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Entrevista: Carmen López Llorente

Carmen López Llorente es portavoz de Marea de Residencias, miembro de la Asociación por los Derechos de los Mayores y sus Familias (ADEMAF) e hija de víctima en una de las residencias de Madrid.

Pregunta: El número 7291 es un icono en las redes sociales ¿Qué sentimientos te produce cuando lo ves?

Lo veo más un símbolo que una realidad, creo que la cifra fue muy superior. Siempre intento imaginar, más allá de las cifras, a las personas. Tras leer los testimonios de cientos de familiares de víctimas, te puedo asegurar que detrás de cada cifra hay un verdadero drama.

Pregunta: ¿Desde cuándo lleváis organizadas las familias de los y las residentes en las Residencias de mayores?

Personalmente me uní a una plataforma de familiares en la primera residencia que habitó mi madre, en junio de 2.015. Posteriormente en las plataformas de otras dos residencias. Ademaf se fundó en 2018 y Marea de Residencias en septiembre de 2019.

Pregunta: A principios de marzo compareciste ante la Comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de la Comunidad de Madrid ¿Cómo te fue, qué conclusiones sacaste de esa experiencia?

Pues el primer intento de amordazarme, para que no pudiera recordar la gestión criminal de la pandemia en Madrid, no dio resultado. Posteriormente, durante la patética intervención de la diputada del PP, se me insultó y fui acusada de “retorcer el dolor”, absolutamente ridículo. Fue muy desagradable, tuve que hacer de tripas corazón para intentar responder a algo tan absurdo.

Pregunta: Casi 10.000 residentes en Residencias de la Comunidad que gobierna Díaz Ayuso fallecieron por COVID-19, pero denunciáis que a 7291 se les impidió acudir a ser atendidos en sus hospitales de referencia ¿Por qué a ellos y ellas se les negó la asistencia hospitalaria y al resto no?

9.468 personas fallecieron en solo dos meses (marzo y abril de 2.020). Es obvio, analizando los datos facilitados por el Portal de Transparencia de la propia Comunidad de Madrid, que a partir del día 7 de marzo, con el aumento del pico de contagios, descendieron drásticamente las derivaciones a hospitales desde las residencias. Esto fue motivado por decisiones políticas que más tarde se plasmaron en documentos firmados por el Director de Coordinación Sociosanitaria en los famosos “Protocolos de la Vergüenza ”.

Se creó la figura del geriatra de enlace para frenar las derivaciones desde las residencias de personas que tuvieran una situación de dependencia, aplicando los mencionados protocolos entre el 7 de marzo y el 15 de abril aproximadamente. En cuanto a la cifra de 2.177 personas que fallecieron en hospitales durante esas fechas, fue porque hubo residencias que consiguieron derivar a algunos residentes con un grado de dependencia moderado y a partir de mediados de abril empezaron a permitirse las derivaciones desde las residencias. Entretanto las personas que tenían seguro privado no tuvieron problema en ser atendidos en hospitales.

Pregunta: El Gobierno de Ayuso se niega a hacer públicas las actas que levantó la policía municipal de sus inspecciones o visitas a las residencias madrileñas en aquellos meses de pandemia de 2020 ¿Es el contenido de esas actas un fiel reflejo de la situación que sufrieron vuestros familiares y de en qué circunstancias fallecieron?

Así es. Esas actas son documentos oficiales donde se plasmaron con bastante fidelidad los horrores que se vivieron en muchas residencias.

Pregunta: Evidentemente, a las víctimas las mató el virus, pero ¿qué responsabilidades reclamáis en los juzgados y a la fiscalía, para los dirigentes políticos, con Ayuso a la cabeza?

Las víctimas murieron porque se les negó el derecho a una asistencia sanitaria, tuvieran Covid o cualquier otra enfermedad. Al negarles su derecho a la salud mediante unas decisiones políticas, no médicas, les abocaron irremediablemente a una muerte indigna y cruel.

Pregunta: ¿Cuál es la situación judicial de las querellas y demandas interpuestas por las familias de las víctimas? ¿Qué juzgados han abierto causas o investigaciones?

Hemos impulsado más de 300 querellas en los 21 partidos judiciales de la Comunidad de Madrid. Los jueces de los distintos juzgados han actuado de manera diversas, en algún caso con sobreseimiento sin diligencias, en otros con archivo tras alguna diligencia y algún juzgado aún no ha resuelto. En cualquier caso, tras el archivo del juzgado de instrucción el procedimiento es interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial (AP), si ésta también archivase, cabe la vía del recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional (TC), siempre que la persona querellante quiera continuar por esa vía. Actualmente hay 65 querellas en el TC, 3 autos de la AP que estima nuestro recurso y solicita al juzgado reserva diligencias de investigación y algunos más de 100 que siguen pendientes de resolución por parte de los juzgados de instrucción.

Pregunta: Hace unos meses intervinisteis ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ¿Qué solicitasteis y qué os ha aportado la UE?

