La clase trabajadora francesa defiende sus Pensiones Públicas


Encuentro de la Delegación española con Mèlenchon en París 21 de enero 2023

El jueves día 19 de enero tuvo lugar una jornada de huelga en los sectores más importantes de la actividad productiva. Huelga convocada, en unidad, por todos los sindicatos franceses y secundada por el 80% de los trabajadores y trabajadoras de sectores estratégicos: centrales nucleares, hidroeléctricas, refinerías, transporte, enseñanza… Esta jornada de huelga ha superado el paro, también exitoso, del 5 de diciembre de 2019.

Las más de 200 manifestaciones que se convocaron para la tarde del mismo día 19 desbordaron todas las previsiones más optimistas; 400.000 manifestantes en París, 140.000 en Marsella, 60.000 en Toulouse, 50.000 en Nantes… Un total de 2 millones de trabajadores y trabajadoras, jóvenes y de todas las generaciones se echaron a la calle para decirle a Macron que rechazan la reforma de la ley de pensiones que prepara su Gobierno.

Tan solo 72 horas después de la jornada de huelga, el 21 de enero, organizaciones juveniles y la “La Francia Insumisa” de Mèlenchon, organizaron una marcha por las calles de París a la que acudieron más de 150.000 manifestantes. En esta marcha participó una importante delegación de pensionistas españoles que tomaron la palabra desde la tribuna de oradores. Antes del inicio de la marcha, mantuvieron un encuentro con Jean-Luz Mèlenchon.

Tanto en la huelga y las manifestaciones del día 19 como en la gran manifestación del día 21, la clase trabajadora francesa le ha dicho al liberal Macron que no quiere trabajar más años (pretende pasar de 62 a 64 la edad legal de jubilación); a nombre de un mantra que en el Estado español conocemos bien “si no se aplica la reforma, el sistema no será sostenible”. Rechazan la ampliación del periodo de cotización a 43 años (un año más sobre los 42 actuales), para poder recibir la pensión máxima.

El mantra de la “insostenibilidad” es ya viejo y está muy manoseado. En Francia, argumenta el Gobierno, habría un déficit económico en las pensiones del 0,8% ¿Es ese el problema? Sin embargo, Macron no ha tenido ningún problema en incrementar su gasto militar en un 40% desde 2019, al pasar de 295.000 millones de euros a los actuales 413.000 millones para los años 2023 y 2024.

Apelaba Eusebio Val -corresponsal de La Vanguardia en París-, en su artículo “Francia aumentará un 35% su gasto en defensa pese a la necesidad de rigor presupuestario”, publicado el día 23 de este mes de enero, al viejo dilema “gastar en mantequilla o en cañones”, en este momento en que el suelo europeo vuelve a tener lugar un conflicto armado, desde hace 11 meses. Este es un debate que la prensa española suela eludir, pues parece que la guerra nos es ajena y nuestra única relación con la misma es de solidaridad.

No es el Gobierno francés el único gobierno europeo que pretende dar otra vuelta regresiva a su sistema público de pensiones, en España también se pretende. El común denominador es que todos los gobiernos asumen los dictados de los organismos económicos internacionales: Banco Central Europeo (BCE), Fondo Monetario Internacional… entre otros; organismos que dicen lo que los gobiernos deben hacer, pero cuyas cúpulas directivas no son elegidas democráticamente.

Desconozco si el Estado francés ha utilizado, indebidamente, dinero de las pensiones para pagar gastos que debieran ser pagados con fondos provenientes de los impuestos; en el Estado español sí ha ocurrido, como así lo confirma un informe del Tribunal de Cuentas del Estado, emitido en 2020, en el que se cuantifica una deuda del Estado con las Pensiones de más de 103.000 millones de euros ¿En estas condiciones cómo se puede hablar de “insostenibilidad del sistema”?

Es inaceptable, aquí en Francia y en cualquier parte del planeta, que se quieran deteriorar los sistemas públicos de pensiones, para fomentar los productos financieros privados; que es lo que son en ultima instancia los fondos privados de pensiones, tomen la forma que tomen. Deteriorar lo público para inducir a los ciudadanos, a los que se lo pueden permitir, a consumir productos privados es lo que hace con la Sanidad Pública, por ejemplo, el Gobierno ultraderechista del Partido Popular (PP) en la Comunidad de Madrid.

Desde la tribuna de oradores al final de la Manifestación del 21 de enero

Es muy saludable ver que la clase trabajadora resiste, que tiene vigor para la lucha frente a las pretensiones de los agentes que trabajan para eso que llaman “libre” mercado. Todos los trabajadores y trabajadoras del mundo debemos celebrar la unidad de los sindicatos franceses, pues sin esa unidad y sin la determinación de dar la pelea en favor de los intereses de los asalariados y asalariadas, estamos avocados a perder poder adquisitivo en el salario directo (el sueldo), a retroceder a golpe de reformas en el salario diferido (las pensiones) y a que nos reduzcan a un mero servicio asistencial el salario indirecto (los servicios públicos).

Hoy podemos decir que la lucha de la clase trabajadora está viva, al menos en Francia.

Roberto Tornamira Sánchez
Fue Secretario Estatal de la UGT
para el Sector Financiero, Seguros y Oficinas

Nota de Solidaridad

Saludamos y enviamos todo nuestro ánimo a los trabajadores y trabajadoras de Francia en su lucha por la defensa de su Sistema Público de Pensiones.

