Fotografía cedida por la Asociación Vecinal NUDO SUR.
Madrid está gobernada por el PP con una idea política que desprecia la vida de las personas. La presidenta Ayuso lo expresó perfectamente, “se iban a morir igual”, dijo, al referirse a las 7291 personas mayores que murieron en las residencias de Madrid, tras negárseles la atención sanitaria hospitalaria.
El liberalismo asume la muerte violenta, pues es violencia no actuar o tomar decisiones a sabiendas de las consecuencias de ello, de personas inocentes; es la lógica de la guerra, llevada al extremo en Gaza por parte del Gobierno sionista de Netanyahu, apoyada por toda la derecha internacional y consentida de forma más o menos pasiva de muchas naciones que se dicen progresistas. La responsabilidad incluye a quienes votan a los partidos liberales, conservadores y de extrema derecha.
Esta lógica es con la que se gobierna en las comunidades autónomas en nuestro país; en unas con mayor intensidad, como es el caso evidente de Madrid y en otras más solapadamente. Bajo la cobertura de la abstracción de la “colaboración publico privada”, pues, llegados a este punto, donde dice “colaboración”, en realidad evitan decir “fomento del negocio privado.
Lo vimos en el Hospital Universitario de Torrejón, en el que el CEO de la empresa Rivera Salud, a la que el Gobierno de Madrid otorgó por segunda vez, en 2018, la gestión de este centro hospitalario, dio la orden de aumentar las listas de espera y desechar a los pacientes no rentables, con la finalidad de aumentar los beneficios empresariales. Las denuncias contra esto fueron inadmitidas el caso fue archivado por el Tribunal de Instancia de Torrejón, decisión avalada por la Audiencia de Madrid. El CEO dimitió, los denunciantes sanitarios fueron despedidos y ahí continua Rivera Salud haciendo beneficio.
A la filosofía política de la derecha, en la que no hay respeto a la vida de las personas, se suma el autentico burladero en el que se ha convertido la ¿Justicia?, cuando los casos caen en manos de jueces, magistrados y fiscales que, por coincidencia ideológica, dan cobertura a estas aberraciones.
Podría citar más casos, como la gestión de los cribados de cáncer de mamá en Andalucía, las consecuencias de los recortes sanitarios en Galicia o las que la privatización en Castilla y León han tenido y están teniendo en el Hospital de Burgos, por señalar tres ejemplos.
Si embargo, quiero y debo resaltar la última explosión derivada de la gestión política de los seguidores de la motosierra en el Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, en el que un cirujano denunció hace unos días que, en este hospital público de gestión directa de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se están manipulando las listas de espera cambian rebajando la gravedad de los pacientes pendientes de intervenciones quirúrgicas.
La denuncia del cirujano, contra quien la Consejera de Sanidad del Gobierno de Ayuso ha arremetido con todo tipo de infamias, decía que: Solo entre el 28 de febrero y el 14 de marzo del presente año, a 57 pacientes en espera de cirugía se les cambió el criterio de preferente, cuyo plazo de intervención no debía superar los 90 días, a normal, para quienes el plazo es de 180 días.
La manipulación de la consideración de la gravedad se llevó a cabo a espaldas del médico que había dado esa calificación, por parte los jefes de servicio, quienes siguen órdenes y criterios de la parte política de gestión del centro hospitalario; puestos que pone a dedo el Gobierno de Ayuso.
Este nuevo escándalo sanitario supone un salto cualitativo respecto a la destrucción de la Sanidad pública, para allanar el camino por el que avanza la privatización de lo público.
Es urgente parar la privatización de la Sanidad pública, tan urgente como poner coto a la especulación de la vivienda.
Roberto Tornamira Sánchez
Militante del PSOE en Madrid