Solicitamos principalmente una misión de Eurodiputados a España para investigar la gestión de las residencias de Madrid durante la pandemia y la situación actual. Conseguimos, tras una sesión “infartante”, que la petición permanezca abierta, a pesar del insistente empezó de Dolors Montserrat de cerrarla. No obstante, ya nos advirtió ella que todas las misiones de 2023 se habían adjudicado ya y que en 2024 no se iban a realizar por ser año de elecciones.

Pregunta: Por último, ¿qué esperáis de la justicia y qué repararía el legítimo dolor de las familias que perdisteis a vuestros seres queridos en aquellas dolorosas circunstancias?

Esperamos que la justicia funcione. No vamos a tirar la toalla, mientras haya un resquicio de esperanza seguiremos buscando justicia porque es lo único que nos puede traer cierta reparación a las familias y a la sociedad.

La impunidad, la falta de autocrítica necesariamente nos aboca a repetir los errores del pasado.

Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista


Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid

CARTA ABIERTA

Señor Fiscal General del Estado D. Álvaro García Ortiz. @fiscal_es
Señores jueces y señoras juezas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) @PoderJudicialEs

Me dirijo a todos y todas ustedes, para adjuntarles las Conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid.

El contenido, ha sido elaborado, tras más de seis meses de extenso trabajo y veinticinco comparecencias, por siete personalidades de gran prestigio, expertos en derecho, administración sanitaria, epidemiología, derechos humanos, sociología, componentes de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, presidida por el Magistrado emérito D. José Antonio Martín Pallín.

Los ciudadanos no somos expertos en materia judicial. Sin embargo, una vez leídas las conclusiones citadas, no hace falta ser un experto para comprender que algo está sucediendo en la judicatura española cuando, tanto las fiscalías, como diferentes juzgados, archivan las diligencias sin tan siquiera investigarlas, con hechos acaecidos tan contundentes, como la decisión política de la Comunidad de Madrid, de poner en práctica los llamados “protocolos de la vergüenza”, con el no cumplimiento por parte de la Comunidad de Madrid de la denominada “medicalización” de las residencias, ordenada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con las más de mil actas de inspección levantadas por la Policía Municipal, en las que se describen las condiciones con las que se encontraron.

Acogiéndome a la Carta de Derechos de los ciudadanos ante la Justicia, en lo referente a los principios de transparencia, información y atención a la ciudadanía que recoge, y las conclusiones de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, formulo una queja sobre la inhibición de las instituciones judiciales a investigar el caso de las muertes producidas en las residencias, exigiendo que sean tenidas en cuenta las conclusiones adjuntas con el fin de que sean investigados todos los hechos acaecidos que acabaron con la vida de 7.291 de mayores no trasladados a hospitales.

CONCLUSIONES:
https://comisionverdadresidenciasmadrid.wordpress.com

Mercedes Huertas Aguilera
Hija de víctima de Residencias

Defendamos lo público frente a la barbarie de lo privado.

Ayer fueron las pensiones, hoy las residencias, mañana volverá a ser la Sanidad.

Miles de personas han salido a las calles de Madrid, este 26 de noviembre, por segundo día consecutivo; ayer fueron miles quienes se manifestaron en contra de la violencia machista, hoy han sido miles quienes ha salido a denunciar que “no fueron muertes, que fueron asesinatos”, los 7291 fallecimientos que se produjeron en las residencias de Madrid, en los primeros meses de pandemia.

Familias de los y las fallecidas, y personas que en solidaridad se han sumado a la marcha, han recordado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (IDA), del PP, les negó la asistencia sanitaria hospitalaria, vulnerando de este modo la Constitución del 78 que tanto defienden, en sus artículos 15 y 43, pues, ¿acaso no fue se les negó “el derecho a la vida y a la integridad física”, cuando se les dejó abandonados a su suerte, sin medidas paliativas siquiera? ¿No fue “inhumano y degradante” dejar que se asfixiaran sin ningún acompañamiento ni intento de minimizar su agonía? ¿Tutelaron los “poderes públicos y organizaron la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”?

Una parte mayoritaria de los y las jueces y fiscales parece que ha decidido dedicarse más a hacer el quite a la derecha, su opción ideológica, que a servir a la justicia. Los vericuetos jurídicos y judiciales, dejan impunes a los malhechores y sus decisiones políticas criminales, no solo negligentes: fiscales que no han escuchado a las familias ni a las trabajadoras de las residencias; juzgados que archivan las causas sin abrir juicio oral… Solo la presión social de las familias de las víctimas, su presencia en algunos medios de comunicación, el hecho de haber llevado su justa causa a las instituciones europeas… esta haciendo que casi cuatro años después se abran causas con Ayuso y su Gobierno, por los protocolos de la vergüenza, los que negaron la asistencia sanitaria hospitalaria a miles de residentes en las residencias de Madrid.

