Contra la guerra: Ni Putin ni OTAN ni Trump ni Netanyahu ni…
La Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE) muestra su apoyo al Gobierno en su digna postura de no permitir que las bases de Rota y Morón sean utilizadas como punto de apoyo a una nueva guerra.
La OTAN ha sido desde siempre una herramienta al servicio de los intereses de los Estados Unidos de América (EE.UU.) Lo único que ha cambiado es que la brutalidad de Trump y su ideología neofascista va más lejos y más rápido que otras administraciones que han precedido a la suya. Prueba de ello es que el secretario general de esa estructura militar se maneja como un auténtico lacayo del autócrata de la Casa Blanca. Otra prueba que hace evidente la subordinación de la OTAN a los EE.UU. es que Trump no considera las bases en España, o las que tiene en cualquier otro país, como bases de la Alianza, sino como bases suyas desde las que puede hacer lo que le dé la gana, ha dicho literalmente.
La actual agresión a Irán, que no al régimen teocrático, pues Trump ha declarado que él desea una relación con los ayatolás como la que ha impuesto en Venezuela, revela que lo que los EE.UU. buscan es un doble objetivo, al menos: controlar las reservas petrolíferas y los pasos de la navegación mundial.
• EE.UU. controla, bien directamente, bien por connivencia con satrapías o por sometimiento de los gobiernos, el 70% de los países del ranking top-10 con mayores reservas de petróleo del planeta, por este orden: Venezuela, Arabia Saudita, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, los propios Estados Unidos de América y Libia. De este top-10 no controla absolutamente a: Irán, Canadá y Rusia.
• De los pasos y/o canales estratégicos del mundo, los EE.UU. controlan el Canal de Suez, mediante el Estado sionista de Israel y el régimen militar egipcio; el estrecho de Gibraltar, con el servil Marruecos y sus bases en Rota y Morón, -por lo que el enfado de Trump va más allá del simple “no me dejan repostar”-.
Hay otros cuatro estrechos estratégicos para el control del comercio mundial, y los cuatro están amenazados, como son: el estrecho de Bering en el Ártico, -una de las motivaciones del imperialismo yanqui en Groenlandia-; el estrecho de Ormuz, ahora incendiado por Israel y los USA; y el estrecho entre Yibuti y Yemen, otra zona atacada permanentemente por Israel y los USA; y el Canal de Panamá, otro objetivo declarado de Trump.
Es evidente que el fin último del capital financiero estadounidense y de las instituciones de ese país es acorralar y cortar el comercio a Rusia y China, las otra dos grandes potencias del mundo. ASTRADE no toma partido por ninguna potencia, sea económica o sea militar: imperialistas y oligarcas nos parecen parte del mismo problema de la humanidad: la barbarie al servicio del enriquecimiento de una minoría.
La conclusión es que nos llevan al desastre, nos llevan a la tercera Guerra Mundial. Puede sonar apocalíptico, pero es una situación que el mundo ya ha vivido, en dos ocasiones en el siglo XX.
Las consecuencias ya se comienzan a notar con el incremento del precio de los combustibles que, de inmediato, se trasladará a las energías domesticas: luz y gas y a todos los productos básicos, como ya hemos vivido en los cuatro años de guerra en Ucrania. Si alguien se pregunta ¿por qué crecen el número de ricos y el número de pobres? Solo tiene que ver que la guerra es un medio y un negocio utilizado y aprovechado por los ricos para saquear a los pobres y empujar a la pobreza a los asalariados más débiles de lo que llaman clases medias, al paso que se apoderan de grandes mercados; como ha hecho Estados Unidos de América con el mercado del GNL y el petróleo en Europa.
Es vergonzosa la posición servil y colaboracionista del PP y VOX, patriotas de pacotilla que lamen las botas de dictadores y genocidas, añorando el sabor que mamaron del franquismo.
La izquierda tiene la oportunidad de cerrar filas y defender los valores que, por definición, debieran compartir. Es el momento de dar la voz a los pueblos del Estado español y que las grandes organizaciones, y las no tan grandes, llamen a movilizarse contra la guerra.
Hamid Hosseini es portavoz de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos y un activista político y social.
Antes del triunfo de la Revolución de 1979 participó, junto con millones de iraníes en las luchas contra el despotismo y contra la monarquía durante el reinado de Mohammad Reza Pahlaví, por lo que fue encarcelado. Dos años antes del triunfo de la Revolución, y como parte de la primera ola de liberación de presos políticos, gracias a presiones internacionales, fue puesto en libertad y se reincorporó a las luchas del pueblo por la libertad. Vivió de cerca las semanas y los días del triunfo de la revolución anti dictatorial iraní en 1979 junto a los luchadores progresistas.
La Revolución no alcanzó sus objetivos y, bajo el liderazgo del clero religioso, un régimen teocrático y totalitario sustituyó al régimen anterior. Tres años después del triunfo de la Revolución, debido a la persecución y detención de fuerzas democráticas y progresistas por parte del régimen recién instaurado, se vio obligado a abandonar Irán y emigró a España. Desde entonces ha continuado sus actividades políticas y de defensa de los derechos humanos, y actualmente es portavoz de la Asociación Iraní Pro Derechos Humanos.
Pregunta.- La prensa internacional informa de una gran movilización social contra el régimen y la respuesta represiva de este, ¿qué está motivando a la mayoría social iraní a salir a las calles a jugarse la vida?.
Las recientes protestas populares en Irán, que comenzaron el día 28 de diciembre en el bazar de Teherán, tenían su origen en problemas económicos y de subsistencia. Estos problemas fueron la chispa que cayó sobre un barril de pólvora compuesto por una acumulación de discriminaciones sociales y políticas que se habían ido amontonando a lo largo de 46 años de gobierno de la República Islámica.
La República Islámica de Irán, desde el inicio de su llegada al poder, redujo al 50% de la población del país —es decir, a las mujeres—, amparándose en las leyes de la sharía islámica, a seres de segunda categoría, privándolas de muchos de sus derechos básicos y humanos, siendo el más importante de ellos la privación del derecho a la libertad de elegir su vestimenta, además de muchas otras restricciones. Desde el principio, las mujeres, junto con una parte de los hombres de la sociedad, reaccionaron ante esta injusticia, pero nunca tuvieron la oportunidad de luchar de manera libre y cívica por sus reivindicaciones.
Junto a ello, las discriminaciones religiosas, étnicas, de clase, laborales y culturales mantuvieron a la sociedad en un estado de asfixia. El gobierno, durante todos los largos años de su mandato, se vio obligado, para imponer su voluntad sobre la sociedad, a cerrar la prensa libre, prohibir la actividad de los partidos políticos y someter las actividades civiles y sociales a un control severo.
El resultado de este modo de gobernar fue la instauración del totalitarismo como práctica habitual del poder y, paralelamente, la institucionalización de la corrupción en la estructura del Estado, mientras la pobreza y la miseria engullían a amplios sectores de la sociedad. Todo ello proporcionó la base material de las protestas.
Pregunta.- Desde tu punto de vista ¿Qué lleva al régimen de los ayatolás a reprimir a su pueblo con tanta violencia?
La República Islámica de Irán tiene razones suficientes para sentirse amenazada en cuanto a la continuidad de su propia supervivencia. Tras 47 años desde el inicio de un gobierno que se administra sobre la base de los mandatos coránicos, todavía no ha logrado proporcionar unas condiciones mínimas de vida digna a la mayoría de la población iraní, que asciende a 90 millones de personas. Más del 60 % de la población vive en la pobreza, el 30 % de los iraníes habita en zonas marginales, y la inflación alcanza cifras cercanas al 50%. El valor de la moneda nacional se ha devaluado frente a las divisas extranjeras y, como consecuencia, muchas personas han perdido sus ahorros. Los cortes diarios de agua y electricidad, junto con el desempleo y la falta de perspectivas claras, empujan a numerosos jóvenes a emigrar de su tierra natal.
Durante los 47 años de gobierno de la República Islámica, la población ha sido privada de participar en las decisiones fundamentales del país. Según la Constitución, la vida y la muerte de 90 millones de personas están concentradas en manos de una sola figura, denominada el valí-e faqih (guía supremo), que es el líder religioso de una parte muy reducida de la élite gobernante y de su base social. El 60 % de la riqueza nacional está bajo el control del líder del país, quien no se considera responsable ante nadie, ya que se percibe a sí mismo como representante de Dios. Desde sus inicios, este régimen ha colocado la preservación del sistema como la tarea principal de la estructura del poder y, para lograrlo, ha enviado a decenas de miles de disidentes a la horca o ante pelotones de fusilamiento. No reconoce otro lenguaje frente a sus opositores que el de las balas, la prisión y la tortura.
El lema «Mujer, vida, libertad» ha surgido del corazón de todas estas desgracias. La mujer simboliza la discriminación social. La vida representa la falta de las condiciones mínimas necesarias para la subsistencia, y la libertad encarna las presiones político-sociales que pesan sobre los hombros del pueblo. Tal vez sea difícil encontrar en el mundo un gobierno que despierte un nivel de odio tan profundo entre su propia población. Y, además de todas estas dificultades, se cierne desde hace tiempo sobre Irán y los iraníes la sombra de una guerra, proveniente de Israel y de Estados Unidos.
Pregunta.- La revolución de 1979 que derrocó a los Pahleví también tuvo como detonante las huelgas y protestas que se organizaron desde 1977, por motivos similares a los que hoy provocan el descontento social ¿Viviste aquellos acontecimientos?
En 1906, la Revolución Constitucional tuvo lugar en Irán con el objetivo de limitar las atribuciones del monarca y crear un Estado basado en la ley. Esta revolución marcó el rumbo de todos los movimientos políticos y sociales a lo largo de todo el siglo XX y del primer cuarto del siglo XXI.
