La necesidad de ampliar el alcance de la política de vivienda

La crisis no se resuelve por medio de proyectos masivos de construcción

En materia de vivienda y suelo se puede hablar de fallo de mercado. Este último informa de la demanda satisfecha, pero no aporta información sobre quienes no pueden acceder a una vivienda, en propiedad o en alquiler, por falta de recursos. La insuficiente oferta de viviendas a un coste moderado puede considerarse como el principal fracaso del capitalismo democrático. Existe en España una situación de difícil acceso ala vivienda para la mayor parte de la población.

                El evidente fallo de mercado en el caso de la vivienda y del suelo hace necesaria la intervención de las administraciones públicas. Se trata de ayudar a que dispongan de vivienda los colectivos más vulnerables, entre los que destacan los jóvenes que acceden por primera vez a una vivienda. La actuación de las administraciones públicas en España resulta un tanto complicada. Suelo y vivienda son competencias exclusivas delas comunidades autónomas, pero la mayor parte de los recursos aportados proceden del gobierno estatal.

                La proporción de hogares en los que el esfuerzo de acceso supera la tercera parte de los ingresos en España está por encima del 40%. La asequibilidad es el esfuerzo económico y financiero que han de realizar los hogares para hacer frente al precio y acceder así a la vivienda. La actual es una crisis de asequibilidad. El grado de cobertura de las necesidades de vivienda resulta en España inferior a los niveles alcanzados en otros componentes del estado bienestar, como la educación, la sanidad y las pensiones. La actual crisis de la vivienda aumenta las desigualdades y puede terminar afectando negativamente al resto del estado bienestar.

                Los precios y los alquileres de la vivienda están desacoplados respecto de los niveles de ingresos de los hogares, por la condición de activo que tiene la vivienda. Más de la mitad delas ventas de 2023 se pagaron al contado, sin necesidad de acudir a una hipoteca, lo que revela que numerosos adquirentes son inversores. Tras la crisis de 2008 los precios disminuyeron, pero permanecieron elevados, lo que desvió la demanda hacia el alquiler, ante la escasez de oferta de vivienda en propiedad deprecio asequible. En este contexto la política de vivienda es más que necesaria y debe de orientarse a resolver el problema de acceso. Numerosos hogares alquilan habitaciones en lugar de pisos completos ante la carestía de los alquileres.

                El exiguo parque de viviendas sociales de alquiler acentúa el desequilibrio. En 2020 suponía el 2,5% de las viviendas principales. En el conjunto de la UE la proporción ascendía al9,3%. El incremento de la vivienda turística reduce la oferta de alquiler y acentúa el desequilibrio. La aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, ha sido la actuación más destacada del actual Gobierno en la materia. La ley ha creado instrumentos para aumentar la oferta de viviendas sociales de alquiler y también ha abierto la puerta al establecimiento de controles de los alquileres. La defensa de los parques públicos de vivienda es, más que una política, una promesa de política.

                Se trata ahora de cumplirla, desarrollando actuaciones que palien la grave emergencia nacional que caracteriza el momento actual de la vivienda.

                La crisis de la vivienda no se resuelve por medio de proyectos masivos de construcción, algo negativo desde el punto de vista ecológico. La construcción de viviendas protegidas, para el alquiler, puede ser un instrumento útil, creando así un parque de viviendas sociales más significativo que el existente. Los precios del alquiler resultarían más asequibles que los que ahora arrasan los ingresos de los hogares más vulnerables. La construcción de viviendas protegidas se ha situado en niveles reducidos en los últimos años. La desaparición de la garantía de financiación de las viviendas protegidas desde 2013 ha sido paralela al descenso de la construcción de dichas viviendas.

                El primer bloque de actuaciones se refiere al aumento de la oferta de viviendas protegidas de alquiler y en venta. Se debe fomentar dicho aumento garantizando un flujo continuo de financiación crediticia. Los fondos europeos han “maquillado” los presupuestos estatales de vivienda en 2022-2023. Después de 2024 no habrá fondos para financiar la construcción de nuevas viviendas protegidas. En 2024 son trascendentes los4.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos, pendientes de un convenio entre Vivienda y el ICO, para financiar la construcción de unas 43.000 viviendas sociales de alquiler. El ICO debe de asumir un papel directo. Después de2024 se debe de garantizar la financiación de unas 50.000viviendas protegidas al año. Se firmarían acuerdos o convenios bilaterales con las CC AA y Ayuntamientos para la construcción de las viviendas y también para la compra. El Estado asumiría la amortización y costes financieros de los bonos emitidos contra los ingresos de los alquileres. Además, el gasto público en vivienda debe de reforzar las ayudas directas a los arrendatarios, aproximando el gasto público en vivienda al promedio de la Unión Europea, el 0,43% del PIB.

                Las restantes herramientas estatales, Sareb, Sepes y los suelos de titularidad pública deberán de contribuir al aumento del parque de viviendas sociales de alquiler. Deberá de crearse una agencia para la construcción (o compra o rehabilitación) y gestión de viviendas protegidas. Se debe de avanzar en la regulación de los contratos de arrendamiento de vivienda aplazo inferior al año. Es necesario controlar el aumento de los pisos turísticos.

                El segundo bloque de actuaciones es el de los controles de alquiler para contrarrestar los elevados precios alcanzados, en la línea establecida en la Ley 12/2023 a través de las Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT). Desde marzo de2024 se ha implantado el sistema estatal de índices de precios de referencia, que descansa en la información tributaria contenida en las declaraciones del Impuesto sobre la Renta delas Personas Físicas. El sistema de control permite establecer topes a los alquileres de los “grandes tenedores de vivienda” en las Zonas citadas, así como a los propietarios que no sean gran tenedor. Las declaraciones de ZMRT corresponden a las autoridades competentes en materia de vivienda, que son las comunidades autónomas. En las autonomías gobernadas por el Partido Popular no se aplicará el control de alquileres comentado, lo que reducirá el alcance de dichos controles y acentuará la trascendencia del aumento de la oferta de vivienda protegida.

Julio Rodríguez López
Es vocal del Consejo Superior deEstadística del INE,
y expresidente del Banco Hipotecario deEspaña y de Caja Granada

El imposible precio de la vivienda.

Uno de los grandes problemas no resueltos en nuestra sociedad es la vivienda. Como señala Julio Rodríguez López en el capítulo XII del libro «Economía, Política y ciudadanía» (Ed Catarata. 2023) entre el año 2014 y 2022 la vivienda subió un 56,2% mientras que los salarios subieron el 13,9%. Llueve sobre Mojado.