En la manifestación de hoy, no solo han reclamado “Verdad y Justicia”, han exigido una Ley marco estatal

que regule el funcionamiento de las residencias, que se ponga freno al negocio por el cual se maltrata a decenas de miles de ancianos y ancianas. Cuando un servicio público se pone en manos de la iniciativa privada, el objetivo deja de ser el bienestar de los ciudadanos y ocupan su lugar la avaricia y el lucro de los accionistas, de y los fondos buitre, a quienes la salud, el bienestar y la vida digna les trae sin cuidado.

La privatización de los servicios públicos se ha convertido en un verdadero cáncer de la sociedad actual: colegios, hospitales, residencias… donde el beneficio impone el recorte de personal y de las condiciones de trabajo, de la calidad de los alimentos y de su cantidad, entre otras cosas. Ciertos políticos ceden, vergonzosamente, ante los lobbies de las grandes corporaciones y los fondos de inversión. Los hay más desvergonzados, si cabe, como la señora Ayuso, que van en busca de esos grupos de interés económico, que viajan a Estados Unidos y otros países, para ofertar al “mejor” postor hacerse cargo de servicios públicos que ella está predispuesta a privatizar.

Los ciudadanos y ciudadanas, como hoy, como en las macro manifestaciones en defensa de la Sanidad Pública, organizadas el espacio de Vecinos y Vecinas de Barrios y Pueblos de Madrid, o como las grandes manifestaciones organizadas por el movimiento estatal de pensionistas, tiene que echarse a la calle a defender lo que es suyo. Nadie debería olvidar que los servicios públicos se financian y construyen con nuestros impuestos directos, cada mes que nos descuentan el IRPF de la nómina; y de los indirectos, cada vez que compramos algo y nos aplican el IVA; además de otros impuestos y tasas, como el IBI, ese del que la Iglesia está exenta.

Reclamar justicia, como reclamar que lo público no se privatice y/o que se desprivatice lo privatizado, es hacer mejor esta sociedad bárbara.

Roberto Tornamira
Miembros del Comité de Redacción de TS

Marea de Residencias: 26 de noviembre 2023 -Manifestación Cibeles – Sol (11:30h)

Sobre Marea de Residencias

En el verano de 2019, tras años de lucha por separado, con la constatación de las precarias circunstancias que rodeaban el modelo de residencias en todo el estado español, surge la idea de crear una Marea de Residencias con el propósito de unir fuerzas para conseguir unas condiciones de vida dignas en las residencias. Desde el momento de su constitución en Asamblea, nos regimos por unos principios básicos que nos definen como movimiento:

  • Aglutinante, no excluyente: todas las personas o agrupaciones que sumen serán bien recibidas dentro de la Marea, siempre que compartan el objetivo que nos impulsa.
  • Respetuosa: se mostrará siempre el debido respeto hacia el resto de los miembros que integren este movimiento. Promoviendo activamente la conciliación y no incentivando debates o polémicas innecesarias que no sean constructivas.
  • Apartidista: como grupo, al margen de las tendencias e ideologías personales de sus integrantes, no nos representa ningún partido.
  • Política: entendiendo como política las acciones o leyes que parten de las instituciones y que afectan directamente las condiciones de vida en las residencias. Nuestro objetivo es conseguir que se apliquen políticas apropiadas a los intereses de las personas residentes, titulares del derecho, y al personal que trabaja en las residencias y no de las empresas que las gestionan.
  • Asamblearia: las decisiones se toman en asamblea, por consenso o por mayoría.
  • Reivindicaciones principales…
    • Todos los ciudadanos en situación de dependencia o necesidad, tenemos derecho a una plaza residencial pública de financiación total.
    • El modelo residencial debe ser una elección, no una imposición del sistema por falta de alternativas.
    • Debe haber un parque suficiente de residencias públicas de gestión directa con unos estándares de calidad, basadas en la “atención centrada en la persona”. NO nos posicionamos en contra de las residencias 100% privadas, siempre que no se financien con dinero público.
    • La Administración ha de garantizar los derechos fundamentales de las personas, salvaguardando su intimidad, dignidad y teniendo en cuenta sus gustos y preferencias.
    • Lxs trabajadorxs de las residencias han de tener unas condiciones laborales dignas, una remuneración adecuada al servicio que prestan a la sociedad.
    • La dotación de personal ha de ser suficientemente amplia por categoría y turno, para que los tiempos de dedicación a cada residente garanticen la excelencia en la atención y los cuidados. (Desde Marea de Residencias NO hablaremos nunca de «ratios«, sino de «dotación de personal» presencial en cada turno).
    • Expresamos nuestro absoluto rechazo a las políticas privatizadoras que se han venido aplicando hasta ahora en materia de residencias.
    • Exigimos al Gobierno del Estado un marco legal estatal, una LEY DE RESIDENCIAS que garantice los derechos y la dignidad de las personas en las residencias.

