Categoría: Editoriales

Editorial: La mayoría quiere convivir en paz y no alimentar la guerra

El mes de junio ha culminado en nuestro país, de momento, con los procesos electorales que estaban fechados para el primer semestre. La lectura de los resultados en los tres procesos autonómicos y del europeo no es la misma. En Galicia (18/02/24) y Euskadi (21/04/24)no ha cambiado la composición del gobierno; en Galicia continua el PP gobernando con mayoría absoluta y en Euskadi se ha reeditado un gobierno PNV/PSE-PSOE. Estas dos comunidades tienen en común el importante ascenso cuantitativo de los partidos nacionalistas de izquierdas, BGN y EH-Bildu, en Galicia y Euskadi respectivamente.

                Las elecciones en Catalunya (12/05/24), 21 años después, han vuelto a dar la victoria al PSC-PSOE, pues desde 2003 no había sido el partido más votado en esa Comunidad. A diferencia de Galicia y Euskadi, la izquierda nacionalista catalana ha retrocedido. A fecha de cerrar esta edición de TS continua incierto el futuro inmediato de la gobernabilidad de Catalunya: ¿habrá pacto progresista PSC+ERC-Comunes o habrá repetición electoral? Dado el avance de la ultraderecha, ultraliberalismo o de los herederos del franquismo en España, cada cual llámelos como quiera, y del filofascismo en Europa, es deseable que las fuerzas de izquierda en Catalunya se pongan de acuerdo para formar gobierno y no continuar dando oportunidades a la derecha en general.

                Una conclusión que sacamos de este breve recordatorio electoral es que está claro que el Estado español es plurinacional, como irremediablemente se redactó en el Art.-2 de la Constitución del 78, aunque contradictoriamente se mezclase con el concepto de la “unidad de la nación española”. Es decir que somos plurales y una a la vez, “uno y trino” que dijo Tertuliano en el 215 d.C.

                A la convivencia en paz, que es lo que la inmensa mayoría social desea, le convendría enfocar en positivo que somos un Estado plural, con diferentes ideas de nación: española, catalana, vasca y gallega, y con muchos y muchas ciudadanas que no somos nacionalistas y que hemos nacido en cualquiera de los distintos territorios que componen el Estado. Valoremos que tenemos una gran riqueza lingüística, histórica y cultural, en lugar de la uniformidad y la pretensión de imponer una sola visión de lo que es diferente.

                Por su parte, las elecciones europeas que se celebraron el 9/6/24 han resultado ser un ciclón en Francia -con la 1ª vuelta de las elecciones generales para el 30 de este mes-, una gran tormenta en Alemania y, en general, una ola de ascenso de la extrema derecha. En España ha ganado la Abstención con el 51%, 11 puntos más que en 2019.

                Interesadamente, en Francia,se ha ensalzado el avance del Partido de la señora Le Pen. Decir que se ensalza el resultado no pretende negar en hecho de que obtenido un crecimiento del 67%, al pasar de 18 a 30 diputados. Pero si cabe la crítica por comparación, pues muy poco se dice del crecimiento del parrido Socialista, que ha sido del 86%, al pasar de 7 a 13 diputados, poco y negativo se dice del incremento del 50% de los votos de La Francia Insumisa que lidera el Sr. Mélenchon, al pasar de 6 a 9 diputados. Por el contrario, se minimiza la abultada derrota del Partido de Macron que ha caído un 43% de los votos, de 23 a 10 diputados.

                Lo anterior es lo cuantitativo. La otra lectura obligada es lo cualitativo y de ella nos quedamos con el avance en la unidad de la izquierda. Celebramos la configuración del Nuevo Frente Popular, en el que se han agrupado el Partido Socialista, La Francia Insumisa, el Partido Comunista, y otras fuerzas de izquierda y progresistas, un acuerdo de unidad que está ilusionando a los jóvenes franceses y otros colectivos de la mayoría social francesa.

                A la derecha francesa: política, económica y mediática, le preocupa más la unidad de la izquierda que llegue la extrema derecha, aunque venga recuperando las ideas fascistas del pasado.Muy parecido a lo que ocurre en España y en otros países. Prueba de ello es el pánico que le entró al líder de Los Republicanos (Eric Ciotti), la derecha tradicional francesa, que salió corriendo a buscar un acuerdo con los fascistas de Le Pen. Nada extraño en el Estado español, donde el PP cogobierna en múltiples comunidades y ayuntamientos con el partido fascista VOX.

                Los directivos de las grandes empresas francesasevitaban salir en fotos con los representantes de Reagrupamiento Nacional (RN) el partido de Le Pen, hasta el día 9 de junio. A Medef, la CEOE francesa, le faltótiempo para organizar un acto e invitar a Bardella, el candidato de RN. Los empresarios españoles, encabezados por el Sr. Garamedi, presidente de la CEOE, fueron mucho más rápidos, se hicieron una foto con Milei el 18 de mayo.

                En lo que a Alemania respecta, nos hace ilusión mencionar el gran resultado que ha obtenido el nuevo Partido BSW (Alianza Sarah Wagenknecht) “Razón y Justicia”, con el que nos une la coparticipación, a través del Comité para la Alianza de los Trabajadores y Pueblos (CATP), en el Manifiesto Internacional contra la Guerra en Ucrania que muchos y muchas firmamos bajo el lema “Ni Putin ni OTAN”. El BSW es una escisión de DIE LINKE, y en su primer proceso electoral ha sacado más diputados que DIE LINKE. En ocasiones hay que soltar lastre, única manera para que los globos aerostáticos asciendan.

                El ascenso de la extrema derecha no es un fenómeno exclusivamente europeo, es internacional. Y como a nuestro modo de ver las casualidades no existen, esto obedece a un fomento de los nacionalismos y del imperialismo que confrontan por todo el planeta en defensa de los intereses de los oligopolios en manos de multinacionales y grupos inversores (fondos buitre) con los oligarcas que se apropian de las riquezas de sus pueblos. Ya no quedan territorios que colonizar, por lo que no dudan en acudir a la guerra como forma de apropiarse del negocio para continuar creciendo económicamente.

                “No se inicia una guerra, o racionalmente no debería hacerse, sin preguntarse qué se pretende obtener mediante dicha confrontación y durante la misma.”Clausewitz.

                Parece que los irracionales que gobiernan las grandes potencias y estructuras militares tienen muy claro qué quieren obtener de las guerras y del negocio del armamento que las alimenta.

                La unidad de la izquierda, sin renunciar a la riqueza de su pluralidad, es la única vía para frenar a la extrema derecha y a la derecha de siempre; esa que tiene tentáculos en todas las instituciones para poner freno a leyes de concordia, como la Amnistía, o para dictar sentencias aberrantes que después son afeadas por los tribunales de justicia europeos. Esa unidad de la izquierda es necesaria para vacunar a la mayoría social con derechos, la mejor medicina para evitar el ascenso de cualquier tipo de derecha.

El Comité de Redacción

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN TRABAJO Y DEMOCRACIA

ASTRADE

Estatutos para descargar en PDF

CAPÍTULOI: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Denominación

Con la denominación ASOCIACIÓN TRABAJO Y DEMOCRACIA se constituye una asociación al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.

La Asociación girará bajo el acrónimo ASTRADE y se dotará, así mismo de un LOGO, identificativo de la Asociación.

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la citada Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y las disposiciones complementarias de desarrollo.

Artículo 2. Duración

Esta Asociación se constituye por tiempo indefinido.

Artículo 3. Fines

La Asociación tiene como fines:

  • Configurar un espacio de pensamiento, debate y elaboración que aporte datos, criterios y análisis en relación con el derecho al trabajo y el mundo del trabajo y el desarrollo de todo lo que acontece en torno a la aplicación de los derechos laborales y sociales, con un enfoque socio-político y económico de izquierdas, desde los valores progresistas y el punto de vista laboral, como forma de entender la propia existencia social y política, frente a un modelo económico que todo lo fía al beneficio económico.
  • Crear un lugar de encuentro que sea plural, democrático, participativo y con afán de construir, con participación a título individual y/o como colectivo y abierto a todos y todas que quieran aportar al proyecto, entre otros, desde la Universidad y el mundo de la experiencia acumulada en el campo sindical, político y profesional para recuperar el valor del trabajo, tanto en la propia existencia, como en la política y en el espacio de la opinión pública y los medios de comunicación.
  • Ser un contrapeso a las ideas neoliberales que tienen su hábitat en el mundo de la empresa, el mercado, mediante el reforzamiento de los valores de izquierda y progresistas, tendente a que el derecho al trabajo, no sea una mera mención constitucional y a la mejora de las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras.
  • Promocionar y producir herramientas y canales en el mundo del trabajo que establezcan criterios que no coinciden con el neoliberalismo y un mercado deshumanizado pues, por naturaleza, obedecen a intereses contrapuestos.
  • La integración en ASTRADE de la revista TRIBUNA SOCIALISTA, la edición, promoción, difusión y distribución de dicha revista TRIBUNA SOCIALISTA.
  • Colaborar con cuantas instituciones, sindicatos, partidos, asociaciones o fundaciones que persigan objetivos análogos.
  • Cualquier otro que persiga la mejora de las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras y la democratización del mundo del trabajo. Un mundo que se encuentra en un momento de cambio acelerado por la aplicación de la tecnología al proceso productivo y por la concentración del capital en todos los sectores de la producción cuyas necesidades son vehiculizadas a través de los partidos de corte conservador y liberal buscando soluciones legislativas y acompañadas de una amplia panoplia de medios de comunicación que difunden sus ideas y objetivos, además de generar criterio favorable a sus intereses entre la opinión pública.

Artículo 4. Actividades

Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:

Promover, celebrar y apoyar toda clase de actos que sirvan a la consecución de los fines de la Asociación mediante conferencias, debates, publicaciones, etc.

Editar la revista TRIBUNA SOCIALISTA, que tendrá una periodicidad ordinaria mensual y tantas ediciones extraordinarias como consideren y decidan sus órganos rectores, es decir, la Junta Directiva y el Comité de Redacción.

Artículo 5. Domicilio social y ámbito territorial

La Asociación establece su domicilio social en calle Antracita 29 4º A 28045 Madrid, con e-mail: astrayde@gmail.com, teléfono 34 659451543 y el ámbito territorial en el que va a realizar principalmente sus actividades es todo el territorio del Estado español.

CAPÍTULO II: ÓRGANOS DE LA ASOCIACIÓN

Artículo 6.

Los órganos de gobierno y representación de la Asociación son, respectivamente, la Asamblea General y la Junta directiva.

CAPÍTULO III: ASAMBLEA GENERAL

Artículo 7. Naturaleza y composición

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará integrada por todos los asociados.

Artículo 8. Reuniones

Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias. La ordinaria se celebrará una vez dos años dentro de los cuatro meses siguientes al cierre del ejercicio; las extraordinarias se celebrarán cuando las circunstancias lo aconsejen, a juicio del presidente/a, cuando la Junta Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito un tercio de los asociados.

Artículo 9. Convocatorias

Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizarán por escrito expresando el lugar, día y hora de la reunión, así como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar. Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria, habrán de mediar al menos quince días, pudiendo así mismo hacerse constar si procediera, la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a media hora.

Por razones de urgencia, podrán reducirse los mencionados plazos, a propuesta de la Junta Directiva.

Artículo 10. Adopción de acuerdos

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio de los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asociados con derecho a voto.

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos nulos, en blanco, ni las abstenciones.

Será necesaria la mayoría cualificada (2/3 de votos) de las personas presentes o representadas, decidiendo en caso de empate el voto de calidad del presidente o de quien haga las veces en los supuestos de:

  1. Disolución de la entidad.
  2. Modificación de Estatutos, incluido el cambio de domicilio social.
  3. Disposición o enajenación de bienes integrantes del inmovilizado.
  4. Aumentar o disminuir el número de miembros del Comité de Redacción de la revista Tribuna Socialista, nombrar o cesar a sus miembros y cualquier otra cuestión que pueda afectar a la composición o funcionamiento del Comité de Redacción de Tribuna Socialista, siempre y en todos los casos, a propuesta de la Junta Directiva, sin cuya propuesta y su visto bueno, la Asamblea no tendrá facultades para la adopción de acuerdos sobre dichos extremos.

Artículo 11. Facultades de la Asamblea General Son facultades de la Asamblea General:

  1. Aprobar la gestión de la Junta Directiva.
  2. Examinar y aprobar las cuentas anuales.
  3. Decidir el plan de acción anual de la Asociación.
  4. Elegir a los miembros de la Junta Directiva.
  5. Ratificar la composición de la Comisión Permanente
  6. Ratificar la composición del Comité de Redacción de Tribuna Socialista, en los términos establecidos en el último párrafo del artículo anterior.
  7. Ratificar la composición del Consejo Asesor de la Asociación.
  8. Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias.
  9. Aprobar la disolución de la Asociación.
  10. Modificar los Estatutos, incluido el cambio de domicilio social.
  11. Disponer o enajenar los bienes.
  12. Conocer de los recursos o reclamaciones, en su caso, de los socios sancionados.
  13. Cualquiera otra que no sea competencia atribuida a otro órgano social.

Artículo 12. Facultades de la Asamblea General Extraordinaria

Corresponde a la asamblea General extraordinaria la modificación de los estatutos y la disolución de la asociación, así como cualquier otro tema de carácter urgente o extraordinario, a propuesta de la Junta Directiva.

La Asamblea Extraordinaria tratará exclusivamente de los asuntos establecidos en el orden del día de la convocatoria.

CAPÍTULO IV: JUNTA DIRECTIVA

Artículo 13. Naturaleza y composición

La Junta directiva es el órgano de representación que gestiona y representa los intereses de la Asociación de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General.

Estará formada por un presidente/a, un vicepresidente/a, un secretario/a y un tesorero/a, pudiendo nombrarse un vicesecretario y un vicetesorero y los vocales que se determinen, en número de hasta 25 miembros, designados por la Asamblea General entre los asociados, siempre que sean mayores de edad, estén en pleno uso de los derechos civiles y no estén incursos en motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente, así como al corriente de sus cuotas asociativas.

Iguales requisitos, excepto la condición de socio, deberán reunir las personas físicas que actúen en representación de los cargos que sean personas jurídicas.

Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. Éstos serán designados y revocados por la Asamblea General y su mandato tendrá una duración de dos años.

El presidente, vicepresidente y el secretario de la Junta Directiva, serán, asimismo, presidente, vicepresidente y secretario de la Asociación y de la Asamblea general.

Artículo 14. Procedimiento para la elección y sustitución de miembros

La elección de los miembros de la Junta Directiva por la asamblea General se realizará mediante la presentación de candidaturas, a las que se les permitirá la adecuada difusión, con una antelación de cinco días a la celebración de la correspondiente reunión.

En caso de ausencia o enfermedad de algún miembro de la Junta Directiva, podrá ser suplido provisionalmente por otro de los componentes de ésta, previa designación por mayoría de sus miembros, salvo en el caso del presidente, que será sustituido por el vicepresidente

Artículo 15. Reuniones

La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su presidente/a y a iniciativa o petición de 1/3 de sus miembros. Quedará constituida cuando asista la mitad más uno de sus miembros y para que sus acuerdos sean válidos deberán ser tomados por mayoría de votos. En caso de empate, el voto del presidente/a o de quien haga las veces será de calidad.

La votación será personal y directa, y secreta, cuando así lo pidan el diez por ciento de sus miembros.

Artículo 16. Facultades

Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general, a todos los actos propios de las finalidades de la Asociación, siempre que no requieran, según estos Estatutos, autorización expresa de la Asamblea General.

Son facultades particulares de la Junta Directiva:

  1. Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y administrativa de la Asociación, acordando realizar los oportunos contratos y actos.
  2. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.
  3. Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los balances y las cuentas anuales.
  4. Resolver sobre la admisión de nuevos asociados, así como ratificar la decisión de las bajas por cualquiera de los motivos establecidos en el artículo 28.
  5. Constituir entre sus miembros una Comisión Permanente en los términos que se establecen en los artículos siguientes.
  6. Nombrar al Comité de Redacción de Tribuna Socialista y proponerlo a la Asamblea General para su ratificación.
  7. Nombrar el Consejo Asesor de la Asociación
  8. Nombrar delegados para alguna determinada actividad de la Asociación.
  9. Elaborar, en su caso, el Reglamento de Régimen Interior.
  10. Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General de socios.

Artículo 17. Presidente/a

El presidente/a tendrá las siguientes atribuciones: representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos o privados y jurisdicción ordinaria convocar, presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra; ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia; adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva y cualquier otra que le encomiende de forma expresa la Asamblea General.

Artículo 18. Vicepresidente/a

El vicepresidente/a sustituirá al presidente en ausencia de éste, motivada por enfermedad o cualquier otra causa, y tendrá sus mismas atribuciones.

Artículo 19. Secretario/a

El secretario/a tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente administrativos de la Asociación, expedirá certificaciones, llevará los libros de la Asociación legalmente establecidos y el fichero de asociados, y custodiará la documentación de la entidad, haciendo que se cursen las comunicaciones sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales inscribibles en los Registros correspondientes, así como el cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que legalmente correspondan.

En caso de nombrarse un vicesecretario, éste tendrá a su cargo las mismas obligaciones y atribuciones que el secretario.

Artículo 20. Tesorero/a

El tesorero/a recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el presidente/a.

En caso de nombrarse un vicetesorero, éste tendrá a su cargo las mismas obligaciones y atribuciones que el tesorero.

Artículo 21. Vocales

Los vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta les encomiende.

Artículo 22. Régimen de bajas y suplencias

Los miembros podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva y por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas. Las vacantes que por estos motivos se produzcan serán cubiertas provisionalmente por los demás miembros hasta la elección definitiva por la Asamblea General convocada al efecto.

También podrán causar baja por expiración del mandato. En este caso continuarán ostentando sus cargos hasta el momento en que se produzca la aceptación de los que les sustituyan.

Artículo 23. Comité de Redacción.

Los miembros del Comité de Redacción de Tribuna Socialista actual, permanecerán en sus cargos y deberán ser ratificados en la Asamblea General que se realice, a propuesta del presidente de la Junta Directiva y en los términos establecidos en los artículos 10 y 11 de los presentes Estatutos.

Al Comité de Redacción de Tribuna Socialista, podrán pertenecer miembros que tengan cargo en la Junta Directiva, o personas ajenas a la misma, e incluso ajenas a la asociación, a propuesta de la Junta Directiva.

La duración de sus cargos será por el tiempo que el propio Comité de Redacción estime conveniente, pero deberá contar con el visto bueno del presidente de la Junta.

En caso de cese de la Junta Directiva, el Comité de Redacción de Tribuna Socialista permanecerá vigente hasta que se nombre una nueva Junta, que deberá, en su caso, proponer la continuidad del Comité de Redacción, o su renovación parcial o total, a la Asamblea General.

Del mismo modo, el Comité de Redacción tendrá libertad para establecer los contenidos, criterios de la editorial y demás cuestiones que afecten a su edición, pero no podrán ser contrarios a los fines, objetivos y espíritu que caracteriza la Asociación.

El Comité de Redacción tendrá autonomía para repartir entre sus miembros las funciones específicas y responsabilidades que deban asumirse para el buen fin de la edición, promoción, difusión y distribución de la revista.

La pertenencia al Comité de Redacción de Tribuna Socialista y su desempeño, será gratuita.

Artículo 24. Consejo Asesor de la Asociación

La Junta Directiva podrá nombrar un Consejo Asesor de la Asociación que estaría integrado por personas físicas y/o jurídicas que tengan una vinculación directa con el mundo del trabajo o por aquellas personas que considere, por su relevancia social, científica o académica en las disciplinas relacionadas con el trabajo y la democracia, o los fines y actividades propias de la Asociación.

Artículo 25 Comisión Permanente

La Junta Directiva elegida por la Asamblea elegirá, a su vez, una Comisión Permanente entre sus miembros, en número de 5 a 9, sin perjuicio de que la propia Junta Directiva pueda ampliar su número por razones de eficiencia o necesidad de establecer comisiones de trabajo.

Presidente, vicepresidente, secretario y tesorero son miembros natos de la Comisión permanente, al igual que los cargos de vicesecretario y vicetesorero, caso de ser nombrados.

La Comisión Permanente gestiona y ejecuta las decisiones adoptadas por la Junta Directiva, pero carece de facultades decisorias.

Su mandato será de dos años, el mismo que el de la Junta Directiva.

Le serán de aplicación todas las normas establecidas en los presentes estatutos respecto de la Junta Directiva.

CAPITULO V: SOCIOS/AS

Artículo 26. Requisitos

Podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas mayores de edad y/o colectivos con capacidad de obrar que tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación.

Artículo 27. Perfiles

Dentro de la Asociación existirán los siguientes perfiles de socios/as:

  1. Promotores o fundadores, que serán aquellos que participen en el acto de constitución de la Asociación.
  2. De número, que serán aquellas personas físicas o jurídicas que ingresen después de la constitución de la Asociación, debiendo estar al corriente de pago de las cuotas asociativas.
  3. De honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo relevante a la dignificación y desarrollo de la Asociación, se hagan acreedores de tal distinción. El nombramiento de los socios de honor corresponderá a la Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva.

En el acto de inscripción, los socios rellenarán, además de la ficha de inscripción, el consentimiento explícito para tratamiento de datos personales con el objeto de que éstos puedan ser usados exclusivamente para los fines establecidos por la Asociación y únicamente serán guardados para la finalidad propia para la que se tratan, pudiendo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante la Secretaría de la Asociación en la dirección anteriormente indicada mediante solicitud escrita acompañada de copia del D.N.I. todo ello de acuerdo a la legislación vigente en materia de la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de éstos.

Artículo 28. Baja

Los socios/as causarán baja por alguna de las causas siguientes

  1. Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito a la Junta Directiva.
  2. Por incumplimiento de las obligaciones económicas, si dejara de satisfacer dos anualidades de cuotas.
  3. Por conducta incorrecta, por desprestigiar a la asociación con hechos o palabras que perturben gravemente los actos organizados por la misma y la normal convivencia entre los asociados.

En el supuesto de sanción y separación de los asociados, se informará, en todo caso, al afectado de los hechos que puedan dar lugar a tales medidas y se le oirá previamente, debiendo ser motivado el acuerdo que en tal sentido se adopte.

Artículo 29. Derechos

Los socios/as fundadores y de número tendrán los siguientes derechos:

  1. Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines.
  2. Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener.
  3. Participar en las Asambleas con voz y voto.
  4. Ser electores y elegibles para los cargos directivos.
  5. Recibir los números que se editen de Tribuna Socialista sin coste alguno.
  6. Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación.
  7. Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor cumplimiento de los fines de la Asociación.
  8. Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él.
  9. Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a la ley o los estatutos.
  10. Ser informados de las cuentas de la Asociación.
  11. Poder expresarse por escrito a través de Tribuna Socialista.

Artículo 30. Deberes

Los socios/as fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones:

  1. Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la Junta Directiva.
  2. Abonar las cuotas que se fijen, con excepción de los socios de honor que no tendrán que abonar nada.
  3. Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.
  4. Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que ocupen.

Artículo 31. Derechos y deberes de los socios de honor

Los socios/as de honor tendrán las mismas obligaciones que los fundadores y de número a excepción de las previstas en los apartados b) y d), del artículo anterior.

Asimismo, tendrán los mismos derechos a excepción de los que figuran en los apartados c) y d) del artículo 28, pudiendo asistir a las asambleas sin derecho de voto.

CAPÍTULO VI: RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 32. Recursos económicos

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y actividades de la Asociación serán los siguientes:

  1. Las cuotas de socios/as, periódicas o extraordinarias.
  2. Las subvenciones, legados o herencias que pudiera recibir de forma legal por parte de los asociados o de terceras personas.
  3. Cualquier otro recurso lícito.

Artículo 33. Patrimonio

La asociación, al momento de la constitución, carece de patrimonio.

Artículo 34. Duración del ejercicio

El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año.

CAPITULO VII: DISOLUCIÓN

Artículo 35. Disolución

La Asociación se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de los presentes Estatutos.

Artículo 36. Liquidación y destino del remanente

En caso de disolución se nombrará una comisión liquidadora. Una vez extinguidas las deudas, el sobrante líquido, en su caso, se destinará para fines que no desvirtúen la naturaleza no lucrativa de la Asociación.

En Madrid, a 27 de junio de 2024

DILIGENCIA. – DON Miguel Sagüés Navarro DNI nº. 02189046K, secretario de la ASOCIACIÓN TRABAJO Y DEMOCRACIA (ASTRADE), con Número de Registro 61777819/2019 y NIF G-88423488,

CERTIFICA: Que los presentes Estatutos recogen las modificaciones aprobadas en la reunión de la Asamblea General Extraordinaria celebrada el día de mayo de 2024.

En Madrid, a 27 de junio de 2024

Editorial: Antes de votar, pensemos.

El día 9 de junio volvemos a ser llamados a las urnas. El acto de poder votar es un hecho democrático básico, pero no debe convertirse en una liturgia por y para el hecho en sí, sino que debe suponer un periodo de reflexión más allá del día previo al que acudimos a introducir la papeleta en la urna.

Es necesario pensar en los cuatro años previos a los comicios para evaluar cuales son las consecuencias de nuestro voto, incluso, deberíamos pensar en el devenir de la Unión Europea en las últimas décadas, para intentar ver hacía donde vamos. Claro que cada cual tiene el derecho de votar a quién le plazca, de la misma manera que en nuestra libertad de expresión podemos y debemos reflexionar sobre las consecuencias del voto.

Por ejemplo, en 2009, nuestro gobierno socialista apoyó a Durão Barroso a la presidencia de la Comisión Europea, el mismo señor de centro-derecha -aunque su partido se hiciese llamar Social Demócrata, que el 16 de marzo de 2003, siendo presidente de la República de Portugal, había albergado la reunión de las Azores en la que Bush, Blair y Aznar lanzaron al mundo la vergonzante y criminal invasión de Irak, bajo la “fake” de las armas de destrucción masiva.

Traemos este episodio a colación, porque no está del todo claro que la izquierda no vaya a apoyar, o a abstenerse, ante la candidatura de la señora Ursula von der Leyen, del PP europeo, tras su exceso en apoyo incondicional al Estado sionista de Israel, cuando dio su “apoyo al derecho de Israel a defenderse” olvidando por completo cualquier otra consideración histórica en relación con la ocupación de Palestina por parte de Israel o del derecho internacional. Apoyo que la convierte en cómplice del Genocidio que Netanyahu lleva cometiendo desde hace 8 meses. El derecho a defenderse no da derecho al exterminio de un pueblo.

No debemos olvidar la guerra de Irak, que como podemos ver en la gráfica anterior dejó más de 100.000 muertos civiles; sabiendo que en esta cifra solo cuentan los cuerpos de fallecidos llegados a los hospitales o fallecidos en los hospitales, no así los desaparecidos bajo los escombros de los edificios, ni los muertos por consecuencias derivadas de la falta de alimentos y medicamentos; consecuencias impuestas por los bloqueos económicos. En el caso de Irak, esta es la cifra de muertes de civiles más baja, pues hay estudios que la elevan a 600.000. Una masacre a la que ninguna estancia judicial le ha abierto causa para juzgar a quienes promovieron o ayudaron a promover aquella guerra. Por ello, no miramos hacia otro lado en lo que está ocurriendo en Gaza, donde ya se han rebasado los 36.000 muertos, a los que habrá que añadir los más de 10.000 desparecidos.

En lo económico, la UE está tan subordinada a los Estados Unidos de América. Potencia que está poniendo en riesgo la propia supervivencia de la Unión Europea. No es solo una cuestión de necesidad de desarrollar una defensa propia, es la necesidad de defender y recuperar una industria propia, de apostar por un desarrollo tecnológico propio y la necesidad de desarrollar nuestro potencial de investigación científico, entre otras materias. El problema es que la UE es más un club de mercaderes en busca de rentabilidad que una Unión de Pueblos, donde los derechos sociales siempre quedan en segundo o tercer plano tras los intereses de los sectores como la banca, la energía, las farmacéuticas, etc., sectores que tienen a sus lobbies permanentemente defendiendo sus intereses económicos.

Recordemos que la Comisión Europea formó parte de “La Troika”, junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE). El trabajo de La Troika fue sometido a revisión en marzo de 2014, por parte de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetario del Parlamento Europeo, así como por la Comisión parlamentaria de Empleo y Asuntos Sociales. Las conclusiones fueron que “los países que solicitaron un rescate económico, aplicaron ajustes presupuestarios y reformas económicas”. ¿Tantos recursos para llegar a esa conclusión? También concluyeron, en particular la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales que: “los programas de ajuste no deben servir para debilitar los acuerdos colectivos suscritos por los interlocutores, ni para recortar o congelar los salarios mínimos ni los sistemas de pensiones -poniéndolos en algunos casos por debajo del umbral de la pobreza-, ni para dificultar el acceso a la atención sanitaria, a las medicinas o una vivienda asequible”.

Todo eso está muy bien, pero las reformas laborales criticadas continúan en vigor en gran medida y son las que han provocado un pronunciado descenso en las rentas del trabajo que se plasma en el incremento de los índices de pobreza y exclusión social, que cerró 2023 con una tasa del 26,5% y que las carencias materiales de carácter severo han alcanzado el 9%, mientras, como vemos en la gráfica, en 2009 se situaba en el 4,5%.