Mi amigo Kebir malvive en una habitación compartida de Badalona pagando 550€ mensuales de alquiler, con un salario de 900€ euros netos. A Óscar, que vive con su mujer en un piso de Sant Feliu de Llobregat y están esperando un bebé, el alquiler les ha subido a 900€. El incremento de los precios de la vivienda de alquiler y las frágiles economías domésticas tienen consecuencias
dramáticas como el suicidio de un hombre de 70 años del barrio de Sant Andreu en Barcelona, o el suicidio de dos hermanas, también en Barcelona, el mismo día en que iban a ser desalojadas de su vivienda por no poder hacer frente al pago de la renta.

Jovenes, mayores, inmigrantes, todos y todas…la clase trabajadora es la que sufre la desregulación del precio de la vivienda y su especulación.

Parece que no existe fin al incremento del precio de la vivienda. El último estudio del portal inmobiliario FOTOCASA arroja datos devastadores. El precio medio de una vivienda de 80 m2 en España es de 1012€, teniendo ciudades
como Barcelona con un precio medio de alquiler de 1775€ o Madrid con un precio de 1682€. Los datos son claros. Si comparamos el precio de la vivienda con el salario mínimo interprofesional (1323 € brutos), es imposible pagar una vivienda.

Y como el precio de la vivienda es más alto en las grandes ciudades, se está expulsando a las economías domésticas más precarias hacia los extraradios, municipios y comarcas alejadas a 60- 70 km, contagiando a esos municipios y comarcas de la tensión inmobiliaria y la especulación.

Pero eso no es todo. Como quiera que son las personas y familias menos pudientes las que se tienen que buscar la vida en las zonas más alejadas de las grandes ciudades (y de los puestos de trabajo), se produce un fenómeno de
dislocación de jóvenes, inmigrantes, personas mayores, personas que viven solas… . Poblaciones donde hasta ahora se podían buscar soluciones
habitacionales en los pocos casos que se daban, ven ahora como el número de personas sin hogar aumenta, a la vez que la mendicidad, la ocupación de viviendas e infraviviendas, la demanda de servicios sociales y la alarma social se dispara en esos municipios que carecen de los recursos para ayudar a la pobreza expulsada de las grandes urbes. Un caldo de cultivo estupendo para los
populismos, los racistas y la extrema derecha. Acabar con la especulación de la vivienda es necesario para la clase trabajadora y urgente para la clase política que se reclama de izquierdas. Es necesario para la clase trabajadora porque todo el mundo tiene derecho a un techo y un hogar. Es urgente para la clase política porque la convivencia está en peligro y la situación actual empieza a ser un polvorín a punto de estallar.

Necesitamos parar los deshaucios.

Se necesita poner en circulación las 50.000 viviendas de la SAREB que en su día
fueron activos considerados tóxicos para la Banca y que el siempre amable Estado compró para sanear las cuentas de los bancos.

Se necesita poner freno a la epidemia de pisos turísticos, que no hacen sino agravar el problema.

Se necesita topar el precio de la vivienda tanto de alquiler como de compra ajustándo el precio a las posibilidades de cada cual.

Se necesitan ayudas fiscales tanto para el alquiler como la compra de vivienda, recuperando la deducción del gasto en vivienda de primera residencia en la declaración del IRPF (eliminada para viviendas adquiridas con posterioridad al
2015).

Necesitamos promover el empleo digno y aumentar los salarios. Pero fundamentalmente, necesitamos un parque público de vivienda en nuestro país. En España, el parque de vivienda social es de 450.000. mientras que la media
europea de viviendas sociales es de 2 millones.

Por tanto, España tiene un déficit de vivienda social de 1 .550.000 viviendas, por lo que parece razonable exigir que se produzca una iniciativa
pública con la participación de comunidades autónomas y ayuntamientos para la construcción de vivienda.


Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de TS

Cataluña: investidura de Illa o repetición electoral

El próximo 26 de agosto es la fecha clave para proceder a la investidura de Salvador Illa como 133º Presidente de la Generalitat o convocar nuevas
elecciones. Las conversaciones y negociaciones no trascienden a la opinión pública, más allá de aquellas cuestiones que sí que conocen, como la defensa del
catalán y un nuevo sistema de financiación, que en el caso de Cataluña sería singular.

La última reunión de Pedro Sánchez y el todavía presidente Aragonés, parece que van en la línea del entendimiento. De momento, se va cumpliendo los
compromisos alcanzados para la investidura de Pedro Sánchez. El traspaso de los fondos para la gestión del ingreso mínimo vital es una buena prueba de ello.

Esa era la exigencia previa de Marta Rovira para alcanzar un nuevo acuerdo. Un nuevo acuerdo cuya piedra angular parece ser que se sitúa en el desarrollo de la empresa pública energética que ha aprobado la Generalitat, y la financiación singular de Cataluña, lo que no parece que vaya a plantear demasiados obstáculos cuando el PSC llevaba ya en su programa electoral la puesta en
marcha del consorcio tributario catalán que prevé el Estatut de Cataluña y que podría ser una buena herramienta al servicio de un avance significativo en
materia de la financiación de Cataluña que reclama ERC.

La cuestión aquí no es tanto si PSC y ERC llegarán a un acuerdo que es previsible que así sea, sino si las bases de ERC refrendarán ese preacuerdo para poder investir a Illa como Presidente. Recordemos que tras las elecciones autonómicas las bases de ERC están revueltas entre los partidarios de una renovación total de la cúpula de ERC y aquellos otros que ven con buenos ojos la estrategia del acuerdo de izquierdas, y dejar a Puigdemont fuera de juego.

Para acabarlo de complicar, Puigdemont, que es la persona que cataliza el independentismo de derechas plantea su vuelta que podría ser el día 1 de agosto, para hacer ruído el día en que ERC tiene previsto votar el preacuerdo, o el mismo 26 de agosto, fecha tope para la investidura. En cualquier caso, el regreso de Puigdemont puede ir acompañado de su detención, lo que asegura el ruído mediático, y la presión para que como mínimo algún diputado de ERC no apoye la investidura, y se repitan las elecciones como quiere Puigdemont.

Para intentar que Junts y el Presidente del Parlament Josep Rull, no tengan el control del calendario de investidura, parece ser que PSC, ERC y los comunes podrían aprovechar que las dos primeras semanas de agosto el Parlament no depende de la Mesa del Parlament, sino de los 23 diputados de la Diputación permanente para convocar una sesión de investidura exprés, preavisada con un plazo de 48 horas siempre que las bases de ERC aprueben el hipotético acuerdo de investidura.

Así pues, todo apunta a que si se llega a un preacuerdo de investidura, y las bases de ERC lo ratifican, la sesión de investidura podría tener lugar el
7 de agosto o cualquier otro día dentro de las dos primeras semanas de agosto.
Mientras tanto, Junts sigue su campaña para forzar la repetición electoral, y utiliza su papel clave en el parlamento español para romper la unidad de los
partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez, votando junto al PP y VOX como ocurrió en el último Pleno parlamentario.

Desde el punto de vista de los avances para la clase trabajadora, interesa que el bloque de la investidura se mantenga en el Parlamento, y que en Cataluña se
pueda llegar a un pacto de las izquierdas y no a una repetición electoral. Sin embargo, cualquier escenario es posible tanto en un sitio como en otro, y lo mismo podríamos estar hablando del fin de la legislatura para Pedro Sánchez y de una nueva convocatoria electoral tanto para las generales como para Cataluña.

Aunque todo es posible y nada es descartable, creo que en pocos días podremos tener sesión de investidura en Cataluña y a Illa como presidente de la
Generalitat.


Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de TS

Justicia: un poder del Estado al servicio de una ideología

El desprestigio de uno de los tres poderes del Estado, la Justicia, ha alcanzado cotas desconocidas en los últimos 46 años.

                El hecho de que el gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), haya estado sin renovarse casi cinco años cuantifica este problema democrático. Y el hecho de renovarlo no resuelve el descrédito de la Justicia.

                Es impensable que el poder ejecutivo estuviese vigente durante nueve años, sin renovarse desde su constitución. O sería un escándalo mayúsculo que un delegado o delegada del gobierno en una región interpretase sus funciones como le diese la gana o se extralimitase en la aplicación de sus atribuciones. Lo normal sería que el Gobierno le destituyese ipso facto.

                Bien, pues desde hace ya muchos años venimos asistiendo a una especie de vale todo en la interpretación y aplicación de las leyes para garantizar los derechos de las ciudadanas y ciudadanos, que es la función principal de los jueces, fiscales y tribunales. Si estas opiniones las dejase aquí no serían más que opiniones de un ciudadano ajeno al Derecho y a lo Judicial. Sin embargo, es el Tribunal Constitucional (TC) el que acaba de decir cosas como: “…se ha invadido la separación de poderes al criminalizar actos legislativos de un gobierno regional”, o “supone incidir en un ámbito ajeno al control judicial, excediendo de la función que los jueces y tribunales tienen atribuida” o “se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal”… Son algunas consideraciones, posiblemente no las más gruesas, que ha emitido el TC respecto a las sentencias dictadas por la Audiencia provincial de Sevilla en el caso de los EREs de Andalucía.

                Es a todas luces evidente que este caso se utilizó para azuzar, en marzo de 2011, contra el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (las generales las ganó el PP en noviembre del mismo año): ojo, no por esto solamente. Un PP que estaba inmerso en una avalancha de casos de corrupción por toda España. Allí destacó la jueza Alaya cometiendo, a juicio del TC, toda clase de excesos y graves quiebras de la justicia.

                Ahora tenemos al juez Peinado, que ha decidido mantener abierta una causa general contra el presidente del Gobierno, acompañando así el acoso y derribo que el PP puso en marcha tras la fracasada investidura de Feijóo. No es la primera vez que la derecha: PP, VOX y C´s todos o en parte, según las etapas, aplica la táctica de no reconocer la legitimidad del gobierno salido de las urnas.

                El juez Peinado busca motivos para imputar a, Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, aún a sabiendas de que dichos motivos no son punibles. Da lo mismo, el objetivo es mantener abierta un acusa que alimente el circo mediático en los canales de la derecha. Forman un tridente de ataque contra el presidente: judicial, mediático y político, para derribar al gobierno. No es un golpe de estado militar, pero busca el mismo fin.

                Estas prácticas, conocidas con el anglicismo de “lawfare”, son parte de las consignas y formas de actuar de la extrema derecha y la derecha extrema, aunque vistan de “demócratas”.

                El presidente de Brasil, Lula Da Silva, pasó 580 días en la cárcel y lo más importante para Bolsonaro; que no pudiese participar en las elecciones presidenciales de 2018. Hoy es nuevamente el presidente del Brasil, tras haber revocado la justicia brasileña las condenas orquestadas en la operación “Lava Jato”.

                El presidente portugués Antonio Costa dimitió en noviembre de 2023, tras relacionarse su nombre en una investigación judicial. Después, tras las elecciones que le dieron el triunfo a la derecha, resultó que era otro Antonio Costa el investigado.

                La instrumentación de la justicia para incidir en la política no afecta solo a presidentes de gobierno. Aquí se ha aplicado a políticos para desestabilizar grupos parlamentarios o gobiernos regionales. Es el caso de Alberto Rodríguez, quien perdió su acta de diputado en octubre de 2021, tras ser condenado por la Sala II del Tribunal Supremo, esa misma Sala sobre la que el portavoz del PP en 2018, Ignacio Cosidó, dijo “Controlaremos la Sala segunda desde atrás”. El TC ha revocado la sentencia y considera que fueron vulnerados los derechos fundamentales de Alberto Rodríguez. Y ocurrió en el País Valenciano, cuando Mónica Oltra tuvo que dimitir de su cargo de vicepresidenta del Gobierno autonómico al ser imputada en una causa que, dos años después, el juez dice que no hay ni “indicios de la comisión de delito alguno”.

                Son muchos los casos que podría citar y no es la primera vez que desde los tribunales europeos y altas instancias judiciales e instituciones internacionales afean la arbitrariedad de la justicia española. Quizá, el caso que deja más nítida la tendencia política de estos jueces y juezas que practican el “lawfare” sea el del juez Baltasar Garzón, quien fue apartado de la carrera judicial por querer investigar los crímenes del franquismo y cuando ordenó escuchas para investigar el caso de corrupción “Gurtel”; caso que atravesaba y atraviesa al PP de abajo arriba y de un lado a otro.

                El Comité de Derechos Humano de la ONU estimó que el Tribunal Supremo español vulneró el derecho del ex juez a la presunción de inocencia y el de revisión de condena, llegando a considerar que no había tenido acceso a un tribunal independiente e imparcial.

                Queda mucho por hacer. La transición del franquismo a la democracia no será completa en tanto haya un poder del Estado que tiene tufo franquista. La llamada a la regeneración democrática no debería quedarse en medidas estéticas ni de traslación de directivas comunitarias; necesitamos medidas de calado, estructurales.

                Los jueces deben ser independientes, claro que sí, pero no solo han de serlo, también deben parecerlo y en el caso abierto contra Begoña Gómez es evidente que no lo están siendo ¿Hasta cuándo el Gobierno de los jueces va a permitir esta tropelía?

Roberto Tornamira Sánchez
Presidente de ASTRADE

Editorial: OTAN, 75 aniversario de un trampantojo

La OTAN cumple su 75 aniversario, el Tratado del Atlántico Norte firmado en Washingtonentró en vigor el 24 de agosto de 1949.

                En 1947 comenzó la “la guerra fría” entre los Estados Unidos de América (EE.UU.) y la Unión de Repúblicas Soviéticas (URSS). La doctrina Truman consideraba que el mundo estaba dividido en dos bloques irreconciliables, donde Estados Unidos defendía la democracia y la libertad frente a una URSS totalitaria y hostil a los valores occidentales.Por su parte, ya en 1925, Stalin había renunciado a extender la revolución socialista fuera de la URSS.

                El Artículo 1 del Tratado constituyente establece:

“Las Partes se comprometen, tal y como está establecido en la Carta de las Naciones Unidas, a resolver por medios pacíficos cualquier controversia internacional en la que pudieran verse implicadas de modo que la paz y seguridad internacionales, así como la justicia, no sean puestas en peligro, y a abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza de cualquier forma que resulte incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.”

  • Los países fundadores fueron: Bélica, Canadá, Dinamarca, EE.UU., Francia, Gran Bretaña, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos y Portugal.
  • En 1952 su sumaron Grecia y Turquía.
  • En 1955 su adhirió Alemania.
  • En 1982 se incorporó España.
  • En 1999 lo hicieron Chequia, Hungría y Polonia.
  • En 2004 entraron a formar parte: Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y        Rumanía.
  • En 2009 se sumaron: Albania y Croacia
  • En 2017 se sumó Montenegro.
  • En 2020 se integró Macedonia.
  • Los dos últimos países en incorporarse han sido Finlandia, en 2023, y Suecia en este año 2024.

                España se incorporó el 30 de mayo de 1982, aunque el presidente del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo anunció la integración de nuestro país en su discurso de investidura el 25 de febrero de 1981, 48 horas después del intento de golpe de Estado “el 23-F”. Tras la victoria electoral del PSOE en octubre de 1982 la movilización social contra la pertenencia de nuestro país a la OTAN forzó la apertura de un periodo de reflexión. El PSOE pasó del “OTAN, de entrada No” en campaña electoral a “Sí a la permanencia” tras el triunfo en las urnas. La reflexión desembocó en el Referendum del 12 de marzo de 1986.Hay que recordar que el Referendum tuvo una abstención del 41% y que Felipe González presionó con el Sí a la OTAN o su dimisión. El resultado fue de un 59% de los votos a favor del SI y un 43% a favor del NO.

                Estos son los antecedentes, ahora veamos la actualidad.

                Es interesante el ejercicio de tomar un mapa de Europa para ver la adhesión cronológica de los actuales 32 miembros. El resultado es un avance de la OTAN hacia el este de Europa hasta alcanzar la frontera occidental con Rusia. El Artº 1 de Tratado constituyente dice“…abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza…”pero no parece que se cumpla este propósito, pues el hecho de que una estructura militar avance hacia las fronteras de un país que viene de una confrontación de décadas,habría que ser empáticamente incapaz para no ver en elloninguna amenaza.

                La constitución de la OTAN estuvo lugar en un mundo que hoy no existe: la confrontación de dos bloques que se lanzaron a una carrera armamentística y nuclear, acelerada por los brutales resultados del bombardeo de Horoshima y Nagasaki, por parte de los EE.UU., en 1945.

                El proceso de avance de la OTAN hacía el este ha desembocado en una guerra en Ucrania. Se ha explicado en otras editoriales de Tribuna Socialista y en distintos artículos de nuestros colaboradores, con datos, quela guerra en Ucrania es un conflicto armado en el que se disputa el control del abastecimiento energético de Europa: gas y petróleo principalmente.  Básicamente, Rusia ha pasado de suministrar el 40% del Gas Natural Licuado (GNL) en 2021, al 8% en 2023. Mientras que en 2023, los EE.UU., ha sido el mayor suministrador de GNL, alcanzando una cuota del 50% del total del GNL importado por la UE https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eu-gas-supply/Es evidente cual es la nación beneficiada con esta guerra.

                Putin es indefendible, un sátrapa, clave de bóveda de un Estado oligárquico en el que una minoría; heredera de la degeneración en la que devino el estalinismo, se apropió de los bienes del Estado: minería, petróleo, gas… aprovechando la etapa de transformación al sistema de mercado iniciada por Gorvachov en 1985. Putin ha invadido el territorio ucraniano y eso es un hecho, como también lo es que, desde la década de los 90, occidente y los EE.UU., en particular han ido acechando económica y militarmente al país de la revolución proletaria de 1917. Esto no significa ni por asomo que Putin sea un revolucionario, ni tenga nada en común con aquella etapa. De hecho, él se identifica más con Stolypin, ministro de Nicolás II de 1906 a 1911, un defensor de la autocracia zarista.

                En este conflicto no podemos obviar que la naturaleza del Estado ucraniano es similar a la de Rusia, cuyas consecuencias sufre la población rusoparlante de la cuenca del río Donets, desde 2014.

                Tras dos años y medio de una guerra que esta suponiendo una sangría de juventud, tanto para Rusia como para Ucrania, vemos con preocupación como la OTAN está más ocupada en alimentar la guerra que,tal como dice el artículo 1 de su tratado fundacional, en buscar la paz. Por ello, continúa con más vigencia cada día el lema “Ni Putin ni OTAN” del Manifiesto internacional contra la guerra.

                El pasado día 19 de julio, la mayoría política de la UE: conservadores,liberales,socialdemócratas yecologistas, entre otros, votaron en el Parlamento europeo a favor del envío de más armas para Ucrania, es decir, continuar la guerra, a pesar de que prácticamente todos los gobiernosfueron derrotados en las elecciones del 9 de junio ¿es que acaso el trasfondo de la guerra y sus consecuencias económico-sociales no está en el hartazgo de los pueblos de Europa y en el caldo de cultivo del fascismo ascendente?

                Entre esta mayoría no hubo ningún reproche al genocidio de Gaza.

                Estos mismos representantes son los que cuando llegan los comicios de distinto ámbito alarman a los pueblos para parar a la extrema derecha.

                Desde Tribuna Socialista nos reafirmamos en contra dela guerra y del genocidio. No nos identificamos con la política de guerra de los gobiernos europeos, instada por los EE.UU., a través de la OTAN.

                Otro elemento que hace de la OTAN un trampantojo resulta del citado artículo 1 “…resolver por medios pacíficos cualquier controversia internacional en la que pudieran verse implicadas de modo que la paz y seguridad internacionales, así como la justicia…”. Estamos a escasos días para que se cumplan diez meses del Genocidio que Israel está cometiendo en Gaza, una masacre que ha segado la vida de más de 39.000 seres humanos, gran número de ellos y ellas mujeres y niños, decenas de miles de desaparecidos-la revista científica The Lancet, teniendo en cuenta las estimaciones de muertos bajo los escombros, eleva la cifra de muertos a las 186.000 personas-, destrucción masiva de toda la franja de Gaza, incluidas escuelas y hospitales… La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional ha emitido la petición de una orden de detención contra el criminal Netanyahu, pero EE.UU., y la práctica totalidad de los países miembros de la OTAN, es decir, la OTAN de forma no declarada, continúan suministrando armamento al gobierno sionista de Israel y manteniendo relaciones económicas y diplomáticas ¿Dónde queda la búsqueda de la paz, la seguridad y la justicia por medios pacíficos?Es falso que la OTAN y sus miembros estén comprometidos con las Naciones Unidas en la resolución de las controversias por medios pacíficos, cuando apoyan a un país que lleva más de 75 años vulnerando las resoluciones de la ONU.

                Lejos de lo que dice el Tratado de la OTAN, están planteando “sus controversias económicas con China” preparando la guerra en el sudeste asiático. La presión sobre los países miembros de la OTAN para que eleven sus presupuestos para la guerra y el hecho de que para 2024 EE.UU., haya aprobado la cifra más elevada de su historia para la guerra, 886.000 millones de dólares, convierte a la OTAN en un instrumento de guerra para la búsqueda de objetivos económicos. Cuando ya no se colonizan los países para someterlos económicamente ni quedan mercados por conquistar, hay que provocar el conflicto para hacerse con el mercado.

                Bogart dijo aquello de “siempre nos quedará París”. A los EE.UU., siempre les quedará un Maine o un golfo de Tonkín.

El Comité de Redacción

El pueblo británico defiende sus servicios públicos

La victoria del Partido Laborista (PL) británico ha sido contundente. Los laboristas han pasado de 203 diputados de 2019 a los actuales 412, un crecimiento del 103%, mientras que los conservadores se han desplomado un 67% al pasar de los 365 obtenidos en las anteriores elecciones, a los 121 el jueves pasado. El Sr. Starmerpodrá gobernar con el 63% de los apoyos del PL en el Parlamento. Además del Partido de los Tories, también se ha desplomado el Partido Nacionalista Escocés, con una caída en el voto del 45%.

                Los conservadores han atacado tanto los servicios públicos que a los y las británicas se le ha hecho insoportable. Sin embargo, la destrucción de lo público no es nueva. El retroceso en derechos y condiciones de vida comenzó con la baronesa Thatchet de Kesteven en la década de los años 80 del pasado siglo; desreguló la economía, flexibilizó las normas laborales y privatizó las empresas públicas.

                Los 418 diputados que obtuvo el PL en 1997, con Tony Blair, no fueron utilizados para revertir los retrocesos de las políticas ultraliberales. Lejos de eso, Blair se parapetó en su concepto de “la tercera vía”, un eufemismo para denominar a la socialdemocracia en su formato más liberal. La consecuencia fue la decadencia del Partido Laborista y que haya estado postergado en la oposición en los últimos 14 años.

                En política, ocurre muy a menudo que el que gana no lo hace por sus méritos, sino por los deméritos de su contrincante. El golpe de la derecha británica ha sido tan grande, que Liz Truss, la primera ministra que duró en el cargo menos tiempo del que una lechuga tarda en marchitarse, ha conseguido no salir elegida en su circunscripción.

                El Partido Laborista del Sr. Stramer ha venido tomando decisiones para dar confianza al sistema, a los mercados, y parece que lo ha conseguido: “El mercado aprueba la victoria laborista en Reino Unido: “Ahora viene lo difícil”, así titulaba un artículo del sábado día 6, de Álvaro Estévez, en Bolsamanía.

                Uno de esos mensajes, para confirmar que el “laborismo se centra”, fue la expulsión de Jeremy Corbyn en el mes de mayo, quien se ha presentado como independiente por su circunscripción, en Islington North. Corbyn ha ganado en esa circunscripción de Londres, frente al Sr. Nargund, que se presentó por el Partido Laborista, al que ha sacado más de 7.000 votos.Aquí hay que señalar que en el proceso electoral de 2019, en el que Corbyn lideraba el Partido Laborista, obtuvo 10.269.051 votos, mientras que en las elecciones del día 4 el PL ha recibido 9.698.409, es decir 570.642 votos menos (-5,6%). El ascenso en diputados se explica que la abstención que ha alcanzado el 40%, frente al 33,6% de 2019.

                Como dicen los mercados “lo difícil está por llegar”, pues millones de británicos han dado su voto al laborismo para que recupere los servicios públicos y los derechos perdidos en estas décadas pasadas, pero eso choca con los inversores que quieren hacer negocio con los servicios públicos.

                La izquierda europea parece dar señales de recuperarse, a la izquierda de la socialdemocracia que se conforma con ser buenos gestores del sistema económico liberal. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos en Gran Bretaña, llevamos tiempo viendo como crece la Francia Insumisa que lidera Mélenchon y ha nacido una opción de izquierdas en Alemania, Alianza Sahra Wagenknecht – Por la Razón y la Justicia. Son opciones políticas que no vienen cargadas de adanismo ni con recetas ingeniosas. Recuperan los valores de la izquierda: la defensa de lo público, los derechos de los trabajadores como clase y su rechazo a la guerra. Los mercados les llaman extremismo de izquierdas, sin embargo, no les parece extremo el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza, ni que la liberalización y los recortes económicos estén generando pobreza en todo el continente.

Comité de Redacción

El pueblo francés ha parado el golpe

Estábamos pendientes de si Francia seguiría la senda de Italia y Hungría, de si veríamos un nuevo gobierno de ideología fascista, lo que hubiese sido un golpe muy duro para los pueblos de Europa, pues Francia es la segunda economía del continente europeo y la séptima a nivel mundial, pero el pueblo francés ha parado ese golpe.

                Compartimos la alegría y la celebración de los y las francesas. No obstante, para no darle la razón a Marí Le Pen y que no sea cuestión de tiempo que la extrema derecha alcance el gobierno, hay que sacar lecturas de cómo y por qué se ha llegado a esta situación.

                El primer responsable de los resultados de las elecciones del 9 de junio, desencadenante de las elecciones a dos vueltas que se cerraron el domingo, es el presidente de la República, el señor Macron, en el Elíseo desde mayo de 2017. Este tecnócrata liberal llegó a la política desde la banca francesa, parasitó como asesor y como ministro en el Partido Socialista francés, para dar el salto a la primera línea bien apoyado por el capital.

                Él es el responsable de su pertinaz ataque al Sistema público de Pensiones, elevando la edad de jubilación de 62 a 64 años, en un país en el que se necesitan 43 años cotizados para optar a una pensión completa. Una reforma rechazada contundentemente por el movimiento sindical, con una ola de protestas y huelgas. Los sondeos dicen que 2/3 de la población la rechaza. A pesar de todo, Macron mantuvo su reforma contra la voluntad de su pueblo en una actitud ultraliberal. El coste social está ahí.

                La otra gran ola de protestas surgió contra la subida de los precios de los carburantes, en 2018, no por la guerra -penúltima escusa del oligopolio de los carburantes-, sino por la utilización que la economía liberal está haciendo del cambio climático. Un impuesto sobre las emisiones de carbono desencadenó el movimiento de los chalecos amarillos, pues quien vive de la utilización de un vehículo recibe una penalización por algo de lo que no es responsable o su responsabilidad es muy limitada, mientras que la gran industria contaminante y las clases pudientes pagan, porque pueden permitírselo, y continúan contaminando.

                Ante la respuesta reivindicativa y de protesta, Macron ha optado por adoptar una política xenófoba y represiva. Se pasea por el mundo alentando la Guerra en Ucrania, hablando incluso de enviar tropas, su apoyo al genocidio en Palestina… Es una huida hacia adelante, pero no para aportar soluciones sino para agrandar los problemas.

                La experiencia demuestra que las movilizaciones sirven, incluso cuando el objetivo inmediato de las convocatorias no se consigue. La movilización contra las decisiones de los gobiernos que lesionan los derechos de los pueblos da un punto de apoyo para la democracia, mientras que la laxitud y el dejar pasar no solo no resuelve el problema, sino que engorda y fortalece la reacción, hábitat del fascismo.

                Por tanto, el ascenso de la extrema derecha tiene su origen en las agresiones que el pueblo recibe en forma de decisiones económicas que sesudos asesores y técnicos diseñan en los despachos de instituciones económicas como el FMI, el Banco Central Europeo o la Comisión Europea. Todo esto: decisiones económicas que solo benefician a una minoría, a costa del sufrimiento de la mayoría, las instituciones económicas y no económicas al servicio de esa minoría, junto al poder económico y mediático, incluso judicial, está lanzando al neofascismo a la primera línea del poder político.

                Lo positivo de esta “débacle” es la evidente capacidad de respuesta que tiene la izquierda, cuando deja de matarse entre sí misma y busca la unidad. El Nuevo Frente Popular (NFP) ha obtenido 182 diputados, el partido de Le Pen ha quedado en tercera posición con 143 y el partido de Macron ha quedado en medio con 168. Sabiendo que la mayoría absoluta se sitúa en 289 diputados, parece que lo razonable sería la conformación de un gobierno de coalición o un acuerdo de gobierno que siente las bases para frenar el ascenso del fascismo en Francia, con medidas sociales que favorezcan a la mayoría, o lo que es lo mismo que revierta las políticas antisociales que Macron ha venido aplicando, como por ejemplo derogando la reforma de las pensiones, políticas que han llevado a Francia a esta situación. Esperemos que no se produzca ninguna maniobra por parte de los liberales de Macron que rompa el NFP para continuar con más de lo mismo, porque el resultado será más de lo mismo, es decir, continuidad del ascenso de la ultraderecha de Le Pen y desafección de la mayoría social hacia la democracia.

                De igual modo que la revolución francesa de 1789 cambió la historia, al echar el cerrojo al medievalismo, esperemos que estas elecciones en Francia sirvan para cambiar la tendencia de ascenso del ultraliberalismo. Motivos hay. El pueblo británico ha defendido su Sistema de Sanitario Público y los demás servicios públicos, con su voto. El pueblo francés ha puesto freno a la extrema derecha, pero para poner fin a las políticas económicas de Macron, no para que este continúe haciendo lo mismo.

                Los pueblos de Europa estamos sufriendo un saqueo constante con la subida de los precios, con la privatización de nuestros sistemas públicos sanitarios, de pensiones y educativos. Todo para alimentar la avaricia que promueve un sistema económico desenfrenado en la búsqueda del beneficio, sin importarles los constes en vidas humanas ni el deterioro del planeta.

                Estos problemas y sus soluciones no son de un barrio, un pueblo, una ciudad o un país, es cosa de la clase asalariada a nivel internacional.

Comité de Redacción

Estados Unidos: Senilidad o delincuencia

La bonita canción de Los Chunguitos “Me quedo contigo”, comenzaba diciendo: “Si me das a elegir entre tú y la riqueza”. El pueblo estadounidense tiene planteado el dilema de elegir entre la decadencia cognitiva de Joe Biden o Trump quien ha sido declarado culpable de 34 delitos graves.

                Lejos de la belleza poética de los Chunguitos, la situación en los Estados Unidos de América es deplorable. A cuatro meses vista, las elecciones presidenciales se plantean en el terreno de la gerontocracia. Parece mentira que en el país líder del imperialismo Biden o Trump sean las opciones para presidir la Administración ¿será que verdaderamente es mentira? Es cierto que las cosas no son lo que parecen, y eso vale para la situación pre electoral de los USA.

                Resulta inverosímil que el Partido Demócrata haya llegado a este punto, a pesar de que el mundo entero viene viendo y oyendo a Biben, al margen de bulos, “fakenews” y tergiversaciones del equipo de Trump, al que toda esta cuestión le sirve como pantalla de humo para sus escándalos con la justicia y la escandalosa respuesta de esa ¿justicia?

                Desde Tribuna Socialista plateamos una hipótesis ¿puede ser que el Partido Demócrata esté dando por perdidas las presidenciales de noviembre y que prefiera perderlas a nombre de la decrepitud y obstinación de Biden que por la desafección de los votantes tradicionalmente demócratas?

                Si los británicos han tumbado de un severo revés al partido conservador en las elecciones del 4 de julio, por haber destrozado la Sanidad Pública, solo por eso, en los EE.UU., hay motivos para echar al Partido Demócrata y al Partido Republicano y no volverles a votar en cien años, no tanto por destrozar como por impedir que los y las estadounidenses tengan una Sanidad mínimamente digna.

                Hace un año, en junio de 2023, The New York Times publicaba un artículo al respecto “El sistema de salud de EE.UU. está averiado ¿Cómo podemos mejorarlo?” El título es muy “dulce” con la realidad. En el propio artículo, Aaron E. Carroll, su autor, decía “A pesar de que acabamos de experimentar una pandemia en la que han muerto más de un millón de estadounidenses, la reforma sanitaria no parece ser ahora mismo una prioridad política en Estados Unidos”.

                En el libro “Esclavos Unidos de América”, Helena Villar es más certera que The New York Times, y da algunas cifras que clarifican en favor de qué clase social se gobierna y en favor de cuál no se gobierna: “Sin salir de Nueva York, el 34% de quienes fallecían eran hispanos, pese a representar el 29% de la población. Una desproporción también significativa en el caso de los afroamericanos. Así, los pacientes en el Bronx registraban el doble de probabilidades de morir por coronavirus que el resto de la ciudad. En Chicago, donde el 30% de sus habitantes son afroamericanos, 70% era la tasa de fallecimiento por la covid-19, y Nueva Orleans, con un 65% de ciudadanos pertenecientes a esa minoría, era una de las que encabezaba las tasas de mortalidad del país. Puede que un virus no entienda de clases o razas, pero sí de la vulnerabilidad ante el mismo.”

                Sirva este ejemplo para señalar lo que importa a un partido y a otro la vida de sus propios ciudadanos, eso sí de clase trabajadora. Cosa distinta es lo que les importa la clase a la que, en la pandemia, aludía Warren Buffet cuando dijo aquello de “hay una guerra de clases y la estamos ganando los ricos”.

                Otra prueba de lo que de verdad importa y lo que no, es la represión que han sufrido los estudiantes de distintas universidades, como la de Columbia, Brown, Minnesota, Yale, Pittsburgh, Harvard, Princeton, Berkeley, entre otras, por su oposición a la complicidad de la Administración Biden con el Genocidio que el Estado sionista de Israel está cometiendo en Gaza desde hace nueve meses. Una brutalidad policial a la que las fuerzas represivas yanquis nos tiene acostumbrados, pero que en este caso da muestra del nerviosismo de la clase dirigente, pues la han ejercido contra sus estudiantes tanto estados con gobierno demócrata como republicano.

                Un dato que la prensa en nuestro país no ha difundido, y que avala nuestra hipótesis, es el de que en las primarias del Partido Demócrata más de 500.000 votantes estadounidenses han ejercido el “voto no comprometido” (uncommitted) que viene a expresar que son votantes demócratas pero que rechazan a Biden y a sus políticas.

                El pueblo estadounidense no tiene cobertura sanitaria, la tiene de mínimos educativa, sus pensiones son gubernamentales; un sistema complejo y de mínimos. Es decir, que no tienen una red de servicios públicos que cubran las necesidades vitales de la mayoría. Sin embargo, dedican a armamento más que 12 países juntos: China+ Rusia+ India+ Alemania+ Australia+ Gran Bretaña+Arabia Saudí+ Francia+ Corea del Sur+ Japón+ Italia+ Canadá. El presupuesto para el ejército estadounidense en 2024 ha alcanzado 886.000 millones de dólares.

                En la política bélica y en la negación de políticas sociales están de acuerdo Biden y Trump, sus círculos dirigentes y la clase a la que se refería Warren Buffet. Todos ellos, prefieren dedicar ingentes cantidades de dinero a la industria de la muerte, en lugar de a la Sanidad. Si asumen la muerte de más de un millón de sus conciudadanos, por falta de la asistencia debida en la pandemia; como les va a importar los 38.000 muertos en Gaza. En esa lógica, acaban de destinar 16.000 millones de dólares más en ayudas a Netanyahu; qué les importa que continúe la guerra en Ucrania -sin con esto signifique que Putin no es culpable de ocupación -; cómo les va a importar sembrar la guerra en el Mar de China…

Como en muchos países, lo que a la mayoría de los estadounidenses les falta es un partido que defienda verdaderamente sus derechos y reivindicaciones, de que no lo tengan se encargan las estructuras que hay detrás de Biden y Trump. Le seguiremos la pista al Partido Socialista Democrático de América (DSA) y les deseamos mucho éxito.

Comité de Redacción

Entrevista: Christian Soriano García

Por Baltasar Santos para T.S.

Christian Soriano nació en Vendrell en 1997 (27 años). Es Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración y Derecho (UPF). Máster de Comunicación Política e institucional (BSM-UPF) y realizó un curso de especialización en campañas electorales (UNIR).

Su carrera política se inició como militante de JSC, primer secretario de JSC en el Vendrell, primer secretario de JSC en la federación del Camp de Tarragona, y miembro de la ejecutiva local del PSC.

Desde 2019 es portavoz del Gobierno municipal en el Ayuntamiento del Vendrell, asumiendo responsabilidades en distintas áreas: comunicación, televisión pública… y desde 2023 asume la concejalía de seguridad ciudadana.

En las últimas elecciones al Parlament de Catalunya de 2024 ha sido elegido como diputado del PSC por la provincia de Tarragona. integrándose en la comisión de seguridad ciudadana.

En la entrevista que concede a Tribuna Socialista le preguntamos por la juventud, las prioridades del partido en Cataluña y los servicios públicos.

Pregunta: Acabas de ser elegido Diputado del PSC al Parlament de Cataluña. ¿cuáles son las prioridades?

Respuesta: Las prioridades mías y del partido son las mismas que el país requiere: mejores servicios públicos y mayor actividad económica. Cataluña lleva más de una década de regresión en calidad de la sanidad, la educación o la seguridad y lo que necesitamos es revertir cuanto antes esa situación.

Pregunta: Se dice vulgarmente que la gente joven pasa de la política. Sin embargo, en las universidades hay acampadas en contra del genocidio palestino. ¿Estamos fallando los partidos políticos a la hora de representar a la juventud? ¿qué hay que hacer?

Respuesta: El problema no es de los jóvenes con la política, sino de la política con los jóvenes. Los precios del alquiler están en las nubes y tenemos problemas con el paro juvenil, las tasas universitarias o las plazas de FP. El remedio es claro: invertir en políticas transversales que ayudan a las y los jóvenes a desarrollar su proyecto de vida.

Pregunta: Siguiendo en la misma línea. Los partidos ultraderecha llegan mucho más a la gente joven a través de las redes sociales. En los próximos años el auge de la extrema derecha parece concentrarse en estas franjas de edad. ¿Qué opinas?

Respuesta: Precisamente la desafección política que genera la situación socioeconómica entre los jóvenes es lo que crea ese distanciamiento entre los gobernantes y la juventud. Este escenario, lamentablemente, crea una barrera muy peligrosa entre las y los jóvenes y sus representantes políticos que la extrema derechas está aprovechando con soluciones mágicas y discursos simplistas. Estos discursos se combaten hablando con sinceridad a la gente, haciendo pedagogía e invirtiendo para mejorar sus vidas y otorgarles más oportunidades.

Pregunta: Una de las claves del éxito de Illa en las elecciones ha sido su defensa de los servicios públicos. ¿En qué se concreta?

Respuesta: En hacer lo que no se ha hecho en Cataluña en los últimos diez años: gobernar. Necesitamos invertir en el estado del bienestar para volver a ser referentes en educación, sanidad y seguridad. Creo que la ciudadanía ha hablado de manera contundente porque la situación es ya insostenible, existe un gran consenso sobre la necesidad de tener un gobierno progresista y estable que impulse la transformación que Cataluña merece y necesita.

Pregunta: Tu etapa como concejal y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento del Vendrell ha estado muy impregnada del fortalecimiento de los servicios públicos municipales: gratuidad de las guarderías, servicio de asesoramiento psicológico juvenil, incremento de efectivos en la policía local… ¿Es extrapolable al conjunto de Cataluña?

Respuesta: Totalmente. Los Ayuntamientos nos hemos convertido estos años en Cataluña en el bote salvavidas de los gobiernos de la Generalitat. Hemos llegado donde no han podido llegar ellos y el sistema gratuito de psicología para jóvenes es un ejemplo. En un tema que no nos toca, pero ni podemos ni queremos quedarnos de brazos cruzados viendo como nuestros vecinos y vecinas se tiran cuatro meses esperando una cita con el psicólogo público. Esta vocación de servicio público es la que queremos trasladar los socialistas a la Generalitat.

