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Los abogados de Atocha

Por Miguel Sagüés

Los asesinatos de los Abogados de Atocha, fueron uno de los mas atroces atentados terroristas cometidos por la extrema derecha fascista, en el marco de la Transición Española hacia la democracia, iniciada tras la muerte del dictador, Franco, en noviembre de 1975.

Asesinados:

  • Enrique Valdevira Ibañez
  • Luis Javier Benavides Orgaz
  • Francisco Javier Sauquillo
  • Serafín Holgado
  • Angel rodriguez leal

Heridos de Gravedad:

  • Miguel Sarabia
  • Alejandro Ruiz Huertas
  • Luis Ramos
  • Dolores González Ruiz

De todos los heridos, solo vive Alejandro Ruiz Huertas, el último superviviente, habiendo fallecido los demás, por enfermedades directamente relacionadas con el atentado sufrido en enero de 1977, siendo la última en morir, Dolores González Ruiz, Lola, que lo hizo el 27 de febrero de 2015, de cáncer, aunque en realidad, Lola, que había muerto espiritualmente con su marido el día de los atentados, Francisco Javier Sauquillo. Llevó una vida de sufrimiento, habiendo padecido en enero de 1969 el asesinato por la Policía Social, del que fuera su novio, Enrique Ruano. Ambos hechos marcaron su vida para siempre y no pudo nunca reincorporarse a la normalidad de la vida.

Los Abogados de Atocha, maestros e inspiradores de todas las generaciones de abogados laboralistas, defensores de trabajadores, que hemos seguido sus pasos, no sólo son mártires de la Transición, sino auténticos valores de la Memoria Histórica de España, que murieron asesinados por ser luchadores por los derechos de los trabajadores y ciudadanos en general, pero, sobre todo, de las asociaciones de vecinos de barrio, y fueron luchadores por la libertad y la democracia.

A los abogados de Atocha los mataron porque eran del Partido Comunista de España, PCE y de CCOO, eran jóvenes y luchadores, comprometidos y convencidos que tenía que llegar la libertad y la democracia y creían firmemente en lo que hacían, porque defender a los trabajadores de los abusos del Sindicato Vertical y de la explotación de la Patronal, luchar contra los abusos de todo tipo, también los urbanísticos, que se hacían en los barrios y en las asociaciones de vecinales, era luchar por la libertad y la democracia.

Los asesinos iban buscando a Joaquín Navarro, sindicalista de CCOO de Madrid y secretario general del Transporte, que había organizado una huelga del transporte para la mejora de las condiciones del sector y acabar con la mafia del transporte del Sindicato Vertical. Al no encontrar a Navarro, que se había marchado muy poco antes, dispararon a muerte contra los que allí se encontraban, los abogados, un estudiante de derecho y un administrativo del despacho.

Tres fueron los asesinos, dos que dispararon a matar y otro que se dedicó a cortar los teléfonos y a registrar el despacho. Pero detrás de los asesinos materiales, había toda una trama civil, proveniente de la mafia del transporte, que cómo después veremos, el Juez Rafael Gómez Chaparro, se negó a investigar, pese a la petición de la acusación particular.

El Colegio de Abogados de Madrid, con su decano, Sr. Pedrol, al frente, se puso a disposición de los abogados supervivientes y de los abogados del PCE y de CCOO, para organizar un entierro que saliera del Colegio de Abogados.

El asesinato de los Abogados de Atocha ha sido uno de los eventos que más me ha influido e impresionado en mi vida, y lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Yo, ya era abogado, pero aún no ejercía porque estaba cumpliendo el servicio militar, y en esas fechas, me encontraba en Madrid de permiso.

El entierro fue una de las manifestaciones más poderosas organizadas por la izquierda, los militantes del PCE y todos los abogados de izquierda y demócratas, a cuyo evento asistieron más de cien mil personas, en un absoluto silencio y dando una lección de responsabilidad y civilidad.

Cien mil personas en sepulcral silencio y todos con el puño levantado, fue algo que llegaba al corazón de todos los asistentes y, probablemente, esta demostración de responsabilidad por parte del PCE, fue el detonante para que unos meses después, Adolfo Suárez, presidente del Gobierno, legalizara el PCE, el 9 de abril de 1977, con la colaboración y apoyo de su jefa de gabinete, Carmen Diez de Rivera, que fue la verdadera artífice de la legalización del Partido Comunista de España.

También pude asistir al juicio oral, gracias a José Bono Martínez, que en esa fecha aún militaba en el Partido Socialista Popular, PSP, de Tierno Galván.

El juicio oral me impresionó muchísimo y jamás se me podrán olvidar las caras de los asesinos, y la forma arrogante y chulesca en que respondían tanto a las preguntas de fiscal como de las acusaciones particulares.

Los asesinos materiales que dispararon fueron José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá, Fernando Lerdo de Tejada se quedó en la puerta vigilando tras registrar el despacho.

Además, estaban procesados Francisco Albadalejo Corredera, vinculado con la mafia del transporte del Sindicato Vertical, Leocadio Jiménez Caravaca y Ramón Francisco Fernández Palacios, ex miembros de la División Azul, quienes proporcionaron las armas. También se procesó a Gloria Herguedas, que era la novia de Cerrá.

Sin embargo, todos los abogados de la acusación particular, estaban convencidos que había una trama mucho más amplia de personas vinculadas a la Falange y a Fuerza Nueva, y algunas pesquisas apuntaban a los Servicios Secretos. Como llegó a decir el abogado Sartorius, faltaban en el procesamiento “las cabezas pensantes”. Pero el juez Gómez Chaparro, se negó sistemáticamente a iniciar cualquier investigación y posibilitó, a sabiendas, la fuga de Lerdo de Tejada, con un permiso de Semana Santa, que huyó a Chile, hasta que en 2015, prescribió la orden de busca y captura, quedando libre. Más tarde se fugó Carlos García Juliá en 1991, con una libertad condicional, cuando le faltaban casi diez años de condena por cumplir.

