Categoría: #Cartas

Ganó la democracia

El pasado 23 de julio tuvieron lugar elecciones generales en España, con unos resultados que reflejan la pluralidad, la diversidad territorial y política de los ciudadanos y que han puesto de manifiesto su rechazo a un gobierno PP con VOX que suponía retroceso en libertades y conquistas sociales como así está ocurriendo donde ya gobiernan.

El encargo de formar gobierno al líder del PP resultó una investidura fallida, quedando demostrado que solo pueden pactar la derecha extrema con la ultra derecha, mimetizándose con ella, e igualmente fracasó en sus intentos de romper y corromper al PSOE.

El posterior encargo de formar gobierno al líder del PSOE ha supuesto que esa diversidad y pluralidad política, haya logrado acordar con la mayoría de fuerzas políticas, de nuestro parlamento.(SUMAR, EH BILDU, ERC, JUNTS, PNV, BNG y

C.CANARIA). Desde IS-PSOE nos congratulamos de que finalmente, Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, haya sido elegido presidente del gobierno, dando paso a la continuidad de avances sociales, consolidación de derechos civiles y poniendo a los ciudadanos como eje de sus políticas.

La posibilidad de otros cuatro años de gobierno progresista ha enaltecido a las derechas, democráticas y no democráticas, que alimentan un ambiente de odio, crispación y mentiras, todo apoyado por distintos grupos de presión, desde empresariales, medios de información, posicionamientos de órganos judiciales caducados o cúpulas eclesiásticas. Basan su campaña en contra de la ley de amnistía, para enmascarar sus motivos reales: la no aceptación de la voluntad expresada por los ciudadanos con sus votos y sí el rechazo a

un gobierno de progreso PSOE-Sumar porque no responde a sus intereses. SE CREEN PROPIETARIOS DEL PODER.

Desde IZQUIERDA SOCIALISTA-PSOE instamos al PP, principal partido de la oposición, que asuma el resultado electoral, respete la democracia parlamentaria, donde reside la soberanía popular, tal y como recoge la Constitución del 78. Igualmente, exigimos que desde el PP rechacen firmemente y sin especulaciones los llamamientos a la algarada, revuelta y desobediencia de servidores del estado, los ataques a las sedes socialistas, como forma de hacer política, en un intento de suplantar los resultados electorales. No podemos dejar que la violencia política quede impune, una cosa es respetar los derechos a la libertad de expresión y manifestación recogidos en nuestra constitución y otra utilizarlos para socavar la democracia y atacar sus instituciones.

Por ello, desde IS-PSOE expresamos nuestra más absoluta y contundente repulsa a los ataques violentos a las CASAS DEL PUEBLO, sedes del PSOE, partido con 144 años de historia. Las casas del pueblo deben funcionar con total normalidad y esto debe estar garantizado a través de las medidas legales que correspondan en defensa de la democracia y las instituciones, frente a estos grupos neonazis y fascistas que están tomando las calles. Es inaceptable que grupos neofranquistas y de derecha extrema ataquen nuestras sedes y a nuestros militantes con señalamientos, agresiones y amenazas muy graves.

Los y las socialistas no daremos ningún paso atrás, seguiremos defendiendo la democracia y luchando contra las desigualdades y en pro de la justicia social.

ATACAR la democracia, NUNCA puede ser la forma de hacer política

Alto al genocidio del pueblo palestino

La lucha y resistencia de los palestinos a ser expulsados de su tierra se expresa desde principios del siglo pasado donde la población, musulmana y cristiana, que era el 90% de la población Palestina rechazó la “Declaración Balfour” que el gobierno británico por medio de su ministro de asuntos exteriores, Arthur Balfour, hizo cediendo a las presiones del sionismo. Más tarde, en 1947 la ONU bajo presión de los EEUU, deciden la partición de Palestina el 29 de noviembre de 1947, se abre un enfrentamiento entre árabes y sionistas que empieza el 30 noviembre, es decir, al día siguiente de la partición de Palestina, el estado sionista expulsó a los árabes de más de 750 ciudades, pueblos y aldeas de Palestina y ocupó la mayor parte de Palestina dejando fuera del territorio ocupado por los judíos, solo a Cisjordania y a Gaza, 20% del territorio palestino, se calcula que más de un millón de palestinos fueron expulsados de sus tierras sin que nunca se les permitiera volver a ellas.

Desde el fatídico 7 de octubre miles de bombas han caído sobre la población de Gaza causando más de 14000 muertos hasta la fecha, un auténtico genocidio televisado, que no sería posible sin el apoyo del Imperialismo de EEUU, y la complicidad de los gobiernos de la UE, las tibias críticas o reproches que estos gobiernos hacen de la actuación del ejército israelí los hace culpables de la gran atrocidad que se está cometiendo, no es una guerra es un genocidio.

Cientos de miles de manifestantes recorren las calles de las principales ciudades del mundo, desde Londres a Berlín, Neuyork, El Quebec, Madrid o Paris y es que los trabajadores, los demócratas del mundo entero, saben que el pueblo palestino es símbolo de resistencia en defensa de la democracia, de la resistencia de un pueblo a vivir en su propia tierra en paz y libertad, es la lucha contra el imperialismo, aliado del sionismo que no se conforma ya con el genocidio si no que quiere el exterminio de la población Palestina. Es por eso que el Gobierno sionista de Netanyahu no admite criticas ni atiende discrepancias, exige apoyo incondicional, presiona a los gobiernos de occidente para que prohíban manifestaciones, huelgas o protestas de apoyo a los palestinos y se ha sentado a negociar una tregua por exigencia de los familiares de los secuestrados y cada vez más judíos en el mundo que no se ven representados por el sionismo.

Bienvenido sea el pequeño respiro del alto el fuego, pero no es suficiente, los que defendemos la democracia debemos exigir el alto el fuego indefinido, la apertura total de las fronteras, asistencia de médicos, personal sanitario y medicamentos, alimentos, suministro de agua, luz y todo lo necesario para salvar la vida de la población indefensa, es obligación de nuestro Gobierno situarse con la población palestina y exigir al resto de gobiernos occidentales que hagan lo mismo.

José Antonio Iniesta

Proxímas Manifestaciones Palestina

El pasado 22 de noviembre, 70 colectivos y organizaciones obreras y democrática se han reunido en Madrid.

  • para organizar una concentración el día 29, jornada internacional de luto por la partición de Palestina por la ONU. Proponen que se celebre en la Puerta del Sol a las 19,30. Con el lema: “no a la partición”, “Palestina única del río al mar”.
  • para organizar una gran manifestación el sábado día 2 por la mañana, que podría ser de Atocha-Cibeles-Plaza de España. Centralmente dirigido a resaltar la responsabilidad del Gobierno y exigir al Gobierno la ruptura de España con Israel.

Castigo para Netanyahu y todos sus cómplices

CARTA ABIERTA A IDA

Sra. Ayuso:

No sé la trayectoria sindical de la nueva Ministra de Sanidad, cualidad que usted le atribuye despectiva y peyorativamente.

Le aseguro, por experiencia, que ser sindicalista es un honor y un orgullo. Algo que usted nunca podrá sentir tras haber negado la atención hospitalaria a miles de ancianos y ancianas, en 2020, con el resultado de 7.291 fallecidos, en las residencias de Madrid ¿Qué dice a este respecto la Fe que usted profesa?

Como tampoco hay honor ni ética en facilitar pelotazos económicos a los hermanos, aprovechando una pandemia y la necesidad de mascarillas en la sociedad. Lástima que usted y los suyos estén tan preocupados por la ley de amnistía, en lugar de exigir una ley que prohíba la actividad de los parásitos comisionistas a quienes defienden con tanto fervor. El comisionismo sí que rompe España; fíjese si es dañino que ha roto incluso la familia Borbón.

Nadie puede sentirse orgullosa de racanearle las ayudas y becas de comedor a niños y niñas necesitadas, mientras subvenciona el servicio doméstico a los pudientes.

No hay honor alguno en destinar dinero público para subvencionar el negocio privado de la Sanidad y la Educación, en tanto que los sistemas públicos se deterioran por falta de profesionales; por ponerle un ejemplo, es sangrante el déficit de pediatras en la Comunidad que usted preside.

Por tanto, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, se equivoca si pretende faltar al respecto a sus enemigas políticas llamándolas sindicalistas.

Deje usted de ser tan irrespetuosa y mal educada y pida ayuda para que la enseñen a poner límites antes de hablar y/o actuar. Educación que, a la vista está, sus padres no fueron capaces de darle.

Anímese, pida ayuda, nunca es tarde. Entre tanto, deje de insultar a la inteligencia de los ciudadanos y ciudadanas de este país.

Roberto Tornamira.
Ex Secretario General
de la Federación de Servicios de la
UGT en Madrid.

La sociedad tiene derecho a no quedarse anclada

A los políticos se les debería recordar por lo que hacen y no por lo que dicen. En este país, ha habido gobiernos que han tomado decisiones dignas de recordar por su determinación, incluso contra la opinión de los “suyos”.

Es de justicia mencionar a Adolfo Suarez, cuando en abril de 1977 legalizó al Partido Comunista de España (PCE), máxime viendo de donde venía Suarez: desde 1958 formó parte de la Secretaría General del Movimiento Nacional, entre otros altos cargos en la etapa franquista.

Cómo no reconocer la Ley General de Sanidad de 1986, conocida como “Ley de Sanidad Universal”, sacada adelante por el primer Gobierno de Felipe González. Ley fraguada por el Ministro de Sanidad y Consumo, Ernest Lluch (asesinado por ETA el 21 de noviembre de 2000). Una ley rechazada ferozmente por Alianza Popular, hoy PP.

Del primer Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero hay que resaltar la valentía en el proceso de negociación con ETA, de 2005 a 2007, a pesar de las posiciones refractarias que encontró fuera y dentro del PSOE. Así como la firmeza que demostró cuando dio la orden de retirar las tropas de Irak, en 2004, no subordinándose a la Administración Bush.

Claro que estos presidentes y sus gobiernos cometieron errores y tomaron decisiones impopulares, pero hay que hacer balance de los hechos concretos: ¿no es el Estado español más plural con libertad de partidos?, ¿no hemos alcanzado altas cotas de calidad sanitaria? -a pesar de que la Sanidad Pública sufre un franco deterioro- ¿no es mejor la discrepancia de algunos de los posicionamientos de la izquierda abertzale que los atentados?

Contra estas y otras medidas del gobierno de turno se han organizado manifestaciones, se ha votado en contra en el Congreso y el Senado y se ha despotricado en los medios por parte de la derecha.

Hoy vemos lo mismo, con un actor que antes no estaba o no estaba emancipado del PP: la extrema derecha: VOX, nace en diciembre de 2013 de la mano de Abascal al que se suma formalmente, un mes después, Vidal Cuadras -presidente del PP de Cataluña de 1991 a 1996-.

El común denominador del rechazo ideológico contra las medidas de progreso, ha sido el “Se rompe España”. Lo que nunca terminan de decir es qué España es la que se rompe: ¿la que muere o la que bosteza? (Antonio Machado); ¿la de los comisionistas?; ¿la de los millonarios cuyas fortunas no paran de crecer?: ¿la que sale a la calle a exigir el Alto el fuego en Palestina o la que otorga medallas de “honor” al genocida?…

El PP defiende a su España, y lo hace con muy poca vergüenza. Es el mismo partido que en 1996, Aznar, quien hoy alienta al tumulto callejero “quien pueda hacer que haga”, pactó un acuerdo de legislatura con la CIU del corrupto Pujol. Juns, heredero de CIU, es el mismo Partido del que, en el mes de agosto pasado, Feijóo decía que “es un partido cuya tradición y legalidad no están en duda”, claro que en esos momentos optaba a que le prestasen sus votos para su investidura.

Como socialistas, no estamos de acuerdo con los nacionalismos. Pero no con unos sí y con otros no o ahora sí y ahora no, con ninguno y siempre; con el nacionalismo español tampoco. La derecha de siempre confunde España con sus intereses, como lo hacen el nacionalismo vasco y el catalán, como lo han hecho siempre las minorías sociales privilegiadas (la clase burguesa) frente a las mayorías sociales que solo cuentan con el esfuerzo de su trabajo para vivir (la clase trabajadora).

Ya veremos, con el paso del tiempo, el desarrollo de la Ley de Amnistía y de esta legislatura que se acerca, pero desde ya valoramos muy en positivo la determinación de Pedro Sánchez en alcanzar un acuerdo con todos los partidos antifranquistas, sean de izquierdas o de derechas, como es el caso de PNV y Juns.

Ojalá que esta actitud se mantenga en el gobierno que se forme en las próximas fechas, pues de la legislatura que termina quedan muchas cuestiones por resolver. Cuestiones sentidas y reivindicadas por la mayoría social que apoyó a la izquierda en las elecciones del 23 de julio: derogación de todos los aspectos lesivos para los trabajadores y trabajadoras, introducidos por las reformas laborales de 2010 y 2012; derogación de la “Ley Mordaza”, impuesta por la mayoría absoluta del PP para reprimir la respuesta de la mayoría social a sus políticas sociales y económicas; encargo de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, como mandata la Ley 21/2021; implicarse en la coordinación y solución del deterioro y destrucción de la Sanidad Pública, producto de la desinversión y privatización de la Sanidad; legislación estatal de las Residencias de mayores… Esperamos que todos estos asuntos, y otros no enumerados, sean abordados por el nuevo gobierno.

