A pesar de la represión emprendida por el Gobierno de Dina Boluarte, las manifestaciones, huelgas y marchas emprendidas desde distintos puntos del país, son numerosas, ni los muertos, mas de 60, y centenares de heridos han hecho retroceder al pueblo peruano que lucha heroicamente por echar del gobierno a Dina Boluarte a la que responsabilizan de los crímenes cometidos por el ejército y la policía que están a sus órdenes exigiéndole el levantamiento del estado de sitio.
Los monopolios, principalmente norteamericanos que controlan las minas, el petróleo, el gas, la pesca y que controla las mejores tierras de la costa son los verdaderamente protegidos del gobierno ilegitimo y represor de Dina, puesta a dedo por los militares cómplices y beneficiarios de que esta multinacionales sigan explotando los recursos naturales, mientras que el pueblo está sumido en la miseria.
Son estas multinacionales y los que se benefician de ellas los que quieren asegurar los llamados contratos ley, que aseguran la existencia de los mismos durante todo el periodo firmado sin que puedan ser rectificados ni suspendidos por ningún gobierno. Es precisamente durante el año 2023 que tendrían que firmar nuevos contratos ley, que volverían a dar los privilegios de explotación de los recursos naturales de la nación peruana, para que saqueen el país. De otra parte, la represión continua y el 21 de enero la Universidad de San Marcos fue invadida por centenares de policías, para desalojar a los estudiantes y a diferentes líderes organizadores de la marcha sobre Lima, que exigen la disolución del parlamento peruano y una nueva constitución que rompa con el fugimismo que perdura en las instituciones del estado y que hace incompatible las libertades y la democracia en Perú.
Los estudiantes de la Universidad de San Marcos y de las universidades públicas, y la docencia de todo el país, vienen luchando desde hace tiempo contra el plan de del Banco Mundial y la ley de universidad de Daniel Mora que está destruyendo la Universidad Pública.
El dia 24 la CGTP convoca marcha sobre Lima, los campesinos y sectores de trabajadores que llegan a Lima desde distintos puntos del país, principalmente de sur, se enfrentan al gobierno de Dina, pidiendo su dimisión y una Asamblea Constituyente que garantice derechos y libertades para trabajadores, jóvenes y todo el pueblo peruano.
Es claro que el pueblo peruano se enfrenta una vez mas a grandes poderes nacionales e internacionales, la reivindicaciones que defienden son justas y democráticas, es por ello que desde Tribuna Socialista, junto con el CATP y diferentes colectivos de peruanos en el estado español, damos nuestro apoyo y ayudamos a dar a conocer la verdadera situación por la que atraviesa el pueblo peruano, buscando apoyos entre las organizaciones sindicales, grupos de trabajadores, partidos representativos de izquierdas y organizando delegaciones a la en bajada y consulados de Perú, en estas delegaciones trasladarle nuestra preocupación y repudio por la oleada represiva que están padeciendo los manifestantes y, dentro del respeto a la soberanía de la nación Peruana, pedir el levantamiento del estado de sitio, la condena de los asesinatos y la necesidad de que se atiendan las demandas del pueblo.
Las sanciones económicas a países, como las multas a los ciudadanos y ciudadanas, no siempre son justas ni siempre tienen el efecto deseado: se da el caso que a los muy ricos les compensa pagar la sanción, mientras se hunde en la miseria a los más pobres. En ocasiones, tienen un efecto boomerang, que golpea a quienes lanzan la sanción.
Un ejemplo histórico de las consecuencias de los bloqueos económicos, ahora conocidos como sanciones, lo tenemos en los decretos que Napoleón dictó contra Gran Bretaña, en 1806 y 1807: Decreto de Berlín y Decreto de Milán, respectivamente, por los que se prohibía el comercio de los productos británicos en el continente europeo.
La primera consecuencia, para la Francia imperial, fue la necesidad de mantener presencia militar en los puertos a los que llegan los productos manufacturados o en aquellos desde los que salían las materias primas entre Gran Bretaña y los países europeos.
En principio, los beneficiarios directos de este bloqueo fueron los productos franceses y los de los territorios anexionados por Napoleón. Sin embargo, Francia no tenía la capacidad de absorber los productos que el resto de países europeos exportaba a Gran Bretaña. Una consecuencia concreta fue un gran incremento del contrabando.
El “Bloqueo Continental” produjo un grave perjuicio para el comercio británico, que sufrió una contracción del 25%, pero también para el de los países europeos, incluida Francia.
Gran Bretaña, con una notable mayor capacidad naval que Francia y sus aliados, se lanzó a la potenciación de los mercados en el sudeste asiático, China, India… Y reaccionó con las Orders in Council de 1807, por las que prohibía a sus socios ultramarinos el comercio con Francia.
Estados Unidos, vio la oportunidad de aprovecharse de la situación, para conseguir mejores condiciones a sus productos y en sus compras, aprobó el Acta de Embargo del 1807, por el que se prohibía el comercio de sus buques con Francia y Gran Bretaña. Y claro, como dijo Karl von Clausewitz, quien participó con el ejército prusiano en la guerra contra Napoleón, y sabía bien de lo que hablaba: “La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, una gestión de las mismas por otros medios”. La política lleva mucho tiempo al servicio de la economía. Por ello, el resultado, entre otros motivos, como por ejemplo el intento de los USA de anexionarse Canadá (en aquel momento colonia británica), fue el estallido de la guerra anglo-estadounidense que se desarrolló entre 1812 y 1815.
Por su parte, Napoleón, para hacer cumplir sus “sanciones económicas” quiso invadir Rusia en 1812 movilizando a más de 500.000 hombres, la Grande Armée, pues el zar Alejandro I había decidido retomar el comercio con Gran Bretaña. Toda esta guerra económica desembocó en la tumba del Imperio francés.
Todos estos acontecimientos acaecieron en poco más de un lustro, como derivadas de las sanciones de unos y otros.