Antes de la Pandemia

El 23 de noviembre de 2019, se convocó una gran manifestación en Madrid, a la que acudieron colectivos de familiares y trabajadoras de otras CCAA. En la Puerta del Sol leímos nuestro manifiesto que comenzaba así:

“Estamos aquí para denunciar la precarización absoluta que sufre el sistema de Residencias en todo el Estado. Debido principalmente a la inacción o acción interesada de los distintos estamentos RESPONSABLES, que han cedido la gestión de un DERECHO FUNDAMENTAL, la DIGNIDAD, a los Depredadores de lo Público. Causa directa de un trato infame a los Residentes y la precariedad laboral y asistencial de un sector mayoritariamente feminizado. Desviando el sistema que debiera ser de Respeto y Cuidados, hacia un sistema focalizado en la extracción de beneficios.”

Como ejemplo, algunos titulares que solían aparecer demasiado a menudo en prensa o televisión, pero que suelen abordarse como si fueran casos puntuales aunque nunca lo son.

LLEGÓ LA PANDEMIA A LAS RESIDENCIAS

Marea de Residencias se organizó para celebrar asambleas telemáticas. No paraban de llegar denuncias de familias que no obtenían información de lo que estaba pasando dentro de las residencias ni de cuál era la situación de su familiar, o de trabajadoras que pedían ayuda para recibir mascarillas y denunciaban una situación absolutamente dantesca.

A finales de marzo decidimos impulsar querellas criminales contra los gestores de las residencias y los gestores de las Administraciones (gobiernos de las CCAA). Para ello abrimos un formulario en la web donde podían hacernos llegar sus testimonios tanto familiares como trabajadores. Llegamos a recibir unos cuatrocientos formularios de familiares y cerca de 50 de trabajadores. El 90% de los formularios que nos llegaron procedían de la Comunidad de Madrid, de ahí el motivo por el que los abogados se centraron en construir la querella con los datos recabados de dicha Autonomía.

Con mucho trabajo y dedicación, se presentaron las primeras 26 querellas en mayo de 2020, dirigidas contra los gestores de cada residencia y contra los Consejeros de Justicia y Sanidad, Enrique López López, Enrique Ruiz Escudero y contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Dos días después cesaron al firmante de los Protocolos famosos, que excluían de la atención en hospitales a todas las personas que vivían en residencias y tenían un grado de dependencia.

No se medicalizaron las residencias, aunque habían anunciado que lo harían. Construyeron el hospital de campaña en IFEMA y no lo usaron para atender a los más vulnerables: los enfermos de las residencias (solo pasaron 23 personas residentes y no estaban graves). Tampoco se utilizaron las camas libres de los hospitales privados que el decreto del estado de alarma ponía al servicio de las CCAA.

Después de tres años y medio, seguimos buscando justicia y no pararemos hasta encontrarla.

¿Qué ocurrió tras las primeras olas de la Pandemia?

En tan solo dos meses, murieron más de 20.000 personas en las residencias españolas, la mortalidad más alta de Europa, solo comparable a Italia. En la Comunidad de Madrid fallecieron cerca de 9.500 personas en esos dos meses y, según cifras oficiales, 7.291 personas fallecieron de forma indigna y cruel dentro de las residencias sin ser derivadas a hospitales y sin recibir ninguna atención sin recibir atención.

A pesar del drama que arrasó en las residencias, las personas que sobrevivieron a ese horror, que perdieron a sus compañeras o compañeros, que sufrieron el peor de los confinamientos en habitaciones de 5 m2, sin televisión, sin móviles, sin entretenimientos, aislados de sus familias, continuaron siendo discriminadas. Se les privó de visitas durante muchos meses. Cuando los demás ya habíamos vuelto a nuestras rutinas, a vivir…a ellas y ellos se les siguió privando de sus derechos, de su vida. No se activó ningún sistema de atención psicológica, ningún tipo de fisioterapia para intentar recuperar la movilidad perdida en tanto tiempo de confinamiento.

La negativa a investigar, a analizar lo que ha ocurrido en las residencias, a estudiar las consecuencias que han tenido determinadas decisiones políticas tomadas en las distintas CCAA, nos lleva irremisiblemente a una repetición del desastre, si en un futuro volviéramos a padecer una crisis similar.

Nos encontramos ante una situación en la que podemos confirmar que a pesar de que la pandemia dejó al descubierto las graves deficiencias del modelo de cuidados, apenas ha servido para cambiar la realidad del sector. Todos los propósitos, iniciativas y proyectos de enmienda y mejora, apenas han calado en las principales instituciones prestadoras de estos servicios. Por tanto, se puede afirmar que la situación, lejos de mejorar, continúa en un proceso de agravamiento en el que los principales afectados son las personas, usuarias y profesionales, que conforman el actual sistema de cuidados a nivel nacional. Todo ello, no hace más que indicarnos el largo camino que tenemos por delante y la necesidad de, ahora sí, comenzar a trabajar en un nuevo modelo de cuidados integral, centrado en la persona, e integrado por todos los agentes que confluyen.

Por todo lo anterior, el día 26 de noviembre a las 11:30h, todas y todos, salimos a la calle, para exigir JUSTICIA, VERDAD y REPARACIÖN.

A partir de ahí, un nuevo modelo es posible.