De la misma manera, y en línea con la determinación mostrada en estos momentos, esperamos una reorientación de la política del Gobierno respecto a los conflictos bélicos.

Resulta insoportable que llevemos un mes de bombardeos y exterminio de la población civil de la Franja de Gaza, por parte del ejército de Netanyahu, y que, desde los gobiernos de la UE, incluido el nuestro, solo escuchemos “prudentes” palabras de parar la mal llamada guerra -en este conflicto solo hay un ejército, el israelí- y una propuesta de Conferencia de paz para dentro de 6 meses.

Este sometimiento a la posición de la Administración Biden está en línea con la exigencia permanente de la OTAN de incremento de gasto para la guerra en Ucrania; una manera directa de alimentar la guerra, sin que esto signifique compartir la invasión del Este de Ucrania por parte de las tropas de Putin -Vease el Manifiesto internacional contra la Guerra que ha sido publicado en diversas ocasiones en las páginas de Tribuna Socialista-. Una guerra que está desangrando a la juventud ucraniana y también a la rusa. Y de paso está empobreciendo a los pueblos de Europa y arrasando con derechos y servicios públicos.

De la misma manera, es insoportable la posición xenófoba y racista de la derecha contra la llegada de inmigrantes, los que llegan, y que nadie señale la situación neocolonial que el Estado francés, mantiene en los países de Sahel.

Sabemos que avanzar no es fácil, requiere esfuerzo. Lo comodón, sobre todo para quienes viven confortablemente, es quedarse como estamos. Pero la sociedad, su mayoría, tiene derecho a no quedar anclada.

Los hechos vividos en estos meses, en relación con el proceso para reeditar un gobierno de progreso, nos enseñan, una vez más en la historia, que lo que permite avanzar es la voluntad política de llevar a cabo decisiones en favor de los intereses de la mayoría: es el mejor antídoto contra el fascismo.

El Comité de Redacción

Como sindicalistas, llamamos a trabajadores y trabajadoras en activo o pensionistas, a participar masivamente en la manisfestacion de 28 de octubre en Madrid.

Las organizaciones de pensionistas convocan, de nuevo, una manifestación estatal el 28 de octubre en Madrid, en defensa del sistema público de pensiones y con la exigencia de la realización de una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social en el centro de sus reivindicaciones.
Estamos hartos de que se nos repita, una y otra vez, que las pensiones futuras no son sostenibles” y que hay que aceptar nuevos recortes nuevos retrasos de la edad de jubilación, cuando el Tribunal de Cuentas ha manifestado que sólo en unos años, los gobiernos de turno sacaron más de 100.000 millones de euros de la caja de la Seguridad Social para “gastos impropios” (es decir, para pagar cosas que no son pensiones contributivas). Por eso necesitamos la auditoría para eliminar este argumento de los que quieren destruir nuestro sistema público de pensiones basado en el mecanismo solidario de reparto.
Recordamos que la auditoria es una reivindicación del movimiento pensionista, lanzada por la COESPE, que con el apoyo de un grupo de diputados por la transparencia de las cuentas públicas consiguieron que fuera incluida en la ley 21/2021 de reforma del sistema público de pensiones. Y también la auditoria es una demanda que fue aprobada en el Congreso Confederal de UGT y en
muchos congresos de Uniones Territoriales y Federaciones de CCOO.
Es inaceptable que el gobierno que se dice “progresista” incumpla este mandato parlamentario.
Desconfiamos de la última reforma de pensiones que abre la vía a la privatización de nuestra Seguridad Social a través de los fondos de pensiones de empresa y que, aunque mantiene la actualización de las pensiones según el IPC medio, deja en manos de la AIReF el futuro de esta medida. Recordamos que la AIReF es un organismo de control fiscal, creado por exigencias de la Unión Europea, cuyo objetivo es garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, y no los derechos de la población trabajadora y los y las pensionistas.
Somos conscientes de que sin salarios dignos no puede haber pensiones dignas.
Proponemos dirigirnos a las federaciones de pensionistas de organizaciones sindicales de toda Europa para explicar el combate en defensa de las pensiones en el Estado Español y, en particular, la movilización del 28 de octubre.
Por todo ello llamamos a sindicalistas, pensionistas, jóvenes, trabajadores y trabajadoras en activo a preparar la manifestación del 28 de octubre y a participar en ella. Porque, gobierne quien gobierne, el derecho a las pensiones públicas se defiende.

Sindicalistas por la auditoria es un colectivo de militantes sindicales de UGT, CCOO y otras organizaciones, creado en 2021 para apoyar las movilizaciones del movimiento independiente de pensionistas y, en particular, la exigencia de una auditoria de las cuentas de la Seguridad Social: sindicalistasxauditoria@gmail.com

22 de octubre

A la Comisión Ejecutiva Federal, al grupo parlamentario del PSOE

Este documento es impulsado, distribuido y difundido por el Comité de Redacción de Tribuna Socialista.Teniendo como objetivo la entrega del mismo a la Comisión Ejecutiva Federal y al Grupo Parlamentario Socialista, junto con todos los firmantes que lo apoyaron, a modo de carta abierta colectiva. Publicado en TS-146 de septiembre de 2023.

El día 23 de julio la mayoría social le paró los pies a la derecha extrema y a la extrema derecha y abrió la posibilidad reeditar la formación de un gobierno de progreso con el PSOE como partido de izquierdas más votado. Aunque el PP carece de los apoyos necesarios para conseguir la investidura, el Rey, incomprensiblemente, designó a Feijóo como primera opción para que intente formar Gobierno.

Pedro Sánchez ha reiterado en diversas ocasiones su voluntad de formar gobierno para parar los retrocesos sociales y democráticos que anunciaba Feijóo en la campaña electoral.

Las presiones para que el PSOE facilitara la investidura de Feijóo han venido desde la CEOE, la gran banca, las empresas energéticas o de esos que se llaman “hombre de Estado”; basta ver las declaraciones de Cebrián en el País del 11 de septiembre y de Aznar llamando a la movilización. Incluso dentro del PSOE se han alzado algunas voces como las de Nicolás Redondo, Felipe González, Alfonso Guerra y García Page, contrarias a los acuerdos por una amnistía. Como ha dicho Pepe Montilla (ex presidente de la Generalitat de Catalunya) en referencia a las declaraciones de Felipe, “A veces parece que [Felipe] González y [Alfonso] Guerra salgan en auxilio del PP”.