Sin extenderme en detalles, no puedo dejar de mencionar el bloqueo económico que los Estados Unidos le impusieron a Cuba en octubre de 1960, que sigue en vigor 62 años después, para salvaguardar los intereses de las empresas norteamericanas, muchas de ellas vinculadas a la mafia en los sectores del juego y la prostitución en la isla. Bloqueo que ha pasado por diferentes fases de mayor o menor crudeza, llagando a provocar la escasez de alimentos y medicinas para la población civil.
Citar también las sanciones que, a instancias de los USA, Naciones Unidas le impuso a Irak en 1990, tras invadir Kuwait el ejército de Sadam Husein. El pueblo iraquí, sufrió la guerra que había iniciado su sátrapa y, además de la muerte y la destrucción que provocó la primera Guerra del Golfo, en la que intervino una fuerza multinacional compuesta por: Estados Unidos, Arabia Saudí, Francia, Egipto, Reino Unido y Siria, sufrieron el hambre y la muerte por falta de los productos más básicos. Eso sí, en 1996, con el país esquilmado y destrozado, el Consejo de Seguridad de la ONU establecía el programa “Petróleo por alimentos”.
Hace diez meses que estalló la guerra en Ucrania, con motivo de la criminal invasión del territorio ucraniano por parte del ejército de Putin. Junto a la contienda bélica se está desarrollando una contienda económica con un intercambio de medidas y agresiones, cuyas consecuencias definitivas están por verse aún.
De momento, una ola inflacionaria recorre Europa y está empobreciendo a la mayoría social de todos los países del continente. Empobrecimiento cuya otra cara de lo moneda son las indignantes cifran de beneficios de las empresas que componen los oligopolios de los sectores estratégicos, como el energético o el financiero, entre otros, además del armamentístico.
La inflación iniciada por las empresas de la energía, incluso meses antes del estallido de la guerra, se ha trasladado a la bolsa de la compra haciendo muy difícil el reto que millones de personas tienen por llegar a fin de mes.
Conviene saber que Estados Unidos lleva años ampliando su capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL). Hoy ya es el mayor exportador de este combustible, con una capacidad de 14.000 millones de pies cúbicos diarios, capacidad que pretenden incrementar en un 41% hasta 2025. Solo desde 2019 a hoy, han duplicado la producción de GNL. Como cabe deducirse, desde que Putin invadió Ucrania, los USA han duplicado sus ventas de GNL a Europa.
No solo se está aprovechando de la guerra para vender más, además están sacando tajada con los precios. A tal punto es el abuso que Robert Habeck, el 5 de octubre, el ministro alemán de Economía lamentaba los precios «astronómicos» que están marcando los países «amigos» de Alemania, empezando por Estados Unidos, por proveerle el gas necesario para compensar el corte de suministro ruso.
Por su parte, las grandes empresas de gas y petróleo ruso, en manos de los oligarcas próximo al Kremlin incrementan sus ventas a China e India, y muchos países compran productos rusos en barcos anclados en aguas internacionales.
Como dije antes, las consecuencias definitivas del intercambio de sanciones están por verse. De lo que no cabe ninguna duda es de lo que dijo Clausewitz: “La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político…”, en este caso al servicio de la Política Económica.
Roberto Tornamira Sánchez, Miembro del Comité de Redacción de TS y de la Coordinadora estatal del CATP
Tribuna Socialista participa en el Comité para la Alianza de los Trabajadores y Pueblos (CATP), y junto a los demás colectivos que lo conforman, participamos en la “Confe- rencia Europea de Urgencia”, celebrada el 9 de abril bajo el lema:
“¡Abajo la Guerra!
¡Ni la Rusia de Putin, ni la OTAN!
¡No a la unión sagrada de los Gobiernos promotores de la Guerra!
A esta Conferencia, se conectaron telemáticamente militantes sindicales y políticos de 19 países de Europa, y abrimos una sección especial en Tribuna Socialista nº 133, en la que reflejamos una amplia información sobre la Conferencia. Así mismo, el CATP editó un Boletín especial (Documentos que ponemos a disposición de quien tenga interés).
Producto de la Conferencia del 9 de abril, adquirimos el compromiso de organizar unEncuentro europeo el 25 de junio, en Madrid, coincidiendo con la celebración de lacumbrede laOTANenMadrid,conellema:
Encuentro Europeo contra la Guerra, la OTAN y la Explotación
¡Ni Putin ni OTAN!
También sobre este Encuentro se editó un Boletín con las resoluciones del evento, y dimos cumplida cuenta del mismo en TS-134.
De la cita del 25 de junio, entre otras resoluciones, salió el compromiso de constituir un Comité de Enlace Europeo. Los miembros de este Comité hemos mantenido c0rrespondencia a lo largo de estos meses pasados. Recientemente, se ha acordado poner en marcha un Manifiesto, bajo el título “¡Altoalaguerra! ¡Alto el fuego inmediato, sin condiciones!”. En una primera fase, saldrá el documento con las primeras firmas de cada país europeo que está trabajando en ello: Alemania, España, Francia, Italia,entre otros.
Dado que los ritmos en unos y otros países no son los mismos, publicamos en este número 138 de Tribuna Socialista, el Manifiesto y las primeras 53 adhesiones en el Estado español.
A todos los compañeros y compañeras, camaradas, amigos y amigas del CATP, os convocamos a la Asamblea General del CATP. El acto será por conexión telemática, el miércoles 30 de noviembre, a las 19:00.
La situación nos impone la obligación de actuar, y por ende de avanzar en el fortalecimiento del Comité para la Alianza de los Trabajadores y Pueblos.
La inflación está empobreciendo a la parte mayoritaria de la sociedad. Las estadísticas oficiales dicen que más de 13 millones es el número de personas que en el Estado español están en riesgo de pobreza y/o exclusión social, un 27,8% de la población. El 20% de los asalariados y asalariadas cobran el SMI, 3,5 millones de trabajadores. En un estudio que Adecco publicó el pasado mes de agosto, sitúa el salario medio en los 1.751 euros brutos mensuales en 2021, que es el máximo que puede llegar a cobrar el 65% de los asalariados, casi 12 millones de trabajadores y trabajadoras, que están por debajo de ese salario medio. Esta cifra está un 20,2% por debajo del sueldo medio ordinario bruto de los 27 países de la Unión Europea (UE).
Han devaluado nuestros salarios diferidos, a través de las reformas de las Pensiones públicas, a nombre de que el Sistema no era sostenible. Ahora, gracias a la movilización tienen pendiente hacer una Auditoría que desvele ¿cuánto dinero se ha detraído de las pensiones, desde 1967? Es ante esta exigencia que, en el debate parlamentario del 2 de noviembre, interpelada por el diputado de ERC Jordi Salvador, la ministra de Hacienda reconocía que el Sistema es sostenible; entonces ¿por qué el Gobierno, se ha comprometido con la Comisión Europea a devaluar las pensiones futuras en un 8%, por la vía de la ampliación de 25 a 35 años el periodo para hallar la Base Reguladora?
Y están devaluando brutalmente nuestros salarios indirectos, es decir los servicios públicos esenciales: Sanidad, Educación y Dependencia.
Pero no se escatima dinero público para participar en todas las guerras en la que los EE.EE., decide meter- nos, y nuestros gobiernos deciden seguirles: Lo hizo el PP en la guerra de Irak, para facilitar los intereses energéticos yanquis en Oriente Medio y lo hace ahora el Gobierno “más progresista de la historia”, esta vez coordinado a través de la OTAN para así involucrar a la práctica totalidad de los países europeos. Unos y otros alimentan la Guerra, en lugar de exigir un ¡alto el fuego!
Los y las militantes obreros; políticos y sindicales, no podemos permanecer como espectadores ante lo que lleva mucho tiempo ocurriendo, en un Estado monárquico corrompido desde lo más alto a lo más bajo de las instituciones. Afirmamos que la orientación que compartimos hacia la República, solo es posible sobre la base de los derechos políticos y sociales de la mayoría.
Forma parte de este proyecto y participa del CATP, en sus iniciativas y en las reuniones periódicas que celebrará la Asamblea General. Nos vemos el 30 de noviembre.
El tema de las pensiones es complejo, y más aún cuando hay intereses espurios a los sistemas públicos de pensiones sobrevolándolos como carroñeros.
El pasado 15 de octubre tuvo lugar en Madrid una multitudinaria manifestación, convocada por la asociaciones y plataformas de pensionistas, entre otras COESPE. Son las asociaciones que nacieron contra las reformas de pensiones de 2011 y 2013, en particular contra la devaluación de las pensiones sufrida entre los años 2013 y 2018, aplicada por los gobiernos del PP, siendo presidente el Sr. Rajoy; devaluación provocada por la aplicación del ripio 0,25% anual. A la manifestación de mediados de mes de octubre en Madrid acudieron más de 40.000 personas, llegadas de la práctica totalidad de los territorios que componen el Estado.
La movilización estaba convocada, entre otras reivindicaciones, para:
Exigir que salarios y pensiones se revaloricen, como mínimo, con el IPC
Rechazar la reforma de las pensiones por la que se ampliaría, el número de años, de 25 a 35, para hallar la Base Reguladora.
Que se lleve a cabo la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social
Quiero centrarme en la cuestión de la Auditoría, pues es la clave para la defensa del Sistema Público de Pensiones, sin que esto signifique que las demás reivindicaciones no son de importancia.
En primer lugar, hay que señalar el valor de las movilizaciones que los mencionados colectivos de pensionistas vienen llevando a cabo desde hace más de 9 años, pues lo que en la manifestación de octubre del pasado año 2021 era una reivindicación, la Auditoría, hoy es un derecho de los pensionistas, y del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, y una obligación del Gobierno que ha asumido en la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, en su Disposición Adicional Sexta:
“En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social.
Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.”
Como podemos ver, los plazos se le han “olvidado” al Gobierno y por eso hay que refrescarle la memoria.
En segundo lugar, la Auditoría es una necesidad para el Sistema Público de Pensiones. La reivindicación se apoya en el Informe que emitió el Tribunal de Cuentas en 2020; según el cual:
“El coste estimado asumido por la Seguridad Social por cuenta del Estado, procedente de la asistencia sanitaria y de los complementos por mínimos de pensiones, por un total de 103.690 millones de euros. En esta estimación no se han incluido otros conceptos de gasto asumidos que pudieran existir, así como el coste de oportunidad procedente de la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o adscritos a las Fundaciones Hospital, debido a que el Tribunal de Cuentas no dispone de información para su cuantificación.”
Este informe del Tribunal de Cuentas del Estado abarcó el periodo 1989 a 2018. Si nos fijamos en la Ley 21/2021, mandata al Gobierno a encargar una Auditoría que abarque el periodo 1967 a 2019. Cabe preguntarse: Sí en 29 años el Estado le debe 103.000 millones a las Pensiones Públicas, ¿cuánto debe de 51 años? ¿y si además el Tribunal de Cuentas contase con toda la información para establecer la cuantificación completa?
En mi opinión, es muy grave que el Tribunal de Cuentas del Estado diga por escrito en un informe que no ha contado con “toda la información para la cuantificación”.
Desde el punto de vista económico se termina con el mantra, establecido por “los mercados” y sus agentes a sueldo, de que las pensiones no son viables o que el sistema está quebrado.
En tercer lugar, políticamente, la Auditoría, pondrá al descubierto que ha habido una continuidad, desde el franquismo a nuestros días, en el uso indebido del dinero de las pensiones, por todos los gobiernos.
Estos tres elementos: que la movilización si tiene efecto, a condición de que sea de verdad y no una simple formalidad de cara a la galería; que cuando el Estado devuelva el dinero que le debe a la Seguridad Social, quedará despejada la duda (sembrada con mala intención) sobre la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones; y que se dará un gran paso en transparencia, respecto al manejo del dinero de los salarios diferidos de los trabajadores y trabajadoras.
El dinero de las Pensiones Públicas no proviene de los impuestos: Es la parte del salario que el trabajador y el empresario aportan para la pensión. Por tanto, continuemos luchando por la defensa de lo que es nuestro.
Roberto Tornamira
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista y de la Coordinadora Estatal del CATP
Por segundo año consecutivo, el movimiento de Pensionistas ha conseguido llevar a cabo una movilización muy masiva en Madrid. Al igual que el 16 de octubre de 2021, el 15 del mismo mes, pero de este año 2022, centenares de miles de personas se manifestaron desde Atocha a Callao. La policía municipal de la capital cifró la manifestación en 25.000 asistentes; por tanto, no sería exagerado decir que no menos de 40.000 manifestantes se echaron a la calle a defender el Sistema Público de Pensiones.
Manifestantes con banderas de Andalucía, Galicia, Extremadura, Cataluña… y por supuesto republicanas, llegados en tren, autocar o coche desde todos los puntos del Estado español; todos con sus propios medios, haciendo honor a la frase que Marx y Engel hicieron patrimonio de la humanidad trabajadora en el Manifiesto fundacional de la I Internacional (1864): “La emancipación de los trabajadores habrá de ser obra de ellos mismos”.
Los motivos concretos de la Manifestación eran varios, pero todos dirigidos a la defensa de las pensiones públicas, entre otros:
Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.
Incremento de pensiones y salarios acorde al IPC.
Rechazo de la reforma que pretende llevar a cabo el ministro de Seguridad Social.
Es importante señalar que en la manifestación del pasado año también se reivindicó una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Aquella reivindicación es hoy una obligación legal, recogida en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre. Obligación que el Gobierno tiene pendiente cumplir, según los plazos establecidos en la Disposición Adicional sexta de dicha Ley.
La Auditoría se fundamenta en el informa del Tribunal de Cuentas, de marzo de 2020, que estableció que, en el periodo 1989 a 2013, el Estado ha utilizado indebidamente más de 103.000 millones de euros de las pensiones para pagar partidas que debiera haber asumido con impuestos.
Entre la multitud de pancartas se podían leer consignas como: “Que los bancos devuelvan los 60.000 millones”, en alusión al dinero público prestado a la banca en la crisis de 2008, o “Ni un euro para la Guerra”, en clara crítica al sustancioso incremento de los gastos militares en los presupuestos del año próximo.
Entre los asistentes no solo había pensionistas o sindicalistas que acudían a título individual. Había familias con sus hijos e hijas, trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores y jóvenes que expresaban que las pensiones no son un problema solo de los mayores.
Tan solo once días antes de esta manifestación, el 4 de octubre, el Gobierno hizo pública su “pretensión” de subir las pensiones “alrededor” del 8,5%, según palabras de la Ministra de Hacienda. Muchos asistentes valoraron positivamente este anuncio, aunque consideraban que había sido un anuncio con el objetivo de desinflar la asistencia a la manifestación. No obstante, no olvidan que, en 2021 los y las pensionistas de nuestro país perdieron entre 3,5 y 4 puntos de poder adquisitivo: las pensiones se incrementaron en el 2,5% para los contributivas y un 3% para las mínimas y las no contributivas, frente a un IPC real del 6,5%.
Muchos de los asistentes eran militantes de diversos sindicatos, incluidos UGT y CCOO, por lo que son conscientes de que los salarios se incrementan en la negociación de los convenios colectivos. Por ello, no comparten la propuesta de “Pacto de Rentas” que ha lanzado el Gobierno a patronal y sindicatos, cuyo incremento rondaría el 3% anual con una duración de tres años. Pacto que ha encallado por la negativa de la CEOE a asumir las cláusulas de revisión salarial que garantizarían que los salarios se revisasen con el IPC de cada año. A cierre del mes de septiembre, la subida media en los convenios colectivos es del 2,61%, en los que han alcanzado acuerdo, por lo que si el IPC se cierra en el entorno del 8,5% que estima el Gobierno, los salarios perderían en promedio casi un 6%; que habría que sumar al 4,1% de pérdida de poder de compra de los salarios en 2021: la media de la subida salarial en los convenios fue del 2,4%.
Se corearon cánticos contra la reforma de la Ley de Seguridad Social que plantea el ministro Escrivá, por la que se ampliaría de 25 a 35 años el periodo para hallar la Base Reguladora que establece la pensión futura de los pensionistas. Se estima que, si esta reforma se lleva a cabo, las pensiones perderían una media del 8%.
La satisfacción de los convocantes, por la masiva asistencia, confirmaba que la movilización es el único método para alcanzar las justas reivindicaciones de la mayoría social, y el Sistema Público de Pensiones lo es.
La movilización del 15 de octubre ha sido un éxito. La policía municipal de Madrid tasó en unos 25.000 los asistentes; ya conocemos la generosidad de la policía a la hora de contar manifestantes, por lo que hablar de unas 40.000 personas apoyando la convocatoria, no es exagerado.
La cifra alcanza mayor relevancia si se contextualiza con la campaña del Gobierno, previa al 15 de octubre, para desinflar la asistencia. Un día sí y otro también se lanzan mensajes en los medios para enfrentar a los jóvenes y los pensionistas: el problema es que las reformas laborales de 2010 y 2012, que contribuyeron a devaluar brutalmente los salarios, no han sido derogadas. El problema no es que los pensionistas reciben una pensión acorde a lo que cotiza- ron, durante décadas de trabajo, a un Sistema de Reparto e intergeneracional. Parte de la campaña, que debe ser interpretado como un éxito de la convocatoria, es el incremento de las pensiones para 2023, se hará en base al IPC mensual medio a noviembre. Una subida de las pensiones en torno al 8,5% es una buena noticia que no cabe duda hay que vincular a la convocatoria misma de la manifestación, realizada por COESPE y el conjunto de organizaciones del movimiento de pensionistas. Si bien, no nos engañamos, el IPC a septiembre ha cerrado en el 9%, dado que durante el primer semestre del año se ha mantenido por encima del 10%, el 8,5% no deja de ser el IPC medio estimado para este año; como en 2021 se estableció el 2,5% del IPC medio frente a un IPC real del 6,5%.
El 8,5% de incremento está siendo criticado por los agentes del capital, pues dicen, en su repetitivo mantra, que es excesivo e insostenible. Pero nada dicen del 26,3% de incremento en el presupuesto del Ministerio de defensa; sin contar las partidas derivadas a otros ministerios, que asumen costes y gastos de la actividad militar.
Una vez más, y ya son muchas en la historia, queda claro que la movilización es el único método que sirve para que la clase trabajadora avance en sus reivindicaciones. Aun está por ver todo el efecto que esta manifestación puede tener en favor del Sistema Público de Pensiones, pero nadie puede negar el hecho de que el año pasado (16 de octubre) otra manifestación, muy multitudinaria, reivindicaba una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social; hoy, esa reivindicación está plasmada en la Ley 21/2021: ley no cumplida a fecha de hoy por el Gobierno, en lo que a su Disposición Adicional sexta respecta.
La Manifestación del sábado 15 de octubre no solo reivindicaba que se cumpla la Ley y se realice la Auditoría. También se reivindicaba que el Gobierno retire la pretensión que ha hecho pública el ministro de Seguridad Social, de alargar de 25 a 35 años el periodo para hallar la base reguladora de la pensión, cambio que conllevaría una pérdida del 8% en las pensiones futuras.
Por otra parte, dado el desboque que la acción especulativa empresarial está provocando en los precios, la convocatoria exigía que se incrementen en base al IPC real las pensiones y los salarios. Pues una de las hemorragias del sistema es la devaluación salarial que llevamos sufriendo desde principios de siglo: primero con la entrada del euro, después con la crisis económica e inmobiliaria de 2008, y ahora con la pandemia y la excusa de la guerra.
No es casualidad que en España se reivindique lo mismo que los trabajadores británicos llevan meses reclamando o lo que los trabajadores franceses reclamaron en París, el día siguiente a nuestra manifestación y el día 18 en una Huelga General: subidas de sueldos igual al IPC, por lo insoportable que se está haciendo la carestía de la vida, para los asalariados. La diferencia estriba en que, en Gran Bretaña y en Francia, sindicatos y fuerzas políticas de izquierda están al frente de la movilización y aquí están ausentes.
La manifestación ha sido un éxito, gracias a la asistencia de muchos y muchas jóvenes, y de muchos y muchas militantes sindicales, de distintas organizaciones: jubilados y en activo. Pero hay que continuar defendiendo el Sistema Público de Pensiones. Es fundamental insistir en la necesidad de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Si el Tribunal de cuentas desveló que el Estado había utilizado, indebidamente, más de 103.000 millones de euros en 24 años (1989 a 2013), ¿cuánto dinero se ha saqueado de las pensiones en 51 años (1967 a 2018)? que es el periodo que la Ley 21/2021 exige que sea analizado.
No podemos consentir ni una reforma regresiva más. Queda al descubierto el “fake” que señala al Sistema Púbico de Pensiones como inviable, un montaje para beneficiar el negocio de bancos y aseguradoras.
Conseguir la Auditoría sólo depende de la acción conjunta de trabajadores en activo y pensionistas, convenciendo a las organizaciones políticas y sindicales que se reclaman de la izquierda, para que se sumen a la movilización. Es por ello que debemos redoblar los esfuerzos, dirigiéndonos a los trabajadores activos y responder a las nuevas convocatorias de movilización y actos en defensa del Sistema Público de Pensiones
Al menos una vez al año, la Coordinadora Estatal por la Alianza de Trabajadores y Pueblos celebra una reunión abierta en la que pueden participar compañeros y compañeras, amigos y amigas del CATP. La última, se ha celebrado el día 10 de septiembre. La reunión tuvo lugar desde diferentes sedes, en: Barcelona, Sevilla, Vitoria, Valencia, Barakaldo, Getafe y Madrid, en las que se reunieron grupos de compañeros y compañeras interconectados telemáticamente, a los que se unieron compañeros y compañeras que individualmente se conectaron desde: Canarias, Toledo o Galicia, entre otros lugares.
Se informó de la recepción de la carta que, en nombre de la Coordinadora del CATP, se remitió, en el mes de julio, al POI francés y al NAR griego, para continuar en la coordinación iniciada en la Conferencia del 9 de abril (telemática) en la que participaron militantes políticos y sindicales de 19 países europeos; Conferencia de urgencia contra la guerra y sus consecuencias para los pueblos. Coordinación en la que se avanzó en el Encuentro (presencial) que se celebró en Madrid el 25 de junio, para mostrar el rechazo a la OTAN y a la Guerra, bajo el lema “Ni Putin ni OTAN”. Se continúa de esta manera en la senda de participar en el Comité de Enlace Europeo.
Se informó de los motivos por los que, COESPE y el conjunto de organizaciones que componen el movimiento de Pensionistas, convocan una manifestación en Madrid para el día 15 de octubre; movilización con la que el CATP y los colectivos que lo componen han comprometido su participación y contribución a su éxito. La defensa del Sistema Público de Pensiones es cosa de todos, no solo de los pensionistas, también de los activos, no solo de los mayores, también de los y las jóvenes. Se exige el cumplimiento de la obligación legal que el Gobierno tiene adquirido por ley, de encargar una Auditoría pública a las cuentas de la Seguridad Social. Se rechaza la nueva reforma legal de la Ley de Seguridad Social que propone el Gobierno, a través de su ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que pretende aumentar de 25 a 35 los años para hallar la Pensión futura. Y se reivindica que los salarios y las pensiones se revaloricen con el IPC real. Desde el grupo de sindicalistas en defensa de las pensiones, vinculado al CATP, se envió una carta a Pedro Sánchez, en el mes de julio, firmada por 227 militantes sindicales, plateándole la necesidad de llevar a cabo dicha Auditoría y el rechazo a la nueva reforma que se pretende.
Se anunció la Conferencia en defensa de la Industria que han organizado los compañeros de Información Obrera, y que ha tenido lugar el 17 de este mismo mes.
Se ha comprometido una reunión del Comité que luchó contra el artículo 315.3 del Código Penal, hasta su derogación, comité que se reunirá el 3 de noviembre, para trabajar por la derogación de la “Ley Mordaza”. En la reunión, participará una delegación del Comité Internacional Contra la Represión.
Se dio lectura a un comunicado de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de Valencia, un sector que es un servicio esencial para la sociedad, pero en el que la precariedad y los bajos salarios son la tónica general. Las trabajadoras, pues en su mayoría son mujeres, exigen la equiparación con el sector sanitario y sociosanitario, y dejar de ser consideradas “personal no cualificado”. De la misma manera, reclaman que las enfermedades profesionales propias de esta actividad laboral sean incluidas en el catálogo de enfermedades profesionales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y precisamente por la penosidad y el esfuerzo físico que este trabajo conlleva, que deriva en enfermedades profesionales graves, reivindican la jubilación anticipada a los 60 años.
Los compañeros jóvenes (trabajadores y estudiantes) vinculados al CATP informaron de la constitución de un Comité por la derogación de la Ley Subirats”, por ser una ley continuista con las leyes anteriores, desde las impuestas por el Gobierno de Aznar hasta hoy. Una Ley, la LOSU, que no resuelve los problemas de la Educación Pública universitaria.
El Colectivo de Mujeres Republicanas intervinieron para denunciar la brutal subida de los precios de los alimentos, de los libros de texto y el material escolar y, en definitiva, de los productos básicos y necesarios para las familias. Señalaron, también, que más de un millón y medio de mujeres pensionistas reciben menos de 500 euros mensuales, y que más de un millón de mujeres mayores de 65 años carecen de pensión, con lo que ello supone de ensanchamiento de la brecha de género que se sufre en este país.
Tras las exposiciones de los colectivos, tomaron la palabra 11 de los compañeros y compañeras conectados. En sus intervenciones, coincidieron con los ponentes de los temas mencionados en el apoyo a la Manifestación del 15 de octubre en defensa del Sistema Público de Pensiones y por la Auditoría, en el rechazo a la Guerra sin tomar partido por un bando u otro, tomando posición únicamente por los pueblos, el primero el ucraniano, pero también el ruso y los demás pueblos de Europa, víctimas todos de una guerra por el control de la energía y las materias primas. En sus intervenciones denunciaron y llamaron a combatir la carestía de la vida que todos y todas estamos sufriendo, producto de la acción especulativa de los oligarcas de todo el mundo, con la aquiescencia de los gobiernos.
La reunión finalizó con el compromiso, por parte de la Coordinadora Estatal, de presentar, en el plazo de un mes, una propuesta de reorganización de la Coordinadora misma, dada la ampliación que el CATP está experimentando. En relación con esto, en el acto se formalizó la adhesión a la Coordinadora de la Asociación de Euskadi “Hemen, salida por la izquierda”.
Roberto Tornamira
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista y de la Coodinadora Estatal del CATP
En continuidad con la conferencia europea telemática celebrada el 9 de abril, en la que Tribuna Socialista participó junto a otros colectivos y organizaciones del Estado español y de 19 países del continente europeo, se ha celebrado presencialmente este Encuentro Europeo en la misma semana en que está teniendo lugar la cumbre de la OTAN en Madrid.
Delegaciones venidas de Andalucía, Canarias, Castilla La Mancha, Cataluña, Euskadi y País Valenciano, junto a compañeros de la comunidad de Madrid, se dieron cita en la Escuela sindical de CCOO “Juan Muñiz Zapico”, para poner en común las luchas y reivindicaciones en las que los miembros de las delegaciones están comprometidos: jóvenes, pensionistas, trabajadores de la enseñanza, la industria y los servicios.
Los más de 50 delegados y delegadas del Estado español se trasladaron seguidamente a la Escuela sindical de la UGT “Julián Besteiro”, para debatir con los delegados y delegadas llegados de Francia, Alemania, Bélgica, Rumanía, Portugal y Grecia. Producto del debate se aprobó la siguiente Resolución.
Resolución final del Encuentro Europeo contra la Guerra, la OTAN y la Explotación,celebrado en Madrid, el 25 de junio de 2022
¡Ni OTAN ni Putin!
Trabajadores, jóvenes y militantes de organizaciones populares y obreras de Alemania, Grecia, Bélgica, Portugal, Rumanía, Suiza, Francia y Estado español, nos hemos reunido el sábado 25 de junio en Madrid para actuar contra la guerra, contra cuantos la organizan o se benefician de ella. También hemos recibido mensajes de Suiza, Austria, Italia, Irlanda, Dinamarca y Moldavia.
El presidente Biden presidirá en Madrid los días 29 y el 30 de junio la Cumbre de la OTAN acogida por el Gobierno español, en presencia del rey de España, de los jefes de Estado y los jefes militares de los países de la OTAN. El objetivo de esta Cumbre es añadir guerra a la guerra.
Nosotros, que hemos exigido desde el primer día un alto el fuego y la retirada del ejército de Putin de Ucrania, queremos denunciar el torrente de mentiras con que nos inundan cada día.
Esta guerra no es ni una guerra para defender a Rusia, como pretende Putin, ni una guerra «en defensa de los valores de Europa», como pretenden Biden, Scholtz, Johnson, Macron y Draghi. La guerra que devasta Ucrania, enfrenta, por el control de la distribución de materias primas, a los oligarcas rusos representados por Putin con los jefes de los monopolios imperialistas, representados por los jefes de Estados miembros de la OTAN.
Es una guerra entre depredadores que han tomado como rehén al pueblo ucraniano; es una guerra cuyo horror sirve de pretexto a la más formidable campaña de rearme de toda Europa. Cada día que pasa nuestros Gobiernos anuncian que han llevado allí los materiales bélicos más sofisticados.
Se ha puesto en marcha un engranaje mortífero.
Contra lo que dice la propaganda de nuestros Gobiernos, los 100 000 soldados del ejército norteamericano radicados en las 120 bases de la OTAN en Europa solo traen guerras al corazón de nuestro continente. Los miles de soldados norteamericanos, de bombarderos y buques de guerra instalados en tres grandes bases militares del sur de España, están ahí contra los pueblos y no por la paz en el Este.
El ejército norteamericano radicado en las bases de la OTAN de Grecia y de Turquía contribuye a los conflictos y a la implantación de regímenes autoritarios. Recordemos que fue la OTAN, con sus bombardeos indiscriminados y mortíferos, la que causó miles de muertos en Serbia y en Kosovo.
La OTAN es la guerra, es la intervención directa del imperialismo norteamericano en Europa, pisoteando toda soberanía de los pueblos, imponiendo el vertiginoso aumento de los presupuestos de guerra. La Unión Europea y los Gobiernos europeos votan más y más miles de millones para la guerra y los detraen de la enseñanza, la sanidad, las pensiones. La guerra combinada con la especulación trae consigo penuria y subidas de precios que sumen a millones de personas en la miseria, en Europa y en todos los continentes.
¡Solo la clase obrera y los pueblos de Europa pueden detener ese engranaje mortal!
Solo la clase obrera y los pueblos de Europa pueden echar atrás los presupuestos de armamento e imponer que esos cientos de miles de millones asignados a la guerra se destinen a la reconstrucción de los sistemas sanitarios, de los sistemas de enseñanza pública, etc.
La militarización de los países de Europa, la intervención de la OTAN en los asuntos internos, van parejas con la mengua creciente de libertades y de democracia.
Movilizaciones, protestas contra la guerra, se están desarrollando en los diferentes países. Militantes, responsables, cargos públicos, organizaciones, rechazan la Unión Nacional exigida por los Gobiernos para hacer la guerra. En Alemania, algunos diputados votaron en contra de los 100.000 millones de euros adicionales para la guerra. Uno de ellos dijo: «Habiendo disparado las sanciones los precios de la energía, Rusia espera ingresos adicionales de casi 14.000 millones de euros para este año… Por lo tanto, la política de sanciones solo beneficia a los principales grupos energéticos -Gazprom, así como ExxonMobil, Shell, BP o Aramco- y perjudica a los consumidores y empleados que deben temer por sus puestos de trabajo…».
Con todas esas movilizaciones, exigimos:
¡Cierre de las bases de la OTAN, que los soldados vuelvan a casa!
Nuestros Gobiernos, al tiempo que atacan todas las conquistas sociales, pretenden que las organizaciones sindicales renuncien a las reivindicaciones más inmediatas, a las reivindicaciones fundamentales: pensiones, protección social, servicios públicos…
Saludamos la huelga del 20 de junio en Bélgica y a los 80.000 manifestantes con sus sindicatos en Bruselas, exigiendo el aumento salarial y el restablecimiento de la escala móvil.
Mañana, 26 de junio, estaremos en las calles de Madrid, en la manifestación convocada por numerosas organizaciones, junto con los sindicatos, contra la guerra y contra la OTAN.
Es responsabilidad de todo militante obrero, de todo demócrata, llevar adelante la lucha contra la guerra, unificar el movimiento antiguerra con la lucha por el pan, la paz, la salud y la libertad, por la congelación de precios y el aumento de salarios, contra los gobiernos y el capitalismo bárbaro.
Celebramos una Conferencia telemática contra la guerra el 9 de abril, convocada por la NAR y el POI, estableciendo un primer vínculo con participantes de 19 países. Hoy, nuestro encuentro en Madrid y nuestros intercambios muestran que están comenzando a congregarse fuerzas más importantes. Llamamos a agruparse para la acción y constituimos un Comité de Enlace.
Es hora de poner fin a un sistema capitalista que, a través de la guerra, y con la ganancia como regla única, destruye todo, vidas, ciudades, civilización y medio ambiente.
Cese inmediato de las hostilidades militares. Corresponde al pueblo ucraniano decidir su destino. Que Rusia se retire de Ucrania, que la OTAN y la UE dejen de intervenir y expandirse en Ucrania y en cualquier otro país. Estamos con aquellos que se están movilizando contra la entrada de su país en la OTAN. Luchamos contra las alianzas militares (OTAN, AUKUS…).
Ningún suministro de armamento, puesto que ello participa de la escalada bélica.
Luchamos por la cancelación de los presupuestos militares. Dedicar los miles de millones a la sanidad, la educación, los desempleados, las necesidades sociales, y no a las armas.
La movilización de millones de personas contra los Gobiernos, la UE y la OTAN es el único camino para detener las guerras del capital.
Aprobada por unanimidad, el 25 de junio.
Ante la criminal actuación de los cuerpos de seguridad marroquíes y españoles en la valla de Melilla, de cuyos hechos y datos de muertos fueron llegando en pleno desarrollo del Encuentro, se aprobó la siguiente Resolución de Urgencia:
Resolución de urgencia aprobada por la unanimidad de los delegados y delegadas el “Encuentro contra la Guerra, la OTAN y la Explotación”, celebrado en Madrid el 25 de junio de 2022.
No menos de 23 han sido los inmigrantes muertos en la frontera de Melilla. Es la barbarie organizada por los gobiernos español y marroquí
Las imágenes son espeluznantes. Decenas de inmigrantes heridos, y, según las distintas fuentes de información, entre 18 y 46 muertos, en un intento desesperado de cientos de inmigrantes, que huyen del hambre, de la miseria y de la guerra, de cruzar la valla criminal de Melilla. Le llaman “asalto”, para criminalizar a las víctimas, los mismos que piden la libre acogida a los refugiados de Ucrania.
Es el resultado de la destrucción de África, cuna de la Humanidad, por la política del imperialismo y de los gobiernos que se someten a él. Destrucción acelerada por la guerra y la hambruna que ésta anuncia. Y el resultado, también de la alianza criminal entre los gobiernos del reino de España y el reino de Marruecos, sellada recientemente por el cambio de postura del Gobierno español sobre la cuestión del Sahara Occidental, que sigue la estela de la decisión al respecto del amo yanqui.
Denunciamos la política del gobierno español de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que eleva vallas de más 6 metros, erizadas de cuchillas que desgarran la carne de quienes intentan atravesarlas, para cerrar el paso a quienes sólo quieren huir de la destrucción de sus países.
Sin ninguna solidaridad o compasión por los muertos y heridos, Pedro Sánchez alababa la “cooperación” de la gendarmería marroquí, declarando que se trataba de un “asalto violento, bien organizado y bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad”. ¡Bien resuelto cuando hay más de 100 heridos y decenas de muertos!
El presidente de Melilla –enclave colonial español en Marruecos- Eduardo de Castro, ha declarado que la OTAN debe implicarse en la defensa de Ceuta y Melilla. Como si se hiciera eco de sus palabras, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaraba, con respecto a Ceuta y melilla, que estaba “absolutamente convencido de que los aliados de la OTAN estarán al lado de España si se enfrenta a amenazas y desafíos”. Y el gobierno español, pide, ante la cumbre de la OTAN, mayor implicación de este aparato militar en el norte de África.
Los cuerpos de seguridad heredados del franquismo reclaman “mano dura”. La prensa recoge declaraciones de los guardias civiles de Melilla, que se quejan de que “sólo nos dejan utilizar gases lacrimógenos y con ello no podemos frenarles”. El secretario general del pseudosindicato SUCIL, mayoritario en la Guardia Civil, Ernesto Vilariño, ha declarado que “la plantilla de guardias civiles resulta escasa, solicitamos de nuevo la intervención de unidades del Ejército”.
Nos repugnan estos hechos. Exigimos la libre acogida de todos los inmigrantes, el fin del saqueo de África por las multinacionales, el reconocimiento de todos los derechos a los trabajadores inmigrantes que viven en España, incluyendo al millón de trabajadores marroquíes, el derribo de las vallas de la infamia de Ceuta y Melilla y la devolución a Marruecos de todos los enclaves coloniales. Y justicia para las víctimas de la masacre de Melilla.
Manifestación anti OTAN en Madrid, 26 de junio.
Complementariamente a las actividades del Encuentro Europeo, los delegados y delegadas participaron en la masiva (no menos de 20.000 manifestantes) Manifestación que el día 26 por la mañana discurrió por la calle de Madrid, con lemas contra la OTAN, contra la Rusia de Putin y contra las guerras del capital.
A pesar del alarmismo que las instituciones y los medios de comunicación quisieron crear en las vísperas de la movilización, la marcha transcurrió pacíficamente ante un desproporcionado despliegue policial.
Resolución de urgencia aprobada por la unanimidad de los delegados y delegadas el “Encuentro contra la Guerra, la OTAN y la Explotación”, celebrado en Madrid el 25 de junio de 2022.
No menos de 23 han sido los inmigrantes muertos en la frontera de Melilla. Es la barbarie organizada por los gobiernos español y marroquí
Las imágenes son espeluznantes. Decenas de inmigrantes heridos, y, según las distintas fuentes de información, entre 18 y 46 muertos, en un intento desesperado de cientos de inmigrantes, que huyen del hambre, de la miseria y de la guerra, de cruzar la valla criminal de Melilla. Le llaman “asalto”, para criminalizar a las víctimas, los mismos que piden la libre acogida a los refugiados de Ucrania.
Es el resultado de la destrucción de África, cuna de la Humanidad, por la política del imperialismo y de los gobiernos que se someten a él. Destrucción acelerada por la guerra y la hambruna que ésta anuncia. Y el resultado, también de la alianza criminal entre los gobiernos del reino de España y el reino de Marruecos, sellada recientemente por el cambio de postura del Gobierno español sobre la cuestión del Sahara Occidental, que sigue la estela de la decisión al respecto del amo yanqui.
Denunciamos la política del gobierno español de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, que eleva vallas de más 6 metros, erizadas de cuchillas que desgarran la carne de quienes intentan atravesarlas, para cerrar el paso a quienes sólo quieren huir de la destrucción de sus países.
Sin ninguna solidaridad o compasión por los muertos y heridos, Pedro Sánchez alababa la “cooperación” de la gendarmería marroquí, declarando que se trataba de un “asalto violento, bien organizado y bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad”. ¡Bien resuelto cuando hay más de 100 heridos y decenas de muertos!
El presidente de Melilla –enclave colonial español en Marruecos- Eduardo de Castro, ha declarado que la OTAN debe implicarse en la defensa de Ceuta y Melilla. Como si se hiciera eco de sus palabras, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, declaraba, con respecto a Ceuta y melilla, que estaba “absolutamente convencido de que los aliados de la OTAN estarán al lado de España si se enfrenta a amenazas y desafíos”. Y el gobierno español, pide, ante la cumbre de la OTAN, mayor implicación de este aparato militar en el norte de África
Los cuerpos de seguridad heredados del franquismo reclaman “mano dura”. La prensa recoge declaraciones de los guardias civiles de Melilla, que se quejan de que “sólo nos dejan utilizar gases lacrimógenos y con ello no podemos frenarles”. El secretario general del pseudosindicato SUCIL, mayoritario en la Guardia Civil, Ernesto Vilariño, ha declarado que “la plantilla de guardias civiles resulta escasa, solicitamos de nuevo la intervención de unidades del Ejército”.
Nos repugnan estos hechos. Exigimos la libre acogida de todos los inmigrantes, el fin del saqueo de África por las multinacionales, el reconocimiento de todos los derechos a los trabajadores inmigrantes que viven en España, incluyendo al millón de trabajadores marroquíes, el derribo de las vallas de la infamia de Ceuta y Melilla y la devolución a Marruecos de todos los enclaves coloniales. Y justicia para las víctimas de la masacre de Melilla.
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