El largo camino de la perspectiva de género en la salud laboral y las leyes de nuestra vida.

Hay que celebrar y compartir las buenas noticias, aunque no aparezcan en los titulares de los medios de comunicación, ni despierten interés en las redes sociales. Buenas noticias son aquellas que anuncian leyes que van a cambiar las vidas de las mujeres, porque van a proteger su salud, avanzar en igualdad y mejorar sus condiciones de trabajo.

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2023-2027 (EESST)1, tiene por objetivo introducir la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo (SST), tanto en las políticas públicas, como en la gestión de la prevención, mediante líneas de actuación, desde la revisión del marco normativo, hasta las actuaciones de vigilancia y control.

El pasado 10 de febrero, coincidiendo con el trigésimo aniversario de la entrada en vigor de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), se firmó el Acuerdo para su mejora y modernización2, entre los sindicatos más representativos a nivel estatal y la Ministra de Trabajo y Economía Social. Este Acuerdo interesa a las mujeres trabajadoras porque marca objetivos como el de integrar la perspectiva de género que permita igualdad en la protección de la salud, integrar la diversidad generacional a la PRL y abordar en su desarrollo reglamentario los riesgos psicosociales.

Los avances para mejorar y modernizar la LPRL han requerido un periodo de negociación previa. Este Acuerdo es una buena noticia, aunque la voluntad política y el compromiso serán insuficientes si no se produce con premura y éxito el trámite parlamentario del nuevo texto de la ley, seguido de sus desarrollos reglamentarios.

Las vidas de las mujeres que nacimos con el auge de la natalidad en el siglo pasado han transcurrido con una incorporación masiva al mercado laboral, donde sigue habiendo desigualdades, y también con leyes de derechos sociales, las leyes de nuestra vida, que se deben conocer. La aprobación de la LPRL en España coincidió, en 1995, con la celebración por Naciones Unidas de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing (China), cuya Declaración y Plataforma de Acción cambió las políticas de igualdad de género y salud de las mujeres.

Doce años después se aprobó la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIMH). Su Artículo 27, por el que integra el principio de igualdad en la política de salud, es una hoja de ruta para las Administraciones Públicas en la formulación de políticas, estrategias y programas de salud. Conocer su alcance en las leyes de nuestra vida requiere escuchar a las mujeres para identificar los progresos logrados y las desigualdades que persisten.

Una selección de estos cambios basta para identificar los incumplimientos y concluir que los modelos son importantes, especialmente, en las leyes que comparten los objetivos comunes de promover y proteger la salud y prevenir las enfermedades de las personas, también en su etapa laboral.

La LOIMH modificó la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS) con el mandato a las Administraciones Públicas, a través de sus Servicios de Salud y de los Órganos competentes, de desarrollar actuaciones de “protección, promoción y mejora de la salud laboral, con especial atención al acoso sexual y al acoso por razón de sexo” y cambió el artículo 21 para integrar la perspectiva de género en la actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral. Hace falta un informe actualizado sobre el cumplimiento de estas disposiciones en el SNS.

La LOIMH también modificó la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) para proteger la salud de la trabajadora embarazada y en periodo de lactancia e introdujo en el artículo 5, el siguiente punto:

“4. Las Administraciones públicas promoverán la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres, considerando las variables relacionadas con el sexo tanto en los sistemas de recogida y tratamiento de datos como en el estudio e investigación generales en materia de prevención de riesgos laborales, con el objetivo de detectar y prevenir posibles situaciones en las que los daños derivados del trabajo puedan aparecer vinculados con el sexo de los trabajadores”.

La LPRL estableció un modelo de prevención de riesgos laborales y condicionó el de gestión de la salud laboral, por lo que debiera evaluarse.

En cuanto a la integración de la perspectiva de género en la PRL, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo3 ha presentado el estudio técnico «Integración de la prevención de riesgos laborales en los planes de igualdad»4, de acuerdo con la normativa sobre la inclusión de la PRL en el diagnóstico de la situación y en las medidas adoptadas en el Plan de Igualdad en las empresas con 50 o más personas trabajadoras. Esta materia merece atención especial en el marco de la Negociación Colectiva.

Por último, la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (LGSP) introduce la reducción de las desigualdades y la perspectiva de género entre los principios generales de la salud pública.

Esta Ley también modificó la LGS, que había establecido el Sistema Nacional de Salud con los principios generales de promoción de la salud y prevención de las enfermedades, universalidad, igualdad efectiva y superación de los desequilibrios territoriales y sociales. Principios determinantes para reducir las desigualdades de género, que no alcanzan sus objetivos en el contexto de las desesperantes listas de espera, el deterioro de la Atención Primaria y la insuficiencia presupuestaria y de personal en los servicios de salud.

Con el paso del tiempo, los artículos 21 y 22 de la LGS, sobre Salud Laboral, quedaron sin desarrollar hasta su derogación por la LGSP que, aunque mantuvo parte de sus contenidos, desapareció la referencia a las Áreas de Salud. Esto supuso una pérdida de oportunidad para mejorar el anclaje y competencias de la salud laboral en el sistema sanitario público.

Es inevitable pensar en el potencial de la LGSP, más aún al conocer las propuestas del recientemente estudio sobre Incapacidad Temporal, publicado por la AIReF5, enfocadas a un sistema de información integrado, control y seguimiento temprano por el INSS, información a los facultativos de AP sobre las condiciones laborales, implicación activa de las empresas en la mejora de la Salud Laboral y evaluación de las listas de espera del SNS; pero sin dedicar una sola propuesta específica a la protección de la salud laboral por las Administraciones Sanitarias.

Una buena noticia sería cumplir las disposiciones del Artículo 33 de la LGSP6, sobre la actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral, con la creación de un dispositivo propio del Servicio de Salud, en el ámbito de Salud Pública, con especialistas en Medicina y Enfermería del Trabajo, organizados en Unidades de Salud Laboral, zonificadas y coordinadas.

Hay razones para ello, la principal es que en Atención Primaria y Especializada se atiende patología producida, relacionada o agravada por el trabajo y, frecuentemente, con indicación de Incapacidad Temporal; que buena parte de la Incapacidad Temporal por contingencias comunes tiene un origen laboral que se desconoce o no consta; que los facultativos del Sistema Nacional de Salud tienen el deber de comunicar enfermedades que podrían ser calificadas como profesionales7, porque le corresponde al SNS la vigilancia periódica postocupacional del estado de salud que deba ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral; y, por último, porque la perspectiva de género en salud laboral debe ser integral, con especial atención a los riesgos psicosociales, sin olvidar la carga de trabajo y el estrés que genera el trabajo reproductivo.

Matilde Díaz Ojeda.

Médica del Trabajo.

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1Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), O.A., M.P. Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, 2023-2027. Madrid. 2023.

2 Acuerdo de mejora y modernización de la Ley de Prevención de Riesgos laborales file:///C:/Users/Administrador/Downloads/Texto%20acuerdo%20LPRL%20firmado.pdf%20(1).pdf

3 https://www.insst.es/documentacion/material-tecnico/documentos-tecnicos/integracion-de-la-prl-en-los-planes-de-igualdad-2025

4 Frei Martínez y Rosales Peña. INSST. Integración de la prevención de riesgos laborales en los planes de igualdad. Estudios técnicos. INSST. Madrid. Agosto de 2025.

5 Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Evaluación del gasto público. Estudio incapacidad temporal. Febrero de 2026. https://www.airef.es/es/estudios/incapacidad-temporal/

6 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15623

7 Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.