Desde aquel luctuoso suceso, todos los 24 de enero se rinde merecido homenaje a los Abogados de Atocha, organizado por la Fundación que lleva su nombre, con asistencia de CCOO, PCE, Colegio de Abogados de Madrid y numerosos sindicalistas y abogados que los conocimos, homenaje que se realiza en Antón Martín, en la estatua del Abrazo, obra de Juan Genovés, y cuyo lugar ha sido declarado, en enero de este año, como “lugar de memoria histórica”.

Mantengamos siempre vivo el recuerdo del sacrificio de los Abogados de Atocha, que su muerte no sea en vano, porque “SI EL ECO DE SU VOZ SE DEBILITA, PERECEREMOS.”

Concentración homenaje a los “Abogados de Atocha”, 24 de enero de 2024
Plaza de Antón Martín (Madrid)

Carta abierta al Sr. Escrivá, Ministro de Seguridad Social

Cumplan con la Ley 21/2021 y encarguen al Tribunal de Cuentas del Estado el obligado informe de Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.

Introducción
Con esta carta abierta, el grupo de “Sindicalistas por la Auditoría y en defensa de la Pensiones Públicas”, vinculado al CATP, da por terminado el diálogo con el Gobierno que abrieron con la carta al presidente del Gobierno, enviada a Moncloa el 16 de julio y publicada en las páginas 16 y 17 Tribuna Socialista nº 136.
Para seguir el hilo de la carta al señor Escrivá, podéis acceder a la respuesta que el Gabinete de presidencia remitió el 18 de noviembre al grupo de Sindicalistas, publicada en la página 15 de Tribuna Socialista nº 138. Fue en base a esta respuesta de Moncloa que el 1 de diciembre los sindicalistas remitieron una carta al ministro. Ese mismo mes, la Jefa de Servicio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones respondió al grupo de Sindicalistas; cartas publicadas en Tribuna Socialista nº 139, en sus páginas 15 y 16 respectivamente.
El hecho de que con esta carta abierta se ponga punto y final al diálogo epistolar con el Gobierno, no significa que el grupo de Sindicalistas vaya a cejar en el empeño de continuar luchando por defender el Sistema Público de Pensiones. De hecho, en este mismo número 140 de TS, publicamos una nueva campaña que está en marcha, dirigida a los diputados y diputadas que votaron favorablemente a la Ley 21/2021, en la que se obliga al Gobierno a encargar una Auditoría, campaña desde organismos sindicales y sindicalistas.

Señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:

Somos el grupo de “Sindicalistas por la Auditoría y en Defensa de las Pensiones Públicas”, vinculados al Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), que, en el mes de julio, nos dirigimos al presidente de Gobierno en una carta firmada por más de 200 militantes políticos y sindicales, para trasladarle la preocupación que teníamos, y mantenemos, por la nueva reforma de la Ley de Seguridad Social, que se prepara desde su departamento, señor Escrivá.

En dicha misiva explicábamos pormenorizadamente los motivos políticos y económicos por los que no se justifica la ampliación del número de años que se emplea para hallar la base reguladora de las pensiones. El dato principal que justifica nuestra posición nos lo da el Tribunal de Cuentas del Estado, en su informe de 2020 en el que, al analizar el periodo 1989-2013, concluye que el Estado es deudor de la Seguridad Social en, al me- nos, 103.000 millones de euros.

El 18 de noviembre, recibimos respuesta de Moncloa a la carta mencionada. Contestación del Gabinete de presidencia en la que se nos indicaba que se había dado traslado de la misma a su Ministerio. Fue por este motivo por el que el 1 de diciembre registramos una carta dirigida a usted, solicitándole una reunión, con usted y/o con su equipo, para poder trasladarle nuestras consideraciones. Con fecha 12 del mismo mes, su Jefa de Servicio, nos respondió amablemente derivándonos a otra instancia de su Ministerio.

Valoramos positivamente el intercambio epistolar que hemos mantenido y agradecemos las respuestas desde el Gobierno, si bien su contenido es de todo punto insatisfactorio. Y es por ello que hemos decidido responderle de forma abierta.

Celebramos la decisión del Gobierno por la que se incrementarán las pensiones contributivas en un 8,5%, decisión que fue tomada pocos días antes de la última gran Manifestación que discurrió por las calles de Madrid el 16 de octubre del pasado año, por lo que parece evidente que fue una respuesta positiva, tomada con antelación, a la movilización que COESPE y las demás organizaciones que componen el movimiento de pensionistas vienen desarrollando en defensa del Sistema Público de Pensiones.

Sin embargo, nos preguntamos de qué sirve la subida del 8,5% para 2023, si a los futuros pensionistas les reducirán un 8% por efecto de la pretendida reforma del periodo de cálculo de la pensión, y si además no se compensa la pérdida de poder adquisitivo en relación con el IPC de 2021, que cerró en el 6,5% frente al 2,5% con que se revalorizaron las pensiones el año antepasado.

Además de estas cuestiones, que no por coyunturales menos importantes, es para nosotros y nosotras de una importancia fundamental que se lleve a cabo la Auditoría a la que el Gobierno se comprometió en la Ley 21/2021, por la que en febrero de 2022 deberían haber encargado dicha Auditoría y que en julio del mismo año deberían haber presentado el resultado de la misma.

