de que cualquier límite que se quiera establecer supone imponer la censura. Planteamiento maniqueo porque el derecho a la información viene referido a garantizar el acceso y la veracidad de los contenidos que se difunden; mientras que la libertad de expresión no es el libertinaje de acusar sin pruebas de delitos o faltas administrativas a personas, instituciones públicas o empresas privadas. Descontrol que degrada la democracia y al que la UE ha puesto coto, que no censura, con el recientemente aprobado —con el apoyo del grupo popular europeo donde se encuadra el PP—,Reglamento de Libertad de los Medios de Comunicación que recoge una serie de medidas que deben ser adoptadas por los países de la unión. Medidas que fueron expuestas por el Presidente del Gobierno en el Congreso, como parte del anunciado Proyecto de Regeneración Democrática. Propuesta abierta que no establece ninguna censura a los medios, que acaba de comenzar su andadura con un proceso de negociación con los grupos parlamentarios –menos Vox— encabezado por el ministro de la presidencia, Félix Bolaños, y el de cultura, Ernest Urtasum.

Medidas centradas en los medios de comunicación de las que el Presidente dejó fuera, no sabemos si deliberadamente o para abrir la negociación a las propuestas de los grupos políticos, la reforma del CGPJ y de la potestad de los jueces que acabe con la politización de la justicia (lawfare o guerra legal);de la ley de secretos oficiales vigente desde el franquismo; y la ley mordaza que limita la libertad de expresión y protesta de los ciudadanos. Reformas imprescindibles para una verdadera regeneración democrática. Veremos si el Gobierno está dispuesto a abordarlas.

De momento, la negociación propuesta por el Ejecutivo se centra en una traslación del Reglamento aprobado en el Parlamento Europeo, relativas a la transparencia para obligar a los medios a publicar con detalle quiénes son sus propietarios, sus accionistas, sus fuentes de financiación y sus cifras de audiencia. Todo con el objetivo de evitar fraudes como aumentar el número de visitas al medio digital mediante el uso de bots (algoritmos que aumentan electrónicamente el número de visitas) para captar más inversión publicitaria pública que lectores; o evitar que los partidos políticos compren líneas editoriales con el dinero de los contribuyentes, mediante la reforma de la ley de publicidad institucional para que todos los gobiernos, el nacional, y los autonómicos y locales, publiquen con detalle cómo y cuánto dinero público gastan en publicidad institucional en los medios digitales y convencionales.

Propuestas para garantizar la independencia y pluralismo mediático, que sancionen las presiones políticas y empresariales sobre los periodistas, como las amenazas lanzadas contra el Diario.es por el asesor de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar, por informar sobre las negociaciones del novio de la Presidenta con Hacienda, para evitar la condena por fraude fiscal. Y para reforzar la defensa de los derechos al honor y a la rectificación de los ciudadanos, si se vierten calumnias contra ellos. Y, si atendemos a lo dicho por su socio de Gobierno, Sumar, para reformar la ley mordaza eliminando los delitos de opinión contra la Corona y los sentimientos religiosos; además de cambios en la ley electoral para hacer obligatorios los debates políticos, y en la ley de administración pública y gobierno abierto para aumentar y mejorar la calidad de la información que el Ejecutivo suministra a los ciudadanos.

Reformas que no solo se deben negociar con los partidos políticos, sino con otros agentes sociales implicados como la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), que agrupa a la parte sustancial de profesionales en ejercicio, que debe jugar un papel fundamental en el control del cumplimiento de las medidas que se aprueben, como le sugirió su Junta Directiva al Presidente del Gobierno, en una reunión reciente mantenida en Moncloa. Encuentro en el que le presentaron varias propuestas como crear una Comisión de Monitorización y Seguimiento para denunciar la vulneración de los principios deontológicos de profesionales y medios, en línea con lo que viene haciendo la Comisión Deontológica de la FAPE con sumo acierto. Comisión de Monitorización, en la que propusieron que se incluya a los propietarios de los medios —como sucede en Bélgica—, si quieren tener financiación pública. 

En paralelo, treinta y cinco organizaciones de la sociedad civil —entre ellas la Fundación Alternativas o Greenpeace— registraron en la Cámara diversas propuestas para la regeneración democrática durante el debate en el Congreso relativas, por ejemplo, a la regulación de los grupos de presión o lobbies para que su agenda y reuniones con cargos públicos se publiciten, o facilitar la consulta pública de las iniciativas legislativas que lleguen al Congreso.

Vicente Mateos Sainz de Medrano.
Periodista, profesor universitario y
Doctor en Teoría de la Comunicación de Masas

Video del debate en el parlamento sobre las medidas de regeneración democrática

Por la decencia democrática. No a la cultura del odio

El mundo de la cultura levanta la voz en favor de la legitimidad democrática en un acto en Madrid.

Los participantes en el encuentro han mostrado su apoyo a Pedro Sánchez y han alertado de que «la cultura del odio, el impudor y la mentira ponen en peligro la convivencia democrática»

El bloque democrático

El modelo “bipartidista”de la llamada Transición hizo implosión bajo los efectos derivados de la crisis económica de 2008: 15M, Marchas de la Dignidad, emergencia de Podemos… lawfare.

                Es decir, el régimen bipartito entró en crisis por las contradicciones inherentes al modo de producción capitalista, único modo de producción realmente existente en el primer cuarto del siglo XXI.

                El temible artefacto político-militar diseñado por la reforma de la dictadura, el llamado régimen del 78, nació de la simbiosis entre las élites político-militares del régimen franquista y los partidos previamente legalizados, que aspiraban a gobernar.

                Tras aceptar a la monarquía y su bandera bicolor, impuestas por la dictadura, fueron legalizados con anterioridad a las elecciones generales del 15 junio de 1977, constituyendo el armazón del sistema del 78.

                Estos partidos fueron ensamblados por una constitución redactada ad hoc bajo el dictado de los poderes de hecho, encabezados por el último jefe dela dictadura: un rey Borbón inviolable, impuesto por Franco.

