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Entrevista: Susana Huertas Moya

Secretaria General de UGT en Madrid

“Defender la Salud en el trabajo y los servicios públicos es una obligación moral, no una opción”
Susana Huertas, secretaria general de UGT Madrid, alerta del deterioro de las condiciones laborales, la pérdida de poder adquisitivo y el riesgo de desmantelamiento del Estado de Bienestar.
Reclama coherencia ante el genocidio en Gaza y más firmeza frente a la siniestralidad laboral.


Susana Huertas es Secretaria General de la UGT en Madrid desde el 29 de enero de este año, cuando fue elegida en el 16º Congreso del sindicato. Hasta entonces, había sido la responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente. Vecina de Alcalá de Henares, su carrera en la fábrica IVECO en 1999 y pronto se incorporó a la Sección Sindical de la UGT en la planta madrileña. Desde 2008 ha formado parte de la Comisión Ejecutiva de UGT Madrid, donde ha desempeñado durante más de tres lustros una intensa labor en defensa de la salud laboral, la prevención de riesgos y la sostenibilidad ambiental.

Pregunta.- Uno de los asuntos que tiene movilizados a los pueblos de medio mundo es el Genocidio que Israel ha perpetrado en GAZA, desde octubre de 2023 ¿Continuará UGT contribuyendo a esta movilización hasta que se haga justicia; con la devolución de todos los territorios ocupados a Palestina y que Netanyahu y los demás genocidas de su gobierno sean juzgados?

Respuesta.- Por supuesto. No se puede permanecer en silencio ante una masacre de esta magnitud. Lo que está ocurriendo en Gaza y Palestina es una violación flagrante del derecho internacional y de los derechos humanos. UGT ha estado siempre del lado de la paz y de los pueblos oprimidos, y lo seguiremos estando. Nuestra obligación moral es denunciar el genocidio y exigir que se juzgue a los responsables. No se trata de política exterior, se trata de humanidad. Mientras haya vidas destruidas por las bombas, seguiremos movilizándonos hasta que se haga justicia y Palestina recupere su libertad.

P.- ¿Qué opinión te merece que nuestro gobierno continúe manteniendo relaciones diplomáticas con Israel?

R.- España ha dado pasos importantes en la defensa de los derechos humanos y en el reconocimiento del Estado palestino, y desde UGT valoramos ese compromiso. Es fundamental que nuestro país mantenga una política exterior alineada con los principios de paz, legalidad internacional y solidaridad.

Entendemos que las relaciones diplomáticas tienen múltiples dimensiones, pero creemos que, ante situaciones tan graves como las que se viven en Gaza, es necesario seguir avanzando hacia una postura más firme y coherente con los valores que España defiende.

Desde UGT seguiremos colaborando con el Gobierno y con la sociedad civil para que nuestras acciones internacionales reflejen ese compromiso ético. La coherencia entre los principios y las decisiones políticas es clave para construir una política exterior verdaderamente comprometida con los derechos humanos.

P

“Cada muerte en el trabajo es un fracaso colectivo que podía haberse evitado” .- En nuestro país, en el periodo 2020-2024 murieron 3.410 trabajadores y trabajadoras en accidente laboral; de ellas, 423 (12,40%) perdieron la vida en la Comunidad de Madrid. Desde tu punto de vista, como experta en la materia, ¿cuál o cuáles son las causas de este número tan elevado de muertes?

R.- Las causas son múltiples, pero todas tienen un denominador común: la falta de prevención y de responsabilidad empresarial. Se han normalizado las jornadas largas, la subcontratación y la precariedad. Muchos trabajadores no reciben formación suficiente, ni disponen de medios adecuados para trabajar con seguridad. A eso se suma el estrés, la fatiga y la presión productiva. En Madrid, donde predominan sectores como la construcción o la logística, el riesgo es aún mayor. Cuando el beneficio se antepone a la vida, ocurren tragedias que no son accidentes, sino consecuencias de un modelo laboral injusto.

P.- ¿Qué plan de acción proponéis desde UGT-Madrid para combatir esta insoportable situación?

R.- Nuestra prioridad es situar la salud laboral en el centro de las políticas públicas. Pedimos un plan integral contra la siniestralidad laboral con más medios para la Inspección de Trabajo, sanciones ejemplares a las empresas que incumplen la ley y programas de formación y sensibilización en todos los sectores. Además, defendemos incluir la salud mental dentro de la prevención de riesgos laborales. Las depresiones, el agotamiento o la ansiedad también son consecuencias del trabajo y deben tratarse como tales. Ninguna persona debería jugarse la vida por ganársela.

P.- En relación con los tres tipos de salario que reciben los trabajadores y trabajadoras: el que reciben en nómina; el diferido, cuando se jubilan; y los servicios públicos pagados con sus impuestos ¿Qué diagnóstico haces?

R.- Son tres dimensiones inseparables del bienestar. No podemos analizar los salarios sin hablar de pensiones ni de servicios públicos, porque todo forma parte del mismo contrato social. Si se debilita una, se resienten las otras dos. Y eso es lo que estamos viendo.

P.- En el primero se ha perdido mucho poder adquisitivo, sobre todo si comparamos el crecimiento de los salarios con el IPC de la cesta de la compra o con el de la vivienda. Un dato preocupante es que el salario más frecuente en España se ha reducido un 15,72%, al pasar de los 18.480 € de 2020 a los 15.575 € actuales ¿No crees que habría que incrementar la exigencia de recuperar el poder adquisitivo perdido?

R.- Sí, absolutamente. La gente trabajadora ha soportado el peso de la inflación mientras los beneficios empresariales batían récords. Hay que subir los salarios para recuperar poder adquisitivo y dignidad. Los convenios colectivos deben garantizar cláusulas de revisión salarial vinculadas al coste de la vida. No se puede vivir dignamente con sueldos que no alcanzan para cubrir lo básico. Cuando el salario se estanca y los precios suben, como el de la vivienda, la desigualdad se dispara y la sociedad se rompe.

Manifestación en Madrid 1º de mayo 2025

P.- Las pensiones, también se han visto afectadas por el alza de los precios. Sin embargo, preocupa el constante soniquete sobre la inestabilidad del sistema, que llega desde los medios económicos vinculados a las rentas del capital. La Ley 21/2021, en su disposición adicional sexta, establece la obligación de encargar una auditoria a las cuentas de la Seguridad Social, por parte del Gobierno.

¿No crees que es necesario aclarar las cuentas de la Seguridad Social, es decir de las pensiones de jubilación, para que de una vez por todas se deje de meter miedo y de crear un clima de opinión contra las pensiones públicas, con la clara intencionalidad de inducir a la contratación de planes de jubilación privados?

R.- Totalmente. Ese discurso de que las pensiones públicas son inviables es falso y peligroso. Lo repiten quienes tienen intereses en los fondos privados. La Seguridad Social es perfectamente sostenible si se crea empleo estable y se cotiza de forma justa. Lo que necesitamos es transparencia. La auditoría de las cuentas, como establece la Ley 21/2021, debe hacerse y publicarse. Solo así se desmontará la manipulación que pretende debilitar el sistema público para favorecer el negocio privado. Las pensiones son un derecho, no un gasto.