Por otra parte, una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social no puede hacerla una empresa privada por encargo del Gobierno, ni un órgano u organismo vinculado al Gobierno, pues a todas luces carecería de rigor, en tanto que sería un acto de “auto auditoría”. Es por esto que corresponde al Tribunal de Cuentas realizarla, por haber sido el órgano que puso sobre la mesa que la Seguridad Social no es deficitaria, sino acreedora del Estado, y por ser el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público.

Si en el periodo de 24 años estudiado por el Tribunal de Cuentas (1989-2013) son más de 103.000 millones de euros lo que el Estado ha utilizado indebidamente de los fondos de las pensiones, ¿a cuánto asciende la deuda del Estado con la Seguridad Social en el periodo 1967 a 2019, tal como marca la ley?

Parece obvio que el hecho de que el Estado sea deudor de estas magnitudes de dinero, al Sistema de Pensiones Públicas, pone fin a la idea que tanto se reitera, por partes interesadas, de que el sistema es deficitario.

Es inaceptable que el Gobierno no cumpla con una ley votada por el Poder Legislativo, y por los propios partidos que sustentan al Gobierno. Exigimos que se paralicen las negociaciones para la reforma de las Pensiones y que se lleve a cabo la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, por parte del Tribunal de Cuentas del Estado.

Sindicalistas por la Auditoría y en Defensa de las Pensiones Públicas

La campana no va a misa, pero avisa

Han pasado más de tres meses desde que las organizaciones sindicales, UGT y CCOO, alzaron la voz para reivindicar salarios justos para los trabajadores, entendiendo que los beneficios empresariales están alcanzando valores que suponen en muchos casos cifras tan elevadas que ofenden e indignan a muchos asalariados y a sus familias, que han visto como la alta inflación les ha dado un nuevo y duro golpe, siendo víctimas, una vez más, de una crisis a la que a la clase trabajadora no se la puede responsabilizar y mucho menos ser quienes la paguen, una y otra vez; las consecuencias de una inflación que alcanza récords históricos, poniendo en situaciones muy difíciles a muchas familias y, empeorando notablemente la de muchas otras, que ya se encontraban ante situaciones muy precarias. La pérdida salarial acumulada de los trabajadores, desde el año 2013, viene siendo la dinámica normal ante las diferentes y anteriores crisis. Esto deriva a un aumento de la pobreza y pone en el umbral de la misma a muchas otras familias.

Tal y como he dicho al principio, los sindicatos alzaron la voz… y poco más. Creo recordar un par de concentraciones bajo el lema “salario o conflicto”: la primera, el 7 de octubre, por el “día internacional del trabajo decente”, ante la sede de la patronal, y la segunda, el 3 de noviembre en la Plaza Mayor de Madrid, a las que pude asistir y participar gracias a las horas sindicales que me corresponden como representante de los trabajadores.

En mi centro de trabajo también estamos sufriendo los bajos salarios y la inflación. Recuerdo realizar un comunicado como representante de los trabajadores de UGT, en el que se daba una explicación del cómo nos está afectando la inflación y la pérdida salarial acumulada que estábamos sufriendo en estos dos últimos años. Este comunicado lo hice público en los tablones de anuncios del centro de trabajo, añadiendo al mismo las fechas para las convocatorias que estaban previstas para el 7 de octubre y el 3 de noviembre, incluso para una manifestación, el 15 de octubre (sábado) que en este caso no convocaban los sindicatos, sino que fue el movimiento de pensionistas, liderado por la COESPE, quienes reivindicaban salarios y pensiones iguales al IPC. Pronto me di cuenta que las fechas que estaban previstas, excepto la del día 15, para las concentraciones que convocaban UGT Y CCOO, no facilitaría la presencia de trabajadores, ya que eran días de diario y en horario de mañana. De esta manera las concentraciones no estaban pensadas para que los trabajadores y sus familias pudiesen salir a la calle a reivindicar y protestar contra la evidente pérdida de poder adquisitivo que se ha producido en 2022.

Después del 3 noviembre, finalizadas las 2 concentraciones que estaban programadas, y sin aparecer por la del día 15, algo incomprensible, no hemos vuelto a tener noticias de las organizaciones sindicales, ni de las futuras acciones a realizar ante la grave situación provocada por el alza de los precios que ha encogido los salarios. Parece que lo que se preveía como un otoño caliente se ha enfriado con la llegada del invierno; se ha olvidado toda acción, movilización y lucha, por lo menos de manera colectiva y organizada, dejando abandonados a su suerte a los trabajadores y trabajadoras en cada empresa.

En el último mes y medio del año pasado, los representantes de UGT de mi centro de trabajo decidimos seguir realizando comunicados, animando a los trabajadores a luchar por salarios justos, reivindicando subidas salariales acordes al IPC, e incluso proponiendo a la empresa una cláusula de revisión salarial, que fue rechazada, alegando que nuestro salario lo establece el convenio colectivo de aplicación, cerrado desde antes de la ola inflacionaria que sufrimos.

La modesta, pero necesaria acción sindical que hemos podido realizar durante este último mes y medio, los representantes de UGT en el centro de trabajo la valoramos de manera muy positiva, teniendo en cuenta que nos ha servido para conocer la opinión de los compañeros, la postura de la empresa e incluso analizar y valorar la correlación de fuerzas para determinar si es posible o no plantear un conflicto en el centro de trabajo, algo que consideramos muy complicado, debido a que somos una empresa de algo más de 250 trabajadores.

Ante un problema de tal envergadura no se puede abandonar a su suerte en cada centro de trabajo, donde la presencia o ausencia sindical, como la capacidad de negociación que puedan ejercer los trabajadores es muy limitada. Las reivindicaciones que iniciaron las organizaciones sindicales UGT y CCOO deben tener continuidad, dando la posibilidad a los trabajadores de participar, de sumarse.

Es necesaria una gran movilización para recuperar el poder adquisitivo perdido en los años 2021 y 2022; es justo pedir salarios dignos; será digno que nuestras organizaciones lideren y movilicen esta y tantas otras luchas como sean necesarias para mejorar las condiciones de los trabajadores.

Juan Fernando Díaz-Mayordomo Martínez
Sindicalista de la UGT en Madrid.

Sindicalistas en Defensa de las Pensiones

Las organizaciones sindicales, particularmente UGT y CCOO, vienen anunciando movilizaciones para este otoño si la patronal insiste en no aceptar las cláusulas de revisión del IPC en el Pacto de Rentas que promueve el Gobierno. No les falta razón a los líderes sindicales cuando denuncian que ya basta de perder poder de compra en los salarios, con un IPC del 10,5%, al cierre de agosto.

En ese mismo marco temporal, COESPE y el resto de organizaciones que conforman el movimiento de pensionistas, anuncian una Manifestación en Madrid, para la mañana del 15 de octubre, con recorrido desde Atocha hasta la Plaza del Callao. Los motivos son en buena parte coincidentes con los que denuncian los sindicatos: “contra la pérdida de poder adquisitivo de pensiones y salarios”. Pero, además, también reclaman que el Gobierno cumpla con su obligación legal, contraída en la disposición adicional sexta de la Ley 21/2021 de 28 de diciembre:

“En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social.

Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.”

Este grupo de Sindicalistas nace precisamente en apoyo de la manifestación en defensa del Sistema Público de Pensiones celebrada en Madrid el 16 de octubre de 2021, y a la reivindicación de llevar a cabo una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, exigencia social que, gracias a la movilización y la perseverancia de miles de militantes, hoy es una obligación del Gobierno. La Auditoría resulta fundamental, máxime cuando en marzo de 2020 el Tribunal de Cuentas emitió un INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICOFINANCIERA, PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018(1), en el que, en su página 44 apartado II 3.6, establece que:

“El coste estimado asumido por la Seguridad Social por cuenta del Estado, procedente de la asistencia sanitaria y de los complementos por mínimos de pensiones, por un total de 103.690 millones de euros. En esta estimación no se han incluido otros conceptos de gasto asumidos que pudieran existir, así como el coste de oportunidad procedente de la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o adscritos a las Fundaciones Hospital, debido a que el Tribunal de Cuentas no dispone de información para su cuantificación.”

Este informe solo abarcó el periodo 1989 a 2018, y el Tribunal manifiesta no disponer de información para cuantificar otros conceptos de gasto, ni los costes de oportunidad por la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o cedidos a Fundaciones Hospital. El compromiso del actual Gobierno abarca desde 1967 hasta 2019 y debería poner a disposición del Tribunal de Cuentas todos los datos e información para establecer, con precisión, la deuda que han ido generando todos los gobiernos desde 1967.

Con todo lo anterior, es inadmisible que el Ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones proponga una nueva reforma de la Seguridad Social por la que aumentaría de 25 a 35 años los años de cotización para hallar la base reguladora; garantizando de esta manera una merma media del 8% para las pensiones futuras.

Apoyamos, nos sumamos y llamamos a participar en la Manifestación del día 15 de octubre, en Madrid. Como grupo de Sindicalistas, nos sumaremos a la pancarta del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), en lugar y hora a concretar más adelante.

15 de septiembre de 2022

  1. https://www.tcu.es/repositorio/de226696-6741-4ff2-ba7a-5a334e86e7f6/I1381.pdf

La reforma de las Pensiones: Avances y Retos

El primer bloque de la reforma de las pensiones ha entrado en la recta final de su tramitación parlamentaria. El Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del Sistema Público de Pensiones ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones  del Congreso, fue votado a favor por los partidos del Gobierno de Coalición, PSOE y Unidas Podemos, así como por  Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco y Compromís. Se abstuvo EH Bildu, mientras que votaron en contra PP, Ciudadanos, VOX y CUP. 

La reforma, entre otras medidas, garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas, establece una nueva regulación de las jubilaciones anticipadas e incentiva la jubilación demorada, moderniza el Sistema Público de Pensiones y asegura su sostenibilidad financiera mediante la separación de las fuentes de financiación y ante los cambios demográficos -como el que supondrá la jubilación de la generación del baby-boom-, y mejora y amplía la acción protectora de la Seguridad Social. Medidas que junto a las previstas en el segundo bloque -como las bases máximas o la cotización de los autónomos por sus ingresos reales-, configuran el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sobre las reformas del Sistema de la Seguridad Social presentado por el Gobierno a la Unión Europea.

La norma reformadora recoge los acuerdos sobre las enmiendas de los grupos parlamentarios al texto inicial del Proyecto de Ley, aprobado por el Gobierno el pasado mes de agosto. Con el texto aprobado se realiza la derogación de la reforma de pensiones del PP, impuesta sin dialogo social ni político al igual que la reforma laboral de 2012. Tambien se desarrolla y concreta una parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, consensuadas por la mayoría de los partidos políticos en 2020, a la vez que se incorporan las materias pactadas en el Acuerdo de la mesa de diálogo social en materia de Seguridad Social y pensiones, de julio de 2021, pactado por el Gobierno y los interlocutores sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME).

El Acuerdo alcanzado para determinar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con el que se derogará definitivamente el Factor de Sostenibilidad impuesto por el PP en 2013 que estaba suspendido hasta 2023, y que vinculaba la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida. Se inspiraba en un criterio cínico e injusto: “cuanto más vivas, menos cobrarás”. Su aplicación hubiera supuesto reducir la pensión inicial hasta un 23% en 2051. Con el MEI el Gobierno de Coalición plasma una orientación política diametralmente opuesta: los retos del Sistema Público de Pensiones no se solucionan con más reducción del gasto público ni recortando las pensiones, sino con el aumento de los ingresos de la Seguridad Social.

Los interlocutores sociales y el Gobierno han estado negociando el MEI hasta el 15 de noviembre, como habían pactado. Este nuevo Acuerdo se ha alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, pues lamentablemente las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME se retiraron abruptamente de la mesa de negociación. Esta reacción ha sido relacionada con las presiones que se venían ejerciendo, por sectores de la derecha política y grupos de interés económico, para socavar las políticas del Gobierno ante la crisis sanitaria y las destinadas a la recuperación económica y social y a minar el actual diálogo social para modernizar el mercado laboral y revertir la reforma de 2012.

Con el MEI se prevé incrementar, a partir de 2023, las cotizaciones a la Seguridad Social en un 0,6 %, las empresas pagarán el 0,5 y el 0,1% los trabajadores, por un periodo de 10 años. La finalidad de esta medida es volver a rellenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, se pretende aportar unos 50.000 millones de euros, que podrán utilizarse a partir de 2032 para las nuevas incorporaciones de pensionistas, estas cotizaciones “extraordinarias” no se podrán utilizar para pagar las pensiones actuales. El Fondo de Reserva llegó a acumular cerca 67.000 millones de euros y ahora solo dispone de unos 2.000 millones de euros. La reforma laboral de 2012 provocó la caída de los ingresos de la Seguridad Social, los gobiernos del PP entre 2012 y 2017 retiraron del Fondo cerca de 59.000 millones de euros para pagar las pensiones.

Las organizaciones empresariales no asumieron la propuesta de repartir el aumento del 0,6 de las cotizaciones entre un 0,2 % para los trabajadores y el 0,4 % para las empresas. Que era más favorable para las empresas que el fijado definitivamente, tras el abandono de sus representantes de la negociación. Si bien el rechazo del Acuerdo, según afirmaron las propias patronales, no era por la cuantía de los coeficientes, sino por los supuestos efectos negativos de esta subida sobre la competitividad y el empleo. No deja de sorprender este argumento, cuando desde 1980 las cotizaciones a la Seguridad Social se han rebajado en 5,5 puntos porcentuales, concretamente las empresas han pasado de pagar un 29,35% al 24,15% que abonarán a partir de la entrada en vigor del MEI.

El incremento del 0,5 % de las cotizaciones para las empresas, sobre las bases reguladoras de los trabajadores, variará entre: Las cuantías de los trabajadores con bases mínimas,1.126 euros mensuales, por los que deberán pagar 5,63 euros más al mes de cotizaciones sociales; y a las de aquellos que cotizan sobre las bases máximas, 4.070,10 euros mensuales, por los se tendrán que abonar mensualmente 20,35 euros más a la Seguridad Social. El resultado global de esta subida en los costes laborales no supondrá lastrar en absoluto la competitividad y el empleo ya que los efectos son inapreciables, pues según los datos hechos públicos por UGT representará unos ocho céntimos por cada hora trabajada.

El aumento de las cotizaciones sociales también afectará a las retribuciones de los trabajadores y a las de los autónomos. Un trabajador cuya base de cotización sea la mínima, 1.126 euros mensuales, cobrará 1,12 euros menos al mes. Mientras que un trabajador que cotiza sobre una base máxima, 4.070,10 euros al mes, verá bajar su sueldo en 4,07 euros cada mes. Los autónomos abonaran mensualmente un 0,6% más sobre sus bases de cotización. Este esfuerzo es sensiblemente inferior al recorte que se pretendía imponer con la aplicación del Factor de Sostenibilidad, que de haber entrado en vigor hubiera supuesto una reducción en la pensión inicial de hasta 300 euros.

También se han acordado otras mejoras de gran importancia respecto al texto inicial del Proyecto de Ley, entre las más significativas se encuentran las siguientes:

  • Impulsar desde 2022 medidas para que las pensiones mínimas superen los umbrales de pobreza, según determina la Carta Social Europea.
  • Reformar los coeficientes reductores de la edad de jubilación para las personas con discapacidad.
  • Mejorar en el acceso a las pensiones de viudedad para las parejas de hecho.
  • Realizar una auditoría de la Seguridad Social, que incluya los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva desde el año 1967.
  • Establecer complementos específicos para los pensionistas jubilados anticipadamente con largas carreras de cotización.

Estos avances en el Sistema Público de Pensiones, y el propio pacto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, han sido recibidos muy positivamente por amplios sectores la opinión pública, por la gran mayoría de las fuerzas políticas, entre las personas trabajadoras y también por numerosos colectivos de pensionistas y jubilados. Mientras que los partidos políticos de las derechas y la ultraderecha, junto con los medios de comunicación que más apuestan por una nueva vuelta de tuerca de recortes y privatizaciones, lo han criticado furiosamente.

Las negociaciones se han desarrollado en un contexto complejo que ha sido superado muy satisfactoriamente, es probable que las próximas tampoco estén exentas de nuevas contradicciones. Recientemente la Comisión Europea hacía público el Operation Agreement (acuerdo operativo) firmado por España para poder recibir los fondos europeos. Diversos medios de comunicación interpretaron que supondría la ampliación del número de años para el cálculo de la pensión. Esta propuesta fue rechazada por las organizaciones sindicales, pues sostienen que representaría un recorte en las pensiones futuras, en el mismo sentido se han posicionado la mayoría de los partidos que vienen apoyando al Gobierno de Coalición.

Para el país es decisiva la reforma de la Seguridad Social, las decisiones que se están adoptando van a determinar el futuro del Sistema Público de Pensiones. Se están enfrentando dos modelos: Por un lado, las políticas progresistas que impulsa el Gobierno PSOE-UP, mediante la concertación social y el consenso parlamentario, para garantizar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones públicas; y en el otro se unen poderosos intereses económicos y políticos que exigen de nuevo recortes y privatizaciones. Desde amplios sectores de la sociedad se defiende la necesidad de blindar las pensiones públicas en la Constitución, en el marco de la estructura socioeconómica que la misma establece para la consecución de un orden económico y social justo.

Toni Ferrer

29/11/21

Editorial

REFORMA LABORAL & PENSIONES DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

Casi diez años después de la brutal reforma laboral de 2012, seguimos escribiendo sobre la necesidad de derogar las reformas laborales y nos vemos enfrascados en la defensa del Sistema Público de Pensiones, dos temas de especial relevancia para la clase trabajadora.

La mayoría social, cada día más desprotegida, sufrirá cuando menos una nueva frustración tras la negativa del gobierno de coalición (PSOE-UP), de no llevar a término sus propuestas electorales y su pacto de gobierno.

La derogación de la reforma laboral comenzó siendo un compromiso, después se transformó en ese eufemismo denominado “los aspectos más lesivos” en referencia a: subcontratación, ultraactividad, prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio del sector. Aspectos algunos ya superados por vía de la negociación colectiva y/o judicial. Veremos qué sale de la mesa de negociación.

La reforma laboral del 2010, que abrió puertas y ventanas a la reforma del 2012, estableció:

  • supresión de la autorización laboral administrativa en caso de despidos colectivos;
  • reducción de la indemnización del despido improcedente, pasando de 45 días con un máximo de 42 mensualidades a 33 días con un máximo de 24 mensualidades,
  • potenciar los despidos por causas objetivas: económicas, técnicas, organizativas o de producción con una indemnización de 20 días de salario;
  • avalar despidos por causas económicas no sólo pérdidas (actuales o previstas) y la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas en tres trimestres de bajada de facturación;
  • supresión de los salarios de tramitación,

En definitiva, bajo el término flexiseguridad, se les dio toda la flexibilidad a las empresas y se les quitó toda la seguridad a los trabajadores, desequilibrando las relaciones laborales. Por tanto, cabe una pregunta ¿estos aspectos no son lesivos?

Leamos el siguiente párrafo del documento “Los daños de la reforma laboral de 2012 Datos de su impacto negativo sobre el empleo y los salarios”, publicado por el Servicio de estudios de la Confederación de UGT, el 15 de octubre de 2019:

“No es casualidad que tras 2008 y 2009, los años iniciales de la Gran Recesión y los de su mayor impacto, 2012 fue el ejercicio con mayor número de despidos de contratos indefinidos de la historia, 777.000. Y eso se tradujo en la segunda mayor pérdida total de empleo de la historia, 788.700 ocupados, solo por detrás de la sufrida en 2009 (1.362.800 ocupados menos). Y en 2013 se perdieron otros 493.700 empleos”

Hay que añadir a los datos que esgrime UGT que, al cierre del primer trimestre de 2013, un año después de la entrada en vigor de la reforma que el Sr. De Guindos decía que era “muy agresiva”, la tasa de desempleo se instaló en el 26,94%, lo que supuso que 6,2 millones de trabajadores y trabajadoras no tuviesen empleo. Se destruyó empleo en cantidades nunca vistas, para transformar más de 3 millones de puestos de trabajo con derecho en precariado.

Por parte de CCOO, en el documento de su Comisión Ejecutiva Confederal, bajo el título “Efectos de la Reforma Laboral de 2012”, fechado en septiembre de 2013, entre otras cuestiones manifiesta:

“Esto ha supuesto una gran transformación del modelo de despido colectivo, tanto en lo referente al procedimiento, con la sustitución de la autorización administrativa por la decisión unilateral de la empresa, como en la reducción de la entidad de las causas económicas, técnicas, organizativas y productivas han de concurrir para que el despido colectivo pueda considerarse justificado, todo en relación con el objetivo asumido de facilitar a las empresas la realización de los despidos colectivos.”

Las direcciones de las organizaciones sindicales no pueden, ni deben, dejar de lado las lesiones que las reformas producen a los intereses de los trabajadores, lesiones que sus gabinetes de estudios reconocen, permitiendo la consolidación de los aspectos tan regresivos de las reformas laborales.

Otra de las grandes condiciones impuestas por la Comisión Europea es la reforma de las pensiones; según hemos conocido, cuando se ha hecho público el documento acordado por el Gobierno y Bruselas con relación a los compromisos acordados sobre los fondos europeos. Es en este momento cuando nos damos cuenta del alcance de las distintas declaraciones efectuadas por el ministro Escrivá.

El acuerdo con los agentes sociales, establece la revalorización de las pensiones con la inflación media del año anterior y la separación de fuentes respecto de aquellas prestaciones y medidas cuya financiación no habían sido asumidas todavía por el Estado las cuales han generado la deuda de manera consciente y fraudulenta a las cuentas del sistema público de pensiones.

No podemos obviar que la nueva regulación de la jubilación anticipada (tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad), la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa, van a sufrir una reducción de las condiciones, frente a las actuales. Además, los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora.

La sustitución del Factor de Sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, un nuevo eufemismo, busca incrementar el Fondo de Reserva en 50.000 millones de euros en 10 años, por la vía de subir un 0,5% las cotizaciones de las empresas y un 0,1% las de los trabajadores.

Para valorar el acuerdo firmado, tenemos que recordar que, desde 1982, las cotizaciones de las empresas han sido rebajadas en un 3,68%, al pasar del 27,28% que cotizaba la empresa al 23,60 que cotizan hoy. Por tanto, el incremento de un 0,5% sigue dejando la reducción que las empresas han obtenido en un 3,18%.

Según estableció CCOO, cada 2% menos de cotización significan 7.000 millones menos de ingreso a la Seguridad Social. Por tanto, el 3,18% suponen 11.130 millones de euros cada año de menos ingreso para la Seguridad Social. Si el ministro Escrivá, y el Gobierno, exigiesen a los empresarios el esfuerzo de cotizar lo que cotizaban en 1982, la recaudación en diez años se elevaría a 111.300 millones de euros, más del doble que con la medida acordada con UGT y CCOO.

Otras magnitudes que dejan en una cantidad menor los objetivos del acuerdo es la deuda que el Estado tiene con la Seguridad Social, por las cuantías pagadas con los fondos de las pensiones de manera indebida. El Tesoro Público lo tasa en 103.000 millones de euros (tomando el periodo 1989-2013 y sin actualizar el valor del dinero). La Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO llegaba a estimar esa deuda en 500.000 millones de euros. Es muy importante que el Gobierno haya aceptado encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, tal y como reivindicamos miles de trabajadores, pensionista, jóvenes… los pasados día 16 de octubre y el 13 de noviembre en las calles, para reponer las cantidades que correspondía pagar al Estado, dando así sostenibilidad a un sistema que no es deficitario, a condición de que dejen de sangrarlo.

La recuperación de los derechos perdidos por la clase trabajadora ha de pasar por la movilización de las trabajadoras y trabajadoras, pensionistas, desempleados, jóvenes…. Las direcciones de las organizaciones sindicales de clase deberán decidir si continúan siendo parte de las decisiones de recorte de las Pensiones, haciéndolas más vulnerables a la deseada privatización que ansían la banca, las aseguradoras y los fondos buitre, o se ponen a la cabeza de la defensa del Sistema Público de Pensiones y de una verdadera derogación de las reformas laborales.

Solidaridad con los metalúrgicos de Cádiz

El pasado 19 de noviembre Tribuna Socialista remitió un mensaje de solidaridad a los compañeros y compañeras del sector metalúrgico que han defendido hasta el final sus derechos. La lucha de los metalúrgicos de Cádiz es la lucha de todos los sectores de nuestro país.

Salarios dignos para una vida digna

El día 29 de septiembre salió publicado en el BOE, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para cualquier actividad: quedó fijado en 32,17 euros/día o 965 euros/mes según sea el tipo de contrato por meses o por días. La duración de la subida, que ha sido pactada con CCOO y UGT, será hasta el 31 de diciembre, lo que es un indicativo de que es una subida provisional, dicho de otra forma las partes reconocen la insuficiencia de este acuerdo que supone, en la práctica, alargar la situación de insuficiencia a los miles de personas que solo tiernen ese ingreso y por tanto forman parte de los trabajadores pobres. 

El incremento de 15€, supone un 1,6% de aumento sobre el SMI anterior, sin embargo el IPC ha aumentado un 3,1% de media anual en el 2021, lo que supone una pérdida de más del 50% de capacidad de compra para los más de 196.000 personas que estarán afectadas en Cataluña.

A nadie se le escapa que no es posible llegar a final de mes con 965€, máximo cuando no hay ningún control sobre el aumento de precios y la mayoría social vemos y padecemos los aumentos desorbitados en los precios de la electricidad u otros suministros de primerísima necesidad. 

Según datos de la Confederación Europea de Sindicatos el número de trabajadores pobres ha aumentado en Europa un 12%, en España 16%. Las cifras sobre la recuperación económica son optimistas, el Banco de España sitúa el aumento del PIB en el 6,3%, una pregunta es necesario contestar ¿será posible la recuperación económica sin que esa recuperación llegue a los hogares la mayoría social? El SMI no puede ser una limosna como demanda el Vaticano. 

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez ha manifestado que la subida del SMI es insuficiente, que si el 1 de enero el SMI  no se sitúa en 100€ se acabaron los pactos y empezaran las movilizaciones,  seguramente que tendremos que ir por esa vía, pues a las clases más desposeídas jamás nos han regalado nada y será mediante la movilización que tendremos que conseguir salarios suficientes para cubrir todas las necesidades para tener una vida digna.

José A Iniesta 

Comité de redacción de Tribuna Socialista

Entrevista a Luis Lombardo Plaza 

Presidente del Comité de Empresa de Telemadrid

Luis Miguel Lombardo Plaza nació en Madrid en 1972. Es titulado en Imagen y Sonido y ha desarrollado toda su carrera profesional vinculado al sector audiovisual, trabajando en medios de comunicación como Radio Televisión Española y Telemadrid.

Cuenta con una amplia experiencia formativa de profesionales del campo audiovisual en Formación Profesional, Universidad, Centros de Formación para el Empleo y Escuelas de Arte. 

Afiliado a CCOO desde 1991, fue elegido delegado del comité de empresa de Telemadrid en 1999, y desde 2015 es presidente del mismo.

En 2017 pasó a formar parte de la Comisión ejecutiva Comisiones Obreras de Madrid, y en la actualidad es el responsable de la Secretaría de Comunicación de Comisiones Obreras de Madrid.

Pregunta.- El próximo mes de enero se cumplirán nueve años desde la presentación del ERE, por el que el gobierno que presidía Ignacio González, a través de sus piezas en la dirección de Telemadrid, pretendieron despedir a 860 trabajadores y trabajadoras. ¿Qué balance haces de aquel fiasco laboral?

Respuesta.- El balance no puede ser más negativo, a finales del 2003 el Partido Popular de Esperanza Aguirre se hizo con el control de una empresa pública. Por aquel entonces, Telemadrid, contaba con un gran prestigio social y elevados niveles de audiencia, una radiotelevisión exitosa, referente en el sector audiovisual, y la hundió económica y profesionalmente, culpabilizando a los 860 trabajadores a los que nos despidió. Sin piedad llevó a cabo un ERE sin precedentes en la comunidad Madrid. Casi nueve años más tarde, y después de haber conseguido iniciar un proceso de recuperación, vuelven las prácticas de entonces, vuelve a gobernar la radiotelevisión pública madrileña el mismo partido popular, sin complejos. Parece que no hemos aprendido la lección.

P.- ¿Cómo se ha transformado Telemadrid en estos nueve años?

R.- Estos nueve años han servido para conocer las dos caras del Partido Popular en la comunidad Madrid. Después de la pérdida de la mayoría absoluta en el 2015 surgió un partido popular «avergonzado» por los innumerables casos de corrupción relacionados con su etapa de gobiernos en la región. Todo parecía poco para desmarcarse del estigma que suponía haber estado cerca de quienes habían utilizado sus responsabilidades políticas para apropiarse de los recursos públicos de todos los madrileños, lo que se utilizó como justificación para iniciar un proceso de reforma legislativa para RTVM que habilitó mecanismos de transparencia y de control por parte de mayorías cualificadas que, al menos, dificultaba el control gubernamental de la radiotelevisión pública madrileña. Desde entonces hemos vivido un corto periodo de tiempo en el que hemos conseguido recuperar parte de la audiencia y credibilidad perdida con la ciudadanía. Ahora un nuevo golpe de timón del partido popular vuelve a poner en sus manos el control de la radiotelevisión pública, y comienzan a reaparecer las viejas formas de hacer las cosas. Es pronto aún, pero nos tememos que pueda reeditarse una etapa que considerábamos que había quedado atrás.

P.- En vuestra lucha contra el ERE no solo defendíais los puestos de trabajo, también defendíais el derecho de las madrileñas y madrileños a una información plural, veraz e independiente ¿Qué os llevó a poner al mismo nivel los derechos de la plantilla y los derechos del pueblo de Madrid?

  R.- Somos defensores convencidos de los servicios públicos en general y en particular del servicio público de comunicación. Una sociedad madura democráticamente no puede funcionar sin medios de comunicación públicos independientes y plurales..

La razón de ser de una radiotelevisión pública es el servicio público esencial al que la ley le encomienda, estar al servicio de la ciudadanía, ser cercanos y útiles, esto es lo que configura y permite dar viabilidad y futuro a nuestra empresa y, en consecuencia, a nuestro trabajo.

Quien no cree en los servicios públicos tiene como objetivo el deterioro de su calidad para justificar su privatización, lo vemos en la enseñanza, en la sanidad y en los servicios sociales entre otros servicios públicos. Para algunos son sencillamente una fuente de recursos públicos con la que hacer negocios.

P.- ¿Qué valoración haces de la independencia informativa tanto en Telemadrid como en el resto de medios de comunicación públicos en este país?

R.- Lamentablemente nos hemos acostumbrado a ver como natural que la llegada al gobierno supone tomar el control de la radio televisión pública de turno, lo que ha generado un deterioro en la percepción del papel que deben jugar para la sociedad. Hacen falta ejemplos como el que hemos conseguido dar en los últimos años desde RTVM para evidenciar que un modelo de radiotelevisión pública independiente y útil para la ciudadanía es posible, que otro modelo de gestión es posible, que con el compromiso del conjunto de las fuerzas políticas pueden y deben habilitarse mecanismos que impidan un control gubernamental de los medios de comunicación públicos.

P.- El que fue Director General del Ente Público Radio Telemadrid Madrid, José Antonio Sánchez, y hoy es Administrador provisional, ha dicho que reducirá un 10% el presupuesto de la compañía, pero que no afectará a la plantilla ¿Qué credibilidad tiene para la plantilla esta afirmación?

  R.- Estamos hablando del presupuesto más reducido del conjunto de las televisiones públicas del Estado con una programación basada en su mayoría en producción en directo que dificulta en gran medida aplicar ningún recorte. Estaremos alerta.

P.- La plantilla de Telemadrid, con su Comité de Empresa y sus secciones sindicales a la cabeza, es una referencia de resistencia y dignidad en la defensa de los puestos de trabajo ¿Veis a corto plazo una situación de lucha como la que llevasteis hace nueve años?

R.- La lucha en la defensa de la radio televisión pública no es algo que deba circunscribirse a una etapa concreta, que tenga una fecha de inicio y de fin es una situación de trabajo constante de denuncia, algo que nunca hemos dejado de hacer y que no vamos abandonar, es una carrera de larga distancia en la que pretenden agotarnos pero no vamos a rendirnos, hemos conseguido demostrar cuáles fueron las verdaderas causas del hundimiento y descrédito de nuestra cadena, ahora el conjunto de la sociedad madrileña debe impedir que se  les vuelva a arrebatar su radiotelevisión pública y que se vuelva a repetir la historia. El conjunto de las fuerzas políticas, sociales, sindicales y profesionales deben encabezar la defensa de un servicio público esencial con mayúsculas, nosotros vamos a estar ahí siempre, en la defensa de los servicios públicos, en la defensa del imprescindible papel que para la Comunidad de Madrid debe jugar Telemadrid y OndaMadrid

P.- Hace dos años Telemadrid celebró su 30 Aniversario ¿Qué parte de esa efeméride celebrasteis los trabajadores y trabajadoras?

R.- Poco podíamos celebrar con la inmensa mayoría de las compañeras y compañeros despedidos en la calle. Pero después de una oscura etapa de participar y ver que su recuperación era posible.

Telemadrid y Ondamadrid sobrevivirán a quienes ahora vuelven a intentar aprovecharse de ellas. Nosotros vemos como una pesadilla la etapa que parece iniciarse de nuevo. Pero esto no debe ocultar todo lo bueno y positivo que ha habido y habrá en torno al logotipo de Telemadrid y el de OndaMadrid.

Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista