Reproducimos y difundimos por su interés este comunicado de compañeros sindicalistas venezolanos agrupados en torno al CAIT tras la agresión que ha sufrido su país en el día de ayer
Nosotros, trabajadores (as), militantes sindicales de base, federativos nacionales de la Central Bolivariana de Trabajadores y pueblo trabajador en general agrupados en el Comité Autónoma e Independiente de Trabajadores(as) (CAIT), condenamos enérgicamente la brutal agresión militar perpetrada por el imperialismo norteamericano comandado por Donald Trump.
En la madrugada del sábado 3 de enero, nuestra nación fue bombardeada por aeronaves de Estados Unidos, violando unilateralmente la soberanía del país en un verdadero acto de guerra que desafía todas las normas del derecho internacional. Provocando al menos 80 personas asesinadas, entre civiles y personal militar del equipo de seguridad Nicolás Maduro; Centenares de heridos en la población, daños a las infraestructuras y servicios de la nación. El secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Quienes fueron puestos bajo custodia estadounidense para ser juzgados en Nueva York. Acusado falsamente de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína.
Donald Trump implementó un conjunto de sanciones económicas y financieras contra Venezuela desde agosto de 2017. Desde septiembre del año pasado, comenzó una ofensiva violenta contra Venezuela con la concentración de fuerzas navales estadounidenses en el mar Caribe, lo que ha resultado en la destrucción de más de 30 barcos baja la supuesta lucha contra el narcotráfico, que dejaron más de 100 víctimas, Instaurando un bloqueo para asfixiar nuestra economía mediante la confiscación de barcos que transportaban petróleo venezolano.
Trump volvió a atacar a los trabajadores migrantes venezolanos en Estados Unidos, empleando términos como «criminales, delincuentes y terroristas» para justificar la agresión militar.
Donald Trump ha declarado a la prensa que su país «gobernará» Venezuela. Tomaría el control de las enormes reservas de petróleo de Venezuela y reclutaría a empresas estadounidenses para invertir miles de millones de dólares en la reconstrucción de la devastada industria petrolera del país; ha puesto en evidencia los verdaderos intereses detrás de la agresión militar contra Venezuela.
Donald Trump advirtió a los gobiernos de México, Cuba y Colombia que sus países podrían ser los siguientes, sus intenciones son dominar todo el hemisferio, tiene como propósito asustar a los demás países de la región con su ataque militar a Venezuela. Esto garantiza que las empresas y los Estados Unidos tengan acceso irrestricto a los recursos energéticos y minerales, en particular al petróleo, para reforzar su dominio político y militar sobre el continente frente a cualquier resistencia.
Todos los gobiernos que defienden la paz y la soberanía nacional, no solo en nuestra región, sino en el mundo entero, deben oponerse firmemente a la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y al secuestro del presidente Nicolás Maduro. Es fundamental que los gobiernos de Lula, Petro, Scheinbaum y otros actúen juntos para hacer frente a la agresión de Trump hacia Venezuela y el continente.
Denunciamos a María Corina Machado, Leopoldo López, Edmundo González y Antonio Ledezma como cómplices de estos planes neocoloniales, por haber pedido la intervención militar de Trump.
Hacemos un llamado a los trabajadores, al pueblo, a los movimientos sociales, sindicatos y federaciones para que condenen con firmeza la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro. De igual manera, instamos a los pueblos del mundo, especialmente en América Latina y el Caribe, a alzar su voz en protesta. Proponemos que la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, junto con otras centrales sindicales y los delegados que participaron en el Congreso Internacional de la Clase Obrera Latinoamericana, caribeña y Mundial en defensa de la Paz, convoquen a una jornada de movilización contra el imperialismo estadounidense, representado por Trump, en solidaridad con nuestra nación y el pueblo venezolano.
Saludamos las manifestaciones masivas en varios países contra el ataque de Trump a Venezuela que se registraron en Francia, España, Alemania, Grecia, Suecia y México, así como 105 protestas en los Estados Unidos convocadas por la Coalición ANSWER, movimiento antibélico estadounidense que se opone a la guerra.
Condenemos el bombardeo estadounidense contra Venezuela
Libertad inmediata del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores
Rechazamos el anuncio de Trump de asumir el control de Venezuela
Venezuela jamás será colonia de EE. UU.
Comité Autónomo e Independiente de Trabajadores(as) (CAIT), 05 Enero 2026
Como es habitual en estas fechas, el Rey ha dirigido su mensaje de Navidad a la ciudadanía con un tono conciliador. Ha buscado transmitir unidad y convivencia, justicia y equidad, trabajo callado y responsable. Pero detrás de las formas corteses y la moral abstracta, su discurso ha reflejado una visión de la sociedad que protege intereses de parte.
“La desigualdad social no es simplemente el resultado de las diferencias individuales, sino de estructuras sociales que perpetúan injusticias y privilegios.” Pierre Bourdieu (1930-2002)
La monarquía de raíces franquistas
Su mensaje no es neutral: legitima un orden económico y político que reproduce desigualdades hirientes y limita la participación real de la mayoría. Más que incentivar la acción colectiva, promueve aceptación y resignación frente a la jerarquía de clases existente.
El mensaje del Rey ha escenificado la búsqueda de una pretendida armonía y unidad, pero en la práctica refuerza la autonomía de un aparato de Estado de raíces franquistas, oculta desigualdades estructurales y despolitiza los conflictos sociales. Una democracia auténtica exige una democracia emancipadora, donde la ciudadanía participe, los poderes estén controlados democráticamente y los recursos y derechos se redistribuyan de manera justa.
Neutralidad que encubre intereses
El Rey se presenta como figura “por encima de la política”. Evita referencias partidistas directas y centra sus mensajes en valores abstractos, promoviendo el autoengaño (“mauvaise foi”, Sartre). Esta aparente neutralidad oculta que la monarquía parlamentaria nunca es neutral: sirve para reproducir la estabilidad del orden social y económico que beneficia a las élites.
La democracia no puede reducirse a palabras amables. Requiere lucha por derechos, redistribución de recursos y transformación de las estructuras de poder. Los discursos que ignoran la explotación laboral, la concentración de riqueza, la exclusión social y los genocidios refuerzan la pasividad de las clases subalternas, mientras mantienen intacta la hegemonía de quienes controlan el capital y las instituciones. Las catástrofes climáticas (inundaciones, incendios) no son casuales, provocan víctimas y tienen responsables.
Unidad nacional y consenso ideológico
El mensaje del Rey enfatiza la unidad, tratando los conflictos territoriales, políticos y sociales como un riesgo que debe ser superado.
Para los demócratas, la unidad impuesta desde arriba es “consenso ideológico”, no activismo democrático. La verdadera política nace del conflicto entre intereses diferentes: entre clases sociales, territorios y sectores económicos. Al presentar la unidad como valor absoluto, los mensajes del Rey legitiman un orden que prioriza la estabilidad de las élites sobre la justicia y la equidad para la mayoría.
Valores morales y relaciones de poder
El discurso del Rey apela a valores como unidad y convivencia, justicia y equidad, trabajo callado y responsable. Son positivos en abstracto, pero despolitizan la desigualdad, reduciéndola a una cuestión de moralidad individual.
Desde una perspectiva democrática, los problemas sociales y económicos -precariedad, pobreza, desigualdad educativa, desigualdad sanitaria, vivienda- no son una cuestión de ética personal, sino de estructuras de explotación. Los discursos que no cuestionan estas estructuras naturalizan la desigualdad y promueven el conformismo, en lugar de fomentar la acción colectiva para transformar la sociedad.
