Categoría: Editoriales

Editorial: 1º de Mayo, lo que nos preocupa y lo que nos debería preocupar

Balance de situación de las condiciones de vida y trabajo         

                El día internacional de los trabajadores y trabajadoras, el 1º de Mayo, es buen momento para realizar un balance de situación de las condiciones de vida y trabajo de las asalariadas y los asalariados.

                El primer cuarto s. XXI es un periodo que pasará a la historia como el de las calamidades en cadena: crisis financiera e inmobiliaria (2008-2018), pandemia COVID (2020 y 2021), Guerra de Ucrania (2022-…) y Genocidio en Gaza (2023-…). Veremos que nos depara el futuro inmediato.

                El común denominador de esta secuencia de hechos históricos es el empobrecimiento de la clase trabajadora, producto del austericidio al que fuimos sometidos para paliar la crisis que provocó el capital financiero y especulativo con sus políticas económicas e inmobiliarias, pasado por los largos meses de parón económico que la imprevisión e indecisión de los gobiernos, que aumentó los efectos sociales de la pandemia; por ejemplo,quedó retratada la política de recortes económicos y privatización en la Sanidad Pública y en las Residencias de mayores, finalizando el periodo con dos conflictos armados, a nombre de los cuales los especuladores de los oligopolios más potentes: banca, energía, telecomunicaciones, alimentación, etc., ha decidido incrementar sus fortunas brutalmente, a costa de restar poder adquisitivo a los salarios y las pensiones.

AñoIPC medioPensionesSalarios
20102,99%1%1,30%
20112,38%0%1,59%
20122,87%1%1,31%
20130,25%1%0,57%
2014-1,04%0,25%0,57%
20150,02%0,25%0,74%
20161,57%0,25%1,06%
20171,11%0,25%1,43%
20181,18%1,60%1,72%
20190,79%1,60%2,24%
2020-0,53%0,90%1,75%
20216,55%0,90%1,47%
20225,70%3,00%2,78%
20233,10%8,50%3,46%
26,94%20.50%21,99%
Fuente: INE, Elaboración propia para TS

               

La inflación en los últimos 13 años provoca que las pensiones acumulen una pérdida de poder de compra del 6,5%, en buena medida por los años en los que el Gobierno del PP aplicó las ridículas subidas de pensiones del 0,25%, y por los desfases entre IPC e incremento de las pensiones en los años 2021 y 2022. Los mismos datos nos dicen que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es del 5%. Si la comparativa la hiciésemos con el incremento del precio de los alimentos la pérdida de capacidad de compra es mucho mayor, pues ha sido del 4,9% en 2021, 15,7 en 2022 y del 11,8% en 2023; un acumulado en tres años del 32,4%. Por su parte, la vivienda, se ha incrementado un 29% en los diez últimos años.

                El resultado es que en el Estado español hay casi 13 millones de personas que son pobres o están en riesgo de exclusión social, el 26,5% de la población.

                Es de esto de lo que habría que hablar en los procesos electorales y en las sesiones parlamentarias. De esto y del profundo deterioro de la Sanidad Pública y del derroche de dinero público que supone la privatización que lleva aparejada la corrupción. Lo mismo podemos decir de la situación de la Educación Pública y del pernicioso efecto que el adoctrinamiento religioso tiene para la formación de las futuras generaciones, directamente con la asignatura de religión en los programas educativos e íntegramente en la enseñanza concertada que, a la par que resulta un negocio para las órdenes religiosas, supone una hemorragia para el presupuesto público educativo.

Lo que preocupa a la mayoría social

                Los resultados de las elecciones en el País Vasco han estado parejos a las previsiones que hizo el CIS a primeros de mes. Las urnas han precisado lo que el electorado vasco quiere: El PNV ha obtenido 27 diputados, por lo que ha perdido 4 respecto a los comicios de 2020; Bildu también ha obtenido 27 diputados, 6 más que en las anteriores elecciones; PSE-PSOE ha conseguido 12 diputados, sube 2, lejos de los 25 que tuvo en las elecciones de 2009, aunque en ascenso desde 2016 en las que cayó a 9; PP sube 1 diputado, al pasar de 6 a 7; Sumar consigue 1 diputado, al igual que VOX.Salvo por la desaparición de Podemos, que tenía 6 diputados en la legislatura anterior, la composición del Parlamento vasco no ha cambiado demasiado, por lo que no cabe esperar grandes cambios en la relación de los partidos vascos que vienen apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez. Así que, todos contentos.

                La campaña si se ha centrado en los asuntos sociales que más preocupan a la sociedad vasca, con la salvedad del intento de intoxicación al introducir la cuestión de ETA. Según la demoscopia, lo que más preocupa a la sociedad vasca es: el Empleo, la Sanidad y la Vivienda. La cuestión es si al votar al PNV, de ideología conservadora, ¿estaría el PNV a favor de la derogación de la Ley 15/97, ley que abre puertas y ventanas a la privatización de la Sanidad Pública?

                La misma pregunta, sobre la necesidad de defender la Sanidad Pública desprivatizándola, habría que hacérsela a Junts de cara a las elecciones en Cataluña para el 12 de mayo.

Lo que nos debiera preocupar a las trabajadoras y a los trabajadores

                Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Salud se define como: “es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

                Es muy difícil tener un buen estado de “bienestar físico, mental y social”con salarios o pensiones de miseria. Cuando tienes que echar cuentas de a qué renuncias para llegar a final de mes. Es muy complicado gozar de buena salud mental, cuando tienes un trabajo precario, oa tiempo parcial y tienes que buscar cómo complementar los ingresos, cuando tu empresa te aplica un ERE o un ERTE porque prevé no ganar tanto como el año anterior, etc. Es difícil tener Salud.La Confederación de Salud Mental en España, en su informe de 2023, llegaba a conclusiones como las siguientes:

                “El 44,9% de la población afronta la situación actual con preocupación. Este sentimiento está más presente en          las personas adultas mayores de 55 años.”

                “Un 47,5% y un 39% de las personas están muy o bastante preocupadas por no poder hacer frente al pago de          sus facturas y el de su alquiler o hipoteca, respectivamente.”

                La falta de un futuro claro; precariedad en el empleo combinada con el excesivo precio de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, hacen que las y los jóvenes no vean a su alcance la emancipación, con la ansiedad que esa oscura perspectiva provoca.

                La sociedad está sometida a una barbarie que no es teórica.Cada vez son más los conflictos armados y más brutales. Lejos de trabajar por evitar la barbarie, vemos como los gobiernos y los partidos políticos se alinean con las posturas militaristas, en nuestro caso con los dictados de la OTAN y los USA, que es quien mueve los hilos en esa estructura militar.

                Observamos con preocupación que por parte del Gobierno no se verbaliza lo que es una evidencia, el Genocidio que se está perpetrando en Gaza contra el pueblo palestino. Las organizaciones sindicales tampoco parecen dar el paso de nombrar a las cosas por su nombre, Genocidio. Y ya de volcarse en la movilización ni hablemos. Se está tan pegado a la lógica del imperialismo hegemónico que nadie quiere verdaderamente ponerse al frente de la lucha contra la barbarie, la lucha contra la Guerra.

                Muchas son las preocupaciones de los trabajadores y a buen seguro serán reflejadas en la pancartas y lemas de las manifestaciones del 1º de mayo. El problema es que la mayoría social, la clase trabajadora, no parece tener las organizaciones políticas que defiendan sus intereses ni que estén dispuestos a luchar por ellos.

El Comité de Redacción

Editorial: El tablero de la política

En el tablero de la política hay muchos movimientos, unos ya previstos y otros sobrevenidos.

El próximo 21 de abril, los y las electores del País Vasco acudirán a las urnas. El 9 de junio todo el censo electoral del Estado español será llamado a elegir a los representantes al Parlamento Europeo. Estas son las fechas establecidas, porque toca. Los movimientos sobrevenidos son las elecciones en Cataluña, fijadas para el 12 de mayo. Además, a pesar de la bronca en la calle, el día 13 de marzo el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Amnistía, que ahora ha pasado al Senado. Hay materia para la actividad política en los meses próximos. La cuestión es ¿con qué contenido y con qué objetivos?

El candidato de Bildu, Pello Otxandiano, declaraba a los medios de comunicación el pasado 18 de marzo que “La ambición nacional del pueblo vasco se tiene que traducir en políticas públicas, como por ejemplo en un sistema público de salud que sea capaz de ofrecer un servicio de calidad al conjunto de la población”. Bien, es una buena declaración de intenciones sobre la que partir, y sirve para el debate en las elecciones, vascas, catalanas y europeas.

Es necesario abrir un debate en todo el Estado sobre ¿cuáles son las prioridades y reivindicaciones de la mayoría de la sociedad?, pues los electores acuden a las urnas para que los elegidos y elegidas les resuelvan los problemas, o al menos así debiera de ser.

La Amnistía que está en trámite lleva en discusión desde el mes de octubre del año pasado, si bien el “ruido” que provoca la derecha no permite debatir para qué la Amnistía. Lo más urgente es sin duda desjudicializar los hechos del “procès” y que se ponga fin la acción represiva que puso en marcha el PP, con el apoyo de su fracción judicial, policial, mediática y de la propia Corona, “a por ellos oe, oe…” Una represión que afecta a unas 3.000 personas, no solo al señor Puigdemont. Lo siguiente debe ser abrir un debate sereno sobre cómo se supera el concepto de “Unidad de la Patria”, sucedáneo del “España, Una, Grande y Libre”, lema del franquismo, para dar encaje a la realidad plural de nacionalidades y regiones que integran el Estado. Se hace necesario abrir el debate del federalismo y superar el corsé autonómico.

Las interferencias no son meras opiniones o posicionamientos del habitual coro mediático de la derecha, como hacía el ABC, oficioso altavoz monárquico, tachando de inconstitucional la ley aprobada por el Congreso de los Diputados. Se trata de la confrontación entre instituciones, mejor dicho, de todas las instituciones contra el Parlamento, la Cámara de las Cortes que más directamente representa la soberanía de los pueblos que conforman el Estado. Esa confrontación institucional es particularmente grave desde el Senado, utilizado por el PP como traba al desarrollo de la ley. Y muy significativamente grave desde el Poder Judicial, con sus declaraciones de boicot a la Ley de Amnistía; recordemos que es el Rey quien preside el Poder Judicial, el que abre los cursos judiciales sin importarle que el gobierno de los jueces lleve más de cinco años sin renovarse ¿se negará el Rey a firmar la ley cuando le toque hacerlo? Es evidente que hay una reacción contra la pluralidad del Estado en defensa del concepto de Unidad, heredado del pasado.

No es la primera vez que desde la Justicia se interfiere, obstaculiza y paraliza la acción del Poder Legislativo, recordemos que en diciembre de 2022 en Tribunal Constitucional paralizó el trámite parlamentario que aprobó el Congreso de los Diputados para la reforma del Poder Judicial y del TC. La democracia está “tutelada” por unos poderes que no se presentan a elecciones, que defienden los privilegios de los herederos del pasado ¿cómo podemos esperar así que se defiendan los servicios públicos, tal como reivindica la mayoría de la sociedad?

Necesitamos superar todo esto para avanzar en derechos y libertades, para poder debatir de lo que nos interesa, de: Sanidad Pública, Educación Pública, Pensiones Públicas, Dependencia Pública, que es exactamente lo contrario a los derroteros en los que, desde hace décadas, se metió a nuestros servicios públicos. La privatización de lo público es inadmisible por dos motivos: primero porque la rentabilidad de los servicios públicos no puede estar subordinada a los beneficios empresariales; y segundo porque los continuos escándalos de comisionismo dejan claro que la privatización engendra la corrupción, además de ser la privatización el origen del del deterioro de nuestra Sanidad Pública, en todas las comunidades.

Queremos debatir sobre una verdadera separación de poderes, muy particularmente de la independencia del poder Judicial. Politizado hasta la médula, escorado a la derecha y con un tufo a TOP que tira para atrás.

Necesitamos que la sociedad tome posición sobre la política de guerra a la que se nos avoca desde la UE y la OTAN, pues este tema de vida o muerte no puede ser ajeno a la voluntad de los pueblos, enajenación que solo es posible por la gruesa capa de manipulación mediática que tiene confundida a la ciudadanía y a sus instituciones sociales: políticas y sindicales. Con las graves consecuencias económicas que los conflictos bélicos tienen para los pueblos; afirmamos que sufrimos una auténtica guerra social, paralela a la militar, que destruye derechos y empobrece a la clase trabajadora. Es inadmisible que participemos en alimentar la guerra en Ucrania y, en paralelo, miremos para otro lado con el Genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino, desde hace seis meses.

Estas y otras cosas son de la que hay que hablar ante los procesos electorales y en el debate parlamentario. El problema es que los ciudadanos y ciudadanas que viven de su trabajo están hastiados de ver que los representantes políticos se pierden en barrizales que nada resuelven, pero que desangran el erario público a manos de mangantes y sanguijuelas o en gastos militares. Este es el motivo que lleva al ascenso de la extrema derecha; la ausencia de una fuerza política que escuche a la mayoría social y trabaje por dar solución a sus problemas e inquietudes.

Somos conscientes de que la sola posibilidad de que estos planteamientos tomen cuerpo enerva, como vemos desde meses atrás, a la derecha de siempre y a la derecha escindida de la derecha de siempre. No soportan la posibilidad de que se puedan mover un ápice sus privilegios: por eso se mantiene la impunidad de La Corona, incluso en el delito; por eso se niegan a renovar el Consejo General del Poder Judicial que les garantiza su impunidad ante los casos de corrupción; por eso no quieren ni oír hablar de desprivatización de la Sanidad Pública; por eso defienden a capa y espada la Educación concertada, donde empresas y congregaciones religiosas hacen su agosto;…; por eso se echan a la calle rabiosamente ante la posibilidad de que la pluralidad de pueblos que compone el Estado español conviva en paz y nos podamos poner de acuerdo para dar un giro de guion al orden establecido.

El Comité de Redacción

20º aniversario del 11-M

Se han cumplido veinte años de los atentados más terribles -por el número de víctimas- que se han sufrido en nuestro país, 192 muertos y 1.857 heridos.

190 muertos en los trenes de cercanías que todas las mañanas trasladan a los trabajadores y trabajadoras a sus puestos de trabajo, así como estudiantes que se dirigían a sus centros de estudio. A los que hay que añadir a Nicolás Jiménez Morán, el bebé que nació dos meses después del atentado, pero que murió a las 48 horas por las heridas sufridas por su madre y a Francisco Javier Torrenteras Gadea, el tedax que falleció en la explosión del piso de Leganés, en el que se inmolaron los autores de los atentados.

Tenían una media de edad de 35 años y pertenecían a 17 nacionalidades: 140 españoles y españolas (73,7%); 16 rumanos y rumanas (8,4%): 6 ecuatorianos y ecuatorianas (3,2%); 4 búlgaros y búlgaras (2,1%); 4 peruanos y peruanas (2,1%); 4 polacos y polacas (2,1%); un colombiano y una colombiana (1,1%); 2 marroquíes (varones) (1,1%); un dominicano y una dominicana (1,1%); 2 ucranianos (1,1%); una hondureña y un hondureño(1,1%); un senegalés (0,5%); un filipino (0,5%); un cubano (0,5%); un brasileño (0,5%); y una francesa (0,5%).

Al margen de la edad o del lugar en el que nacieron, tenían en común ser miembros de la clase trabajadora. Mencionamos a todos y a todas porque no queremos olvidarles, porque no son un número icónico de una fecha señalada, eran madres, hijos e hijas, padres, hermanos y hermanos, miembros de nuestra clase.

Es muy recurrente la frase de António Guterres, secretario general de la ONU, cuando en octubre del pasado año dijo: “el ataque de Hamas el 7 de octubre no viene de la nada sino de 56 años de ocupación”. No hay duda de que Guterres no justifica ni comparte que Hamas matase a 1.200 personas en los territorios aledaños a la franja de Gaza, ocupados por Israel. De la misma manera, no hay ninguna justificación en los atentados en los trenes de las madrileñas estaciones de Atocha y de El Pozo, el 11 de marzo de 2004. Lo anterior no implica que olvidemos que, justo un año antes, en marzo de 2003, una coalición liderada por la Estados Unidos invadió Irak; invasión en la que el Gobierno de Aznar involucró a nuestro país. Los atentados no vinieron de la nada.

En marzo de 2004 se cometieron dos atentados: uno, el de los trenes; el otro contra la verdad, se cometió la mayor mentira de Estado que hayan tenido que soportar los pueblos que componen el Estado español. El PP de Aznar mintió y, aún hoy, los medios de comunicación voceros de su política, continúan insinuando y vertiendo falsedades para desligar los atentados terroristas de la invasión de Irak.

El PP es un Partido que tiene alergia a la memoria, por eso, casi medio siglo después de la muerte del criminal dictador, no han condenado el franquismo. Por eso en comunidades autónomas en las que cogobiernan con la extrema derecha han derogado la ley de la memoria histórica. No quieren que recordemos, quizá por eso Isabel Díaz Ayuso, la presidenta del Gobierno del PP en Madrid, ha eliminado -quizá debiéramos decir profanado- el monumento al 11-M.

El mismo grado de adicción que tienen contra la memoria lo tienen por la mentira. Por eso desde Tribuna Socialista todos los días del año recordamos y no olvidamos.

Comité de Redacción

Editorial: Las calles se calientan.

Las calles se calientan, y no estamos hablando del cambio climático. Los ataques que vive la clase trabajadora por parte del capital financiero en todo el mundo están teniendo su eco en las crecientes movilizaciones que conforman la resistencia a un modelo de sociedad que oprime a la mayoría social.
A pesar del rol “silenciador” que están jugando los grandes medios de comunicación, la mayoría social está expresando en la calle su hartazgo con la pasividad y tibieza con la que se actúa ante el genocidio que está perpetrando el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino. ¡Basta ya de hipocresías! El Alto el fuego es una exigencia, así como la ruptura de relaciones con Israel ya es un clamor. Estamos hartos de la palabrería de los gobiernos y la Comisión Europea, cómplices por activa o por pasiva con el genocidio.

También el campo se moviliza; particularmente los autónomos y pequeños productores. Los grandes latifundistas y ganaderos, como los duques de Alba, durante años han capitalizado las ayudas de la PAC, recibiendo cada año sumas millonarias. Pero los pequeños agricultores apenas pueden sobrevivir.

Como explicamos en el artículo «separando el grano de la paja», que se publica en este número, miles de pequeños agricultores protestan ante la dificultad para poder vivir de la tierra que trabajan. Aunque las protestas se centran en la burocracia para acceder a las ayudas, y las exigencias medioambientales, un análisis un poco más profundo nos lleva a concluir que la causa del problema radica en el propio mercado. La especulación de la tierra por un lado, y el poder de las grandes corporaciones de la distribución y fabricación de alimentos procesados para imponer el precio que se paga en origen al campesino. Esto, tiene consecuencias desastrosas tanto para los profesionales del campo como para los consumidores en general, quienes pagamos la inflación especulativa que arruina a trabajadores y pensionistas en general. Entenderlo marca la diferencia entre las posiciones socialistas y las que dice defender la extrema derecha populista.

Los agricultores y ganaderos protestan contra la excesiva normativa “mediambiental” ¡falsa defensa del medioambiente y la salud de los consumidores! Pues, si la preocupación de los legisladores de la EU fuese de verdad proteger la Salud de las personas y la Naturaleza, no abrirían las puertas de par en par a los productos de terceros países, ajenos a la UE, que no garantizan ningún respeto al medioambiente ni a la salud, pero sí generan una competencia desleal en los precios, facilitando la aludida imposición de precios a los agricultores, por parte de las grandes corporaciones de la distribución alimenticia.

Se incrementan las movilizaciones en defensa de la sanidad pública al mismo tiempo que salen a la luz nuevas pruebas y testimonios del horror que las trabajadoras y los ancianos tuvieron que vivir en las residencias gestionadas por el gobierno de Ayuso durante la pandemia.

Se incrementa el hartazgo contra unos jueces que contaminan la política, que usurpan el CGPJ desde hace cinco años (9 desde que fueron elegidos), y que (valga el juego de palabras) tienen la «des-facha-tez» de pedir a los políticos que les «dejemos en paz», ante la mirada cómplice de una monarquía que no solo tolera, sino que anima a los jueces a seguir en la misma línea de «independencia judicial», aunque ésta se base en patéticas acusaciones de terrorismo a algunos líderes independentistas, y «conspiranoicos» argumentos sobre las relaciones de Puigdemont con Putin. Todo vale, para unos jueces que niegan el “lawfare” pero lo practican con el único objetivo de desestabilizar al gobierno y que se rompan los acuerdos de investidura alcanzados entre los partidos antifranquistas.

En este sentido, incluimos en este número un nuevo artículo de opinión que trata sobre el “lawfare”, es decir, el ataque de jueces contra las decisiones del legislativo, y que trata también sobre la importancia de la ley de amnistía para el conjunto de la mayoría social, así como la necesidad de apoyar al gobierno de Pedro Sánchez y sus acuerdos con todos aquellos grupos que sirvan para avanzar en derechos sociales y laborales, y mejorar la convivencia y la relación entre los diferentes pueblos de España.

Al ritmo del aumento de precios de la cesta de la compra, asistimos a una nueva oleada de cierres y deslocalizaciones de empresas: Schneider, Bimbo, Danone y varios proveedores de Ford anuncian cierres. Alcoa y Arcelor frenan inversiones. Michelin y Stellantis decretan parones. Pablosky y GE ejecutan despidos. Todo ello, en medio de una cascada de ERE con miles de afectados. No podemos permitir más cierres, más despidos. Además de solidarizarnos con los trabajadores afectados, es necesario legislar para evitarlo. Mientras, la clase trabajadora se defiende en la calle, las reformas laborales de 2010 y 2012 continúan en vigor.

Mientras en España se calienta la calle, en Europa las cosas no van mejor. Italia, Hungría, Finlandia, Holanda, Polonia…en todos estos países, la socialdemocracia no ha sabido ofrecer alternativas sociales al liberalismo, pues actúan en su misma lógica económica, y hoy están gobernadas por títeres del capital financiero, recortando derechos. Alemania puede ser el siguiente.

La socialdemocracia debe ofrecer alternativas ante el auge de los gobiernos liberales y de extrema derecha que utilizan el término libertad en el mismo sentido en el que lo hacen Ayuso en Madrid o Milei en Argentina. Libertad de mercado eliminando lo público.

La socialdemocracia debe marcar diferencias con respecto al libertinaje del mercado. Mientras que la fuerza de trabajo se debilita y la desigualdad de rentas aumenta, se sigue el dictado de la OTAN para aumentar los presupuestos de defensa.

La guerra, la destrucción, es el camino que tiene el capital financiero para imponer su nuevo orden mundial, y cuando la socialdemocracia le sigue el juego, la derecha lo aprovecha. Donald Trump va incluso un paso más allá que Biden, y amenaza a los países aliados de la OTAN que no cumplan con destinar un 2% de sus presupuestos a defensa, avisando que no solo no los defenderá de un eventual ataque ruso sino que además animará a Putin a intervenir.

El mundo está en manos de psicópatas económicos y la respuesta de la socialdemocracia europea no puede ser la subordinación sumisa a sus estructuras: OTAN, FMI… La escalada bélica con su reguero de muerte y destrucción.

La guerra, no solo es militar, también es social; la especulación de la tierra y de los recursos naturales lleva al encarecimiento de los costes de producción, a la pobreza energética y al encarecimiento de los alimentos y productos de primera necesidad, y al abuso del incremento de los precios para la maximización de los beneficios de unos pocos.

Si Europa sigue la senda imperialista, Europa, la vieja Europa, la de los derechos sociales, la del estado de bienestar, dejará de existir como tal. Para construir esa alternativa social, nuestras sociedades deben decir ¡no! a aquello que está generando el encarecimiento de los costes, el empobrecimiento energético, y el debilitamiento del campo.

Debemos decir no a la guerra y sí a los derechos, sí a la producción regulada de bienes y servicios, sí a los sistemas públicos sanitarios, educativos, energéticos, sí a las infraestructuras hidráulicas que permitan una gestión sostenible de los recursos hídricos, sí al empleo, sí a las pensiones y sí a defender en la calle los derechos colectivos de la mayoría social. Y los más urgente ¡No al Genocidio en Palestina!

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Elecciones autonómicas en Galicia 18 de febrero 2024

Las expectativas y esperanzas poco fundadas han llevado a una abultada decepción en la izquierda, en Galicia, en general y muy particularmente en el mundo socialista del PSOE. Estos son los datos de las elecciones del 18 de febrero, comparativos con las celebradas el 12 de julio de 2020:

El análisis cuantitativo deja claro que el PSdG ha caído en diputados (-5), porque ha caído en votos (-46.059), a pesar de que la participación ha sido 12 puntos superior.

El PP ha crecido en votos, pero, aún así, ha bajado en diputados, aunque esto no le hace perder la mayoría absoluta, que en la Xunta está en 38 diputados. Tendría que haber perdido 3 diputados más para no tener mayoría absoluta por quinta vez consecutiva: 38 diputados en 2009; 41 en 2012; 41 en 2016; 42 en 2020; y los 40 de ahora.

El único Partido que ha ganado sustancialmente, tanto en votos como en diputados, ha sido el BNG, que ha obtenido un crecimiento del 50% sobre los votos de los anteriores comicios, lo que le ha proporcionado 6 diputados más, si bien, a efectos prácticos de la aritmética parlamentaria gallega poco cambia.

Todas las elecciones territoriales tienen sus particularidades. Sin embargo, tanto en Madrid, como en Euskadi, como en Galicia, el PSOE no solo no gana las elecciones, sino que además ha dejado de ser la fuerza de izquierdas más representativa, en favor de Más Madrid, Bildu o BNG, respectivamente.

No olvidemos que estas elecciones han sido anticipadas 6 meses porque así lo decidió Feijóo. Posiblemente, porque tras su fracaso en la investidura en septiembre del año pasado necesitaba revalorizarse en el seno de su propio Partido, en el que las ambiciones personales están a flor de piel.

Desde nuestro punto de vista, el debate sobre la Ley de Amnistía no ha sido determinante en el resultado; el PP gana por mayoría absoluta desde 2009 y no llevamos 15 años discutiendo de amnistía. Además, si este fuese un asunto determinante para el electorado gallego, el BNG, que apoya la amnistía, no hubiese obtenido los resultados tan positivos que ha recibido en las urnas. Por mucho que el pueblo gallego tenga su idiosincrasia, como cada pueblo del Estado español, está incluido en el barómetro del CIS de enero que dice que la amnistía solo está entre las tres primeras preocupaciones para el 2,3% de la población.

Desde luego que toca pensar por qué el PSdG-PSOE ha caído de manera tan abultada.

Un hecho objetivo, que no ayuda, es el que en estos 15 años pasados el Partido Socialista en Galicia ha tenido 5 secretarios generales diferentes y 4 candidatos distintos. Es evidente que esto no es lo mejor para consolidar un proyecto en un territorio en el que, además, el nacionalismo se sitúa en el mismo espectro ideológico, la izquierda. Si a esto se le añade la forma en la que se quitan y se ponen los líderes en el PSOE, en general, por ungimiento del líder federal, tenemos otro factor que contribuye al fracaso, como es la desafección de las bases militantes hacia las decisiones de las direcciones. El PP no es más democrático a la hora de imponer a sus líderes, a quienes incluso fulmina.

Por otra parte, está la estrategia. Se dice que las elecciones en Galicia las ganan, para el PP, las y los alcaldes. A este respecto hay que saber que de las 146 alcaldía que tiene el PP, sobre 300, solo el 17% son alcaldesas, el 22% en el PSOE y el 34% en el BNG -sirva esta información añadida como mensaje de cara al cercano 8-M-.

Lo anterior, además del sesgo machista, nos dice que el PP tiene el 48,66% del poder municipal, una base muy sólida para optar a la mayoría absoluta en la Xunta y las diputaciones. Este poder municipal, los gallegos y gallegas lo conocen de cerca, se ejerce con un alto grado de caciquismo. En los concellos, a los jóvenes que aún quedan en la Galicia del interior, les es más fácil encontrar empleo en los ayuntamientos -en el mantenimiento de carreteras y cunetas, en las subcontratas municipales, etc- si dan garantías de votar al Partido del alcalde. Cada cual que saque sus conclusiones y/o contraste este hecho. Esto no pretende ser excusa justificativa de los malos resultados socialistas.

No debemos dejar de observar que el porrazo electoral no solo se lo ha dado el PSdG-PSOE, también lo han sufrido, más si cabe, Podemos y Sumar que, en 2020, los primeros se presentaron como Podemos IU ANOVA y parte de los hoy Sumar Galicia eran En Marea, entre ambos han perdido 54.513 votos. Hacemos mención a estos partidos, pues, junto al PSOE han conformado los gobiernos de coalición pasado y actual.

El contenido de los programas y las campañas puede explicar por qué, a pesar de que la participación a crecido un 12%, la abstención es del 39%. De los 500.000 gallegos y gallegas que viven en el extranjero, pero que están censados en Galicia, solo ha votado el 6%. Además, tanto el voto nulo y el blanco suman un 1% del censo y han crecido un 16% y un 9%, respectivamente. Volviendo al barómetro del CIS del mes de enero, la pregunta nº 8 decía: ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?, el resultado no dejó lugar a la duda:

1º.- La crisis económica, los problemas de índole económica, con un 37%.

2º.- La sanidad, con un 17,6%

3º.- Los problemas relacionados con la calidad del empleo, con un 14,1%

La pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las pensiones que contrasta con los multimillonarios beneficios de las grandes empresas de la energía o del sector financiero. Los efectos de la privatización de la sanidad pública, y la precarización de las condiciones de vida y trabajo, por supuesto la ausencia de puesto de trabajo. Estas son las preocupaciones, que más bien poco han pesado en las propuestas de los partidos.

A lo anterior, hay que añadir los incumplimientos de promesas electorales, incluso legales, de los partidos mencionados que han formado y forman parte del Gobierno de coalición anterior y el actual. Incumplimientos tales como la no derogación de todos los elementos lesivos de las reformas laborales de 2010 y 2012, de ahí que la precariedad y la inseguridad en el empleo esté cronificada. Estos partidos y sus socios parlamentarios de izquierdas han sido incapaces de derogar la “Ley Mordaza”. Y unos y otros, a fecha de hoy, mantienen el incumplimiento de la Ley 21/2021, en su Disposición Transitoria sexta, encargar una Auditoría a las Cuentas de la Seguridad Social.

Estas cuestiones, señaladas a modo de ejemplo, afectan al electorado en Galicia, en Murcia, en Cataluña en Huelva y en Madrid, así como en los demás territorios que componen este Estado plural.

Si las elecciones se dirimen en las acusaciones y las campañas de desprestigio del contario, es entendible, aunque no se comparta, por qué más de un tercio del electorado que el día 18-F se quedó en casa.

Si a las imposiciones desde arriba le sumamos que las bases de afiliados se sienten “pagacuotas”, meros costaleros a los que se les llama para ir a las mesas electorales y poco más, y le añadimos la falta de consolidación de proyectos y la desventaja en el poder municipal, pensamos que hay ingredientes suficientes como para que la Ejecutiva Federal del PSOE y los demás partidos de la izquierda no nacionalista se lo hagan mirar.

Recuperar las propuestas netamente de izquierdas es absolutamente imprescindible para recuperar la confianza de la mayoría social en cada región y que como clase trabajadora tengamos una referencia clara.

El Comité de Redacción

Editorial: El alto coste de la guerra para los ciudadanos de Europa.

Lo hemos explicado en anteriores editoriales y lo han abordado los colaboradores de Tribuna Socialista en diferentes artículos, aportando datos precisos: ¡la Guerra en Ucrania tiene un alto coste para los ciudadanos de los países de Europa! Es lo que venimos llamando “La guerra social” que se desarrollacontra todos los pueblos del continente europeo.

                Nos referimos a los efectos económicos de la guerra, pues la sociedad ucraniana y la rusa están sufriendo la guerra en su sentido más dramático: desde el 24 de febrero de 2022, más de 7 millones de ucranianos han tenido que buscar refugio en otros países y 5,4 están desplazados de sus casas en el interior de Ucrania (datos facilitados por ACNUR en diciembre de 2023); en estos casi dos años de guerra, se han muerto 10.000 civiles, de entre ellos 560 niños y niñas, y 18.500 civiles han resultados heridos (datos de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU).

                A lo anterior hay que añadir la sangría en vidas de jóvenes, ucranianos y rusos en los frentes: En agosto del paso año, “The New York Times” citaba datos facilitados por instancias oficiales de EE.UU., según las cuales los soldados muertos y heridos se acercan a los 500.000 entre ambos contendientes. Un auténtico drama.

                No es posible hacer comparaciones de quién está sufriendo mayormente esta guerra. Pero no por ello debemos normalizar y asumir los efectos económicos que se están cebando con los pueblos de Europa, de los que se están aprovechando las grandes corporaciones y oligopolios.

                Esta guerra estalla en su forma actual con la invasión del territorio ucraniano por partedel ejército ruso. Esto es indiscutible. Pero no se puede negar que ocho años antes, el 21 de febrero de 2014, la Rada Suprema (nuestras Cortes) destituyó a VíktorYanukóvich de sus funciones de presidente de Ucrania. Fue el acto final de una crisis que se había desencadenado unos meses antes, el 21 de noviembre de 2013, cuando Yanukóvich suspendió la firma del Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea, lo que desembocó en las protestas del “Euromaidan”. Tras estos hechos lo que había eran negociaciones económicas que no cuajaron: la UE ofrecía 600 millones de euros a Ucrania, y el gobierno ucraniano consideró la oferta una humillación, además de acusar al FMI de falta de apoyo económico que compensase la ruptura de relaciones comerciales con Rusia, por parte de Ucrania. Lo siguiente fue, queen abril de 2014, estalló el conflicto interno, ucraniano, conocido como la guerra del Dombás.

                Una vez más tenemos que citar al militar y filósofo prusiano Karl von Clausewitz:

“La Guerra constituye un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad. Es la continuidad de la política por otros medios”

                Las desavenencias económicas entre la UE y Rusia están azuzadas por los EE.UU., pues el Acuerdo de Asociación de Ucrania y la Unión Europa no es más que una pieza de la partida que se viene jugando desde la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. Quien desee profundizar sobre esta cuestión y la expansión de la OTAN hacia el Este, recomendamos recuperar la lectura del artículo de nuestro compañero Roberto Tornamira, publicado en TS-145, de junio de 2023, “Ucrania: Alcanzar la paz y el desarme nuclear”.

                Llegados a este punto, resulta una ligereza decir que la guerra actual es única y exclusivamente por la ocupación del territorio este de Ucrania por parte de las tropas de Putin. Quién no vea una secuencia de hechos es por que está ciego o porque ha tomado partido. Lo que había detrás de los movimientos políticos y de las negociaciones económicas era ver quién se hacía con el negocio de la Energía en Europa, en concreto del mercado que Rusia tenía como suministrador de gas y petróleo. Negocio que ha cambiado de manos y ahora son los EE.UU., quienes suministran gas licuado a Europa, eso sí a precio mucho mayor que el gas que nos llegaba de Rusia a través de los gaseoductos Nord Stream, “reventados por nadie”.

                Las cifras disponibles hablan de que los EE.UU., han aportando más de 75.000 millones de dólares a Ucrania, al margen del coste de los equipamientos militares (hay que recodar que el presupuesto militar total de los Estados Unidos para 2023 fue de 857.900 millones de dólares, el mayor de todo el planeta). Hoy, la ayuda estadounidense para Ucrania en 2024 está sin aprobar por parte del Congreso y el Senado, por la oposición de los republicanos.

                Para comprender de qué va todo esto, hay que saber que los EE.UU., facturaron, en en el periodo marzo 2022 a septiembre de 2023, 66.700 millones de euros en concepto de Gas licuado, lo que significó un incremento del 360% respecto a 2021. Ya han trincado el negocio y ahora comienzan a pensarse si la inversión ha sido suficiente, pues el mercado está “asegurado” para muchos años.

                La Unión Europea, por su parte, a mediados de 2023, tenía comprometidos más de 77.000 millones de euros en ayuda a Ucrania. Es decir, que la UE, subordinada militar y económicamente a la USA, comparte los costes de la aventura militar de los estadounidenses y además paga la factura que supone el diferencial de precio del gas y el petróleo, por las sanciones contra Rusia. Sin contar con el coste de riesgo para la paz en el conjunto del continente.

                Ante estas evidencias, Tribuna Socialista participamos del Manifiesto Internacional contra la guerra de Ucrania, por el Alto el Fuego inmediato e incondicional, cuyos firmantes mantenemos la máxima de ¡Ni Putin ni OTAN!

                El problema es que Europa, y principalmente la UE, se ha visto arrastrada -con el beneplácito de los gobiernos- a una situación comprometida, cuyos efectos estamos pagando la mayoría de la sociedad, los de siempre. Una de las consecuencias más directa y evidente es la ola inflacionaria que nos está esquilmando los salarios y las pensiones desde hace dos años: alimentos, gas, luz, hipotecas, gasolina…El incremento de los precios de los combustibles está provocando las lógicas protesta de los agricultores en las dos principales potencias europeas: Francia y Alemania.

                El gobierno alemán ha recortado el subsidio al diesel, medida que no afecta solo a los campesinos, y ha introducido un impuesto a los vehículos agrícolas. Parece que al Gobierno semáforo de Alemania (SPD + FPD + Los Verdes) no le cuadran las cuentas y su Tribunal Constitucional les ha emendado la plana por 60.000 millones de euros. Todo ello, a pesar de que el ministro Agricultura, Cem Özdemir, advertía en diciembre que las medidas del Gobierno “superaban el umbral de dolor” del sector agropecuario, pero el resto del Gobierno hizo caso omiso.

                En lugar de explicar que el gobierno alemán, acatando las presiones de la OTAN, decidió destinar 100.000 millones a gasto militar para poyar a Ucrania, de ahí el agujero fiscal que arrastran, lo pretenden resolverdiciendo que los campesinos están influidos por la extrema derecha. Seguro que hay campesinos que votan a AfD (Alternativa para Alemania) el equivalente a VOX en nuestro país. Pero apelar al “lobo” es una simpleza.

                En Francia está ocurriendo algo similar, los agricultores protestan por el incremento de los precios de los combustibles y por de abuso que los mayoristas en la imposición de los precios de los productos agrícolas.

                En otros países de la UE hay situaciones de tensión con los productos agrícolas, concretamente en Polonia los agricultores llevan varios meses denunciando el “dumping” de precios del cereal respecto al precio de los cereales ucranianos.

                Las grandes multinacionales y los cárteles de hecho u oligopolios son los grandes beneficiados, quienes incrementan los precios de manera brutal y sin ningún control de los precios por parte de los gobiernos; un ejemplo de esto en España es el tremendo incremento del precio del aceite de oliva, sin que nuestro Gobierno haya hecho otra cosa que justificar y comprender a los productores, por la subida del precio de los fertilizantes desde el estallido de la guerra en Ucrania. ¿Quién comprende a las familias trabajadoras cuando ven doblarse y triplicarse el precio de un producto alimenticio básico, pero su salario crece por debajo del IPC?

                Para finalizar, Borrell, el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, tienen razón cuando dice que “Europa no puede reemplazar a Estados Unidos en la ayuda a Ucrania” Él tiene datos y elementos para decir eso, sin duda.

                Los esfuerzos de la UE no deberían estar centrados en la guerra, sino en la paz. Sería muchos más rentable económica y socialmente. 

El Comité de Redacción

Editorial: Salvar la economía hundiendo la humanidad

Esta última Editorial que despide 2023, no es un balance del año que termina, es una reflexión sobre lo absurdo de un sistema económico que destruye la humanidad.

El 24 de febrero se cumplió el primer año de guerra en Ucrania; en un par de meses se cumplirá el segundo aniversario. En agosto pasado, The New York Times daba la cifra de 500.000 víctimas rusas y ucranianas, entre muertos y heridos, datos facilitados por funcionarios estadounidenses anónimos. A esas víctimas hay que sumar los más de 5 millones de ucranianos desplazados más los 6,3 millones de refugiados, repartidos por el mundo, procedentes de Ucrania (datos de ACNUR de mediados de este año).

El 7 de octubre se desató el conflicto en Palestina. Más de 1200 muertos en los asentamientos y kibutz y más de un centenar de rehenes aún hoy en manos de Hamás. De manera inmediata, la reacción del Gobierno de Netanyahu ha tomado la forma de exterminio del pueblo palestino, con más de 20.000 muertos en la franja de Gaza, incontables heridos, la destrucción total de los hospitales en el norte de la franja y el sometimiento de la población a la hambruna en el sur. Además, de los cerca de 400 palestinos muertos en Cisjordania, a manos de colonos judíos y el ejército israelí. Las víctimas están siendo, principalmente mujeres y niños.

Estos son los datos de que disponemos. Pero, ¿Cuáles son los motivos?

En Ucrania, lo fácil, obvio e indiscutible es decir que Rusia ha invadido territorio ucraniano. Sin embargo, esta guerra, como la práctica totalidad de las guerras habidas en la historia y como en los más de 30 conflictos abiertos en el mundo actualmente, hay un trasfondo que no es tan evidente.

Lo que se dirime en Ucrania es el control del abastecimiento energético a Europa: nos suministran los oligarcas rusos protegidos de Putin o nos abastecen las multinacionales estadounidenses escudadas tras la OTAN. Esta es la disyuntiva que se disputa en territorio ucraniano; principalmente en el Este del país, donde antes de la invasión de las tropas de Putin ya había una guerra civil entre el Estado ucraniano y la población ucraniana ruso parlante del Donbass. Este conflicto fue provocado a su vez por la lucha de intereses entre la oligarquía rusa, en alianza con una parte de la oligarquía ucraniana, y las multinacionales occidentales en alianza con la otra parte de oligarcas ucranianos, a los que representa Zelensky. Estados Unidos, con la OTAN como punta de lanza, decidió hace ya tiempo colonizar todos los mercados mundiales, de ahí el avance de la OTAN hacia el Este de Europa; el problema es que ha llegado a la frontera con Rusia.

Lo de Palestina es distinto, sí. Pero con un trasfondo similar. No es necesario retrotraernos al Tratado de Versalles (1920), tras la primera Guerra Mundial, por el que se establecieron los protectorados que diseccionaron Palestina: gestión realizada por la entonces Sociedad de Naciones. Tampoco es preciso que profundicemos en el plan de partición de Palestina propuesto por la ONU, en 1947, apoyado por el trío: Churchill, Roosevelt y Stalin para dividir Palestina en dos Estados, uno judío y otro árabe. Si se profundiza un poco en esas decisiones impuestas al pueblo palestino se entenderán a la perfección las palabras de António Guterres, secretario general de la ONU, “los ataques de Hamás no vienen de la nada”. Siendo cierto, es curioso que lo diga el representante del organismo internacional que participó y tomo decisiones que han derivado en la situación actual. Como también llama poderosamente la atención que se insista en que la solución pasa por dos estados, cuando esta fórmula ha llevado al pueblo palestino al exilio, a ser preso en su propia tierra, y ahora masacrado.

La pregunta que cabe hacerse es ¿por qué actúa así el Estado de Israel? Porque es la forma en la que el imperialismo estadounidense se garantiza el control de una zona que tiene el petróleo por castigo, entiéndase la ironía. De ahí el apoyo incondicional de la Administración Biden a este crimen de lesa humanidad contra la población civil palestina, frente a lo que los gobiernos de las naciones occidentales, subordinadas a los USA, solo están oponiendo palabrería en el mejor de los casos -es el caso del gobierno de coalición, progresista, del Estado español-. El derecho a la legítima defensa no legitima, en ningún caso, la masacre de un pueblo.

Las consecuencias aún no han aparecido completamente. De momento se amplía el conflicto al Mar Rojo, donde las fuerzas hutíes de Yemen han decidido tomar partido por Palestina atacando los barcos que transiten por sus aguas, con bandera de países aliados de Israel. Hay que recordar que en Yemen se libra un conflicto desde 2015, en el que están implicados y confrontados Arabia Saudí e Irán: una monarquía sátrapa y un Estado teológico criminal que ocupan el 2º y 3er puesto, respectivamente, en el rankig de países con mayores reservas de petróleo.

En paralelo a los conflictos armados se desarrolla una “guerra” cuya munición son las decisiones políticas y económicas que toman las instituciones económicas internacionales, como el FMI, el BCE y la Comisión Europea, los gobiernos y las grandes corporaciones empresariales. En esta guerra las víctimas también son civiles; víctimas que sufren empobrecimiento, explotación… De esta guerra no escapa ninguna sociedad, ningún pueblo.

Uno de los casos más extremos lo sufre el pueblo argentino. Todos los gobiernos, tanto radicales como peronistas, han defendido el mercado libre y han dejado Argentina en una situación lamentable. Ahora, para “arreglarlo”, llega Milei, quién a nombre de la “libertad carajo” va a privatizar Argentina. De momento, para tener las manos libres, carajo, quiere arrasar con todas las leyes laborales y con los derechos de los trabajadores, como la seguridad social, el derecho a huelga y manifestación…

Milei se inspira en los Estados Unidos, está incluso decidido a sustituir el peso argentino por el dólar estadounidense -dolarizar la economía-. Su inspiración es ese país en el que caer enfermo es una ruina, en el que “4 millones de niños no tienen cobertura sanitaria, en el que un vial de insulina costaba hace ocho años 140 dólares y en el que muchas personas se medican con antibióticos para peces porque son los únicos que pueden pagar” (cita del libro “Esclavos Unidos, la otra cara del dream”, de Helena Villar).

El caso argentino es el más extremo en sus formas, pero nada tiene que envidiar al ultraliberalismo privatizador de la señora Ayuso en Madrid, a las decisiones de mister Sunak en Gran Bretaña o a las últimas decisiones anti inmigración de Monsieur Macrón en Francia.

La resistencia del pueblo palestino es vital para todos los pueblos del planeta, para toda la clase trabajadora. Si Israel aplasta al pueblo palestino cualquier gobierno se sentirá legitimado a reprimir salvajemente, incluso a su propio pueblo. Es por ello que cientos de miles de personas se han echado a las calles de las ciudades del mundo a decir «Alto al Genocidio”, “Palestina vencerá”. Movilizaciones que no han contado con el empuje de las grandes organizaciones de los trabajadores: políticas y sindicales, que han hecho tímidos gestos de apoyo, pero que en realidad están guardando un vergonzoso silencio.

De la misma manera, estamos expectantes a la respuesta que la clase obrera organizada del Argentina comienza a dar a las tropelías que prepara el Gobierno de Milei, a quién se abrazaron con entusiasmo los Abascal, Bolsonaro, Zelensky y otros invitados de “honor” en su toma de posesión.

Todo vale para salvar la economía, aunque se hunda la humanidad. Prueba de ello, por si lo dicho hasta aquí no es suficiente muestra de barbarie, es cómo el modelo de producción está destruyendo el planeta, por mucho que nos quieran convencer de que todos, la humanidad, somos culpables. No, los culpables son esa minoría social a la que pertenecen los que viajan a las “cumbres del clima” en sus jets privados y toman decisiones que les hacen aún más millonarios de lo que ya son.

Invitamos a reflexionar si verdaderamente merece la pena tanto sufrimiento y si es esto lo que deseamos dejar en herencia a las generaciones venideras.

La mayoría de la sociedad tiene la posibilidad de cambiar el rumbo, solo tiene que organizarse y tomar las riendas de su legítimo destino.

El Comité de Redacción

El capital y la extrema derecha son pareja de baile

Asistimos a una marea alta del extremismo, en defensa de quienes se benefician de un sistema económico depredador. Argentina, Países Bajos…y la derecha española de toda la vida.

Habrá quien piense que qué tienen que ver unas cosas con otras. La respuesta es que les une seguir garantizando que unos pocos viven excelsamente bien, a costa de que muchos se hundan en la pobreza, sobrevivan o simplemente pasen su vida trabajando para pagar: hipotecas, alquileres, gastos educativos, alimentos, etc., pero sin poder garantizar a sus hijos e hijas una vida futura mejor que la que ellos y ellas han tenido, es decir, la inmensa mayoría de la sociedad.

Cuando el presidente electo de Argentina dice que su prioridad es el libre mercado, salvaguardar la propiedad, que le sobran los ministerios de sanidad, de educación, de cultura… está diciendo lo mismo que hace el PP allá donde gobierna: privatizar la sanidad, la educación, las residencias de mayores y todo aquello que a la mayoría le garantiza unas redes de seguridad que el mercado privado no garantiza a quienes viven de su salario.

El señor Milei pregona la “libertad carajo”. La señora Ayuso, es tan simple en su concepto de “libertad” que la reduce a poder salir a tomar cañas. Pero la libertad es algo más complejo, y esa; la verdadera Libertad, es vulnerada constantemente por estos dirigentes políticos. Por ejemplo, a los miles de ancianos y ancianas a los que, en 2020, se les negó su Libertad de ser atendidos en un centro hospitalario; restricción de la Libertad que le costo la vida a 7291 personas en las residencias de Madrid.

La Libertad se restringe cuando los gobernantes privatizan un servicio público. Por ejemplo, el litro de gasolina 95 en Argentina está, en estos momentos, en torno a 0,86 céntimos de euro (hoy en Madrid de la gasolina 95 está, en promedio a 1,68 €). ¿A cuántos argentinos y argentinas se les va a restringir la Libertad de viajar por carretera cuando YPF sea privatizada? Misma restricción que muchas personas sufren en España; eso que conocemos como “pobreza energética”, al tener que restringir las horas de funcionamiento de su calefacción en los meses de frío o el uso de los electrodomésticos, porque no pueden hacer frente al precio de la energía.

Es fácil hablar de “libertad”. Incluso se utiliza este término para que forme parte del nombre de un partido político, como hizo el señor Geert Wilders, al montarse el Partido por la libertad, cuando en 2006 se escindió del Partido Popular por la Libertad y la Democracia.

Al margen del nombre que le pongan al partido, de si son neerlandeses, argentinos, italianos o españoles, todos son minarquistas, neoliberales, conservadores, etc. Todos coinciden en reducir el Estado a la mínima expresión: ejercito, policía, justicia y poco más. De ahí la consigna de criticar al Gobierno por su número de ministerios.

La idiosincrasia del país, la situación concreta en cada lugar y momento, hace que tengan matices, formas de expresar su ideología, pero todos son pareja de baile del capital.

Donald Trump, Jair Bolsonaro, Nicolás Sakorzy, Victor Orbán…, como los Feijóo, Milei, Meloni o Wilders, todos apelan a la “libertad”, todos han gobernado y/o gobiernan a nombre de la “libertad”, pero, en su concepto, el único libre es el Mercado. La “libertad” de las grandes corporaciones, multinacionales y cárteles de subir los precios de los combustibles, de los alimentos, de la energía o del mismísimo dinero.

El problema es que su “libertad” colisiona frontalmente contra la Libertad de la mayoría de la sociedad. Según Our World in Data, con datos de 2021, el 85% de la población mundial vive con menos de 30 dólares (27,50 €), o sea que es pobre. Y la pérdida de poder adquisitivo, producto de la especulación que utiliza la guerra como excusa, nos hace cada día más pobres a los pobres y empuja a la pobreza a cientos de miles cada día.

Mención aparte merece Benjamín Netanyahu, líder actual del partido conservador israelí, Likud. Este individuo -pues el liberalismo se caracteriza por la defensa del individualismo- gobierna Israel teniendo causas pendientes con la justicia; el fiscal general de aquel país le acusó, en 2021, de corrupción en tres causas: soborno, fraude y abuso de confianza. En el ejercicio de su “libertad”, pretende reformar el sistema judicial de Israel; una reforma que atenta contra la capacidad de supervisión del Tribunal Supremo. Según Amnistía Internacional: “tiene consecuencias alarmantes para los derechos humanos, especialmente para la población palestina, así como para otros grupos marginados de Israel.” Entre otras cosas, quiere Netanyahu, otorgar al gobierno de Israel poder absoluto sobre el nombramiento de jueces y fiscales

Lo que el sionista genocida israelí quiere hacer se parece mucho a lo que, en los hechos, viene haciendo en el Estado español el Partido Popular (PP) con el secuestro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que fue renovado a finales de 2013 y no se ha vuelto a renovar. Es decir, que uno de los tres poderes del Estado lleva 10 años sin ser renovado, 5 años con el mandato caducado. Esta aberración democrática es posible al ejercicio del la “libertad” del PP para boicotear la democracia que dice defender.

Por tanto, Libertad sí, pero para qué.

En democracia, solo cabe responder afirmativamente a la pregunta cuando la Libertad para, entre otras muchas cosas, poder expresarse, manifestarse, opinar… libertades que se ven comprometidas por leyes, como la “Ley Mordaza” (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana). Una ley que legisló la mayoría absoluta del PP, no para “proteger la seguridad ciudadana”, sino para todo lo contrario, para frenar y amedrantar a la ciudadanía que protestaba legítimamente contra las políticas económicas del Gobierno del conservador Rajoy. Una Ley que habría que derogar, pues cuestiona el derecho de libertad de expresión y manifestación, cuando, por ejemplo, “autoriza a realizar un cacheo a la fuerza, es decir, aunque el afectado haya manifestado su voluntad en contrario; pero se tendrá que causar el menor perjuicio posible a la intimidad y dignidad de su persona.” (Chabaneix, Abogados Penalistas).

El extremismo español se ha lanzado a las calles agitando la bandera, acude a las instituciones europeas, ha puesto en marcha todos sus “resortes” en la Justicia, en las fuerzas de seguridad del Estado (sindicatos policiales y colectivos de militares en la reserva), el clero y la patronal. Vamos, los de siempre. Dicen que para salvar a España y que no se rompa.

Cuidado con los libertadores, ojo con los salva patrias. Al final siempre terminan guardando silencio cuando los comisionistas saquean las arcas del Estado o se benefician de su cargo para enriquecerse, incluso los justifican. Son los mismos que trasvasan ingentes cantidades de dinero público al libre mercado, como hizo el Gobierno del caso “Kitchen” cuando le dio 100.000 millones a la banca y no les ha reclamado la deuda. Eso sí que rompe a un país. Pero es una música con la que al capital en encanta bailar.

El Comité de Redacción

Editorial: La barbarie sionista se ceba en Palestina

Los pueblos de la tierra asistimos indignados y perplejos a otro capítulo de barbarie, esta vez es uno más contra el pueblo palestino, puede que el más brutal, cruel y despiadado, la historia dirá. El aparato propagandístico internacional israelí, en su intento por acallar las voces discrepantes contra su acción criminal, ha llegado a acusar de antisemita al Secretario General de
Naciones Unidas, han pretendido iniciar una campaña de persecución de futbolistas por el simple hecho de ser de origen árabe y llaman a controlar a los colectivos de jóvenes universitarios norteamericanos; muchos de ellos y ellas judíos también, para que no critiquen el genocidio que se está perpetrando, no en su nombre. Pero las voces de rechazo e indignación ya se escuchan hasta en
Jerusalén.
Tenía razón Guterres cuando dijo que “los ataques de Hamás no vienen de la nada”. Desde que Naciones Unidas propusiese en 1947 la creación de dos Estados, se han producido cuatro guerras: 1948, 1956, 1967 y 1973 y numerosos levantamientos palestinos (intifadas), como respuesta a las provocaciones sionistas y a la constante vulneración de las resoluciones de la ONU. La
consecuencia son miles de muertos y 5 millones de desplazados a campos de refugiados en los países limítrofes, además de los que, con más suerte, hayan podido emigrar a otros países.
Habrá quién considere utópica la solución de un solo Estado en Palestina, laico y democrático, sin integristas islámicos ni ortodoxos judíos, no, al menos, en las instituciones del Estado, pero la aplicación de la solución de dos Estados separados ha llevado a la catástrofe humanitaria histórica que desde 1948 se está perpetrando en contra el pueblo palestino.
Hoy, 2 millones de personas se encuentra “enjauladas” en la franja de Gaza, con la única salida cerrada, el paso de Rafah. El pueblo gazatí está siendo masacrado: ya son más de 8.000 los muertos, la mitad de ellos niños y niñas.
Ante tamaña barbaridad, de las instituciones europeas solo escuchamos tímidas llamadas al respeto del Derecho Internacional y de los derechos humanos, cuando estos se están vulnerando de forma salvaje y flagrante. Los gobiernos de la UE, están de acuerdo en apoyar a Israel, solo discrepan en si balbucear o no las timoratas llamadas a un alto el fuego humanitario, dicen.
Proponen una Conferencia de Paz para dentro de seis meses ¿quedará vivo algún palestino?, ¿quedará alguien en la Franja de Gaza?
Por su parte, los Estados Unidos han pactado que la ayuda humanitaria pase con cuenta gotas por el paso de Rafah, pero más bien parece una excusa, un camuflaje propagandístico, para justificar que Israel continúe con los bombardeos y la invasión terrestre iniciada en estos últimos días.
Israel no podría llevar a cabo su política de exterminio sin el apoyo político y militar de los EE.UU., por ende, esta es una de las formas que toma la política de guerra de los USA en el mundo, al que, directa o indirectamente, tiene empantanado en 34 conflictos armados: Ucrania, Nagorno-Karabaj, Siria, Yemen, Etiopía, Myanmar…En 2022 murieron 238.000 personas en estos conflictos, un 96% más que en el año anterior, dato publicado en la 17ª edición del Índice de Paz Global. Hasta hace poco fue Irak y Afganistán. El resultado de esta política de guerra es un reguero de Estados fallidos, como Libia o Irak.
Como si la situación no fuese ya suficientemente terrorífica, pareciera que se quieran resolver las desavenencias comerciales con China abriendo otro conflicto más en el Mar de China. Se amenaza a Irán constantemente, que es sin duda un Estado teocrático que ejecuta a sus mujeres por no llevar
velo y ahorca a los jóvenes que las defienden. Un Estado que apoya al fundamentalismo islámico de
Hamás y Hezbolá. Pero la solución no puede ser destruir ese país como hicieron con Irak o con Libia.
Decía hace unos días Josep Borrell, el Comisario de Exteriores de la Unión Europea, que: “La UE no puede remplazar a los Estados Unidos en la guerra en Ucrania”. Lo decía el 5 de octubre en el periódico “El Comercio”, dos días antes de la incursión de Hamás en territorio israelí. Es como si la opción de la guerra fuese inevitable. Es evidente que Europa no puede sustituir a los Estados Unidos
en el campo militar, el hecho de formar parte de la OTAN, una estructura militar liderada por EE.UU., está poniendo a los pueblos de Europa en una difícil situación social, por las consecuencias económicas derivadas de la guerra.
Los pueblos, en las manifestaciones masivas que están teniendo lugar en las grandes ciudades, tienen otra lógica distinta a la guerra. Una lógica contraría a los intereses de las multinacionales del armamento, la energía y las finanzas, que, entre otros sectores, se están lucrando como nunca. Los pueblos rechazan la acción de estos intereses económicos que influyen sobre las instituciones y los gobiernos a través de lobbies, cabildeos y comisionistas de todo pelaje; recodemos el escándalo “Qatargate” en referencia a cómo se actúa. El lobismo es una actividad que lesiona la democracia, cuyo caldo de cultivo es la corrupción, al dejar a un lado la intención del voto soberano emitido en las urnas.
Lo urgente es un ¡Alto el Fuego! Inmediato, sin condiciones, en Palestina, en Ucrania y en cualquiera de los conflictos armados que están abiertos a fecha de hoy.
La solución pasa por el respeto a la democracia, pero la de verdad, no a los intereses económicos disfrazados de democracia.
El pueblo judío y el pueblo palestino merecen tener la oportunidad de convivir en democracia, sin sufrir las consecuencias del fanatismo religioso ni de los intereses geoestratégicos de terceros países en Oriente Medio.

Comité de Redacción

Editorial: La derecha nostálgica pretende entorpecer los avances democráticos.

Dicen que el tiempo es oro, y los nacionalistas españolistas nos lo están haciendo perder a raudales. Parece necesario explicar quiénes son esos nacionalistas, a los que Manuel de la Rocha se refería como “el nacionalismo esencialista español”, en un artículo publicado en elDiario.es el pasado día 17 de septiembre, bajo el título “La cuestión territorial y el encaje de Cataluña en España”. Pensamos que es necesario discernir entre españoles y nacionalistas españolistas.

Lo primero que hay que decir es que el nacionalismo es una ideología, es decir: “Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc”. (RAE).

Está claro que, el Estado español, es un Estado muy rico y plural en cultura, religión e ideología, incluso en lenguas. Un Estado en el que hay distintas vertientes nacionalistas: nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, y también nacionalistas españoles, además de liberales, demócrata-cristianos, socialdemócratas, socialistas, comunistas…”. Ocurre que los nostálgicos del nacional catolicismo y el movimiento nacional, con todos sus componentes falangistas y filofascistas, se niegan a que otros nacionalismos “se metan en su terreno”, esa piel de toro que consideran de su propiedad privada, su cortijo.

Pero resulta que en el Estado español también hay mucha gente, puede que la mayoría social, a quienes nos es ajeno el nacionalismo, los fenómenos nacionalistas, o la identidad nacional. Hemos nacido donde hemos nacido y lo que nos preocupa es tener un trabajo en condiciones dignas, pagado dignamente, pues de ello depende el sustento de nuestras familias. Nos preocupan las distintas partes de salario que recibimos, aunque no las llamemos salario, como son las pensiones, cuya naturaleza las convierte en “salario diferido”: el que nos pagarán cuando nos jubilemos; por eso es un tremendo error si un trabajador o trabajadora joven piensa que la pensión le es algo ajeno. También lo son los servicios públicos, pues con el salario directo, el de la nómina de cada mes, no podríamos pagar la Sanidad ni la Educación ni la Residencia cuando te haces mayor u otros servicios sociales, ahí entra en funcionamiento el salario indirecto, esa parte de nuestro salario mensual que va a impuestos, junto con el ajuste anual del IRPF, para poder costear a los médicos o a los profesores de nuestros hijos e hijas, entre otros profesionales de la función pública.

Es por este concepto no nacionalista por el que en la iniciativa(1) que Tribuna Socialista puso en marcha el pasado día 21 (publicada en la página 8 del presente número de TS) manifestamos nuestro apoyo a la necesidad de una reedición del Gobierno de coalición, de corte progresista, y nos hacemos eco de las palabras del presidente del Principado de Asturias, el señor Barbón, cuando manifestaba: “Lo que yo quiero es que haya un Gobierno de Pedro Sánchez. Uno que suba las pensiones, el salario mínimo y las becas”. Que termine de cumplir con la Ley 21/2021 y encargue la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, que sea una voz en la OTAN que abogue por parar la Guerra en Ucrania, en lugar se contribuir a la espiral bélica, que tome cartas en parar la destrucción de la Seguridad Social en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, entre otras cuestiones, habría que añadir a las palabras del señor Barbón.

No identificarse con los postulados nacionalistas españoles no nos hace menos patriotas, prueba de ello es que hay “patriotas de boca y bandera” y “patriotas de hechos”: los primeros son los vividores, esos que parasitan en instituciones, sociales y del Estado, llevándoselo calentito, los que además de calentito se lo llevan a paraísos fiscales, los comisionistas de todo rango, los que se benefician de ardides y vericuetos fiscales para no tributar… y luego estamos los patriotas de hechos, que no andamos a vueltas con la bandera ni nos pirramos por la simbología nacional, los que cotizamos hasta el último céntimo de nuestros ingresos porque somos conscientes de que sin impuestos no hay servicios públicos.

Nos atrevemos a decir que la mayoría social no es nacionalista, pues en las nacionalidades históricas: Catalunya, Euskadi y Galicia, también hay muchos catalanes, vascos y gallegos que no son nacionalistas. Esa mayoría no tenemos ningún interés en confrontar con quienes sienten esta o aquella identidad; quizá porque consideramos que el territorio es de todos y todas, y no de un grupo de privilegiados. Y es por eso mismo que queremos convivir en paz con todos los pueblos que componen el plural Estado español. Si es necesario legislando una Ley de Amnistía, y si no encaja en la Constitución pues que democráticamente se reforme la Constitución.

Hay quien argumenta que no se le puede dar la amnistía a Puigdemont: están en su derecho de argumentar, pero es que no se trata solo de Puigdemont, hay 1400 encausados, entre los que se encuentran, jóvenes, directores de colegios, maestros o ciudadanos que, por el simple hecho de querer expresarse libremente, se les ha abierto causa, algunas más que dudosas, y están pendientes de ser juzgados, por una judicatura sobre la que existen dudas más que razonables sobre sus criterios y que estos sean imparciales. Se trata de avanzar en el derecho del pueblo catalán, y del resto de los pueblos del Estado español a decidir su destino, a sentirse mayoritariamente cómodos en el Estado, de forma libre y voluntaria.

El fracaso de Feijóo en su intento de ser investido presidente del gobierno ha dejado de forma nítida esa foto del “nacionalismo esencialista español”. Esa opción ideológica que se arroga la representación de la patria y la nación, aprovechándose de la intoxicación mediática que ellos mismo dirigen, para crear confusión.

Desde Tribuna Socialista siempre hemos defendido, y es pertinente defenderlo ahora, el derecho a decidir como un elemento democrático que facilita e impulsa la fraternidad entre los pueblos. La compaña por una ley de amnistía que hemos impulsado desde el Comité de Redacción pretende ayudar y que sea un punto de apoyo para que Pedro Sánchez y su equipo puedan avanzar en dar soluciones políticas a los conflictos políticos, y dejar de judicializar el mal llamado problema catalán.

Sin duda, si una ley de amnistía sirviese para impedir que el PP se hiciese de nuevo con el Gobierno, eso en sí mismo serviría para impedir que los ataques a las conquistas conseguidas se llevasen a cabo, por tanto, sería un punto de apoyo para seguir avanzando en las demandas que siguen pendientes en línea con lo expresado por el presidente asturiano, Adrián Barbón.

Si la mayoría social toma conciencia de pertenencia a la clase que pertenece la derecha nostálgica se verá cada vez más sola, por mucho que mientan y pregonen que ganan los debates.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista.

“Campaña de firmas entre los y las socialistas, para apoyar al Secretario General del PSOE y, si es necesario, para que avance hacia una solución de Amnistía sobre los hechos del “porcès”.