Ante la posibilidad de un acuerdo de investidura que incluya un compromiso para aprobar la amnistía para los más de 1400 políticos encausados por el conocido “procés”:

Los abajo firmantes, militantes socialistas, nos dirigimos a la Comisión Ejecutiva Federal de nuestro partido y al grupo parlamentario socialista para tramitar una ley de amnistía que sirva tanto para normalizar la vida política en Catalunya y España, y garantizar así la convivencia entre los pueblos que componen el plural Estado español, como para que se pueda conformar un Gobierno progresista liderado por el PSOE, que legisle, como dice el compañero presidente de Asturias Adrián Barbón: “Lo que yo quiero es que haya un Gobierno de Pedro Sánchez. Uno que suba las pensiones, el salario mínimo y las becas”.

Por todo ello, mostramos nuestro apoyo a Pedro Sánchez para negociar con todos los partidos antifranquistas, acordando políticas que respondan a las demandas de la mayoría social y acordando la amnistía para restablecer la fraternidad y la colaboración y el mejor encaje de los distintos pueblos de este Estado plurinacional que es España.

Firmantes a Titulo Individual:

José A Iniesta Martín, Sant Boi - Barcelona. Roberto Tornamira Sánchez, Arganzuela – Madrid. Baltasar Santos Fernández, El Vendrell – Tarragona. María Iglesias Domínguez, Nervión – Sevilla. Eduardo Hernández Oñate, Bº de Salamanca – Madrid. Iñaki Merino Montes, afiliado UGT – Bilbao. Eduardo Markina Nagore, Antonio Amat-Vitoria/Gazteiz. M. Antonia Prego Prego, Indalecio Prieto – Bilbao. Luis Rojo González Getafe – Madrid. Olga Bravo Losada, Madrid Centro. Juan José Cerrato Cerrato, Quijorna – Madrid. Eduardo Sabina Blasco, Vicálvaro – Madrid. Mario Martín Arribas Getafe – Madrid. Luciano Pereda Valdemoro, El Álamo – Madrid. María Jesús García Caballero, El Álamo – Madrid. Francisco Gaitán Rufo, El Álamo – Madrid. Mari Pau García Cupertino, Ciutat Vella – Valencia. José Joaquín Alonso Malpesa, Tarancón – Cuenca. Ignacio Cabello Cabello, Santa Cruz de la Zarza – Toledo. María Jesús Fernández Asenjo, Uribarri – Bilbao. Magdalena Maqueda Molero, Toledo. Agustina Pérez Sánchez, Santa Cruz de la Zarza – Toledo. María Teresa Forero Prieto, Santa Cruz de la Zarza – Toledo. Rosa María Sánchez Salazar, Toledo. Diego Ruiz Ruíz, Polán – Toledo. Eva Perea Berguío, Toledo. Mercedes Berguío Martín, Toledo. Juan José Uriondo Gijón, Villatobas -Toledo. Juan Miguel Hernández Rey, Piedralaves – Ávila. Antonio Ataz Rubio, Murcia - Ciudad-Sur. Francisco Navarro Domínguez, Martorell – Barcelona. Ernesto López Santos, Sant Boi – Barcelona. Carlos M Doblado Ortega, Sant Boi – Barcelona. Sergio Moya. Sant Boi – Barcelona. Fernando Ruiz Cerrato, Fuencarral – Madrid. Ignacio Bruna Calamocha -Teruel. Iñaki Malda Fuentes. Avilés – Asturias. Enrique del Olmo García, vicepresidente de Madrid Centro. Mario Peláez Martínez, Oviedo-AMSO PSOE – Asturias. Silvia Font Jurado, Arganzuela – Madrid. Andrés Hervás Carreño. Madrid Centro. Mª. Felisa Díez de la Rosa, Moncloa – Madrid. Juan Fernando Díaz-Mayordomo Martínez, UGT – Madrid. Mari Luz Galera Quereda, Murcia Oeste. Juan Antonio Muriel Moreno, Nervión – Sevilla. José Miguel Villa Antoñana, Collado Villalba – Madrid. Marisa Cuesta Arandilla, Antonio Amat – Vitoria/Gasteiz. Leonor Mogio Gabardino, Collado Villalba – Madrid. Gloria Mora Campos, Afiliada Directa. José Manuel Álvarez Morales, Collado Villalba – Madrid. Manuel Penelas García, Arganzuela – Madrid. Esmeralda Abenia Uliaque, Quinto – Zaragoza. Isabel Uliaque Pérez, Quinto – Zaragoza. Juan José Herradón Linaza, Hortaleza – Madrid. Francisca Fontalba Barba, Puente de Vallecas – Madrid. Azucena Lamaza Martínez, Antonio Amat – Vitoria/Gasteiz. Ángel Alonso Calvo, Arganzuela – Madrid. Begoña Merino, Ortuella – Bizkaia. José Manuel Carreira García, Culleredo - A Coruña. Pedro Eugenio Robledo Campo. Majadahonda – Madrid. Antonio Rodríguez Jiménez, El Escorial – Madrid. Miguel Arranz Sánchez, Alcorcón – Madrid. Juan Félix Sánchez Triguero, Valdetorres – Badajoz. Charles Adedayo Ajayi, Miraflores – Málaga. Pepi Reyes Fernández, Canena – Jaén. Dolores Lucas Picón, Roquetas de Mar – Almería. Daniel Martínez Porras, Roquetas de Mar – Almería. Rafael Abenia Uliaque, Quinto – Zaragoza. Yolanda Santamaría Navaridas, Barakaldo – Bizkaia. Irene Fernández Lamas, Antonio Amat – Vitoria/Gasteiz. José Javier Cubillo García, Collado Villalba – Madrid. Irene Fernández Sánchez, Jaime Vera – Salamanca. Alfonso Castillo Gallardo, Secretario General de Boadilla – Madrid. Ana Molina Triviño, Pablo Iglesias – Vitoria/Gasteiz. Pilar Neve García, Antonio Amat – Vitoria/Gasteiz. Juan Pastor Álvarez, Antonio Amat - Vitoria-Gasteiz. Luis Barra Galán, Getafe – Madrid. Fernando de Pedro Rodríguez, Getafe – Madrid. Mª. Soledad Sánchez Castellanos, Getafe – Madrid. Flavio Moya Valladolid, Getafe – Madrid. Ramón Molina Torres, Getafe – Madrid. José Luis Martín Escudero, Retiro – Madrid. Iris Bustos Martín, Afiliada directa. Manuel Souto González, Marín – Pontevedra. María Ruiz Cordón, Villaverde – Madrid. Javier Muñoz Delgado, Afiliado directo. Mercedes García Pizarro, Getafe – Madrid. Héctor Ramón Molina García Getafe – Madrid. Guillermo Martínez Robles, León. Juanma González Mosquera, concejal del Ayuntamiento de Getxo.PSE-Algorta. Pilar Jané Abelló, El Vendrell – Tarragona. Silvia Vaquero Martín, El Vendrell – Tarragona. Martí Carnicer, El Vendrell – Tarragona. José Manuel Gracia, El Vendrell – Tarragona. Mª. Ángeles Zambrano Robles, El Vendrell – Tarragona. Jeroni Iturat Padilla, El Vendrell – Tarragona. Verónica Talavera Haro, El Vendrell – Tarragona. Montse Martín Gibert, El Vendrell – Tarragona. Antonio Rodríguez Cívico, El Vendrell – Tarragona. Mariano Martínez Buita, El Vendrell – Tarragona. Juan Luis Espinosa, El Vendrell – Tarragona. Montserrat Salvatierra, El Vendrell – Tarragona. Núria Rovira, El Vendrell – Tarragona. Roger Caballero, El Vendrell – Tarragona. Margarita González Rodríguez, El Vendrell – Tarragona. Esther Rodríguez Santos, Barakaldo – Bizkaia. Soledad Herrero Hernández, Atrabudua – Erandio Bizkaia. José María Martínez Portillo, Las Arenas – Getxo Bizkaia. Tomás López Arias, Latina – Madrid. Rafael García Serrano, Macarena – Sevilla. Enrique Llamas Padrino, Latina – Madrid. Antonio Gómez Iruela, Chamberí – Madrid. José Ramón Urtubi Sáez, Retiro – Madrid. Federico Montero Hita, Retiro – Madrid. María Dolores Pérez Flor, Retiro – Madrid. Fernando Magro Fernández, Retiro – Madrid. Alfonso Sanza Santaolalla, Retiro – Madrid. José Manuel Garoz Mora, Retiro – Madrid. José María Hurtado Santos, Retiro – Madrid. Marisa Álvarez Durante, Agrupación Socialista Universitaria. Jesús Fernández Martín, Macarena – Sevilla. Máximo Martínez Román, Torrejón de Ardoz – Madrid. Norberto Mira López, Callosa de Segura – Alicante. Soledad Ricardo Orozco. Retiro – Madrid. José Antonio Helguera Herrera, Retiro – Madrid. Francisco González Valiente, Retiro – Madrid. Pablo José Cernuda Molinero, Retiro – Madrid. María Luisa Cardona Miralles, Retiro – Madrid. Juana Cerezo Bao, Getafe – Madrid. Antonio Lorente Medina, Mataró – Barcelona. Mercedes Bedmar Pérez, Latina – Madrid. Mariano Gómez Iserb, Las Rozas – Madrid. Juan Iglesias Roldán, Arganzuela – Madrid. Manuel Martín Beato, Militante de UGT – Madrid. José Luis Villares Atienza, Salamanca – Madrid. Inocencio González Gutiérrez, Atrabudua – Erandio Bizkaia. Isidoro Romero de la Osa, Mairena del Aljarafe. Ángel Egea López, Antonio Amat – Victoria/Gazteiz. Dalmacio Martín. Pablo Iglesias – Victoria/Gazteiz. Jesús Sanz González, Rivas Vaciamadrid – Madrid. Pilar Fernández Rufo, Sevilla Centro. José Ángel Mauriño Márquez, Sevilla Centro. Dolores Escalona Sánchez, Aznalcazar – Sevilla. Carmina Fornelino Díez, Mairena del Aljarafe – Sevilla. María Jesús León Sánchez, Cerro Amate – Sevilla. Carmen Alcázar, Alesto – Sevilla. Encarnación Bernal Martelo, Sevilla Centro. Presentación Sánchez Ocaña, Brenes – Sevilla. Germán Payán Gómez, Militante de UGT – Sevilla. Meli Guijarro Domínguez, Sevilla Centro. Juan Antonio Gilabert Sánchez, Miraflores – Sevilla. Teodoro Piñuela Pérez, Paracuellos del Jarama – Madrid. Saturnino Mezcua Navarro, Hortaleza – Madrid. José Moreno Morales, Abrera – Barcelona. Juan Carlos Rodrigo Bragado, Cerdanyola – Barcelona. Ascensión Navío Martínez, Cerdanyola – Barcelona. María Victoria Zumalacárregui Suarez, León Fernando González Moral, Trespaderne – Burgos. Matilde Cáceres Lianes, Rosa Luxemburgo – Sevilla. Jesús Gurriaran López, Calpe – Alicante. María Auxiliadora García López, Alestos – Sevilla. Dominga Jiménez, Mairena del Aljarafe – Sevilla. Rosario Valles de Paz, Cerro Amate – Sevilla. Cristina Pereda Postigo, Santander – Cantabria. Nieves Arroyo Pecino, Avilés – Asturias. María del Carmen Alonso Rodríguez, Avilés – Asturias. Pedro García Rodríguez, Avilés – Asturias. Fernando Prendes Fernández-Heres, Avilés – Asturias. Elia Borbolla Díaz, Avilés – Asturias. Angélica González Fernández, Castrillón – Asturias. José Ángel García Rodríguez, Castrillón – Asturias. María Victoria Fernández, Castrillón – Asturias. David Casado Gamo, Castrillón – Asturias. Eugenio Gutiérrez Fernández, Avilés – Asturias. Mercedes García Martínez, Gijón – Asturias. Francisco Gabriel Sánchez Martínez, Avilés – Asturias. Petra Romero Atero, Avilés – Asturias. Beatriz Benavides Fuster, Oliva – Valencia. Francisco Ledo Arévalo, Barrio de Salamanca – Madrid. Felipe Rodríguez Navarro, Alcalá de Guadaira – Sevilla. Ana Vannereau da Silva, Alcalá de Guadaira – Sevilla. Manuel Bonilla Álvarez, Mairena del Aljarafe – Sevilla. Encarnación Roldán Mariscal, Nervión – Sevilla. Manuel Peñalosa Martínez, Triana.Sevilla, UGT-Andalucía. José Luis Bejarano Damas, Almensilla – Sevilla. Rosario Ballester Angulo, Nervión – Sevilla. Julián Vileya Rodríguez, Alesto – Sevilla. Francisco Javier Román Escalona, Aznalcazar – Sevilla. Rafael Martín de Agar, Alcalá de Guadaira – Sevilla. Eva Soriano Pérez, Mataró – Barcelona. José Ramón Arguelles García, Siero – Asturias. Carlos Rodríguez Robles, La Haba – Badajoz. José Ramón Piñero Rodríguez, Culleredo – A Coruña. Rafael Egido Pérez, Latina – Madrid. Carlos Gonzalo Sánchez, Llanes – Asturias. Feliciano Hidalgo Garrote, La Rinconada – Sevilla. María del Rosario Nájera Hidalgo, Sevilla – Centro. Miguel González Miranda, Avilés – Asturias. María Jesús Rodríguez Llera, Avilés – Asturias. David Marcos Sánchez Iglesias, Avilés – Asturias. María del Mar Álvarez Pando, Avilés – Asturias. Amparo Iglesias Gutiérrez, Avilés – Asturias. Ángeles Artime Arias, Avilés – Asturias. Pablo González Castañón, Avilés – Asturias Manuel Burgos Golfin, Avilés – Asturias. David Astorga González, Langreo – Asturias. Susana Alberdi González, Langreo – Asturias. Manuel Pantaleón Álvarez, Castrillón – Asturias. María Jesús Cereijo Alonso, Corvera – Asturias. María Dolores Patón Sabucedo, Gijón – Asturias. Nazaria Moreno Sirodey, Villanueva del Río y Minas – Sevilla. Concepción Márquez Sánchez, Villanueva del Río y Minas Sevilla. José Ramón López Martínez, Alcalá de Guadaira – Sevilla. Carmen Orozco, San Jerónimo – Sevilla. Mercedes Martín Rubio, Barrio de Salamanca – Madrid. Delia López Rodríguez, Boadilla del Monte – Madrid. Nadezhda Danova Llieva, Afiliada directa. Toñi Macías Burguillos, Alcobendas – Madrid. Alfredo Herranz Escudero, Parla – Madrid. Ana Sariego Martínez, Gijón – Asturias. María Fernández Fernández, Gijón – Asturias. María Hortensia Fernández Vidal, Gijón – Asturias. María Rosa Díaz González, Gijón – Asturias. Violeta Tomé Zapico, Avilés – Asturias. Isabel Galletero Isidoro, San Fernando de Henares – Madrid. Manuel Rodríguez Pérez, Gines – Sevilla. Manuel Campillo Márquez, Martorell – Barcelona. Lluis Martín Calafell, Mataró – Barcelona. Pilar Critacho Olaya, Latina – Madrid. José Juan Carzón Alcázar, Alesto – Sevilla. Jesús del Pliego, Latina – Madrid. Jesús García Muñoz, Quijona – Madrid, concejal portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Quijona. Joan Aguilà del Campo, Sant Boi – Barcelona. Miguel Ángel Gallardo, Sant Boi – Barcelona. Claudio Bartolomé, Moncloa Aravaca – Madrid. María Isabel Ruiz de Paz, Polán – Toledo. Mª Antonia Mencía Sánchez-Cid, Talavera de la Reina. Alberto González González, Talavera de la Reina- Toledo. Ángel López Bueno, Piedralaves – Ávila. Mª Valle Jiménez Núñez, Toledo Milagros Cobo Cuenca, Toledo. Javier Rodríguez Torres, Toledo. María Teresa Lillo Serrano, Toledo. José Manuel Sánchez Martín, Talavera de la Reina – Toledo. Ángel Domínguez Zamora, Toledo. María Antonia Vélez Nuño, Carrión de Calatrava - Ciudad Real. Santiaga Muñoz Alfaro, Daimiel - Ciudad Real. María Ángeles Calvo Cirujano, Toledo. Pedro Jesús López Argudo, Toledo. Juan Hernández Salmerón, Toledo. Jesús Tudela Castillo, Galán Merino San Jerónimo – Sevilla. Sagrario López Saavedra, Yuncos – Toledo. Manuel Antero de Oliveira Soares, Toledo. Magdalena Núñez Frutos, Toledo. Florentina Núñez Frutos, Toledo. Felipe García Sánchez, Mazarambroz – Toledo. María del Carmen Díaz Escobar, Guadamur – Toledo. Concha Mediavilla González, Camas -Sevilla. Paloma Gallego Moreno, Camuñas Toledo. María Isabel Bustos Molina, Toledo. Juan Bautista Martínez-Raposo Román Dosbarrios – Toledo. Rosa Rufo Ávila, Toledo. Rafael Valera Rey, Afiliado directo – Cádiz. Miguel Ángel Calvo Marín, Granada. Julio Bruno Bárcena, Gijón – Asturias. Andrés Cremades López, Alicante. María Victoria del Castillo, Las Rozas – Madrid. Inocencio González Gutiérrez, Atrabudua – Erandio Bizkaia. Juan Carlos González Herrero, Atrabudua – Erandio Bizkaia. Mª Begoña González Herrero, Atrabudua – Erandio Bizkaia. Laura del Cura Sancho, Antonio Amat – Vitoria/Gazteiz. Mª Begoña Reguero Angulo, UGT – Vitoria/Gasteiz. Fernando Cid Durán, Pablo Iglesias - Vitoria/Gasteiz. María Romero Cárnica, Avilés – Asturias. Cándido Muñoz Ruanes, Getafe – Madrid. Jesús Raya Rubio, Galán Merino San Jerónimo – Sevilla. Jesús Francisco Carrillo Espinoza, Miraflores – Sevilla. Juana Gálvez Romero, Antonio Amat – Vitoria/Gazteiz. Francisco José Sánchez García, Cabanillas del Campo – Guadalajara, Militante de UGT – Guadalajara. Rafael Gil Herrera, Don Benito – Badajoz. Félix O´donnel Gallego, “Paco Román” Centro – Málaga. Matilde Martín Delgado, "Marco Vitoria” Mondragón – Guipúzcoa. Albita Menéndez García- Santander – Cantabria.

Descargas:

Documento actualizado


DECLARACIÓN 12 JUNIO 2023

Para ganar las elecciones necesitamos compromisos claros para resolver las demandas sociales

Tras los resultados electorales y la convocatoria de elecciones, ¿Qué hacer para parar a la derecha?, en las elecciones generales del 23 de julio y en lo sucesivo.

La derrota sufrida por el conjunto de partidos de la izquierda el 28 de mayo, despierta todas las alarmas dentro y fuera del PSOE, también entre los trabajadores que ven al PSOE como el único capaz de parar electoralmente al PP y sus socios de VOX.

Puede que la pérdida de 400.000 votos no sea excesiva, pero perder Comunidades Autónomas como: Valencia, Aragón, Baleares, La Rioja y Extremadura, 5 de las 7 en las que gobernaba el PSOE, es un varapalo. Si a ello le sumamos la pérdida de 15 de las 22 capitales de provincia que gobernaba, entre ellas Sevilla y Valladolid, entre otras también importantes, hace que la gravedad aumente de forma alarmante.

No queremos entrar a valorar si es más o menos acertado el adelanto de elecciones que, sin consultar al Comité Federal, ha hecho Pedro Sánchez, pues es una decisión táctica. Sin embargo, nos preocupa que por la premura de tiempo no se realice ningún tipo de análisis de la gestión realizada y que se entienda que todo ha sido correcto en las políticas económicas y sociales llevadas a cabo por el Gobierno de coalición. Examinar las causas que han llevado a esta derrota es necesario para intentar comprender el mensaje que el día 28 de mayo han dado una buena parte del electorado, con sus abstenciones y las posibles huidas de votos de un bloque ideológico a otro.

Recordemos que tres de las ideas fuerza del programa electoral de las últimas elecciones, eran la derogación de la reforma laboral que impuso el PP, la derogación de la ley mordaza y blindar el Sistema Público de Pensiones. La primera se quedó a medias, la segunda ni se ha tocado y en la tercera solo se han atendido las exigencias de las instituciones del capital financiero.

Invitamos a releer el documento que más de 1.000 sindicalistas firmaron y que el 16 de mayo de 2017(1) en apoyo a Pedro Sánchez, en el que se exigía la derogación de la reforma laboral de 2012, la cual ha sido derogada sólo parcialmente, pero continúan en vigor muchos elementos lesivos de los derechos de los trabajadores que introdujo aquella agresiva reforma, como: el despido barato a priori por el que la indemnización por despido improcedente pasó de 45 día a 33, facilidades para la modificación de la jornada, los turnos, las funciones…, entre otras flexibilidades favorables al empresariado.

Señalamos positivamente que se ha derogado el Artº 315.3 del Código Penal, sin embargo se continua vulnerando el derecho de huelga cada vez que los trabajadores hacen uso de este derecha para la defensa de sus intereses; lo hemos visto recientemente en las huelgas del personal sanitario, con la imposición de servicios mínimos ilegales.

También, hay que reconocer como hecho positivo que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) haya crecido un 46,76%, al pasar de los 735,9 € de 2018, con el PP, a los 1.080 € de hoy (una media anual del 11,69%), pero no debemos obviar que es insuficiente, una familia media no puede subsistir con 1.080 € al mes, prueba de ello es que en nuestro país hay 3,7 millones de asalariados/as que están en la pobreza y en riesgo de exclusión. En los últimos cuatro años, los salarios han perdido un promedio del 4,27% de poder adquisitivo, situación que ha afectado a una buena parte los trabajadores, la juventud y los pensionistas.

Es igualmente positivo que las pensiones se hayan revalorizado para 2023 con el 8,5%. El período 2019 a 2023 (2023 a mayo el IPC se ha situado en el 3,2%) el IPC acumulado es del 15,71%, en tanto que las pensiones han crecido el 14% (incluyendo el 8,5% para 2023), se pierde por tanto el 1,71% de poder adquisitivo. El problema es que la revalorización de las pensiones no puede depender de si se avecinan años electorales o de si gobierna este u otro partido; eliminar esa incertidumbre y vincular de forma definitiva la revalorización de las pensiones al IPC sería un paso hacia el blindaje de las pensiones.

No obstante, la sostenibilidad de las Pensiones Públicas no consiste sólo en que la revalorización anual evite la pérdida de valor económico a los pensionistas. En 2020, el Tribunal de Cuentas del Estado cifró en más de 103.000 millones de euros el dinero de las Pensiones que el Estado (todos los gobiernos) “han utilizado indebidamente” para pagar partidas que debiera haber pagado con dinero de los impuestos. En la Ley 21/2021 el Gobierno se comprometió a encargar una Auditoría que establezca cuánto dinero le debe el Estado a las Pensiones Públicas, correspondiente al período 1967 a 2021. Esa Auditoría no se ha hecho ¿por qué? No cumplir la Ley es muy grave y si se trata del salario diferido de los trabajadores hay un plus de gravedad.

Una de las conclusiones que debemos sacar es que los resultados electorales son la causa de las políticas de paños calientes de un gobierno que no se ha atrevido en entrar a fondo para resolver los problemas de la mayoría social.

Está previsto que en los próximos meses, de cara a los presupuesto generales para 2024, comience una etapa de recorte del gasto público, para reducir el déficit público por debajo del 3%; siguiendo las directrices de la Comisión Europea. Recordemos que no se ha tocado el artículo 135.3 de la Constitución, el que garantiza el pago de la deuda sobre cualquier otro gasto social, ya sea Sanidad, Educación, Dependencia… Suponemos que el incremento del gasto para armamento militar que exige la OTAN tampoco se va ver recortado para reducir el déficit.

Sería positivo aclarar, por parte de quienes aspirar a gobernar, cómo van a abordar estas cuestiones económicas.

Somos de la opinión de que a la derecha solo se le combate con políticas de izquierdas y será la única forma de parar a las políticas del PP y sus socios de VOX.

Es hora de priorizar sobre las necesidades de la mayoría social de manera estructural, no con medidas transitorias, coyunturales y de alcance limitado. Debemos tener un compromiso claro con las demandas sociales más urgentes.

El programa de las elecciones debería incluir como medidas de urgencia:

  • Políticas de Control de precios que impidiesen las subidas especulativas.
  • Política de vivienda pública contundente que acabe con la especulación inmobiliaria.
  • Renacionalización de las empresas energéticas y sus distribuidoras.
  • Creación de Banca pública que salvaguarde a los ciudadanos de los excesos de la banca privada.
  • Salarios y pensiones que no pierdan poder adquisitivo.
  • La defensa de la sanidad pública, dotación económica suficiente para dotar de personal sanitario a todos los centros hospitalarios y de Atención primaria.
  • Defensa incondicional de sistema público de pensiones.
  • Reducción del presupuesto militar y cese inmediato del envío de armas para la guerra.

* Enlace Manifiesto Sindicalistas

Comité de Redacción

Carta abierta al Sr. Escrivá, Ministro de Seguridad Social

Cumplan con la Ley 21/2021 y encarguen al Tribunal de Cuentas del Estado el obligado informe de Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.

Introducción
Con esta carta abierta, el grupo de “Sindicalistas por la Auditoría y en defensa de la Pensiones Públicas”, vinculado al CATP, da por terminado el diálogo con el Gobierno que abrieron con la carta al presidente del Gobierno, enviada a Moncloa el 16 de julio y publicada en las páginas 16 y 17 Tribuna Socialista nº 136.
Para seguir el hilo de la carta al señor Escrivá, podéis acceder a la respuesta que el Gabinete de presidencia remitió el 18 de noviembre al grupo de Sindicalistas, publicada en la página 15 de Tribuna Socialista nº 138. Fue en base a esta respuesta de Moncloa que el 1 de diciembre los sindicalistas remitieron una carta al ministro. Ese mismo mes, la Jefa de Servicio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones respondió al grupo de Sindicalistas; cartas publicadas en Tribuna Socialista nº 139, en sus páginas 15 y 16 respectivamente.
El hecho de que con esta carta abierta se ponga punto y final al diálogo epistolar con el Gobierno, no significa que el grupo de Sindicalistas vaya a cejar en el empeño de continuar luchando por defender el Sistema Público de Pensiones. De hecho, en este mismo número 140 de TS, publicamos una nueva campaña que está en marcha, dirigida a los diputados y diputadas que votaron favorablemente a la Ley 21/2021, en la que se obliga al Gobierno a encargar una Auditoría, campaña desde organismos sindicales y sindicalistas.

Señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:

Somos el grupo de “Sindicalistas por la Auditoría y en Defensa de las Pensiones Públicas”, vinculados al Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), que, en el mes de julio, nos dirigimos al presidente de Gobierno en una carta firmada por más de 200 militantes políticos y sindicales, para trasladarle la preocupación que teníamos, y mantenemos, por la nueva reforma de la Ley de Seguridad Social, que se prepara desde su departamento, señor Escrivá.

En dicha misiva explicábamos pormenorizadamente los motivos políticos y económicos por los que no se justifica la ampliación del número de años que se emplea para hallar la base reguladora de las pensiones. El dato principal que justifica nuestra posición nos lo da el Tribunal de Cuentas del Estado, en su informe de 2020 en el que, al analizar el periodo 1989-2013, concluye que el Estado es deudor de la Seguridad Social en, al me- nos, 103.000 millones de euros.

El 18 de noviembre, recibimos respuesta de Moncloa a la carta mencionada. Contestación del Gabinete de presidencia en la que se nos indicaba que se había dado traslado de la misma a su Ministerio. Fue por este motivo por el que el 1 de diciembre registramos una carta dirigida a usted, solicitándole una reunión, con usted y/o con su equipo, para poder trasladarle nuestras consideraciones. Con fecha 12 del mismo mes, su Jefa de Servicio, nos respondió amablemente derivándonos a otra instancia de su Ministerio.

Valoramos positivamente el intercambio epistolar que hemos mantenido y agradecemos las respuestas desde el Gobierno, si bien su contenido es de todo punto insatisfactorio. Y es por ello que hemos decidido responderle de forma abierta.

Celebramos la decisión del Gobierno por la que se incrementarán las pensiones contributivas en un 8,5%, decisión que fue tomada pocos días antes de la última gran Manifestación que discurrió por las calles de Madrid el 16 de octubre del pasado año, por lo que parece evidente que fue una respuesta positiva, tomada con antelación, a la movilización que COESPE y las demás organizaciones que componen el movimiento de pensionistas vienen desarrollando en defensa del Sistema Público de Pensiones.

Sin embargo, nos preguntamos de qué sirve la subida del 8,5% para 2023, si a los futuros pensionistas les reducirán un 8% por efecto de la pretendida reforma del periodo de cálculo de la pensión, y si además no se compensa la pérdida de poder adquisitivo en relación con el IPC de 2021, que cerró en el 6,5% frente al 2,5% con que se revalorizaron las pensiones el año antepasado.

Además de estas cuestiones, que no por coyunturales menos importantes, es para nosotros y nosotras de una importancia fundamental que se lleve a cabo la Auditoría a la que el Gobierno se comprometió en la Ley 21/2021, por la que en febrero de 2022 deberían haber encargado dicha Auditoría y que en julio del mismo año deberían haber presentado el resultado de la misma.

Por otra parte, una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social no puede hacerla una empresa privada por encargo del Gobierno, ni un órgano u organismo vinculado al Gobierno, pues a todas luces carecería de rigor, en tanto que sería un acto de “auto auditoría”. Es por esto que corresponde al Tribunal de Cuentas realizarla, por haber sido el órgano que puso sobre la mesa que la Seguridad Social no es deficitaria, sino acreedora del Estado, y por ser el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público.

Si en el periodo de 24 años estudiado por el Tribunal de Cuentas (1989-2013) son más de 103.000 millones de euros lo que el Estado ha utilizado indebidamente de los fondos de las pensiones, ¿a cuánto asciende la deuda del Estado con la Seguridad Social en el periodo 1967 a 2019, tal como marca la ley?

Parece obvio que el hecho de que el Estado sea deudor de estas magnitudes de dinero, al Sistema de Pensiones Públicas, pone fin a la idea que tanto se reitera, por partes interesadas, de que el sistema es deficitario.

Es inaceptable que el Gobierno no cumpla con una ley votada por el Poder Legislativo, y por los propios partidos que sustentan al Gobierno. Exigimos que se paralicen las negociaciones para la reforma de las Pensiones y que se lleve a cabo la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, por parte del Tribunal de Cuentas del Estado.

Sindicalistas por la Auditoría y en Defensa de las Pensiones Públicas

Carta al Ministro de Seguridad Social

Nota Introductoria a la Carta

El grupo de “Sindicalistas por la Auditoría y en defensa de las Pensiones Públicas” inició, el pasado mes de julio, un diálogo con el Gobierno para exigir la puesta en marcha de la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social que exige la Ley 21/2021 y para rechazar la reforma de pensiones que pretende el ministro Escrivá. La carta que inicia este diálogo fue firmada por casi 250 sindicalistas (fechada el 16 de julio), y publicada en número de septiembre Tribuna Socialista 136 (páginas 16 y 17).

El director del Gabinete de Presidencia del Gobierno, Oscar López, respondió con fecha 18 de noviembre. Este documento de respuesta fue publicado, junto a la carta al presidente, en Tribuna Socialista de noviembre, nº 138 (páginas 14 y 15).

Enlace a la carta a Pedro Sánchez y respuesta de Moncloa

Respuesta recibida en Noviembre

En la reunión mensual del grupo de sindicalistas celebrada el 29 de noviembre se decidió continuar el diálogo con el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el señor Escrivá, en tanto que en la respuesta de Moncloa se indicaba que habían trasladado el asunto a este Ministerio.

En este último número de 2022 de Tribuna Socialista (TS-139), en la página

Carta al Ministro de Seguridad Social

Respuesta del Ministerio de Seguridad Social