Apreciados compañeros del POI,

Seguimos con atención el desarrollo de la exitosa huelga que en la jornada de hoy están llevando a cabo los trabajadores y trabajadoras de los sectores estratégicos en vuestro país: Educación, Trenes, Gasolineras, compañías aéreas, entre otros muchos, para defender las Pensiones Públicas.

Nos llegan noticias de que el seguimiento de la huelga supera el 80% de media, lo cual confirma el apoyo y seguimiento de la huelga por parte de la clase trabajadora francesa. Un éxito que sería impensable sin la unidad alcanzada por parte de los sindicatos convocantes. Deseamos que, tanto los actos que están convocados para el día de hoy, como las movilizaciones previstas para el próximo día 21, sean un rotundo éxito en el rechazo a la reforma de las Pensiones.

En el Estado español conocemos bien los intereses espurios que llevan a los gobiernos, a todos y en todos los países, a aplicar las reformas regresivas de los sistemas públicos de pensiones, al dictado de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional. Se trata de devaluar estos sistemas públicos para fomentar el negocio de bancos y aseguradoras.

Las Pensiones Públicas son un derecho levantado con el salario diferido de los trabajadores y trabajadoras, es por eso un derecho por el que hay que pelear y plantar cara a los especuladores y a sus agentes en las instituciones.

La Coordinadora Estatal del CATP

Cumplan y hagan cumplir la ley que establece la obligatoriedad de realizar una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social

La Ley 21/2021 aprobada el pasado 28 de diciembre en las Cortes establecía en la disposición adicional sexta, que “en el plazo máximo de un mes” DEBERÍA REALIZARSE UNA Auditoría de cuentas de la Seguridad Social.

La ley establecía igualmente que el informe debía ser “realizado en un plazo máximo de seis meses” y que se debía cuantificar los conceptos y su financiación “durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos”.

Nada de esto se ha hecho hasta el momento presente. El asunto es grave porque el propio gobierno está incumpliendo lo que aprobó y es ley. Y es mucho más grave en cuanto que el Tribunal de Cuentas cifró en 2019 en más de 103.000 millones los gastos impropios de la Seguridad Social, solo en el periodo 1989 a 2018.

La exigencia de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, solicitada por miles y miles de trabajadores y pensionistas de toda España, es fundamental. No es ningún capricho ni ocurrencia. Obedece a algo tan elemental como el derecho que tenemos los trabajadores y trabajadoras a saber dónde han ido a parar nuestras cotizaciones después de años y años. Una reivindicación exigida desde diferentes plataformas de pensionistas, y también desde diversas instancias y congresos de CCOO y UGT celebrados en 2021.

No solo se trata de saber dónde han ido nuestras cotizaciones, que ya de por sí sería importante. Se trata de demostrar que el sistema público de pensiones, basado en el sistema de reparto, es perfectamente viable y sostenible, y que no están justificadas de ninguna manera las medidas del Gobierno que tienden a recortar las pensiones.

Es por ello que suscribimos la petición dirigida a todos los diputados que aprobaron en Cortes la Ley 21/2021, y concretamente la realización de una auditoría, a que cumplan con la ley que ellos mismos aprobaron, y a que sin más dilación se proceda a poner en marcha lo que establece la disposición adicional sexta.

Tener una pensión digna que se revalorice de acuerdo con el aumento real del coste de la vida, no pone en peligro el sistema público. La amenaza del sistema público de pensiones viene como consecuencia de los gastos impropios, los bajos salarios, y de los regalos que de vez en cuando se conceden a los empresarios en forma de exenciones.

El grupo de Sindicalistas por la Auditoría acordó dar apoyo a esta iniciativa en la reunión celebrada el día 29 de noviembre de 2022, y darle la máxima difusión.

Adhesiones recibidas de organismos sindicales:

  • Sección sindical UGT Ayuntamiento de Sant Boi Sección sindical UGT Ayuntamiento de Sabadell Sección Sindical CCOO Escuela Profesional Salesiana Sección sindical CCOO Hospital Valme de Sevilla Sección sindical UGT Ayuntamiento de Vila-real
  • Comité de Empresa de STEF-Madrid. Firma en su nombre: Salvador de Antonio Gutiérrez.
  • Sección Sindical de la CGT en STEF-Madrid. Firma en su nombre: Fernan- do René Sepúlveda García
  • Sección sindical UGT Ayuntamiento de Badía del Vallés Asamblea comarcal de la FeSP-UGT-Vallés Occidental

Adhesiones recibidas a título individual:

  • Aguado Suárez, Antonio. Socialista de Canarias Alonso, Emilio. Militante de UJP Álava
  • Alonso Malpesa, José Joaquín. Afiliado de UGT Arrúe Pintó, Ramón. Afiliado de ELA Berenguer, José Luís. Militante de UJP Álava
  • Bermúdez López, Mercè. Delegada UGT-Vallés Occidental en el Ayuntamiento Sabadell
  • Calvo, Julio. Militante de UJP Álava
  • Carretero Ordóñez, Carolina. Delegada UGT-Vallés Occidental en DERMO- FARM
  • Castillo Márquez, Beatriz. Delegada UGT-Vallés Occidental en el Ayuntamiento Sabadell
  • Centeno Ramírez, Raúl. Delegado de UGT Vallés Occidental en GAPSA Cervera, Paco. Profesor de secundaria. Afiliado de CCOO.
  • Cuevas Canales, Jesús, delegado de UGT ajto de Sant Boi Doblado, Carlos, delegado de UGT ajto de Sant Boi.
  • Fernández, Jordi. Delegado de UGT Vallés Occidental en VOLPAK, S.A.U. Fernández Asenjo, María Jesús. Afiliada de UGT
  • Font Petchamé, Lurdes. Delegada UGT-Vallés Occidental en el Ajto Saba- dell
  • Frutos, Juan Carlos. Delegado de UGT Vallés Occidental en VOLPAK, S.A.U.
  • Galcerán Borrull, Albert. Delegado de UGT Vallés Occidental en ROCHE DIAGNOSTICS
  • García de la Osada, María José. Afiliada CCOO
  • Garcçia Lucas, Maria José, delegado de UGT ajto de Sant Boi. García Polo, José. Miembro de Iaioflautas de Valencia
  • García Solís, Juan Ramón. Pensionista Yepes (Toledo)
  • Gimeno García, Mª. Dolores. Delegada UGT-Vallés Occidental en el Ayunta- miento Sabadell
  • Gómez Fernández, Laura. Delegada UGT-Vallés Occ. en OHLA INGESAN González Carrasco, Raquel. Afiliada CCOO
  • Grimaldi Mijares, Gonzalo. SAT Andalucía
  • Huertas, Elisabeth. delegado de UGT ajto de Sant Boi.
  • Jiménez Castro, Miguel. Secretario del Comité de Empresa de Almacenes Pogar. Afiliado de CCOO
  • Jiménez Valero, Paloma. Coordinadora comarcal IS-PSOE CLM de la Mesa de Ocaña
  • López Bueno, Ángel. Afiliado de UGT
  • Martínez Montoro, Jesús Manuel. Yepes (Toledo)
  • Montoro Campaña, Elisabet. Delegada UGT-Vallés Occidental en el Ayunta- miento Sabadell
  • Mora del Cerro, Frutos. Afiliado a CCOO
  • Mora Ortiz, Elsa. Concejal de UP en el Ayuntamiento de Yepes (Toledo). Afiliada de CCOO
  • Mora Ortiz, Olga. Móstoles (Madrid)
  • Muñoz Lázaro, Miguel. Militante de IU. Portavoz Plataforma Tarancón y Comarca en defensa del sistema público de la Seguridad Social
  • Ortiz Cabero, Milagros.
  • Pérez González, Carmen. Madrid
  • Pérez, Núria. Delegada de UGT Vallés Occidental en AEMA Pérez Sánchez, Agustina. Afiliada CCOO
  • Poch Pedret, Marc. Delegado de UGT Vallés Occidental en GAPSA Prieto Carretero, Carlos. Responsable Estatal de Contact Center de FeS- MC-UGT
  • Raboso Palomo, Luís. Portavoz plataforma pensionistas Santa Cruz de la Zarza (Toledo)
  • Rascado, Jesús. Militante de UJP Álava Reyes Páez, Jordi. SYNCREON, SAU
  • Rivera Romero, Carlos. Delegado de UGT Vallés Occidental en el Ayunta- miento Sabadell
  • Rodríguez González, Luís. Delegado de UGT-Vallés Occidental en BIMBO, SA.
  • Sánchez-Celemín García, Miguel. IS-PSOE-CLM Corral de Almaguer Sánchez Fernández, Yolanda. Delegada UGT-Vallés Occidental en OHLA INGESAN
  • Sánchez, Gabriel. Militante de UJP Álava
  • Santos Pastor, Cándido. Delegado de UGT Vallés Occidental en ROCHE DIAGNOSTICS
  • Segarra, Rafa. Concejal de Podemos en Moncofar (Castellón)
  • Serrano, Adriano. Delegado de UGT Vallés Occidental en el Ayuntamiento Sabadell
  • Serrano Hermoso, Carlos. Secretario General del PCE en Segovia Tornamira Sánchez, Roberto. Militante de UGT y del PSOE en Madrid. Uriondo Gijón, Juan Carlos. Afiliado a CCOO
  • Uriondo Pita, Carmen. Militante IU en Narón (Galicia) Villasuso Vázquez, Roberto. Afiliado CCOO
  • Vitolo Guzmán, Mònica. Delegada UGT-Vallés Occidental en FEDAC

Manifiesto ¡Alto a la Guerra!

Crónica de la presentación pública

El miércoles día 11 por la mañana se dieron cita, frente al Congreso de los Diputados, una representación de firmantes del Manifiesto internacional ¡Alto a la Guerra! ¡Alto el fuego inmediato, sin condiciones! Al acto acudieron varios medios de comunicación y reporteros gráficos.

En el evento intervinieron:

  • Roberto Tornamira Sánchez, en nombre del Comité para la Alianza de los Trabajadores y Pueblos (CATP) y miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista.
  • Isabel Cerdá Martín, en nombre del Colectivo de Mujeres Republicanas, colectivo vinculado al CATP.
  • Eduardo Hernández Oñate, presidente de la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE).
  • Pedro López López, profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y activista de Derechos Humanos.
  • Xabier Arrizabalo Montoro, trabajador de la Universidad Complutense de Madrid y miembro por CCOO de su Junta de Personal.

También estuvieron presentes otros firmantes del Manifiesto como: Jordi Salvador i Duch, José Miguel Villa Antoñana, Ángel Tubau, Miguel Sagüés, Juan Fernando Díaz-Mayordomo, entre otros.

En apoyo a esta presentación, se recibieron mensajes del Partido Obrero Independeinte de Francia, el POI, de la Nueva Corriente de Izquierdas (NAR), de Grecia y del Senador por Valencia, Carles Mulet García. Excusó su presencia, por cuestiones familiares, el filósofo y escritor Javier Sádaba Garay.

El documento ve la luz con más de 500 firmantes de 16 países europeos y otros tantos de otros continentes. Son los primeros firmantes de este llamamiento a parar la guerra que hoy se hace púbico. En el momento de redactar esta crónica, el manifiesto cuenta con cerca de 300 firmas y con la adhesión de 13 organizaciones y asociaciones en el Estado español.

Los intervinientes, en sus intervenciones, coincidieron en denunciar que en la guerra hay unos perdedores, que son los pueblos, el ucraniano en primer lugar, pero también el ruso y el resto de los pueblos de Europa y de todo el mundo. Es necesario diferenciar entre los intereses de la mayoría social, en todos los países, y los de sus dirigentes. La responsabilidad de la guerra es del gobierno ruso, liderado por Putin al servicio de los oligarcas que se repartieron los sectores estratégicos que eran propiedad del Estado en la época soviética. Así mismo, es responsabilidad de las distintas administraciones estadounidenses que, al servicio de las multinacionales, que no ha dejado de intervenir en las últimas décadas, utilizando a la OTAN como punta de lanza. Coherentemente, para no alimentar los ya estratosféricos beneficios del mercado del armamento, se rechaza el abultado incremento de presupuestos militares en los presupuestos generales del Estado. Esto, además, detrae recursos de partidas tan necesarias como la Sanidad y la Educación pública o dificulta que el Estado devuelva a las Pensiones el dinero que, desde hace décadas se viene utilizando indebidamente. Aunque los medios de comunicación de masas lo aca llen, esto es un sentir que existe en todos los países de Europa: Francia, Gran Bretaña, Alemania…

Con el Manifiesto, se lanza un grito de alarma sobre esta escalada bélica, que va camino de cumplir un año, y que puede derivar hacia una catástrofe mundial.

Como ciudadanos conscientes, es una obligación y un derecho lanzar este llamamiento a parar la guerra. No seremos cómplices, dijeron.

Se dirigen a todos los trabajadores y trabajadoras de Europa a unir sus fuerzas para detener este engranaje mortal y esta carnicería. Por todo ello, ¡Alto a la guerra! ¡Alto el fuego inmediato!

Por último, se han comprometido a constituir un equipo coordinador para que la iniciativa que el día 11 presentaron concluya en un “Movimiento internacional contra la Guerra”, de común acuerdo con los partícipes en este acto y con todas las organizaciones y colectivos de firmantes.

Adhesiones al Manifiesto:

manifiesto.altoalaguerra@gmail.com

conferencia.catp@gmail.com

Pascual Sánchez Carpintero
Colaborador de Tribuna Socialista en Madrid

Defensa de los derechos también para el pueblo Peruano

A pesar de la represión emprendida por el Gobierno de Dina Boluarte, las manifestaciones, huelgas y marchas emprendidas desde distintos puntos del país, son numerosas, ni los muertos, mas de 60, y centenares de heridos han hecho retroceder al pueblo peruano que lucha heroicamente por echar del gobierno a Dina Boluarte a la que responsabilizan de los crímenes cometidos por el ejército y la policía que están a sus órdenes exigiéndole el levantamiento del estado de sitio.

Los monopolios, principalmente norteamericanos que controlan las minas, el petróleo, el gas, la pesca y que controla las mejores tierras de la costa son los verdaderamente protegidos del gobierno ilegitimo y represor de Dina, puesta a dedo por los militares cómplices y beneficiarios de que esta multinacionales sigan explotando los recursos naturales, mientras que el pueblo está sumido en la miseria.

Son estas multinacionales y los que se benefician de ellas los que quieren asegurar los llamados contratos ley, que aseguran la existencia de los mismos durante todo el periodo firmado sin que puedan ser rectificados ni suspendidos por ningún gobierno. Es precisamente durante el año 2023 que tendrían que firmar nuevos contratos ley, que volverían a dar los privilegios de explotación de los recursos naturales de la nación peruana, para que saqueen el país. De otra parte, la represión continua y el 21 de enero la Universidad de San Marcos fue invadida por centenares de policías, para desalojar a los estudiantes y a diferentes líderes organizadores de la marcha sobre Lima, que exigen la disolución del parlamento peruano y una nueva constitución que rompa con el fugimismo que perdura en las instituciones del estado y que hace incompatible las libertades y la democracia en Perú.

Los estudiantes de la Universidad de San Marcos y de las universidades públicas, y la docencia de todo el país, vienen luchando desde hace tiempo contra el plan de del Banco Mundial y la ley de universidad de Daniel Mora que está destruyendo la Universidad Pública.

El dia 24 la CGTP convoca marcha sobre Lima, los campesinos y sectores de trabajadores que llegan a Lima desde distintos puntos del país, principalmente de sur, se enfrentan al gobierno de Dina, pidiendo su dimisión y una Asamblea Constituyente que garantice derechos y libertades para trabajadores, jóvenes y todo el pueblo peruano.

Es claro que el pueblo peruano se enfrenta una vez mas a grandes poderes nacionales e internacionales, la reivindicaciones que defienden son justas y democráticas, es por ello que desde Tribuna Socialista, junto con el CATP y diferentes colectivos de peruanos en el estado español, damos nuestro apoyo y ayudamos a dar a conocer la verdadera situación por la que atraviesa el pueblo peruano, buscando apoyos entre las organizaciones sindicales, grupos de trabajadores, partidos representativos de izquierdas y organizando delegaciones a la en bajada y consulados de Perú, en estas delegaciones trasladarle nuestra preocupación y repudio por la oleada represiva que están padeciendo los manifestantes y, dentro del respeto a la soberanía de la nación Peruana, pedir el levantamiento del estado de sitio, la condena de los asesinatos y la necesidad de que se atiendan las demandas del pueblo.

José A Iniesta

Cuidado con las sanciones económicas

Las sanciones económicas a países, como las multas a los ciudadanos y ciudadanas, no siempre son justas ni siempre tienen el efecto deseado: se da el caso que a los muy ricos les compensa pagar la sanción, mientras se hunde en la miseria a los más pobres. En ocasiones, tienen un efecto boomerang, que golpea a quienes lanzan la sanción.

Un ejemplo histórico de las consecuencias de los bloqueos económicos, ahora conocidos como sanciones, lo tenemos en los decretos que Napoleón dictó contra Gran Bretaña, en 1806 y 1807: Decreto de Berlín y Decreto de Milán, respectivamente, por los que se prohibía el comercio de los productos británicos en el continente europeo.

La primera consecuencia, para la Francia imperial, fue la necesidad de mantener presencia militar en los puertos a los que llegan los productos manufacturados o en aquellos desde los que salían las materias primas entre Gran Bretaña y los países europeos.

En principio, los beneficiarios directos de este bloqueo fueron los productos franceses y los de los territorios anexionados por Napoleón. Sin embargo, Francia no tenía la capacidad de absorber los productos que el resto de países europeos exportaba a Gran Bretaña. Una consecuencia concreta fue un gran incremento del contrabando.

El “Bloqueo Continental” produjo un grave perjuicio para el comercio británico, que sufrió una contracción del 25%, pero también para el de los países europeos, incluida Francia.

Gran Bretaña, con una notable mayor capacidad naval que Francia y sus aliados, se lanzó a la potenciación de los mercados en el sudeste asiático, China, India… Y reaccionó con las Orders in Council de 1807, por las que prohibía a sus socios ultramarinos el comercio con Francia.

Estados Unidos, vio la oportunidad de aprovecharse de la situación, para conseguir mejores condiciones a sus productos y en sus compras, aprobó el Acta de Embargo del 1807, por el que se prohibía el comercio de sus buques con Francia y Gran Bretaña. Y claro, como dijo Karl von Clausewitz, quien participó con el ejército prusiano en la guerra contra Napoleón, y sabía bien de lo que hablaba: “La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, una gestión de las mismas por otros medios”. La política lleva mucho tiempo al servicio de la economía. Por ello, el resultado, entre otros motivos, como por ejemplo el intento de los USA de anexionarse Canadá (en aquel momento colonia británica), fue el estallido de la guerra anglo-estadounidense que se desarrolló entre 1812 y 1815.

Por su parte, Napoleón, para hacer cumplir sus “sanciones económicas” quiso invadir Rusia en 1812 movilizando a más de 500.000 hombres, la Grande Armée, pues el zar Alejandro I había decidido retomar el comercio con Gran Bretaña. Toda esta guerra económica desembocó en la tumba del Imperio francés.

Todos estos acontecimientos acaecieron en poco más de un lustro, como derivadas de las sanciones de unos y otros.

Sin extenderme en detalles, no puedo dejar de mencionar el bloqueo económico que los Estados Unidos le impusieron a Cuba en octubre de 1960, que sigue en vigor 62 años después, para salvaguardar los intereses de las empresas norteamericanas, muchas de ellas vinculadas a la mafia en los sectores del juego y la prostitución en la isla. Bloqueo que ha pasado por diferentes fases de mayor o menor crudeza, llagando a provocar la escasez de alimentos y medicinas para la población civil.

Citar también las sanciones que, a instancias de los USA, Naciones Unidas le impuso a Irak en 1990, tras invadir Kuwait el ejército de Sadam Husein. El pueblo iraquí, sufrió la guerra que había iniciado su sátrapa y, además de la muerte y la destrucción que provocó la primera Guerra del Golfo, en la que intervino una fuerza multinacional compuesta por: Estados Unidos, Arabia Saudí, Francia, Egipto, Reino Unido y Siria, sufrieron el hambre y la muerte por falta de los productos más básicos. Eso sí, en 1996, con el país esquilmado y destrozado, el Consejo de Seguridad de la ONU establecía el programa “Petróleo por alimentos”.

Hace diez meses que estalló la guerra en Ucrania, con motivo de la criminal invasión del territorio ucraniano por parte del ejército de Putin. Junto a la contienda bélica se está desarrollando una contienda económica con un intercambio de medidas y agresiones, cuyas consecuencias definitivas están por verse aún.

De momento, una ola inflacionaria recorre Europa y está empobreciendo a la mayoría social de todos los países del continente. Empobrecimiento cuya otra cara de lo moneda son las indignantes cifran de beneficios de las empresas que componen los oligopolios de los sectores estratégicos, como el energético o el financiero, entre otros, además del armamentístico.

La inflación iniciada por las empresas de la energía, incluso meses antes del estallido de la guerra, se ha trasladado a la bolsa de la compra haciendo muy difícil el reto que millones de personas tienen por llegar a fin de mes.

Conviene saber que Estados Unidos lleva años ampliando su capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL). Hoy ya es el mayor exportador de este combustible, con una capacidad de 14.000 millones de pies cúbicos diarios, capacidad que pretenden incrementar en un 41% hasta 2025. Solo desde 2019 a hoy, han duplicado la producción de GNL. Como cabe deducirse, desde que Putin invadió Ucrania, los USA han duplicado sus ventas de GNL a Europa.

No solo se está aprovechando de la guerra para vender más, además están sacando tajada con los precios. A tal punto es el abuso que Robert Habeck, el 5 de octubre, el ministro alemán de Economía lamentaba los precios «astronómicos» que están marcando los países «amigos» de Alemania, empezando por Estados Unidos, por proveerle el gas necesario para compensar el corte de suministro ruso.

Por su parte, las grandes empresas de gas y petróleo ruso, en manos de los oligarcas próximo al Kremlin incrementan sus ventas a China e India, y muchos países compran productos rusos en barcos anclados en aguas internacionales.

Como dije antes, las consecuencias definitivas del intercambio de sanciones están por verse. De lo que no cabe ninguna duda es de lo que dijo Clausewitz: “La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político…”, en este caso al servicio de la Política Económica.

Roberto Tornamira Sánchez, Miembro del Comité de Redacción de TS y de la Coordinadora estatal del CATP

Manifiesto ¡Alto a la guerra!

Nota introductoria

Tribuna Socialista participa en el Comité para la Alianza de los Trabajadores y Pueblos (CATP), y junto a los demás colectivos que lo conforman, participamos en la “Confe- rencia Europea de Urgencia”, celebrada el 9 de abril bajo el lema:

¡Abajo la Guerra!
¡Ni la Rusia de Putin, ni la OTAN!
¡No a la unión sagrada de los Gobiernos promotores de la Guerra!

A esta Conferencia, se conectaron telemáticamente militantes sindicales y políticos de 19 países de Europa, y abrimos una sección especial en Tribuna Socialista nº 133, en la que reflejamos una amplia información sobre la Conferencia. Así mismo, el CATP editó un Boletín especial (Documentos que ponemos a disposición de quien tenga interés).

Producto de la Conferencia del 9 de abril, adquirimos el compromiso de organizar unEncuentro europeo el 25 de junio, en Madrid, coincidiendo con la celebración de lacumbrede laOTANenMadrid,conellema:

Encuentro Europeo contra la Guerra, la OTAN y la Explotación
¡Ni Putin ni OTAN!

También sobre este Encuentro se editó un Boletín con las resoluciones del evento, y dimos cumplida cuenta del mismo en TS-134.

De la cita del 25 de junio, entre otras resoluciones, salió el compromiso de constituir un Comité de Enlace Europeo. Los miembros de este Comité hemos mantenido c0rrespondencia a lo largo de estos meses pasados. Recientemente, se ha acordado poner en marcha un Manifiesto, bajo el título “¡Altoalaguerra! ¡Alto el fuego inmediato, sin condiciones!”. En una primera fase, saldrá el documento con las primeras firmas de cada país europeo que está trabajando en ello: Alemania, España, Francia, Italia,entre otros.

Dado que los ritmos en unos y otros países no son los mismos, publicamos en este número 138 de Tribuna Socialista, el Manifiesto y las primeras 53 adhesiones en el Estado español.

Manifiesto:

¡Alto a la guerra!

¡Alto el fuego inmediato, sin condiciones!

Primeros firmantes del manifiesto:

¡Alto a la guerra!

¡Alto el fuego inmediato, sin condiciones!

Asamblea General 30 de noviembre de 2022

A todos los compañeros y compañeras, camaradas, amigos y amigas del CATP, os convocamos a la Asamblea General del CATP. El acto será por conexión telemática, el miércoles 30 de noviembre, a las 19:00.

La situación nos impone la obligación de actuar, y por ende de avanzar en el fortalecimiento del Comité para la Alianza de los Trabajadores y Pueblos.

La inflación está empobreciendo a la parte mayoritaria de la sociedad. Las estadísticas oficiales dicen que más de 13 millones es el número de personas que en el Estado español están en riesgo de pobreza y/o exclusión social, un 27,8% de la población. El 20% de los asalariados y asalariadas cobran el SMI, 3,5 millones de trabajadores. En un estudio que Adecco publicó el pasado mes de agosto, sitúa el salario medio en los 1.751 euros brutos mensuales en 2021, que es el máximo que puede llegar a cobrar el 65% de los asalariados, casi 12 millones de trabajadores y trabajadoras, que están por debajo de ese salario medio. Esta cifra está un 20,2% por debajo del sueldo medio ordinario bruto de los 27 países de la Unión Europea (UE).

Han devaluado nuestros salarios diferidos, a través de las reformas de las Pensiones públicas, a nombre de que el Sistema no era sostenible. Ahora, gracias a la movilización tienen pendiente hacer una Auditoría que desvele ¿cuánto dinero se ha detraído de las pensiones, desde 1967? Es ante esta exigencia que, en el debate parlamentario del 2 de noviembre, interpelada por el diputado de ERC Jordi Salvador, la ministra de Hacienda reconocía que el Sistema es sostenible; entonces ¿por qué el Gobierno, se ha comprometido con la Comisión Europea a devaluar las pensiones futuras en un 8%, por la vía de la ampliación de 25 a 35 años el periodo para hallar la Base Reguladora?

Y están devaluando brutalmente nuestros salarios indirectos, es decir los servicios públicos esenciales: Sanidad, Educación y Dependencia.

Pero no se escatima dinero público para participar en todas las guerras en la que los EE.EE., decide meter- nos, y nuestros gobiernos deciden seguirles: Lo hizo el PP en la guerra de Irak, para facilitar los intereses energéticos yanquis en Oriente Medio y lo hace ahora el Gobierno “más progresista de la historia”, esta vez coordinado a través de la OTAN para así involucrar a la práctica totalidad de los países europeos. Unos y otros alimentan la Guerra, en lugar de exigir un ¡alto el fuego!

Los y las militantes obreros; políticos y sindicales, no podemos permanecer como espectadores ante lo que lleva mucho tiempo ocurriendo, en un Estado monárquico corrompido desde lo más alto a lo más bajo de las instituciones. Afirmamos que la orientación que compartimos hacia la República, solo es posible sobre la base de los derechos políticos y sociales de la mayoría.

Forma parte de este proyecto y participa del CATP, en sus iniciativas y en las reuniones periódicas que celebrará la Asamblea General. Nos vemos el 30 de noviembre.

La Coordinadora Estatal del CATP

La Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social es la clave

El tema de las pensiones es complejo, y más aún cuando hay intereses espurios a los sistemas públicos de pensiones sobrevolándolos como carroñeros.

El pasado 15 de octubre tuvo lugar en Madrid una multitudinaria manifestación, convocada por la asociaciones y plataformas de pensionistas, entre otras COESPE. Son las asociaciones que nacieron contra las reformas de pensiones de 2011 y 2013, en particular contra la devaluación de las pensiones sufrida entre los años 2013 y 2018, aplicada por los gobiernos del PP, siendo presidente el Sr. Rajoy; devaluación provocada por la aplicación del ripio 0,25% anual. A la manifestación de mediados de mes de octubre en Madrid acudieron más de 40.000 personas, llegadas de la práctica totalidad de los territorios que componen el Estado.

La movilización estaba convocada, entre otras reivindicaciones, para:

  • Exigir que salarios y pensiones se revaloricen, como mínimo, con el IPC
  • Rechazar la reforma de las pensiones por la que se ampliaría, el número de años, de 25 a 35, para hallar la Base Reguladora.
  • Que se lleve a cabo la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social

Quiero centrarme en la cuestión de la Auditoría, pues es la clave para la defensa del Sistema Público de Pensiones, sin que esto signifique que las demás reivindicaciones no son de importancia.

En primer lugar, hay que señalar el valor de las movilizaciones que los mencionados colectivos de pensionistas vienen llevando a cabo desde hace más de 9 años, pues lo que en la manifestación de octubre del pasado año 2021 era una reivindicación, la Auditoría, hoy es un derecho de los pensionistas, y del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, y una obligación del Gobierno que ha asumido en la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, en su Disposición Adicional Sexta:

En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social.

Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.”

Como podemos ver, los plazos se le han “olvidado” al Gobierno y por eso hay que refrescarle la memoria.

En segundo lugar, la Auditoría es una necesidad para el Sistema Público de Pensiones. La reivindicación se apoya en el Informe que emitió el Tribunal de Cuentas en 2020; según el cual:

El coste estimado asumido por la Seguridad Social por cuenta del Estado, procedente de la asistencia sanitaria y de los complementos por mínimos de pensiones, por un total de 103.690 millones de euros. En esta estimación no se han incluido otros conceptos de gasto asumidos que pudieran existir, así como el coste de oportunidad procedente de la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o adscritos a las Fundaciones Hospital, debido a que el Tribunal de Cuentas no dispone de información para su cuantificación.”

Este informe del Tribunal de Cuentas del Estado abarcó el periodo 1989 a 2018. Si nos fijamos en la Ley 21/2021, mandata al Gobierno a encargar una Auditoría que abarque el periodo 1967 a 2019. Cabe preguntarse: Sí en 29 años el Estado le debe 103.000 millones a las Pensiones Públicas, ¿cuánto debe de 51 años? ¿y si además el Tribunal de Cuentas contase con toda la información para establecer la cuantificación completa?

En mi opinión, es muy grave que el Tribunal de Cuentas del Estado diga por escrito en un informe que no ha contado con “toda la información para la cuantificación”.

Desde el punto de vista económico se termina con el mantra, establecido por “los mercados” y sus agentes a sueldo, de que las pensiones no son viables o que el sistema está quebrado.

En tercer lugar, políticamente, la Auditoría, pondrá al descubierto que ha habido una continuidad, desde el franquismo a nuestros días, en el uso indebido del dinero de las pensiones, por todos los gobiernos.

Estos tres elementos: que la movilización si tiene efecto, a condición de que sea de verdad y no una simple formalidad de cara a la galería; que cuando el Estado devuelva el dinero que le debe a la Seguridad Social, quedará despejada la duda (sembrada con mala intención) sobre la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones; y que se dará un gran paso en transparencia, respecto al manejo del dinero de los salarios diferidos de los trabajadores y trabajadoras.

El dinero de las Pensiones Públicas no proviene de los impuestos: Es la parte del salario que el trabajador y el empresario aportan para la pensión. Por tanto, continuemos luchando por la defensa de lo que es nuestro.

Roberto Tornamira

Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista y de la Coordinadora Estatal del CATP

Crónica del 15 de octubre de 2022, en defensa del Sistema Público de Pensiones

Por segundo año consecutivo, el movimiento de Pensionistas ha conseguido llevar a cabo una movilización muy masiva en Madrid. Al igual que el 16 de octubre de 2021, el 15 del mismo mes, pero de este año 2022, centenares de miles de personas se manifestaron desde Atocha a Callao. La policía municipal de la capital cifró la manifestación en 25.000 asistentes; por tanto, no sería exagerado decir que no menos de 40.000 manifestantes se echaron a la calle a defender el Sistema Público de Pensiones.

Manifestantes con banderas de Andalucía, Galicia, Extremadura, Cataluña… y por supuesto republicanas, llegados en tren, autocar o coche desde todos los puntos del Estado español; todos con sus propios medios, haciendo honor a la frase que Marx y Engel hicieron patrimonio de la humanidad trabajadora en el Manifiesto fundacional de la I Internacional (1864): “La emancipación de los trabajadores habrá de ser obra de ellos mismos”.

Los motivos concretos de la Manifestación eran varios, pero todos dirigidos a la defensa de las pensiones públicas, entre otros:

  • Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.
  • Incremento de pensiones y salarios acorde al IPC.
  • Rechazo de la reforma que pretende llevar a cabo el ministro de Seguridad Social.

Es importante señalar que en la manifestación del pasado año también se reivindicó una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Aquella reivindicación es hoy una obligación legal, recogida en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre. Obligación que el Gobierno tiene pendiente cumplir, según los plazos establecidos en la Disposición Adicional sexta de dicha Ley.

La Auditoría se fundamenta en el informa del Tribunal de Cuentas, de marzo de 2020, que estableció que, en el periodo 1989 a 2013, el Estado ha utilizado indebidamente más de 103.000 millones de euros de las pensiones para pagar partidas que debiera haber asumido con impuestos.

Entre la multitud de pancartas se podían leer consignas como: “Que los bancos devuelvan los 60.000 millones”, en alusión al dinero público prestado a la banca en la crisis de 2008, o “Ni un euro para la Guerra”, en clara crítica al sustancioso incremento de los gastos militares en los presupuestos del año próximo.

Entre los asistentes no solo había pensionistas o sindicalistas que acudían a título individual. Había familias con sus hijos e hijas, trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores y jóvenes que expresaban que las pensiones no son un problema solo de los mayores.

Tan solo once días antes de esta manifestación, el 4 de octubre, el Gobierno hizo pública su “pretensión” de subir las pensiones “alrededor” del 8,5%, según palabras de la Ministra de Hacienda. Muchos asistentes valoraron positivamente este anuncio, aunque consideraban que había sido un anuncio con el objetivo de desinflar la asistencia a la manifestación. No obstante, no olvidan que, en 2021 los y las pensionistas de nuestro país perdieron entre 3,5 y 4 puntos de poder adquisitivo: las pensiones se incrementaron en el 2,5% para los contributivas y un 3% para las mínimas y las no contributivas, frente a un IPC real del 6,5%.

Muchos de los asistentes eran militantes de diversos sindicatos, incluidos UGT y CCOO, por lo que son conscientes de que los salarios se incrementan en la negociación de los convenios colectivos. Por ello, no comparten la propuesta de “Pacto de Rentas” que ha lanzado el Gobierno a patronal y sindicatos, cuyo incremento rondaría el 3% anual con una duración de tres años. Pacto que ha encallado por la negativa de la CEOE a asumir las cláusulas de revisión salarial que garantizarían que los salarios se revisasen con el IPC de cada año. A cierre del mes de septiembre, la subida media en los convenios colectivos es del 2,61%, en los que han alcanzado acuerdo, por lo que si el IPC se cierra en el entorno del 8,5% que estima el Gobierno, los salarios perderían en promedio casi un 6%; que habría que sumar al 4,1% de pérdida de poder de compra de los salarios en 2021: la media de la subida salarial en los convenios fue del 2,4%.

Se corearon cánticos contra la reforma de la Ley de Seguridad Social que plantea el ministro Escrivá, por la que se ampliaría de 25 a 35 años el periodo para hallar la Base Reguladora que establece la pensión futura de los pensionistas. Se estima que, si esta reforma se lleva a cabo, las pensiones perderían una media del 8%.

La satisfacción de los convocantes, por la masiva asistencia, confirmaba que la movilización es el único método para alcanzar las justas reivindicaciones de la mayoría social, y el Sistema Público de Pensiones lo es.

Rogelio Obrador
Militante socialista de Madrid