                La simbiosis bipartita promovida en la Transición por los citados poderes ajenos a la soberanía del pueblo español y,sobre todo,ajenos ala soberanía de los pueblos de Catalunya, Euskadi y Galicia-ha entrado definitivamente en crisis. El espejismo de una “gran coalición” antidemocrática PP-PSOE, deseada por los poderes financieros, no es viable por vías democráticas. Solo podría ser impuesta mediante una dictadura de nuevo cuño.

                La actual mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno, pese a sus contradicciones internas, es la única salida a la grave crisis de legitimidad de una monarquía pretendidamente parlamentaria, impuesta por la reforma de la dictadura. El fracaso del bloque democrático implicaría una grave involución, de consecuencias imprevisibles.

                La derecha y ultraderecha franquistas, instrumentalizadas por los poderosos resortes reaccionarios que perviven en el Estado español -fundamentalmente en el seno de las fuerzas armadas, la judicatura y los principales medios de comunicación- son utilizadas bárbaramente como ariete contra el Gobierno, y, por tanto, contra la coalición de hecho que lo sustenta.

                El citado bloque reaccionario, incluye no solo a los partidos de la derecha franquista, que también, sino además a destacados miembros de la izquierda política.

                Envalentonados por supeligrosa influencia sobre la Judicatura,están imponiendo todo su fanatismo teocrático en los tribunales a fin de agudizar las contradicciones internas del bloque democrático,en particular mediante la llamada lawfare (guerra sucia desde tribunales prevaricadores),con el fin de destruirlo.

                La gran pregunta que se plantea, sobresu futuro inmediato, esla siguiente:

¿Tendrá éxitoel presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez,en su empeño -necesario y valiente- de dar un impulso definitivo a la Ley de Amnistía?

                Theanswerisblowin’ in thewind/ La respuesta está flotando en el viento.

                Desde el colectivo de militares demócratas le deseamos mucho éxito en esta decisiva etapa, pues es constitucionalmente imposible que el Rey se resista a promulgar la necesaria Ley de Amnistía de 2024, como consecuencia del procés democràtic català, toda vez que haya sido definitivamente aprobada por el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional.

                Por el contrario, la Ley de Amnistía de 1977 fue un bodrio envenenado,cocinado tras la tramoya parlamentaria, cuyo único fin fue el de satisfacer al bloque franquista. El nuevo régimen borbónico excluyó de la falsa Ley de Amnistía a los “terroristas y traidores a la patria” de la Unión Militar Democrática (UMD), que pagaron un alto precio personal, familiar y profesional por su actitud democrática.

Manuel Ruiz Robles
Fue militante de la disuelta UMD

Hablemos

Desde hace relativamente poco tiempo, asistimos a un comportamiento político que niega el principio democrático de respeto a la convivencia en paz, de falta de respeto a quien no piensa lo mismo que ellos, y de no aceptación a los resultados electorales, cuando no son favorables a su Partido.

Este proceder, caracterizado por el uso constante de verdades alternativas, convierte a los demás en enemigos que deben ser perseguidos con saña e incluso encarcelados. Puede parecer una barbaridad, que lo es, pero actualmente se utiliza este proceder por la derecha, de forma reiterada sin ninguna prudencia ni por supuesto justificación. Con distintos grados de intensidad: modo Brasil, al asalto; o a la manera Plaza de Colón, modo faltón, buscan generar un clima de “enfrentamiento civil”, cuando la realidad es que sólo una parte muy reducida de la sociedad se sitúa en esa clave, quedando en evidencia que esa actitud carece de fundamento alguno.

Digo desde hace poco tiempo, pensando noviembre de 2019 en Bolivia, cuando Evo Morales fue acosado hasta tener que pedir refugio político en Argentina, o en enero de 2021 cuando fue asaltado el Capitolio de los USA, o en diciembre de este pasado año 2022 en Perú, donde la maniobra de acoso de la derecha política ha conseguido el encarcelamiento de Pedro Castillo y ha sumido al país en un caos de represión y muerte. Pero recordamos menos otras épocas donde está manera de fomentar el odio derivó en gravísimas consecuencias, como fue la creación de un clima de inestabilidad política para justificar el golpe de Estado militar contra la Segunda República española.

La tergiversación del juego democrático, mediante actitudes y declaraciones que generan un falso clima de enfrentamiento social, hacen desviar la mirada de la actividad normal de cualquier parlamento con su acción deliberativa y legislativa, coloca al ciudadano en una situación donde lo que parece importar de verdad es la diferencia con el otro, diferencia que si no existe se inventa, donde se convierten argumentos en piedras y se sobredimensionan los problemas, negando además su resolución pacífica mediante la discusión y la conciliación. Todo esto sería imposible sin la colaboración necesaria de una preocupante mayoría de medios de comunicación de masas.

El recurso irresponsable a esta forma de actuar en una democracia, mediante la violencia verbal y gestual, es utilizada a conciencia por parte de la derecha y la ultraderecha que ven como su mito ultraliberal se cae hecho pedazos ante las consecuencias de sus crisis constantes y las graves desigualdades sociales que genera. La aparición tormentosa de líderes ademocráticos como Trump, Bolsonaro, Orban, etc., que, dentro de sistemas democráticos, intentan alargar la agonía del capitalismo neoliberal, cómo un epílogo inaplazable de este sistema económico.

Ni siquiera la deriva del social liberalismo, bajo un falso manto de socialdemocracia, ha podido evitar la miseria de un modelo de regresión e injusticia social, que finalmente dejó a la vista sus carencias y su verdadera faz para afrontar una epidemia o para evitar una guerra. Y como ha ocurrido otras veces, instituciones constitucionales creadas para garantizar el respeto a las normas y al juego democrático, instituciones garantes del respeto a los derechos y libertades fundamentales, han sido intencionalmente manipuladas, léase Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial…

Sorprende el alcance de estas actitudes irresponsables de ciertos políticos y/o magistrados y de ciertos medios de comunicación, ante las consecuencias de la ruptura de esos delicados equilibrios. Es un sinsentido esta puesta en riesgo de la arquitectura constitucional para conseguir que determinada opción política obtenga lo que no le otorgan los ciudadanos por vías democráticas, y por tanto es aún más impresentable e inaceptable por destruir algo tan importante para un fin tan espurio.

Ante esta situación, donde esos determinados partidos de la derecha antidemocrática practican únicamente ruido y enfrentamiento, buscando el conflicto civil para conseguir el poder por el poder, no podemos responder más que con participación y lucha democrática/pacifica, por ejemplo defendiendo bienes comunes como la Sanidad Pública o las Pensiones, en la más absoluta normalidad, demostrando que el discurrir del juego democrático permite que los conflictos expresados por el pueblo soberano se resuelvan en el Parlamento, sean los que sean y tengan la gravedad que tengan.

Eduardo Hernández Oñate
Militante Socialdemócrata de Madrid

Cuento de invierno “Una Constitución”

Tanto este “País del Cuento” que os voy a relatar, como todos sus personajes solo están en mi delirante imaginación, por lo tanto, todo parecido con la realidad, es pura ficción, sometida al análisis crítico del lector.

¿Como de respetable y respetada es o debe ser la constitución de un país democrático?, teniendo en cuenta que desde hace más de sesenta años soy gallego de adopción os contestaré que “depende”.

Había una vez, desde el principio de los tiempos, en el sur de Europa un país, que durante su larga historia fue conquistado y reconquistado una y otra vez, por muy distintas “civilizaciones” o “culturas” fue dominado y regido de diversas maneras más o menos dictatoriales y también democráticas o seudodemocráticas, fueron muchas y muy variadas las dinastías, y abundantes las castas que durante toda su historia, sometieron de forma más o menos brutal durante muchos siglos a la población de este hipotético pueblo.

Sin embargo, a pesar de los constantes sometimientos, vejaciones, penurias, sufridas por los ciudadanos de este país, siempre tuvieron dificultades para auto-gobernarse, a veces se produjeron algunos tímidos intentos de autogobierno, pequeñas y timoratas escaramuzas, tratando de rebelarse contra el poder dominante, que conseguían establecer eventual y tímidamente sistemas más o menos democráticos, que fracasaban una y otra vez, pues siempre pasaba lo mismo, surgían enseguida las individualidades propias e inevitables de las gentes de aquel singular lugar.

El problema vital de aquel país y de sus sociedades, siempre era el mismo, la incapacidad de unirse para conseguir un fin común aunque este fuera importante para todos, cada vez que se iniciaba un proyecto colectivo para mejorar la vida de sus habitantes, el colectivo que presentaba la iniciativa, era escrutado criticado y vilipendiado por los demás, sin analizar su propuesta y sin presentar ninguna alternativa, solo se producía sin argumentos válidos la descalificación al promotor de la idea, injuriándole y acusándole de las mayores falsedades, hasta acabar inevitablemente con las incipientes autodeterminaciones, volviendo irremediablemente a dar entrada al dictador de turno, o a la dinastía monárquica que se limitaba pacientemente a esperar el desastre para poner “paz”, con las formas que al parecer eran las únicas que el pueblo entendía, que simplemente y como rebaños de sumisas ovejas en lugar de autogobierno, necesitaban ser pastoreados por el despotismo más brutal, sin que hubiera lugar a ninguna libre decisión.

Por lo cual aquella sociedad, durante siglos y de alguna manera también en la actualidad, parece preferir ser dirigidos despóticamente para que todo funcione más o menos a gusto de regímenes totalitarios, pues siempre se evidencia cierta tranquilidad cuando está dirigida sometida o mangoneada tiránicamente por alguien. En las esporádicas ocasiones en las que el pueblo pretendía experimentar formas más o menos democráticas, es cuando se producían las envidias, las intrigas, las desconfianzas, los abusos de poder, las guerras, incluso entre hermanos, hasta que de nuevo, aparecía una dinastía de las que esperaban la ocasión en algún exilio cercano, o bien un dictador por la fuerza de un golpe de estado, derribaba la endeble democracia y se hacía con el poder, humillando otra vez a los ciudadanos, que una vez más eran incapaces de unirse contra esa injusta situación, claudicando sumisos ante el poder impuesto, que en muchas ocasiones utilizaba a los personajes que habían representado democráticamente al pueblo, como cómplices de la represión.

En ese país, eran frecuentes los conflictos y las guerras por el poder, la última de las citadas guerras fue la llamada Guerra Civil, provocada por un golpe de Estado, que consiguió derribar por la fuerza uno de aquellos intentos democráticos, una cruenta y fratricida guerra, que enfrentó incluso a hermanos y que costó la ruina e incluso la vida, a una gran cantidad de ciudadanos de todas las edades, con la consiguiente destrucción de patrimonio y en especial de la poca dignidad que podría quedar.

Pues bien, como suele ocurrir después de una guerra, que en teoría se había planificado para evitar la autodestrucción de los gobernantes democráticos que habían sembrado el caos y que daría paso a una dictadura provisional, cuyo fin teórico era calmar las aguas y luego se instauraría una democracia. Ganó esa guerra criminal un militar insignificante, pero con mucho caudillaje y con pocos escrúpulos, una gran ansia de poder, que rodeándose de abundante gente de su calaña, consiguió someter a lo que quedaba de la población de aquel país, consiguiendo incluso mantenerlo aislado del resto de países de su entorno, que sí habían conseguido unirse y autogobernarse, con sistemas imperfectos pero democráticos.

Pues bien, una vez acabada la guerra por eliminación de todo aquel que pudiera significar un obstáculo, aquel personaje mediocre se autoproclamó Jefe de gobierno de lo que a partir de entonces se convertía una vez más en una dictadura, este dictador, que supo rodearse de incondicionales sumisos, consiguió con gran facilidad y con la inestimable ayuda del Clero, que como es sabido siempre esta con el poder, someter rígidamente a lo que él llamó su pueblo, durante más de cuarenta años, sin necesidad de soportar rebeliones de importancia, consiguiendo mantener el poder, hasta su muerte tranquilamente en la cama de su palacio, anciano y enfermo, pero ostentando hasta el final el poder absoluto.