P.- Una parte del salario va a sostener los servicios públicos. Es por eso que el sindicalismo de clase ha defendido siempre los pilares básicos del Estado de Bienestar: Sanidad, Pensiones, Educación y Dependencia. El efecto de la privatización en los servicios públicos está causando graves perjuicios para la mayoría de nuestra sociedad.

¿Crees que habría que derogar leyes, como por ejemplo la Ley 15/97, que abre las puertas de par en par a la privatización de la Sanidad Pública?

R.- Sin duda. Esa ley abrió la puerta a un modelo que convierte la salud en un negocio. La sanidad pública debe ser universal, gratuita y de gestión directa. Cada vez que se privatiza un servicio, se pierden recursos, se deteriora la calidad y se genera desigualdad. Lo vemos en Madrid con hospitales saturados, listas de espera interminables y profesionales desbordados. Derogar la Ley 15/97 sería un paso fundamental para blindar el derecho a la salud. Lo público es garantía de igualdad, y sin igualdad no hay justicia social. No se trata de demonizar la sanidad privada, si no garantizar una sanidad pública, universal y de calidad.

P.- Para terminar, ¿cómo resumirías el compromiso de UGT Madrid?


R.- En tres palabras: vida, trabajo y derechos. Luchamos para que nadie muera por trabajar, para que cada persona cobre lo que merece y para que los servicios públicos sigan siendo un escudo frente a la desigualdad. Esa es nuestra razón de ser. Defender la dignidad de quienes levantan este país cada día no es una opción, es una obligación.

Asamblea conjunta UGT y CCOO en Madrid. 22 de julio de 2025
Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista

Entrevista: Belén Guirao Segrelles

Secretaria General de RUGE-UGT

Belén Guirao es graduada en Derecho por la Universidad de Murcia y egresada del Máster en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Desde el 11 de abril, es Secretaria General de la organización de jóvenes de UGT, RUGE – Revolución Ugetista.

Su trayectoria en RUGE incluye una sólida experiencia en la Comisión Permanente, donde fue responsable de las áreas de Internacional y Asociacionismo. Además, ha tenido la oportunidad de representar a UGT y RUGE en espacios de relevancia tanto a nivel europeo, formando parte del Comité de Jóvenes de la CES, como en ámbitos nacionales relacionados con la juventud.

Estas experiencias le han permitido defender con firmeza la lucha por la igualdad, la solidaridad antifascista internacional, así como un profundo compromiso con las causas sociales y laborales.

Pregunta.- El pasado mes de abril fuiste elegida responsable de la Asociación juvenil confederal de la Unión General de Trabajadores ¿Cuáles son tus tres principales objetivos al frente de RUGE – Revolución Ugetista?

Respuesta – Sí, efectivamente. El pasado 11 de abril, tuvo lugar la III Asamblea General de RUGE – Revolución Ugetista, la organización de jóvenes de UGT-. En, renovamos la Comisión Permanente Confederal, nuestro órgano interno de dirección y representación, y en el que salí elegida como Secretaria General para los próximos 3 años.

El nuevo equipo está integrado además por Juan Antonio Báez, como Secretario de Organización, Socioeconómica y Comunicación; Alejandro Braña, Secretaría de Administración y Memoria histórica; Sara González, Secretaría de Relaciones Internacionales, Igualdad y Transición Ecológica; Samuel Martín, Secretaría de Acción Sindical; Antoni Mestre, Secretaría de Empleo e Institucional; y Ana María Sánchez, Secretaría de Juventud Rural y Formación.

También aprobamos el Programa de Acción, en el que plasmamos como objetivo fundamental continuar el trabajo para mejorar las condiciones sociolaborales de las personas jóvenes. Desde la nueva Comisión Permanente, nos hemos propuesto trabajar, no solo dentro de los centros de trabajo, a través de la incorporación de la perspectiva juvenil en la negociación colectiva con la participación activa de jóvenes delegadas y delegados de UGT y de la formación continua de nuestros cuadros sindicales, sino también a nivel externo, superando las lacras socioeconómicas que tenemos que afrontar las personas jóvenes simplemente por nuestra edad, como es claramente el problema de la vivienda y la emancipación juvenil.

Pregunta.- En los países de la UE, en promedio, los y las jóvenes plantean emanciparse de sus padres a los 26,4 años. En España, este propósito no comienza a ser posible hasta los 30,3 años ¿Cuáles crees que son los motivos para que haya este desfase desfavorable para nuestra juventud?

Respuesta – Históricamente, en España, se ha achacado el problema de la emancipación de las personas jóvenes a una serie de factores, entre los que tenían más valor los factores culturales, que los socioeconómicos. Bajo mi punto de vista, este argumento era muy simple y nada justo para las y los jóvenes.

Es cierto que, en otros países de Europa como Alemania, Austria o los países nórdicos, las personas jóvenes se emancipan a edades tempranas o, incluso, recién cumplida la mayoría de edad. Sin embargo, en esa comparación, a veces olvidamos que en estos países se fomenta una emancipación gradual, a través de sistemas de bienestar, políticas públicas de vivienda y ayudas a la educación, que, en conjunto, facilitan esa emancipación de las personas jóvenes.

En cambio, en España, hasta hace unos años, se seguía diciendo que «quién no se emancipa, es porque vive muy bien en casa de sus padres» o que las jóvenes nos quedamos en casa por lazos familiares. Lo cierto es que hay multitud de factores que influyen como: los sueldos, el precio de la vivienda, la gentrificación de nuestros barrios y alquileres por las nubes, falta de oferta…

El resultado, no es solo una juventud cada vez más dependiente, que debe retrasar sus proyectos vitales, sino que este problema afecta ya a la clase trabajadora en general, tengan 25 o 45 años.

Pregunta.- Por continuar comparándonos con el mismo entorno, la vivienda pública y/o destinada a alquiler social en los 27 miembros de la UE es del 9,3%, mientras que en nuestro país no llega al 3% ¿Qué políticas concretas debiera aplicar el Gobierno para paliar este déficit?

Respuesta – El porcentaje actual de vivienda pública y/o destinada a alquiler social, responde a la falta de política social y pública de vivienda, y creo que incluso reafirma lo que he dicho anteriormente. El problema que tenemos actualmente en materia de vivienda ya no solo las personas jóvenes, sino en general cualquier persona trabajadora, teniendo en cuenta el inasumible precio de los alquileres o compra, se debe a la ausencia de políticas decididas y ambiciosas por parte de otros Gobiernos durante legislaturas anteriores.

En otros países, como Austria en 1919, los socialdemócratas adoptaron un programa de construcción de vivienda pública, mediante el gravamen de bienes de lujo. En tan solo unos años, se habían construido más de 50.000 viviendas, financiadas por un impuesto a los más ricos.