Invitación reunión virtual 7 de noviembre 2023, 19H

A pesar de haber transcurrido cuatro años y una crisis sanitaria mundial, desde
la fundación de Marea de Residencias en septiembre de 2019, lamentablemente
los motivos que nos impulsaron a unir nuestras voces siguen estando de plena
actualidad. La carta fundacional de Marea de Residencias incluía el siguiente
texto:
«Durante años y en los últimos tiempos con mayor intensidad, estamos
asistiendo al deterioro continuado del sistema público de Residencias en TODO el Estado. La necesidad de defender los derechos sociales y laborales del sector. La defensa por la dignidad de lxs usuarixs y un trato acorde a unas condiciones mínimas de vida digna nos han traído hasta esta situación que no dudamos de definir como de EMERGENCIA SOCIAL.
Las políticas que se vienen aplicando hasta el momento dan fe de una VENTA INDISCRIMINADA y unas SUBASTAS a la BAJA a grandes poderes económicos, de un sector y unos DERECHOS, de los que deben ser garantes los GOBIERNOS y todas aquellas INSTITUCIONES implicadas.»
Transcurridos cuatro años de esa carta fundacional, a escasos días del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y con el dolor de haber añadido a esa pesada carga una ominosa mochila de crueldad, debido en buena parte a la precariedad anterior del sistema, sin olvidar las
políticas discriminatorias que durante la pandemia llevaron a una muerte indigna y brutalmente cruel a toda una generación con Madrid a la cabeza tras sus famosos Protocolos de la vergüenza, desde Marea de Residencias hacemos un llamamiento a toda la sociedad para alzar nuestras voces, unidas,
contra la mayor vulneración de derechos perpetrada en la historia de nuestra democracia.
El 23 de noviembre de 2019 más de 3.000 personas recorrieron la calle Alcalá desde Cibeles a Sol bajo el lema: «Ley de Residencias YA».
El próximo día 26 de noviembre de 2023 seremos muchas más bajo el lema: «¡NO MÁS VÍCTIMAS EN LAS RESIDENCIAS!»
Previo a la manifestación del 26, el día 7 de noviembre a las 19h, celebraremos una reunión virtual mediante Jitsi Meet a la que os invitamos para poner en común la situación actual de las residencias y compartir ideas para concienciar a la sociedad de la gravedad de lo ocurrido en 2020.
Si deseáis participar, por favor enviadnos un correo antes del 5 de noviembre a
mareaderesidencias@gmail.com, indicándonos el nombre del colectivo y el de la persona o personas que asistirá en representación, y os haremos llegar un enlace para uniros a la reunión.


Nosotras y nosotros no les abandonamos.

JUSTICIA, DIGNIDAD, DERECHOS HUMANOS y LEY DE RESIDENCIAS YA

Por la verdad en las residencias de mayores en Madrid

Los días 15 y 16 de septiembre asistí a las jornadas que se han celebrado en Madrid, bajo el título: “Jornadas de Comparecencias”, organizadas por la Plataforma Verdad y Justicia y Marea Residencias. Han testificado familiares de víctimas de los “Protocolos de la vergüenza”, por los que el Gobierno de Díaz Ayuso (PP), en Madrid, excluyó y negó la asistencia sanitaria hospitalaria a miles de ancianos y ancianas, residentes en centros públicos y privados, en los meses de marzo y abril de 2020. La consecuencia fue la muerte de, al menos, 7.291 personas mayores.

Ante la Comisión Ciudadana que se ha constituido comparecieron trabajadores y trabajadoras de las residencias, expertos en medicina geriátrica y acreditados científicos en distintas disciplinas, así como políticos, además de las familias de las víctimas y algunas residentes que salvaron la vida.

La experiencia ha sido muy esclarecedora, tanto por los testimonios como por los datos que se dieron desde los distintos enfoques de la experiencia vivida y el conocimiento de los comparecientes. Aunque no se denominase así, lo percibí un verdadero “Tribunal Popular”, un foro de democracia, justicia y libertad, en la que cada compareciente pudo expresar sus vivencias y exponer sus datos, sin ningún tipo de restricción.

La Comisión está presidida por José Antonio Martín Pallín, quien fue fiscal y magistrado del Tribunal Supremo. En la Comisión también participan: Ana Freixas Farré, fue catedrática de Psicología Evolutiva y Ciencias de la Educación, en la Universidad de Córdoba, e investigadora sobre el envejecimiento, en particular de las mujeres; Fernando Flores Giménez, profesor de Derecho Constitucional y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia; Eduardo Ranz Alonso, profesor de Derecho de la Unión Europea en la Universidad Carlos III de Madrid; el doctor en medicina Fernando Mata, que ha trabajado en Gestión de políticas sanitarias en el ámbito Regional y Nacional; y Mª Victoria Zunzunegui Pastor, doctora en epidemiología por la Universidad de California en Berkeley, experta en epidemiología del envejecimiento.