Antes de morir y para mantener a su país humillado lo cual no era difícil, al darse cuenta de que era un ser mortal, quiso inmortalizar su poder instaurando la monarquía una vez más, sin aconsejarse por nadie, nombrando heredero tras jurar fidelidad a su proyecto, a un príncipe de una dinastía que nunca destacó por sus luces, que ya había gobernado antaño, dejando por tanto su sucesión atada y bien atada.

Esta decisión, evidentemente no fue cuestionada por los acólitos del fallecido dictador, clero incluido, que veían como su estatus, podría seguir igual o mejor, ya que se convertían en cortesanos.

El dictador, junto con la corte recién creada, ante las presiones de los países vecinos con democracias consolidadas, que aumentaban considerable y peligrosamente, se inventaron lo que se dio en llamar una democracia asistida, no fuera que algunos se creyeran de verdad que el poder emana del pueblo, que sí que emana, pero poquito. Pues bien, sentaron durante meses a unas destacadas mentes pensantes, que en su gran parte habían sido y eran íntimos colaboradores del Dictador, para que elaboraran -que ironía- una “Constitución democrática” pero sin pasarse, como tenía el resto de países modernos.

Tras meses de sesudos estudios, se elaboró una “Constitución” que, como merito principal, tenía el consenso general de aquellos llamados Padres, que la habían confeccionado siguiendo fielmente las pautas del dictador, lo cual no garantizaba demasiado su libertad.

El compromiso, era que esa “Constitución” no considerara -olvidara- las aberraciones y crímenes de Estado, ocurridos anteriormente y por lo tanto tratara con “sensibilidad” a militares, golpistas, asesinos, torturadores, políticos colaboradores de la dictadura, y una especial “Ternura” con los miembros del Clero, que tan cerca estuvieron siempre del Dictador, eso a pesar que la propia “Constitución” declaraba que se trataba de un país aconfesional, lo cual tampoco era del todo exacto.

Una “Constitución” que dogmatizara, que la forma de gobierno sería la Monarquía “Parlamentaria”, es decir que el jefe del Estado, sería el que, de forma totalmente arbitraria, había decidido el dictador, es esa Constitución que, no obstante, recogía como cualquier otra derechos y obligaciones. Las obligaciones eran cumplidas estrictamente, aunque muchos de los derechos después de cuarenta años de supuesta democracia aún siguen sin ser efectivos, ante la vergonzosa pasividad de nuestros partidos políticos.

La muerte del dictador, trajo como consecuencia lo que se dio en llamar irónicamente “Transición Democrática Ejemplar”, que dio paso a algo tan esperanzador en aquel entonces, como fueron unas elecciones “libres”, por fin aquellas gentes, podrían elegir a quien les iba a gobernar, por fin no se verían sometidos al poder, por fin no les robarían, por fin no les engañarían, por fin serian ellos los que decidirían quien les gobernaría, por fin tenían una “Constitución”, que  permitiría a esos políticos elegidos por el pueblo, poner a su disposición esos derechos que a los ciudadanos la Carta Magna les garantizaba.

Pues bien, después de varias décadas de “Transición Ejemplar”, y como siempre ha ocurrido en ese “País del Cuento” que os estoy relatando, los ciudadanos, siguen siendo igual de sumisos que antes con las dictaduras, igual que antes con las monarquías, igual que antes de los imperios, siguen siendo envidiosos, siguen siendo incapaces de unirse para nada, siguen siendo prepotentes cuando alcanzan un mínimo de poder, siguen robando prevaricando y malversando, cuando los ciudadanos los colocan en cotas de poder, siguen mintiendo a los ciudadanos para conseguir su elección, solo utilizan la “Constitución” para su conveniencia y como arma arrojadiza, pero no la cumplen en los aspectos sociales, ni en cuanto a los derechos de los ciudadanos, los habitantes de ese país del Cuento, siguen sin tener asegurado, el derecho a una educación digna y gratuita, siguen sin tener derecho a una vivienda digna, siguen sin tener derecho al trabajo, siguen muriendo de hambre niños y ancianos en las calles, mientras cada año que pasa hay más millonarios.

Una “Constitución” que no garantiza la equivalencia del voto entre ciudadanos, pues depende de dónde vivan o a quien quieran votar, su voto vale más o menos, una “Constitución” que no garantiza poder ser revisada, ya que solo se revisa para favorecer a los poderosos.

Este país, en el que ahora los políticos son elegidos por el pueblo, pero que una vez en el poder, se olvidan del pueblo y que solo respetan la “Constitución”, para aquello que se ajusta a su forma de gobernar, un país en el que en materia educativa, los políticos de todos los colores, nunca se han puesto de acuerdo, en elaborar unas leyes, que faciliten a los ciudadanos una educación, que les permita tener capacidad de análisis, ante la verborrea de los políticos, especialmente cuando se presentan a las elecciones, algo que es evidente que a los distintos partidos políticos, no les interesa, pues un ciudadano que sabe lo que quiere y a lo que tiene derecho, lo exige democráticamente, es más fácil gobernar a ciudadanos dóciles, que solo con tener acceso al futbol y a los toros tienen suficiente para satisfacer su “intelecto”.

En una ocasión a un político honrado, –que también los hay- en el “País del Cuento” se le ocurrió Proponer en el Parlamento, eliminar los toros y el futbol y con el dinero que el Pueblo se gasta en esos eventos, elaborar un impuesto, con el que pagar las becas a todos los estudiantes con pocos recursos, hacer viviendas sociales, para que nadie viviera en la calle y cosas así, además de ser el hazmerreír de la Cámara, de ser pasto de las críticas más feroces de la prensa, a día de hoy este político está en paradero desconocido.