En España, necesitamos medidas similares, medidas que no tengan miedo a perjudicar a la clase social que hace negocio con la vivienda. Y aquí, en tanto tienen las competencias sobre la materia, juegan un papel fundamental las Comunidades Autónomas y municipios. Ambos deben actuar como promotores de vivienda, bien sea comprando suelo, promoviendo la rehabilitación y/o adquisición de las ya construidas y cerradas.

Por lo que hace a las medidas por parte del Gobierno, hay múltiples opciones, pasando desde haciendo efectivo el acuerdo en el Pacto de Gobierno de dedicar el 1% del PIB a ello, como establecer incentivos fiscales y ayudas directas para promover la inversión privada en vivienda social, facilitar el acceso a jóvenes y colectivos vulnerables.

Belén Guirao en distintas facetas de la actividad sindical

Pregunta.- Entre 2018 y 2021 el salario más frecuente en España se estancó en torno a los18.500 euros brutos anuales. Hoy, se ha desplomado hasta los 16.495,84 € brutos anuales, en septiembre del pasado año (datos del INE), es decir, igual al SMI actual ¿Cómo afecta este avance de la precariedad salarial a los y las trabajadoras jóvenes?

Respuesta – En España, gracias a la Reforma Laboral de 2021, junto con otras medidas de estimulación de la economía y del empleo, hemos visto como los datos de empleo joven han ido mejorando. Ahora mismo tenemos una tasa de paro del 19,1%, hemos alcanzado un récord histórico de jóvenes menores de 30 años afiliados a la Seguridad Social, tan solo 1 de cada cuatro jóvenes trabaja a tiempo parcial, etc.

Sin embargo, en los últimos años, las posibilidades de emancipación de las personas jóvenes se han visto fuertemente condicionadas como consecuencia del aumento desorbitado de los precios de la vivienda y la precaria situación salarial que tienen algunas jóvenes en el mercado laboral. A pesar de que en tan solo unos años el SMI haya subido de 735 € mensuales, a 1.184 € al mes, viéndose especialmente beneficiadas las personas jóvenes, los salarios de las personas jóvenes siguen siendo muy bajos. Desde el año 2020, los ahorros de la población joven se han recortado un 26%. Actualmente, tenemos una brecha salarial del 33% entre una persona joven y la media nacional. Esta brecha salarial, junto con la continuada subida de precios – que, por cierto, a las grandes cadenas y empresas se les están empezando a acabar las razones y se les están empezando a ver los intereses- perpetúa la dependencia de la familia y la incertidumbre sobre el futuro.

Pregunta.- UGT encabezó el movimiento contra la guerra de Irak en 2003. Hoy, 22 años después, hace tres años que sufrimos una guerra en suelo europeo y desde hace más de año y medio asistimos a un genocidio brutal en Gaza, por parte de Israel ¿Piensas que se está haciendo todo lo posible para parar esta barbarie?

Respuesta- La situación en Palestina ya era grave hace tres años, pero ha alcanzado un nivel inconcebible: estamos hablando de un verdadero genocidio. Por esto mismo, y por el más puro sentimiento de humanidad, tanto UGT como RUGE siempre han estado con Palestina. De hecho, ya en 1989, Nicolás Redondo entregó el Premio a la Paz a Yaser Arafat, lo que demuestra ese compromiso histórico.

A día de hoy, seguimos apoyando la causa palestina tanto en el ámbito nacional como internacional. En España, hemos impulsado múltiples plataformas, incluida la del Reconocimiento del Estado Palestino, que se logró hace más de un año y que era una reivindicación sindical desde hacía décadas.

En el plano internacional, promovimos junto a la LO Noruega una resolución histórica en la CSI, lo que permitió a nuestra organización adoptar una postura clara en defensa de los trabajadores palestinos. Y, además, en Europa llevamos meses defendiendo la revisión del acuerdo de asociación, logrando que en el movimiento sindical europeo se esté avivando ese debate.

UGT hasta ha estado hace unas semanas en el Congreso de la PGFTU en Ramallah, el único sindicato español presente. En cualquier caso, cuando se trata de un genocidio, de la impunidad de una masacre como esta, siempre parece que queda mucho más por hacer, si bien, no creo que eso ya depende de nosotras.

Pregunta.- ¿No crees que haya margen para intensificar la movilización social en España contra el genocidio en Gaza?

Respuesta- Sí, totalmente. Creo que concretamente hay un margen grande para trabajar de forma unitaria.

De hecho, UGT y RUGE participan en el Grupo Libertad para Palestina, una plataforma que se centraba en lo que compartimos todas las organizaciones y entidades con la causa palestina, el fin del genocidio. Lamentablemente, creo que muchos colectivos de este Grupo se han enfocado en las diferencias y en querer ser los únicos en un espacio, la defensa palestina, que creo que nos pertenece a todos y debe ser compartido.

En cualquier caso, RUGE y UGT siguen a favor del trabajo y compromiso conjunto por Palestina, sin exigencias ni búsqueda de protagonismo. La única forma de intensificar la movilización social es abriendo el espacio a todos los que creemos en una Palestina libre y que no tenemos interés en ponernos medallas de pureza ideológica ni similares.

Pregunta.- A tu modo de ver ¿no ha llegado la hora de romper relaciones con el Estado de Israel, por las atrocidades genocidas que está cometiendo? Obviamente corresponde al Gobierno dar ese paso.

Respuesta – Considero que en la situación Palestina se debe hacer un análisis claro y frio de cuál es la mejor fórmula para ayudar al pueblo palestino. Creo que la única salida a este conflicto es a través del diálogo y la diplomacia, no solo por nuestra defensa de la paz – que también – sino porque llegados este nivel es la única oportunidad que tiene el pueblo palestino de existir.

Creemos en la coexistencia pacífica de dos Estados, situación que ahora es imposible por culpa de las actuaciones genocidas de Israel. Sin embargo, romper relaciones con Israel nos invalida para estar en las mesas de negociación y diplomacia, nos invalidaríamos a nosotros mismos en la Unión Europea para cuestionar el acuerdo de asociación con Israel. La pregunta es si queremos que haya una voz que defienda los derechos palestinos en esas reuniones o que en estas negociaciones el Gobierno español, que tiene mucha más sensibilidad con Palestina que la mayoría de sus socios europeos, no esté presente. Es muy difícil que eso llegue a beneficiar a Palestina.

Una organización grande y con capacidad de influir en la política internacional del Estado como la nuestra debe tener un planteamiento serio y preguntarse si sus actuaciones tienen un impacto real en la situación del pueblo palestino o si solo quiere perseguir un objetivo romantizado, muy coherente pero ineficiente para la transformación de la realidad del pueblo palestino. Creo que tanto RUGE como UGT apuestan por la primera cuando se trata de la solidaridad con las compañeras.

Pregunta.- Es evidente que son muchos los problemas sociales que vive vuestra generación

¿Qué mensaje le quieres lanzar a las y los jóvenes, trabajadores y estudiantes, desde el ala joven de la UGT?

Respuesta – Desde la nueva Comisión Ejecutiva de RUGE – Revolución Ugetista, la organización de jóvenes de UGT, queremos enviar un mensaje de esperanza y tranquilidad a todas las personas jóvenes, trabajadoras, estudiantes o paradas. Es lícito que nuestro futuro nos preocupe, genere ansiedad o malestar, sobre todo al tener que enfrentarnos continuamente a barreras como la precariedad laboral, periodos de prácticas fraudulentos o la dificultad para acceder a una vivienda digna.