El conflicto como amenaza y no como motor
En el mensaje del Rey, el conflicto social o político aparece como riesgo para la convivencia, no como expresión legítima de los intereses de las mayorías.
Los demócratas entendemos que el conflicto de clases es el motor de la historia y de la transformación social. Negar su existencia o presentarlo como peligroso sirve a los intereses de la clase dominante, evitando que la ciudadanía tome conciencia de su capacidad de organizarse y luchar por sus derechos. La democracia requiere confrontación y acción colectiva.
Poder simbólico y ausencia de control
El Rey no es elegido y no puede ser destituido por la ciudadanía: está blindado abusivamente por la impunidad que le procura su inviolabilidad constitucional. Su autoridad simbólica no está sujeta a control democrático, lo que limita la rendición de cuentas.
Desde la perspectiva democrática, el poder simbólico del Rey reproduce jerarquías de clase, legitimando un poder no contestable que refuerza la hegemonía política y económica de las élites. Un discurso aparentemente conciliador no cambia el hecho de que el poder se concentra y no se democratiza, dejando a la mayoría ciudadana en una posición de subordinación pasiva frente a la tradición y la continuidad institucional.
Comparación con otros jefes de Estado europeos
La mayoría de jefes de Estado europeos, aunque también cumplen funciones simbólicas, suelen reconocer conflictos sociales y económicos, mencionan desigualdad y tensiones reales, y su autoridad depende de mecanismos democráticos.
Los mensajes del Rey despolitizan la realidad y refuerzan el statu quo, presentando una democracia formal que protege los intereses de quienes controlan los recursos y las instituciones, mientras la mayoría permanece neutralizada como espectador pasivo.
La monarquía española sirve para mantener la hegemonía social y económica de una oligarquía dominante y centralista, más que para incentivar participación y transformación social.
Nación y hegemonía
Para los demócratas, la nación no puede concebirse como proyecto neutral: es un espacio donde se reproducen relaciones de poder y lucha de clases. Los mensajes del Rey presentan la nación como algo dado, ocultando que la verdadera construcción democrática implica redistribución de recursos, reconocimiento de derechos y confrontación de intereses contradictorios.
La ciudadanía no es un receptor pasivo de valores abstractos: es sujeto histórico capaz de organizarse para transformar la sociedad y disputar los privilegios de la élite oligárquica y centralista. Reconocer esta capacidad es esencial para desarrollar una democracia que no se limite a formalismos simbólicos, sino que tenga efectos reales sobre las condiciones materiales de vida.
Hacia una democracia emancipadora
Los militares, por dignidad democrática, debemos promover entre nuestros compañeros de armas valores republicanos, de modo que:
El conflicto social se vea como expresión legítima de intereses diversos y motor de transformación.
La ciudadanía participe activamente en la política, especialmente en la toma de decisiones económicas y sociales.
La nación se construya sobre igualdad material, justicia social y redistribución, no sobre valores morales abstractos.
El jefe del Estado esté sujeto a control y rendición de cuentas, incluyendo la limitación de poderes simbólicos y su exigible igualdad ante las leyes.
En una democracia autentica, los discursos institucionales no solo transmiten valores, incitan además a la acción colectiva, promueven conciencia social y cuestionan las estructuras de poder que generan desigualdad. La libertad de conciencia requiere la erradicación de la violencia simbólica (“violence symbolique”); así como la capacidad real de decidir, organizarse y transformar la sociedad.
Según el sociólogo francés Pierre Bourdieu, la violencia simbólica es más eficaz que la violencia física porque actúa en un nivel inconsciente, de manera que quienes la experimentan no son plenamente conscientes de ser víctimas de ella. La reproducción de las estructuras sociales y las relaciones de poder se realiza en la «base» misma de la percepción social. Los medios de comunicación, la educación, la religión y otros agentes socializadores son los principales vehículos a través de los cuales esta violencia simbólica se lleva a cabo.
Conclusión
Los mensajes del Rey reflejan una democracia formal, centrada en la estabilidad, la unidad y determinados valores abstractos, pero limitada en participación, redistribución y confrontación de desigualdades.
Una democracia emancipadora necesita acción colectiva, lucha por derechos, redistribución y conciencia crítica. Solo la República puede garantizar que la ciudadanía no sea un espectador pasivo, sino sujeto activo que transforma las relaciones de poder, construye justicia social y garantiza bienestar y libertad material para todos.
La democracia auténtica no teme el conflicto de clases: lo reconoce como motor de transformación social y de emancipación de la mayoría frente a la hegemonía de las élites.
El Rey de España, además de ser un obstáculo para las transformaciones sociales, es cómplice necesario -junto a los gobiernos de turno: régimen del 78- de la humillante subordinación al imperialismo ( America first! ) y de sus guerras de rapiña.
«El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos» Simone de Beauvoir (1908-1986)
Las urnas han hablado, y eso hay que respetarlo. Otra cosa distinta es que seamos ciegos a la toxicidad en la opinión con la que los electores emitimos nuestro voto.
En los comicios de ayer día 21, en Extremadura, salvo el reparto de diputados en la Junta de Extremadura, nada ha cambiado: PP sigue dependiendo de VOX, PSOE sigue de segunda fuerza, VOX se confirma como tercera fuerza y Unidas por Extremadura es el cuarto y último partido por número de escaños. Esto es lo esencial a la hora de legislar en el Parlamento extremeño.
Otra lectura distinta es la partidista, es decir, la lectura que cada partido haga de los resultados. Suponemos que, a excepción del PSOE, las otras tres fuerzas políticas estarán muy satisfechas de haber subido en diputados.
Una tercera lectura que podemos hacer es la comparativa de los resultados con las expectativas de cada partido. En este sentido, el PP no ha conseguido la mayoría absoluta que perseguía y, además, con el adelanto electoral, ha reforzado a su competidor ideológico, pues VOX, ha sido el que más diputados ha incrementado. Unidas por Extremadura ha crecido, pero continua a la cola. Y el PSOE, que tenía asumido que iba a caer, se ha llevado un batacazo.
Vayamos ahora al análisis cuantitativo de los resultados:
La abstención ha crecido, el 37,3% del censo electoral, un 7,6% más que en las elecciones de 2023. Es el nivel de participación más bajo de la historia de las elecciones autonómicas extremeñas. La abstención en la verdadera vencedora de las elecciones, pues con un censo electoral de 860.375 ciudadanos con derecho a voto, 321.124 han decidido no acudir a las urnas 14.552 han votado a alguna de candidaturas que no han sacado el mínimo para computar 6.218 votos blancos, es decir, quienes han manifestado no sentirse identificados por nadie y 10.615 nulos, que suelen ser votos que manifiestan un rechazo directo a alguna de las candidaturas.
El partido ganador, el PP, ha obtenido 7.935 votos menos que hace dos años, pero las cosas de la ley electoral hacen que haya subido un escaño, al pasar de los 236.235 votos en 2023 a 228.300 en las elecciones del 21 de diciembre. Con una caída de votos del -4,36%, suben un 1,53% en representación.
El PSOE, el perdedor, ha perdido 106.642 votos, y con ello 10 diputados menos, al pasar de los 242.659 votos de 2023 a los 136.017 de ayer. Un descenso en vertical del 43,94%. Lo que le lleva a perder un 15,38% de la representación parlamentaria.
VOX y Unidas por Extremadura son los dos únicos partidos que han crecido en votos.
El partido de Abascal ha obtenido 39.960 votos más que en 2023, pasando de los 49.400 de hace 2 años a los 89.360 de este año. Ha incrementado sus votos en un 80,89%, un incremento del 9,23% en la representación.