Que esto venga ocurriendo con los partidos conservadores a nadie le extraña, pero es muy grave que, en este país del cuento, un partido que se autodenomina de izquierda, progresista, que dice luchar por una sociedad justa como le ordena sus estatutos y que así lo hizo en el exilio, con eufemismos como Socialdemocracia, enmascara soezmente su evidente giro a la derecha más retrograda, desacreditando a aquellos pocos militantes que siguen manteniendo sus valores socialistas y morales, ensalzando y promoviendo a los obedientes y sumisos pero sin ideales.

En fin, como afirmé al principio de este cuento, este país está en mi imaginación, quizás exista, pero cualquier parecido con la realidad, quizá sea fruto de mi calenturienta mente.

Si alguien se ve reflejado en este cuento no le pediré disculpas, que reflexione a ver si es cierto, si cuadra con su personalidad y si se encuentra capacitado para demostrar que no es así.

Con este cuento, no pretendo herir a nadie, solo deseo que la gente adquiera capacidad de análisis y que cuando elijamos a quien nos va a representar, sepamos lo que nos conviene como personas, como colectivo y como sociedad.

Paco Ascón

Xares-Ourense

Editorial

Normalidad democrática, pero para quién.

El próximo 1 de junio del año que se avecina, dentro de seis meses, se cumplen cuatro años de la caída del Gobierno de Rajoy. Fue la escandalosa situación generada por uno de los múltiples casos de corrupción en los que está envuelto el Partido que preside Pablo Casado, el caso Gürtel. La Moción de Censura se amparó en la necesidad de reconducir a nuestro país a la “normalidad democrática”.

Desde Tribuna Socialista celebramos aquella victoria democrática por la que se desalojaba del poder a un Gobierno que hoy se le continúa juzgando por casos tan deleznables como el caso “Kitchen”.

Sin embargo, no podemos olvidar que la “normalidad” democrática no solo se alcanza sacando a los corruptos del poder; de hecho, recientemente hemos visto como se ha aupado a un señor, relacionado con casos de corrupción, al Tribunal Constitucional, un episodio que es cualquier cosa menos normal.

De la misma manera, tanto en las primarias del PSOE de 2017, como en los argumentos para la Moción de Censura, así como en la campaña electoral de las generales del 10 de noviembre de 2019, hubo promesas que debían llevarnos a la “normalidad democrática”: la derogación de las reformas laborales, la derogación de la “Ley Mordaza”, la derogación de la reforma de Pensiones de 2013 o la derogación del Artº 315.3 del Código Penal. A muy pocos días de entrar en 2022, solo podemos celebrar que se ha derogado el artículo por el que, durante años, se ha estado criminalizando el derecho de huelga.

La alegría que nos produjo la publicación en el BOE de la Ley Orgánica 5/2021 de 22 de abril, por la que se derogaba dicho artículo, se nos está agriando tras enterarnos de la persecución policial a una serie de trabajadores y ciudadanos de Cádiz. Todo apunta que se trata de una revancha de los ámbitos policiales y judiciales (incluidos los fiscales) contra la “insolencia” de la clase trabajadora gaditana por salir a la calle a defender el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores metalúrgicos de la provincia. Arremeten individualmente contra un grupo de personas a las que se les imputan hechos, generando de esta manera miedo, represión y vulnerando la presunción de inocencia que tanto se defiende para indudables corruptos, estén en España o huidos en un país árabe.

Tampoco es muy normal democráticamente que reivindicaciones como la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 se pretendan saldar con paños calientes, aceptando todos los vetos de las patronales, y a prisa y corriendo.

Si la soberanía reside en el pueblo, según dice el Artº 1.2 de la Constitución de 1978, los poderes emanados de esa soberanía debieran cumplir los compromisos adoptados con el pueblo, para alcanzar el poder.

No es normal democráticamente que las condiciones aceptadas por el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) contradigan los compromisos contraídos con el pueblo. Es una anormalidad democrática que no solo habrá un incumplimiento flagrante con la mayoría de votantes soberanos, sino que, además, será el pueblo el que pague con sus impuestos los 70.000 millones de euros, el 50% de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia(1), que sí hay que devolver ya que computan como deuda pública. Documento en el que con palabras muy bien elegidas se habla de la necesidad de inversiones y reformas estructurales. Pero si se pone la debida atención, veremos que las reformas la sufriremos la mayoría social:

  • Por ejemplo, en el componente 30. A (página 343 del documento) fomento de las pensiones privadas, se vende la quimera de facilitar que los trabajadores más precarios se beneficien de las ventajas fiscales de los planes de pensiones. Cómo, si el salario más habitual en España diese para ahorrar y/o invertir, a septiembre de este año 2021, se ha fijado por el INE en 1.125,8 €. Con ese salario se hace difícil vivir y pagar el alquiler o la hipoteca de una casa muy modesta. Dónde está el compromiso de que los planes de pensiones de empresa no serán a costa del trabajador, ni siquiera en parte, esto no consta en ningún apartado de los múltiples compromisos asumidos.
  • El componente 30 B (en la misma página) atenta contra las carreras largas de cotización y contra las cotizaciones más altas, cuando son las que más han aportado al sistema. Todo ello, partiendo del falso argumento de la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones; el Banco de España también sería insostenible si lo saqueasen. Recordemos el informe del Tribunal de Cuentas, que ha estimado en 103.690 millones el pago de gastos impropios de las cotizaciones de los trabajadores, entre el periodo 1989 a 2013.