La victoriosa Revolución Constitucional, en su camino hacia la estabilidad y el progreso, se enfrentó a numerosas resistencias. Finalmente, en 1921, el golpe de Estado de Reza Pahlaví, con la ayuda de Inglaterra, puso fin para siempre al reinado de la dinastía Qayar. En 1926, Reza Shah, mediante su coronación oficial, fundó la dinastía Pahlaví. Durante su reinado, Reza Pahlaví eliminó en la práctica todos los logros de la Revolución Constitucional.
El 16 de septiembre 1941, por exigencia de las fuerzas aliadas que habían ocupado Irán, se vio obligado a abandonar el país y su hijo, Mohammad Reza Pahlaví, lo sucedió en el trono. A la sombra de los acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Irán logró reconstruir nuevamente los valores de la Revolución Constitucional, y como resultado de ello, Mohammad Mosaddeq, un político nacionalista y liberal, llegó a ocupar el cargo de primer ministro, en 28 de abril de 1951.
Mohammad Mosaddeq impulsó la nacionalización de la industria petrolera y dio pasos importantes hacia la democratización del espacio político y social de Irán. Lamentablemente, este proceso se vio interrumpido por el golpe de Estado en 19 de agosto de 1953, llevado a cabo por Estados Unidos y el Reino Unido, junto con el propio Mohammad Reza Pahlaví, contra el gobierno de Mosaddeq, tras lo cual el sistema monárquico autoritario volvió a imponerse en Irán.
La revolución antimonárquica de 1979, en el contexto de la Guerra Fría entre los gobiernos occidentales liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, y con el objetivo de concluir la tarea inconclusa de la Revolución Constitucional y del movimiento de nacionalización del petróleo, así como de establecer un estado de derecho y democrático, derrocó a Mohammad Reza Shah Pahlaví. Sin embargo, el recién nacido que tanto habíamos esperado nació muerto.
Pregunta.- ¿En qué medida se asemeja la represión que se vive hoy y la que el pueblo iraní padecía bajo el Shah?
Quizá con audacia pueda decir que los iraníes nunca perdonaron el golpe de Estado de 1953 contra el gobierno legal del doctor Mohammad Mossadegh, llevado a cabo por Mohammad Reza Shah y los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra. Los movimientos contra el despotismo y por la justicia social entraron en una nueva etapa a partir de 1963 y no se detuvieron hasta la Revolución de 1979, cuando Mohammad Reza Shah Pahlaví fue derrocado. En los años previos al triunfo de la revolución me había sumado a estas luchas y pude vivir de cerca todas aquellas magníficas protestas en las calles de Teherán.
Desde 1977, las protestas contra el gobierno ocurrían de manera continua en distintos lugares, y también se organizaban huelgas en talleres, fábricas y oficinas. A medida que pasaban los días y los meses, las protestas se volvían más multitudinarias y más grupos sociales se unían a los manifestantes; en la misma proporción, las deserciones dentro del aparato gubernamental aumentaban en todos sus sectores. En las semanas cercanas a la victoria de la revolución, muchos soldados e incluso oficiales y fuerzas del orden abandonaban sus puestos de servicio. Como culminación de este proceso, las huelgas en la industria petrolera pusieron fin a la vida del régimen dictatorial monárquico.
Debo añadir que, aunque en aquellas semanas y días tormentosos el régimen monárquico intentó controlar las protestas callejeras disparando contra los manifestantes e imponiendo la ley marcial en muchas ciudades, especialmente en Teherán, sin duda el nivel y la intensidad de la represión y de las matanzas nunca alcanzaron el grado que hoy alcanza el régimen de la República Islámica de Irán.
Pregunta.- Irán lleva mucho tiempo “sobrevolado” por potencias extranjeras: primero fue el imperio de los zares de Rusia, después el imperialismo británico, y también por el estadounidense ¿Cuál es el interés verdadero del imperialismo en Irán? ¿Qué papel juega Israel y los USA en esta crisis?
La posición geoestratégica de Irán es de gran importancia. No es casualidad que a lo largo de la historia siempre se haya mencionado a Irán como un puente de comunicación entre Oriente y Occidente.
Irán tiene fronteras terrestres con siete países y fronteras marítimas con otros ocho. El estrecho de Ormuz, situado al sur de Irán, entre el golfo Pérsico y el mar de Omán, es una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Este estrecho desempeña un papel fundamental en el transporte mundial de petróleo y gas. Cerca del 25% del petróleo que el mundo necesita pasa diariamente por este estrecho. China, el mayor rival comercial de los Estados Unidos de América, hace pasar diariamente por este estrecho el 30% del petróleo que necesita. Controlar este paso marítimo significa poner la mano y controlar el 25% del petróleo consumido en el mundo.
Irán, con una superficie de 1.648.000 kilómetros cuadrados, es poseedor de las segundas mayores reservas de gas y las terceras mayores reservas de petróleo del mundo, con una población de 90.000.000 de habitantes y más del 90% de alfabetización, es el país más fuerte del Cercano Oriente para hacer frente a las aspiraciones hegemónicas de Israel, que pretende expandir sus fronteras y actuar como gendarme de la región.
En el nuevo orden mundial, que aún está en proceso de formación y cuyos principales actores son China y Estados Unidos, dependiendo de a qué bloque se sume Irán, puede inclinar la balanza a favor de uno de estos bloques
Pregunta.- Estamos asistiendo a una ola de injerencias del imperialismo liderado por Trump sobre distintos países, a los que les subordina bajo la presión y la amenaza de la fuerza: por ejemplo en Siria, donde Ahmed al Charaa ha pasado de ser considerado un terrorista a visitar la Casa Blanca. Algo similar está ocurriendo en Venezuela y, parece que por ahí pueden ir la cosas en Cuba ¿Piensas que en Irán puede ocurrir al similar?
Quizá la opción ideal de Trump en relación con la República Islámica, después del amplio despliegue militar en las aguas cercanas a Irán, sea llegar a un acuerdo con una parte de la élite gobernante de la República Islámica que adopte posturas más moderadas respecto a los asuntos en disputa entre ambos países.
Parece que la República Islámica ha aceptado llevar a cero el enriquecimiento de uranio durante un período —por ejemplo, tres años o más—, permitir las inspecciones de los inspectores de la agencia nuclear incluso de forma diaria, enviar a un tercer país los 400 kilos de uranio enriquecido que posee o diluirlos dentro de Irán bajo la supervisión de los inspectores, detener el envío de armas a sus fuerzas proxy en la región y firmar un pacto de no agresión con Estados Unidos que incluya también a los aliados de este país. Con este pacto, deja de lado el tema de reducir el alcance de sus misiles balísticos y lo excluye de las negociaciones. Junto a todo ello, propone a Estados Unidos invertir en los recursos petroleros y gasíferos de Irán. La figura considerada adecuada para impulsar esta política es Hasan Rohaní, el expresidente, y su ministro de Asuntos Exteriores, Javad Zarif. Por supuesto, Estados Unidos, a su vez, se comprometería a levantar o reducir las sanciones económicas contra Irán.
Si las cosas avanzan de este modo, Trump lo aceptará y, para la República Islámica, también sería una vía de escape del callejón sin salida en el que ha quedado atrapada. La República Islámica aún no ha tenido tiempo de limpiar de las calles la sangre de los jóvenes y manifestantes que masacró el mes pasado y, al mismo tiempo, pretende levantar horcas en los espacios públicos para que los ciudadanos no se atrevan a salir a las calles para nuevas protestas. La República Islámica nunca había sido tan odiada por su propio pueblo como lo es hoy.
Un acuerdo con los Estados Unidos ayudaría al régimen a recomponerse frente a un pueblo al que ha mantenido encadenado durante más de 45 años y a pensar en matanzas aún mayores, para que las oligarquías gobernantes puedan seguir saqueando los recursos petroleros, gasíferos y otros recursos subterráneos que pertenecen a la nación y mantenerla en la pobreza y la miseria.
En Tribuna Socialista n.º 173, abrimos una nueva etapa con cambios estéticos, entre los que se incluía –en el faldón del sumario, pág. 2– un párrafo en el que decíamos lo que aspiramos a ser. En la editorial de este número 174, tenemos que comenzar diciendo también que somos una publicación independiente de los gobiernos, de los partidos políticos, de toda fe religiosa y que nos regimos, única y exclusivamente, por la opinión de nuestras asociadas y asociados.
Que seamos independientes no implica neutralidad, pues como reflejamos en el párrafo aludido: “…aspiramos a ser un punto de encuentro para la izquierda…”.
Aunque oficialmente no sea así, todos los partidos están aprestándose para unos próximos comicios, de hecho, en otro artículo de este mismo número, comentamos las dificultades de la izquierda para formar una coalición electoral unida. La realidad nos dice que estamos en un nuevo período electoral.
Precisamente por ello, y porque somos independientes, pero no neutrales, hacemos estas aclaraciones, para abordar una sana crítica al Gobierno de Pedro Sánchez, sin ser ciegos a lo que ocurre.
El ataque permanente al Gobierno de coalición por parte de la derecha extrema y la extrema derecha, –podría hablarse de “bullying” político– se da desde el minuto después del cierre de las urnas en las generales de julio de 2023. Comenzando por la presión que el PP ejerció sobre Felipe VI, para que encargara a Feijóo iniciar los pasos para la investidura; presión a la que el señor Borbón accedió. Esto, sabiendo que no tenía el apoyo suficiente, pero, probablemente había que intentar un nuevo tamayazo.