En el caso de Unidas por Extremadura, han subido en 17.810 votos; 36.379 en 2023, 54.189 en 2025. Suben un 48,95% de votos, lo que les da un incremento parlamentario del 4,61%
Desde un punto de vista cualitativo, llama la atención que PP y VOX, dos partidos xenófobos, repitan suma de mayoría absoluta -PP 29 + VOX 11 = 40 diputados sobre 65- en una comunidad autónoma históricamente inmigrante; hacia países como Perú y Méjico entre los siglos XVI y XVII y hacia Madrid, Catalunya y Euskadi en el siglo XX.
Ha quedado en evidencia que el candidato del PSOE ha restado. El espectáculo de forzar dimisiones para entrar como diputado del Parlamento extremeño ha pesado más que la cuestión judicial, sub iudice, pues si todo ha obedecido a un presunto enchufe al hermano del presidente, este país tendrá que hacérselo mirar y dejar de practicar el enchufismo como deporte nacional. Con esto no pretendemos justificar nada que esté mal, y el enchufismo lo está, pero la sociedad debería ponderar por qué castiga y por qué premia con su voto en unas elecciones.
Que PP y VOX obtengan el 61,53% de los diputados en un Parlamento regional, es un premio excesivo para ser los dos partidos que apoyan abiertamente, uno con más cinismo que otro, el genocidio que Israel perpetra en Gaza. Alguien puede tener la tentación de pensar que eso no tiene nada que ver con España y menos aún con Extremadura; sería un pensamiento equivocado, sería tanto como pensar que vivimos en departamentos estancos, es como los que aún piensan que la participación de nuestro país en la guerra de invasión a Irak, decidida en las Islas Azores, están desvinculados de los atentados de Madrid el 11 de marzo de 2004. Una mayoría muy abultada de la sociedad reprueba a Trump; su soberbia, prepotencia y falta de educación y respeto, pero después votan a partidos que le aplauden, con la consecuente subordinación que eso conlleva.
Es evidente que el voto a un partido o a otro no se decanta, o no se debiera decantar por un solo hecho. Es por esto que si a lo anterior, tenemos en consideración que Extremadura es la cuarta comunidad por la cola según la renta per capita, por detrás Melilla, Ceuta y Andalucía, y que los 25.227 € de renta por extremeño está un 22,69% por debajo de la media de todas las comunidades autónomas, a la hora de votar toma mayor relevancia, o debiera, los criterios de unos u otros partidos respecto a los servicios públicos y su privatización. Es inversamente proporcional a la renta: a menos renta, mayor dependencia de los servicios públicos, y esto vale para la sanidad, la educación, las pensiones, la dependencia y/o los servicios de prevención de incendios.
Cada elector es libre de emitir el voto que quiera, faltaría más, pero la historia nos dice que el voto por reacción, a la larga, sale muy caro.
Estas consideraciones no pretenden eludir el hecho de que 337.957 electores (abstención + blancos + nulos) se hayan sentido abandonados, no representados, y ahí está fundamentalmente la caída de votos del PSOE, y que la inmensa mayoría se hayan quedado en su casa. Por tanto, contradecimos la teoría de que la población esté girado a la derecha, es la izquierda la que, con sus no políticas claras, no da repuesta a las necesidades, reivindicaciones y preocupaciones de la mayoría social.
Muchos extremeños y extremeñas se han cansado de esperar al tren de alta velocidad o que las líneas férreas que hay funcionen correctamente, mientras ven que miles de millones son destinados a gasto militar, a financiar a los banqueros sus operaciones de concentración, o a otros asuntos que no están entre sus prioridades.
Extremadura es una de las comunidades autónomas con mayor peso de la agricultura y la ganadería en el PIB de su región, el 7,7%, frente al 2,7% de media del resto de comunidades autónomas. Sin embargo, ven como las políticas de la UE les empobrece y les empuja a la despoblación.
Si la izquierda quiere que el apoyo electoral se sincronice con la lógica de la mayoría social, debe tomarse en serio la elección de sus órganos de control interno, esos que en los congresos se llenan de amigos y pagos de apoyos. La derecha siempre va a agrandar los escándalos de la izquierda y a achicar los suyos. Es fundamental acabar con la rémora de la corrupción, el machismo y el abuso. Y recuperar la idea de que gobernar no es solo gestionar; si nos limitamos a gestionar el capitalismo, una idea económica y social impropia de la izquierda, la desigualdad está garantizada y el fracaso electoral también.
Documento leído en la Concentración del 6 de diciembre de 2025, frente a la sede del Tribunal Supremo en Madrid.
Hoy, 6 de diciembre, Día de la Constitución, no venimos a celebrar un texto que se incumple, sino a alzar nuestra voz como garantes de la Democracia y guardianes de la Ley. El pueblo se congrega ante este templo de la soberanía nacional para declarar una verdad ineludible: ¡Nuestra Democracia está en alto riesgo por la corrupción judicial!
Leonor Moggio da lectura al Manifiesto, en nombre de Adepu
I.LA DEFENSA DEL FISCAL ES LA DEFENSA DE LA CIUDADANÍA
Nos concentramos en defensa del Ministerio Fiscal, porque defender la labor del fiscal es defender la piedra angular de nuestro Estado de Derecho. ¡Es la defensa de que ningún ciudadano, ninguna ciudadana, pueda ser acusado, condenado o perseguido sin la existencia de pruebas firmes e irrefutables!
¡Defender al Fiscal es defender el derecho sagrado a la presunción de inocencia para todos y todas! Rechazamos que la acción penal se convierta en una herramienta de venganza o acoso político, utilizada por intereses oscuros al servicio de la corrupción.
II.LA INDIGNACIÓN ANTE UN SISTEMA CORROMPIDO
Es una vergüenza y una indecencia lo que hoy se atreve a llamarse «Justicia» en nuestro país. Denunciamos y señalamos a esos jueces y juezas al servicio de los corruptos del Partido Popular, que utilizan la toga no para impartir equidad, sino para tejer redes de impunidad.
Esta justicia indignante no nos representa. Estos jueces, para el pueblo, están corruptos y corrompen el mandato sagrado de la Ley. Incumplen, con sus acciones y omisiones, el mandato constitucional que les exige imparcialidad y servicio al bien común.
Y en este lodazal, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es cómplice. Por su inacción, por su parálisis, y por su silencio frente a la evidencia, el CGPJ permite y ampara que la balanza de la justicia se incline siempre a favor del poderoso y el delincuente de cuello blanco.
III.EL CIRCO DE LA ULTRADERECHA Y LA SENTENCIA DECIDIDA
La paciencia del pueblo ha llegado a su fin. Hemos escuchado los audios indecentes que demuestran, sin lugar a dudas, que la sentencia ya estaba decidida mucho antes de que se celebrase el juicio.
¡El juicio ha sido un circo, una farsa vergonzosa montada por las ultraderechas de este país! El Partido Popular y Vox, mano a mano con esta casta judicial, han convertido la sala de vistas en un teatro político, mancillando la dignidad de las víctimas y de la propia Democracia.
¡Basta ya de sentencias prefabricadas! ¡Basta ya de jueces prevaricadores!
IV.COMPROMISO EN EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN
Hoy, Día de la Constitución, el pueblo soberano, que es la única fuente de legitimidad, se levanta para rechazar esta justicia que nos oprime.
Nuestra promesa en este día es no cejar en nuestro empeño hasta que se depuren todas las responsabilidades, se reforme el sistema de elección del CGPJ para garantizar su independencia real, y se devuelva la integridad a las instituciones.
¡Nuestra democracia es más fuerte que sus corruptelas!
¡El pueblo no olvida ni perdona!