Otros aspectos de las conclusiones se comentan solos, como por ejemplo la destrucción sistemática de la Sanidad Pública, por la vía de la privatización, la cual habría que revertir comenzando con la derogación de las leyes que la hacen posible, como la Ley 15/97. Y qué decir del drama que para los las jóvenes supone la imposibilidad de acceso a la vivienda y la precariedad en el empleo, factores que cercenan su emancipación.

La percepción de todo esto es que el Parlamento Europeo -único órgano sobre el que los ciudadanos deciden de forma directa, en las elecciones- así como sus Comisiones delegadas, pinta más bien poco y es la Comisión la que toma todas las decisiones, aunque luego sean criticadas por las propias comisiones parlamentarias. Suena a una puesta en escena en la que se salvaguardan los intereses económicos en detrimento de los intereses de la mayoría social de los pueblos de Europa.

En la misma línea, asistimos a una campaña electoral en la que, pretenden hacernos ver, que todo el problema es que viene la “extrema derecha”, para así hurtar el debate a la ciudadanía sobre la política de guerra, dictada desde Washington y aplicada por la OTAN, que nos pone en riesgo a todos los pueblos de Europa y que está empobreciendo a la mayoría de la sociedad.

Desde Tribuna Socialista lo hemos manifestado en muchas ocasiones, no somos neutrales, llamamos a votar a las candidaturas de la izquierda. Y, a la par, llamamos a los partidos de la izquierda a que sean nítidos en sus planteamientos y objetivos.

Ante las próximas citas electorales volveremos a reflexionar sobre ¿para qué sirve el voto?

El Comité de Redacción

Editorial: 1º de Mayo, lo que nos preocupa y lo que nos debería preocupar

Balance de situación de las condiciones de vida y trabajo         

                El día internacional de los trabajadores y trabajadoras, el 1º de Mayo, es buen momento para realizar un balance de situación de las condiciones de vida y trabajo de las asalariadas y los asalariados.

                El primer cuarto s. XXI es un periodo que pasará a la historia como el de las calamidades en cadena: crisis financiera e inmobiliaria (2008-2018), pandemia COVID (2020 y 2021), Guerra de Ucrania (2022-…) y Genocidio en Gaza (2023-…). Veremos que nos depara el futuro inmediato.

                El común denominador de esta secuencia de hechos históricos es el empobrecimiento de la clase trabajadora, producto del austericidio al que fuimos sometidos para paliar la crisis que provocó el capital financiero y especulativo con sus políticas económicas e inmobiliarias, pasado por los largos meses de parón económico que la imprevisión e indecisión de los gobiernos, que aumentó los efectos sociales de la pandemia; por ejemplo,quedó retratada la política de recortes económicos y privatización en la Sanidad Pública y en las Residencias de mayores, finalizando el periodo con dos conflictos armados, a nombre de los cuales los especuladores de los oligopolios más potentes: banca, energía, telecomunicaciones, alimentación, etc., ha decidido incrementar sus fortunas brutalmente, a costa de restar poder adquisitivo a los salarios y las pensiones.

AñoIPC medioPensionesSalarios
20102,99%1%1,30%
20112,38%0%1,59%
20122,87%1%1,31%
20130,25%1%0,57%
2014-1,04%0,25%0,57%
20150,02%0,25%0,74%
20161,57%0,25%1,06%
20171,11%0,25%1,43%
20181,18%1,60%1,72%
20190,79%1,60%2,24%
2020-0,53%0,90%1,75%
20216,55%0,90%1,47%
20225,70%3,00%2,78%
20233,10%8,50%3,46%
26,94%20.50%21,99%
Fuente: INE, Elaboración propia para TS

               

La inflación en los últimos 13 años provoca que las pensiones acumulen una pérdida de poder de compra del 6,5%, en buena medida por los años en los que el Gobierno del PP aplicó las ridículas subidas de pensiones del 0,25%, y por los desfases entre IPC e incremento de las pensiones en los años 2021 y 2022. Los mismos datos nos dicen que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es del 5%. Si la comparativa la hiciésemos con el incremento del precio de los alimentos la pérdida de capacidad de compra es mucho mayor, pues ha sido del 4,9% en 2021, 15,7 en 2022 y del 11,8% en 2023; un acumulado en tres años del 32,4%. Por su parte, la vivienda, se ha incrementado un 29% en los diez últimos años.

                El resultado es que en el Estado español hay casi 13 millones de personas que son pobres o están en riesgo de exclusión social, el 26,5% de la población.

                Es de esto de lo que habría que hablar en los procesos electorales y en las sesiones parlamentarias. De esto y del profundo deterioro de la Sanidad Pública y del derroche de dinero público que supone la privatización que lleva aparejada la corrupción. Lo mismo podemos decir de la situación de la Educación Pública y del pernicioso efecto que el adoctrinamiento religioso tiene para la formación de las futuras generaciones, directamente con la asignatura de religión en los programas educativos e íntegramente en la enseñanza concertada que, a la par que resulta un negocio para las órdenes religiosas, supone una hemorragia para el presupuesto público educativo.

Lo que preocupa a la mayoría social

                Los resultados de las elecciones en el País Vasco han estado parejos a las previsiones que hizo el CIS a primeros de mes. Las urnas han precisado lo que el electorado vasco quiere: El PNV ha obtenido 27 diputados, por lo que ha perdido 4 respecto a los comicios de 2020; Bildu también ha obtenido 27 diputados, 6 más que en las anteriores elecciones; PSE-PSOE ha conseguido 12 diputados, sube 2, lejos de los 25 que tuvo en las elecciones de 2009, aunque en ascenso desde 2016 en las que cayó a 9; PP sube 1 diputado, al pasar de 6 a 7; Sumar consigue 1 diputado, al igual que VOX.Salvo por la desaparición de Podemos, que tenía 6 diputados en la legislatura anterior, la composición del Parlamento vasco no ha cambiado demasiado, por lo que no cabe esperar grandes cambios en la relación de los partidos vascos que vienen apoyando al Gobierno de Pedro Sánchez. Así que, todos contentos.

                La campaña si se ha centrado en los asuntos sociales que más preocupan a la sociedad vasca, con la salvedad del intento de intoxicación al introducir la cuestión de ETA. Según la demoscopia, lo que más preocupa a la sociedad vasca es: el Empleo, la Sanidad y la Vivienda. La cuestión es si al votar al PNV, de ideología conservadora, ¿estaría el PNV a favor de la derogación de la Ley 15/97, ley que abre puertas y ventanas a la privatización de la Sanidad Pública?

                La misma pregunta, sobre la necesidad de defender la Sanidad Pública desprivatizándola, habría que hacérsela a Junts de cara a las elecciones en Cataluña para el 12 de mayo.

Lo que nos debiera preocupar a las trabajadoras y a los trabajadores

                Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Salud se define como: “es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”.

                Es muy difícil tener un buen estado de “bienestar físico, mental y social”con salarios o pensiones de miseria. Cuando tienes que echar cuentas de a qué renuncias para llegar a final de mes. Es muy complicado gozar de buena salud mental, cuando tienes un trabajo precario, oa tiempo parcial y tienes que buscar cómo complementar los ingresos, cuando tu empresa te aplica un ERE o un ERTE porque prevé no ganar tanto como el año anterior, etc. Es difícil tener Salud.La Confederación de Salud Mental en España, en su informe de 2023, llegaba a conclusiones como las siguientes:

                “El 44,9% de la población afronta la situación actual con preocupación. Este sentimiento está más presente en          las personas adultas mayores de 55 años.”

                “Un 47,5% y un 39% de las personas están muy o bastante preocupadas por no poder hacer frente al pago de          sus facturas y el de su alquiler o hipoteca, respectivamente.”

                La falta de un futuro claro; precariedad en el empleo combinada con el excesivo precio de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, hacen que las y los jóvenes no vean a su alcance la emancipación, con la ansiedad que esa oscura perspectiva provoca.

                La sociedad está sometida a una barbarie que no es teórica.Cada vez son más los conflictos armados y más brutales. Lejos de trabajar por evitar la barbarie, vemos como los gobiernos y los partidos políticos se alinean con las posturas militaristas, en nuestro caso con los dictados de la OTAN y los USA, que es quien mueve los hilos en esa estructura militar.

                Observamos con preocupación que por parte del Gobierno no se verbaliza lo que es una evidencia, el Genocidio que se está perpetrando en Gaza contra el pueblo palestino. Las organizaciones sindicales tampoco parecen dar el paso de nombrar a las cosas por su nombre, Genocidio. Y ya de volcarse en la movilización ni hablemos. Se está tan pegado a la lógica del imperialismo hegemónico que nadie quiere verdaderamente ponerse al frente de la lucha contra la barbarie, la lucha contra la Guerra.

                Muchas son las preocupaciones de los trabajadores y a buen seguro serán reflejadas en la pancartas y lemas de las manifestaciones del 1º de mayo. El problema es que la mayoría social, la clase trabajadora, no parece tener las organizaciones políticas que defiendan sus intereses ni que estén dispuestos a luchar por ellos.

El Comité de Redacción

Editorial: El tablero de la política

En el tablero de la política hay muchos movimientos, unos ya previstos y otros sobrevenidos.

El próximo 21 de abril, los y las electores del País Vasco acudirán a las urnas. El 9 de junio todo el censo electoral del Estado español será llamado a elegir a los representantes al Parlamento Europeo. Estas son las fechas establecidas, porque toca. Los movimientos sobrevenidos son las elecciones en Cataluña, fijadas para el 12 de mayo. Además, a pesar de la bronca en la calle, el día 13 de marzo el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Amnistía, que ahora ha pasado al Senado. Hay materia para la actividad política en los meses próximos. La cuestión es ¿con qué contenido y con qué objetivos?

El candidato de Bildu, Pello Otxandiano, declaraba a los medios de comunicación el pasado 18 de marzo que “La ambición nacional del pueblo vasco se tiene que traducir en políticas públicas, como por ejemplo en un sistema público de salud que sea capaz de ofrecer un servicio de calidad al conjunto de la población”. Bien, es una buena declaración de intenciones sobre la que partir, y sirve para el debate en las elecciones, vascas, catalanas y europeas.

Es necesario abrir un debate en todo el Estado sobre ¿cuáles son las prioridades y reivindicaciones de la mayoría de la sociedad?, pues los electores acuden a las urnas para que los elegidos y elegidas les resuelvan los problemas, o al menos así debiera de ser.

La Amnistía que está en trámite lleva en discusión desde el mes de octubre del año pasado, si bien el “ruido” que provoca la derecha no permite debatir para qué la Amnistía. Lo más urgente es sin duda desjudicializar los hechos del “procès” y que se ponga fin la acción represiva que puso en marcha el PP, con el apoyo de su fracción judicial, policial, mediática y de la propia Corona, “a por ellos oe, oe…” Una represión que afecta a unas 3.000 personas, no solo al señor Puigdemont. Lo siguiente debe ser abrir un debate sereno sobre cómo se supera el concepto de “Unidad de la Patria”, sucedáneo del “España, Una, Grande y Libre”, lema del franquismo, para dar encaje a la realidad plural de nacionalidades y regiones que integran el Estado. Se hace necesario abrir el debate del federalismo y superar el corsé autonómico.

Las interferencias no son meras opiniones o posicionamientos del habitual coro mediático de la derecha, como hacía el ABC, oficioso altavoz monárquico, tachando de inconstitucional la ley aprobada por el Congreso de los Diputados. Se trata de la confrontación entre instituciones, mejor dicho, de todas las instituciones contra el Parlamento, la Cámara de las Cortes que más directamente representa la soberanía de los pueblos que conforman el Estado. Esa confrontación institucional es particularmente grave desde el Senado, utilizado por el PP como traba al desarrollo de la ley. Y muy significativamente grave desde el Poder Judicial, con sus declaraciones de boicot a la Ley de Amnistía; recordemos que es el Rey quien preside el Poder Judicial, el que abre los cursos judiciales sin importarle que el gobierno de los jueces lleve más de cinco años sin renovarse ¿se negará el Rey a firmar la ley cuando le toque hacerlo? Es evidente que hay una reacción contra la pluralidad del Estado en defensa del concepto de Unidad, heredado del pasado.

No es la primera vez que desde la Justicia se interfiere, obstaculiza y paraliza la acción del Poder Legislativo, recordemos que en diciembre de 2022 en Tribunal Constitucional paralizó el trámite parlamentario que aprobó el Congreso de los Diputados para la reforma del Poder Judicial y del TC. La democracia está “tutelada” por unos poderes que no se presentan a elecciones, que defienden los privilegios de los herederos del pasado ¿cómo podemos esperar así que se defiendan los servicios públicos, tal como reivindica la mayoría de la sociedad?

Necesitamos superar todo esto para avanzar en derechos y libertades, para poder debatir de lo que nos interesa, de: Sanidad Pública, Educación Pública, Pensiones Públicas, Dependencia Pública, que es exactamente lo contrario a los derroteros en los que, desde hace décadas, se metió a nuestros servicios públicos. La privatización de lo público es inadmisible por dos motivos: primero porque la rentabilidad de los servicios públicos no puede estar subordinada a los beneficios empresariales; y segundo porque los continuos escándalos de comisionismo dejan claro que la privatización engendra la corrupción, además de ser la privatización el origen del del deterioro de nuestra Sanidad Pública, en todas las comunidades.

Queremos debatir sobre una verdadera separación de poderes, muy particularmente de la independencia del poder Judicial. Politizado hasta la médula, escorado a la derecha y con un tufo a TOP que tira para atrás.

Necesitamos que la sociedad tome posición sobre la política de guerra a la que se nos avoca desde la UE y la OTAN, pues este tema de vida o muerte no puede ser ajeno a la voluntad de los pueblos, enajenación que solo es posible por la gruesa capa de manipulación mediática que tiene confundida a la ciudadanía y a sus instituciones sociales: políticas y sindicales. Con las graves consecuencias económicas que los conflictos bélicos tienen para los pueblos; afirmamos que sufrimos una auténtica guerra social, paralela a la militar, que destruye derechos y empobrece a la clase trabajadora. Es inadmisible que participemos en alimentar la guerra en Ucrania y, en paralelo, miremos para otro lado con el Genocidio que se está cometiendo contra el pueblo palestino, desde hace seis meses.

Estas y otras cosas son de la que hay que hablar ante los procesos electorales y en el debate parlamentario. El problema es que los ciudadanos y ciudadanas que viven de su trabajo están hastiados de ver que los representantes políticos se pierden en barrizales que nada resuelven, pero que desangran el erario público a manos de mangantes y sanguijuelas o en gastos militares. Este es el motivo que lleva al ascenso de la extrema derecha; la ausencia de una fuerza política que escuche a la mayoría social y trabaje por dar solución a sus problemas e inquietudes.

Somos conscientes de que la sola posibilidad de que estos planteamientos tomen cuerpo enerva, como vemos desde meses atrás, a la derecha de siempre y a la derecha escindida de la derecha de siempre. No soportan la posibilidad de que se puedan mover un ápice sus privilegios: por eso se mantiene la impunidad de La Corona, incluso en el delito; por eso se niegan a renovar el Consejo General del Poder Judicial que les garantiza su impunidad ante los casos de corrupción; por eso no quieren ni oír hablar de desprivatización de la Sanidad Pública; por eso defienden a capa y espada la Educación concertada, donde empresas y congregaciones religiosas hacen su agosto;…; por eso se echan a la calle rabiosamente ante la posibilidad de que la pluralidad de pueblos que compone el Estado español conviva en paz y nos podamos poner de acuerdo para dar un giro de guion al orden establecido.

El Comité de Redacción

20º aniversario del 11-M

Se han cumplido veinte años de los atentados más terribles -por el número de víctimas- que se han sufrido en nuestro país, 192 muertos y 1.857 heridos.

190 muertos en los trenes de cercanías que todas las mañanas trasladan a los trabajadores y trabajadoras a sus puestos de trabajo, así como estudiantes que se dirigían a sus centros de estudio. A los que hay que añadir a Nicolás Jiménez Morán, el bebé que nació dos meses después del atentado, pero que murió a las 48 horas por las heridas sufridas por su madre y a Francisco Javier Torrenteras Gadea, el tedax que falleció en la explosión del piso de Leganés, en el que se inmolaron los autores de los atentados.

Tenían una media de edad de 35 años y pertenecían a 17 nacionalidades: 140 españoles y españolas (73,7%); 16 rumanos y rumanas (8,4%): 6 ecuatorianos y ecuatorianas (3,2%); 4 búlgaros y búlgaras (2,1%); 4 peruanos y peruanas (2,1%); 4 polacos y polacas (2,1%); un colombiano y una colombiana (1,1%); 2 marroquíes (varones) (1,1%); un dominicano y una dominicana (1,1%); 2 ucranianos (1,1%); una hondureña y un hondureño(1,1%); un senegalés (0,5%); un filipino (0,5%); un cubano (0,5%); un brasileño (0,5%); y una francesa (0,5%).

Al margen de la edad o del lugar en el que nacieron, tenían en común ser miembros de la clase trabajadora. Mencionamos a todos y a todas porque no queremos olvidarles, porque no son un número icónico de una fecha señalada, eran madres, hijos e hijas, padres, hermanos y hermanos, miembros de nuestra clase.

Es muy recurrente la frase de António Guterres, secretario general de la ONU, cuando en octubre del pasado año dijo: “el ataque de Hamas el 7 de octubre no viene de la nada sino de 56 años de ocupación”. No hay duda de que Guterres no justifica ni comparte que Hamas matase a 1.200 personas en los territorios aledaños a la franja de Gaza, ocupados por Israel. De la misma manera, no hay ninguna justificación en los atentados en los trenes de las madrileñas estaciones de Atocha y de El Pozo, el 11 de marzo de 2004. Lo anterior no implica que olvidemos que, justo un año antes, en marzo de 2003, una coalición liderada por la Estados Unidos invadió Irak; invasión en la que el Gobierno de Aznar involucró a nuestro país. Los atentados no vinieron de la nada.

En marzo de 2004 se cometieron dos atentados: uno, el de los trenes; el otro contra la verdad, se cometió la mayor mentira de Estado que hayan tenido que soportar los pueblos que componen el Estado español. El PP de Aznar mintió y, aún hoy, los medios de comunicación voceros de su política, continúan insinuando y vertiendo falsedades para desligar los atentados terroristas de la invasión de Irak.

El PP es un Partido que tiene alergia a la memoria, por eso, casi medio siglo después de la muerte del criminal dictador, no han condenado el franquismo. Por eso en comunidades autónomas en las que cogobiernan con la extrema derecha han derogado la ley de la memoria histórica. No quieren que recordemos, quizá por eso Isabel Díaz Ayuso, la presidenta del Gobierno del PP en Madrid, ha eliminado -quizá debiéramos decir profanado- el monumento al 11-M.

El mismo grado de adicción que tienen contra la memoria lo tienen por la mentira. Por eso desde Tribuna Socialista todos los días del año recordamos y no olvidamos.

Comité de Redacción

Editorial: Las calles se calientan.

Las calles se calientan, y no estamos hablando del cambio climático. Los ataques que vive la clase trabajadora por parte del capital financiero en todo el mundo están teniendo su eco en las crecientes movilizaciones que conforman la resistencia a un modelo de sociedad que oprime a la mayoría social.
A pesar del rol “silenciador” que están jugando los grandes medios de comunicación, la mayoría social está expresando en la calle su hartazgo con la pasividad y tibieza con la que se actúa ante el genocidio que está perpetrando el Estado sionista de Israel contra el pueblo palestino. ¡Basta ya de hipocresías! El Alto el fuego es una exigencia, así como la ruptura de relaciones con Israel ya es un clamor. Estamos hartos de la palabrería de los gobiernos y la Comisión Europea, cómplices por activa o por pasiva con el genocidio.

También el campo se moviliza; particularmente los autónomos y pequeños productores. Los grandes latifundistas y ganaderos, como los duques de Alba, durante años han capitalizado las ayudas de la PAC, recibiendo cada año sumas millonarias. Pero los pequeños agricultores apenas pueden sobrevivir.

Como explicamos en el artículo «separando el grano de la paja», que se publica en este número, miles de pequeños agricultores protestan ante la dificultad para poder vivir de la tierra que trabajan. Aunque las protestas se centran en la burocracia para acceder a las ayudas, y las exigencias medioambientales, un análisis un poco más profundo nos lleva a concluir que la causa del problema radica en el propio mercado. La especulación de la tierra por un lado, y el poder de las grandes corporaciones de la distribución y fabricación de alimentos procesados para imponer el precio que se paga en origen al campesino. Esto, tiene consecuencias desastrosas tanto para los profesionales del campo como para los consumidores en general, quienes pagamos la inflación especulativa que arruina a trabajadores y pensionistas en general. Entenderlo marca la diferencia entre las posiciones socialistas y las que dice defender la extrema derecha populista.

Los agricultores y ganaderos protestan contra la excesiva normativa “mediambiental” ¡falsa defensa del medioambiente y la salud de los consumidores! Pues, si la preocupación de los legisladores de la EU fuese de verdad proteger la Salud de las personas y la Naturaleza, no abrirían las puertas de par en par a los productos de terceros países, ajenos a la UE, que no garantizan ningún respeto al medioambiente ni a la salud, pero sí generan una competencia desleal en los precios, facilitando la aludida imposición de precios a los agricultores, por parte de las grandes corporaciones de la distribución alimenticia.

Se incrementan las movilizaciones en defensa de la sanidad pública al mismo tiempo que salen a la luz nuevas pruebas y testimonios del horror que las trabajadoras y los ancianos tuvieron que vivir en las residencias gestionadas por el gobierno de Ayuso durante la pandemia.

Se incrementa el hartazgo contra unos jueces que contaminan la política, que usurpan el CGPJ desde hace cinco años (9 desde que fueron elegidos), y que (valga el juego de palabras) tienen la «des-facha-tez» de pedir a los políticos que les «dejemos en paz», ante la mirada cómplice de una monarquía que no solo tolera, sino que anima a los jueces a seguir en la misma línea de «independencia judicial», aunque ésta se base en patéticas acusaciones de terrorismo a algunos líderes independentistas, y «conspiranoicos» argumentos sobre las relaciones de Puigdemont con Putin. Todo vale, para unos jueces que niegan el “lawfare” pero lo practican con el único objetivo de desestabilizar al gobierno y que se rompan los acuerdos de investidura alcanzados entre los partidos antifranquistas.

En este sentido, incluimos en este número un nuevo artículo de opinión que trata sobre el “lawfare”, es decir, el ataque de jueces contra las decisiones del legislativo, y que trata también sobre la importancia de la ley de amnistía para el conjunto de la mayoría social, así como la necesidad de apoyar al gobierno de Pedro Sánchez y sus acuerdos con todos aquellos grupos que sirvan para avanzar en derechos sociales y laborales, y mejorar la convivencia y la relación entre los diferentes pueblos de España.

Al ritmo del aumento de precios de la cesta de la compra, asistimos a una nueva oleada de cierres y deslocalizaciones de empresas: Schneider, Bimbo, Danone y varios proveedores de Ford anuncian cierres. Alcoa y Arcelor frenan inversiones. Michelin y Stellantis decretan parones. Pablosky y GE ejecutan despidos. Todo ello, en medio de una cascada de ERE con miles de afectados. No podemos permitir más cierres, más despidos. Además de solidarizarnos con los trabajadores afectados, es necesario legislar para evitarlo. Mientras, la clase trabajadora se defiende en la calle, las reformas laborales de 2010 y 2012 continúan en vigor.

Mientras en España se calienta la calle, en Europa las cosas no van mejor. Italia, Hungría, Finlandia, Holanda, Polonia…en todos estos países, la socialdemocracia no ha sabido ofrecer alternativas sociales al liberalismo, pues actúan en su misma lógica económica, y hoy están gobernadas por títeres del capital financiero, recortando derechos. Alemania puede ser el siguiente.

La socialdemocracia debe ofrecer alternativas ante el auge de los gobiernos liberales y de extrema derecha que utilizan el término libertad en el mismo sentido en el que lo hacen Ayuso en Madrid o Milei en Argentina. Libertad de mercado eliminando lo público.

La socialdemocracia debe marcar diferencias con respecto al libertinaje del mercado. Mientras que la fuerza de trabajo se debilita y la desigualdad de rentas aumenta, se sigue el dictado de la OTAN para aumentar los presupuestos de defensa.

La guerra, la destrucción, es el camino que tiene el capital financiero para imponer su nuevo orden mundial, y cuando la socialdemocracia le sigue el juego, la derecha lo aprovecha. Donald Trump va incluso un paso más allá que Biden, y amenaza a los países aliados de la OTAN que no cumplan con destinar un 2% de sus presupuestos a defensa, avisando que no solo no los defenderá de un eventual ataque ruso sino que además animará a Putin a intervenir.

El mundo está en manos de psicópatas económicos y la respuesta de la socialdemocracia europea no puede ser la subordinación sumisa a sus estructuras: OTAN, FMI… La escalada bélica con su reguero de muerte y destrucción.

La guerra, no solo es militar, también es social; la especulación de la tierra y de los recursos naturales lleva al encarecimiento de los costes de producción, a la pobreza energética y al encarecimiento de los alimentos y productos de primera necesidad, y al abuso del incremento de los precios para la maximización de los beneficios de unos pocos.

Si Europa sigue la senda imperialista, Europa, la vieja Europa, la de los derechos sociales, la del estado de bienestar, dejará de existir como tal. Para construir esa alternativa social, nuestras sociedades deben decir ¡no! a aquello que está generando el encarecimiento de los costes, el empobrecimiento energético, y el debilitamiento del campo.

Debemos decir no a la guerra y sí a los derechos, sí a la producción regulada de bienes y servicios, sí a los sistemas públicos sanitarios, educativos, energéticos, sí a las infraestructuras hidráulicas que permitan una gestión sostenible de los recursos hídricos, sí al empleo, sí a las pensiones y sí a defender en la calle los derechos colectivos de la mayoría social. Y los más urgente ¡No al Genocidio en Palestina!

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Elecciones autonómicas en Galicia 18 de febrero 2024

Las expectativas y esperanzas poco fundadas han llevado a una abultada decepción en la izquierda, en Galicia, en general y muy particularmente en el mundo socialista del PSOE. Estos son los datos de las elecciones del 18 de febrero, comparativos con las celebradas el 12 de julio de 2020:

El análisis cuantitativo deja claro que el PSdG ha caído en diputados (-5), porque ha caído en votos (-46.059), a pesar de que la participación ha sido 12 puntos superior.

El PP ha crecido en votos, pero, aún así, ha bajado en diputados, aunque esto no le hace perder la mayoría absoluta, que en la Xunta está en 38 diputados. Tendría que haber perdido 3 diputados más para no tener mayoría absoluta por quinta vez consecutiva: 38 diputados en 2009; 41 en 2012; 41 en 2016; 42 en 2020; y los 40 de ahora.

El único Partido que ha ganado sustancialmente, tanto en votos como en diputados, ha sido el BNG, que ha obtenido un crecimiento del 50% sobre los votos de los anteriores comicios, lo que le ha proporcionado 6 diputados más, si bien, a efectos prácticos de la aritmética parlamentaria gallega poco cambia.

Todas las elecciones territoriales tienen sus particularidades. Sin embargo, tanto en Madrid, como en Euskadi, como en Galicia, el PSOE no solo no gana las elecciones, sino que además ha dejado de ser la fuerza de izquierdas más representativa, en favor de Más Madrid, Bildu o BNG, respectivamente.

No olvidemos que estas elecciones han sido anticipadas 6 meses porque así lo decidió Feijóo. Posiblemente, porque tras su fracaso en la investidura en septiembre del año pasado necesitaba revalorizarse en el seno de su propio Partido, en el que las ambiciones personales están a flor de piel.

Desde nuestro punto de vista, el debate sobre la Ley de Amnistía no ha sido determinante en el resultado; el PP gana por mayoría absoluta desde 2009 y no llevamos 15 años discutiendo de amnistía. Además, si este fuese un asunto determinante para el electorado gallego, el BNG, que apoya la amnistía, no hubiese obtenido los resultados tan positivos que ha recibido en las urnas. Por mucho que el pueblo gallego tenga su idiosincrasia, como cada pueblo del Estado español, está incluido en el barómetro del CIS de enero que dice que la amnistía solo está entre las tres primeras preocupaciones para el 2,3% de la población.

Desde luego que toca pensar por qué el PSdG-PSOE ha caído de manera tan abultada.

Un hecho objetivo, que no ayuda, es el que en estos 15 años pasados el Partido Socialista en Galicia ha tenido 5 secretarios generales diferentes y 4 candidatos distintos. Es evidente que esto no es lo mejor para consolidar un proyecto en un territorio en el que, además, el nacionalismo se sitúa en el mismo espectro ideológico, la izquierda. Si a esto se le añade la forma en la que se quitan y se ponen los líderes en el PSOE, en general, por ungimiento del líder federal, tenemos otro factor que contribuye al fracaso, como es la desafección de las bases militantes hacia las decisiones de las direcciones. El PP no es más democrático a la hora de imponer a sus líderes, a quienes incluso fulmina.

Por otra parte, está la estrategia. Se dice que las elecciones en Galicia las ganan, para el PP, las y los alcaldes. A este respecto hay que saber que de las 146 alcaldía que tiene el PP, sobre 300, solo el 17% son alcaldesas, el 22% en el PSOE y el 34% en el BNG -sirva esta información añadida como mensaje de cara al cercano 8-M-.

Lo anterior, además del sesgo machista, nos dice que el PP tiene el 48,66% del poder municipal, una base muy sólida para optar a la mayoría absoluta en la Xunta y las diputaciones. Este poder municipal, los gallegos y gallegas lo conocen de cerca, se ejerce con un alto grado de caciquismo. En los concellos, a los jóvenes que aún quedan en la Galicia del interior, les es más fácil encontrar empleo en los ayuntamientos -en el mantenimiento de carreteras y cunetas, en las subcontratas municipales, etc- si dan garantías de votar al Partido del alcalde. Cada cual que saque sus conclusiones y/o contraste este hecho. Esto no pretende ser excusa justificativa de los malos resultados socialistas.

No debemos dejar de observar que el porrazo electoral no solo se lo ha dado el PSdG-PSOE, también lo han sufrido, más si cabe, Podemos y Sumar que, en 2020, los primeros se presentaron como Podemos IU ANOVA y parte de los hoy Sumar Galicia eran En Marea, entre ambos han perdido 54.513 votos. Hacemos mención a estos partidos, pues, junto al PSOE han conformado los gobiernos de coalición pasado y actual.

El contenido de los programas y las campañas puede explicar por qué, a pesar de que la participación a crecido un 12%, la abstención es del 39%. De los 500.000 gallegos y gallegas que viven en el extranjero, pero que están censados en Galicia, solo ha votado el 6%. Además, tanto el voto nulo y el blanco suman un 1% del censo y han crecido un 16% y un 9%, respectivamente. Volviendo al barómetro del CIS del mes de enero, la pregunta nº 8 decía: ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?, el resultado no dejó lugar a la duda:

1º.- La crisis económica, los problemas de índole económica, con un 37%.

2º.- La sanidad, con un 17,6%

3º.- Los problemas relacionados con la calidad del empleo, con un 14,1%

La pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las pensiones que contrasta con los multimillonarios beneficios de las grandes empresas de la energía o del sector financiero. Los efectos de la privatización de la sanidad pública, y la precarización de las condiciones de vida y trabajo, por supuesto la ausencia de puesto de trabajo. Estas son las preocupaciones, que más bien poco han pesado en las propuestas de los partidos.

A lo anterior, hay que añadir los incumplimientos de promesas electorales, incluso legales, de los partidos mencionados que han formado y forman parte del Gobierno de coalición anterior y el actual. Incumplimientos tales como la no derogación de todos los elementos lesivos de las reformas laborales de 2010 y 2012, de ahí que la precariedad y la inseguridad en el empleo esté cronificada. Estos partidos y sus socios parlamentarios de izquierdas han sido incapaces de derogar la “Ley Mordaza”. Y unos y otros, a fecha de hoy, mantienen el incumplimiento de la Ley 21/2021, en su Disposición Transitoria sexta, encargar una Auditoría a las Cuentas de la Seguridad Social.

Estas cuestiones, señaladas a modo de ejemplo, afectan al electorado en Galicia, en Murcia, en Cataluña en Huelva y en Madrid, así como en los demás territorios que componen este Estado plural.

Si las elecciones se dirimen en las acusaciones y las campañas de desprestigio del contario, es entendible, aunque no se comparta, por qué más de un tercio del electorado que el día 18-F se quedó en casa.

Si a las imposiciones desde arriba le sumamos que las bases de afiliados se sienten “pagacuotas”, meros costaleros a los que se les llama para ir a las mesas electorales y poco más, y le añadimos la falta de consolidación de proyectos y la desventaja en el poder municipal, pensamos que hay ingredientes suficientes como para que la Ejecutiva Federal del PSOE y los demás partidos de la izquierda no nacionalista se lo hagan mirar.

Recuperar las propuestas netamente de izquierdas es absolutamente imprescindible para recuperar la confianza de la mayoría social en cada región y que como clase trabajadora tengamos una referencia clara.

El Comité de Redacción

Editorial: El alto coste de la guerra para los ciudadanos de Europa.

Lo hemos explicado en anteriores editoriales y lo han abordado los colaboradores de Tribuna Socialista en diferentes artículos, aportando datos precisos: ¡la Guerra en Ucrania tiene un alto coste para los ciudadanos de los países de Europa! Es lo que venimos llamando “La guerra social” que se desarrollacontra todos los pueblos del continente europeo.

                Nos referimos a los efectos económicos de la guerra, pues la sociedad ucraniana y la rusa están sufriendo la guerra en su sentido más dramático: desde el 24 de febrero de 2022, más de 7 millones de ucranianos han tenido que buscar refugio en otros países y 5,4 están desplazados de sus casas en el interior de Ucrania (datos facilitados por ACNUR en diciembre de 2023); en estos casi dos años de guerra, se han muerto 10.000 civiles, de entre ellos 560 niños y niñas, y 18.500 civiles han resultados heridos (datos de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU).

                A lo anterior hay que añadir la sangría en vidas de jóvenes, ucranianos y rusos en los frentes: En agosto del paso año, “The New York Times” citaba datos facilitados por instancias oficiales de EE.UU., según las cuales los soldados muertos y heridos se acercan a los 500.000 entre ambos contendientes. Un auténtico drama.

                No es posible hacer comparaciones de quién está sufriendo mayormente esta guerra. Pero no por ello debemos normalizar y asumir los efectos económicos que se están cebando con los pueblos de Europa, de los que se están aprovechando las grandes corporaciones y oligopolios.

                Esta guerra estalla en su forma actual con la invasión del territorio ucraniano por partedel ejército ruso. Esto es indiscutible. Pero no se puede negar que ocho años antes, el 21 de febrero de 2014, la Rada Suprema (nuestras Cortes) destituyó a VíktorYanukóvich de sus funciones de presidente de Ucrania. Fue el acto final de una crisis que se había desencadenado unos meses antes, el 21 de noviembre de 2013, cuando Yanukóvich suspendió la firma del Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea, lo que desembocó en las protestas del “Euromaidan”. Tras estos hechos lo que había eran negociaciones económicas que no cuajaron: la UE ofrecía 600 millones de euros a Ucrania, y el gobierno ucraniano consideró la oferta una humillación, además de acusar al FMI de falta de apoyo económico que compensase la ruptura de relaciones comerciales con Rusia, por parte de Ucrania. Lo siguiente fue, queen abril de 2014, estalló el conflicto interno, ucraniano, conocido como la guerra del Dombás.

                Una vez más tenemos que citar al militar y filósofo prusiano Karl von Clausewitz:

“La Guerra constituye un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad. Es la continuidad de la política por otros medios”

                Las desavenencias económicas entre la UE y Rusia están azuzadas por los EE.UU., pues el Acuerdo de Asociación de Ucrania y la Unión Europa no es más que una pieza de la partida que se viene jugando desde la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. Quien desee profundizar sobre esta cuestión y la expansión de la OTAN hacia el Este, recomendamos recuperar la lectura del artículo de nuestro compañero Roberto Tornamira, publicado en TS-145, de junio de 2023, “Ucrania: Alcanzar la paz y el desarme nuclear”.

                Llegados a este punto, resulta una ligereza decir que la guerra actual es única y exclusivamente por la ocupación del territorio este de Ucrania por parte de las tropas de Putin. Quién no vea una secuencia de hechos es por que está ciego o porque ha tomado partido. Lo que había detrás de los movimientos políticos y de las negociaciones económicas era ver quién se hacía con el negocio de la Energía en Europa, en concreto del mercado que Rusia tenía como suministrador de gas y petróleo. Negocio que ha cambiado de manos y ahora son los EE.UU., quienes suministran gas licuado a Europa, eso sí a precio mucho mayor que el gas que nos llegaba de Rusia a través de los gaseoductos Nord Stream, “reventados por nadie”.

                Las cifras disponibles hablan de que los EE.UU., han aportando más de 75.000 millones de dólares a Ucrania, al margen del coste de los equipamientos militares (hay que recodar que el presupuesto militar total de los Estados Unidos para 2023 fue de 857.900 millones de dólares, el mayor de todo el planeta). Hoy, la ayuda estadounidense para Ucrania en 2024 está sin aprobar por parte del Congreso y el Senado, por la oposición de los republicanos.

                Para comprender de qué va todo esto, hay que saber que los EE.UU., facturaron, en en el periodo marzo 2022 a septiembre de 2023, 66.700 millones de euros en concepto de Gas licuado, lo que significó un incremento del 360% respecto a 2021. Ya han trincado el negocio y ahora comienzan a pensarse si la inversión ha sido suficiente, pues el mercado está “asegurado” para muchos años.

                La Unión Europea, por su parte, a mediados de 2023, tenía comprometidos más de 77.000 millones de euros en ayuda a Ucrania. Es decir, que la UE, subordinada militar y económicamente a la USA, comparte los costes de la aventura militar de los estadounidenses y además paga la factura que supone el diferencial de precio del gas y el petróleo, por las sanciones contra Rusia. Sin contar con el coste de riesgo para la paz en el conjunto del continente.

                Ante estas evidencias, Tribuna Socialista participamos del Manifiesto Internacional contra la guerra de Ucrania, por el Alto el Fuego inmediato e incondicional, cuyos firmantes mantenemos la máxima de ¡Ni Putin ni OTAN!

                El problema es que Europa, y principalmente la UE, se ha visto arrastrada -con el beneplácito de los gobiernos- a una situación comprometida, cuyos efectos estamos pagando la mayoría de la sociedad, los de siempre. Una de las consecuencias más directa y evidente es la ola inflacionaria que nos está esquilmando los salarios y las pensiones desde hace dos años: alimentos, gas, luz, hipotecas, gasolina…El incremento de los precios de los combustibles está provocando las lógicas protesta de los agricultores en las dos principales potencias europeas: Francia y Alemania.

                El gobierno alemán ha recortado el subsidio al diesel, medida que no afecta solo a los campesinos, y ha introducido un impuesto a los vehículos agrícolas. Parece que al Gobierno semáforo de Alemania (SPD + FPD + Los Verdes) no le cuadran las cuentas y su Tribunal Constitucional les ha emendado la plana por 60.000 millones de euros. Todo ello, a pesar de que el ministro Agricultura, Cem Özdemir, advertía en diciembre que las medidas del Gobierno “superaban el umbral de dolor” del sector agropecuario, pero el resto del Gobierno hizo caso omiso.

                En lugar de explicar que el gobierno alemán, acatando las presiones de la OTAN, decidió destinar 100.000 millones a gasto militar para poyar a Ucrania, de ahí el agujero fiscal que arrastran, lo pretenden resolverdiciendo que los campesinos están influidos por la extrema derecha. Seguro que hay campesinos que votan a AfD (Alternativa para Alemania) el equivalente a VOX en nuestro país. Pero apelar al “lobo” es una simpleza.

                En Francia está ocurriendo algo similar, los agricultores protestan por el incremento de los precios de los combustibles y por de abuso que los mayoristas en la imposición de los precios de los productos agrícolas.

                En otros países de la UE hay situaciones de tensión con los productos agrícolas, concretamente en Polonia los agricultores llevan varios meses denunciando el “dumping” de precios del cereal respecto al precio de los cereales ucranianos.

                Las grandes multinacionales y los cárteles de hecho u oligopolios son los grandes beneficiados, quienes incrementan los precios de manera brutal y sin ningún control de los precios por parte de los gobiernos; un ejemplo de esto en España es el tremendo incremento del precio del aceite de oliva, sin que nuestro Gobierno haya hecho otra cosa que justificar y comprender a los productores, por la subida del precio de los fertilizantes desde el estallido de la guerra en Ucrania. ¿Quién comprende a las familias trabajadoras cuando ven doblarse y triplicarse el precio de un producto alimenticio básico, pero su salario crece por debajo del IPC?

                Para finalizar, Borrell, el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, tienen razón cuando dice que “Europa no puede reemplazar a Estados Unidos en la ayuda a Ucrania” Él tiene datos y elementos para decir eso, sin duda.

                Los esfuerzos de la UE no deberían estar centrados en la guerra, sino en la paz. Sería muchos más rentable económica y socialmente. 

El Comité de Redacción

Editorial: Salvar la economía hundiendo la humanidad

Esta última Editorial que despide 2023, no es un balance del año que termina, es una reflexión sobre lo absurdo de un sistema económico que destruye la humanidad.

El 24 de febrero se cumplió el primer año de guerra en Ucrania; en un par de meses se cumplirá el segundo aniversario. En agosto pasado, The New York Times daba la cifra de 500.000 víctimas rusas y ucranianas, entre muertos y heridos, datos facilitados por funcionarios estadounidenses anónimos. A esas víctimas hay que sumar los más de 5 millones de ucranianos desplazados más los 6,3 millones de refugiados, repartidos por el mundo, procedentes de Ucrania (datos de ACNUR de mediados de este año).

El 7 de octubre se desató el conflicto en Palestina. Más de 1200 muertos en los asentamientos y kibutz y más de un centenar de rehenes aún hoy en manos de Hamás. De manera inmediata, la reacción del Gobierno de Netanyahu ha tomado la forma de exterminio del pueblo palestino, con más de 20.000 muertos en la franja de Gaza, incontables heridos, la destrucción total de los hospitales en el norte de la franja y el sometimiento de la población a la hambruna en el sur. Además, de los cerca de 400 palestinos muertos en Cisjordania, a manos de colonos judíos y el ejército israelí. Las víctimas están siendo, principalmente mujeres y niños.

Estos son los datos de que disponemos. Pero, ¿Cuáles son los motivos?

En Ucrania, lo fácil, obvio e indiscutible es decir que Rusia ha invadido territorio ucraniano. Sin embargo, esta guerra, como la práctica totalidad de las guerras habidas en la historia y como en los más de 30 conflictos abiertos en el mundo actualmente, hay un trasfondo que no es tan evidente.

Lo que se dirime en Ucrania es el control del abastecimiento energético a Europa: nos suministran los oligarcas rusos protegidos de Putin o nos abastecen las multinacionales estadounidenses escudadas tras la OTAN. Esta es la disyuntiva que se disputa en territorio ucraniano; principalmente en el Este del país, donde antes de la invasión de las tropas de Putin ya había una guerra civil entre el Estado ucraniano y la población ucraniana ruso parlante del Donbass. Este conflicto fue provocado a su vez por la lucha de intereses entre la oligarquía rusa, en alianza con una parte de la oligarquía ucraniana, y las multinacionales occidentales en alianza con la otra parte de oligarcas ucranianos, a los que representa Zelensky. Estados Unidos, con la OTAN como punta de lanza, decidió hace ya tiempo colonizar todos los mercados mundiales, de ahí el avance de la OTAN hacia el Este de Europa; el problema es que ha llegado a la frontera con Rusia.

Lo de Palestina es distinto, sí. Pero con un trasfondo similar. No es necesario retrotraernos al Tratado de Versalles (1920), tras la primera Guerra Mundial, por el que se establecieron los protectorados que diseccionaron Palestina: gestión realizada por la entonces Sociedad de Naciones. Tampoco es preciso que profundicemos en el plan de partición de Palestina propuesto por la ONU, en 1947, apoyado por el trío: Churchill, Roosevelt y Stalin para dividir Palestina en dos Estados, uno judío y otro árabe. Si se profundiza un poco en esas decisiones impuestas al pueblo palestino se entenderán a la perfección las palabras de António Guterres, secretario general de la ONU, “los ataques de Hamás no vienen de la nada”. Siendo cierto, es curioso que lo diga el representante del organismo internacional que participó y tomo decisiones que han derivado en la situación actual. Como también llama poderosamente la atención que se insista en que la solución pasa por dos estados, cuando esta fórmula ha llevado al pueblo palestino al exilio, a ser preso en su propia tierra, y ahora masacrado.

La pregunta que cabe hacerse es ¿por qué actúa así el Estado de Israel? Porque es la forma en la que el imperialismo estadounidense se garantiza el control de una zona que tiene el petróleo por castigo, entiéndase la ironía. De ahí el apoyo incondicional de la Administración Biden a este crimen de lesa humanidad contra la población civil palestina, frente a lo que los gobiernos de las naciones occidentales, subordinadas a los USA, solo están oponiendo palabrería en el mejor de los casos -es el caso del gobierno de coalición, progresista, del Estado español-. El derecho a la legítima defensa no legitima, en ningún caso, la masacre de un pueblo.

Las consecuencias aún no han aparecido completamente. De momento se amplía el conflicto al Mar Rojo, donde las fuerzas hutíes de Yemen han decidido tomar partido por Palestina atacando los barcos que transiten por sus aguas, con bandera de países aliados de Israel. Hay que recordar que en Yemen se libra un conflicto desde 2015, en el que están implicados y confrontados Arabia Saudí e Irán: una monarquía sátrapa y un Estado teológico criminal que ocupan el 2º y 3er puesto, respectivamente, en el rankig de países con mayores reservas de petróleo.

En paralelo a los conflictos armados se desarrolla una “guerra” cuya munición son las decisiones políticas y económicas que toman las instituciones económicas internacionales, como el FMI, el BCE y la Comisión Europea, los gobiernos y las grandes corporaciones empresariales. En esta guerra las víctimas también son civiles; víctimas que sufren empobrecimiento, explotación… De esta guerra no escapa ninguna sociedad, ningún pueblo.

Uno de los casos más extremos lo sufre el pueblo argentino. Todos los gobiernos, tanto radicales como peronistas, han defendido el mercado libre y han dejado Argentina en una situación lamentable. Ahora, para “arreglarlo”, llega Milei, quién a nombre de la “libertad carajo” va a privatizar Argentina. De momento, para tener las manos libres, carajo, quiere arrasar con todas las leyes laborales y con los derechos de los trabajadores, como la seguridad social, el derecho a huelga y manifestación…

Milei se inspira en los Estados Unidos, está incluso decidido a sustituir el peso argentino por el dólar estadounidense -dolarizar la economía-. Su inspiración es ese país en el que caer enfermo es una ruina, en el que “4 millones de niños no tienen cobertura sanitaria, en el que un vial de insulina costaba hace ocho años 140 dólares y en el que muchas personas se medican con antibióticos para peces porque son los únicos que pueden pagar” (cita del libro “Esclavos Unidos, la otra cara del dream”, de Helena Villar).

El caso argentino es el más extremo en sus formas, pero nada tiene que envidiar al ultraliberalismo privatizador de la señora Ayuso en Madrid, a las decisiones de mister Sunak en Gran Bretaña o a las últimas decisiones anti inmigración de Monsieur Macrón en Francia.

La resistencia del pueblo palestino es vital para todos los pueblos del planeta, para toda la clase trabajadora. Si Israel aplasta al pueblo palestino cualquier gobierno se sentirá legitimado a reprimir salvajemente, incluso a su propio pueblo. Es por ello que cientos de miles de personas se han echado a las calles de las ciudades del mundo a decir «Alto al Genocidio”, “Palestina vencerá”. Movilizaciones que no han contado con el empuje de las grandes organizaciones de los trabajadores: políticas y sindicales, que han hecho tímidos gestos de apoyo, pero que en realidad están guardando un vergonzoso silencio.

De la misma manera, estamos expectantes a la respuesta que la clase obrera organizada del Argentina comienza a dar a las tropelías que prepara el Gobierno de Milei, a quién se abrazaron con entusiasmo los Abascal, Bolsonaro, Zelensky y otros invitados de “honor” en su toma de posesión.

Todo vale para salvar la economía, aunque se hunda la humanidad. Prueba de ello, por si lo dicho hasta aquí no es suficiente muestra de barbarie, es cómo el modelo de producción está destruyendo el planeta, por mucho que nos quieran convencer de que todos, la humanidad, somos culpables. No, los culpables son esa minoría social a la que pertenecen los que viajan a las “cumbres del clima” en sus jets privados y toman decisiones que les hacen aún más millonarios de lo que ya son.

Invitamos a reflexionar si verdaderamente merece la pena tanto sufrimiento y si es esto lo que deseamos dejar en herencia a las generaciones venideras.

La mayoría de la sociedad tiene la posibilidad de cambiar el rumbo, solo tiene que organizarse y tomar las riendas de su legítimo destino.

El Comité de Redacción