Pocos meses después, en abril de 2024, el pseudo sindicato Manos Limpias, de orientación fascista, interpuso una demanda contra Begoña Gómez. La fiscalía solicitó el archivo de la causa, el informe preliminar de la UCO no encontró delito…, aun así el juez Juan Carlos Peinado activó la causa que hoy va camino de cumplir dos años de investigación prospectiva, culebrón judicial y juicio mediático, que se pretende mantener hasta que haya elecciones generales. Como este caso, hay otros.
No tenemos interés en los pormenores de estos casos, ni en contribuir al circo mediático. Sirva la mención de ejemplo de casos fabricados por las organizaciones que la derecha utiliza como brazo armado para machacar a sus adversarios políticos, como anteriormente machacaron a otras y otros como Pablo Iglesias e Irene Montero, Mónica Otra, el exfiscal General del Estado… y a todo aquel que no apoye la idea de que solo la derecha está legitimada para gobernar. Este acoso judicial no sería posible sin la colaboración de jueces que se prestan a seguir la consigna de Aznar “el que pueda hacer que haga”; consigna a la que se suman los medios de comunicación en manos de la derecha económica y política.
La derecha tiene la misma libertad de expresión que el resto de los ciudadanos, solo que a ellos nadie les aplica una Ley Mordaza; pueden decir lo que quieran que no pasa nada, incluso declararlo ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo, como hizo el mentiroso MAR en el juicio contra Álvaro García Ortiz, juicio que desembocó en una vergonzante sentencia.
Claro que la derecha puede manifestar su oposición contra las medidas que toma un gobierno contrario ideológicamente. Pero no utilizar las instituciones del Estado para derribar al Gobierno que sumó los votos de las diputadas y diputados electos en las urnas. Ni que poderes económicos, judiciales y mediáticos actúen como poderes fácticos.
No es fácil combatir toda la basura que genera la derecha de toda la vida, y a la vez intentar gobernar un país con casi 50 millones de habitantes. Ahora bien, el Gobierno tiene en sus manos muchos resortes y capacidades que a nuestro modo de ver no utiliza o no lo hace correctamente.
La crítica que hacemos desde Tribuna Socialista es que las políticas del Gobierno, en algunas ocasiones se dan de bruces con la realidad que la mayoría de la sociedad vive/sufre, pues el 80% de la sociedad necesita más política de izquierdas, eficaz, y menos proclamas mediáticas. No negamos que ha tomado algunas medidas acertadas pero también se acumulan las promesas o evidentes necesidades incumplidas.
Un ejemplo es la reforma laboral (RD 32/2021) que pareciera la madre de todas las reformas. La realidad es que dejaron vivos la mayoría de los efectos lesivos de las reformas de 2010 y 2012. La percepción en la vida de los trabajadores respecto a esta reforma no es muy positiva:
El contrato fijo-discontinuo salió de las estadísticas como contrato temporal, para ser considerado un contrato indefinido. Eso ha disminuido la temporalidad estadísticamente, pero la realidad es que casi 1 millón de trabajadores y trabajadoras con este contrato, muchas de ellas y ellos, tienen una relación laboral de puesta a disposición con la empresa, con una indefinición tremenda. Hay quienes tienen varios contratos fijo-discontinuo con varias empresas y entre todas no suman una jornada laboral completa.
La reforma de 2012 modificó el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores (ET) eliminando la necesidad judicial previa para la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), permitiendo que las empresas apliquen despidos colectivos tras cumplir la formalidad del periodo de consultas con los comités de empresa y las secciones sindicales, llevando a los despedidos a la demanda judicial a posteriori.
La reforma de 2022 dejó intacta esta lesiva medida, salvo para las administraciones públicas. Una medida que ha provocado millones de despidos de trabajadoras y trabajadores con derechos, para ser sustituidos por mano de obra precaria; solo hay que ver cómo ha caído el salario más frecuente.
Hace no mucho, desde el Gobierno se clamaba que actuaría contundentemente contra las grandes empresas que anunciaban ERE en los que están siendo despedidos miles de trabajadores ¿Con qué herramienta? A pesar de los 550 nuevos inspectores de trabajo que el Gobierno incorporará hasta 2027, pero ¿qué son 2.550 inspectores para 3,3 millones de empresas y 22,5 millones de ocupados?
Insistimos, la reforma de 2022 dejó buena parte de las agresivas medidas de las reformas de 2010 y 2012. Por ejemplo, quedó sin modificar el abaratamiento de la indemnización por despido a 33 días por año trabajado que introdujo la reforma de Rajoy y continúan en vigor las cláusulas de descuelgue de los convenios, por parte patronal, mientras que los trabajadores tienen prohibido protestar y hacer una huelga cuando el convenio está en vigor, pero pierden poder adquisitivo a raudales, medida a la que le abrió la puerta la reforma de Zapatero y afianzó la del PP.
Celebramos que se recuperase el principio de ultraactividad de los convenios colectivos, y que se recuperase para los convenios sectoriales la materia en jornada y salario, así como que en 2020 se derogase el art. 52-c del ET, por el que se permitía el despido objetivo por bajas médicas. Son aciertos, pero absolutamente insuficientes frente a las promesas de derogación de las reformas laborales que se aplicaron con motivo de la crisis de 2008.
En otras políticas, aunque no es solo achacable a este Gobierno, es evidente la escasez de esfuerzo inversor en infraestructuras, particularmente si lo comparamos con el gasto en defensa:
En 2025 se presupuestaron 11.300 millones para transporte, y 2.798 millones para vivienda, frente a los 33.715 millones en defensa -2% del PIB comprometido con la OTAN.
Este país hace aguas, y no solo por la cadena de borrascas, en carreras, en ferrocarriles y particularmente en vivienda de protección oficial (VPO). Esas son las guerras que hay que librar con urgencia, pero ha sido un frente desguarnecido durante años. Y las medidas legislativas que manan del Gobierno son titubeantes, cuando no a favor de los propietarios; que no sufren ningún problema de vivienda.
Tenemos que citar que no se ha cumplido la promesa de derogar la Ley orgánica 4/2015, conocida popularmente como Ley Mordaza, por la que miles de personas son multadas arbitrariamente por agentes de policía de los sindicatos “fachipol”, que ejercen su ideología porra en mano, mintiendo en los partes de lesiones y multando a quienes ejercen su libertad de expresión y derecho a la movilización.
Actualmente nos enfrentamos a un nuevo contraste entre la realidad de la calle y la del Gobierno: mientras hay un clamor que exige la derogación de la Ley 15/1997, la que permite la obscena privatización de la sanidad pública, se nos presenta un Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que incluye una disposición derogatoria que recoge dicha reivindicación. Sin embargo, el texto del Anteproyecto está plagado de terminología que “limita la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro”, pero limitar no es eliminar la sangría de la privatización.
La confianza en el Gobierno está deteriorada, pues, por qué habríamos de confiar en el Anteproyecto sanitario, cuando los defensores de las pensiones en las calles llevan años exigiendo que se cumpla la Ley 21/2021 por la que se tenía que encargar una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social para establecer cuánto dinero le debe el Estado a la caja de las pensiones públicas desde 1967.
Son muchas las reivindicaciones no escuchadas o escuchadas a medias. Es mucha la pérdida de confianza y prestigio de los partidos de la izquierda, por culpa de la corrupción y de los casos de abusos contra la dignidad de las mujeres que, aunque en la derecha lo llevan en su ADN y sus mujeres parecen aceptarlo, en la izquierda es intolerable pues va contra la genética del hecho de ser de izquierdas.
La izquierda necesita unirse, que no uniformarse. Es una necesidad a la que ASTRADE aspira a contribuir junto a todo aquel que camine en esa dirección, pero no cabe duda que no nos podemos permitir que pase un gobierno de izquierdas más por la Moncloa sin tomar las medidas que la mayoría necesita
El 24 de febrero de 2022 tropas rusas penetraron en el territorio de Ucrania; se cumplen por tanto cuatro años de guerra. La suma de muertos, heridos, desaparecidos o desplazados se cuenta por millones1, la mayor catástrofe en bajas humanas desde la 2ª guerra mundial. A esto hay que añadir las consecuencias de la primera fase de la guerra desde 2014 con el denominado “Euromaidán” y la anexión de Rusia de la península de Crimea.
Al margen de las circunstancias políticas en las que se ha ido desarrollando esta guerra, el sufrimiento del pueblo ucraniano y el ruso ha sido y es inconmensurable. Los jóvenes de uno y otro bando se ven arrastrados a una guerra que en muchos casos no entienden o que perciben como algo ajeno, dependiente de intereses económicos y políticos; se ven obligados a huir a otros países o esconderse para no ser arrastrados al conflicto. La población civil, con las infraestructuras inutilizadas tras cuatro años de destrucción, se enfrenta a todo tipo de privaciones, sin electricidad para calentarse o imposibilitados para cubrir necesidades básicas, incluidos los alimentos. No caben “peros”, es una pelea de oligarcas que han tomado como rehenes a la población civil.
Las guerras, declaradas o no, se extienden por doquier: distintas organizaciones estatales y ONG’s hablan de 56 conflictos armados. Sin embargo, este drama va más allá de la estadística. El anhelo de paz a la que sin duda aspiran los pueblos se enfrenta a una fiebre armamentística desaforada que únicamente esconde el lucro y el ansia de poder de unos pocos. En gran parte del mundo no cabe la paz y el desarme, no es posible denunciar la guerra sin ser señalado como defensor de Putin o de la OTAN.
Con relación a la guerra ruso-ucraniana, los dirigentes de la Unión Europea, con Ursula von der Leyen a la cabeza, se rasgan las vestiduras por los ataques rusos, mientras miran para otro lado ante el genocidio palestino; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se comporta como un quintacolumnista a sueldo de las grandes empresas de armamento; los Gobiernos incrementan sus presupuestos en defensa ante las amenazas de Trump; y todos, con el apoyo mediático, nos avisan del peligro que supone Putin para la seguridad europea. Desde que empezó esta fase de la guerra Finlandia y Suecia se han convertido en miembros de la OTAN. En España, un estudio del CIS de noviembre de 2025 indicaba un 66,2% de los españoles pensaba que España se vería implicada en una guerra en los próximos años.