Trabajar más y cobrar menos: la desigualdad salarial que sigue marcando el futuro de millones de mujeres en España

Un informe sobre discriminación salarial confirma que la brecha baja lentamente, pero las mujeres siguen concentradas en los empleos peor pagados.

La desigualdad salarial entre mujeres y hombres en España ya no puede explicarse como una anomalía puntual ni como una herencia del pasado. Hoy podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que constituye un fenómeno estructural que atraviesa sectores económicos, tipos de contrato, jornadas laborales e incluso niveles de responsabilidad profesional.

La distancia retributiva, sin bien es cierto que se reduce lentamente, continúa condicionando el presente y el futuro económico de millones de trabajadoras en nuestro país.

El Informe sobre Discriminación Salarial hacia las Mujeres, elaborado por UGT con motivo del Día sobre la Igualdad Salarial que se celebrará como cada año el 22 de febrero, confirma una realidad incómoda: los avances existen, pero siguen siendo insuficientes para corregir una desigualdad profundamente arraigada en el funcionamiento del mercado laboral español.

Menos brecha, pero todavía lejos de la igualdad real

Los datos más recientes sitúan la brecha salarial en España en el 15,74%, lo que supone una leve reducción respecto al año anterior. Sin embargo, detrás de ese porcentaje se esconde una diferencia económica muy concreta: las mujeres perciben de media 4.781 euros menos al año que los hombres.

Esto se traduce en que el salario medio femenino representa únicamente el 84,3% del masculino, una distancia que demuestra que la igualdad retributiva sigue siendo un objetivo pendiente y está lejos de resolverse.

La reducción progresiva registrada durante la última década no elimina el problema de fondo: la desigualdad continúa formando parte de la estructura del empleo.

Porque no se trata únicamente de cuánto se cobra, sino de quién ocupa cada espacio dentro del mercado laboral, esa es una de las grandes discriminaciones que sufrimos las mujeres, el llamado “Techo de cristal”.

El suelo salarial tiene rostro femenino

Uno de los elementos más reveladores aparece al analizar los salarios más bajos. La mayoría de las personas que perciben ingresos equivalentes al salario mínimo o inferiores son mujeres. Incluso cuando se observan exclusivamente empleos a jornada completa, nosotras seguimos siendo mayoría en los tramos retributivos más reducidos.

Esto indica que la desigualdad no se limita a los altos cargos o a las diferencias en puestos directivos. Se encuentra, sobre todo, en la base del sistema productivo, donde trabajar no siempre permite alcanzar estabilidad económica.

La mejora estadística de la brecha salarial convive así con una realidad persistente: una elevada presencia femenina en empleos con menor remuneración y menor capacidad de progresión profesional.

El tiempo parcial: una desigualdad estructural

Uno de los factores más determinantes es el peso del trabajo a tiempo parcial. Lejos de responder a una elección personal generalizada, esta modalidad suele estar vinculada a la imposibilidad de acceder a un empleo a jornada completa o a la necesidad de asumir responsabilidades de cuidado.

La organización social del cuidado continúa recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. La consecuencia es directa: menos horas trabajadas implican menores ingresos, menores cotizaciones y una mayor vulnerabilidad económica futura.

La desigualdad salarial comienza así mucho antes de la jubilación. Se construye a través de trayectorias laborales interrumpidas, reducciones de jornada y oportunidades profesionales limitadas.

Sectores feminizados, salarios más bajos

El análisis sectorial muestra un patrón constante: las actividades con mayor presencia femenina presentan también las remuneraciones más reducidas. Hostelería, servicios auxiliares o cuidados concentran algunos de los salarios medios más bajos del mercado laboral.

Por el contrario, los sectores mejor remunerados mantienen una mayor presencia masculina. Incluso cuando mujeres y hombres trabajan dentro de la misma actividad económica, las diferencias salariales persisten.

En determinados ámbitos profesionales altamente cualificados, la distancia económica anual puede superar varios miles de euros, lo que evidencia que la formación o la especialización no eliminan automáticamente la desigualdad retributiva.

El techo salarial sigue existiendo

Si en la base del empleo aparece el llamado suelo pegajoso, en la parte alta del mercado laboral permanece el techo de cristal. Los puestos de dirección y gerencia, los mejor remunerados, presentan diferencias salariales superiores a la media nacional.

Esto revela que la desigualdad no desaparece con la promoción profesional. Al contrario, en muchos casos aumenta a medida que crece la responsabilidad y el nivel salarial.

La infrarrepresentación femenina en posiciones de liderazgo y la diferente valoración económica del trabajo siguen actuando como barreras invisibles que limitan la igualdad efectiva.

Desigualdad presente, pobreza futura

La brecha salarial tiene además un efecto acumulativo. Menores ingresos durante la vida laboral implican menores bases de cotización y, en consecuencia, pensiones más bajas.

La desigualdad salarial actual se transforma así en desigualdad económica en la vejez. No es únicamente una cuestión de justicia inmediata, sino un factor determinante en el riesgo de pobreza futura.

La diferencia salarial no termina al finalizar la carrera profesional; se prolonga durante décadas.

Avances legales que aún no corrigen el problema

En los últimos años se han desarrollado instrumentos destinados a detectar discriminaciones retributivas, como registros salariales o auditorías de igualdad en las empresas. Estas herramientas permiten visibilizar diferencias que anteriormente permanecían ocultas.

Sin embargo, la existencia de normativa no garantiza por sí sola la igualdad material. La segregación ocupacional, la penalización asociada a los cuidados y la infravaloración histórica de determinados trabajos continúan reproduciendo diferencias salariales.

La igualdad formal avanza más rápido que la igualdad real.

Una cuestión económica y social de primer orden

La desigualdad salarial no afecta únicamente a las mujeres. Tiene consecuencias directas sobre la economía en su conjunto: reduce el consumo, limita el desarrollo profesional de una parte esencial de la población activa y debilita la cohesión social.

Una economía que mantiene diferencias salariales persistentes desaprovecha talento, productividad y capacidad de crecimiento.

El diagnóstico que se desprende del Informe sobre Discriminación Salarial hacia las Mujeres es claro: la brecha salarial disminuye, pero sigue lejos de desaparecer. España avanza, aunque todavía convive con un modelo laboral donde el género continúa influyendo en cuánto se cobra, cómo se trabaja y qué futuro económico puede construirse.

La igualdad salarial, por tanto, no es solo una aspiración ética. Es una condición necesaria para una sociedad más justa, más eficiente y verdaderamente igualitaria.

María Iglesias Domínguez

Redacción de Tribuna Socialista

Andalucía ahogada por las borrascas

Hace muchos años que no llovía tanto en Andalucía, los mayores del lugar lo fijan a hace más de 70 años cuando eran muy jóvenes o eran niños, eran días y días de lluvias intensan sin parar que no permitían llevar una vida normal, se hacía difícil trabajar, principalmente en el campo, era una vida más dura que la que vivimos en la actualidad porque si se desbordaba un rio o similar, el estado no tenía los recursos públicos que hoy gozamos, ni por supuesto los ayuntamientos etc…

Las inundaciones en Andalucía, este invierno, entraron en una fase crítica tras varios días de lluvias persistentes asociadas a la borrasca Leonardo. El problema ya no era solo lo que caía sin cesar del cielo, sino la saturación absoluta del suelo, incapaz de absorber más agua, y el efecto dominó sobre ríos, arroyos y embalses.

En amplias zonas de Andalucía, el agua que caía escurría directamente hacia los cauces, acelerando crecidas y desbordamientos y eso hizo que la Junta de Andalucía mantuviera activada la situación operativa de nivel 2, con UME y dispositivos de emergencia desplegados en varias provincias durante varios días e incluso semanas.

Los registros de lluvia explican la magnitud del episodio y es que en la sierra de Grazalema, uno de los puntos más lluviosos de España, se superaron los 600 l/m² en poco más de 24 horas, con acumulados cercanos a 1.300 l/m² en apenas diez días. Es una cifra comparable a lo que llueve en un año entero en muchas capitales españolas, las más lluviosas.

A esto hay que añadir lo registrado acumulados muy elevados en la Serranía de Ronda, el Campo de Gibraltar, la campiña gaditana y zonas de Granada y Jaén, donde las lluvias persistentes han coincidido con deshielos en áreas de montaña, aumentando aún más el caudal de los ríos.

La situación más delicada se concentró en la red fluvial. En el momento más crítico del episodio, 14 ríos alcanzaron el nivel rojo y más de 30 se mantuvieron en nivel naranja, según los datos de los sistemas hidrológicos.

Entre los cauces con mayor preocupación destacan el Guadalquivir, el Genil, el Guadalete, el Guadiaro, el Guadalhorce y varios afluentes menores que provocaron inundaciones súbitas en núcleos urbanos y zonas rurales. En algunos puntos, los niveles subieron más de 15 centímetros por hora, obligando a activar desalojos preventivos.

Las inundaciones en Andalucía obligaron a desalojar a más de 3.500 personas, especialmente en Cádiz, Málaga, Granada y Jaén. Barriadas completas en zonas inundables fueron evacuadas de madrugada ante el avance del agua y  una quincena de municipios quedaron incomunicados en distintos momentos del episodio, con carreteras cortadas por anegaciones, desprendimientos o colapso de firmes. La Dirección General de Tráfico contabilizó más de 140 carreteras cortadas en Andalucía, varias de ellas de la red principal.

Las inundaciones sufridas en Andalucía  en este 2026, ya se consideran uno de los episodios hidrológicos más complejos de los últimos años, no solo por la lluvia acumulada, sino por la concatenación de temporales y la falta de capacidad de respuesta natural del territorio tras semanas de precipitaciones continuadas.


El Gobierno activa las ayudas destinadas a mitigar los daños de las borrascas en Andalucía

Extremadura y Andalucía reciben un impulso nunca visto! Desde este viernes 20 de febrero de 2025, están en vigor las esperadas ayudas para quienes han sufrido el paso devastador de las últimas borrascas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el decreto que activa más de 7.000 millones de euros en fondos de emergencia.

El Gobierno y los ministerios ya tienen luz verde para desplegar rápidamente todas las medidas: no habrá que esperar más. Se trata de un paquete que refuerza la declaración de zonas en emergencia de protección civil, aprobada el pasado 10 de febrero por el Consejo de Ministros.

¿Quiénes serán los primeros beneficiados? Más de 12.400 desalojados recibirán ayuda inmediata: 150 euros por persona y día, una cantidad que puede sumarse a otras compensaciones por daños en viviendas.

El decreto establece indemnizaciones que multiplican por cuatro las cifras habituales: daños personales, reales y enseres de viviendas cuentan con nuevos máximos. Una familia tipo de cuatro miembros que haya tenido que abandonar su casa durante diez días podrá recibir hasta 6.000 euros de ayuda directa.

Además, estas ayudas tienen efecto retroactivo, estarán completamente exentas de tributación tanto en el IRPF como en el impuesto de sociedades para empresas. Tampoco afectarán a quienes reciben el ingreso mínimo, lo que amplía su accesibilidad.

Además los ayuntamientos afectados contarán con una inyección de 2.000 millones de euros destinada a reparar infraestructuras municipales dañadas por las lluvias e inundaciones. Este dinero no es un préstamo, sino una transferencia: los municipios no tendrán que devolverlo.

El Gobierno cubrirá el 100% de los daños detectados. Los municipios podrán utilizar el superávit de 2025 para continuar invirtiendo en la reconstrucción y recuperación tras la borrasca. Se relajarán las reglas de gasto y se implementará un Plan de Empleo dotado con 50 millones de euros dirigido a los ayuntamientos golpeados por el temporal.

El ahorro global para los contribuyentes estimado por el Gobierno ronda los 350 millones de euros. Y esto no es todo: habrá prestaciones por cese de actividad para autónomos hasta el 31 de mayo, ERTEs por fuerza mayor con exenciones para empresas y una reducción de requisitos para el subsidio agrario, facilitando el acceso con tan solo cinco jornadas cotizadas.

Miles de agricultores y ganaderos podrán beneficiarse de más de 2.100 millones en ayudas directas. Solo será necesario figurar en el registro de explotaciones agrarias de las zonas reconocidas como afectadas. Para los armadores de buques con base en Málaga, Cádiz y Huelva, hay 10 millones de euros adicionales reservados.

Se destinan 600 millones para rehabilitar caminos rurales e infraestructuras esenciales, además de 163 millones dirigidos a la restauración de vías y líneas ferroviarias estatales, gestionadas por el Ministerio de Transportes.

Plan de recuperación para comercios y hostelería

La hostelería y el pequeño comercio no quedan fuera: recibirán 120 millones en ayudas para superar los daños sufridos. Además, líneas ICO de 100 millones estarán disponibles para cubrir indemnizaciones y reparar los daños agrícolas provocados por la borrasca, junto al apoyo del consorcio de seguros.

Después de la tragedia que durante días ha tenido en pie a miles de Andaluces, llegan estas medidas que suponen un antes y un después tras la declaración de emergencia.

María Iglesias Domínguez

Comité de redacción de Tribuna Socialista

8M 2026 – Mujeres contra la guerra

El 8 de Marzo de 2025, las Mujeres Republicanas salimos a la calle para exigir el alto a la guerra y al genocidio. Un año después, lamentablemente esta exigencia es aún más apremiante.

En todo el mundo estamos viviendo bajo la amenaza de terribles retrocesos en los derechos y condiciones de vida de los trabajadores a todos los niveles. Y no es solo una amenaza, es una realidad que se concreta en el corazón mismo del imperialismo, los Estados Unidos, con una crudeza inimaginable. Y en todos los países cuyos gobiernos de pliegan, de manera más o menos directa, a las órdenes de Trump, porque el aumento del gasto militar exigido por este –y concedido por aquellos– implica recortes que atentan contra la vida de las poblaciones. Y, como siempre, las mujeres sufrimos esos recortes con especial virulencia.

La lucha organizada de las mujeres trabajadoras contra la guerra comenzó antes incluso del estallido de la Primera Guerra Mundial. En 1907 Clara Zetkin organizó en Stuttgart la Primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, de las que pasó a ser secretaria. Allí se defendió que las mujeres trabajadoras debían organizarse no solo por sus derechos civiles, sino también contra el militarismo creciente en Europa.

Más tarde, ya en plena Guerra Mundial y en medio de enormes dificultades, en marzo de 1915, Clara Zetkin, por entonces secretaria de la Internacional Socialista de Mujeres, junto a las revolucionarias rusas organizó en Berna la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas contra la Guerra, que contó con 29 delegadas de los países beligerantes.

La Conferencia adoptó una resolución conocida popularmente como «Guerra a la guerra» (ver recuadro adjunto).

Resolución de la Primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas contra la Guerra (1915)

«La actual guerra mundial hunde sus raíces en el imperialismo capitalista. Fue provocada, finalmente, por las exigencias de los explotadores y clases gobernantes de los diferentes países que, en una lucha competitiva entre sí, se esfuerzan en extender su explotación y dominación más allá de las fronteras de sus propios Estados.

[…] La historia establecerá la tremenda responsabilidad del estallido de la guerra que recae sobre los Gobiernos y la diplomacia de varias grandes potencias. Durante ocho meses, la guerra mundial ha destruido cantidades inconmensurables e inestimables de valores culturales, y ha causado innumerables sacrificios de vidas humanas. Ha pisoteado y deshonrado los más altos logros de la civilización, los más sublimes ideales de la humanidad.

[…] A partir de estas consideraciones, la Conferencia Extraordinaria de Mujeres Socialistas declara la guerra a esta guerra. Exige el cese inmediato de esta monstruosa lucha entre los pueblos. Exige una paz sin anexiones ni conquistas, una paz que reconozca el derecho a la autodeterminación y a la independencia de los pueblos y nacionalidades (incluidos los pequeños) y que no imponga condiciones humillantes e intolerables a ninguno de los estados beligerantes».

Hoy, la lucha en defensa de la democracia, de la más elemental de las democracias, pasa por la defensa incondicional del pueblo palestino, porque su lucha, desigual pero inagotable, concentra la lucha de todos los pueblos del mundo.

Esta realidad nos remite al ejemplo de Rosa Luxemburgo, asesinada por mantenerse firme en sus convicciones: se opuso a los créditos de guerra y advirtió que la guerra es una cruel escuela para nuestra clase. Su consigna «socialismo o barbarie» advertía que, sin transformación social, la humanidad quedaría atrapada en ciclos de destrucción.

Y esa certera advertencia de Luxemburg se concreta hoy en 56 guerras abiertas (según cifras oficiales que parecen quedarse muy por debajo de la realidad), un atroz genocidio y una escalada bélica que se traduce en el aumento imparable del gasto militar, y el consiguiente descenso –desaparición en muchos casos– del gasto social.

De esta barbarie anunciada las mujeres somos las primeras víctimas en muchos sentidos.

Sin duda, los pueblos sostienen la vida en medio del dolor (televisado o transmitido) pero hay informes que no siempre cuentan: la guerra es también violencia contra las mujeres, violencia contra los cuerpos, violencia contra la vida misma.

Y aquí en casa, en Europa, se desarrolla una guerra salvaje, que ha causado ya un millón de muertos, entre jóvenes rusos y ucranianos, por causas del todo ajenas a esos jóvenes. Una pugna entre oligarquías en la que nada tienen esos jóvenes que ganar y todo que perder. Ya sabéis: «vuestras guerras, nuestros muertos».

Un llamamiento firmado conjuntamente por militantes rusos y ucranianos dice: «Es infinitamente ingenuo creer que la guerra conduce a la paz. Ni Putin, ni Trump, ni Zelenski, ni los dirigentes europeos han sido capaces de aportar lo esencial a los pueblos: la paz. Los cálculos basados en una victoria militar se han venido abajo, así como los intentos de «toma y daca» entre dirigentes a costa de los pueblos. […] Conocemos el precio de la guerra: nos ha privado de nuestra voz y del derecho a decidir nuestro destino. La única posibilidad de poner fin a esta pesadilla es devolver a nuestros pueblos ese derecho, el derecho a la autodeterminación».

Gobiernos, instituciones, incluso ciertas organizaciones del movimiento obrero, toman partido en esta carnicería capitalista e insisten en que todos debemos tomarlo. Nosotras no tomamos partido por los oligarcas que se juegan sus intereses sobre montañas de inocentes muertos y heridos.

¿Tendrá algo que ver la economía de armamento en esta escalada bélica? Ese negocio redondo que se retroalimenta: fabrican armas, las venden, las utilizan dejando una estela de muerte y destrucción humana y planetaria, y fabrican más remesas. Porque parece mentira que haya que señalar aún que esa falacia del rearme preventivo es eso: una falacia vergonzosa. Las armas no se fabrican para guardarlas por si acaso, se fabrican para utilizarlas. Si no, no hay negocio.

Pero los pueblos de todo el mundo se levantan contra la guerra y el genocidio que la entidad sionista perpetra en Palestina. El abismo entre Gobiernos e instituciones por un lado y trabajadores y pueblos por otro, se ahonda cada día.

La voluntad de los pueblos de defender sus derechos y conquistas, naturalmente en peligro con el aumento de los presupuestos militares, y defender en última instancia su propia vida es clara y evidente. Por ello estamos necesitados de organizarnos a nivel no solo nacional, sino sobre todo internacional. Ese es el papel que jugaron la conferencia y el mitin contra la guerra de los días 4 y 5 de octubre pasado en París, que tienen su continuidad en la conferencia/mitin de Londres que se celebrará los días 19 y 20 de junio.

Porque el tiempo de caracterizar ha pasado sobradamente. Ahora tenemos que organizarnos. El espectáculo de dolor y muerte no necesita ninguna explicación, solo exige determinación y organización para acabar con él, para liberar al pueblo mártir de Palestina, para sacar de las trincheras a los jóvenes rusos y ucranianos cazados a lazo por las calles para convertirlos en carne de cañón. Si alguien necesita aún explicaciones, ese alguien no es de los nuestros y no vamos a perder el tiempo en dárselas. Porque no hay tiempo.

El día 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque así lo decidió en marzo de 1911 la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, para honrar a las mujeres que lucharon y luchan por la emancipación de los trabajadores y, por tanto, por su propia liberación de la doble opresión que sufren.

En 1975, la Asamblea General de Naciones Unidas decidió hurtar el carácter obrero de esa fecha, eliminando la palabra «trabajadora», en aras de una supuesta transversalidad en los problemas que afectan al conjunto de las mujeres. Lamentablemente, las direcciones de las organizaciones sindicales y políticas en todo el mundo han aceptado ese disparate, que sitúa en un mismo plano a burguesas y proletarias. Y no, no estamos en un mismo plano. De hecho estamos en planos opuestos en la batalla por la emancipación y por la igualdad.

En nuestro país hay un claro escollo en esa batalla: la Monarquía y las instituciones heredadas del dictador.

Baste repasar la actuación de la judicatura en todas aquellas cuestiones que afectan al derecho de las mujeres a la vida y a la protección. Burlas, humillaciones, cuando no directamente culpabilización de las víctimas.

La lucha por la República ha de formar parte de este 8 de marzo. Pero no solo por la flagrante negación de democracia que supone el sistema monárquico, aunque también por eso. La lucha por la República tiene un contenido muy concreto. Es la lucha por parar los gastos militares y dedicarlos a las necesidades sociales.

En este régimen no cabe la emancipación de la mujer trabajadora, como no cabe el conjunto de reivindicaciones del movimiento obrero.

Los derechos duramente conquistados por la más que centenaria movilización de las mujeres nunca han estado asegurados. El capital y los Gobiernos e instituciones a su servicio no cejan en su empeño por recortarlos, arrebatarlos incluso. Miramos con horror lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde peligra hasta lo más elemental. Pero no hay que mirar más allá de Europa para ver esa misma dinámica. El dinero que se gasta en más y más armas no sale de las piedras, sale de nuestros bolsillos, de lo que aportamos para mejorar nuestras condiciones de vida, no para promocionar la muerte.

Por eso, de nuevo este 8 de marzo, las mujeres trabajadoras estaremos en la calle por nuestras reivindicaciones y, para realizarlas, no hay otro camino que la lucha contra la guerra y contra la guerra social. En nuestro país, esa lucha pasa por la República. A escala internacional, la conferencia/mitin de Londres contra la guerra es el siguiente hito en esta batalla por aunar las fuerzas de organizaciones, militantes, demócratas que entienden que en esta batalla nos va la vida.

Isabel Cerdá

Miembro del colectivo Mujeres Republicanas

Propuesta de mociones sobre la nueva Ley de Mónica García

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la Ministra de Sanidad, Mónica García, un ante proyecto de Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, que deroga la Ley 15/97.

Saludamos esta iniciativa, y manifestamos que, además de derogar la ley, hay que acabar con todos los procesos de gestión privada del SNS que de ella se han derivado, lo que exigiría incluir en la nueva ley:

1. Prohibición absoluta de poner en marcha nuevos procesos de externalización.

2. Reversión automática a lo público de los servicios y hospitales hoy sometidos a gestión privada, cuando termine su periodo de concesión.

3. Mecanismos precisos y concretos de inspección del funcionamiento de esos servicios de “gestión indirecta”, garantizando la calidad del servicio, el cumplimiento de las normas y el respeto de los derechos de su personal.

4. Presupuesto de urgencia para la Sanidad Pública, que permita ampliar horarios y dotación de los centros públicos existentes y poner en marcha nuevos centros.

Proponemos aprobar estas mociones en instancias sindicales y plataformas de defensa de la Sanidad Pública y enviarlas al Ministerio, dentro del procedimiento de Consulta Pública del anteproyecto de Ley, y remitirlas a los grupos parlamentarios en el momento de su tramitación parlamentaria

Enfermar no puede ser un descuento en derechos

La propuesta de la CEOE, del pasado 23 de enero de 2026, de eliminar la cotización a la Seguridad Social durante las bajas médicas no es una medida técnica ni neutra: es una toma de posición ideológica. Una más. Y siempre en la misma dirección: reducir derechos cuando la clase trabajadora deja de ser rentable o suficientemente productiva para el empresario.

Bajo el argumento de aliviar cargas empresariales, la patronal plantea algo profundamente regresivo: que la enfermedad tenga consecuencias colectivas negativas, que el tiempo de baja sea también un tiempo de menor protección social para la persona trabajadora. Como si enfermar fuese una anomalía del sistema productivo y no una realidad humana inevitable, muchas veces vinculada a las propias condiciones de trabajo.

La Seguridad Social no es un gasto superfluo. Es el pilar que sostiene pensiones y prestaciones sociales (incluidas las bajas médicas) y uno de los principales mecanismos de cohesión social. Debilitarla abriendo “excepciones” en las cotizaciones supone erosionar el contrato social y el marco de las relaciones laborales por la puerta de atrás, siempre a costa de los mismos: trabajadores precarios, empleos físicamente exigentes y sectores con peor salud laboral.

El viejo mantra de que rebajar costes crea empleo vuelve a demostrar su falsedad. La precarización no ha generado trabajo digno; ha generado miedo, desigualdad y una clase trabajadora más vulnerable. Eliminar la cotización en las bajas médicas no incentiva la contratación: incentiva la desresponsabilización empresarial y traslada el riesgo al sistema público y al conjunto de la ciudadanía. Lejos de fomentar el empleo, esta medida externaliza el riesgo hacia el sistema público de Seguridad Social. El coste de las bajas (que en muchos casos están relacionadas con enfermedades profesionales, estrés laboral, sobrecarga física o precariedad) pasa a ser asumido colectivamente, mientras las empresas mantienen intactos sus beneficios y reducen sus obligaciones.

Además, se rompe un principio básico del sistema de protección social: la corresponsabilidad entre quienes generan el riesgo y quienes lo financian. Si la empresa deja de cotizar cuando una persona trabajadora enferma, se diluye el vínculo entre organización del trabajo y salud laboral, como si las bajas fuesen fenómenos aleatorios y no, en muchos casos, consecuencias directas del modelo productivo y del puesto de trabajo.

Eliminar la cotización durante las bajas médicas debilita, por tanto, el sistema público de protección social y normaliza la idea de que la enfermedad es un problema individual y no una cuestión colectiva ligada al trabajo. No se crea empleo de calidad; se abarata el incumplimiento de la responsabilidad empresarial y se traslada el coste al conjunto de la sociedad.

Por su parte, el reciente estudio de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sobre la incapacidad temporal, publicado este mes de febrero, ha puesto el foco en el aumento del gasto y en la necesidad de mejorar la gestión de esta prestación. Sin embargo, abordar este fenómeno exclusivamente desde la óptica del control presupuestario sería un error político y social.

El incremento de las bajas laborales no puede analizarse al margen del contexto: el envejecimiento de la población trabajadora, la precariedad, la intensificación de los ritmos productivos y el preocupante aumento de los problemas de salud mental, entre otros factores. Antes que sospechar de quienes enferman, conviene preguntarse qué está ocurriendo en nuestros centros de trabajo y en un sistema sanitario tensionado, especialmente en la atención primaria.

Desde una perspectiva progresista, la sostenibilidad del sistema no debe enfrentarse a la protección de derechos. Mejorar la coordinación entre administraciones y reforzar el papel del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puede ser positivo si el objetivo es agilizar procesos y evitar ineficiencias. Pero cualquier reforma debe partir de una premisa clara: la incapacidad temporal no es un privilegio, es un mecanismo de protección social que garantiza que nadie tenga que elegir entre su salud y su salario.

El debate no debería centrarse en endurecer controles, sino en fortalecer la prevención de riesgos laborales, invertir en salud pública y dignificar las condiciones de trabajo. Porque una sociedad que sospecha de quien enferma es una sociedad que ha perdido de vista el valor central del Estado del bienestar: cuidar a su gente.

Una sociedad decente no penaliza la enfermedad ni convierte la salud en una obligación productiva. Defender la cotización durante las bajas médicas no es radicalismo: es defender la dignidad, la solidaridad y la democracia social frente a una lógica que solo entiende de beneficios.

Jesús García Muñoz

Concejal – Portavoz PSOE de Quijorna

Declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, el pasado 26 de enero

La ultraderecha que no cesa

Son las libertades, los derechos y normas constitucionales democráticas lo que nos permite convivir en paz en esta sociedad, y en todas, y lo que evita que ésta caiga en manos de quien no los respeta.

Quien iba a pensar hace pocos años, a pesar que lo veíamos con horror en otros países como Rusia, Arabia Saudí o Sudán, que nos podía pasar a nosotros; quien podía pensarlo incluso si mirando más cerca, Francia o Polonia, democracias plenas, veíamos que podían acabar en manos de algunos personajes políticos poco respetuosos con su propia casa, y ejercer una política de mano de hierro…

Y sin embargo, aquí estamos

Curiosa ésta época, donde la ultraderecha ya no necesita dar golpes de Estado porque puede hacer las mismas barbaridades, utilizando los votos democráticos, con los mismos chivos expiatorios, inmigrantes o desafectos, y con las manidas pero muy efectivas redes sociales, propiedad de tecnofeudalistas que solo quieren siervos en vez de ciudadanos libres.

Tienen la misma intención para cualquier sociedad de cualquier país, nada que ver con la humanidad o solidaridad. Nos equivocamos cuando desde nuestra ética de respeto a los derechos humanos juzgamos sus actos como inhumanos o llenos de crueldad.

No pretenden simplemente imponer la paz tras la guerra, o por contra, establecer un gobierno autoritario, o ultraderechista como algo necesario, lógico o en respuesta a la peligrosa izquierda…

En realidad necesitan impunidad absoluta para sus negocios, para justificar el no pagar impuestos, para sortear leyes y normas que constriñen sus libertarias necesidades, expresándolo con absoluta claridad e impunidad.

«…no es política, solo son negocios»

Lo que más me llama la atención, y percibo con temor, es cómo muchos ciudadanos incluso con las rentas más bajas, por la percepción de tener pocas expectativas de mejora o de poder tener siquiera una vivienda, en vez de exigir mejoras de manera organizada se quedan en una simple queja o protesta y trasladan sus necesidades, sus preocupaciones, a esos partidos que, como hemos visto muchas veces, sólo dan voces, y ejercen violencia política y física.

Y no olvidemos la reiterada evidencia de que estos partidos dejan siempre abandonados por el camino a estos mismos ciudadanos que una vez que han cambiado su necesaria y justificada participación política de carácter democrático, por un «simple depósito» de votos en opciones de ultraderecha, «consiguen» además, que sus deseos no satisfechos se conviertan en conflictos sin solución y, por tanto, en situaciones de ruptura para nuestra democracia.

Entonces, si vemos lo evidente, si lo juzgamos tan grave, ¿por qué nos cuesta a la izquierda aunar voluntades? ¿cómo es posible que no toleremos a nuestros compañeros de viaje, a quienes miramos con más recelo que ilusión, pregonando a los cuatro vientos, como si fuera idea nuestra, que deberíamos juntarnos?

Es agotador tanto intento de conformar un grupo, que incluso manteniendo cada uno su identidad, sus ideas, acaba por no respetar a los demás, no reconocer las diferencias y no ser consciente de lo integrador que es para nuestra sociedad, poder conjuntar a personas que tienen una ideología progresista pero diversa.

A veces parecemos, una mezcla de «La vida de Brian» y «Atrapado en el tiempo»,

porque a pesar de tanta reflexión, de intentar no repetir errores, seguimos sin encontrar la solución.

Como no mirar con esperanza renovada, con respeto, y admiración a quienes intentan, desde sitios diferentes, resolver este enigma, a quienes intentan ilusionarnos y darnos esperanzas de que, al menos, «Amanece que no es poco”.

Eduardo Hernández

Militante de la UGT y del PSOE

VOX sigue creciendo en los comicios autonómicos.

Incapacidad de la izquierda para formar una coalición unida que frene al fascismo.

Desde las últimas elecciones autonómicas, el PP y de su mano VOX, detentan el poder territorial en España.

El PP, a través de Ayuso, gobierna la Comunidad de Madrid, si bien Ayuso se ve más identificada con VOX que con su partido, a la vista de las políticas y decisiones que toma y su Trumpismo declarado.

Además de Madrid, el Partido de Feijóo, detenta el poder en Andalucía, en Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Valencia, Ceuta, Extremadura, Galicia, Melilla, Murcia y La Rioja. El Ayuntamiento de Madrid, está gobernado así mismo por el PP.

En esos Gobiernos, VOX ha tenido presencia con consejerías e incluso viceconsejerías en las comunidades de CyL, Aragón Valencia, Extremadura y Murcia.

En 2025, la presidenta de Extremadura, Guardiola, adelantó las elecciones, pensando que esta estrategia le iba a permitir distanciarse de VOX y gobernar en solitario. Nada más lejos de la realidad, PP solo ganó un escaño y perdió cerca de 10.000 votos, mientras que VOX duplicó los suyos, de tal suerte que PP con 29 escaños no puede gobernar y necesita los 11 escaños de VOX, con el que tendrá que negociar.

En Aragón las cosas han seguido como en Extremadura, se adelantaron los comicios pensando en dejar atrás a VOX. Los resultados han sido malísimos para el PP, pues, pierde 2 escaños, pierde 13.000 votos y con sus 26 escaños, se queda a 8 de la mayoría absoluta y para gobernar necesita de los 14 escaños de VOX.

El 15 de marzo hay elecciones autonómicas en CyL, donde las encuestas pronostican que ganará PP con un escaño más, con pronóstico de 32 escaños, es decir, a 10 de la mayoría absoluta, bajaría el PSOE 3 escaños, obteniendo 25 y VOX crecería de 13 a 16. Una vez más, el PP necesita de VOX para alcanzar la mayoría que le permita gobernar.

El PSOE, vuelve a expresar su preocupación por la falta de unión de las izquierdas, que ya en 2023, esa falta de unión contribuyó a la pérdida de varias autonomías.

Los hechos ponen de manifiesto que VOX sigue creciendo y que el fascismo avanza.

VOX se ha hecho imprescindible para el PP porque sin su concurso no va a poder gobernar y es claro que el PSOE, no se va a abstener en ninguna de las tres autonomías donde está pendiente la formación de gobierno.

VOX se lo está poniendo muy duro al PP, tanto en Extremadura como en Aragón, al solicitarle vicepresidencias y consejerías de alto contenido, con dotaciones presupuestarias para atender las funcionalidades que ocupe.

PP no parece dispuesto a aceptar esas exigencias por no parecerles proporcionales, pero VOX, crecido, no cede. Las candidatas o candidatos, miran de reojo al PSOE, pero saben que un pacto de abstención no es viable, la disyuntiva es clara, o VOX toma las riendas de los gobiernos en discusión, o habrá que repetir comicios en Extremadura y Aragón. Veremos qué pasa en CyL.

Y mientras tanto, ¿qué hace la izquierda?, ¿qué estamos haciendo los partidos de izquierda, los sindicatos, los trabajadores, para frenar el avance del fascismo? ¿Será la izquierda capaz de unir a toda la izquierda alternativa y formar una coalición seria, con representantes sólidos, que no sea una mera elección y ordenación de candidatos, dejando atrás los egos, el “mirarse el ombligo”, las rencillas y los viejos resquemores?

El asunto es muy complicado y complejo.

Cuando la izquierda se sienta a hablar y a reflexionar, cuando el asunto de una unión de las izquierdas se mueve, a muchos electores se le agitan las mariposas en el estómago y se llenan de expectativas que, si después no se llevan a buen puerto, les llena de frustración y se provocan abstenciones.

Es cierto que, a las fuerzas progresistas, haciendo abstracción de lo puramente ideológico, les unen muchas más cosas que las que les separan, pero sigue habiendo muchas dudas, muchos egos y muchas facturas pendientes.

Sin embargo, ante lo que nos jugamos todas y todos, ante el fascismo creciente, deben olvidarse todas las cuentas y sacar a relucir la generosidad, la fraternidad y la solidaridad para avanzar resolutivamente hacia una coalición unida de todas las izquierdas que frene al fascismo y genere la posibilidad de un gobierno que permita afrontar políticas progresistas.

Pero tratemos de abordar cuales son las causas de las dificultades de la izquierda para unirse.

En España, pese a que las izquierdas tengan una historia, un legado, de lucha obrera y de lucha revolucionaria, tras la muerte de Franco y la Transición, no existe una izquierda revolucionaria, y sí, en cambio, una izquierda muy sometida a las corrientes que vienen impuestas desde Europa, la UE, las socialdemocracias muy descafeinadas y la confusión de los problemas, pese a que las prioridades y reivindicaciones de los trabajadores, están muy claras.

Tengo el convencimiento de que la mayoría de los partidos de la izquierda alternativa, están fuera de la realidad y muy alejados de los verdaderos problemas de los trabajadores y de la lucha obrera no teórica, sino real, cuando, sin embargo, resulta esencial la unidad de la izquierda para consolidar la democracia, el estado de derecho, la justicia social y el respeto y la defensa de todos los servicios públicos fundamentales.

En la dispersión existente en la izquierda alternativa, (siguiendo la línea de pensamiento de Temi Vives, biólogo y filósofo, profesor honorífico de la Universidad de Barcelona), hay una gran diversidad ideológica, que puede ir dese un marxismo-leninismo radical, estalinistas, trotskistas, comunistas clásicos, socialistas, socialdemócratas y socio liberales, sin dejar de lado todas las ramas anarquistas y del anarco-sindicalismo. Sin embargo, no creo que esta diversidad ideológica sea un hándicap para lograr un acuerdo sobre estrategias y objetivos comunes, en una hipotética coalición electoral de las izquierdas.

Más bien, una de las mayores dificultades puede estar en la contraposición de intereses, entre los diferentes sectores de la izquierda, donde pueden coincidir trabajadores con una lucha de clase muy definida y unas reivindicaciones muy marcadas y, por ejemplo, intelectuales, con unos intereses que los lleven a prioridades diferentes, generando rivalidades y divisiones.

Puede haber influencia de poderes externos o grupos de presión que incidan sobre los diferentes sectores de la izquierda, que sin duda, debilitan la unidad e independencia de esa posible coalición unitaria de las izquierdas.

En estos momentos hay, sin embargo, un atisbo de esperanza, Gabriel Rufián, descartándose a priori como líder de nada, no será él quien represente a ninguna posible unión de las izquierdas, ha dado un paso adelante y está intentando que las izquierdas se unan, que se sienten, dialoguen y debatan, que identifiquen lo común y formen una coalición unitaria de toda la izquierda, manteniendo cada quien su identidad, que es lo que demanda el electorado progresista y que es fundamental para frenar al fascismo.

Del mismo modo, unos días después de la iniciativa del diputado Rufián, ya pública, y con conocimiento de la misma, por parte de SUMAR, IU, MÁS MADRID y los COMUNS, se han dado pasos para repetir una coalición electoral de dichas formaciones, pero sin referencia alguna ni a Gabriel Rufián ni a PODEMOS.

Parece que PODEMOS sigue teniendo muchas diferencias y ¿desafueros? Con SUMAR, y va a ser muy difícil que vaya a unirse a ningún tipo de coalición, concurriendo en solitario en los próximos comicios por venir, con el riesgo de que PODEMOS y no solo ellas queden fuera de juego, e incluso sin representación parlamentaria, como ha ocurrido en Aragón, en el Congreso y en el Senado.

Nada teme más la derecha y los fascistas que una izquierda unida, organizada y fuerte.

Sólo una izquierda fuerte, valiente, organizada, unida y rupturista, será capaz de frenar a VOX, al PP y demás fascistas que pululan por España.

Miguel Sagüés

Miembro del Comité de redacción de TS

21 de febrero: representantes de Sumar, Izquierda Unida, Mas Madrid y los Communs se reúnen en Madrid para presentar su propuesta
18 de febrero: Gabriel Rufián y Emilio Delgado convocan un acto en Madrid para «repensar la izquierda»
Podemos no participa de los actos de «un paso al frente» ni del acto de Rufián y Delgado

El colapso del control nuclear

Introducción

El progresivo desmoronamiento del sistema internacional de control de armas nucleares no puede explicarse únicamente como una sucesión de fracasos diplomáticos o como el resultado de decisiones coyunturales de determinados gobiernos. Este proceso es una manifestación de las contradicciones estructurales del capitalismo, caracterizado históricamente por la rivalidad entre grandes potencias, la crisis del multilateralismo y la creciente militarización de las relaciones internacionales.

La desaparición de tratados nucleares no constituye una anomalía histórica, sino una consecuencia lógica del modo de producción capitalista -el más generalizado- que prioriza la acumulación de poder y capital sobre la seguridad colectiva y la vida humana.

El auge y declive del control nuclear

El control de armas nucleares surgió como respuesta a la amenaza existencial que supuso la proliferación de estas armas tras la Segunda Guerra Mundial y el horror provocado por las muertes y destrucciones masivas causadas por el bombardeo atómico sobre las poblaciones de Hiroshima y Nagasaki (1945).

Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron arsenales masivos, pero también establecieron acuerdos destinados a limitar su expansión y reducir el riesgo de una confrontación directa. Tratados como el de Misiles Antibalísticos ABM(1972), el de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio INF(1987) o el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas New START(2010), introdujeron límites cuantitativos, mecanismos de verificación y canales de comunicación que aportaron una cierta estabilidad estratégica.

Durante décadas, estos acuerdos permitieron una relativa previsibilidad en las relaciones entre las grandes potencias. Sin embargo, desde comienzos del siglo XXI, el sistema empezó a erosionarse. El abandono progresivo de tratados, el deterioro de la confianza mutua y la prioridad otorgada a la modernización de arsenales marcaron el inicio de una nueva etapa. La era del control nuclear se desmorona ante nuestros ojos, en paralelo al debilitamiento del multilateralismo y al retorno de la rivalidad exacerbada entre superpotencias, en su obsesión por el control exclusivo de las fuentes de energía fósiles (gas y petróleo) y de las tierras raras; esenciales para la producción de las nuevas tecnologías.

El fin del “New START” y el vacío normativo

El “New START”, que es el último acuerdo vinculante de control nuclear entre Estados Unidos y la Federación de Rusia, finalizó el pasado 5 de febrero, constituyendo un punto de inflexión histórico. Este acuerdo era el último instrumento jurídicamente vinculante que limitaba los arsenales nucleares estratégicos de ambos Estados. Su desaparición implica que, por primera vez en más de medio siglo, no existe ningún marco legal que establezca límites ni mecanismos de verificación entre las dos principales potencias nucleares del mundo.

Más allá del número de ojivas, el fin del “New START” supone la pérdida de transparencia y de confianza mutua. Este vacío normativo se produce, además, en un contexto de alta tensión geopolítica, marcado por la guerra en Ucrania, el genocidio del pueblo palestino en Gaza, las amenazas militares de los EE UU a la soberanía e integridad territorial de otros estados -Dinamarca (UE), Venezuela, Canadá, Cuba, etc.- el colapso del diálogo estratégico entre Rusia y EE UU y el ascenso de China como potencia nuclear emergente.

Un contexto global de rearme

El colapso del control nuclear no se limita a la relación entre Washington y Moscú. Otras potencias nucleares, como China, India, Pakistán o Corea del Norte, continúan ampliando o modernizando sus arsenales.

Este escenario alimenta el riesgo de una nueva carrera nuclear, tanto cuantitativa como cualitativa. La erosión del régimen de no proliferación debilita el Tratado de No Proliferación Nuclear, cuya credibilidad depende del compromiso efectivo de las potencias nucleares con el desarme. Cuando dicho compromiso desaparece, se refuerza la lógica de la fuerza como garante último de la seguridad.

La Unión Europea ante un entorno más inseguro

La Unión Europea se ve directamente afectada por este deterioro del orden nuclear internacional. Aunque no posee armas nucleares como bloque, su seguridad depende en gran medida del paraguas nuclear estadounidense a través de una OTAN en crisis irreversible. La desaparición de los acuerdos de control entre Estados Unidos y Rusia incrementa la inestabilidad del entorno estratégico europeo y reduce la capacidad de la UE para anticipar y gestionar riesgos.

Esta situación pone de manifiesto una contradicción central del proyecto europeo: la aspiración a una mayor autonomía estratégica frente a una dependencia estructural de actores externos. En el ámbito nuclear, esta dependencia es especialmente evidente, ya que las decisiones fundamentales se toman fuera de las instituciones europeas y responden a intereses ajenos a la voluntad democrática de sus pueblos.

Autonomía estratégica: ambición y límites

En los últimos años, la autonomía estratégica se ha convertido en un concepto central del discurso político europeo. Iniciativas como la “brújula estratégica” o el aumento de la cooperación en defensa buscan reducir dependencias y reforzar las capacidades propias de la UE. Sin embargo, el colapso del control nuclear pone de relieve los límites de esta ambición.

La posibilidad de una disuasión nuclear europea autónoma plantea enormes obstáculos políticos, jurídicos y económicos, además de entrar en contradicción con los compromisos europeos en favor de la no proliferación. En la práctica, la autonomía estratégica corre el riesgo de traducirse en un aumento del gasto militar y en una mayor integración en la lógica de la OTAN, sin cuestionar los fundamentos del orden militarizado actual.

Impacto político y normativo

La erosión del control nuclear también afecta a la credibilidad normativa de la Unión Europea. Históricamente, la UE se ha presentado como defensora del multilateralismo, el desarme y el derecho internacional. Sin embargo, la normalización del rearme y la aceptación de un mundo sin límites nucleares tensionan este papel y debilitan su capacidad de liderazgo diplomático.

Conclusión

El colapso del régimen internacional de control nuclear, simbolizado por el fin del tratado “New START”, confirma que el sistema internacional atraviesa una fase de inestabilidad estructural profunda. Esta evolución responde a la lógica de un imperialismo en crisis que recurre al rearme y a la militarización como mecanismos para gestionar sus contradicciones y sostener la acumulación de capital.

La proliferación y modernización de arsenales nucleares no incrementan la seguridad de los pueblos, sino que refuerzan el poder de las élites políticas y económicas vinculadas al complejo militar-industrial. La amenaza nuclear legitima el aumento del gasto militar y desvía recursos que podrían destinarse a satisfacer necesidades sociales vitales tales como sanidad, educación, vivienda, pensiones, etc. El fracaso del desarme no es, por tanto, accidental, sino estructural.

Para la Unión Europea, esta situación revela los límites de su proyecto de autonomía estratégica. Lejos de avanzar hacia una política exterior independiente y orientada a la paz, la UE corre el riesgo de consolidar una “autonomía” armamentística subordinada, integrada en la arquitectura militar de del Tratado Atlántico, en crisis irreversible, que es funcional a los intereses del imperialismo estadounidense, actualmente imprevisible y crecientemente agresivo.

A mi parecer, una verdadera autonomía estratégica solo puede construirse rompiendo con la lógica del rearme, apostando por el desarme nuclear y situando la seguridad humana y la justicia social en el centro del proyecto político europeo.

Manuel Ruiz Robles

ex-capitán de navío de la Armada (retirado),

ex-delegado nacional en el Comité Científico de la OTAN (sección de óptica e infrarrojo).

La democracia en el trabajo, una nueva gobernanza empresarial

La transición española de la dictadura franquista a la democracia ha sido frecuentemente presentada como un ejemplo de consenso y madurez política. Sin embargo, ese relato pierde consistencia cuando se observa lo que ocurre más allá de la esfera institucional. Existe una frontera tan cotidiana como invisible que marca el límite de la democracia: la puerta de las oficinas y de las fábricas. Mientras la ciudadanía ejerce su soberanía política mediante el voto, en el ámbito laboral sigue predominando un modelo de poder vertical apenas cuestionado desde hace décadas.

Esta contradicción es el punto de partida del informe sobre Democracia en el Trabajo presentado recientemente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Elaborado por una comisión internacional de expertos en economía, derecho y ciencias sociales, el documento pretende rescatar del olvido el artículo 129.2 de la Constitución Española, que obliga a los poderes públicos a promover la participación de las personas trabajadoras en la empresa. Casi medio siglo después de su aprobación, ese mandato constitucional sigue sin un desarrollo legislativo efectivo.

El informe parte de una premisa clara: no es sostenible que una sociedad democrática conviva con espacios económicos organizados como auténticas autocracias. La empresa contemporánea, sostienen los expertos, no puede seguir funcionando al margen de los valores democráticos sin generar tensiones que acaban debilitando la cohesión social y la estabilidad política. Cuando millones de personas pasan buena parte de su vida sometidas a decisiones sobre las que no tienen voz, la democracia se resiente.

Uno de los aportes más relevantes del documento es el cambio de paradigma en la forma de entender el trabajo. Frente a la visión tradicional que reduce al empleado a un coste o a un recurso productivo, la comisión propone reconocerlo como un “inversor de trabajo”. La idea es sencilla pero poderosa: mientras el accionista aporta capital financiero, el trabajador invierte tiempo, salud, conocimiento y expectativas de futuro. Esa inversión vital, mucho menos recuperable que el capital, debería traducirse en derechos políticos dentro de la empresa.

Sobre esta base se articula la principal propuesta del informe: la implantación de la codecisión. En las empresas de más de cincuenta trabajadores, la plantilla tendría derecho a ocupar al menos un tercio de los asientos en los consejos de administración. En las grandes corporaciones de más de mil empleados, la representación alcanzaría hasta la mitad. Lejos de ser una excentricidad, este modelo funciona desde hace décadas en países como Alemania o Suecia, donde ha contribuido a una mayor resiliencia económica, menor conflictividad laboral y una reducción de las brechas salariales.

El texto también advierte sobre los riesgos asociados a la digitalización y al uso creciente de la inteligencia artificial en la gestión del trabajo. Algoritmos que deciden despidos, ritmos de producción, promociones o sistemas de vigilancia pueden convertirse, sin control democrático, en herramientas de precarización y dominio. Por ello, el informe propone garantizar el derecho de las plantillas a la información y a la autorización colectiva sobre el uso de estas tecnologías, con el objetivo de que la innovación se traduzca en prosperidad compartida y no en deshumanización del empleo.

Otro eje central es la cuestión de la propiedad. La comisión plantea la creación de fondos de propiedad colectiva que permitan a los trabajadores contar con un bloque de voto propio en las juntas de accionistas. Para incentivar estas prácticas, se propone un Índice de Desarrollo Democrático Corporativo que premie con ventajas fiscales o prioridad en la contratación pública a las empresas con mayores niveles de participación interna.

Esta democratización empresarial tiene además una dimensión ambiental y territorial. A diferencia de los inversores financieros, que pueden mover capitales sin arraigo alguno, los trabajadores suelen vivir en los entornos donde se produce. Darles voz en las decisiones estratégicas reduce la probabilidad de deslocalizaciones destructivas o de proyectos que deterioren el medio ambiente y el tejido social de las comunidades locales.

En definitiva, el informe sostiene que la democracia española sigue incompleta. Completar el proceso iniciado hace décadas exige llevar el derecho a decidir al corazón del sistema productivo. No se trata solo de mejorar la gestión empresarial, sino de actualizar el contrato social en un contexto marcado por el autoritarismo, la desigualdad y la incertidumbre tecnológica.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social ha anunciado que trasladará estas conclusiones al diálogo social con el objetivo de elaborar en España la primera ley que regule participación de trabajadores en las empresas. La advertencia de fondo es clara: si la economía continúa funcionando al margen de los valores democráticos, la democracia política seguirá siendo vulnerable. Democratizar la empresa no es una opción ideológica, sino una condición necesaria para que la libertad y la igualdad no se detengan al fichar a la entrada del trabajo.

Toni Ferrer Sais

Exsecretario de Acción Sindical de UGT

Expresidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Senado