Pregunta: Hace unos años, dijiste en un acto “si el Felipe González de hace 25 años viera lo que dice el Felipe González de hoy le pegaría una patada en el culo”. Sigues pensando igual? ¿a qué obedece este posicionamiento constante de la vieja guardia del PSOE?

Respuesta: Seguramente diferiría en las formas, pero no en el fondo. Creo firmemente que el Felipe González de los ochenta que conocí leyendo sus discursos y que fue muy importante para mi acceso a la militancia del partido no estaría en nada de acuerdo con el actual. Me entristece ver a estas figuras alineándose con los postulados reaccionarios del país. Es cierto que ellos construyeron el PSOE que conocemos hoy en día, pero también es cierto que todos los militantes, sin excepciones, debemos respeto a un partido con casi dos siglos de historia que se ha dejado la cara y el alma para construir la España de hoy. Y respetar al partido es respetar a su dirección nacional.

Combatir el lawfare construyendo democracia desde la educación

En los últimos tiempos, la desinformación y las fakenews se han convertido en un problema importante para las democracias en el mundo. La situación se ha agravado particularmente desde la pandemia que vivimos por COVID-19, que supuso un cambio radical en la forma de entender y usar las redes sociales y los medios digitales.Todo ello ha dado lugar a que en la actualidad se hable cada vez más de fenómenos,no reconocidos masivamente hasta hace unos años, como el “lawfare”. El término está conformado por “law” (ley) y “warfare” (guerra) empezando a usarse a finales del siglo XX, y teniendo tintes claramente militaristas. Según recoge la FundéuRAE, el término lawfare en el ámbito político hace referencia al uso de procedimientos judiciales «con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político».

En los tiempos actuales está teniendo una gran repercusión para la visibilización dellawfarela situación vivida porel presidente del gobierno, Pedro Sánchez, orquestada a través de múltiples medios de comunicación que han difundido informaciones poco contrastadas e incluso intencionadamente falsas. Sin embargo, esta situación no es excepcional ni tampoco limitada al contexto español. Han sido numerosos los líderes y formaciones políticas progresistas que han sido vilipendiadas por parte de los organismos judiciales y determinados medios digitales, con el posterior archivo de las causas en todos los casos. Mónica Oltra, Ada Colau, Victoria Rosell, Isabel Serra, Alberto Rodríguez, Juan Carlos Monedero, Pablo Iglesias, Gerardo Pisarello, Jaume Asens, Antonio Rodrigo Torrijos yÓscar Reina. Son solo algunos de los nombresque han sufrido lawfare, probablemente por el único motivo de formar parte de fuerzas como Compromís, Comuns, Podemos, Izquierda Unidao el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Las democracias liberales vivieron su auge desde los años 60 del pasado siglo XX, sorteando múltiples crisis y sufriendo un deterioro notable en los últimos años en toda Europa. El Estado del Bienestar se tambalea, muchos derechos básicos recogidos en la Constitución no se cumplen, el empleo para los más jóvenes no es de una calidad suficiente ni merecida y los mecanismos de justicia social de los Estados cada vez tienen menos margen en el ámbito redistributivo. En este contexto, los discursos de extrema derecha se han sentido cada vez más legitimados cambiando el sentido común en torno a los valores democráticos.

En este momento y en base al contexto descrito, es imprescindible que comencemos a reivindicar el valor de la educación en dos de sus vertientes: como arma para combatir las fakenews y la desinformación, pero también como principal mecanismo para la construcción y el fortalecimiento de las democracias en el siglo XXI. La educación debe ser uno de los pilares másrelevantes para la formación mediática de la infancia y de los jóveneshacia el desarrollo de un pensamiento crítico y la detección de las informaciones falsas. Es imprescindible el desarrollo de competencias digitales entre los más jóvenes, pero también de compromiso cívico y democrático. Las generaciones de “nativos digitales” (personas que han nacido en la era digital, en lugar de haber adquirido familiaridad con los sistemas digitales como adultos) acceden cotidianamente a informaciones con apariencia de “neutralidad” y que como sabemos siempre tienen detrás importantes intereses económicos y/o políticos.Los sistemas educativos han de fortalecer sus centros públicos y comprender que además de transmitir conocimientos académicos, está en juego que lasfuturas generaciones adquieran competencias para convivir en un entorno de consumo volátil de la información que les empuja a pensar rápido, sin diálogo y sin reflexión.

Para afrontar este gran desafío, la educación para el siglo XXI deberá transformarse de forma íntegra. Por un lado, el profesorado ha de formarse al respecto y los planes formativos iniciales y permanentes deben incluir esta temática como un eje docente central. Por otro lado, las familias también deberán formarse, a través de la propia educación pública, para comprender el alcance del desafío que estamos afrontando. Para todo ello es imprescindible dotar de recursos humanos y materiales a las instituciones educativas públicas.En este sentido, ya existen herramientas y profesionales que están trabajando en esta dirección: “Educar en el aula sobre fakenews” o “Con las fakenews no se juega”. Se trata de dos títulos diseñados por Jacqueline Sánchez y Enrique Martínez, que han editado sendos manuales con los que acercan a menores y docentes el concepto de las fakenews, su identificación y como defenderse de ellas.

Cada día que pasa se hace más prioritario que la educación pueda contribuira construir un nuevo modelo social para el futuro, en el cual se ponga en valor el papel de la ciudadanía para reivindicar y sostener los valores democráticos, de progreso y justicia social.Todo ello es incompatible con ciertas prácticas y dinámicas que han ido penetrando en el ámbito político, mediático y judicial, afectando a la convivencia, la opinión y el ejercicio de la ciudadanía en toda su plenitud. El lawfare ejercido sobre grandes líderes pertenecientes a ciertas formaciones políticas es un síntoma grave, pero que solo representa la “punta del iceberg” de un gran deterioro de las democracias liberales.Recientemente,tras las elecciones al Parlamento Europeo hemos acudido a otro alarmante hecho, evidenciándose que un “grupo elector” puede obtener 800.000 votos en nuestro país basando su discurso en la desinformación y el populismo ultraderechista más conspiranoico (valiéndose de unos aparentemente inofensivos canales de Telegram, Youtube y perfiles en otras redes sociales). Precisamente son estos canales de transmisión de contenidos, aparentemente independientes, los que más repercusión tienen en la socialización y adquisición de ideas por parte de los más jóvenes. Los nuevos y cada vez mayores desafíos y amenazas a la democracia, requieren de una educación pública que promueva en las futuras generaciones competencias cívicas para el ejercicio pleno de los derechos políticos, sociales, económicos y culturales.

Miguel Ángel Albalá Genol.
Doctor en Educación y profesor de Universidad.