Sin embargo, también queremos recordar que organizaciones como RUGE o UGT, trabajamos todos los días por mejorar nuestra situación y acabar con estos problemas endémicos. La reivindicación, la lucha de clases y el sindicalismo son las herramientas que tenemos las personas trabajadoras para cambiar las cosas. Por ello, os animamos a seguir luchando por vuestros – nuestros – derechos y a participar activamente en las organizaciones sindicales.

La juventud tenemos la fuerza, la energía y la determinación para transformar nuestro entorno. No nos conformamos con abanderar el cambio, lo hacemos posible. Así que os animamos a que sigamos luchando, reivindicando y organizándonos porque, como dijo Miguel Hernández, “la salvación de España, de su juventud depende”.

Comisión Permanente Confederal de RUGE-UGT 11 de abril de 2025
Roberto Tornamira
para Tribuna Socialista

45 años de lucha y compromiso.

El legado de UGT Andalucía


Con cuatro décadas y media de historia, UGT Andalucía celebra su 45 aniversario como pilar esencial en la defensa de los derechos laborales y la construcción de una sociedad más justa. Desde sus inicios, el sindicato ha evolucionado con los cambios políticos, económicos y sociales, adaptándose para seguir siendo la voz de la clase trabajadora andaluza.

Los inicios de la lucha sindical

La historia de UGT Andalucía se enmarca en la transición democrática. Tras años de exilio, represión y clandestinidad, en 1976 UGT celebró su 30º Congreso en Madrid, el primero celebrado en España tras la Guerra Civil, bajo el lema “A la unidad sindical por la libertad”, marcando un paso decisivo hacia su reconocimiento oficial. En 1977, con la legalización de las centrales sindicales, UGT se consolidó como abanderada de la defensa de los derechos laborales en una España en plena apertura democrática.

Paralelamente, Andalucía vivía un periodo de profundas transformaciones, marcado por la consolidación de la democracia, la crisis económica y el avance del Estado de las Autonomías. En este escenario de incertidumbre y esperanza, se hizo patente la necesidad de contar con una organización sindical fuerte y autónoma, capaz de defender con voz propia los derechos de la clase trabajadora andaluza. Desde mediados de la década, un grupo de sindicalistas comenzó a articular una estructura regional de UGT, coordinando a las uniones provinciales para sentar las bases de un proyecto común que respondiera a las problemáticas específicas de la comunidad.

El 12 y 13 de enero de 1980, en la localidad malagueña de Fuengirola, se celebró el primer Congreso Regional de UGT Andalucía, bajo el lema “Nuestra lucha, Andalucía”, en el que se aprobaron los estatutos y las resoluciones que marcarían el rumbo del sindicato en los años venideros, estableciendo líneas de actuación claras en la lucha contra el desempleo, la precariedad laboral y la desigualdad social. Además, UGT Andalucía desempeñó un papel fundamental en el referéndum del 28 de febrero, promoviendo el voto favorable al Estatuto de Autonomía.

Consolidación en los años 80

Durante los 80, UGT Andalucía se consolidó como fuerza sindical de referencia. La aprobación del Estatuto de los Trabajadores en 1980 y la firma de los acuerdos como el Acuerdo Nacional sobre Empleo en 1981 y el Acuerdo Económico y Social en 1984 sentaron bases para relaciones laborales más justas. Además, el sindicato demostró su compromiso con la defensa de la democracia tras el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

La huelga general del 14 de diciembre de 1988, convocada junto a CCOO, evidenció la fuerza de la unidad sindical y obligó al Gobierno a retirar un plan que precarizaba el empleo juvenil. Este hito marcó un punto de inflexión en la acción sindical y reforzó la posición de UGT como actor clave en la defensa de los derechos laborales.

UGT Andalucía impulsó la igualdad de género con la creación del Departamento de la Mujer en 1986 y dio voz a la juventud trabajadora mediante el Departamento de Juventud, creado en 1983.

Desafíos de los años 90

Los 90 estuvieron marcados por movilizaciones y la consolidación de UGT Andalucía como la primera fuerza sindical de la región. La huelga general del 28 de mayo de 1992, en respuesta al “Decretazo”, reafirmó la capacidad de movilización del sindicato para defender los derechos laborales.

Durante esta década, UGT Andalucía también jugó un papel clave en la seguridad laboral, la igualdad de género y la protección de los trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Los acuerdos de concertación social entre sindicatos, administración autonómica y empresarios consolidaron un modelo de diálogo que garantizaba avances en empleo, formación y desarrollo económico.

Adaptación a los nuevos retos del siglo XXI

Desde el año 2000, el sindicato afrontó nuevos desafíos derivados de la globalización y la digitalización del mundo laboral. La concertación social siguió siendo clave, logrando avances en la regulación del empleo temporal, la reforma del PER y la integración de trabajadores y trabajadoras inmigrantes. Hubo también momentos de fuerte movilización, como la huelga general de 2002 contra la reforma de la protección por desempleo.

UGT Andalucía reforzó su compromiso con la igualdad de género y la memoria histórica, y en 2002 creó la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA) para conservar y difundir su patrimonio sindical.

Resiliencia ante la crisis de 2008

La crisis económica global de 2008 puso a prueba la capacidad de resistencia del sindicato. Con un desempleo creciente y recortes en derechos laborales, UGT Andalucía desplegó su capacidad de negociación y movilización para proteger a la clase trabajadora. Las huelgas generales de 2010 y 2012, bajo lemas como “Así, no” y “Nos dejan sin futuro”, fueron la respuesta del sindicato a reformas que facilitaban el despido y precarizaban el empleo.

A pesar de la difícil situación económica, el sindicato logró avances significativos, como la revalorización del salario mínimo, la firma de acuerdos para mejorar la estabilidad laboral y la promoción de la igualdad de género. Además, reforzó su compromiso con los servicios públicos, liderando movilizaciones en defensa de la sanidad, la educación y la protección social.

Renovación y compromiso social en la actualidad

En la última década, UGT Andalucía ha iniciado una etapa de modernización y adaptación a los nuevos retos del mundo laboral. La incorporación de una mujer a la Secretaría General en 2014 marcó un hito en la historia del sindicato, consolidando su apuesta por la igualdad de género. Durante este periodo, el sindicato ha reforzado su papel en la negociación colectiva, logrando mejoras en los salarios, las condiciones laborales y la protección social.

La pandemia de COVID-19 en 2020 fue un desafío sin precedentes. UGT Andalucía jugó un papel esencial en la defensa de los trabajadores y trabajadoras, promoviendo y negociando los ERTE para garantizar la protección social. También participó en el diseño del Ingreso Mínimo Vital para combatir la pobreza.

En 2024, la lucha sindical sigue avanzando y en julio se firma el Acuerdo para el Impulso de la Participación Institucional en Andalucía, reafirmando la importancia del diálogo social. El sindicato también ha intensificado su compromiso con la sostenibilidad, promoviendo empleos verdes y medidas para mitigar el cambio climático. Asimismo, defiende la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales.

Hacia el futuro: desafíos y compromisos

UGT Andalucía afronta nuevos retos para garantizar el bienestar de la clase trabajadora y la sociedad andaluza en los próximos años. En el ámbito digital, busca adaptar la negociación colectiva al impacto de la inteligencia artificial, la robotización y las plataformas digitales. Ante la transición ecológica, reclama un Pacto de Estado contra el Cambio Climático que fomente las energías renovables y genere empleo de calidad en los sectores verdes.

La igualdad y la diversidad siguen siendo objetivos prioritarios. El sindicato trabaja para eliminar las barreras que dificultan la inclusión de jóvenes, mujeres, migrantes y colectivos vulnerables, promoviendo condiciones laborales justas. Asimismo, defiende el acceso a una vivienda asequible como un derecho social y laboral esencial para el bienestar de la clase trabajadora.

La protección de los servicios públicos, como la sanidad, la educación y los servicios sociales, continúa siendo una de sus principales líneas de acción. En el ámbito del empleo juvenil, lucha contra la precariedad y la temporalidad mediante políticas de formación y fortalecimiento de los derechos laborales. Además, apuesta por un cambio en el modelo productivo, impulsando la innovación, la reindustrialización y el desarrollo tecnológico para crear empleo estable y de calidad.

En su compromiso con la Memoria Democrática, UGT Andalucía reivindica la verdad, la justicia y la reparación para quienes defendieron los derechos laborales y la democracia. A través de diversas iniciativas, mantiene viva la memoria de las personas represaliadas y refuerza los valores democráticos en la sociedad.

Con la mirada puesta en el futuro, el sindicato impulsa a una nueva generación de sindicalistas jóvenes, comprometidos con la justicia social, la sostenibilidad y la innovación. Tras 45 años de lucha y compromiso, UGT Andalucía continúa avanzando hacia una sociedad más justa, igualitaria y solidaria.

En los siguientes enlaces podéis ampliar la información:

Video 45º Aniversario: https://www.youtube.com/watch?v=69KXrPWid64

Exposición: https://fudepa.org/principal/galeria/ugt-andalucia-45-anos-de-historia

Pepa Castillejo Martín
Gerente de la Fundación para el Desarrollo
de los Pueblos de Andalucía (FUDEPA)

Misiles o pensiones

Un artículo de La Vanguardia del 23 de enero resumía con este título la situación de Francia, tras el levantamiento de la clase obrera francesa contra la reforma de las pensiones anunciada por el Presidente Macrón mientras, paralelamente, también anunciaba un aumento del gasto militar que llega a los 413 000 millones de euros (un aumento del 35%). Más de 2 millones de trabajadores participaban de la huelga y las movilizaciones. Sin embargo, a pesar de la resistencia de la clase trabajadora, la reforma se ha concretado en el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años, aumentar de 42 a 43 los años para tener la jubilación al 100 por cien y empezar a desmantelar los regímenes especiales. La lucha en defensa de las pensiones continúa en Francia liderada por La Francia Insumisa haciendo tambalear al gobierno de Macron.

Pero, si en Francia se produce esta batalla, «cuando veas las barbas de tu vecino cortar…». Hace unos días, la Comisión Europea lanzaba una amenaza a España: la penalización máxima del Fondo de Recuperación si incumple con la reforma de las pensiones. ¿Y cuál es esta reforma de las pensiones que exige la UE para los españoles?

Cómputo de la pensión

La ampliación progresiva del periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados. UGT y CC.OO piden. que, en líneas generales, se mejore el acceso a la jubilación porque «no hay ningún país en el que se exijan 15 años para cobrar una pensión».

Factor de sostenibilidad

Europa exige que España tenga un factor de sostenibilidad que automatice el equilibrio de las

pensiones, pero este sistema, aprobado por el PP en 2013, no lo quiere el PSOE. España quiere un Mecanismo de Equidad Intergeneracional para que las pensiones suban un 0,6 % de los cuáles el empresario se haga cargo del 0,5 % y el resto lo ponga el trabajador.

Aquí no se tiene en cuenta el aumento progresivo de la esperanza de vida y, por lo tanto, de cobro de pensiones durante más tiempo ni de otros aspectos demográficos como la natalidad o la inmigración.

Por la auditoría a las cuentas públicas

Mientras el debate sobre las pensiones cruza las fronteras para cernirse sobre nuestro país, sigue sin cumplirse la auditoría pública a las cuentas de la seguridad social, que demostraría la viabilidad del actual sistema de pensiones, y el expolio de la caja única de las pensiones cuyos fondos se han saqueado a lo largo de los años para trasladarlos a otros fines. Una vez más, desde Tribuna Socialista trasladamos la exigencia de cumplir con este compromiso.

Más presupuesto para misiles

Mientras se exige menor gasto en pensiones, por otra parte los compromisos adquiridos con la OTAN se van cumpliendo, produciéndose un incremento del gasto militar que este año está previsto en 12317 millones de euros.

Por ello, entre pensiones y misiles: ¡Pensiones!

¡Alto a la guerra!

Baltasar Santos
Comité de Redacción de TS

Carta abierta al Sr. Escrivá, Ministro de Seguridad Social

Cumplan con la Ley 21/2021 y encarguen al Tribunal de Cuentas del Estado el obligado informe de Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.

Introducción
Con esta carta abierta, el grupo de “Sindicalistas por la Auditoría y en defensa de la Pensiones Públicas”, vinculado al CATP, da por terminado el diálogo con el Gobierno que abrieron con la carta al presidente del Gobierno, enviada a Moncloa el 16 de julio y publicada en las páginas 16 y 17 Tribuna Socialista nº 136.
Para seguir el hilo de la carta al señor Escrivá, podéis acceder a la respuesta que el Gabinete de presidencia remitió el 18 de noviembre al grupo de Sindicalistas, publicada en la página 15 de Tribuna Socialista nº 138. Fue en base a esta respuesta de Moncloa que el 1 de diciembre los sindicalistas remitieron una carta al ministro. Ese mismo mes, la Jefa de Servicio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones respondió al grupo de Sindicalistas; cartas publicadas en Tribuna Socialista nº 139, en sus páginas 15 y 16 respectivamente.
El hecho de que con esta carta abierta se ponga punto y final al diálogo epistolar con el Gobierno, no significa que el grupo de Sindicalistas vaya a cejar en el empeño de continuar luchando por defender el Sistema Público de Pensiones. De hecho, en este mismo número 140 de TS, publicamos una nueva campaña que está en marcha, dirigida a los diputados y diputadas que votaron favorablemente a la Ley 21/2021, en la que se obliga al Gobierno a encargar una Auditoría, campaña desde organismos sindicales y sindicalistas.

Señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:

Somos el grupo de “Sindicalistas por la Auditoría y en Defensa de las Pensiones Públicas”, vinculados al Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), que, en el mes de julio, nos dirigimos al presidente de Gobierno en una carta firmada por más de 200 militantes políticos y sindicales, para trasladarle la preocupación que teníamos, y mantenemos, por la nueva reforma de la Ley de Seguridad Social, que se prepara desde su departamento, señor Escrivá.

En dicha misiva explicábamos pormenorizadamente los motivos políticos y económicos por los que no se justifica la ampliación del número de años que se emplea para hallar la base reguladora de las pensiones. El dato principal que justifica nuestra posición nos lo da el Tribunal de Cuentas del Estado, en su informe de 2020 en el que, al analizar el periodo 1989-2013, concluye que el Estado es deudor de la Seguridad Social en, al me- nos, 103.000 millones de euros.

El 18 de noviembre, recibimos respuesta de Moncloa a la carta mencionada. Contestación del Gabinete de presidencia en la que se nos indicaba que se había dado traslado de la misma a su Ministerio. Fue por este motivo por el que el 1 de diciembre registramos una carta dirigida a usted, solicitándole una reunión, con usted y/o con su equipo, para poder trasladarle nuestras consideraciones. Con fecha 12 del mismo mes, su Jefa de Servicio, nos respondió amablemente derivándonos a otra instancia de su Ministerio.

Valoramos positivamente el intercambio epistolar que hemos mantenido y agradecemos las respuestas desde el Gobierno, si bien su contenido es de todo punto insatisfactorio. Y es por ello que hemos decidido responderle de forma abierta.

Celebramos la decisión del Gobierno por la que se incrementarán las pensiones contributivas en un 8,5%, decisión que fue tomada pocos días antes de la última gran Manifestación que discurrió por las calles de Madrid el 16 de octubre del pasado año, por lo que parece evidente que fue una respuesta positiva, tomada con antelación, a la movilización que COESPE y las demás organizaciones que componen el movimiento de pensionistas vienen desarrollando en defensa del Sistema Público de Pensiones.

Sin embargo, nos preguntamos de qué sirve la subida del 8,5% para 2023, si a los futuros pensionistas les reducirán un 8% por efecto de la pretendida reforma del periodo de cálculo de la pensión, y si además no se compensa la pérdida de poder adquisitivo en relación con el IPC de 2021, que cerró en el 6,5% frente al 2,5% con que se revalorizaron las pensiones el año antepasado.

Además de estas cuestiones, que no por coyunturales menos importantes, es para nosotros y nosotras de una importancia fundamental que se lleve a cabo la Auditoría a la que el Gobierno se comprometió en la Ley 21/2021, por la que en febrero de 2022 deberían haber encargado dicha Auditoría y que en julio del mismo año deberían haber presentado el resultado de la misma.

Por otra parte, una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social no puede hacerla una empresa privada por encargo del Gobierno, ni un órgano u organismo vinculado al Gobierno, pues a todas luces carecería de rigor, en tanto que sería un acto de “auto auditoría”. Es por esto que corresponde al Tribunal de Cuentas realizarla, por haber sido el órgano que puso sobre la mesa que la Seguridad Social no es deficitaria, sino acreedora del Estado, y por ser el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público.

Si en el periodo de 24 años estudiado por el Tribunal de Cuentas (1989-2013) son más de 103.000 millones de euros lo que el Estado ha utilizado indebidamente de los fondos de las pensiones, ¿a cuánto asciende la deuda del Estado con la Seguridad Social en el periodo 1967 a 2019, tal como marca la ley?

Parece obvio que el hecho de que el Estado sea deudor de estas magnitudes de dinero, al Sistema de Pensiones Públicas, pone fin a la idea que tanto se reitera, por partes interesadas, de que el sistema es deficitario.

Es inaceptable que el Gobierno no cumpla con una ley votada por el Poder Legislativo, y por los propios partidos que sustentan al Gobierno. Exigimos que se paralicen las negociaciones para la reforma de las Pensiones y que se lleve a cabo la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, por parte del Tribunal de Cuentas del Estado.

Sindicalistas por la Auditoría y en Defensa de las Pensiones Públicas

La campana no va a misa, pero avisa

Han pasado más de tres meses desde que las organizaciones sindicales, UGT y CCOO, alzaron la voz para reivindicar salarios justos para los trabajadores, entendiendo que los beneficios empresariales están alcanzando valores que suponen en muchos casos cifras tan elevadas que ofenden e indignan a muchos asalariados y a sus familias, que han visto como la alta inflación les ha dado un nuevo y duro golpe, siendo víctimas, una vez más, de una crisis a la que a la clase trabajadora no se la puede responsabilizar y mucho menos ser quienes la paguen, una y otra vez; las consecuencias de una inflación que alcanza récords históricos, poniendo en situaciones muy difíciles a muchas familias y, empeorando notablemente la de muchas otras, que ya se encontraban ante situaciones muy precarias. La pérdida salarial acumulada de los trabajadores, desde el año 2013, viene siendo la dinámica normal ante las diferentes y anteriores crisis. Esto deriva a un aumento de la pobreza y pone en el umbral de la misma a muchas otras familias.

Tal y como he dicho al principio, los sindicatos alzaron la voz… y poco más. Creo recordar un par de concentraciones bajo el lema “salario o conflicto”: la primera, el 7 de octubre, por el “día internacional del trabajo decente”, ante la sede de la patronal, y la segunda, el 3 de noviembre en la Plaza Mayor de Madrid, a las que pude asistir y participar gracias a las horas sindicales que me corresponden como representante de los trabajadores.

En mi centro de trabajo también estamos sufriendo los bajos salarios y la inflación. Recuerdo realizar un comunicado como representante de los trabajadores de UGT, en el que se daba una explicación del cómo nos está afectando la inflación y la pérdida salarial acumulada que estábamos sufriendo en estos dos últimos años. Este comunicado lo hice público en los tablones de anuncios del centro de trabajo, añadiendo al mismo las fechas para las convocatorias que estaban previstas para el 7 de octubre y el 3 de noviembre, incluso para una manifestación, el 15 de octubre (sábado) que en este caso no convocaban los sindicatos, sino que fue el movimiento de pensionistas, liderado por la COESPE, quienes reivindicaban salarios y pensiones iguales al IPC. Pronto me di cuenta que las fechas que estaban previstas, excepto la del día 15, para las concentraciones que convocaban UGT Y CCOO, no facilitaría la presencia de trabajadores, ya que eran días de diario y en horario de mañana. De esta manera las concentraciones no estaban pensadas para que los trabajadores y sus familias pudiesen salir a la calle a reivindicar y protestar contra la evidente pérdida de poder adquisitivo que se ha producido en 2022.

Después del 3 noviembre, finalizadas las 2 concentraciones que estaban programadas, y sin aparecer por la del día 15, algo incomprensible, no hemos vuelto a tener noticias de las organizaciones sindicales, ni de las futuras acciones a realizar ante la grave situación provocada por el alza de los precios que ha encogido los salarios. Parece que lo que se preveía como un otoño caliente se ha enfriado con la llegada del invierno; se ha olvidado toda acción, movilización y lucha, por lo menos de manera colectiva y organizada, dejando abandonados a su suerte a los trabajadores y trabajadoras en cada empresa.

En el último mes y medio del año pasado, los representantes de UGT de mi centro de trabajo decidimos seguir realizando comunicados, animando a los trabajadores a luchar por salarios justos, reivindicando subidas salariales acordes al IPC, e incluso proponiendo a la empresa una cláusula de revisión salarial, que fue rechazada, alegando que nuestro salario lo establece el convenio colectivo de aplicación, cerrado desde antes de la ola inflacionaria que sufrimos.

La modesta, pero necesaria acción sindical que hemos podido realizar durante este último mes y medio, los representantes de UGT en el centro de trabajo la valoramos de manera muy positiva, teniendo en cuenta que nos ha servido para conocer la opinión de los compañeros, la postura de la empresa e incluso analizar y valorar la correlación de fuerzas para determinar si es posible o no plantear un conflicto en el centro de trabajo, algo que consideramos muy complicado, debido a que somos una empresa de algo más de 250 trabajadores.

Ante un problema de tal envergadura no se puede abandonar a su suerte en cada centro de trabajo, donde la presencia o ausencia sindical, como la capacidad de negociación que puedan ejercer los trabajadores es muy limitada. Las reivindicaciones que iniciaron las organizaciones sindicales UGT y CCOO deben tener continuidad, dando la posibilidad a los trabajadores de participar, de sumarse.

Es necesaria una gran movilización para recuperar el poder adquisitivo perdido en los años 2021 y 2022; es justo pedir salarios dignos; será digno que nuestras organizaciones lideren y movilicen esta y tantas otras luchas como sean necesarias para mejorar las condiciones de los trabajadores.

Juan Fernando Díaz-Mayordomo Martínez
Sindicalista de la UGT en Madrid.

Salario o Conflicto

Con este eslogan “Salario o Conflicto” nuestro sindicato exige a las patronales de todo el Estado subidas salariales dignas para afrontar la perdida del poder adquisitivo de todos las trabajadoras/es por una inflación descontrolada.

Para la actual dirección de la Unión General de Trabajadores, sus trabajadoras y trabajadores asalariados no tenemos la misma consideración que el resto de trabajadoras/es del estado; en junio sobre estas mismas líneas en el número 135 de Tribuna Socialista, denunciábamos que tras el último Congreso Confederal en mayo de 2021 acaban con nuestro ámbito negociador natural, la Sección Sindical Estatal y que la patronal sindical había ya denunciado en septiembre de 2020 el convenio colectivo de aplicación en nuestra organización.(*)

Han tenido que pasar 27 meses de bloqueo y paralización de la negociación de dicho convenio para que esa patronal sindical se sentara a la mesa, aunque hasta la fecha de poco ha servido, en las escasas ocasiones que se han dignado sentarse se han negado a todas nuestras peticiones y se han levantado de la mesa de malas maneras.

Como reza nuestro eslogan de esta campaña, si no hay negociación habrá conflicto, el pasado 24 de enero hemos hecho una primera concentración en la sede de Avenida América y no se descartarán nuevas concentraciones a todas las sedes de la Confederación.

Hoy no pedimos más que lo que pedimos cuando vamos como representantes de la Unión General de Trabajadores a negociar convenios a miles de empresas de todo el Estado, que se escuchen nuestras peticiones, una subida salarial acorde con la grave situación que estamos viviendo; que nuestra patronal sindical no actúe como la peor de las patronales que nos encontramos a diario y contra las que combatimos.

No nos podemos permitir el anti-sindicalismo dentro de nuestra propia organización. En cuantos foros se nos ha llenado la boca hablando de la negociación colectiva y de su importancia para la organización de los trabajadores y cuantas veces criticamos a otras organizaciones sindicales que se niegan a firmar convenios colectivos.

Esperamos una nueva convocatoria para sentarnos a la mesa de negociación en el menor espacio de tiempo posible y esperamos que es esta ocasión sirva para algo y no para perder nuestro tiempo y el suyo.

¡¡Viva la lucha obrera!!

Trabajadoras y trabajadores asalariados
de la Unión General de trabajadores.

* https://tribunasocialista.com/2022/06/29/en-casa-del-herrero-cuchillo-de-palo/

Nicolás Redondo Urbieta.

Una vida de lucha, en defensa de los derechos de los trabajadores

Se ha ido Nico, el de la generación del 27, la obrera, no la literaria. Nació el 16 de junio de 1927, en Barakaldo. Sufrió en su infancia la guerra civil desatada por quienes no soportan los avances sociales y las libertades para la mayoría. Así, siendo niño, entre los 9 y los 12 años, soportó el hambre, el miedo provocado por los bombardeos y el exilio; con 11 años, junto a más de dos mil niños y niñas, embarcó en el Habana, que zarpó desde Santurce rumbo a Francia.

No regresaría hasta finales de 1939, para encontrase con la España del “Cara al Sol” y la represión.

Como era lo habitual en aquellos años, comenzó su vida laboral en la pubertad, en La Naval de Sestao, con 15 años. Nicolas fue de los que estudiaba y trabajaba; por la mañana en la Escuela Náutica y por la tarde en la fábrica. Participó en las primeras huelgas obreras contra el franquismo en 1946 y 1947, en las que se mezclaba la euforia por la victoria aliada en la IIGM, con la resistencia de los trabajadores en España contra la miseria y la sobre explotación. En aquellos años ya era militante de base de la UGT y del PSOE colaborando con el reparto de propaganda, lo que le supuso la primera detención, en la primavera de 1951.

Participó activamente en la huelga de la Naval del 30 de abril del 62, en solidaridad con la que se había desatado el 7 de abril en la mina asturiana de la Cuenca del Caudal, en el Pozo Nicolasa. No descasará de colaborar en los conflictos obreros de la década de los años 60 y en viajar por todo el territorio del Estado, haciendo proselitismo y organizando sindical y políticamente; actividad que conllevaba el riesgo de cárcel y de pérdida del puesto de trabajo. Comenzó a formar parte de las direcciones del PSOE y la UGT en 1970 y el 1971, respectivamente. La Naval le despidió en 1973, era uno de los “precios” que se corría el riesgo de pagar por ser coherente.

Fue en ese año de 1973 cuando, en el XII Congreso de la UGT, es elegido Secretario General por vez primera. Participó en todos los acontecimientos políticos, sociales y de Partido de la década de los 70, destacando su actitud inteligente y generosa en el Congreso del PSOE, celebrado en Suresnes, en el que optó por apoyar a Felipe González como Secretario General del PSOE, a pesar de que él contaba con apoyos suficientes para serlo, con el criterio de no dividir al Partido y optar por una persona más joven, con capacidad probada.

Fue uno de los diputados secuestrados en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981. Su respuesta fue la de la defensa de la democracia llamando a la movilización y exigiendo la depuración de responsabilidades.

La década de los 80 comenzó alterada por el intento de golpe de Estado y continuó siendo dura para Nicolas Redondo, quizá la más dura ideológicamente, pero, en la adversidad, prevaleció su sentido de la coherencia y la lealtad a los intereses de la clase trabajadora: se opuso a la permanencia de España en la OTAN, en el referéndum de marzo de 1986; renunció a su acta de diputado, en octubre de 1987, por el desacuerdo con el Gobierno en las políticas económicas y el reparto de la riqueza, acto en el que fue secundado por las también diputados, Antón Saracibar y Cándido Méndez; convocó, junto a las CCOO de Marcelino Camacho, la huelga del 14 de diciembre de 1988, frente a las políticas “liberales” del Gobierno Socialista.

Tras una vida de lucha en defensa de los intereses de los trabajadores, en 1994 puso punto y final a su dedicación sindical al frente de la Unión General de Trabajadores, Nicolás ha vivido serenamente y siendo receptor del cariño y la gratitud de sus compañeros y compañeras. Sirvan estos párrafos para dar una pequeña idea y recordar quién fue este gran defensor de las libertades y los derechos de quienes viven de su salario.

Que la tierra te sea leve, compañero.

Roberto Tornamira
4-ene-2023

Sindicalistas en Defensa de las Pensiones

Las organizaciones sindicales, particularmente UGT y CCOO, vienen anunciando movilizaciones para este otoño si la patronal insiste en no aceptar las cláusulas de revisión del IPC en el Pacto de Rentas que promueve el Gobierno. No les falta razón a los líderes sindicales cuando denuncian que ya basta de perder poder de compra en los salarios, con un IPC del 10,5%, al cierre de agosto.

En ese mismo marco temporal, COESPE y el resto de organizaciones que conforman el movimiento de pensionistas, anuncian una Manifestación en Madrid, para la mañana del 15 de octubre, con recorrido desde Atocha hasta la Plaza del Callao. Los motivos son en buena parte coincidentes con los que denuncian los sindicatos: “contra la pérdida de poder adquisitivo de pensiones y salarios”. Pero, además, también reclaman que el Gobierno cumpla con su obligación legal, contraída en la disposición adicional sexta de la Ley 21/2021 de 28 de diciembre:

“En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social.

Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.”

Este grupo de Sindicalistas nace precisamente en apoyo de la manifestación en defensa del Sistema Público de Pensiones celebrada en Madrid el 16 de octubre de 2021, y a la reivindicación de llevar a cabo una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, exigencia social que, gracias a la movilización y la perseverancia de miles de militantes, hoy es una obligación del Gobierno. La Auditoría resulta fundamental, máxime cuando en marzo de 2020 el Tribunal de Cuentas emitió un INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICOFINANCIERA, PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018(1), en el que, en su página 44 apartado II 3.6, establece que:

“El coste estimado asumido por la Seguridad Social por cuenta del Estado, procedente de la asistencia sanitaria y de los complementos por mínimos de pensiones, por un total de 103.690 millones de euros. En esta estimación no se han incluido otros conceptos de gasto asumidos que pudieran existir, así como el coste de oportunidad procedente de la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o adscritos a las Fundaciones Hospital, debido a que el Tribunal de Cuentas no dispone de información para su cuantificación.”

Este informe solo abarcó el periodo 1989 a 2018, y el Tribunal manifiesta no disponer de información para cuantificar otros conceptos de gasto, ni los costes de oportunidad por la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o cedidos a Fundaciones Hospital. El compromiso del actual Gobierno abarca desde 1967 hasta 2019 y debería poner a disposición del Tribunal de Cuentas todos los datos e información para establecer, con precisión, la deuda que han ido generando todos los gobiernos desde 1967.

Con todo lo anterior, es inadmisible que el Ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones proponga una nueva reforma de la Seguridad Social por la que aumentaría de 25 a 35 años los años de cotización para hallar la base reguladora; garantizando de esta manera una merma media del 8% para las pensiones futuras.

Apoyamos, nos sumamos y llamamos a participar en la Manifestación del día 15 de octubre, en Madrid. Como grupo de Sindicalistas, nos sumaremos a la pancarta del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), en lugar y hora a concretar más adelante.

15 de septiembre de 2022

  1. https://www.tcu.es/repositorio/de226696-6741-4ff2-ba7a-5a334e86e7f6/I1381.pdf

En casa del herrero cuchillo de palo

A día de hoy, las personas trabajadoras asalariadas de la UGT no podemos negociar nuestro Convenio Colectivo que ya fue denunciado por la empleadora (UGT) en septiembre de 2020, y no podemos hacerlo porque han eliminado, de forma unilateral, nuestro ámbito negociador; al mejor estilo de las peores patronales. Han eliminado en los Estatutos y reglamentos internos, que no en la ley, la Sección Sindical Estatal, así como las secciones sindicales de las comunidades autónomas. Lo que viene a suponer la desorganización sindical de las personas trabajadoras asalariadas. Ahora, para negociar nuestros convenios tenemos que tratar con el organismo y la comunidad autónoma que correspondan, rompiendo así la unidad del colectivo, dificultando y haciendo casi imposible negociar las mismas condiciones laborales y salariales para todo el conjunto de las trabajadoras y trabajadores de UGT en todo el Estado.

Este problema arranca con el último Congreso Confederal de la UGT que se celebró del 18 al 20 de mayo de 2021, donde se intentó modificar la normativa Confederal con la finalidad de eliminar la norma que establece la existencia de una Sección Sindical Estatal para negociar un Convenio Colectivo Marco para todos los trabajadores y trabajadoras al servicio de UGT y sus organismos, la cual no fue finalmente aprobada, ya que, debido a la intervención de los compañeros de la Sección Sindical Estatal, se retiró la enmienda que lo pretendía.

Al finalizar el Congreso Confederal, y a la vista de que este no aprobó la modificación pretendida, la normativa sobre la existencia del Convenio Colectivo Marco, que se pretendía motivar por la adecuación de la representación de las trabajadoras y trabajadores de UGT, FeSMC-UGT, por escrito, de 24-05-2021, del Secretario de Organización Federal, decidió unilateralmente, reinterpretar los Estatutos Federales y disolver la Sección Sindical Estatal de los Trabajadores de UGT.

La Audiencia Nacional admitió a trámite la demanda contra la disolución de la Sección Sindical Estatal y de todas las secciones sindicales regionales, recientemente, el 07/06/2022 ha salido la sentencia sobre este juicio, el juez desestima nuestra reclamación y nos viene a decir que somos una organización sindical y que como tal nuestros dirigentes pueden redactar sus estatutos y reglamentos u organizar su administración interna como crean conveniente.

Ahora mismo hemos emplazado a la ejecutiva confederal a que tome partido y busque solución, a la fecha de la publicación de este artículo no ha habido respuesta alguna.

No descartamos movilizaciones de todos los trabajadores y trabajadoras asalariados de la UGT, si no se busca una solución a esta situación cuanto antes.

Los y las sindicalistas debemos combatir las actitudes antisindicales, por mucho que los jueces interpreten que los dirigentes pueden hacer lo que les dé la gana con las organizaciones y con más fuerza cuando se produce dentro de nuestras propias organizaciones.

¡¡Viva la lucha obrera!!

Trabajadoras y trabajadores asalariados de la Unión General de trabajadores.