Aterrorizar tiene réditos
Desde enero, Trump viene intentando justificar su intención de anexionarse Groenlandia con el argumento del peligro de que, fundamentalmente Rusia pero también China, se apoderen de la isla, poniendo en peligro la seguridad de EE.UU. Por supuesto no sirve de nada que Rusia geográficamente ya tenga un acceso privilegiado al Ártico y por tanto a Groenlandia, pero es ahora cuando ve el peligro inminente. Igualmente, su exigencia de elevar los presupuestos en defensa de los países de la OTAN al 5% encuentra justificación ante la amenaza rusa. A nadie se le oculta que este incremento del gasto militar se destinaría a compras de material a las empresas armamentísticas estadounidenses; en esto se traduce el “America First” cacareado por Trump.
En Francia, el presidente Macron justifica duplicar el presupuesto en defensa2: “La aceleración de peligros exige acelerar el esfuerzo en defensa. Para ser libres hay que ser temidos, para ser temidos hay que ser poderosos”. Pronuncia estas palabras a la vez que plantea recortes generales de los servicios públicos franceses. En Alemania, el canciller Merz anuncia la implantación del servicio militar obligatorio y el aumento en defensa, también por la amenaza “activa y agresiva” de Rusia. En el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer señala que “la postura de Rusia hacia el continente, incluso si se acaba la guerra de Ucrania, obliga a tomar decisiones en materia de defensa”. Italia, Países Bajos, Bélgica…, se calcula que en 2025 se ha incrementado el gasto en defensa en la Unión Europea en un 62% (381.000 millones de euros). En la Conferencia de Seguridad de Munich, que se ha celebrado este mes de febrero, los líderes europeos se comprometieron con 90.000 millones más para Ucrania.
¿Y España? Pedro Sánchez incrementó el gasto militar en 2025 en 10.000 millones de euros para llegar al 2% del PIB. Ante la presión de Trump sobre los países europeos para que sostengan militarmente la guerra en Ucrania, incrementando su aportación a la OTAN, Pedro Sánchez ha resistido argumentando que con sus previsiones actuales puede llegar a cubrir las necesidades de defensa europea, y que las peticiones de Trump ponen en peligro las capacidades de desarrollo como país y el Estado de bienestar, sin embargo Sánchez confesó que en 2025 se gastaron 34.000 millones sin pasar por el Congreso. Por su lado, Margarita Robles, ministra de Defensa señala en relación con la operación “Centinela del Ártico”3: «La colaboración va a ser la que nos pida en cada momento el Comandante Supremo Aliado de Europa (SACEUR), el mando aliado, que es el que tiene que decir a cada país de qué manera colabora y en qué misión”. Pedro Sánchez asegura que este gasto militar no va en detrimento de los servicios sociales, pero ¿no se debería dedicar ya ese dinero al mantenimiento de las infraestructuras, a salvar la sanidad, a cubrir el déficit de las universidades públicas, a crear las 100.000 plazas de FP públicas que se necesitan, a aumentar los fondos de atención a la dependencia?. En todo caso, y es obvio, esto producirá un impacto sobre el déficit público, con un beneficiario claro, la industria de defensa, y más concretamente la de EE.UU.
Mirar la Luna y no el dedo
Que las ansias de paz de la mayoría pesan más que los cantos de sirena de los señores de la guerra se manifiesta continuamente, no solo por la resistencia ante la destrucción de los servicios públicos y de los bajos salarios, motivo de continuas movilizaciones, también, subjetivamente, por la simpatía que despierta posicionarse en contra de los planes guerreros. Pedro Sánchez es alabado mundialmente cuando declara que no va a cumplir el objetivo del 5% o cuando llama “genocidio” al genocidio palestino. El pueblo español ya se posicionó claramente contra la guerra en 2003 y en la actualidad, según el CIS, un 73,9% muestra su miedo a verse envueltos en una futura guerra.
Por eso, tenemos que mirar con simpatía las movilizaciones que por todo el mundo se producen ante las agresiones a los pueblos, ya sea palestino, venezolano, cubano, o las guerras como la de Ucrania o Sudan.
En este número encontraréis una sección especial dedicada al Mitin Internacional contra la Guerra que se celebrará en Londres el 20 de junio de este año, que es continuidad del que ya se celebró en París en octubre del año pasado. Nuestra asociación cabecera, ASTRADE, se une a la campaña contra la guerra y acepta la invitación que los organizadores nos hacen para participar. Dicha sección consta del llamamiento que hacen las organizaciones convocantes, la respuesta que hacemos como asociación y una hoja, en la que figuran las primeras firmas por nuestra parte, para que todo el que lo desee pueda adherirse, enviando la hoja firmada a: astrayde@gmail.com. Invitamos a todos los lectores a leerlo, suscribir el llamamiento y a difundirlo a todos los contactos militantes y en todos los foros en que participemos.
Redacción de Tribuna Socialista
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1 Según El País (27 de enero) las bajas en los últimos cuatro años serían de 1.200.000 en el bando ruso y 600.000 en el ucraniano. Según la fuente que se consulte los datos son diferentes, y tampoco explican a qué se refieren.
En poco más de veinte años las redes sociales han cambiado las relaciones sociales, la manera de relacionarnos, con mayor o menor intensidad en la práctica totalidad de naciones. La eclosión de las redes comenzó entre 2002 y 2004, ínterin temporal en el que nacieron Friendster, LinkedIn, MySpace y se consolido Facebook, y su auge masivo arrancó con la aparición de YouTube en 2005, y Twitter (hoy llamada X) en 2006. Años del despegue en el uso de una tecnología que ha quebrado el modelo comunicativo precedente, analógico de uno para todos (vertical), al transformarlo en digital en el que el intercambio de información y conocimiento se globaliza y deja de estar dirigido por unos pocos—con recursos para crear un periódico, una radio a una televisión—, al otorgar al usuario la capacidad de elaborar y difundir contenido e información de manera global y sin barreras de tiempo y espacio. Nace así el modelo comunicativo configurado por todos los usuarios, entre todos (horizontal), que está en permanente actividad.
Nació así un nuevo modelo de medios de comunicación asociados a la idea de la libertad sin límite para decir y difundir mensajes, sin ningún control por parte de los creadores de esas redes. Idea sobre la que asienta un negocio multimillonario que ha convertido en superricos a los propietarios de unas empresas caracterizadas por su opacidad, y con un poder económico que supera al PIB de la mayoría de naciones del mundo, incluidas algunas de la UE. Amparados por esta idea de libertad libérrima, con el paso de estos pocos años las sociedades empiezan a darse cuenta del impacto directo que produce en la vida personal y social, esa falta de control sobre lo que se dice y se difunde, y su carácter adictivo. Es aquí donde surge la necesidad de poner coto a sus efectos negativos, en especial, para adolescentes y jóvenes, cuyas mentes están en el proceso de formación de sus valores personales y para relacionarse con los demás.
Antes de abordar como se puede poner coto a su poder, hay que desbrozar un bosque muy enmarañado por el desconocimiento que genera en la población ideas confusas, algunas con un claro interés espurio.
Primero, la tecnología no es mala ni buena, es una herramienta que nace de la mente humana para servir a la especie y, por tanto, depende del uso que se haga de ella tendrá unas repercusiones positivas o negativas.
Segundo, las redes sociales beben de este mismo principio y son solo una parte de algo mucho más grande que es internet que ha propiciado, y sigue haciéndolo, el intercambio de conocimiento compartido que mejora el desarrollo de las sociedades y los pueblos.
Tercero, la digitalización ha favorecido, al abaratar el coste, la aparición de medios digitales, no solo las redes sociales, que han generado confusión sobre lo que es un medio de información basado en la veracidad contrastada de los hechos que relata y los que, al amparo de una interpretación falsaria e interesada de la libertad de expresión, solo son correa de transmisión de información sesgada, falaz e hiperbólica, con el objetivo político de desinformar a la ciudadanía para expandir confusión y caos.
Cuarto, desinformación que se traslada a las redes sociales mediante la retroalimentación de los mensajes de estos medios y voceros que los difunden en la red.
Quinto, junto al aspecto mediático, la libertad libérrima de acceso con la que sus creadores dejan operar a los usuarios favorece la difusión de contenidos que requieren de un conocimiento y un criterio formado para dar sentido; por ejemplo, a la pornografía y el abuso sexual, a los videos de acciones estrambóticas imitativas que producen graves efectos físicos o para la salud o directamente fomentan la estupidez humana. O, lo más peligroso, el acceso libre a mensajes de odio contra el diferente que favorecen el acoso constante o la tergiversación de la historia que blanquea el fascismo y los regímenes dictatoriales.
La reacción exaltada, faltona y zafia con la que han reaccionado Elon Musk, propietario de X, y de Pável Dúrov, propietario de Telegram, contra el presidente Pedro Sánchez por su anuncio de la decisión del Gobierno de España de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años —adoptada ya en Australia y Francia, y que tramitan Dinamarca, Bélgica y el Reino Unido—, demuestra el daño que les hace que los gobiernos comiencen a tomar medidas contra su poder omnímodo; no para cercenar la libertad de expresión como argumentan, sino para impedir el adocenamiento de las mentes en proceso de formación que son, para estos oligarcas, el caldo de cultivo para asegurar la continuación de su negocio milmillonario: de su poder sobre los gobiernos, sus leyes y las sanciones que les imponen que se saltan a la torera.
A partir de aquí surgen las opiniones de quienes afirman que no se pueden poner puertas al mar, y los que pensamos que sí se puede, empezando por acabar con la opacidad de los algoritmos que las manejan—vivimos en el reino del algoritmo—, como si fueran un ente intocable y con vida propia como nos hacen creer, para ocultar que se crean con los objetivos empresariales que trasladan los CEO a los desarrolladores. Directrices que apenas establecen restricciones a la información que circula ni filtros sobre quienes pueden acceder a ellas: filosofía del acceso libre basada en una mendaz interpretación de la libertad de expresión. Todo con el objetivo de hacernos creer la dificultad, la imposibilidad, de alterar los algoritmos que las regulan, como si fueran entes que viven al margen de sus creadores, para ocultar que sí se pueden establecer filtros por edad o acceso a determinadas informaciones audiovisuales, porque todos los usuarios ya estamos identificados en la red que usamos definidos por los comentarios que subimos o por las elecciones que hacemos en nuestras búsquedas que definen nuestros gustos personales, como comprobamos a diario.
Los algoritmos se pueden retocar, modificar, alterar o cambiar en todos los sentidos, para regular el uso que hacen las empresas con nuestros datos, para seleccionar a los usuarios, la violencia visual o escrita de los mensajes, las mentiras —los bulos—, o la veracidad de las informaciones. Por eso no se puede argüir que las medidas restrictivas que se quieren imponer por parte de los Gobiernos, vayan a resultar ineficaces. En los meses de puesta en marcha en Australia de la restricción de acceso a menores de 16 años, ya se han borrado cinco millones de cuentas según los datos del Gobierno australiano.
Exigir a los tecno-oligarcas que modifiquen sus algoritmos es una necesidad no solo por la salud mental de los adolescentes, sino por higiene democrática para limitar la difusión de mensajes y soflamas que buscan derruir el modelo democrático de convivencia. Como establecer acuerdos internacionales para evitar que entidades privadas adquieran un poder superior al de los propios estados para saltarse las reglas de fiscalidad de los países, o para difundir sin control mensajes de odio e incitación al abuso del que es diferente o tiene opinión propia. Poder ante el que los Gobiernos y la ciudadanía no deben permanecer inermes.
En su intromisión en la soberanía del resto de los países de América, Trump ha dado un nuevo paso amenazando a cualquier país que envíe petróleo a Cuba. La amenaza contra la isla es real, las sanciones arancelarias a Canadá o México, las injerencias electorales en Argentina u Honduras, los bombardeos y asesinatos en aguas de Venezuela y Colombia, las descalificaciones al Presidente de Colombia, el bombardeo de Caracas –con más de 100 muertos según cifras oficiales– y el secuestro del presidente venezolano y su mujer…, hacen pensar que las amenazas no son simples baladronadas ni delirios de un loco, como gusta calificarle la prensa. Son producto de un plan que va más allá del propio Trump.
“Cuba es una nación en decadencia y uno siente lástima por Cuba. Han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoamericanos que fueron tratados muy mal y probablemente les gustaría regresar. Y no, no estoy intentando decirlo, pero parece que es algo que simplemente no va a poder sobrevivir”. Estas son las declaraciones de Trump tras firmar un decreto contra “cualquier país que directa o indirectamente venda o de alguna otra manera proporcione petróleo a Cuba”.
De esta manera, Trump busca impedir que, ante una más que previsible crisis humanitaria, algún país tenga la peregrina idea de ayudar a paliarla. Es obvio que cuando habla de que han tratado mal a la gente no se refiere a los once millones de cubanos que viven en la isla, habla de los oligarcas y familiares que le rodean y con los que hace negocios por el mundo, igual que tampoco cuenta con los dos millones de habitantes de Gaza cuando habla de montar un “resort” en la franja. Más que un “idiota a las doce” o el “principal faro del mundo libre”, como dice Ayuso, a quién más se parece es a Luis XIV de Francia, un rey absolutista. Cuando los estadounidenses se manifiestan al grito de “No Kings” no les falta razón.
Cuando dice: “tenemos muchos cubanoamericanos que fueron tratados muy mal y probablemente les gustaría regresar” –como si hubiera cubanos que son asiáticos–, no se refiere a los cubanos que se marcharon de la isla tras la revolución, se refiere a las multinacionales petroleras como Esso, agrarias como la United Fruit Company, telefónicas como la ITT, eléctricas como la Compañía Cubana de Electricidad o azucareras como la Atlántica del Golfo. Estas y otras muchas fueron nacionalizadas en la década de los sesenta tras la revolución de 19591 que expulsó del país a una casta corrupta encabezada por el presidente del momento, Fulgencio Batista. La saga de “El Padrino” lo retrata muy bien.
Se avecina un desastre humanitario
Cuba necesita combustible para alimentar las centrales termoeléctricas de las que dispone y, según las informaciones del Financial Times, en este momento dispondrían de combustible para dos o tres semanas. En los últimos años los principales proveedores de petróleo han sido Venezuela y México cuyo suministro permitía, precariamente, mantener las necesidades eléctricas de sus habitantes, aun conviviendo con apagones de unas horas regularmente en toda la isla.
Tras el ataque a Venezuela, principal proveedor de Cuba, el Gobierno estadounidense impuso a la vicepresidenta Delcy Rodríguez el cese total del suministro. Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que México es soberano y decide por si solo con quien comercia, lo cierto es que México había suspendido los envíos de petróleo tras la conversación telefónica de la presidenta con Trump.
Según el Gobierno cubano, las necesidades de electricidad se limitarían al 50% gracias a las plantas fotovoltaicas existentes en el país. La población no solo se enfrenta a apagones –el diario Granma informó de que el servicio de energía eléctrica se vio afectado el miércoles2 durante 24 horas–, también depende para las tareas cotidianas de las llamadas “plantas eléctricas” –baterías de litio– que les permiten acumular energía cuando hay suministro eléctrico. Las necesidades de hospitales e industriales se verán gravemente comprometidas.
No hay que olvidar que Cuba sufre un bloqueo comercial desde la fallida invasión estadounidense de Bahía Cochinos en 1961. Este bloqueo condiciona fuertemente la economía cubana y ha sido condenado con reiteradas resoluciones por la inmensa mayoría de los países de la ONU; la última en 2024 solo rechazada por EE.UU., e Israel.
Defender Cuba es defendernos
Trump define el imperialismo como nadie cuando declara que las petroleras y empresas estadounidenses asociadas van a explotar las reservas de petróleo venezolanas, y los beneficios se van a repartir a medias con Venezuela y que, a cambio, el Gobierno venezolano tendrá que comprar con ese beneficio productos de EE.UU. Es un imperialismo descarnado que amenaza a toda la humanidad, pues vamos sabiendo, por los pasos que da, que la inacción de los gobiernos es una invitación a ir más lejos en sus criminales actos, ya sean asesinatos, aranceles, secuestros, censuras, insultos, … etc.
Para frenar a Trump tenemos un ejemplo palmario en las movilizaciones de los ciudadanos de Minneapolis que se han organizado ante los asesinatos de Rennée Good y Jeffrey Pretti, extendiendo la repulsa a los ICE y a las medidas represivas de Trump a lo largo de todo EE.UU. Ya no hay careta que oculte la verdadera cara del presidente estadounidense, su avaricia y la de su corte se alimenta de represión.
La respuesta de la mayoría de los Gobiernos ante la agresión a Venezuela está siendo nula y es de temer que sea la misma con relación a Cuba. En España, los partidos de izquierda: Sumar, Podemos, ERC, Bildu, BNG, CC y Compromis, han registrado una iniciativa legislativa para que el Gobierno manifieste un rechazo absoluto a las medidas de Trump, y que lidere en Europa y en los organismos internacionales la oposición al embargo a Cuba.
No es hora de discutir si Cuba es una democracia o una dictadura. Lo que está en juego es la independencia, la soberanía de los pueblos, y que la defensa del pueblo cubano es en los hechos la defensa de toda la humanidad frente a la arbitrariedad y el imperialismo de Trump. Como en el caso de Palestina, Venezuela, Irán, etc., o como las guerras en curso, la mayoría social, la clase trabajadora, los sindicatos, deben ser los que abanderen la defensa del pueblo cubano.
Enrique Dargallo (10 de febrero de 2026)
Director de Tribuna Socialista
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1 Aunque la ofensiva revolucionaria se desarrollo en los últimos meses de 1958, fue el 1 de enero de 1959 cuando Fulgencio Batista sale del país y los revolucionarios entran en La Habana
2 Publicado en el diario La Jornada de México del 30 de enero de 2026
A iniciativa de Izquierda Socialista-PSOE de Madrid se celebró el pasado sábado, 21 de febrero, una jornada Bajo el título “Derecho a la Vivienda” en la sede del PSOE de Madrid. El programa de la jornada, aparte de la apertura y clausura, se desarrolló en dos mesas: “Juventud e inquilinos” y “La lucha por la vivienda”, y finalmente se recogieron unas primeras conclusiones de las exposiciones y debates.
El tema no podía ser más de actualidad. Según el CIS el 42,6% de la población sitúa el acceso a la vivienda como el principal problema que vive el país, y así se reflejó en las distintas intervenciones. Tras la presentación del acto, por parte de Isabel Andaluz, portavoz de IS-PSOE-Madrid, tomó la palabra David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, reconociendo el problema que tiene la ciudadanía con la vivienda, y el deseo que tiene el Gobierno de acabar con la especulación y dotar a los ciudadanos de viviendas sociales y asequibles.
La primera mesa dio voz a los que buscan una vivienda; las y los jóvenes y a quienes defienden el techo bajo el que vive; las y los inquilinos, fue moderada por Roberto Tornamira, adscrito a IS-PSOE-Madrid.
Inició el debate Sara D. Liaño, secretaria general del RUGE-UGT-Madrid1, puso de relieve la dificultad que tienen los jóvenes para construir un proyecto de vida independiente. La combinación de bajos salarios y altos precios de la vivienda impiden un horizonte que solo contempla el alquiler, no haciendo posible la compra de un piso. Y en el alquiler no solo se enfrentan a precios desorbitados, también a tener que compartir, a entrevistas que indagan en lo personal, muchas veces sin contrato, otras sin cédula de habitabilidad, sin salón… etc. Como deberes planteó la necesidad de devolver la dignidad a los jóvenes dándoles una perspectiva vital, mejorando las condiciones laborales, y la necesidad de solidaridad intergeneracional. Un problema social derivado es la imposibilidad de tener hijos o de ser madre a edades más bajas de las actuales, por término medio.
Tras ella intervino Paula Castellanos, vicesecretaria general 2ª de JSM. En la misma línea que Sara, señaló las dificultades que tienen los jóvenes para salir de casa de sus padres, hasta el extremo de tener que volver en algunos casos. Ella vive en Méndez Álvaro donde la mayoría de los pisos que se construyen son de lujo, lo que aboca a los jóvenes a marcharse a pueblos periféricos. Pide al Estado que intervenga, pues el problema es estructural, el reto es que la vivienda pase de ser un activo financiero a un derecho, como es, reconocido por la Constitución, blindando el art. 47 como derecho fundamental.
Ángela Hernández, en representación de CCOO-Madrid, explicó que en su pueblo el año pasado subieron los alquileres un 37%, y que desde CCOO impulsan una ILP que propone una agencia pública de vivienda en la Comunidad de Madrid y que la VPO no sean recalificables, de modo que no puedan ser vendidas a precio de mercado. Están recogiendo firmas y movilizando a la ciudadanía.
María, inquilina en Madrid, vive y trabaja en C/ General Lacy, 22, un edificio acosado por un grupo de rentistas, la familia González Ruano y Santos Cebrián. Relató como el edificio donde vive, al igual que otras fincas propiedad de esta familia en Madrid, construido hace 100 años, y que ha dado alojamiento a numerosas familias, es desahuciado en su conjunto mediante burofax, sin ofrecer ninguna alternativa a los vecinos, sin negociación, sin prórroga, sin piedad para una mujer con cáncer, que tiene que ver sus últimos días acosada hasta morir. Ellos son un caso más, pero han tomado contacto con otros en condiciones similares en Modesto Lafuente o en Mesón de Paredes. Continúa: “pretenden agotarnos por cansancio, abandono, nos cortan la luz, no mantienen los edificios, presión por parte de profesionales del acoso […] estamos en el mismo barco que los jóvenes, que los emigrantes, no tenemos posibilidad de cambiar de vida, no podemos irnos […] nos hemos reunido con consumo, nuestro barrio nos apoya, nos manifestamos y no nos rendimos, pero tanto los abogados, como el Sindicato de Inquilinos nos dicen que la ley apoya los intereses de los propietarios”.
Sus reivindicaciones: contratos de larga duración, viviendas accesibles, con mantenimiento, devolución de las VPO al parque público, una ley antidesahucios y un organismo estatal que regule la vivienda.
A continuación, tras el debate, las cuatro concluyeron que este drama social es posible por la libertad para especular por encima del derecho a la vivienda, y avisan que la ciudadanía no va a votar a quien no lo resuelva y que está en peligro la estructura social.
La segunda mesa dedicada a buscar soluciones, fue moderada por María Ruiz Cordón de IS-PSOE-Madrid.
De izquierda a derecha las portavoces de: RUGE-UGT, JSM, CCOO-Madrid y c/ Gral. Lacy,22
Julio Rodríguez, miembro del Consejo asesor de vivienda, puso sobre la mesa gran cantidad de datos, como que en España el alquiler de vivienda representaba el 20% del parque –hace 10 años era el 11%–, en Madrid es el 26%, entre los jóvenes el 51% y los emigrantes el 70%. España uno de los países con menor número de alquileres. Señaló como un sinsentido que en Motril se construyan 1.200 VPO pegadas al mar.
Pidió un marco jurídico claro y puso de ejemplo las VPO que pasan a libres en Murcia en 5 años, Madrid en 15 años, mientras que en el País Vasco, Navarra o Cataluña son permanentes. Se compran más viviendas como inversión sobre todo capital extranjero. Se deben construir muchas más casas VPO: el Gobierno anuncia un fondo soberano para construir 15.000 casas cuando se necesitan más de 40.000; tampoco aclara como se va a financiar, habla de aportación pública-privada, aunque señaló que el incentivo privado es obtener suelo y créditos baratos del ICO. Y en lo inmediato, es necesario regular fiscalmente, prorrogar los contratos un año más y regular el mercado del alquiler.
Candelaria Testa, alcaldesa de Alcorcón, se declaró intervencionista “pero no tengo competencias, en nuestras manos están las personas, pero las competencias están en manos de las Comunidades Autónomas”. La CM se dedica a poner el suelo público en manos de los fondos buitre; expulsan de Madrid hacia los pueblos y de estos a las provincias limítrofes. Esto es posible desde la Ley de Racionalización del Régimen Local.
Continuó: “no nos rendimos, hemos pedido que se aplique la ley estatal y hemos planteado una ILM (Iniciativa Legislativa Municipal); lo siguiente es el Tribunal Constitucional”. Con la ley estatal los alquileres bajarían de 1.000 a 790€. La situación es de emergencia sin solución para embargos, violencia de género, parejas separadas, estudiantes. Es necesario: “recuperar competencias, y sabemos que no tenemos mayoría en el Senado, pero habría que aplicar el art. 155 en Madrid”.
Para Pedro Barrero, concejal en el Ayuntamiento de Madrid, la vivienda es un problema tremendo no solo para los jóvenes, sino para toda la ciudadanía. El Ayuntamiento se niega a intervenir, están eliminando el patrimonio municipal vendiendo 120 parcelas al sector privado. Prometieron 15.000 VPO y han hecho 2.650. Sobre los planes de rehabilitación, que podrían incrementar el parque de viviendas, han sido rechazadas el 76% de las propuestas.
El problema principal son los pisos turísticos (hay 15.000 ilegales) pero la solución que dan a través del plan VIVE de la CM es dedicar edificios enteros a viviendas turísticas.
El Gobierno tiene una oportunidad de intervenir en la Operación Campamento y en la Cárcel de Carabanchel.
Carmen Fernández de Castro, arquitecta que ha trabajado como experta para Naciones Unidas en la búsqueda de soluciones urbanísticas, señaló que, ante una situación de emergencia social, no basta con plantear soluciones políticas, hay que intervenir. Si no hay tiempo hay que remangarse: “primero construimos y luego arreglamos los papeles”. Hay una necesidad acumulada de 700.000 viviendas, 80.000 VPO, es necesario recurrir a la iniciativa privada, expropiar el suelo urbanizable finalista, y puso como ejemplo el decreto-ley 7/1970 sobre actuaciones urbanísticas urgentes.
Finalmente intervino Jorge Nacario, presidente de FRAVM, que como para los demás, la vivienda es el principal problema de los barrios. Alertó del peligro de promover la política de alquileres, pues traslada la idea de que los jóvenes y los emigrantes no van a tener nunca una casa en propiedad.
Como medidas estatales propuso la necesidad de que sea convalidado el escudo social –hay más de 60.000 familias al borde de perder la vivienda–, creación de un fondo para vivienda y la regulación del alquiler de temporada.
Segunda mesa: de izquierda a derecha, Mª Ruiz (Moderadora, Julio Rodríguez, Candelaria Testa, Pedro Barrero, Carmen Fernández y Jorge Nacarino
Para Madrid es necesario dotar de una estrategia metropolitana, en Barcelona lo han hecho con éxito. El plan VIVE es un plan “malvive”, no hay política de vivienda, la ley del suelo que viene empeorará las cosas y continuará la destrucción de población expulsándola. Y finalizó diciendo que “en Madrid existen más pisos turísticos ilegales que VPO”.
Tras otro turno de debate, Roberto Tornamira intervino para avanzar algunas conclusiones de las propuestas realizadas por las y los intervinientes. Anunció que IS-PSOE-Madrid se propone hacer una asamblea para trasladar las más de 70 conclusiones que se desprenden de la jornada. Adelantó las siguientes:
La red de familias y servicios sociales son los que han permitido sostener el sistema habitacional. No existe un problema generacional, hay un problema de clases, por un lado rentistas y por otro trabajadores y trabajadoras.
Es necesario blindar el artículo 47 de la Constitución llevándolo a la sección de derechos fundamentales.
No se trata de anular las Comunidades Autónomas, como plantea la extrema derecha, es necesario que el Estado tenga capacidades para intervenir en derechos fundamentales.
Son necesarios trabajos dignos con salarios dignos que permitan la emancipación de los jóvenes.
Perseguir el racismo, también a la hora de optar a una vivienda.
Topar el precio de venta y alquiler.
Movilizar dinero público para VPO.
Apoyar a los Ayuntamientos que son la administración más cercana a los ciudadanos.
Ser valientes sobre el problema de la vivienda, mientras se soluciona es necesario movilizar a la sociedad para acabar con los bloqueos y los desahucios.
Para finalizar la jornada intervino Reyes Maroto, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, señalando que estamos en una batalla ideológica, siendo necesario priorizar los derechos sobre lo mercantil y salvar la dignidad de los vecinos.
Manuel de la Rocha dio por concluido el acto felicitando su celebración.