Trabajadoras de distintas residencias, como: Mari Ángeles Maquedano, de la Residencia Parque Coimbra; Nandi Gutiérrez y Elvira García, de la Gran Residencia de Carabanchel; Pilar Torres, de la Residencia Parque de los Frailes de Leganés; o Antonio Torres de la Residencia DomusVi de Leganés, todas ellas coincidieron en la escasez de plantilla, como común denominador de todos sus centros de trabajo. Una falta de trabajadores y trabajadoras de la que ya se venía alertando antes del estallido de la pandemia y que contribuyó a que la mala atención a los residentes se acentuase con el COVID-19. La escasez de personal es algo que también las familias de los y las residentes percibían en las visitas a sus seres queridos. Esto, que puede parecer cotidiano y común en todas la empresas y sectores, fue un factor determinante en la terrible muerte en solitario, “sin nadie que les cogiese la mano” declararon algunas; a lo que habría que añadir que la no medicalización de las residencias y la ausencia de medios paliativos, hizo de la muerte de muchos y muchas de las víctimas algo inhumano, impropio de una sociedad que se dice avanzada. En palabras de Miriam Alia, Coordinadora Médica de Emergencias en Madrid durante la pandemia, por Médicos sin Fronteras: “No se aplicaron cuidados paliativos, ni clínicos ni sicosociales, ni a enfermos, ni a los trabajadores que les atendían, ni a las familias de las víctimas. Algo no visto en países en guerra o afectados por catástrofes naturales”, dijo, antes de que las lágrimas la desbordasen.

Según los testimonios de las familias de las víctimas, el exceso de celo de muchos de los directores y directoras de las residencias, y los protocolos, impidieron que a partir del 8 de marzo de 2020, se pudiese visitar a los residentes o que sus familiares pudiesen llevárselos a su casa o a un hospital. Tampoco permitieron que acudiesen ambulancias para al traslado a hospitales, aunque fuese costeada por los propios familiares. Restricción que no sufrieron los residentes que tenían pólizas con aseguradoras privadas de salud. En su testimonio, Concepción Quirós, familiar de una residente fallecida en la Residencia pública para mayores de Manoteras, tuvo que recurrir a un Notario y a una ambulancia privada para poder trasladar a su madre al Hospital Ramón y Cajal, una de las pocas familias que consiguió sacar a su familiar, pese a las directrices en contra dictadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Una de las declaraciones más emotivas fue la de Mercedes Huertas Aguilera, cuando relató como en las llamadas telefónicas en las que conseguían contactar con la Residencia, que no con su padre, les decían que estaba bien. El 4 de abril pudieron verle a través de una videollamada, “se le veía adormecido”, el día 6 de abril falleció, no le habían realizado el test hasta el 2 de abril; el resultado de la prueba llegó dos días después del fallecimiento.

El celo excesivo de algunos y algunas directoras llegó incluso a la represión de sus trabajadores, es el caso de la Técnico Sanitario del centro público Gran Residencia de Carabanchel, Nandi Gutiérrez, quien fue sancionada laboralmente con suspensión de empleo y sueldo, y un traslado forzoso, por haber contado lo que ocurría en el interior de la residencia, la dijeron. Una sentencia judicial obligó a la devolución del salario y a la recuperación de su puesto de trabajo en el mismo centro.

A la falta de personal y de medios médicos, carencias previas a la pandemia, se añadió en los testimonios la ausencia de Equipos de Protección Individuales (EPIs), teniendo las trabajadoras y trabajadores que improvisar protecciones con bolsas de basura. Llegando a darse situaciones temerarias como la que relataron varias trabajadoras, cuando, en los primeros días de pandemia, les prohibían el uso de mascarillas, “para no alarmar”. O, en palabras de Antonio Torres, trabajador de la Residencia de Leganés DomusVI, “…los trabajadores utilizaban por turnos una mascarilla que tenían en el área de mantenimiento”.

Se dieron situaciones de enmascaramiento de la realidad, algo que parecer ser habitual en tiempo normales, cuando los familiares anuncian la visita a un residente. En la Residencia antes citada, de Leganés, el 15 de marzo hubo un suicidio. En ese momento, la dirección del centro dio orden de proporcionar mascarillas, batas y gorros, todo desechable, pues llegaba el Juez de Guardia para el levantamiento del cadáver.

Una de las testificales más esperadas fue la de Alberto Reyero, el que fuera Consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Díaz Ayuso, y que dimitió tras denunciar “los Protocolos de la vergüenza”.

El Sr. Reyero hizo una reconstrucción cronológica de los acontecido. Recordó que el 4 de marzo de 2020 se produjo el primer fallecimiento por COVID en Madrid, registrado en la Residencia pública La Paz. Y que los protocolos fueron varios y de distintas fechas: el 8 de marzo se lanzó el Protocolo de Limitación de Visitas; el 18 del mismo mes se lanzó un primer Protocolo de no Derivación (a hospitales); el 20 de marzo, se lanzó el segundo Protocolo para la exclusión de residentes con grados de dependencia medio y alto. “Una residencia es un lugar donde se cuida y un hospital es donde se cura”, dijo. Por tanto, resulta fundamental la derivación hospitalaria que se les negó a miles de residentes. En opinión de los juristas que componen la Comisión, se han podido vulnerar los artículos 15 y 43 de la Constitución.

Estos Protocolos fueron emitidos por la Dirección de Protección Sociosanitaria, dependiente de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y, por ende, del Gobierno de Ayuso. Estas decisiones políticas se tomaron mientras había hospitales privados con camas libres.

Compareció el ex alcalde de Leganés por el PSOE, Santiago Llorente Gutiérrez, quien dejó claro en su declaración que las residencias no tenían los recursos sanitarios mínimos. Denunció que la Comunidad de Madrid nunca derivó personal sanitario a las residencias del pueblo de Leganés, ni las medicalizó mínimamente. Ante esto, bajo su mandato, el Ayuntamiento de Leganés se querelló contra el Gobierno de la señora Ayuso, proceso judicial que aún está en curso, pero al que el actual alcalde, del PP, no tiene intención de dar continuidad.

El ex diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid, José Ángel Gómez Chamorro, presidió la Comisión de Investigación sobre la situación provocada por el COVID-19 en los centros residenciales de mayores en la Comunidad de Madrid, relató que, antes de la pandemia, había realizado visitas a las residencias públicas y concertadas de Madrid. La conclusión de estas visitas fue que las condiciones eran lamentables. Achacó el problema a la externalización de servicios y la privatización de los centros públicos, “…las empresas solo ven un nicho de negocio, muchas ni pertenecen al sector sociosanitario.”, “La inspección (desde la CAM) es mínima, por tanto, la relajación de los centros es total”, comentó.

En esta línea, estuvo un pasaje de la declaración que realizó María Jesús Valero, familiar de una residente que falleció en la Residencia de Usera: “La Dirección de la Residencia, (en el momento en que su familiar falleció), nos ofreció los servicios de Mémora (empresa de servicios funerarios) con la que DomusVi tenía un acuerdo de 700 € por finado”. Es el negocio con la muerte, incluso en los momentos más difíciles, en los que la empresa gestora de la residencia se lleva un 10% de cada fallecimiento (teniendo en cuenta el coste del negocio cautivo que son los enterramientos) aprovechando la desgracia ajena.

La Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, constituida el 20 de julio de 2020, solo pudo trabajar durante 35 horas, pues unos meses después se disolvió la Asamblea y se convocaron las elecciones anticipadas del 4 de mayo de 2021.

La Comisión Ciudadana sacará sus conclusiones del impresionante volumen de información que se puso sobre la mesa en las comparecencias. Pero, hay datos irrefutables:

El número de fallecidos en función del número de residentes hablan por sí solos (números aproximativos a falta de datos oficiales):

En Madrid hay 475 residencias públicas, públicas en gestión externalizada, privadas concertadas y privadas, de las tan solo el 10% son públicas de gestión directa. La media de residentes por centro es de unas 250 personas. Datos dados por los comparecientes periciales y profesionales.

“Mientras que en las 25 residencias totalmente públicas hubo una mortalidad del 7,4%, en las 18 de gestión externalizada la cifra escala hasta el 21,9% según un nuevo estudio publicado en la revista internacional Epidemiología.” (publicado en El País del 30 de junio de 22).

El doctor Francisco Pozas, ha estudiado los datos y ha resumido en 20 item sus conclusiones. Una de las más clarificadoras ha sido que: tomando 12 países de la OCDE en el periodo de pandemia, España ostenta el mayor número de muertes entre mayores de 65 años, quedando así en la peor situación en los índices de protección a los mayores de esa edad. Y Madrid está a la cabeza de los índices de mortalidad en mayores de 65.

Las declaraciones, las experiencias vividas y los datos dejan claro el cruel desastre que se vivió en las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid en aquellos meses. Ahora solo falta que la Justicia haga su trabajo y que se preste a ser el burladero de la impunidad para los responsables de esta tragedia.

Roberto Tornamira Sánchez
Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Entrevista: Rafael Arévalo

Entrevistamos a Rafael Arévalo, víctima del abandono sufrido por los mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid, donde murieron más de 7.000 personas.

Rafael es abonado de Tribuna Socialista en Madrid.

Pregunta.- Perdiste a un familiar en la pandemia, ¿podría haberse evitado?

Rafael.- Mi madre, Juana, falleció el 26 de abril de 2020. En esta fecha ya había fallecido un tercio de los residentes, de un total aproximado de 180 residentes. La brutalidad de la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es tal que, a finales de abril, habían fallecido la práctica totalidad de las personas de la planta de “asistidos”. Podría haberse evitado, si el Gobierno de la Comunidad de Madrid no les hubiese negado la asistencia hospitalaria; si no les hubiese dejado abandonados a su suerte con decisiones pensadas en favor de los beneficios empresariales en lugar de en la salud de los residentes.

P.- ¿En qué tipo de residencia estaba tu madre?

R.– La residencia AMAVIR Arganzuela, está situada en la calle de Embajadores, 211, saliendo de la ciudad hacia el sur de Madrid. Es una de tantas residencias concertadas con la Comunidad de Madrid, que pertenece al grupo empresarial francés Maisons de Famille.