Hay documentos, como el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI 2021(2), que desarrollan los compromisos los planes de inversión. Si vemos, en la página 5 de este segundo documento, podemos leer cómo se van a repartir 69.500 millones entre empresas de todo tipo; dice el documento: “69.500 millones EUR, contiene un conjunto ambicioso de reformas e inversiones en el ámbito digital. El Plan destina el 28,2 % del total de los fondos invertidos al ámbito digital (es decir, supera el objetivo del 20 %), que en total asciende a 19.600 millones EUR. Se centra especialmente en promover la digitalización de las empresas, especialmente de las pymes…” Es decir, que tras la crisis de 2008 se destinaron más 60.000 millones para sanear la banca, ahora, con la excusa de la COVID-19, se destina otra ingente cantidad de millones para digitalizar. El método que ha encontrado el capital es estupendo, para los capitalistas: se da dinero público a las empresas, dinero que pagaremos todos los que contribuimos, para que hagan beneficio que se quedan ellos, los empresarios. Y a nombre de la modernización anuncian que despedirán a millones de trabajadores; como la banca, que ha destruido en una década más de 120.000 puestos de trabajo y ha extendido la exclusión financiera por todo el Estado.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

  1. https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
  2. file:///C:/Users/Roberto/Downloads/DESI_2021_Spain_es.pdf

Conclusiones encuentro estatal CATP 7N

ENCUENTRO ESTATAL CATP 7 DE NOVIEMBRE DE 2020

El pasado 7 de noviembre se realizó el encuentro estatal en defensa de los servicios públicos, los derechos sociales y democráticos, y por la República.

El Acto en el que Tribuna Socialista participó, tanto en su organización como en el debate, dado el carácter de miembro del CTAP, contó con la participación de más de 200 personas, que de forma individual o en representación de sus organizaciones o mareas, decidieron participar del debate y las conclusiones del mismo.

En este número de Tribuna Socialista creemos necesario informar tanto del manifiesto que se aprobó en dicho acto como de las iniciativas que se presentaron por parte de los participantes.

Manifiesto por los servicios públicos, por los derechos sociales y democráticos, por la República

A las compañeras y compañeros, colectivos que en esta situación difícil luchan para ayudar a que se abra un camino favorable a la mayoría social, compuesta entre otros por:

  • Los trabajadores y trabajadoras que ven deteriorarse sus derechos y su poder adquisitivo.
  • Los desempleados y desempleadas que ven como su situación se cronifica sin solución.
  • Los que sufren un ERTE y temen el despido, a pesar de las ayudas y exenciones económicas recibidas por sus empresas.
  • Los que sufren aislamiento por el coronavirus y ven con miedo que la pandemia se desborda.
  • Los estudiantes que ven como la enseñanza “telemática”, y los escasos medios humanos y materiales de la enseñanza pública burlan su derecho a la educación. Jóvenes que observan como se desvanece su futuro laboral y se ven abocados a no poder emanciparse y a ser sobreexplotados como lo fueron sus antepasados empujados al exilio.
  • Los que sufren la legislación obsoleta de protección de niños, niñas y adolescentes, que facilita desvincularlos de sus familias biológicas. Son miles los casos de menores de edad tutelados por las comunidades autónomas, pero en la práctica esa custodia la ejercen a menudo empresas privadas, que dictan expedientes de riesgo y desamparo, de manera arbitraria.
  • Los pensionistas y los trabajadores y trabajadoras hoy, pensionistas mañana, que defienden el sistema público de pensiones y ven que el nuevo acuerdo del Pacto de Toledo no restituye los ingentes fondos que se han detraído de la caja para el pago de las pensiones.
  • La población que ve el deterioro y el colapso de sus hospitales y centros de salud.
  • Las mujeres que sufren la violencia machista y la brecha salarial.
  • Las familias bajo el umbral del hambre. Las que temen por la vida de sus mayores en las residencias.
  • Los autónomos, los falsos (asalariados bajo fórmulas mercantiles) y los verdaderos, a los que se les expulsa del mercado en el que se privilegia a las grandes corporaciones.

Vivimos un momento de la historia en el que se hacen cada vez más evidentes los efectos perniciosos de un sistema hecho a la medida de los intereses de unos pocos, contra la inmensa mayoría. Es un juego de trileros en el que se antepone la economía a la salud, con la pretensión de enfrentarnos a ese falso dilema, cuyo objetivo es disfrazar la lucha de clases con todo tipo de eufemismos. Las medidas que están tomando los gobiernos, para afrontar la pandemia y sus efectos, no afectan por igual a explotadores y explotados, a ricos y a pobres. Mientras los primeros aumentan sus fortunas, y aprovechan la situación para imponer nuevas bajadas de salarios y recortes de derechos, los segundos sufren las consecuencias de la crisis económica galopante. Para ahogar las exigencias de la mayoría se fomentan formas de autoritarismo y represión. La clase dominante quiere imponer su visión de que lo bueno para ellos, es bueno para la totalidad, como cuando el presidente de la CEOE ha criticado la limitación del precio de los alquileres, tachando la medida de ideológica, pero, a este mismo señor, no le debió parecer ideológica la venta de viviendas sociales a fondos buitre y guardó silencio.

Quienes tratan de aprovechar la pandemia para llevar agua al molino de sus intereses, intentan someter a toda la sociedad y a las organizaciones obreras y populares a su voluntad. Para ello mantienen las contrarreformas laborales y de pensiones favorables a sus intereses, exigiendo a la mayoría trabajadora del país que renuncie a defender sus derechos y reivindicaciones. Las compañeras y compañeros, colectivos y organizaciones políticas, sindicales y sociales, reunidos a iniciativa del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP) rechazamos esa orientación, y proclamamos que GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS REIVINDICACIONES SE DEFIENDEN.

Por ello queremos contribuir a levantar en este momento crítico la más amplia unidad, para lograr:

  • La derogación íntegra de las reformas laborales. Contra las que la clase trabajadora se levantó en huelga general, en tres ocasiones, en 2010 y 2012.
  • La derogación de las reformas de pensiones de 2011 y 2013. Y una auditoría, sin límites temporales, que restaure los fondos extraídos de la Seguridad Social destinados a pensiones.
  • La derogación de la «ley Mordaza», que cuestiona las libertades de expresión y movilización.
  • La derogación del artículo 135.3 de la Constitución, que cuestiona el gasto público para la defensa de la salud y el bienestar de los pueblos.
  • La derogación del artículo 315.3 del Código Penal (a la espera de que la proposición de Ley Orgánica presentada por el PSOE en el Congreso, para derogarlo, llegue a buen fin).
  • La defensa de la sanidad y la educación públicas, y un presupuesto de emergencia para salvarlas.
  • La derogación de la Ley 15 de 25 de abril/1997, “Habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema de Salud Pública”. Verdadera puerta de entrada de la empresa privada en la gestión del Sistemas Público de Salud.
  • La devolución al Estado, hasta el último euro, de los fondos entregados a la banca privada. La creación de la banca pública.
  • Un plan de inversiones y empleo público para crear miles de empleos.
  • La libertad de los presos políticos encarcelados por defender el derecho de las nacionalidades y regiones existentes en el Estado español a decidir cómo quieren relacionarse entre ellas libre y voluntariamente. Continuar y amplificar la campaña por la amnistía de los presos políticos catalanes.
  • La derogación íntegra de la LOMCE y de todas las contrarreformas educativas.
  • La abolición de la Ley de Extranjería que atenta contra los Derechos Humanos más elementales de los que huyen de la miseria y de las guerras provocadas por el imperialismo y el capitalismo.
  • El cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), en los que, en la práctica, están secuestrados jóvenes inmigrantes de nuestra clase social.
  • La exhumación de todas las víctimas del franquismo. La anulación de todos los juicios y sentencias franquistas contra trabajadores y defensores de la libertad y los derechos de los pueblos, como parte del fin de la impunidad de los crímenes del franquismo.

Puntos de partida básicos que nos permitirán abordar con una lógica distinta, en beneficio de la mayoría, la reconstrucción y el bienestar de esta sociedad. Para ello es necesario acabar con instituciones franquistas enquistadas en el sistema, que hacen imposible conseguir buena parte de las reivindicaciones. Hoy es indispensable un cambio social y político.

La minoría de la sociedad se empeña en continuar el viaje de la historia en un vehículo que pro- tege sus intereses, la Constitución de 1978, que nos ha hundido en la actual crisis económica, social y

de convivencia. Una Constitución que fue condicionada por el aparato del Estado franquista, que dejó las instituciones del Estado infectadas de adeptos que añoran el autoritarismo, la arbitrariedad criminal y usurpadora de la dictadura. Elementos que someten la vida de los pueblos a los intereses de los poderes económicos parásitos: en la judicatura, en las fuerzas de seguridad, en el ejército, en la polí- tica, en los medios de comunicación… todos ellos al servicio de la oligárquica casta política y social.

Hay que aportar medios a los trabajadores y trabajadoras y a los pueblos, para salir del abismo en que nos están hundiendo. Compartimos el concepto arraigado de la justicia social, del bien común y del respeto a la vida, nos rebelamos contra un sistema económico que está diseñado en función de los intereses de la minoría: la oligarquía que desprecia la vida de nuestra clase social. El movimiento obrero y democrático necesita recuperar y fortalecer las organizaciones creadas y levantadas por los trabajadores jugándose la vida y la libertad, incluso durante la dictadura franquista. Tienen que acentuar el giro hacia la defensa de las prioridades de la clase trabajadora, no solo en los discursos y programas: también en los hechos, rompiendo con la lógica del mercado, defendiendo los derechos que nos dejaron en herencia aquellas generaciones de luchadores y luchadoras. Hay que decir basta ya de saquear lo público por la vía de la privatización directa e indirecta, de desviar servicios públicos a manos privadas. Basta ya de devaluar los servicios públicos mediante mermas en la inversión en medios técnicos y humanos. Mientras estas cosas ocurren, el Estado se endeuda para asegurar los negocios privados que no garantizan el empleo. Hay que orientar esas ingentes cantidades de dinero a las prioridades de la mayoría social, como son la Sanidad, la Educación y la Dependencia. Tanto la crisis inmobiliaria y financiera de 2008 a 2018 como la actual pandemia vírica han puesto en evidencia el doble rasero de las políticas económicas, la mayor parte de las veces en contra de los intereses de la clase trabajadora. Por lo cual la mayoría necesita la República como herramienta y punto de apoyo para cambiar esta realidad que a la mayoría le es adversa.

El Encuentro del 7 de noviembre llama a todos los sectores de la sociedad y a los colectivos sociales que luchan por sus legítimos derechos, a los partidos y sindicatos: sus objetivos son incompatibles con la Constitución de 1978. Democracia es acabar con la herencia franquista y con este estado pútrido. Defender la supervivencia de los trabajadores y los pueblos exige abrir camino a la República en la que:

  • La soberanía resida verdaderamente en el pueblo, y solo en el pueblo.
  • El Estado sea laico y ninguna religión se inmiscuya en el sistema educativo ni cuente con prerrogativas que le permitan influir en las cuestiones de Estado al margen de la democracia.
  • El Estado se base en los derechos de los pueblos, cuya vinculación sea libre y voluntaria, garantizando la convivencia fraternal y la riqueza cultural.
  • El derecho a un trabajo digno, a una vivienda digna y a una jubilación basada en el reparto sean una realidad mediante un mandato constitucional e instituciones que lo garanticen.
  • Se garantice el estado de bienestar en el que los sistemas públicos de sanidad, educación, dependencia, pensiones y vivienda velen por las necesidades y la dignidad de las personas, no por los intereses privados.

El derecho a la vida y la salud, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el derecho a un futuro para la juventud, la lucha contra el patriarcado… son incompatibles con la corrupción que recorre las instituciones del Estado de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. La corrupción, que parte de la Corona y rebosa por las ventanas de la Casa Real. El poder judicial ejerce de brazo armado de la putrefacción del partido fundado por el exministro de Franco, Manuel Fraga, que cobijó y alentó a la extrema derecha más rancia y fascista que desprecia los Derechos Humanos y que hoy vuelve a estar representada en las instituciones.

La República no es una reivindicación nostálgica, ni es un instrumento de revancha contra quienes traicionaron a la patria que decían y dicen defender. República es una herramienta de justicia social; de democracia basada en la elección de los gobernantes y el control de los mismos por el pueblo, en todos los niveles, sin injerencia de las multinacionales, el capital financiero y sus instituciones internacionales, ni la iglesia, ni corporaciones franquistas. República son servicios públicos inviolables e imprivatizables, derechos de los trabajadores y las trabajadoras protegidos de verdad, blindados frente a la especulación y la explotación. Es la protección de las libertades democráticas y sociales de los jóvenes, de las mujeres, de los pensionistas y del conjunto de los pueblos que configuran el Estado. La República la construiremos desde los movimientos sociales y desde las luchas de la clase trabajadora, como se han conseguido a lo largo de la historia todos los avances en derechos y libertades.

Tras la experiencia de estos 43 años, al pueblo, a la ciudadanía, a la clase trabajadora, no nos queda otro camino que luchar por las libertades, la vida digna, por un gobierno del pueblo y para el pueblo, que no se someta, como han hecho los gobiernos hasta ahora, a los dictados del capital financiero y la Monarquía. Los trabajadores y trabajadoras y la juventud, la mayoría son perfectamente capaces de traer la libertad, la República, de lograr que los pueblos se organicen libre y solidariamente para resolver los problemas que solo ellos pueden resolver.

Nos comprometemos a combatir por una sanidad pública junto con todos los trabajadores sanitarios y afectados por el expolio hecho con la privatización de la sanidad, por la unidad para defender el sistema de pensiones de reparto, para defender la educación pública, gratuita, de calidad, laica, a recuperar la industria, defender el campo, para defender las libertades. Único camino

para preservar los intereses de la mayoría y derrotar las resistencias de la minoría.

Luchar por proclamar la República implica defender la democracia en las organizaciones, garantizar la coordinación democrática.

Proponemos reforzar, dar otra dimensión a la colaboración y el diálogo entre responsables, militantes, trabajadores y trabajadoras. Estos últimos años ha comenzado la colaboración en el Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), pero necesitamos hacer mucho más. El Encuentro del 7 de noviembre de 2020 es un punto de partida para:

  • Reunir a compañeras y compañeros y colectivos que compartan nuestro combate en constituir comités por la alianza de trabajadores y pueblos, en empresas, sectores profesionales, centros de instrucción, administraciones, en el campo, localidades…
  • Reforzar la información, el intercambio, la acción común.
  • Ampliar la Comisión Organizadora estatal con compañeras y compañeros que representen a diferentes sectores en lucha por sus derechos, por las libertades, por el derecho de los pueblos a su autodeterminación, por la emancipación de la clase obrera, por poner fin a la impunidad de los crímenes de la dictadura franquista, por la abolición de la monarquía y de todo vestigio franquista en las instituciones, por desterrar para siempre la corrupción de nuestra sociedad.


El CATP impulsa, junto con otras fuerzas políticas, sindicales y sociales, la próxima República, que será el instrumento con que los pueblos de España resuelvan por fin, tomar con fuerza en sus propias manos la construcción de un futuro de democracia y esperanza.

Iniciativas presentadas y apoyadas en el Encuentro por los servicios públicos, por los derechos sociales y democráticos, por la República

  1. Apoyo solidario a los compañeros de Aciturri, de Getafe, en lucha contra la deslocalización de la empresa. Y por el respeto al derecho de huelga que les está siendo vulnerado.
  2. Contra la separación de niños, niñas y adolescentes de sus familias, con motivos arbitrarios.
  3. Apoyar la lucha de la COESPE en defensa del Sistema Público de Pensiones y por la rea- lización de una auditoría del gasto de la Seguridad Social, sin límite temporal, para que todos los fondos gastados y/o detraídos indebidamente sean devueltos a la caja de las pen- siones. Nos comprometemos a difundir y participar en la concentración que tendrá lugar el miércoles día 11, a las 12:00 ante el Congreso de los Diputados.
  4. ¿Qué República queremos? La respuesta debe tomar forma en derechos y en la defensa de los mismos: servicios públicos, derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los pensio- nistas, de los jóvenes y las mujeres de nuestra clase social. Así como la libertad sindical, las libertades de expresión, manifestación, reunión y los derechos de los pueblos. Cons- truiremos la República desde los movimientos sociales y las luchas obreras.
  5. Reclamamos atención a los más necesitados. Son insuficientes las medidas como el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se revelan como meras campañas de propaganda. Las ayudas, rentas básicas o mínimas que se establezcan desde el Gobierno, no pueden concederse a cambio de becas ni cuestionar derechos como las prestaciones por desempleo, las pensiones…
  6. Tomamos posición contra el desmantelamiento de la industria que aún queda en nuestro país. Y contra la destrucción de empleo, tanto en la industria misma como en los sectores subsidiarios de la misma.
  7. Reiteramos nuestro apoyo a todos los compañeros represaliados o procesados judicial- mente por ejercer su derecho a la huelga o por participar en justas luchas en defensa de los servicios públicos, los derechos de los trabajadores y/o en cualquier otra lucha por los derechos sociales y democráticos.
  8. Mostramos nuestro apoyo a los miembros del ejército que han sido represaliados y expul- sados del mismo por luchar y reivindicar respeto y derechos democráticos en el seno de esa institución.
  9. Apoyamos y nos comprometemos a difundir y participar en la manifestación convocada por las Mareas Blancas, que tendrá lugar el miércoles día 11, a las 17:00, en defensa de los servicios públicos sanitarios.
  10. El CATP y las organizaciones que han participado en el Encuentro del 7 de noviembre, apoyamos a los hermanos y hermanas de clase social que se ven obligados a migrar. Los trabajadores y trabajadoras somos una sola clase social internacional, todos sus miembros deben tener los mismos derechos sin discriminación.
  11. Se propone que el manifiesto y sus contenidos lleguen a los plenos municipales, asambleas regionales y autonómicas en forma de mociones, propuestas… y que se difunda su contenido profusamente.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista