Categoría: Socialismo

Combatir la desigualdad social

No es el mejor momento para celebrar el añorado triunfo de Joe Biden, el avance de los PGE-2021 en el parlamento y tampoco  de recordar que Pedro Sánchez ganó las elecciones generales hace solamente un año. La COVID-19 sigue causando estragos en la salud y, particularmente, en la economía y en las personas más vulnerables. Entre sus efectos más corrosivos destaca de manera muy notable el aumento de las desigualdades, la ruptura de la cohesión social y el auge del fenómeno populista. Nos referimos en concreto al deterioro de los servicios públicos, al persistente desempleo, a la pérdida de presencia de los salarios en la renta nacional, la fuerte precariedad de nuestro mercado de trabajo, las severas carencias en protección social, la brecha digital y de género, la falta de igualdad de oportunidades…

Sin embargo, y a pesar de todo, el virus está poniendo de manifiesto la notable solidaridad en la Unión Europea y, sobre todo, en nuestra sociedad y familias, así como la decidida apuesta de muchos por las políticas redistributivas y, en concreto, por eliminar las brechas sociales de todo tipo, sobre todo las que sufren muchas mujeres, en coherencia con la lucha por la igualdad que presidieron las movilizaciones obreras a lo largo de nuestra dilatada historia.

En el contexto internacional, las últimas elecciones en EEUU han estado también  muy marcadas por la lucha contra la violencia y la explotación ejercida sobre muchos inmigrantes (latinos y  personas de color). La política supremacista de Donald Trump no ha dudado en alentar los brotes de racismo y xenofobia, defender el proteccionismo comercial (“Ámerica lo primero”), la reducción de impuestos, la supeditación de la lucha contra el virus  a los negocios, así como la subordinación  de la economía y del empleo a las políticas neoliberales: la desregulación absoluta de la económica y el fuerte golpe a los derecho laborales y sociales. No resulta extraño que los electores hayan rechazado claramente esta actitud y apostado por una política más redistributiva que incluya aumentar los impuestos a los más ricos, respetar los derechos sociales, garantizar una mayor presencia del Estado en una economía social de mercado y apostar por el multilateralismo en un mundo globalizado. 

En todo caso, la Pandemia está demostrando que los países más avanzados en términos económicos, sociales y de salud pública disponen de más recursos y están superando mejor los terribles efectos de la crisis. Por eso se debe insistir en poner en valor la justicia social, la lucha por la igualdad, la protección social a los más débiles, los derechos laborales y sociales, los servicios públicos (sanidad y enseñanza) y el compromiso activo por aumentar los ingresos fiscales, entre otras medidas.

Particularmente, los servicios públicos han sufrido los destrozos de las políticas de austeridad y, actualmente, de la Pandemia. De manera especial, el personal sanitario ha carecido de la necesaria protección contra el virus, además de soportar unas penosas condiciones de trabajo: largas jornadas de trabajo y salarios muy bajos, lo que ha representado una auténtica regresión comparativa con los países más avanzados de la UE. En estas circunstancias, la prioridad del Gobierno y de las CCAA debe ser reforzar la prevención y la salud pública. En concreto, proteger a los profesionales sanitarios, examinar a fondo el funcionamiento de las residencias de mayores (son intolerables los nuevos contagios), potenciar la atención primaria, incrementar las pruebas de diagnóstico, frenar el desvío interesado de enfermos a la sanidad privada, como está ocurriendo, con muy poca transparencia, en algunas CCAA, además de coordinar la distribución de las vacunas disponibles en el momento apropiado.

En todo caso, debemos recordar que el aumento de las desigualdades está muy marcado por el desempleo, la precariedad y la dualidad de nuestro mercado de trabajo (a la cabeza, junto a Grecia, de la UE). Efectivamente, el escaso empleo que se genera contempla altos índices de precariedad: la tasa de temporalidad sigue alcanzando porcentajes intolerables, el trabajo a tiempo parcial no deseado se consolida, la prolongación de la jornada muchas veces no se paga, se deteriora la salud en el trabajo, los contratos a cero horas resultan abusivos y escandalosos y los falsos autónomos aumentan considerablemente… Sobre todo resulta intolerable el alto  desempleo de los jóvenes, mujeres, inmigrantes y mayores de 52 años, así como la baja cobertura de la prestación por desempleo que, a pesar de su mejoría, sigue siendo insuficiente para paliar la dramática situación de muchos desempleados.

Hasta ahora, las derechas se han limitado a defender que el crecimiento de la economía impulsado por la iniciativa privada es la única alternativa para crear empleo, a pesar de que se ha demostrado que ello resulta claramente insuficiente. A la izquierda se le exige, lógicamente, mucho más: alternativas y políticas públicas de inversión capaces de avanzar en la resolución de los problemas que condicionan nuestro presente y futuro e, incluso, nuestro propio Estado de Bienestar Social. En concreto, renegociar la prolongación de los ERTE y de los créditos ICO, aplicar con eficacia el IMV, así como apoyar al sector de hostelería y al pequeño comercio, en el marco del diálogo social reforzado en torno al Plan de Recuperación del Gobierno. 

Además, en estos momentos, el Gobierno debe revisar a fondo las actuales políticas activas de empleo, como ha propuesto la ministra de trabajo a los interlocutores sociales para su consideración: la cuantía de la inversión, las bonificaciones a la contratación y, sobre todo, lo relacionado con la formación y la cualificación profesional (teórica- práctica). En segundo lugar, debe elaborar un diagnóstico certero en torno a las oficinas públicas de empleo. Las oficinas públicas son muy eficaces para registrar a los trabajadores desempleados y gestionar la prestación por desempleo. En cambio, fracasan en su tarea de intermediación en el mercado de trabajo y arrastran en esta práctica a las empresas de trabajo temporal (ETT), a los interlocutores sociales e, incluso, a la Inspección de Trabajo en sus diversas competencias.

En tercer lugar debe abordar a medio plazo el cambio de nuestro modelo de crecimiento (que tenga en cuenta el cambio climático y el medio ambiente) y de nuestro modelo productivo (digitalización, conocimiento y valor añadido), al margen de dimensionar las plantillas de las pequeñas empresas y de buscar nuevos yacimientos de empleo. En este sentido, es imprescindible que la actividad industrial en nuestro país alcance el 20% del PIB y conviva con el turismo, la agricultura y los servicios, con el propósito de alcanzar un alto grado de diversificación de la economía en todas las CCAA, incluidas las agrarias (industria agroalimentaria). Esta será la mejor alternativa para consolidar los asentamientos de población y atraer a nuevas personas a la España del interior, lo que evitará que el espacio rural se vacíe definitivamente.

Por eso, no es extraño que los sindicatos insistan en abordar estos graves problemas y, en coherencia con ello,  exijan derogar las reformas laborales, sobre todo después del desafortunado y rechazable Informe del Ministerio de Economía y de la Oficina Económica de La Moncloa: Inversiones y reformas para un mercado laboral dinámico. Este Informe ha abierto un nuevo frente entre el PSOE y UP e, incluso, puede  reproducir las diferencias históricas que se suscitan entre las áreas de trabajo y economía de cualquier gobierno. Debemos recordar los terribles efectos de la  reforma laboral impuesta por el PP: agresiva devaluación salarial, abaratamiento del despido, intolerable precariedad del empleo, deterioro de las condiciones de trabajo y sobre todo la apuesta por el convenio de empresa en detrimento del convenio de sector, lo que ha reforzado considerablemente la actual relación de fuerzas (muy favorable a los empresarios) y expulsado en la práctica a los sindicatos de la pequeña empresa.

Por eso, en la actualidad, muchos trabajadores exigen una explicación y se preguntan ¿A qué esperan el PSOE y UP para corregir esta dramática situación? ¿Espera el Gobierno a que se aprueben los PGE-2021? y ¿Qué harán con este Informe la CEOE y los sindicatos? No es fácil contestar a estas preguntas en medio de la Pandemia. Sin embargo, existe un consenso mayoritario en derogar cuanto antes las últimas reformas laborales y, en todo caso, eliminar las medidas más lesivas para los trabajadores. En este sentido, hay que dar prioridad a los convenios colectivos de sector (las empresas en dificultades  pueden defender y argumentar siempre su descuelgue) y a la reducción de la precariedad de nuestro mercado de trabajo: recuperar la causalidad en la contratación, perseguir el abuso y el fraude empresarial y fortalecer la inspección de trabajo. En definitiva, potenciar la negociación colectiva y facilitar su articulación a todos los niveles, así como su extensión, con el propósito de que todos los trabajadores estén cubiertos por un convenio. En definitiva, el convenio estatal de sector debe ser la referencia obligada para fijar los ámbitos de negociación, así como los contenidos a negociar de manera articulada en los ámbitos inferiores.

Por lo tanto, la revisión en profundidad de la legislación laboral y el reforzamiento de la negociación colectiva no solamente afecta al acuerdo programático del actual Gobierno. Afecta también al PSOE, UP, sindicatos, trabajadores e, incluso, a los empresarios. De acuerdo con ello, la CEOE debería tener una actitud más comprometida y menos cortoplacista y, como consecuencia,  defender sin reservas la “autonomía de las partes” y buscar un acuerdo que facilite la decisión final del Gobierno. Buenas razones para que la reiterada demanda sindical- de abordar  en profundizar la legislación laboral- sea asumida como uno de los ejes fundamentales de la llamada Agenda Social (un mercado de trabajo digno y con derechos), lo que además debería facilitar la salida progresista de la crisis en esta legislatura.

Finalmente, entre las medidas progresistas se debe incluir también la protección social y, sobre todo, la política fiscal como ejes vertebradores de una ilusionante política socialdemócrata que luche eficazmente por superar las desigualdades. Para aplicar estas alternativas siempre es un buen momento; por eso, la Pandemia y la crisis económica y social no pueden ser nunca utilizadas como coartada justificativa  para retrasar su aplicación en el tiempo, sobre todo cuando son perfectamente compatibles con los PGE-2021 y con la distribución de las ayudas acordadas por la UE.

Antón Saracíbar

Principios políticos, democracia, Bildu y PGE

El que Bildu se halla sumado a apoyar en principio la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado me parece una buena noticia en un doble sentido.

Por un lado me parece un triunfo de la democracia en mayúsculas y viene a dar la razón a todos aquellos que siempre mantuvimos que contra las bombas estaban los votos, que en democracia se puede defender cualquier cosa pero siempre y exclusivamente con la palabra, lo cual lleva implícito, al menos desde un punto de vista de aceptación de los valores democráticos, no solo la defensa parlamentaria de éstos, sino sobre todo su puesta en práctica mediante el ejercicio del pacto, el acuerdo y el consenso democrático. La alternativa a esto, o sea, el desprecio de esta manera de entender la vida democrática y su traslación parlamentaria supondría un cínico ejercicio de hipocresía política, ¿cómo defenderíamos el rechazo total a hablar con Bildu?, ¿qué le diríamos?: “os hemos estado engañando (…) cuando decíamos que dejarais las armas y  aceptarais la democracia os mentíamos a sabiendas (…)” ¿Ese debiera ser el valor de nuestra palabra política?

Sin duda el camino democrático, lo que se hace en los Estados de Derecho en donde la democracia está firmemente implantada, pongamos como ejemplo el caso del Reino Unido, Irlanda, los renombrados Acuerdos del Viernes Santo y el encaje del Sinn Fein en el parlamento, es precisamente mantener sobre cualquier otra cosa los principios democráticos: el valor de la palabra, la discusión dialéctica, la confrontación de ideas y de ideologías y la capacidad de, sustentados en estos, llegar  a acuerdos y consensos con el oponente.

Por si estos argumentos de por sí no fueran lo suficientemente contundentes, debemos señalar que ninguno de los parlamentarios de EH-Bildu tiene cuentas pendientes de ningún tipo con la Justicia, que han explicitado de forma contundente su renuncia a cualquier tipo de violencia y que en otro orden de cosas, los condenados por delitos terroristas siguen y seguirán hasta que decida la justicia en la cárcel, y que ETA fue vencida por el Estado, precisamente con un gobierno socialista presidido por Jose Luis Rodriguez Zapatero y con Alfredo Rubalcaba como ministro del Interior, sin que se hiciera ningún tipo de concesión a la banda terrorista.

Pero claro mantener este discurso y ‘hacer política’ defendiendo esta línea de actuación requiere el tedioso y lento esfuerzo de hacer pedagogía, de tener que explicar sin descanso porque uno actúa de este modo, porque es este el camino correcto y cuáles son los principios básicos y sagrados de la democracia, esto suele llevar tiempo, normalmente mucho tiempo, suele dar frutos a medio y largo plazo, nunca en el momento, y obviamente algunos prefieren alinearse con el impulso sentimental, además muy humano, de rechazo que provoca el recuerdo de la violencia terrorista que comprensiblemente otorga votos per se; y si además para ‘algunos y algunas’ les vale para criticar la política de pactos de la dirección del PSOE pues miel sobre hojuelas, y no me estoy refiriendo exclusivamente a la derecha, creo que se me entiende.

Y por otro lado me parece que en la situación de excepcionalidad en la que vivimos requiere que la reconstrucción del país, que sin duda será ardua, cuente con el mayor apoyo posible de voluntades; estas voluntades en política se reflejan, en primer lugar en la aprobación  de unos Presupuestos Generales del Estado que doten con respaldo económico las líneas políticas a seguir, y en segundo lugar en la discusión y el acuerdo de esas ‘políticas a seguir’, por lo que sería deseable el acuerdo de cuantos más mejor. Si en esos acuerdos caben Bildu, un partido de izquierdas y el PNV, un partido de derecha, tanto mejor, mostraríamos que seriamos capaces de pactar con la derecha moderada y de ayudar a Bildu hacia un camino de normalización democrática; pero por todas estas razones sería deseable contar finalmente también con el apoyo de Ciudadanos, deberíamos también ser capaces de ayudar, o al menos de intentar, que Ciudadanos se alejase de las posturas radicales de la derecha extrema y de la extrema derecha y se acercarse a la centralidad. Los mismos argumentos éticos que utilizamos para anteponer la grandeza de la democracia como sistema y que por tanto no es solo aconsejable sino necesario por higiene democrática atraer a todos al debate político valen en este sentido tanto para Bildu como para Ciudadanos o para cualquier otro partido político. Nosotros, los socialistas, a priori no debemos rechazar a nadie, que quienes quieran se autoexcluya ellos mismos por sus actos, no por nuestros apriorismos. No me gustaría pensar que quienes promueven la exclusión de otros lo hagan motivados por el afán de constituirse en los únicos válidos y necesarios y por tanto en imprescindibles.

Jose Luis Bejarano Damas

Tribuna Socialista de Sevilla

Agrupación municipal de Almensilla.

No siempre tiene que seguir ganando la banca

Hace unos días los pensionistes de El Vendrell pedían a los partidos políticos que aspiran a representarles que se posicionaran exigiendo a los bancos una mayor humanización, y más personal para poder ayudarles, presencialmente, a realizar trámites que, por si solos, no saben o pueden realizar utilizando los cajeros y la banca online.

Ciertamente, los pensionistas tienen razón en exigir que la banca deje de despedir trabajadores, que vuelva a atender personalizadamente, como antaño lo hacían las cajas de ahorro, y que dejen de cobrar comisiones por todo, en especial, por hacer trámites en ventanilla, como correspondería a un “Servicio de interès general” que debiera ser público, en tanto que servicio de interès general.

No es que la banca pierda dinero. La banca siempre gana. Mientras la mayoría nos ajustamos el cinturón a los tiempos que corren, el negocio de la banca ha mejorado en plena pandemia con más de 55 millones diarios en comisiones.

Los números rojos de la banca solo obedecen a ajustes contables. El sector financiero està obteniendo mayores ganancias que el año pasado gracias, principalmente, al cobro de comisiones por prestar servicios bancarios a los clientes, que entre enero y septiembre alcanzaron la cuantía de 15.146 millones de euros.

El peso de las comisiones en el negocio bancario espanyol supone casi la tercera parte (31%) de los 23.119 millones de euros que suma el margen bruto de los seis grandes bancos.

Asufin (Asociación de Usuarios Financieros) hizo público un informe según el cual «los bancos están reaccionando con subidas de comisiones a un Euribor en tasas históricamente bajas, incluso con cobros por operativa en ventanilla» que «suponen un paso más para alejar a los clientes de las oficinas bancarias» y que, especialmente en el caso de los consumidores vulnerables y de los de mayor edad, «contribuyen a aumentar la brecha digital».

No solamente los particulares son maltratados por la banca. La administración, y puedo hablar de ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones, necesitan tener el dinero público que los distintos Presupuestos asignan al pago de las nóminas de los empleados públicos, al pago de los proveedores, al pago de los distintos servicios municipales, comarcales o provinciales que se prestan a la ciudadanía. Es el dinero público que tienen asignados estas administraciones y que proviene de las tasas e impuestos que todos pagamos. Ese dinero ha de estar depositado en bancos hasta su utilización. Pues bien, los bancos en la actualidad están cobrando comisiones sobre ese dinero público. Imaginen: un banco cobra a un ayuntamiento mediano, con un presupuesto de 60 millones de euros, unas comisiones por valor de 150.000€ por la cara (0,25% de comisión por cada millón de euros depositado). Ese es el salario de unos cuantos trabajadores públicos, o el recorte de servicios como educación, limpieza de calles y recogida de basuras, o cualquier otro de los servicios prestados por la administración local,

El Banco de Santander, líder del sector, anuncia a bombo y platillo: «Santander habrá cumplido a finales de año y antes de lo previsto el objetivo de ahorro de costes de 1.000 millones de euros en Europa que anunció en 2019. La entidad espera reducir los costes por valor de otros 1.000 millones de euros en los próximos dos años en Europa«.

Eso significa que tras más de 90.000 despidos en los últimos años, la banca apunta a nuevas oleadas de despidos en el sector bancario. Despidos que crecen al mismo ritmo que aumenta la digitalización del negocio, que en el caso de Banco Santander y Bankia, suponen el 40% de sus ventas, acercándose al 60% de BBVA.

Más trato presencial reclaman los pensionistas, mayor fluidez del Crédito reivindican los autónomos, menos comisiones reinvidicamos todos.

Que mientras las economías de los trabajadores se hunden los bancos ganen más dinero que nunca, da una idea de lo podrido de un sistema económico que exige a gritos que el sector público coja las riendas de la economía, con un sistema financiero público, exclusivamente público.

Baltasar Santos

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

El pueblo chileno derrota en las urnas a los defensores de la constitución Pinochetista

El domingo día 25 de octubre se realizó el referéndum donde los chilenos decidieron por abrumadora mayoría cambiar la constitución redactada en 1980 bajo el régimen de Pinochet.

El 80% de los chilenos, que fueron a las urnas, han votado por el cambio de Constitución, en todas la regiones de Chile el voto mayoritario fue a favor del sí al cambio constitucional, solo en los distritos de Santiago de Chile donde viven los gobernantes de derechas el voto ha sido por mantener la constitución actual.

Especial relevancia tiene la alta participación, si lo comparamos con otros comicios, en el referéndum y en particular la juventud que se ha volcado en unas votaciones que son, bajo otra forma, la continuidad de las movilizaciones empezadas en octubre pasado, lo que supone una derrota para el gobierno derechista de Sebastián Piñera que se resistía hasta el último momento a realizar el plebiscito.

Ciertamente el presidente Piñera y su Gobierno salen más debilitados de lo que ya estaba, pues la lucha que durante este año han

 mantenido la mayoría social de Chile está estrechamente ligada a la defensa de las pensiones, de los estudiantes defendiendo el derecho al estudio, y de los sectores productivos fuertemente dañados, la defensa de la democracia que se concreta en la necesidad de un cambio constitucional que garantice todas las demandas mayoritariamente formuladas.

Ha sido un triunfo del pueblo que inició hace un año una lucha por sus reivindicaciones y que ha encontrado un verdadero obstáculo en la Constitución Pinochetista.

José A Iniesta

Afiliado del PSC de la agrupación de Sant Boi.

Miembro del Comité de Redacción deTS.

El PP en una difícil encrucijada*

La COVI-19 está causando de nuevo una auténtica alarma en la población derivada del deterioro de la salud pública y de los considerables destrozos que está causando en términos económicos y sociales. Todos los datos conocidos nos sitúan a la cabeza de la UE en cuanto a rebrotes y todo parece indicar que la desescalada se efectuó de manera precipitada y que las medidas relacionadas con la contratación de los rastreadores y las encaminadas a fortalecer la sanidad primaria y el sector de enfermería no se han aplicado.

Madrid destaca en todas las estadísticas publicadas: contagios, hospitalizaciones, fallecimientos… Además,  se ha convertido en un ámbito geográfico de fuerte confrontación política, a pesar de las reuniones, al más alto nivel, celebradas entre Pedro Sánchez, Díaz Ayuso y sus equipos correspondientes, con la intención de cogobernar la Comunidad Autónoma con medidas consensuadas para combatir con mayor eficacia la COVID-19. Por el momento, no está siendo posible desarrollar pacíficamente los compromisos alcanzados en las reuniones celebradas, con el agravante de que una reciente resolución judicial no ayudó a restringir la movilidad de la población y, en definitiva, proteger a las persona y erradicar el virus, lo que obligó al Gobierno a decretar finalmente el Estado de Alarma.

La Comunidad Autónoma de Madrid cuenta con una población de 6.747.425 de personas (INE, del año 2020) y con el 19,2% del PIB nacional. Se trata, por lo tanto, de una gran urbe, sede de la administración central del Estado, con un fuerte sector financiero y de servicios, un potente comercio e, incluso, un relevante sector industrial, lo que justifica plenamente el mantener un fuerte dispositivo de movilidad basado en el transporte público: tren (AVE y Cercanías), autobuses urbanos, metro y transporte aéreo. Esta gran aglomeración de personas en tránsito se produce todos los días y, desde luego, no hay que descartar que facilite la propagación del virus como han declarado muchos expertos, lo que aconseja aumentar, sin reservas ni demoras, la oferta de transporte público en las horas punta para garantizar el desplazamiento seguro de los trabajadores.

Debemos recordar también la gran influencia que tiene la movilidad de Madrid en otras CCAA, lo que hace necesario aplicar severas medidas de control de la población, a pesar de su repercusión negativa en la sostenibilidad de las empresas, sectores de producción, servicios y comercio en general. Esta circunstancia se esgrime por Díaz Ayuso (“Madrid no se puede cerrar, nos estamos arruinando”) como determinante para reducir el confinamiento, cuando todos hemos asumido que sin resolver los problemas relativos a la salud no es posible que supervivan las empresas, ni tampoco los sectores de producción y servicios que sustentan la economía en su conjunto.

Otro punto relevante, y que ha sido tratado ampliamente por diversos analistas, se refiere a la fuerte repercusión que han tenido las políticas de austeridad emanadas de la UE en los servicios públicos. En este sentido, la sanidad (particularmente la asistencia primaria) sufrió fuertes recortes, que afectaron al número de profesionales (médicos, enfermeras y trabajadores de mantenimiento y limpieza), a la protección individual, así como a las condiciones de trabajo, contratación y salarios. A lo que hay que añadir el fuerte estímulo ideológico a la privatización del Sistema de Salud, que ha presidido los últimos gobiernos del PP (sobre todo en el País Valenciano y Madrid).

Por último, un asunto no menos importante se refiere al componente político que tiene el enfrentamiento (choque de trenes) entre el Gobierno del Estado y el fallido Gobierno de la Comunidad madrileña. Díaz Ayuso, de acuerdo con la dirección del PP, ha sido desde el primer momento el martillo utilizado contra Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el camino emprendido por las derechas para desestabilizar al Gobierno de coalición. En cualquier caso, y al margen de la confrontación política, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no debe olvidar en estos momentos que lo primero es la salud: más médicos, más enfermeras, más protección de los sanitarios y, sobre todo, rastreadores (aún no se conoce su número) y asistencia primaria. Por eso, sobran banderas, llamamientos patrióticos, inauguraciones esperpénticas, políticas de cartón piedra alejadas de la realidad social (abuso irracional del marketing político) y, desde luego, politizar y judicializar la aplicación de las medidas para combatir la Pandemia.

Sin embargo, lo que está ocurriendo en Madrid, desde la moción de censura a Mariano Rajoy, no es una casualidad. Las derechas nunca han reconocido a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y mucho menos han aceptado el nombramiento de Pablo Iglesias como vicepresidente y, como consecuencia, todos los pasos dados hasta ahora por las derechas han tenido la finalidad de desprestigiar cualquier medida que haga posible que el actual Gobierno acabe la legislatura. Para defender esta actitud, ni siquiera han dudado  en aprovechar las repercusiones negativas que pudiera tener la COVID-19 en el electorado (actitud auténticamente carroñera), utilizando falsedades, insultos, exabruptos y todo tipo de provocaciones.

Efectivamente, las derechas- con su estilo bronco y tabernario-  están actuando al margen de lo que se puede considerar como una oposición constructiva, razonable y con sentido de Estado. Su política está basada- al margen de desprestigiar a Unidas Podemos (considerado como un partido “filocomunista”)-, en fomentar el populismo en torno al COVID-19, reducir impuestos y debilitar y privatizar los servicios públicos (sanidad y educación), aunque sea a costa de dimensionar los posibles errores del Gobierno, aumentar la polarización y la división de la sociedad, incrementar considerablemente las desigualdades y poner en riesgo la salud de las personas.

La actitud del PP ante los PGE-2021 es muy similar. Denuncia el coqueteo del Gobierno con los independentistas (algo que nadie quiere ni desea); sin embargo, se niega a facilitar el trámite parlamentario de su aprobación para canalizar y aplicar, entre otras medidas, las ayudas provenientes de la UE para combatir la crisis, avanzar en la reconstrucción del país y ayudar a las personas más vulnerables. Lo que resulta más grave es que tampoco dudan en apropiarse de la figura del rey en la confrontación partidaria (aprovechando una decisión sumamente discutible del Gobierno) y mucho menos en bloquear las instituciones del Estado, lo que representa un ataque directo al funcionamiento de nuestro sistema democrático. Sin olvidar su reiterado rechazo a hablar de la derogación de la reforma laboral, la sostenibilidad de las pensiones, el IMV y de constatar su falta de alternativas en relación con la digitalización, el cambio climático, la igualdad de género y el cambio de nuestro modelo productivo (valor añadido, productividad, investigación, cualificación…).  

La última actuación del PP ha resultado particularmente infame e intolerable. A propuesta de Vox, y junto a Ciudadanos, ha apoyado una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid para retirar los nombres de Francisco Largo Caballero  y de Indalecio Prieto de las calles de la capital, invocando la Resolución del Parlamento Europeo de 19 de septiembre de 2019 (aprobada como rechazo a la 2ª Guerra Mundial iniciada por el nazismo) y el artículo 15 de la conocida como Ley de Memoria Histórica del año 2007, impulsada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. Una Ley que nace precisamente para todo lo contrario: restaurar la memoria de las personas asesinadas y represaliadas por la dictadura y denunciar y los horrendos crímenes franquistas.

Como es de sobra conocido, Largo Caballero es Indalecio Prieto se opusieron frontalmente, junto a otros muchos, al fascismo, al levantamiento militar, la guerra Civil y la dictadura. Las consecuencias del golpe militar contra la legalidad republicana fueron terribles: asesinatos, cárcel, represión, clandestinidad y exilio. Incluso, Largo Caballero sufrió la detención de la Gestapo en Francia y terminó  confinado en el campo de concentración Sachsenhausen – Orianenburg (Alemania), por su condición de secretario general de UGT, firme defensor de la II República, de la democracia, el socialismo y, por lo tanto, luchador infatigable contra el fascismo.

Fue, además, ministro de Trabajo (desde el año 1931 hasta 1933), promulgando la legislación social más progresista de la época, además de presidente del Gobierno y ministro de la guerra, junto al también ministro Indalecio Prieto, en plena guerra civil. Rodolfo Llopis (secretario general del PSOE en el exilio), con motivo de su muerte (23 de marzo de 1946), le rindió homenaje manifestando: “El proletariado español ha perdido al hombre más representativo de su clase”. Sin duda, su personalidad, y la de Indalecio Prieto, facilitarán la aprobación y aplicación de las medidas necesarias para restaurar la dignidad de ambos figuras. En todo caso, este breve resumen pone claramente de manifiesto la profunda ignorancia e irracionalidad de los concejales que aprobaron semejante atropello democrático en el Ayuntamiento de Madrid.

Los problemas del PP se agigantan porque, además de los graves hechos mencionados, Pablo Casado todavía es incapaz de responder con solvencia y credibilidad a la acusación de financiación ilegal, corrupción y presunta utilización de los fondos reservados del ministerio del interior.  Hasta ahora, los máximos responsables (el barbas, el asturiano, la pequeñita, la rubia…) se han dedicado exclusivamente a defenderse y tapar sus vergüenzas. Por eso siguen siendo investigados- cuando menos de colaboración necesaria- y tendrán que responder de los hechos ante la ley.

No es extraño que, en la actualidad, resulte difícil  reflexionar a fondo en el seno del PP, sobre todo cuando algunas encuestas le sitúan claramente a la baja en beneficio de Vox. A pesar de ello, es imprescindible que lo haga, simplemente porque nuestra democracia necesita una oposición fuerte, responsable y con sentido de Estado. Sobre todo, en una situación extremadamente adversa como la nuestra. Ojalá lo consiga.

Antón Saracíbar

* En memoria de María Luisa (“Libertad”) Fernández Lafuente, infatigable luchadora por la libertad, la democracia y el socialismo.

Necesitamos dotar nuestros sistema de salud público de muchos más recursos

Durante años, muchos han dicho que teníamos «la mejor sanidad del mundo, pero ahora, nos encontramos en Cataluña un sistema colapsado, y no como consecuencia de la Covid-19, sino que en la última década, los recortes en el servicio público de salud por parte de la Generalitat hace tiempo que viene dando síntomas de su situación límite: aumento de las listas de espera para consultas de especialistas y para intervenciones quirúrgicas, la masificación de los centros de salud, que ponía de manifiesto la falta de médicos de familia, pediatras, enfermeros y otros profesionales, y la saturación de las urgencias, y la falta de camas hospitalarias.

Las políticas de salud de Mas, Puigdemont y Torra han agravado el problema

De los 9.875,81 millones de euros del 2010 destinados a la salud de 7,46 millones de personas en el último presupuesto del Gobierno Montilla (PSC), hemos llegado a los 8.876 millones de euros de 2020 destinados a la salud de 7, 72 millones de personas en los últimos presupuestos de JxCat y ERC. Un millón de euros menos para atender a una población que ha aumentado en 260.000 personas. De una inversión en salud de 1323 € por persona, hemos pasado a 1.148 € por persona. En 10 años el gasto de la Generalitat ha bajado un 27%. Según el sindicato «Médicos de Cataluña» si tenemos en cuenta la inflación el presupuesto de salud de la Generalitat es de 1685 millones menos que hace 10 años, y tenemos 920 facultativos menos a la atención primaria.

A finales de enero de 2020, el «Círculo de Salud» hizo público un estudio «la enfermedad de la sanidad catalana: financiación y gobernanza» que concluye en la necesidad de que los presupuestos de la Generalidad DEBERIAN de experimentar un incremento en más de 5.000 millones € cada año para equiparar el gasto en salud pública de sistemas de salud homologables.

La privatización de la atención sanitaria

El 76% de los hospitales y el 56% de camas hospitalarias en Cataluña son gestionadas por empresarios privados:

• El 42% del total de camas hospitalarias de Cataluña son propiedad del grupo Quirónsalud.

• Cataluña se ha convertido en el territorio que regala más dinero público a las clínicas privadas: La derecha catalana ha hecho enfermar a la sanidad pública.

Las listas de espera desbordadas

Para hacer frente a la Covid, con un sistema sanitario absolutamente insuficiente, se han anulado intervenciones quirúrgicas y se ha abandonado a muchos pacientes. Los oncólogos denuncian que el diagnóstico de cánceres ha disminuido en estos meses un 25%. Evidentemente, no son los procesos oncológicos los que han disminuido, es la falta de asistencia médica que hace que una cuarta parte de los cánceres no se diagnostiquen a tiempo. La demora en visitas al especialista, pruebas y operaciones incluidas las oncológicas han aumentado dramáticamente

La atención primaria

La atención primaria es la pieza básica y no ha tenido ningún momento de descanso desde la primera ola de la Covid-19. Ahora, desde atención primaria atiende residencias, domicilios y se hace vigilancia epidemiológica con las PCR. Se necesitan manos, recursos tecnológicos y espacios. Los profesionales no pueden más, y las bajas entre los profesionales han pasado del 3% al 10%.

Ante la falta de atención en los CAP, muchas personas optan por automedicarse   y los enfermos crónicos han dejado de ser seguidos por sus médicos de familia.

Los médicos de familia se han visto forzados a hacer una bolsa común de enfermos a los que llamar si se han solicitado consultas, sin tener en cuenta si son o no personas adscritas a sus listas de pacientes.

Tampoco se dan horas de visitas que no estén relacionadas con el covid-19 y solo se atienden las visitas urgentes, en ciertos CAP.

Las visitas a enfermos crónicos se anulan y se hacen por teléfono, el cual hay que llevar siempre encima porque si te llaman y no lo coges se corre el riesgo de perder esa visita o que se aplace para cuando el facultativo tenga tiempo.

La responsabilidad política es del Govern de la Generalitat y no es casual, ya que mientras la atención primaria en Catalunya se «degrada», las mútuas tienen cada vez más clientes. Los que pueden pagar, hacen el esfuerzo y pagan mútua y los que no, no.

La salud mental:

Los recursos de salud mental en el Baix Penedès son insuficientes. Los profesionales del sector alertan cada año de la necesidad de aumentar recursos y dispositivos de salud mental en un territorio que ha crecido de población pero que cuenta con menos recursos.

Hay menos recursos materiales, menos servicios y menos accesibilidad. 

Los últimos años han aumentado las listas de espera quirúrgicas, las listas para visitas al especialista y también las pruebas diagnósticas, pero, por otro lado, los recortes en infraestructuras sanitarias han colapsado algunos servicios sanitarios. Desde el 2010 vemos con preocupación la reducción de los servicios de urgencias y atención continua en muchos centros catalanes, el cierre de 1.250 camas de hospitalización, la reducción del servicio de ambulancias, y el cierre de plantas hospitalarias.

Pero no solo se malogran recursos y servicios en la sanidad pública catalana, que repercuten directamente en la atención sanitaria hacia los pacientes, sino que en su cruzada por desmantelar todo aquello que es público, la consejería de Salud pretende comercializar con los datos de los pacientes de la sanidad pública vendiéndolos a empresas privadas con una finalidad, en principio, científica.

Hace falta un presupuesto de urgencia para salvar la sanidad pública

Para sacar a la Atención Primaria del colapso en el que se encuentra, mejorar la salud mental, y que tengamos profesionales y camas suficientes; para poder atender a todos los usuarios, incluídos los que se han dejado atrás; para todo ello: solo hay una salida, y es un presupuesto de urgència para recuperar todo lo perdido por los recortes.

Dinero hay: Las grandes fortunas han aumentado su patrimonio un 73% según la encuesta del Banco de España, en marzo de este año.

Si no se aumenta el presupuesto en sanidad serà solamente porque se quiere seguir priorizando la sanidad privada, como es el caso de Catalunya desde hace una dècada.

Baltasar Santos

Tribuna Socialista Tarragona

Peligro de desmemoria

La actualidad sobre nuestra Memoria Histórica no es la nueva ley en ciernes, que avanza en la recuperación de la verdad y el reconocimiento a quienes lucharon en defensa la República, el orden constitucional democráticamente decidido por los pueblos del Estado español. Defendieron, con su vida, una experiencia de libertad y de avance social contra el fascismo. Es, tristemente, la ola de revisionismo histórico que de vez en cuando llega a nuestras orillas. Habíamos oído hablar del holocausto; aquí asistimos al negacionismo del franquismo y sus crímenes. No es nada nuevo, ni será la última vez, y sin embargo no solo sigue llenándonos de dolor e indignidad.

Si, nos sorprende, y lo hace porque entre otros motivos no parece suficiente el nivel de la investigación científica sobre esta materia, el rigor histórico y la seriedad de los historiadores reconocidos, (Tuñon de Lara, Fontana, Viñas, Moradielos, Casanovas, Pérez, Aróstegui, Preston, Juliá, Tusell, Junco, Zugazagoitia, y todos los firmantes de  la carta… y etc, etc, etc… ).

Que aún sea posible divulgar patrañas, noticias falsas, tergiversaciones, y revisionismos baratos, junto a la resistencia a sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos, solo demuestra que el franquismo y los franquistas siguen entre nosotros, y lo que es peor; en las instituciones y en centros de poder político, social, económico y mediático.

Se escribe mucho y muy bien, y así lo leemos, creemos también que su difusión es algo común y corriente, y consideramos que la mayoría de personas con inquietudes tiene conocimiento de ello, pero parece que algo falla. Es seguro que hay muchos factores que favorecen esto, pero creo que algunos son fundamentales.

Si prestamos atención a los contenidos de los planes de educación desde hace ya bastantes años años, vemos como con cierta frecuencia adolecen de contenidos completos, o no se llega a su estudio por situarse al final de los ciclos formativos garantizando que el alumno adquiere un conocimiento claro, y no difuso, de la historia contemporánea de nuestro país.

Igualmente, los medios de comunicación, para no «aburrir», simplifican, resumen, se emplean a fondo con los eufemismos o recurren a tertulianos en vez de profesionales. Es decir, salvo la prensa especializada, bibliografía e historiografía, o círculos sociales diversos, lo que nos llega sobre el análisis de la historia es genérico, banal y tendencioso.   

 Ya sabemos que la historia la escriben los vencedores, pero también esto debía corregirlo la transición de la dictadura a la democracia. Es la consecuencia evidente de la dejadez educativa de los gobiernos progresistas habidos hasta 2018, de medios de comunicación poco serios o simples transmisores propagandísticos de la ideología del movimiento disfrazada de demócrata, es el revisionismo interesado en lavar la cara a dictaduras, crímenes contra la humanidad, y demás fascismos mediante desinformación, noticias falsas. Y ahora, ante la falta de argumentos, como siempre, recurren a la barbarie y el destrozo o utilizan las instituciones: como es el caso de la alcaldía de Madrid, para borrar y mancillar la historia a las Trece Rosas, los miles de fusilados en las tapias de los cementerios y en las cunetas o de líderes de la clase trabajadora en su tiempo, como Largo Caballero e Indalecio Prieto.

No es un mal de ahora, ni desconocido, pero si se permite que «progrese», lleva a las consecuencias conocidas: VOX, TRUMP, ORBAN, etc… Ya no es necesario dar un golpe de estado para fulminar una democracia, solo hace falta socavar los fundamentos democráticos y constituir democracias falsarias, iliberales:

 «… El término “democracias iliberales” se viene utilizando para designar a aquellos sistemas políticos que son formalmente democráticos, pero que erosionan  las instituciones y valores sin los cuales no existe una democracia robusta… «

D. Inerarity.

La defensa de estas ideas en el Parlamento es fundamental, es ahí donde luchar y pelear, es donde podemos defender la verdad y la historia, mediante la palabra, y mediante la elaboración de leyes para mejorar nuestra Educación Pública, exigir a los medios de comunicación seriedad y rigor. Debemos defender la profundización en nuestra MEMORIA HISTÓRICA, evitando esas terribles consecuencias, ese nuevo golpismo difuminado en posverdades y banalidad.

Eduardo Hernández Oñate

Miembro del Comité de TS

Poder judicial

El poder judicial viene tan contaminado por el régimen franquista como el resto de las instituciones, si no más. Baste recordar que diez de los dieciséis jueces del Tribunal de Orden Público (TOP) pasaron a la Audiencia Nacional y al Tribunal Supremo.

            Esos que andan mal de memoria histórica, dirán que de aquello hace mucho tiempo: exactamente la Audiencia Nacional se constituyó el 4 de enero de 1977, mismo día en que se suprimía el TOP, vamos que le cambiaron el rótulo y poco más. Pero el paso del tiempo no ha impedido que jueces y juezas con tufo franquista continúen accediendo a las más altas magistraturas de la Justicia. Es el caso de Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, quien entre 2011 y 2017 presidió el Tribunal Constitucional, siendo afiliado del PP: hijo de Antonio Pérez de los Cobos Cuadrado, que se presentó junto a Blas Piñar, en la lista de Fuerza Nueva, a las elecciones generales de 1977, y hermano de Diego Pérez de los Cobos Orihuel, el coronel de la Guardia Civil que fue recientemente destituido, tímidamente, por el Ministro de Interior, el mismo que dirigió la brutal represión en Cataluña el 1 de octubre de 2017. No juzgo a los hijos por lo que fue el padre, ni al padre por lo que son los hijos, pero, el árbol genealógico orienta sobre el perfil de los sujetos que ocupan las instituciones.

            Entre otros muchos casos, también es llamativo el de la actual presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la jueza Concepción Espejel Jorquera. Esta jueza fue condecorada por María Dolores de Cospedal, en 2014, siendo presidenta de la Junta de Castilla La Mancha. “Cospejel”, como al parecer llaman a la susodicha jueza en círculos judiciales, fue apartada del caso Gürtel por los propios magistrados de la Audiencia Nacional: por sus evidentes vínculos con el PP. Quién desee conocer más, sobre de esta señora jueza, le sugiero que lea sobre caso “Bar Chinaski”, en el que minimizó el apuñalamiento cometido por el jefe Falange a un joven en Guadalajara. O el caso “Incendio de Riba de Saelices”, un caso de libro sobre cómo la justicia se pone al servicio de los intereses de un partido político; o casualidad, del PP. Podría continuar a lo largo de hojas y hojas poniendo ejemplos, pero no es la intención de este artículo hacer un censo de los jueces y juezas al servicio de la derecha.

            Estos datos, constatables, deben servir sencillamente para entender por qué el PP bloquea y obstaculiza cualquier acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Lo ha hecho siempre que ha estado en la oposición, pero hoy lo hace de forma bochornosa: o al menos debería abochornar a quienes tan escandalizados se muestran por la propuesta del Gobierno, esa que el presidente, Pedro Sánchez, ha puesto en “stand by” para ver hasta dónde llega el “hasta aquí hemos llegado” del señor Casado.

            Comienza el artículo 117.1 de la Constitución diciendo: “La justicia emana del pueblo…” y yo me pregunto ¿dónde interviene el pueblo en la elección de los jueces? Claro que el Artº. 14 comienza diciendo: “Los españoles son iguales ante la ley…”. En fin.

            El escándalo se ha montado en el momento en el que el Gobierno ha decidido proponer una reforma del Artº. 122.3 para cambiar de tres quintos a la mitad más uno, tanto en el Congreso como el Senado, la mayoría necesaria para elegir a ocho sobre veinte miembros que componen el CGPJ; cuatro el Congreso y cuatro el Senado. Una reforma que pretende desbloquear la situación que genera el PP con su boicot y que tiene como efecto que el Gobierno de los Jueces lleve 7 años en mandato (2 fuera de su periodo legítimo). Cuando se reformó el artículo 135.3 de esta misma Constitución, los hoy escandalizados, no se alarmaron un ápice, muy al contrario, fueron compresivos y apoyaron, a pesar de que aquella reforma condicionaba severamente nuestro gasto público: sanidad, educación, etc. ¿Recuerdan?