¡Viva la Constitución! ¡Pero solo si se cumple en favor del pueblo y no de los corruptos!
Izquierda Socialista de Castilla La Mancha sobre las manifestaciones realizadas y publicadas de Sara Simón, consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla La Mancha y secretaria de Política municipal del PSOE-CLM
A la atención del compañero Secretario General del PSOE de Castilla La Mancha, Emiliano García Page Sánchez
Los miembros de la Coordinadora Regional de Izquierda Socialista PSOE de Castilla La Mancha (IS-PSOE-CLM) hemos recibido atónitos la declaración extemporánea y malintencionada que la Consejera de Igualdad de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha ha realizado en relación a las primarias en las que la militancia, sin manejar ningún resorte de poder interno federal, ni regional, devolvió al compañero Pedro Sánchez Pérez Castejón a la Secretaría General del PSOE. Las palabras de Sara Simón Alcorlo suenan a “puñalada de pícara” por cuanto dichas a estas alturas de los acontecimientos, pretenden abrir un falso debate sobre la ilegitimidad de un proceso de primarias que fue ejemplar, en el que Pedro Sánchez ganó limpia y sobradamente, incluso en Castilla La Mancha. En cualquier caso, el PSOE de Castilla La Mancha, usted mismo como Secretario general del PSOE REGIONAL debería aclararle a su Consejera a este tenor, en este sentido, si usted mismo dio alguna orden para llevar a cabo algún tipo de cambio o alteración de los comicios, presionando a los militantes, modificando el censo o las papeletas, … en fin, lo cierto y verdad es que usted y solo usted controlaba el aparato del partido para poder llevar a cabo alguna modificación en el proceso de elección de candidatos. Sólo usted disponía de los resortes de poder necesarios que garantizaban unas elecciones limpias en nuestro territorio. Quizás debería hablar más con su Consejera de Igualdad sobre este particular. Desde IS-PSOE-CLM no creemos conveniente que la compañera ponga en tela de juicio la democracia interna del partido socialista en aquellas primarias para ganar puntos personales aprovechando el ruido mediático actual y mezclándolo todo como en una ensalada deslegitimadora del partido, este bulo de la compañera Consejera tiene demasiada cocina y enjundia como para dejarlo pasar. Solicitamos del compañero secretario general la destitución inmediata de la Consejera Sara Simón Alcorlo, o su dimisión voluntaria, como parte del Gobierno Regional de CLM. IS-PSOE-CLM deja abierta la posibilidad de llevar a la compañera Simón Alcorlo al Comité de Garantías del partido, en caso de que la Consejera o usted no actúen en alguna de las direcciones expuestas.
Toledo a 14 de Diciembre de 2025. Coordinadora Regional de IS-PSOE-CLM.
Apoyo al Manifiesto por parte de la Comisión permanente federal
COMUNICADO
Comisión Permanente Federal
de Izquierda Socialista-PSOE
La comisión permanente federal de Izquierda Socialista-PSOE manifiesta: Su apoyo al manifiesto emitido por nuestros compañeros de Castilla La Mancha sobre las manifestaciones realizadas y publicadas de Sara Simón, consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla La Mancha y secretaria de Política municipal del PSOE – CLM, cuestionando la limpieza de las primarias celebradas en 2017, para la elección a la secretaria general del PSOE que conllevaron la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General. Esta declaración se ha producido en la línea de otras realizadas en distintos medios o insinuaciones vertidas por diversas “fuentes” diversas, donde se ha cuestionado la legitimidad de la elección, en una campaña de deslegitimación del actual liderazgo del PSOE. Con estas declaraciones se hace daño al PSOE y a sus militantes pues no solo se cuestiona su liderazgo, sino que a la vez están cuestionando la honradez de los compañeros que participamos en el proceso y con ello a la organización. Nuestros militantes y la honradez del PSOE no pueden ser cuestionada de forma irresponsable, hay declaraciones que no son asumibles ni aceptables, no son errores de interpretación, son realizadas con intención de que tengan incidencia en nuestra organización y cuestionar por intereses políticos la legitimidad de nuestros procesos, contribuyendo a la desafección de nuestra militancia y a la imagen de partido ante la ciudadanía. Estas actuaciones creemos que son dañinas y perjudiciales para el PSOE, por ello, pedimos a la secretaria de Organización de nuestro partido que estudie como se enmarcan o puedan vulnerar el Artículo 8 de nuestros estatutos y, si así fuera, las remita a la comisión de garantías para su estudio y toma de decisiones en consecuencia.
En esta primera mitad del siglo XXI el mundo está asistiendo a una revolución en la visión que teníamos de él, ha cambiado de manera clara; el neoliberalismo y la globalización han marcado el ritmo, de dicho cambio como si el futuro fuera simplemente un presente, al mismo tiempo que ha ido aumentando la explotación de los recursos y a los seres humanos. A su vez, han ido creándose circunstancias en estos 25 años, que están rompiendo ese presente/futuro.
Hemos avanzado desde un mundo globalizado y digitalizado, viviendo un cambio importante con el auge de las ideologías de ultraderecha y los nacionalismos excluyentes, estos cambios nos retrotraen en muchos casos a épocas que creímos que eran historia, épocas que creímos olvidadas: Totalitarismo, Imperialismo y espacios vitales, propios de finales siglo XIX y el primer tercio del siglo XX.
En estos momentos lo vivimos en los EE.UU., de la mano de Trump y su América primero (MAGA), de la mano del “Caos” como política para subyugar a unos y amilanar a otros, políticas en la que han convertido a las personas en objetos a eliminar, desde los migrantes a delincuentes, todo ello sin juicio, en lo que se refiere a su política externa, tratando a los representantes de naciones democráticas con un despotismo insoportable y que justifica subrayando su poderío económico y militar intimidatorio, no con razones objetivas. Todo ello en una carrera por seguir depredando el mundo sin importar el precio a pagar que no es más ni menos que la propia supervivencia del planeta poniendo en marcha políticas negacionistas del cambio climático o de la ciencia, se trata de romper las reglas/norma/modos establecidas durante decenios.
Otro aspecto importante de estas políticas es la negación a reconocer la democracia representativa y las libertades, los derechos de las personas… conduciendo a Occidente, cuna de la democracia, a un mundo cada vez más injusto, cada vez más dominado por elementos autoritarios, o gobiernos autocráticos que practican la “postdemocracia”, democracia que en realidad son solo democracias de nombre como es el caso de Rusia, China…
Los nuevos poderes, se van presentando y consolidando cada día más, los Tecnopoderes, ligados a la IA, el control de medios como las redes y la utilización de los mass media, para apoyar y respaldar sus acciones… con este falso paraíso, mundo virtual que significa en realidad más alienación, más control y menos libertades tal como escritores de Ciencia ficción nos describían y que entonces pensamos que solo era eso, ficción.
Mientras tanto, en Europa, la ultraderecha con tintes autoritarios sigue creciendo y gobierna en países que pensábamos que, por estar bajo el paraguas de la UE nunca escogerían ese camino, unos gobiernos populistas o con elementos de extrema derecha en ellos, que recortan derechos y libertades, los tenemos cerca, hablamos de Hungría, Italia, Eslovaquia, Polonia, y no podemos olvidar España donde la ultraderecha ha entrado en los gobiernos regionales o municipales, y donde influyen de manera decisiva en sus políticas sociales, entre otras políticas… valiéndose de ello, criminalizan a migrantes y minorías y ponen en riesgo una convivencia que durante los últimos cincuenta años había sido pacífica.
Por desgracia, no se trata de fenómenos aislados los episodios de insultos, asedios a sedes democráticas como las de nuestro partido, agresiones verbales y físicas a políticos a periodistas a asociaciones a artistas…a todo aquel que, en nombre de la libertad, ejerce su trabajo, opina…y los propios representantes de Derecha y Ultraderecha consideran que no les favorecen.
El clima que vivimos últimamente en nuestro país se hace irrespirable y se trata precisamente de crear ese clima para que la ciudadanía se canse, use el mantra del tú más, del todo son iguales…y se quede en su casa en vez de ir a votar en las elecciones democráticas, algo que sin duda les favorece.
Ante esta situación del mundo y de nuestro país, para la corriente de opinión Izquierda Socialista PSOE, se hace necesaria la reflexión, el análisis sosegado, pero también la pedagogía y la toma de decisiones sobre acciones que debemos emprender para mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas, para volver a tener un estado del bienestar que debiera ser posible con el camino emprendido por el Gobierno actual encabezado por Pedro Sánchez que pone a las personas por delante. En definitiva, el momento obliga a trabajar y defender la democracia.
Por todo ello, hemos creído que, desde posiciones socialistas, debemos debatir sobre estos temas, con la visión del espacio donde vivimos, UE y España, en un mundo que avanza, que nos está afectando y nos afectará.
Los socialistas siempre hemos debatido sobre las guerras, somos antibelicistas y creemos que esas guerras sirven para limpiar las impurezas del capitalismo, la sobreproducción o la necesidad de eliminar excedentes, cuando no buscar excusas para justificar su existencia. La guerra no es el camino a la paz.
Este 28 y 29 de noviembre hemos debatido sobre qué está pasando con la democracia que conocemos, que creíamos consolidada en el mundo occidental, con las libertades y los derechos conquistados por las luchas sociales de los siglos pasados y que ahora se pretenden eliminar o rebajar.
En un mundo que avanza hacia una carrera militar y hacia un militarismo que tendrá un precio en lo social, pues su financiación saldrá de los fondos sociales, se vista como se vista, y ello tendrá consecuencias: división de la sociedad, malestar y cuestionamiento de los poderes, en consecuencia, se reclamarán gobiernos fuertes y se llegará a justificar que el progreso y seguridad puede darse sin libertades y derechos, hay ejemplos próximos y lejanos, todos los tenemos en mente, un mundo posdemocrático.
Los ponentes que debatieron en la mesa uno, sobre este comprometido tema. Concluyeron que el aumento del gasto militar en Europa, impulsado por la guerra de Ucrania y por la tensión creciente entre grandes potencias, convive con una realidad difícil de asumir: millones de personas siguen perdiendo derechos sociales mientras la inversión en armamento se dispara.
Estos, advirtieron que abre la puerta a un modelo político donde la seguridad se impone sobre las libertades y donde las decisiones se justifican en nombre del miedo.
Según los ponentes, este clima internacional favorece la llegada de gobiernos autoritarios o abiertamente ultraconservadores que recortan libertades, persiguen a minorías y debilitan la justicia social. También insistieron en que la izquierda debe ser capaz de ofrecer seguridad —pero una seguridad ligada a los derechos, la convivencia y la igualdad, no a la fuerza militar—.
En lo que se refiere a la mesa dos, destacamos tres ideas principales:
Europa debe proteger sus valores democráticos, pero lo hará solo si no renuncia a los derechos sociales que han sido su seña de identidad durante décadas.
El aumento del gasto militar no puede suponer retrocesos en el Estado de bienestar; sanidad, la educación o el cuidado de las personas, pensiones.
La Unión Europea necesita autonomía y valentía, porque su futuro depende de cómo responda a desafíos como la crisis ecológica, el auge de la extrema derecha y la presión de los grandes bloques económicos.
Los participantes coincidieron en que la ciudadanía percibe a menudo la política europea como algo lejano y técnico. Por eso, insistieron en explicar de forma sencilla que muchas decisiones que afectan a la vida diaria —el precio de la energía, la protección laboral o la regulación de las grandes plataformas tecnológicas— se toman en Bruselas. Y que, en un mundo polarizado, Europa solo será fuerte si cuida la cohesión interna y no sacrifica sus compromisos sociales.
Para Izquierda Socialista era Igualmente importante hablar desde posiciones de izquierda hacia dónde va está UE y cuál debe ser su papel en este mundo polarizado, entre grandes “imperios” que aspiran a destruirla, cuando no, a borrar su modelo social imperfecto, pero único en este mundo.
Eso nos lleva a un tercer aspecto que consideramos importante, en la sociedad actual que no se parece en nada a la que salió del siglo XX, excepto en las desigualdades que han aumentado, qué papel tiene la izquierda y que es ser de izquierdas, en una sociedad dominada por la digitalización, las posverdades, donde el pensamiento está siendo sustituido por la opinión, donde la verdad no importa solo la imagen, en definitiva, donde la ideología se remplaza por el reality de cada día, una creación de un ilusorio mundo feliz lleno de falsas oportunidades, donde predomina, el trabajo precario, la vivienda imposible, realización de sueños castrados, el aumento de los problemas mentales, etc.
Este es el “campo” donde las ideologías de ultraderecha encuentran sus seguidores y electores, donde la izquierda tiene y debe dar respuestas a esos grupos sociales y necesidades vitales.
Los ponentes coincidieron en que la izquierda se enfrenta a un triple desafío:
Responder a la “economía de mercado” sin limitarse a tapar sus daños.
Explicaron que el modelo económico dominante genera desigualdades, precariedad y un consumo de recursos que pone en riesgo el planeta. La izquierda, dijeron, no puede conformarse con “gestionar” esa desigualdad: debe proponer alternativas que garanticen vidas dignas y sostenibles, y hacerlo con claridad.
Combatir el poder de las grandes empresas tecnológicas.
Estas compañías influyen en qué información recibimos, cómo nos relacionamos y qué decisiones tomamos. Los expertos advirtieron de que estos “Tecnopoderes” pueden favorecer la llegada de gobiernos de ultraderecha, ya que amplifican discursos de odio, noticias falsas y mensajes simplistas. La defensa de la democracia, señalaron, pasa por regularlas con fuerza y transparencia.
Ofrecer esperanza y unidad.
La fragmentación de la izquierda —política, social y generacional— debilita su capacidad para responder a la inseguridad económica, a la crisis climática o a los ataques a la libertad de prensa. Para los ponentes, la prioridad es reconstruir un proyecto ilusionante, con un objetivo común, con las personas en el centro de las decisiones, la ciudadanía y que devuelva la idea de que la política está y se hace para mejorar la vida de la gente.
De izquierda a derecha, Blanca Fernández, Isabel Andaluz y Juan Gómez Colomera
Desde IS-PSOE, consideramos que esta Conferencia ha puesto sobre la mesa claves para ir enfocando las políticas a defender y aportar al pensamiento, al debate dentro de nuestro partido y entre sus militantes.
El periódico El País del día 4 de diciembre resaltaba en portada los hechos ocurridos en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz como un “escándalo en la sanidad de Madrid”. Ribera Salud, empresa privada y gestora en el Hospital, echó a cuatro directivos que se quejaron en el canal ético de la empresa de las órdenes de rechazar pacientes. Los audios sobre las formas para proceder a rentabilizar las cuentas de resultados, rechazando pacientes, generando listas de espera, son maniobras y/o negligencias que incumplen los derechos de las personas y por tanto deberían ser juzgados como un delito sobre la salud pública.
Más Madrid ha solicitado a la Fiscalía Provincial de Madrid la apertura de diligencias para investigar la gestión del Hospital Universitario de Torrejón, indicando posibles irregularidades en la atención a pacientes y la priorización de beneficios económicos sobre la calidad asistencial.
Concentración frente a la sede de Ribera Salud en la c/ Núñez de Balboa, 31 de Madrid 5/12/25
El día 5 de diciembre, dando respuesta inmediata a los hechos ocurridos en la sanidad madrileña, el espacio de Vecinas y Vecinos de los Barrios y Pueblos de Madrid, convocó concentración urgente frente a la sede de Ribera Salud, en la calle Núñez de Balboa, 31 de Madrid. Bajo un ambiente de crispación los manifestantes mostraron su rechazo con canticos contra la gestión del gobierno de Madrid que prioriza los beneficios económicos de unos pocos antes que la salud de un pueblo. También se pidió la derogación de la ley 15/97, que es la que permite que las empresas privadas, estos buitres, entren en la sanidad pública.
Movilización ante el Hospital de Torrejón de Ardoz 12/12/25
La respuesta a la evidencia de que no existe colaboración público-privada, sino negocio privado a costa del dinero público, el movimiento vecinal continuó el 12 de diciembre, en este caso fue la Coordinadora de Organizaciones en Defensa de la Sanidad Publica de Torrejón de Ardoz, quien convocó otra concentración en las puertas del Hospital de Torrejón para exigir la reversión del hospital a la gestión pública. Entre muchos canticos y protestas, se jaleó la exigencia de derogación de la ley 15/97. La asistencia fue mayor que en la concentración frente a Ribera Salud, pero insuficiente considerando que lo ocurrido en el Hospital de Torrejón debería ser motivo para que los vecinos del municipio participasen de manera multitudinaria. Solamente recodar que en las elecciones municipales celebradas en 2023 el PP fue el partido más votado por los vecinos y vecinas de Torrejón con un 50,65% de los votos, seguido por el PSOE con el 18,23% y el 16,66% de MM.
Después de una semana en la que la noticia ocupaba titulares de presa y mucho espacio en tertulias televisivas, el escándalo de la sanidad en Torrejón ha dejado de ser noticia; por la dinámica de los medios de comunicación y porque la situación caótica de la Sanidad Pública en Madrid hace difícil que sea de otro modo. Ahora, en lo que respecta a noticias sobre la Sanidad el foco está en las huelgas de médicos y el preacuerdo que han alcanzado las organizaciones sindicales con la Ministra de Sanidad, Mónica García, la ola de gripe estacional que cada año pone más al descubierto la falta de previsión del Gobierno de Ayuso, etc.
Los trabajadores del sistema sanitario están en lucha, unos de la mano de los sindicatos SATSE-FSES, CCOO, UGT; CSIF, CIG-Saúde, que negocian mejoras laborales dentro de un estatuto marco para todos los profesionales sanitarios: jornada de 35 horas, jubilaciones anticipadas… y por otro lado, está la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (APEMYF) una organización formada por 16 sindicatos y asociaciones médicas, que el pasado 9 de diciembre salieron a las calles de toda España en jornada de huelga y en la que se espera vuelvan a mediados de enero, con una orientación claramente corporativa.
Dos reivindicaciones paralelas y enfrentadas que, en mi opinión, están consiguiendo quitar el foco al verdadero problema, el cáncer del Servicio Nacional de Salud (SNS), que es el desmantelamiento de la sanidad por la vía de la privatización y las gestiones público-privadas. ¿Podrían las legítimas reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública, sin abandonar sus luchas laborares por la mejora de sus condiciones vida y trabajo, incluir la derogación de la ley 15/97 exigiendo que la sanidad sea 100% un servicio público? Vimos a la ministra Mónica García, -antes de ser ministra- pronunciarse en favor de derogar la ley 15/97, pero aún hay que esperar si así ocurre y cuál es la redacción de la nueva ley, ya que los Quirón y los Ribera Salud, entre otras empresas buitre, no van a dejar tan fácil sus nichos de lucro y corrupción.
La sanidad pública, como la educación las pensiones o la dependencia, son los pilares para un estado del bienestar. Sin embargo, vemos como cada vez se invierte menos y se recorta más. Como resultado de estas políticas vemos las consecuencias tan graves para la salud de las personas: las consecuencias de la pandemia Covid- 19, en las que 7291 víctimas en las residencias de Madrid, donde se las negó la atención médica hospitalaria. Los cribados de cáncer en Andalucía. El deterioro del sistema de salud es de ámbito estatal, también lo sufren los trabajadores de la sanidad, que realizan jornadas laborales maratonianas y con pocos recursos en muchas ocasiones.
Desde el 2010, con Zapatero en el gobierno, hasta hoy, los sanitarios han acumulado una pérdida de poder adquisitivo del 15%. Tanto los trabajadores de la sanidad como los usuarios del servicio público sanitario, siendo estos derechos constitucionales, junto con la Educación y las Pensiones, deberíamos defenderlos y movilizarnos por la salida inmediata de los buitres que hacen negocio con la salud de las personas. Del mismo modo exigir y movilizarse contra los presupuestos y el envío de miles de millones para el gasto militar, para la guerra, que se destinan sin esfuerzo, mientras se cierran centros sanitarios y baja el personal de los que aún permanecen abiertos tras la pandemia, con la excusa de falta de presupuesto.
Movilización ante el Hospital de Torrejón de Ardoz 12/12/25
La Plaza de la Villa de Paris, sede del Tribunal Supremo, el 6 de diciembre, día de la Constitución, se volvió a llenar de ciudadanos para repudiar a los Magistrados del Tribunal Supremo que han condenado a nuestro fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Puede que en un día como hoy, puente de la Constitución y sábado, no haya acudido demasiada gente, unas mil personas, que ya es un logro, pero sí se ha detectado mucha rabia, mucha pasión contenida, muchas ganas de gritar a los magistrados que son unos golfos, unos prevaricadores y que les importa un pito la justicia y hasta su propia toga, con tal de favorecer a sus amos, a los que se deben: PP y VOX.
Se ha gritado contra los magistrados que, sin pruebas inculpatorias y destrozando la presunción de inocencia, han condenado al fiscal general, porque el Tribunal Supremo, con el peor estilo fascista, adelantó el Fallo de la Sentencia, sin que ni siquiera estuviera redactada, (aunque la sentencia estaba puesta desde antes de empezar el juicio) y quisieron adelantar el Fallo, para hacerlo coincidir con una fecha tan significada como el 20 N, 50º aniversario de la muerte del asesino Franco, para recordarnos que todo sigue atado y bien atado y qué son ellos, los Magistrados del Supremo, los encargados de seguir afianzando los nudos que atenazan la democracia y el Estado de Derecho.
El Tribunal Supremo, ha demostrado su suprema indignidad, (se creen intocables e impunes y no lo son) y ha prevaricado porque pueden y les da lo mismo, sabiendo que la sentencia, aún por dictar, se la van a tumbar en el Tribunal Constitucional, pero les da lo mismo, se trataba de cargarse al fiscal general, como hicieron con el juez Garzón, y sin la menor prueba inculpatoria, han seguido la estrategia del Partido Popular y de los fascistas, condenando al fiscal general, para que el presidente del Gobierno se achique y convoque elecciones.
Han cometido la mayor indignidad y el mayor delito de prevaricación de toda la historia de la Judicatura Española, se han cargado toda confianza posible en el sistema judicial y han atentado contra la democracia y el Estado de Derecho.
Madrid ha gritado que no se va a callar, que basta ya, ha gritado su rabia contra la injusticia y la arbitrariedad de unos magistrados que no son independientes y que sólo siguen la estrategia del PP y de los de VOX, pagando favores y prebendas recibidas.
Este Fallo adelantado no ha sido sino la guinda del golpe de estado judicial, golpe blando que le dicen, que el CGPJ viene perpetrando desde que Pedro Sánchez fuera investido como presidente de Gobierno, en 2023.
Como afirma González Mendoza, luchar por la transparencia y la independencia judicial es luchar por la depuración del aparato del Estado, una tarea pendiente desde la Transición. Y esa lucha, en última instancia, es inseparable de la lucha por la República. Porque solo en una República que garantice la separación real de poderes y la democratización de la justicia, podremos hablar de un Estado verdaderamente libre y soberano.
Las transformaciones económicas, sociales y tecnológicas de las últimas décadas han alterado profundamente las condiciones en las que se desarrolla la vida democrática y el propio papel del socialismo como proyecto político. No asistimos al fin de la democracia, pero sí a un debilitamiento de su base social y material, que exige una reflexión honesta y estratégica por parte de las fuerzas socialistas.
La globalización, la digitalización y los cambios en los modelos productivos han generado crecimiento y avances tecnológicos, pero también han provocado precarización laboral, concentración de riqueza, inseguridad vital y una creciente sensación de injusticia entre amplios sectores de la clase trabajadora. Esta percepción se ve agravada cuando el esfuerzo individual —trabajo, cotización, cumplimiento de normas— no encuentra una correspondencia clara en las políticas públicas, erosionando la confianza en el sistema democrático y en la política como herramienta de mejora colectiva.
Desde una perspectiva socialista, resulta imprescindible reafirmar una idea central: el Estado social se sostiene sobre el trabajo, la contribución y la reciprocidad. Las políticas públicas deben proteger a quienes lo necesitan, pero también reforzar el vínculo entre derechos y participación en la comunidad política. Todo el mundo debe recibir en función de sus necesidades, pero también todo el mundo debe aportar en función de sus posibilidades. Cuando las ayudas sociales se perciben como desvinculadas de cualquier compromiso de contribución a la sociedad, se genera desafección entre la clase trabajadora activa, se expande el concepto de «parasitarismo» que fracciona la clase trabajadora y se cuestiona y debilita la legitimidad del propio Estado del bienestar, dejando el terreno abonado a la ultraderecha que pesca en los caladeros de los barrios obreros, donde la desigualdad se da la mano con la desinformación.
Este mismo principio debe aplicarse a ámbitos clave como la vivienda, la inmigración o la seguridad. Defender el derecho a la vivienda exige políticas públicas ambiciosas, pero también garantizar seguridad jurídica y equidad para quienes, con grandes esfuerzos, cumplen sus obligaciones.
En materia migratoria, una política progresista debe combinar derechos, integración laboral y exigencia de convivencia cívica, diferenciando con claridad entre quienes vienen a trabajar y aportar y quienes vulneran las normas comunes. No hacerlo favorece discursos simplistas que la extrema derecha instrumentaliza con facilidad. De la misma manera que se lucha por la convivencia y la cohesión social, se deben redoblar los esfuerzos por eliminar las causas que obligan a la gente a ejercer el derecho a la emigración para sobrevivir y prosperar.
Junto a estas cuestiones, el socialismo debe reabrir debates estratégicos que han quedado relegados o tratados de forma tímida. Entre ellos, el papel de la propiedad pública en sectores estratégicos como la energía y la banca. La experiencia reciente demuestra que dejar estos ámbitos exclusivamente en manos del mercado limita la capacidad del Estado para garantizar precios justos, seguridad de suministro y orientación del crédito hacia objetivos productivos y sociales. Plantear fórmulas de propiedad pública, participación estatal o control democrático no es una reliquia ideológica, sino una respuesta pragmática a fallos estructurales del mercado.
Asimismo, resulta imprescindible situar en el centro las políticas públicas de vivienda, transporte y regulación de los mercados.
El acceso a una vivienda digna, a un transporte público eficiente y a mercados regulados que eviten abusos no son políticas accesorias, sino pilares materiales de la igualdad de oportunidades y de la cohesión social. Sin estos elementos, la democracia pierde contenido real y se convierte en un marco formal cada vez más frágil.
Un reto específico de nuestro tiempo (o quizás no tanto) es el impacto de la automatización y de la inteligencia artificial en el empleo. La introducción de nuevas tecnologías puede aumentar la productividad, pero también destruir puestos de trabajo y debilitar la base contributiva del sistema de protección social. El socialismo no puede limitarse a celebrar la innovación ni a demonizarla: debe gobernarla.
En este sentido, resulta legítimo y necesario abrir el debate sobre nuevos sistemas de cotización y fiscalidad que tengan en cuenta el impacto de las decisiones empresariales sobre el empleo. Un modelo en el que las empresas que destruyen empleo de forma sistemática mediante automatización contribuyan más al sistema, mientras que aquellas que mantienen o crean empleo estable sean incentivadas, permitiría adaptar el Estado del bienestar a la nueva realidad productiva. No se trata de frenar el progreso tecnológico, sino de repartir de forma justa sus costes y beneficios.
El papel de las grandes empresas tecnológicas y de las plataformas digitales refuerza esta necesidad de regulación democrática. Su capacidad para influir en la economía, el empleo y el debate público supera con creces los marcos regulatorios actuales. Defender la democracia implica someter estos poderes a control público y garantizar que su actividad contribuya al interés general.
En el ámbito europeo e internacional, estos debates se entrelazan con las discusiones sobre seguridad, gasto público y autonomía estratégica. Una política socialista coherente debe rechazar falsas dicotomías entre seguridad y derechos sociales, y defender que la verdadera seguridad se construye sobre empleo digno, servicios públicos fuertes y cohesión social.
Y es en el marco de los servicios públicos, donde los mal llamados «liberales» y la ultraderecha abonan el terreno para desprestigiar la sanidad y la educación públicas para que los mercados privados que ellos mismos favorecen e incentivan, emerjan, ganen cuota de mercado a lo público, y lo que es incluso peor….exista una transferencia cada vez mayor de dinero público al sector privado, que hasta ahora, ha sido, tristemente tolerado, cuando no defendido, por políticos de izquierda, que intentan convencernos de que sería imposible mantener un sector únicamente público porque sería insostenible económicamente.
La transición ecológica es un objetivo irrenunciable, pero su diseño actual plantea problemas de justicia social que el socialismo no puede ignorar. Las políticas de ayudas a la compra de vehículos eléctricos, tal como están concebidas, benefician de manera desproporcionada a las rentas más altas, capaces de adelantar inversiones elevadas y acceder a infraestructuras privadas de recarga, mientras dejan al margen a amplios sectores de la clase trabajadora que dependen de vehículos antiguos o del transporte público insuficiente.
Lo mismo sucede con las zonas de bajas emisiones que prohiben la circulación de vehículos «contaminantes» sin que las políticas de transporte público cubran las necesidades de los trabajadores y trabajadoras.
O con las nuevas regulaciones de las tasas de recogida y tratamiento de residuos, que encarecen nuestra contribución a la limpieza del planeta y al aprovechamiento de los recursos mientras el planeta es destruido por bombas, misiles altamente contaminantes o mientras consumimos gas licuado estadounidense extraído con técnicas contaminantes como «fracking», tan del gusto de Donald Trump. Eso sí, cerramos las minas, seguimos siendo un país energéticamente dependiente de otros, y regalamos la producción de energía renovable a las mismas empresas que se lucraron con las energías no renovables.
Al mismo tiempo, la descarbonización de sectores industriales y productivos tiene un impacto directo sobre el empleo y las condiciones de vida en determinados territorios, generando incertidumbre y miedo al empobrecimiento. Reconocer estos efectos no es negacionismo climático, sino una condición necesaria para que la transición sea socialmente sostenible. Sin políticas públicas que garanticen alternativas reales de empleo, formación, movilidad asequible y reparto equitativo de los costes, la transición ecológica corre el riesgo de percibirse como un proyecto impuesto desde arriba, debilitando el apoyo social necesario para afrontarla con éxito.
En definitiva, los retos del socialismo en la sociedad actual no son nuevos, son la evolución del viejo capitalismo, tan documentado y predictible para los marxistas, tan denostados por los socio-liberales y liberales.
A la socialdemocracia no le basta con resistir el avance de discursos autoritarios, sino que debe reconstruir un proyecto político reconocible para la mayoría social trabajadora. Dicho de otra manera, los populismos y la ultraderecha no crecen espontáneamente, sino que lo hacen ante la falta de una respuesta eficaz a las preocupaciones y necesidades de la mayoría social.
Un proyecto debe combinar derechos y deberes, protección y responsabilidad, innovación y justicia social. Abrir estos debates sin miedo ni consignas es una condición necesaria para fortalecer la democracia y renovar el compromiso socialista con la transformación social.
En los EE.UU., las elecciones las suele ganar el partido que más dinero recauda entre los donantes. El 26 de octubre, en Argentina, hemos visto que un elemento fundamental ha sido el apoyo de Trump con 20.000 millones de dólares al Gobierno de Milei, en las elecciones para elegir senadores y diputados nacionales.
En la política, particularmente en los procesos electorales, se debería aplicar un sistema “antidoping”, como en el deporte, de tal manera que los partidos y candidatos salgan todos desde la misma línea, económica.
No solo es la cantidad de dinero que los partidos y sus candidatos reciben -aunque al final todo se traduce en coste económico-, también influye el apoyo mediático y la acción de las redes sociales -redes sociales que son propiedad de los tegnomagnates de las Big Tech-.
Si el punto de partida de la democracia, que es la elección de los representantes del pueblo, y se quiere mantener que “la soberanía reside en el pueblo” (art.º 1.2 de la Constitución Española) habrá que garantizar que eso es cierto.
Continuando con la metáfora deportiva, en el desarrollo del campeonato no debería permitirse la trampa, y para eso están los árbitros -jueces de primera instancia- que interpretan los reglamentos. Bien es cierto que en el deporte también hay evidencias, aunque estén sub iudice y por tanto presuntas, de compra de árbitros.
Nuestro Gobierno de coalición y de la democracia.
En este “campeonato” los rivales de quienes ganaron la primera ronda –victoria para formar Gobierno en aplicación de las reglas del juego– vienen pidiendo que se anule la competición desde el minuto uno del partido. Además, con el fallo anticipado y su posterior sentencia de condena al Fiscal General del Estado, se pone en evidencia que, no ya los “árbitros” de campo, los altos tribunales toman posición de parte. Con todo esto, cómo cabe esperar que no haya una desmotivación hacia la política, o lo que es lo mismo; hacia la democracia. Lo que ocurre es que es una desmotivación artificial, creada ad hoc para obtener lo que las urnas no les dieron.
No obstante, en la competición de élite, y gobernar lo es, no vale escudarse en las trampas del contrario, como en fútbol, no sirve con jugar bien, hay que meter goles, y este Gobierno hay fases del juego en las que no tira a puerta y otras en las que no defiende bien.
Reprocho al Gobierno, y a Pedro Sánchez en particular, que se haya dejado meter goles por la escuadra, por una serie de personajes como: Leire Díez, José L. Ávalos, Santos Cerdán y que haya mantenido, incluso que se haya visto tentado de subir al podio a puercos como los que compañeras del PSOE venían denunciando desde hacía tiempo. ¿No tienen ninguna responsabilidad los miembros de la Comisión de Ética y Garantías, que han fallado a la hora de garantizar los derechos de las afiliados y afiliados y del cumplimiento del Código Ético?
Reprocho al Gobierno, a todos los partidos que lo componen por tratarse de un órgano colegiado, que no estén proponiendo soluciones ciertas y urgentes al drama social insoportable de la vivienda, con cambios legislativos contundentes que aparten a los fondos buitre y apliquen una fiscalidad que castigue a los especuladores, y combinado con un programa de construcción de vivienda social y pública que inunde la oferta, un plan a medio y largo plazo, que impida por ley que la vivienda social pueda ser vendida -si es social y construida y/o financiada con dinero público, nadie debería poder venderla-.
Reprocho al Gobierno, y a la Ministra de Sanidad en particular, que no hayan planteado la derogación de la Ley 15/97, foco de infección de la privatización y la corrupción que se está cebando con la Sanidad Pública.
Reprocho al Gobierno que medidas acertadísimas, como la subida de un 61% desde 2018 del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no haya sido acompañada de otros mecanismos que hubiesen evitado que el salario más frecuente en España cayese de 18.469 € de 2018 a los 16.576 € de hoy, una pérdida del 10,24%, paralelamente el IPC crecía un 18,29%, para el periodo 2018-2024; una pérdida de poder adquisitivo para muchos trabajadores del 28,53%. En esto también tienen responsabilidad los sindicatos, cuyo cometido es luchar por los derechos de los trabajadores.
Reprocho al Gobierno que no se haya cumplido con la Ley 21/2021, en su disposición adicional sexta, y que no se haya encargado una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, para tapar de una vez por todas la boca de los corifeos de la banca y las aseguradoras, sobre la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones.
Hago estos reproches al Gobierno, y otros reproches que no plasmo por no extenderme, porque es el derecho que me da la libertad de expresión y el convencimiento de que a los tuyos no se les ayuda con halagos y adulaciones, sino con crítica política.
Criticar, reprochar e incluso estar enfadado por las decisiones no tomadas por el Gobierno y por el líder del partido al que pertenezco, no me lleva a secundar los planteamientos de los que no juegan limpio.
Resulta grotesco que el primer partido de la oposición apueste por ganar las elecciones en Extremadura, a nombre de que “cuando la situación se estanca hay que darle la voz al pueblo”, pero cuando la situación se pudre, como es el caso de País Valencià, con 229 víctimas mortales, no le dan la voz al pueblo, lejos de eso, le dan el poder al fascismo.
Es estrafalario que los fascistas de VOX sean quienes alienten denuncias a través de sus marcas blancas, como Hazte Oir o Manos Limpias, cuando se está sabiendo que su organización juvenil se ha quedado con el dinero de las donaciones para los afectados por la DANA. Por no ser, no son ni originales, pues ya Rafael Blasco, ex consejero de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana en el Gobierno de Francisco Camps, fue condenado por malversación y prevaricación en el llamado «Caso Blasco», una trama que desvió millones de euros de ayudas a ONG para proyectos en el Tercer Mundo hacia fines personales y empresariales.
Lo que resulta alucinante es que millones de personas estén dispuestas a votar esta gente. Es verdad que los votantes de ideología conservadora pensarán lo mismo del voto de los votantes de izquierda, pero en algún momento habrá que parar, y el frenazo no puede tener como resultado la ruptura de la democracia, cuando ni siquiera se rompió con el franquismo.
Además, y por último, los números no me cuadran:
Por motivos económicos el 75% de la población no puede acceder a una póliza privada de salud, y por los mismos motivos sus hijos e hijas no puede acceder a la universidad privada. En la mayoría de los casos estas familias ven sufrir a sus hijos e hijas cuando pasan los años y se ven obligados a vivir en una habitación en piso compartido ¿Y muchos de ellos votan derecha?
No lo comprendo, mientras tanto, solo hay una salida: que el Gobierno gobierne para esa mayoría social, sin titubeos.
Tribuna Socialista 
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