Plano general de los asistentes a la Jornada “Derecho a la Vivienda” 21/02/2026
Fotografía: Diego Vitores
Cartelería: Natalia Sánchez
Enrique Dargallo
Corresponsal de Tribuna Socialista y miembro de ASTRADE
Plano general de los asistentes a la Jornada “Derecho a la Vivienda” 21/02/2026
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1 Ruge “Revolución Ugetista” es la organización juvenil de la UGT
La red ferroviaria española atraviesa un momento de vulnerabilidad estructural que trasciende la anécdota técnica. Los recientes siniestros, desde el descarrilamiento en Adamuz —atribuido a un defecto en una vía recién renovada— hasta las recurrentes incidencias en el núcleo de Cataluña, que han llegado a cobrarse víctimas mortales, son la manifestación física de un sistema al límite que afecta a la seguridad de los pasajeros y trabajadores ferroviarios, y que tiene consecuencias nefastas para sus principales usuarios trabajadores y estudiantes, gran parte de la clase trabajadora.
El propio Ministro de Transportes ha admitido la urgencia al describir una «infraestructura viejísima» tras años de abandono. Los datos validan esta alarma: el 24% de la infraestructura ferroviaria española supera ya los 20 años de antigüedad. Este envejecimiento no es fortuito, sino el resultado de una descapitalización sistemática que demuestra que el modelo de liberalización actual no es ninguna herramienta de eficiencia sino un modelo de negocio que prioriza el beneficio privado en corredores rentables mientras desmantela el carácter vertebrador del servicio público.
El espejo británico: La anatomía de un colapso anunciado
Para proyectar el futuro de España, es imperativo analizar el fracaso del Reino Unido tras la privatización de 1993 bajo el gabinete de John Major. Aquel modelo, diseñado por el legado de Thatcher, fragmentó el sistema en más de 30 entidades, resultando en una externalización de riesgos que, ante el colapso, terminó asumiendo el erario público.
Las métricas financieras de este experimento son demoledoras:
• Explosión de costes operativos: El coste de operar el sistema se duplicó en una década, pasando de 2.400 millones de libras (1990-95) a 5.400 millones (2005-10), sin una mejora correlativa en los activos fijos.
• Transferencia de rentas públicas: Los subsidios estatales crecieron un 300%; paradójicamente, el 90% de las inversiones fueron sufragadas por el contribuyente, mientras las operadoras privadas extraían dividendos.
• Colapso de Railtrack: El gestor privado de infraestructuras quebró en 2001 tras una cadena de accidentes derivados de la falta de integridad técnica, obligando a la creación de la entidad pública Network Rail.
Este deterioro fue retratado con precisión por Ken Loach en La Cuadrilla (The Navigators), donde se ilustra cómo la rentabilidad del accionista tritura la seguridad laboral y técnica. La prueba final del fracaso es que, en 2025, el Reino Unido completará la renacionalización de la South Western Railway (SWR), admitiendo que el mercado es incapaz de gestionar un derecho social.
La asimetría del modelo español: AVE para pocos, olvido para muchos
España ha adoptado un rol de «Quijote» de la liberalización, implementando las directivas de la UE con un celo regulatorio que contrasta con la cautela de nuestros vecinos. Mientras Francia protege su operador nacional con «trabas inacabables» para asegurar la cohesión del servicio, la CNMC en España facilita el acceso a los activos más lucrativos (AVE) a operadores como Ouigo o Iryo sin exigir contrapartidas equivalentes en vertebración territorial.
Esta lógica de extracción financiera genera una distorsión profunda reflejada en la siguiente comparativa:
Segmento Ferroviario
Situación y Evolución Técnica
Impacto Social y Operativo
Alta Velocidad (AVE)
Concentración masiva de inversión pública; competencia de precios en corredores de alta densidad.
Modelo de «lujo» que absorbe recursos mientras el retorno social se limita a usuarios de alto poder adquisitivo.
Tren de Mercancías
Declive crítico: caída de una cuota modal del 11% (2005) a un exiguo 2,4% actual (mínimo histórico del 1,9% en 2017).
Fracaso en la transición ecológica y pérdida de competitividad logística industrial.
Red Convencional
Déficit de mantenimiento acumulado y obsolescencia de activos; reducción sistemática de frecuencias.
Supresión de 40.000 trenes regionales y cierre de paradas en 172 estaciones desde 2014; aislamiento de la «España vaciada».
Las Obligaciones de Servicio Público (OSP) se han instrumentalizado para justificar recortes, priorizando el flujo de caja sobre el derecho constitucional a la movilidad.
Radiografía del abandono: Las cifras del déficit estructural
El deterioro de la red responde a la política de «inaugurar antes que mantener». El ahorro en mantenimiento preventivo es una negligencia con consecuencias trágicas, similar a lo ocurrido con las obras hidráulicas postergadas en el Barranco del Poyo: la falta de inversión hoy es la catástrofe de mañana.
Los datos de la descapitalización sistemática son incontestables:
1. Deuda de inversión y reposición de activos: Según el IEE, el déficit acumulado para compensar el desgaste y envejecimiento supera los 60.000 millones de euros.
2. El desplome porcentual: Existe una «ilusión de inversión». Aunque se anuncien cifras récord, la inversión actual de 3.469 millones de euros está un 63% por debajo de los niveles de 2009-2010, cuando superaba los 11.000 millones.
3. Mantenimiento insuficiente: El gasto por kilómetro en mantenimiento en España sigue siendo un 50% inferior a la media de la Unión Europea, una asimetría fiscal insostenible para una red de nuestra extensión.
Durante el periodo 2011-2018 (años de gobierno del Partido Popular, la inversión en infraestructuras sufrió una caída real acumulada del 56,3%, marcando el inicio de la crisis actual de reposición de activos.
Focos críticos: La crisis de Rodalies y el Corredor Mediterráneo
Cataluña es el exponente máximo de la «tormenta perfecta»: falta de inversión histórica sumada a una saturación estratégica extrema. El Corredor Mediterráneo, lejos de ser solo una oportunidad, actúa como un cuello de botella donde se mezclan tráficos de larga distancia, mercancías y cercanías en una red exhausta.
En 2024, ADIF destinó 710,6 millones de euros a Cercanías. Sin embargo, para un analista de políticas públicas, esta cifra es apenas un parche de emergencia. Frente a una necesidad técnica estimada en 11.700 millones anuales para compensar el envejecimiento nacional, los esfuerzos actuales son insuficientes para revertir décadas de descapitalización. La fiabilidad del servicio no volverá hasta que se priorice la seguridad integral sobre la inauguración de nuevos hitos políticos.
Conclusión y Propuesta Política: Recuperar el tren como bien común
La seguridad ferroviaria no es un coste; es una inversión por la vida. El modelo de gestión actual, que subcontrata el mantenimiento mediante licitaciones a la baja para preservar márgenes empresariales, compromete la estructura misma del Estado. Es imperativo transitar hacia un modelo que reconozca que la rentabilidad social es el único balance que importa.
Manifiesto por un Ferrocarril Público y Social:
• Renacionalización integral del sistema: Siguiendo el ejemplo de la SWR británica en 2025, España debe revertir la segregación vertical y poner fin a la liberalización agresiva. El control 100% público debe eliminar la extracción de beneficios privados de un sector que sobrevive gracias al subsidio estatal.
• Priorización de la rentabilidad social: Las OSP deben dejar de ser una excusa para el recorte. El éxito del sistema debe medirse por la recuperación de las 172 estaciones abandonadas y la vertebración de la «España vaciada», garantizando frecuencias dignas en la red convencional.
• Plan de choque de inversión pública y reposición de activos: Exigimos un plan masivo que sitúe el mantenimiento de la red convencional y de mercancías por encima de la expansión de nuevas líneas de lujo. La seguridad —desde la circulación hasta la ciberseguridad— debe ser la prioridad absoluta, entendiendo que el ferrocarril es un derecho ciudadano y el gran vertebrador del territorio bajo gestión pública directa.
La transición española de la dictadura franquista a la democracia ha sido frecuentemente presentada como un ejemplo de consenso y madurez política. Sin embargo, ese relato pierde consistencia cuando se observa lo que ocurre más allá de la esfera institucional. Existe una frontera tan cotidiana como invisible que marca el límite de la democracia: la puerta de las oficinas y de las fábricas. Mientras la ciudadanía ejerce su soberanía política mediante el voto, en el ámbito laboral sigue predominando un modelo de poder vertical apenas cuestionado desde hace décadas.
Esta contradicción es el punto de partida del informe sobre Democracia en el Trabajo presentado recientemente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Elaborado por una comisión internacional de expertos en economía, derecho y ciencias sociales, el documento pretende rescatar del olvido el artículo 129.2 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a promover la participación de las personas trabajadoras en la empresa. Casi medio siglo después de su aprobación, ese mandato constitucional sigue sin un desarrollo legislativo efectivo.
El informe parte de una premisa clara: no es sostenible que una sociedad democrática conviva con espacios económicos organizados como auténticas autocracias. La empresa contemporánea, sostienen los expertos, no puede seguir funcionando al margen de los valores democráticos sin generar tensiones que acaban debilitando la cohesión social y la estabilidad política. Cuando millones de personas pasan buena parte de su vida sometidas a decisiones sobre las que no tienen voz, la democracia se resiente.
Uno de los aportes más relevantes del documento es el cambio de paradigma en la forma de entender el trabajo. Frente a la visión tradicional que reduce al empleado a un coste o a un recurso productivo, la comisión propone reconocerlo como un “inversor de trabajo”. La idea es sencilla pero poderosa: mientras el accionista aporta capital financiero, el trabajador invierte tiempo, salud, conocimiento y expectativas de futuro. Esa inversión vital, mucho menos recuperable que el capital, debería traducirse en derechos políticos dentro de la empresa.
Sobre esta base se articula la principal propuesta del informe: la implantación de la codecisión. En las empresas de más de cincuenta trabajadores, la plantilla tendría derecho a ocupar al menos un tercio de los asientos en los consejos de administración. En las grandes corporaciones de más de mil empleados, la representación alcanzaría hasta la mitad. Lejos de ser una excentricidad, este modelo funciona desde hace décadas en países como Alemania o Suecia, donde ha contribuido a una mayor resiliencia económica, menor conflictividad laboral y una reducción de las brechas salariales.
El texto también advierte sobre los riesgos asociados a la digitalización y al uso creciente de la inteligencia artificial en la gestión del trabajo. Algoritmos que deciden despidos, ritmos de producción, promociones o sistemas de vigilancia pueden convertirse, sin control democrático, en herramientas de precarización y dominio. Por ello, el informe propone garantizar el derecho de las plantillas a la información y a la autorización colectiva sobre el uso de estas tecnologías, con el objetivo de que la innovación se traduzca en prosperidad compartida y no en deshumanización del empleo.
Otro eje central es la cuestión de la propiedad. La comisión plantea la creación de fondos de propiedad colectiva que permitan a los trabajadores contar con un bloque de voto propio en las juntas de accionistas. Para incentivar estas prácticas, se propone un Índice de Desarrollo Democrático Corporativo que premie con ventajas fiscales o prioridad en la contratación pública a las empresas con mayores niveles de participación interna.
Esta democratización empresarial tiene además una dimensión ambiental y territorial. A diferencia de los inversores financieros, que pueden mover capitales sin arraigo alguno, los trabajadores suelen vivir en los entornos donde se produce. Darles voz en las decisiones estratégicas reduce la probabilidad de deslocalizaciones destructivas o de proyectos que deterioren el medio ambiente y el tejido social de las comunidades locales.
En definitiva, el informe sostiene que la democracia española sigue incompleta. Completar el proceso iniciado hace décadas exige llevar el derecho a decidir al corazón del sistema productivo. No se trata solo de mejorar la gestión empresarial, sino de actualizar el contrato social en un contexto marcado por el autoritarismo, la desigualdad y la incertidumbre tecnológica.
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social ha anunciado que trasladará estas conclusiones al diálogo social con el objetivo de elaborar en España la primera ley que regule participación de trabajadores en las empresas. La advertencia de fondo es clara: si la economía continúa funcionando al margen de los valores democráticos, la democracia política seguirá siendo vulnerable. Democratizar la empresa no es una opción ideológica, sino una condición necesaria para que la libertad y la igualdad no se detengan al fichar a la entrada del trabajo.
Toni Ferrer Sais
Exsecretario de Acción Sindical de UGT
Expresidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado
El progresivo desmoronamiento del sistema internacional de control de armas nucleares no puede explicarse únicamente como una sucesión de fracasos diplomáticos o como el resultado de decisiones coyunturales de determinados gobiernos. Este proceso es una manifestación de las contradicciones estructurales del capitalismo, caracterizado históricamente por la rivalidad entre grandes potencias, la crisis del multilateralismo y la creciente militarización de las relaciones internacionales.
La desaparición de tratados nucleares no constituye una anomalía histórica, sino una consecuencia lógica del modo de producción capitalista -el más generalizado- que prioriza la acumulación de poder y capital sobre la seguridad colectiva y la vida humana.
El auge y declive del control nuclear
El control de armas nucleares surgió como respuesta a la amenaza existencial que supuso la proliferación de estas armas tras la Segunda Guerra Mundial y el horror provocado por las muertes y destrucciones masivas causadas por el bombardeo atómico sobre las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki (1945).
Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron arsenales masivos, pero también establecieron acuerdos destinados a limitar su expansión y reducir el riesgo de una confrontación directa. Tratados como el de Misiles Antibalísticos ABM(1972), el de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio INF(1987) o el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas New START(2010), introdujeron límites cuantitativos, mecanismos de verificación y canales de comunicación que aportaron una cierta estabilidad estratégica.
Durante décadas, estos acuerdos permitieron una relativa previsibilidad en las relaciones entre las grandes potencias. Sin embargo, desde comienzos del siglo XXI, el sistema empezó a erosionarse. El abandono progresivo de tratados, el deterioro de la confianza mutua y la prioridad otorgada a la modernización de arsenales marcaron el inicio de una nueva etapa. La era del control nuclear se desmorona ante nuestros ojos, en paralelo al debilitamiento del multilateralismo y al retorno de la rivalidad exacerbada entre superpotencias, en su obsesión por el control exclusivo de las fuentes de energía fósiles (gas y petróleo) y de las tierras raras; esenciales para la producción de las nuevas tecnologías.
El fin del “New START” y el vacío normativo
El “New START”, que es el último acuerdo vinculante de control nuclear entre Estados Unidos y la Federación de Rusia, finalizó el pasado 5 de febrero, constituyendo un punto de inflexión histórico. Este acuerdo era el último instrumento jurídicamente vinculante que limitaba los arsenales nucleares estratégicos de ambos Estados. Su desaparición implica que, por primera vez en más de medio siglo, no existe ningún marco legal que establezca límites ni mecanismos de verificación entre las dos principales potencias nucleares del mundo.
Más allá del número de ojivas, el fin del “New START” supone la pérdida de transparencia y de confianza mutua. Este vacío normativo se produce, además, en un contexto de alta tensión geopolítica, marcado por la guerra en Ucrania, el genocidio del pueblo palestino en Gaza, las amenazas militares de los EE UU a la soberanía e integridad territorial de otros estados -Dinamarca (UE), Venezuela, Canadá, Cuba, etc.- el colapso del diálogo estratégico entre Rusia y EE UU y el ascenso de China como potencia nuclear emergente.
Un contexto global de rearme
El colapso del control nuclear no se limita a la relación entre Washington y Moscú. Otras potencias nucleares, como China, India, Pakistán o Corea del Norte, continúan ampliando o modernizando sus arsenales.
Este escenario alimenta el riesgo de una nueva carrera nuclear, tanto cuantitativa como cualitativa. La erosión del régimen de no proliferación debilita el Tratado de No Proliferación Nuclear, cuya credibilidad depende del compromiso efectivo de las potencias nucleares con el desarme. Cuando dicho compromiso desaparece, se refuerza la lógica de la fuerza como garante último de la seguridad.
La Unión Europea ante un entorno más inseguro
La Unión Europea se ve directamente afectada por este deterioro del orden nuclear internacional. Aunque no posee armas nucleares como bloque, su seguridad depende en gran medida del paraguas nuclear estadounidense a través de una OTAN en crisis irreversible. La desaparición de los acuerdos de control entre Estados Unidos y Rusia incrementa la inestabilidad del entorno estratégico europeo y reduce la capacidad de la UE para anticipar y gestionar riesgos.
Esta situación pone de manifiesto una contradicción central del proyecto europeo: la aspiración a una mayor autonomía estratégica frente a una dependencia estructural de actores externos. En el ámbito nuclear, esta dependencia es especialmente evidente, ya que las decisiones fundamentales se toman fuera de las instituciones europeas y responden a intereses ajenos a la voluntad democrática de sus pueblos.
Autonomía estratégica: ambición y límites
En los últimos años, la autonomía estratégica se ha convertido en un concepto central del discurso político europeo. Iniciativas como la “brújula estratégica” o el aumento de la cooperación en defensa buscan reducir dependencias y reforzar las capacidades propias de la UE. Sin embargo, el colapso del control nuclear pone de relieve los límites de esta ambición.
La posibilidad de una disuasión nuclear europea autónoma plantea enormes obstáculos políticos, jurídicos y económicos, además de entrar en contradicción con los compromisos europeos en favor de la no proliferación. En la práctica, la autonomía estratégica corre el riesgo de traducirse en un aumento del gasto militar y en una mayor integración en la lógica de la OTAN, sin cuestionar los fundamentos del orden militarizado actual.
Impacto político y normativo
La erosión del control nuclear también afecta a la credibilidad normativa de la Unión Europea. Históricamente, la UE se ha presentado como defensora del multilateralismo, el desarme y el derecho internacional. Sin embargo, la normalización del rearme y la aceptación de un mundo sin límites nucleares tensionan este papel y debilitan su capacidad de liderazgo diplomático.
Conclusión
El colapso del régimen internacional de control nuclear, simbolizado por el fin del tratado “New START”, confirma que el sistema internacional atraviesa una fase de inestabilidad estructural profunda. Esta evolución responde a la lógica de un imperialismo en crisis que recurre al rearme y a la militarización como mecanismos para gestionar sus contradicciones y sostener la acumulación de capital.
La proliferación y modernización de arsenales nucleares no incrementan la seguridad de los pueblos, sino que refuerzan el poder de las élites políticas y económicas vinculadas al complejo militar-industrial. La amenaza nuclear legitima el aumento del gasto militar y desvía recursos que podrían destinarse a satisfacer necesidades sociales vitales tales como sanidad, educación, vivienda, pensiones, etc. El fracaso del desarme no es, por tanto, accidental, sino estructural.
Para la Unión Europea, esta situación revela los límites de su proyecto de autonomía estratégica. Lejos de avanzar hacia una política exterior independiente y orientada a la paz, la UE corre el riesgo de consolidar una “autonomía” armamentística subordinada, integrada en la arquitectura militar de del Tratado Atlántico, en crisis irreversible, que es funcional a los intereses del imperialismo estadounidense, actualmente imprevisible y crecientemente agresivo.
A mi parecer, una verdadera autonomía estratégica solo puede construirse rompiendo con la lógica del rearme, apostando por el desarme nuclear y situando la seguridad humana y la justicia social en el centro del proyecto político europeo.
Manuel Ruiz Robles
ex-capitán de navío de la Armada (retirado),
ex-delegado nacional en el Comité Científico de la OTAN (sección de óptica e infrarrojo).
Tribuna Socialista 
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