            Coincido con lo expresado en algunas editoriales de Tribuna Socialista y en no pocos artículos publicados en esta revista política: “hay que reformar la Constitución en muchos de sus aspectos, y la Justicia es uno de ellos”. El desprestigio de este poder del Estado es galopante, no tanto por la actual polvareda o por lo que digan los medios de comunicación en liza ideológica, sino por las consecuencias que la falta de independencia judicial tiene en las sentencias, algo que vemos cada vez con mayor frecuencia. Sentencias por las que supura la ley, sí, pero la del embudo.

            No tengo una fórmula para resolver el problema, para eso están los bien pagados altos funcionarios del Estado y/o las eminencias sobre la materia que trabajan en las universidades públicas de este país, sobre cuyos argumentos técnicos debieran fundamentarse los partidos políticos: único poder que emana del pueblo. Sin duda, lo que es evidente es que se necesita democratizar la vía por la que los jueces llegan a los altos tribunales y al Gobierno de los jueces. Democratizar comenzando por la igualdad de oportunidades para los y las aspirantes a juez/jueza. Insisto en que no sé cómo resolver el problema, pero sí sé que el corporativismo (la elección 100% entre jueces) no solo no es la solución, sino que agravaría el problema. La primera piedra para la construcción de la democracia en el poder judicial es romper el desequilibrio en la extracción de clase social de la que proceden los jueces: no todas las personas que están capacitadas y deciden afrontar la oposición a juez o fiscal tienen posibilidades económicas para hacerlo.

Roberto Tornamira Sánchez

Miembro del Comité de  Redacción de TS

 

La mayoría social necesita soluciones urgentes

La tensión política se respira con cada tema que aparece ante la opinión pública, la puesta en práctica del estado de alarma, junto a las medidas contradictorias de las diferentes comunidades autónomas, con la de Madrid a la cabeza del disloque, no solo no son entendidas por una parte importante de los ciudadanos, son contestadas con manifestaciones de protesta, como es el caso del cierre de la hostelería, los taxistas en Cataluña o los vecinos madrileños.

Pero no son solo las medidas “anti pandemia” lo que crea inseguridad desconfianza y desorientación.

Los hospitales están en riesgo del colapso, los profesionales no dejan de denunciar las carencias y de apuntar las necesidades. Los médicos y enfermeras contratados, desde la supresión del primer confinamiento hasta ahora, son absolutamente insuficientes y sus condiciones de trabajo no han mejorado. Solo los médicos interinos y residentes (MIR) han conseguido algunas mejoras con su movilización, lo que demuestra una vez más que solo la movilización es la herramienta válida para dar soluciones a las necesidades, aunque sea de forma parcial. La verdadera alarma social es saber que las UCIs están al 80% de ocupación y que los hospitales están a punto de colapsar y no hay un plan urgente y claro para evitarlo.

El día 27 se ha publicado la encuesta de población activa (EPA), los datos de desempleo que arroja son muy alarmantes: sitúa en más de 16% la cifra de desempleados, dejando claro que no se ha recuperado ni el 50% del empleo que se perdió durante el confinamiento del mes de marzo, la cifra no incluye a los afectados por ERTE que, aunque llevan meses sin trabajar, no contabilizan como parados. Algunos dirán que hemos tenido cifras peores, pero la perspectiva a corto y medio plazo no es de mejora sino que todo apunta a empeorar: un buen número de empresas están anunciando que presentaran EREs y cesarán en su actividad.

Las universidades cobran las matriculas para impartir clases presenciales pero en la práctica se convierten todas las clases en telemáticas, en Cataluña hay 68.000 alumnos y 3.000 profesores confinados y en bachillerato aumentan las clases telemáticas.

Los obstáculos por parte del PP, para renovar la cúpula del poder judicial, cuando están próximos a abrirse los juicios sobre corrupción que afectan directamente al Partido de Casado, explican el interés de este partido para que no se cambie a ningún componente de ese organismo que pueda “desentonar”.

La absolución del jefe de los Mossos de Escuadra de las acusaciones por su intervención en el referéndum del 1 de octubre del 2017 en Cataluña, entra en contradicción con la sentencia a los políticos catalanes y a los dirigente de asociaciones que convocaron concentración ante la Conselleria de Economía de la Generalitat el día que la Guardia Civil registraba las oficinas de este organismo. Desmiente al coronel de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, al señalar que sus acusaciones carecen de fundamento, la sentencia reafirma a los Mossos como policía subsidiaria del Estado y critica a Rajoy por haber dejado que se celebrase el referéndum y no aplicar el Artículo 155  para impedirlo,  mostrando de esta forma la intromisión de la judicatura en temas políticos que no son de su competencia.

Mientras se escribe esta editorial se hace pública la noticia de que la fiscalía no recurrirá la sentencia, luego ya es firme y podrá ser utilizada por el Gobierno central para gestionar la tramitación de indultos o amnistía para el resto de políticos condenados en un juicio sobre el que esta sentencia arroja más dudas.

La moción de censura ha dejado a Vox aislado en las cortes al mismo tiempo que ha reforzado al Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, lo que explica el giro del Partido de Inés Arrimadas, abriendo las puertas al pacto de Presupuestos, en su competencia con el PP por ver quién es más obediente a los dictados de los organismos internacionales.

En los próximos días conoceremos si hay los acuerdos suficientes en las Cortes para aprobar  los presupuestos que marcaran la actuación del Gobierno en lo inmediato. Lo que está claro es que a la mayoría social, tras dos años y medio de la Moción de censura victoriosa que saco al PP de Moncloa –por sus corruptelas-, las soluciones nos llegan con cuentagotas: de las reformas laborales solo se ha derogado el despido por estar de baja, de las reformas de pensiones solo queda resuelto la vinculación de la revalorización al IPC y de la batería de leyes regresivas que nos dejó Rajoy, está en trámite la derogación del Artº 315.3 del Código Penal.

Es urgente dotar a la sanidad pública de medios suficientes, tanto humanos como materiales, la enseñanza pública de todos los niveles debe contar con todas las garantías para que se pueda seguir impartiendo sin poner en peligro ni a los profesionales ni a los alumnos. Somos los socialistas quienes debemos garantizar unos presupuestos que cubran todas las necesidades de la mayoría social.

El Comité de Redacción