La relación con la dirección del centro siempre fue correcta. Desde antes de la pandemia, los familiares percibíamos el problema de la escasez de plantilla, por los errores que se producían habitualmente, por ejemplo: mi madre era diabética y le daban zumos que no podía tomar, los armarios de ropa no estaba controlados y podías encontrar ropa de otros residentes mezclada con las suyas o ropa suya que desparecía, y lo que es más grave, casos de escaras no detectadas a tipo generando graves consecuencias, incluso algún fallecimiento por este motivo… Es evidente que esto obedecía a la rotación de trabajadores; producto de la precariedad de las condiciones de trabajo y de bajos salarios.

Con la pandemia, esta situación se gravó en modo superlativo por las bajas por COVID del personal. Viéndose la dirección del centro colapsada por la situación e impedida de tomar decisiones que hubiesen evitado el contagio generalizado, dentro de la residencia. La residencia carecía de mascarillas y de personal suficiente para mantener a los residentes confinados sus habitaciones, de manera que, en plena pandemia, continuaban sacando a los ancianos a la sala común de cada área, para ser atendidos 25 residentes por cada auxiliar. Estas deficiencias no se corrigieron, en parte, hasta que los bomberos acudieron al centro a mediados de abril, dando orden de aislar a los residentes en sus habitaciones. Ahí quedan las escalofriantes escenas con las que los bomberos y los miembros de la UME se encontraron en muchas residencias, según han declarado.

A partir de la declaración del estado de alarma, se cortó la información a los familiares. La poca información que nos llegaba era a través de los familiares cuyos padres y madres iban falleciendo.

P.- La Comunidad de Madrid, a lo largo de la pandemia, no ha tomado ciertas decisiones porque, a su presidenta y a su equipo de gobierno, les parecían muy duras para la economía. ¿Qué opinas tú de esto?

R.- Pues pienso que lo verdaderamente duro es lo que sufrieron miles de familias que no pudieron despedirse de sus familiares.

Lo duro, durísimo, es enterarte por lo medios de comunicación, porque la residencia no te informaba, de que a mi madre se le había negado la asistencia sanitaria hospitalaria, con la que podría haber vivido más tiempo. Esta decisión de negar a la vida a una persona, al negarle la atención médica adecuada, es muy llamativa por venir de un Gobierno sustentado por partidos que niegan el derecho a la muerte digna y el derecho de las mujeres a decidir ser madres, con el argumento del derecho a la vida.

La angustia que se siente al saber que tu familiar está en una situación de riesgo mortal inminente y no poder hacer nada. Lo único que se podía hacer a duras penas, por las restricciones, era intentar obtener información de tu familiar.

Lo que más duro, es enterrar a tu familiar en la mas absoluta clandestinidad viendo el féretro entrar en el cementerio 1 minuto solo con 3 familiares como si fuera el más indeseable del mundo, sin la despedida digna que se merecía.

P.- Esta entrevista la estamos haciendo en la manifestación que ha llenado la Gran Vía y parte de la Plaza de España, de Madrid, en esta tarde de sábado, 17 de septiembre. A la que han acudido miles de personas para reclamar que las residencias vuelvan a ser públicas y con atención digna. ¿Qué habría que hacer, en tu opinión, para resolver la lamentable situación que se vive?


R.- Lo primero que habría que hacer es revertir las residencias públicas, que están siendo explotadas económicamente por empresas privadas, a una gestión directamente pública.

En según lugar, no permitir el déficit de plantilla en las residencias, sean esta públicas o privadas. Pues las ratios de personal por cada 100 residentes son incumplidas de manera ostentosa; agravándose cada año en los periodos vacacionales y de forma brutal en estos años pasados de pandemia.

En tercer lugar, además de una dotación de trabajadores y trabajadoras adecuada, garantizar que el personal de las residencias tiene la cualificación adecuada al puesto que

le es encomendado, pues la escasez de plantilla lleva, en muchas ocasiones, a que trabajadoras contratadas como personal de limpieza se vean obligadas a asumir tareas de auxiliares sanitarias.

En cuarto lugar, hay que vigilar la ratio de gasto de personal de las residencias vigilando el personal que incluyen en el mismo y sobre todo que este no debería ser nunca inferior al 70%, y no como esta ahora en las privadas y privadas concertadas que está en torno al 50%.

En quinto lugar, acabar con la connivencia de la Administración con las residencias que las avisa con antelación del día que las va a inspeccionar.

En definitiva, lo que la Administración no puede hacer es desentenderse de un servicio esencial para la sociedad, que se ha convertido en un negocio donde el ciudadano queda subordinado al interés económico. El coste de esta “filosofía” político-económica, de la que, el Gobierno de Ayuso es connivente, ha sido de 7.000 vidas, solo en la Comunidad de Madrid.

Quiero terminar diciendo que aun no entiendo cómo, la fiscalía de Madrid, puede haber archivado la causa judicial abierta para depurar responsabilidades por la decisión criminal de negar asistencia sanitaria a nuestros ancianos.

Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista