Autor: Tribuna Socialista
Tribuna libre de expresión. Fomentando el debate y las propuestas entre socialistas.
Reforma laboral. Mínimo avance. Oportunidad perdida.
Uno de los compromisos que el gobierno de Pedro Sánchez había adquirido con las bases socialistas, y con la clase trabajadora en general, fue el de la derogación de las últimas reformas laborales que tanto han cercenado los derechos laborales y que no han tenido los efectos anunciados ni sobre la creación de empleo ni sobre la calidad del empleo creado. Antes bien, los efectos de las últimas reformas laborales han sido nefastos para los trabajadores de nuestro país: mayor temporalidad, mayor fraude en los contratos, menores salarios, mayor poder de los empresarios, menor peso de la negociación colectiva, menores indemnizaciones, mayor facilidad para el despido… de ahí la importancia de derogar las reformas laborales y reempoderar a los trabajadores de sus derechos individuales y colectivos.
La reforma laboral de 2022 se ha hecho esperar. Del compromiso de derogación, pronto se pasó a la derogación de los aspectos más lesivos y finalmente una reforma laboral pactada que ha sido valorada por el gobierno del PSOE y Unidas Podemos y por los sindicatos mayoritarios como un hito histórico. ¿Ha sido realmente así?
Realmente, el acuerdo alcanzado modifica algunos de los aspectos de la reforma del PP en 2012, pero en modo alguno se trata de la derogación comprometida con la clase trabajadora, antes bien, la actual reforma consolida los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas a las circunstancias económicas y consolida la reducción del coste del despido y la eliminación de los salarios de tramitación.
¿Qué se ha modificado?
Qué duda cabe que la Reforma laboral supone algunas mejoras con respecto a la norma anterior. Por ejemplo, se recupera la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, la continuidad en la aplicación de los convenios una vez cumplen el periodo de vigencia pactado. Igualmente, se recupera la prevalencia del convenio sectorial por encima del convenio de empresa, a nivel salarial, aunque no en las condiciones de trabajo.
Algunas de las modificaciones más relevantes son:
- Contratos temporales: Desaparece el contrato por obra o servicio y se redefinen el contrato por circunstancias de la producción y para sustitución del trabajador (antigua interinidad). Se endurecen las sanciones por contratación temporal fraudulenta que se impondrán por cada empleado.
- Contratos formativos: Se rediseñan los contratos formativos. Se regula el contrato de formación en alternancia (para compatibilizar la actividad laboral con los procesos formativos) y el contrato destinado a adquirir una práctica profesional adecuada a los niveles de estudios (con una duración máxima de un año). El gobierno se ha comprometido a negociar un Estatuto del becario.
- Contratos fijos discontinuos: Se potencia esta figura frente a los temporales. Se puede concertar para la realización de trabajos estacionales o vinculados a actividades de temporada, para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo intermitentes, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Pueden utilizarse para la ejecución de contratas que, siendo previsibles, sean parte de la actividad ordinaria de la empresa.
- ERTE y Mecanismo RED: Inspirándose en la reciente normativa COVID-19, se modifica la regulación de los ERTE (especialmente los de fuerza mayor) y se crea el llamado Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilización del Empleo con dos modalidades, cíclica y sectorial, que deben activarse por el Consejo de Ministros para permitir la reducción de jornada o suspensión de contratos, incluyendo un fondo para la financiación de prestaciones y exenciones de cotizaciones a la Seguridad Social y costes de formación.
- Subcontratación de servicios: El convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, con independencia de su objeto social o forma jurídica, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable. El convenio de empresa solo podrá aplicarse por la contratista o subcontratista si determina mejores condiciones salariales que el sectorial que resulte de aplicación.
¿Qué se ha mantenido?
Pese a que el objetivo de la reforma debiera centrarse en la reducción de la temporalidad y en la calidad del empleo, lo cierto es que esta reforma ha dejado intactos algunos de los aspectos que requerían su derogación:
- Se ha mantenido la prevalencia del convenio de empresa en todo excepto en el salario. De esta forma, la jornada laboral, los horarios, los permisos, y todos los aspectos extrasalariales son los que establece el convenio de empresa, donde es bien sabido, que las empresas tienen mucho margen de maniobra.
- Se ha mantenido la regulación de los contratos a tiempo parcial, verdadera fuente de fraude en la contratación que afecta especialmente a jóvenes y mujeres.
- Se ha mantenido intacta las cláusulas de descuelgue de los empresarios, es decir, la capacidad de los empresarios para modificar unilateralmente o sencillamente no aplicar lo pactado en convenio colectivo, sin necesidad de acuerdo con la representación de los trabajadores.
- Se ha mantenido el abaratamiento del despido, al no recuperar ni la indemnización de 45 días por año de trabajo en caso de despido improcedente, ni los salarios de tramitación.
- Se ha mantenido la desregulación de los despidos objetivos, mucho más baratos.
Valoración
Seguramente el término histórico no es el más adecuado para calificar esta reforma laboral. Histórico hubiera sido derogar las dos últimas reformas laborales de forma íntegra. Hoy podemos afirmar sin equivocarnos, que una de las causas de la existencia de trabajadores pobres, del trabajo precario, o del incremento de la desigualdad, tiene que ver con la pérdida de poder de negociación de los sindicatos, con las prácticas anti-sindicales y con el fraude en la contratación, con la preeminente contratación temporal.
Las medidas contenidas en el Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre y que recoge el acuerdo social del 22 de diciembre entre los sindicatos, la patronal y el gobierno, pretenden acabar con un modelo productivo basado en la temporalidad, la precariedad, la desigualdad social y la devaluación salarial.
Sin embargo, esto no parece que vaya a ser así. En cuanto a la temporalidad, aunque se limita la temporalidad eliminando el contrato de obra o servicio, se mantiene el contrato a tiempo parcial, y sobre todo, no se toma ninguna medida para que la inspección de trabajo pueda perseguir y sancionar el fraude laboral de la contratación a tiempo parcial, por lo que seguiremos sufriendo contratos de 20 h, con salarios de 20h, y con prestación real de jornada cercana a la jornada completa.
En cuanto a la precariedad laboral: los nuevos contratos formativos son la panacea para todos aquellos empresarios ávidos de mano de obra barata. Además, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios se seguirá incrementando tanto por la vía de los contratos formativos como por la vía del aumento de la inflación, que parece ser no va a ser tenida en cuenta en las cláusulas de revisión salarial de la mayoría de convenios, sustituyendo la revisión en base al IPC por, en el mejor de los casos, la revisión del “IPC medio”, nuevo concepto para consolidar la pérdida de poder adquisitivo de las rentas del trabajo y de las pensiones.
Ahora nos queda el trámite parlamentario para conocer si el Real Decreto Ley será o no convalidado en el Congreso de los Diputados. Pero, sobre todo, al margen del apoyo de PNV, EHBildu y ERC, a esta reforma laboral, que hasta ahora han manifestado su oposición a la misma, lo realmente importante es seguir luchando para derogar el resto de aspectos que esta reforma deja de lado y que siguen siendo factores fundamentales que nos han llevado a una devaluación salarial sin precedentes, a tener trabajadores en la pobreza y a un crecimiento desmesurado de la desigualdad.
La actual reforma laboral supone un mínimo avance con respecto a la reforma laboral del PP, pues en modo alguno representa la derogación que todos anhelábamos. Una oportunidad perdida, ante la que no podemos bajar la guardia.
Baltasar Santos y María Iglesias
Editorial
Ellos provocan la avería y después se ofrecen para la reparación
Hay que mirar la sociedad actual desde un punto de vista global y no local. Esta es una afirmación de la que muy pocos disienten. Del mismo modo, hay que ver los acontecimientos en su conjunto y no por separado.
El año 2021 ha terminado cargado de decisiones políticas y hechos económicos que están relacionados, sin embargo, se nos presentan como si fuesen independientes unos de otros. La reforma laboral no es un departamento estanco sin conexiones con la reforma de pensiones. De la misma manera que la “Ley Mordaza”, que impuso el Gobierno de Rajoy, no fue una decisión política ajena a la imposición de las reformas regresivas de aquel Gobierno: la laboral de 2012 y la de Pensiones de 2013.
Es cierto que la reforma laboral en curso (pues falta el trámite parlamentario), por sí sola, carece de gran calado, aunque se haya presentado como el descubrimiento de América. Es más lo que no se ha tocado que aquello en lo que se avanza: no se recuperan los 45 días por año trabajado en la indemnización por despido improcedente, ni el tope de 42 mensualidades; no se recuperan los salarios de tramitación; no se recupera la autorización administrativa para llevar a cabo un ERE; ni se derogan las causas del despido colectivo u objetivo, se mantiene por tanto la batería de facilidades que se otorgó a las empresas para despedir con 20 días por año trabajado…
Todos estos mecanismos de abaratamiento, tanto de la indemnización por despido como de los salarios mismos, se conectan con el Sistema público de Pensiones, pues la devaluación salarial que se produjo en nuestro país, tras la entrada en vigor de las reformas laborales de 2010 y 2012, son una de las vías de “agua” que vacían la Caja de la Pensiones. Cuando organismos como el FMI instan a los gobiernos a llevar a cabo reformas y abaratar los despidos, son conscientes de que sus recetas en lo laboral son la base sobre las que argumentar que los sistemas públicos de pensiones son insostenibles; ellos generan la avería y se ofrecen para la reparación.
Otro eslabón que une lo laboral con las pensiones es el contrato de Formación. Las bonificaciones(1) a la contratación en este tipo de contrato son tan jugosas para las empresas como perjudiciales para el sistema público de pensiones: del 100% para las empresas con menos de 250 trabajadores y del 75% para la de más de 250 trabajadores. Además, en la reforma laboral de final de año, la edad de los trabajadores y trabajadoras que pueden ser contratados con esta modalidad se amplía de 25 a 29 años.
Del mismo modo que la reforma laboral se nos ha presentado la reforma de la Ley de la Seguridad Social con mucho foco y como un hecho aislado, se nos ofrece por “temporadas” como las teleseries: se ha cerrado el primer capítulo y estamos a la espera de conocer definitivamente los contenidos del segundo, el temido desenlace. Lo más dañino en la reciente reforma de las pensiones es la aparición del factor de revalorización vinculado al IPC medio; un cambio de método matemático que, con un IPC acumulado del 6,5%, garantiza una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de un 4%.
La inflación ha conseguido que tanto salarios como pensiones se devalúen: la media del incremento salarial, fijada en convenio, para 2021, ha sido del 1,47%. Por tanto, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es del 5,03%.
A este respecto del poder adquisitivo, y retomando nuestra visión global, podemos afirmar que el objetivo del capital en la crisis de 2008, provocada por ellos mismos, y en la crisis sanitaria producida por el COVID-19 tiene en común la devaluación de los salarios. En 2014, un informe de Caixabank titulaba(2): “Caen las rentas del trabajo y aumenta la desigualdad”. En el texto del informe añadían: “el peso de las rentas del capital exhibe una tendencia claramente al alza”. No tenemos por menos que agradecerles la sinceridad. Seis años después, a principios de 2020 y a las puertas de la pandemia, la sección de Economía de “elDiario.es” publicaba un artículo(3) de Marina Estévez, en el que entre otras cosas decía:
“La última revisión estadística de las series de Contabilidad Nacional por parte del INE, del pasado diciembre (2019), muestra que las rentas del trabajo y la remuneración de los asalariados han caído más de lo que se estimaba entre 1995 y 2018, y se están empezando a recuperar de mínimos históricos (2017). En paralelo, las del capital se han elevado. El motivo no es otro que el crecimiento de las rentas inmobiliarias, que se han cuadruplicado en ese periodo.”
A punto de cerrar la edición de este número 130 de Tribuna Socialista, ha visto la luz el último informe de OXFAM, “Las desigualdades matan”, en el que se actualizan datos que retratan al sistema económico hegemónico: “La riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se han deteriorado a causa del COVID-19”.
La pérdida de poder adquisitivo en 2021 sumada a la pérdida salarial de más de un millón de trabajadores y trabajadoras que durante meses han sufrido un ERTE, nos permite afirmar que en el Estado español, en el bienio de pandemia, el peso de las rentas del trabajo ha continuado cayendo frente a las rentas del capital.
Esta visión de conjunto es lo que nos hace pensar que los partidos del Gobierno de coalición y los sindicatos que se sientan en las mesas de “Diálogo Social” están dando la espalda a la realidad que se vive y se percibe en la calle, sean más o menos conscientes de ello. Esta percepción es muy peligrosa, pues la decepción sumada al retroceso en las condiciones reales de vida: aumento de la pobreza, precarización, paro de larga duración cronificado… son el caldo de cultivo para el fortalecimiento del pensamiento de la extrema derecha. No podemos entender que, a estas alturas de la legislatura, no se haya derogado aún la “Ley Mordaza”, íntegramente. Legislación que da pie a las brutales actuaciones policiales vividas en Cádiz; durante y después de la huelga del metal del mes de noviembre.
Desde Tribuna Socialista, llamamos a que:
- deroguen íntegramente las reformas laborales de 2010 y 2012.
- el Gobierno encargue ya la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, tal y como se ha comprometido, y reintegre hasta el último céntimo del dinero de las pensiones que nunca debió ser utilizado más que para el pago de las pensiones.
- en 2022 la media del incremento salarial no baje del 6,5%, con cláusula de revisión respecto al IPC acumulado de diciembre de este año.
- Se revise la revalorización de las pensiones y se incrementen como mínimo en el 6,5%.
Si las políticas y acuerdos no suponen una solución verdadera a los problemas de la mayoría social, luego no busquen explicaciones pseudo científicas para entender los resultados electorales.
Ver página 5 de la Guía de bonificaciones.
Entrevistamos a Mar Noguerol Álvarez
Pregunta.- Hace años que resulta evidente que faltan decenas de miles de médicos y enfermeras en el SNS. Todos lo reconocen, pero esto no cambia. ¿Qué crees que deben hacer los médicos para contribuir a revertir esta situación?
El déficit estructural de médicos se vive con especial crudeza en Atención Primaria. La medicina familiar y comunitaria es la especialidad más afectada, desde hace varios años, con un futuro sombrío por la cercanía a la jubilación de numerosos compañeros sin expectativas de recambio. Las crecientes necesidades en las urgencias hospitalarias, el crecimiento de la sanidad privada con grandes hospitales, o la fuga masiva de profesionales a otros países ante la precariedad y las malas condiciones laborales, han detraído masivamente profesionales y condicionado que el recambio sea insuficiente para garantizar siquiera el mantenimiento de la plantilla de los centros de salud.
Enfermería es el otro colectivo profesional con unas ratios claramente insuficientes máxime si las comparamos con las de otros países europeos, sin que haya habido voluntad política de potenciar el colectivo en competencias y efectivos.
Los médicos hemos hecho muchas cosas y las seguimos haciendo: denunciar la situación y proponer soluciones en todos los foros donde es posible, movilizaciones que han incluido la huelga, denuncias ante la opinión pública… Todas las tribunas han sido una oportunidad para alertar y exigir medidas tangibles. Agradezco que se me brinde esta.
La pandemia ha sacado a la luz, como nunca, la situación de deterioro estructural. Las nuevas tareas y necesidad de atención nos ha arrasado, con esta 6ª ola como puntilla.
En los centros de salud hemos reclamado insistentemente un aumento de los recursos, y como médicos, como directores de centros de salud, como entidades reivindicativas de la sanidad, hemos elevado múltiples solicitudes para cambiar la situación, con propuestas realistas y razonables que requieren un aumento de la inversión que se nos niega. Hemos llegado al punto de presentar una demanda colectiva al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dictó en marzo de 2021 una sentencia condenatoria para la Comunidad de Madrid por vulnerar los derechos de los médicos de atención primaria en materia de integridad física y salud, condenándola a elaborar un plan de prevención de riesgos laborales con determinación de la carga de trabajo: fijando los cupos, número máximo de pacientes a atender por jornada de trabajo y tiempo mínimo de dedicación a cada uno, así como al establecimiento de una plantilla acorde con ello y a la cobertura de las vacantes existentes en la misma. La Comunidad ha recurrido esta sentencia y estamos pendientes de la inminente vista en el Tribunal Supremo.
P.- ¿Qué piensas de la política sanitaria del Gobierno durante estos dos años de pandemia?
Curiosamente un ministerio que era considerado “de segunda” por recaer las competencias en las comunidades autónomas y sus servicios de salud, pasó a ser el centro del gobierno y de la política nacional. La primera ola fue tan inesperada y devastadora que limitó la capacidad de reacción y respuesta adecuadas. El resto me ha parecido un tanto errática, manejando la contradicción entre la falta de competencias y la necesidad de unificar criterios y de una autoridad sanitaria con credibilidad y claridad. Sí ha habido un esfuerzo por generar consensos y el Consejo Interterritorial no ha debido reunirse tanto en toda su historia, pero hacían falta algo más que reuniones, y a las CCAA, al menos a la de Madrid, hay que pedirle rendición de cuentas de los fondos que se le entregan, porque desde luego en atención primaria no llegan o llegan en gastos absurdos, pero no en lo que realmente hace falta que son recursos humanos. Los consensos en ocasiones han sido más políticos que científicos y, en mi opinión, hubiera sido deseable haber implicado en mayor medida a la comunidad científica en órganos consultivos estables más allá de los efectivos ministeriales.
El principal acierto considero que ha sido la apuesta firme por la vacunación, con una de las mayores coberturas a escala internacional.
En atención primaria no hemos vivido un apoyo significativo y tangible en momentos particularmente difíciles, como esta 6ª ola que nos ha arrasado. Hubiera sido muy positivo sentir un gobierno que no permite diferencias entre comunidades tan abrumadoras, por ejemplo en la gestión de las incapacidades temporales por COVID. Esperamos también que se hagan realidad los fondos anunciados para atención primaria, con rendimiento de cuentas incluido.
P.- La Atención Primaria es competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid ¿Crees que los incumplimientos, del Gobierno de Díaz Ayuso, pone a los madrileños y madrileñas en una indefensión equiparable a la que sufren nuestros mayores en la red de residencias?
El Gobierno de Díaz Ayuso es un enemigo declarado de la Atención Primaria, en la que, según sus palabras, se atiende mal al ciudadano, se cuelgan los teléfonos y de repente no hay médicos. Cuando alardea de haber aumentado los recursos y haber renovado los contratos de refuerzo, debería informarle la gerencia de Atención Primaria que no ha habido más que una ridícula contratación de gestores COVID y de algunos refuerzos en enfermería y unidades de atención al usuario, que no se han renovado en muchos casos, o que se han renovado hasta finales de marzo, para lo cual tuvimos que organizar una protesta exigiéndolo, por parte de los Equipos Directivos de 202 centros de salud (de un total de 267) y sus 97 consultorios locales.
En realidad, lo que hace IDA y sus lacayos de la consejería y viceconsejería de sanidad es echar cortinas de humo sobre el problema de fondo que es la infrafinanciación crónica de la sanidad madrileña y especialmente de la atención primaria, con años y años de inversión nula en centros de salud que se caen de viejos y cutres, y especialmente con una antipolítica de recursos humanos que nos ha llevado a un debilitamiento estructural y un estallido en la pandemia.
Sí, profesionales y pacientes estamos en una situación intolerable de indefensión y crispación ante una nave que va a la deriva y que cada día vemos como se empeñan más en destruir. Nuestro modelo de sistema sanitario público con una primaria como columna vertebral no les interesa porque no es permeable a la penetración del capital privado de los lobbies sanitarios y restringe la capacidad de expansión de la sanidad privada, así que su apuesta es el abandono y la desinversión.
P.- ¿Se han recuperado los recortes que sufrió la Sanidad entre 2008 y 2017?
No, las infraestructuras no se han renovado, las plantillas no se han recuperado y el avance de la sanidad privada en estos años ha sido impresionante en la Comunidad de Madrid, al punto que será difícil de revertir si en el futuro no hay un cambio de política sanitaria que apueste por el fortalecimiento del sistema público.
P.- ¿Qué se debe hacer para retener a los profesionales que están pensando abandonar la Sanidad Pública y para recuperar a los que ya se han ido?
Mejorar las condiciones del ejercicio profesional y de los niveles asistenciales. Acabar con la precariedad, mejorar las retribuciones, apostar por la conciliación familiar. El diagnóstico y el tratamiento está hecho hace tiempo, en atención primaria hasta lo hemos sintetizado en unas cifras sencillas como son la inversión del 25% del presupuesto sanitario y los 12’ por paciente o el máximo de 28 pacientes día, y la plantilla necesaria para ello, que estimamos entre 600-1000 médicos de familia y 150-300 pediatras. Las cifras más bajas implicarían al menos igualarnos con la media del resto de CCAA, pues es público y notorio que la CM es la que menos invierte en sanidad en porcentaje sobre el PIB y por habitante, y específicamente en atención primaria con una inversión del 10-11% del presupuesto, muy alejada de la media de las CCAA en torno al 14%.
P.- Los cuatro pilares básicos del Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia, por distintas causas, han sufrido recortes económicos y sus consecuencias se han visto agravadas por la pandemia. Pensionistas, familiares de fallecidos en las residencias, colectivos sanitarios y educativos se movilizan en defensa de estos servicios públicos ¿No sería el momento de unificar los esfuerzos en la defensa de los servicios públicos?
La pandemia ha implicado aislamiento, miedo al encuentro social, desmovilización y agotamiento. La evolución en oleadas sucesivas y sorprendentes, como en el caso de esta 6ª que estamos viviendo que ha acabado con las expectativas optimistas tras la vacunación y que augura un futuro todavía incierto tras 2 años de sufrimiento, hace todavía más difícil sobreponerse y poder hacer planes de futuro. El cambio a un tipo de relación social y comunitario basado en las redes y lo virtual, a las protestas y propuestas virtuales, y a la confianza o expectativa de cambio o mejora sobre todo desde las instituciones, es otro de los regalos envenenados que nos ha traído la pandemia, que además de haber sido una lección de humildad a la humanidad, para quien quiera entenderla, y una oportunidad de cambio, ha sido también portadora de muchos cambios vitales entre ellos de la forma de luchar, al menos de momento. Pero si algo nos ha dejado claro es la necesidad de unos servicios públicos fuertes que nos protejan y estén preparados para responder a situaciones extremas, y que además sean los que puedan corregir la desigualdad en aumento de nuestra sociedad, garantizando a los sectores más desfavorecidos y vulnerables los derechos básicos. Por supuesto, es el momento de que todos nuestros esfuerzos se centren en ello.
Entrevista realizada por Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista
CARNE, ¿escondemos la verdad?
El ministro de consumo en mi opinión, con respecto al reciente problema de la carne, ha cometido dos errores básicos, quizás por no ser demasiado comunicativo ante una prensa básicamente carroñera.
El primero y fundamental, es no ejercer con dureza su responsabilidad con las industrias cárnicas que no cumplen con la normativa, porque supongo que existirá dicha normativa, y si no fuera así su obligación es elaborarla, al margen de las exigencias que en este ámbito mantiene Europa.
Por otra parte, señor Garzón, creo que un ministro tiene capacidad suficiente, para convocar a todos los medios informativos, para dar a conocer a la sociedad lo que comemos y lo que destruimos para crear esa comida, antes de decirlo fuera.
Que los humanos somos depredadores, que estamos empeñados en destruir el mundo actual inexorablemente, está mas que documentado y comprobado, pues son escasos o nulos, los países que hacen el más mínimo esfuerzo por evitarlo, pero eso siempre nos lleva a la misma conclusión, la política mal entendida. Los políticos actuales están ejerciendo el maravilloso arte de la política, para proteger, cuidar, conseguir, una sociedad justa, o están ejerciéndola de una forma bastarda, egoísta y depredadora, con el único fin de permanecer en la correspondiente poltrona, durante el tiempo suficiente para conseguir enriquecerse personalmente, mediante sospechosas y burdas maniobras y conseguir una de esas pensiones vitalicias, que suele ser siempre lo primero que suben al llegar a su mandato.
Evidentemente hablo en general, porque desgraciadamente ya no existen colores políticos, que se identifiquen con la justicia social, aunque figure en sus estatutos. Me duele especialmente que esto ocurra en mi propio partido el PSOE, que se creó precisamente para lograr, algún día, esa justicia social tan anhelada.
Cualquiera que tenga un mínimo interés y una pequeña capacidad de análisis, sabe que en nuestro país han proliferado, alarmantemente, esas macro granjas donde es evidente que sus productos quizás no sean veneno, pero está claro que por pura lógica tampoco son productos de delicatesen.
También es falso eso que se nos pretende hacer creer: que con estas macro instalaciones, se genere mas empleo que con la ganadería extensiva, pues evidentemente por el contrario, esas grandes empresas cárnicas, impiden el desarrollo de las explotaciones ganaderas rurales, que además de generar empleo de calidad generan productos de alta calidad y vida en los pueblos casi abandonados.
Claro que hoy es mas caro un kilo de carne de calidad, producida en una explotación extensiva, que ese otro producto que elaboran masivamente esas macroempresas cárnicas, mediante la explotación humana y animal, con un descomunal índice de contaminación ambiental y la consiguiente destrucción de los entornos donde están instaladas.
Es por eso, que me sorprende el feroz ataque, que el poco locuaz ministro esta recibiendo por parte de la sociedad desinformada, que se deja llevar tan fácilmente por los bulos.
Me sorprende menos en esa creciente y retrograda derecha, pues es evidente que sus intereses suelen estar ligados estrechamente a este tipo de industrias de dudosa calidad y que el descubrimiento de estas verdades les deja al descubierto, además de los intereses electorales que les reporta magnificar un bulo extendiéndolo soezmente, sobre una sociedad que desgraciadamente carece de criterio propio, por lo tanto, el señor ministro le ha proporcionado gratis, la carnaza necesaria para seguir con su labor destructiva.
Lo que no me sorprende ya, aunque debería de sorprenderme, es que la mayoría de los caciques de nuestro partido, se lancen como hienas sobre el ministro por el simple hecho de decir la verdad, esa verdad que nuestros barones conocen pero ocultan, por los motivos a los que hice mención antes (no son artistas de la política son usuarios para su propio fin), es francamente vergonzoso, que incluso sus propios compañeros del “consejo”, no solo le dejen abandonado como lo hace hipócritamente el Presidente, sino que tratan de descalificarlo por todos los medios a su alcance. Siento realmente vergüenza, queridos lectores. Lo que si os puedo asegurar es que esto no es socialismo, esto no es mi PSOE, esto no es la búsqueda de una Sociedad Justa, puede que a esto se le pueda llamar “socialdemocracia” que nunca supe realmente que significa pero no es “SOCIALISMO”.
¡Feliz y esperanzador 2022!
Paco Ascón
Reforma laboral
La reciente modificación del Estatuto de los Trabajadores mediante la Reforma Laboral ha generado controversia y muchas expectativas.
Expectativas por cuanto que supone un antes y un después tras años de desacuerdos e imposiciones a los trabajadores agravando su situación durante la crisis económica del 2008, y la presente pandemia. Controversia, y críticas desde la izquierda por considerar que ha sido una reforma escasa, y con poco alcance. Y creo, personalmente, que así es, que debería haber sido más profunda, eliminando la reforma del 2012, completamente, y también la del 2010.
No obstante, hay que reconocer que tiene aspectos importantes y muy valiosos, y entre ellos considero que la recuperación del Diálogo Social, es la más importante.
Y lo es desde diferentes puntos de vista.
Empecemos por recordar la situación tan grave que generó la crisis financiera de 2008, con una reforma primero del 2010, y posterior del 2012 mucho más agresiva, que lejos de aportar soluciones, hicieron más graves las consecuencias de la crisis, aumentando la precariedad laboral, fomentando una depreciación salarial, y no frenando el desempleo galopante.
Además, y cuando parecía que la crisis económica comenzaba a remitir, aunque se mantenía el desempleo y la precariedad, vino la pandemia agravando aún más la situación.
Hay que reseñar que, durante esta terrible situación, se empezó a tratar de crear un marco mundial de condiciones comunes que facilitasen la Transición Verde, Justa, en medio de la evidencia irrefutable ya del Cambio climático. E igualmente se aceptó que el cambio de modelo productivo derivado de la transición Verde, implicaba una transformación tecnológica profunda, llamada comúnmente Digitalización.
Es este el contexto en el que se ha producido la Reforma laboral, sin olvidar que tenemos un Gobierno de Coalición de las Izquierdas, con una oposición negacionista e incapaz, por voluntad propia, de cualquier consenso.
De ahí que es en ese contexto en el que sitúo esta valoración.
Ninguna Reforma anterior, y sobre todo las referidas al 2010 y 2012, tuvieron acuerdo de los agentes sociales, salvo de la patronal; tampoco tuvieron ninguna incidencia positiva para afrontar las consecuencias de la gravísima crisis económica, y ninguna tampoco recuperó niveles de empleo previos a su implantación.
Es decir, no sirvieron para nada, y aún menos para lo que en sus preámbulos pretendían.
Es evidente que históricamente en las sociedades europeas del siglo 20 y 21, solo se ha sido capaz de afrontar las crisis económicas mediante soluciones serias y con justicia social cuando se ha dado un diálogo social.
Diálogo Social que mediante la negociación y el acuerdo permitió repartir esfuerzos y sacrificios para no cargar siempre a los mismos las consecuencias de los problemas generados siempre por los mismos…
Esta es una de las virtudes más importantes de este acuerdo.
Pero también hay que valorar un aspecto fundamental, y es la capacidad resolutiva mediante concertación, de la Negociación Colectiva que ha sido recuperada como factor transformador principal de la economía productiva.
Es clara la importancia que obtiene como motor de transformación.
Ante los retos que hemos recordado, crisis económica, Transición Verde, Digitalización y conflictividad socio-laboral, solo la recuperación de la NEGOCIACIÓN COLECTIVA permitirá a nuestra sociedad afrontar semejantes desafíos generados por los cambios de modelos productivos y las crisis económicas cíclicas.
Y no es solo un deseo, sino la constatación de una realidad histórica reiterada, que muestra que la resolución de conflictos sociolaborales anteriores en Europa, se produjo mediante el Concierto Social y político.
Solo un «mecanismo» de conflicto/acuerdo que sea capaz de conciliar los intereses de Capital y Trabajo ha permitido resolver problemas de semejante calado.
Este, además es único, no tenemos ningún otro sistema de resolución de conflictos de manera democrática en el ámbito laboral capaz de solventar los diferentes retos que esos problemas generan en cada sector productivo, permitiendo soluciones incluso a nivel de empresa, específicas para según que necesidades y características.
Estas características permiten, en mi opinión, mirar con prudente optimismo la Reforma Laboral que acaban de conseguir en nuestro país los agentes sociales y el Gobierno mediante el DIÁLOGO SOCIAL.
Eduardo Hernández
Militante socialdemócrata de Madrid
Declaración del Comité de enlace de mujeres republicanas.
1. El combate de la mujer por la emancipación.
En la larga lucha del movimiento obrero la mujer, en particular la mujer trabajadora, ha ocupado un lugar de vanguardia.
Recordemos que el 8 de marzo de 1857, 120 mujeres trabajadoras del textil en Nueva York murieron en un incendio provocando un enorme movimiento de solidaridad.
En 1910, el Segundo Congreso Internacional de Mujeres Socialistas (Segunda Internacional), a propuesta de Clara Zetkin, aprobó celebrar cada 8 de marzo una Jornada de la Mujer Trabajadora.
El último domingo de febrero de 1917, las mujeres trabajadoras de San Petersburgo salieron a la calle exigiendo «Pan y Paz». Fue el inicio de la revolución rusa.
Pero en 1975 la ONU se apropió de la fecha y la proclamó Jornada de la Mujer diluyendo su carácter de clase. Es sin duda una tarea importante recobrar su sentido original sobre el lugar de la mujer trabajadora, lo cual incluye la lucha contra toda forma de opresión que sufren todas las mujeres.
En el movimiento obrero de nuestro país hay miles de ejemplos del papel de vanguardia de la mujer. Por ejemplo, en la dura huelga de Jaeger Ibérica en abril de1989 en Barcelona, donde 309 trabajadoras consiguieron la equiparación salarial, pues cobraban menos que los hombres con la misma categoría. Recientemente, se ha hecho patente la importancia de las mujeres jóvenes en las movilizaciones contra la justicia franquista a propósito de la Manada.
2. La situación en nuestro país.
La situación de discriminación de la mujer trabajadora tiene vertientes que no son medibles, pero sin duda tiene también indicadores cuantitativos de desigualdad que hay que tener en cuenta para un buen análisis de la situación.
En el terreno laboral, el desempleo, la precariedad laboral, la brecha salarial, el suelo pegajoso y el techo de cristal caracterizan la situación de discriminación y desprotección que viven las mujeres trabajadoras.
En España el número de trabajadores supera en más de 1.700.000 al de trabajadoras. El desempleo afecta en mayor medida a las mujeres, lo que en la actualidad se traduce en más de un 17% de trabajadoras desempleadas frente al 13,7% de los trabajadores, según los datos de la EPA del segundo trimestre de 2019.
Además, CCOO estima que la brecha salarial, entendida como la diferencia de salario entre trabajadores y trabajadoras por la realización de las mismas tareas, se sitúa en torno al 30%. Esto se traduce en que cada mujer trabajaría gratis unas 109 jornadas anuales. Según los últimos datos del INE de 2020, el salario medio de las trabajadoras es 5.793 euros inferior al de los trabajadores (25.924 frente a 20.131 €), diferencia incluso superior a la registrada en 2009.
El movimiento obrero ha inscrito en su lucha la consigna de «a igual trabajo, igual salario». Como resultado de ese combate, según la ley, no debería existir diferencia salarial entre hombres y mujeres.
¿De dónde viene esta diferencia? En algunos casos, de la existencia de categorías distintas en los convenios colectivos (por ejemplo, en convenios de limpieza, «peón» y «limpiadora»). Pero, sobre todo, por la existencia de ramas de la producción feminizadas -no en vano hablamos de las Kellys- donde predominan los bajos salarios y la precariedad. Los empleos de las mujeres son más precarios, con una mayor tasa de temporalidad, una mayor tasa de parcialidad y una mayor tasa de desempleo.
A esa diferencia, constatada por Hacienda en empleos «legales», hay que unir los centenares de miles de mujeres que trabajan sin contrato ni Seguridad Social en sectores como la limpieza, el servicio doméstico, el cuidado de mayores, etc.
Las diferencias en los ingresos se extienden también a salarios diferidos como los subsidios de desempleo y las pensiones. Según un estudio de CCOO, las mujeres reciben una prestación por desempleo un 14,6% inferior a la que perciben los hombres. En cifras, esto significa que la prestación media de la mujer asciende a 755 € mensuales y la del hombre a 884 €. Además, la tasa de cobertura por desempleo en las féminas es, como norma general, un 10% inferior a la de los varones.
En cuanto a la pensión media de jubilación, la de una mujer es un 36,1% inferior a la que le corresponde a un hombre. Aquí se suma la diferencia de salarios (y, por tanto de cotizaciones) y que las mujeres tienen menos años trabajados. Hay que señalar que cada reforma de pensiones que aumenta los años de cotización necesarios para cobrar una pensión o el número de años que se toma como periodo de cómputo de la pensión, machaca aún más las pensiones de las mujeres. La reforma de pensiones de 2011 (pactada con UGT y CCOO) es uno de esos casos.
La prestación de jubilación es de media 453 euros inferior a la de los hombres ,803 € frente a 1.326€.
Pero no solo es una cuestión de cuantía salarial. La temporalidad de los contratos también afecta más a las mujeres que a los hombres. El 27,7% de los contratos de las trabajadoras es temporal frente al 25,9% de los contratos de ellos, según los últimos datos de la EPA. En 2020 el 63% de contratos indefinidos que se firmaron, los firmaron hombres.
Con respecto a los contratos a tiempo parcial, casi el 76% de ellos recae sobre mujeres, lo que supone que el 25,7% de trabajadoras (frente a un 7,5% de trabajadores) tengan jornadas parciales, en su inmensa mayoría no elegidas.
Temporalidad y parcialidad, el gran torpedo a la clase trabajadora que ha causado la reforma laboral que provo- ca que no nos permitan tener los derechos laborales conseguidos por la lucha de clase la trabajadora: incapacidad temporal, vacaciones, conciliación…; si los solicitas no te vuelven a contratar. En cambio sí los pueden disfrutar quien tiene jornada completa e indefinida. También provoca penalización en las prestaciones por desempleo y aumento en el pago de IRPF cuando por necesidad se tiene más de un empleador para poder vivir.
En los últimos años se habla con frecuencia del techo de cristal, como unas barreras invisibles que dificultan el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad y mejor remunerados. Según un informe de Grant Thornton, Women in business, el 73% de puestos directivos los ocupan hombres. En el caso de la universidad, las docentes e investigadoras suponen solo el 39,6% del total y solo un 20,8% de las catedráticas de universidades son mujeres.
3. La discriminación y la desigualdad afecta a todo el conjunto de trabajadoras.
Los trabajos que mayoritariamente desempeñan las mu- jeres, como los servicios del hogar, sanidad y serviciossociales o educación, están devaluados con respecto a profesiones ocupadas en su mayoría por hombres. Según datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, el salario mensual en una profesión feminizada, dentro de la misma cualificación, similares condiciones laborales y sectores, de media, es de 1.016 € mientras que el de una masculi- nizada está en los 1.789 €. A esto se le suma que las mujeres que desempeñan su trabajo en ocupaciones feminizadas se encuentran con muchas dificultades para cambiar a sectores con mejores condiciones laborales. Es parte de lo que se denomina «suelo pegajoso», que dificulta la mejora de las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras y que se completa con una mayor carga del trabajo doméstico, el cuidado de ascendientes y descendientes y la precariedad laboral que hace que muchas mujeres ejerzan trabajos sumergidos, sin contrato y por unos salarios de miseria (cuidado de niños, ancianos, limpieza doméstica), de manera que cuando no pueden trabajar por edad o enfermedad no tienen ningún ingreso ni ningún derecho a jubilación.
A esto se añade hoy el trabajo generalizado en casa, como ocurría en el siglo XIX. Particularmente en el textil. Empresas como Inditex tiene una red de mujeres que trabajan en casa, sin contrato y a la pieza. Sin olvidarnos de las mujeres migrantes, cuya situación ilustra bien el siguiente ejemplo: Una delegación de la patronal de la fresa en Huelva se desplaza a Marruecos en busca de «mujeres» de «entre 25 y 45 años» y «con hijos». Los empresarios buscan en la pobreza marroquí mano de obra barata ante la falta de jornaleros españoles dispuestos a trabajar bajo las condiciones ofertadas. Uno de los requisitos a los que se enfrentan las candidatas es la experiencia laboral en el campo, pero demostrarlo es difícil en Marruecos. Estas mujeres no disponen de documentación que justifique sus años de trabajo en la agricultura.
Cuando los reclutadores españoles les preguntan, ellas enseñan sus manos de forma instintiva. Una sola mirada a las manos de Fátima saca de dudas a cualquiera. Otro requisito para los empresarios de la fresa es que las candidatas sean mujeres. Todas. Las quieren, según consta en la convocatoria, de entre 25 y 45 años y con hijos a cargo. También se tiene en cuenta el nivel de renta para la preselección. «El organismo de empleo contó el año pasado en Marrakech con mujeres viudas y muchas separadas porque tienen hijos a cargo y necesitan esta ayuda», explican desde la Administración marroquí. Lo cierto es que las mujeres suelen ser más ágiles recogiendo fresa por el tamaño de las manos y que las cargas familiares acaban facilitando la disciplina en el trabajo y ofrecen una mayor garantía a España de que volverán a Marruecos.
Los recortes en servicios sociales que se han producido y se siguen manteniendo empujan a muchas mujeres a tenerse que hacer cargo del cuidado de hijos y mayores y las han echado del mundo laboral negándoles el derecho al trabajo y a una pensión digna, abocándolas a seguir ejerciendo el papel de cuidadoras y trabajadoras de segunda categoría y a seguir dependiendo de irrisorias pensiones de viudedad o no contributivas. Según datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en España, de las aproximadamente 400.000 personas que asistían a personas dependientes en el ámbito familiar en 2019, el 89% son mujeres. Y el 90,57% de las excedencias por cuidado de hijos, menores acogidos u otros familiares en 2019 fueron solicitados por mujeres el año pasado, según los datos publicados por el Ministerio de Empleo.
En los años 2020 y 2021 y con la excusa de la pandemia los datos empeoran aún más. Han sido mujeres la mayoría (95,77%) de las personas que solicitaron la reducción especial de jornada durante casi doce meses, con la consiguiente pérdida de salario. La incertidumbre no solo laboral sino también del curso escolar hace que, una vez más, las mujeres, empujadas por la brecha salarial que decide quién se queda en casa para cuidados, renunciaran a sus puestos de trabajo.
Esto unido al elevado número de despidos de mujeres trabajadoras y las bajas prestaciones por desempleo fruto de esa misma brecha, acentuado aún más en este momento, nos someterán a la precariedad más absoluta. La defensa de los puestos de trabajo con salarios dignos y acabar con la brecha salarial debe estar en el centro de las reivindicaciones de toda la clase. Nada tiene que ver con nuestros intereses el rescate económico de empresas y bancos para seguir aplicando las reformas laborales.
Los incesantes recortes en gastos sociales en los presupuestos generales, municipales, etc. vienen a agravar esta situación. Faltan guarderías públicas y los centros de atención y residencias para mayores son prácticamente inexistentes. La imposibilidad de hacer frente a los costes de los servicios privados aparta de nuevo a las mujeres del mundo laboral, condenándolas a un trabajo duro, no reconocido y, por supuesto, no remunerado. Un reciente informe de Oxfam contabilizaba en 10 billones de dólares anuales, a nivel mundial, estos trabajos producidos no remunerados y que sin embargo sostienen la economía real.
4. Violencia y explotación sexual sobre las mujeres.
Se estima que la prostitución como negocio mueve unos 10 millones de euros al día en todo el Estado y que unas 400.000 mujeres se encuentran en situación de prostitución (hay estudios que las sitúan en 1.000.000), que cubrirían la demanda sexual del 39% de hombres que afirman haber pagado por servicios sexuales alguna vez. Del total de mujeres en situación de prostitución se estima que el 15% son víctimas de redes de tráfico de personas y son obligadas a ejercer la prostitución bajo coacciones, amenazas y violencia. Se consideraría que el 85% ejerce la prostitución con libertad, pero la situación de exclusión y vulnerabilidad económica de la mayoría de mujeres que presta servicios sexuales hace que no sea una elección libre sino condicionada muchas veces a su propia supervivencia y/o la de su familia. Por último, los datos sobre la violencia de género y la violencia sexual ejercida contra las mujeres son un exponente clarísimo de la discriminación que sufre la mitad de la población. El pasado año se interpusieron 150.000 denuncias por violencia de género, denuncias a hombres, interpuestas por mujeres que viven en situaciones de violencia a manos de su pareja o ex pareja. 45 de ellas fueron asesinadas en 2020. Con los últimos datos en la mano, año 2015, se estima que en este país se cometen unos 10.000 crímenes sexuales al año. En su inmensa mayoría contra mujeres, niñas y niños. En ese año, 1054 mujeres habían sido
violadas en España, 4 mujeres al día, 1 cada 6 horas. Hecha la radiografía en números de la situación de la mujer trabajadora, podemos afirmar que es doble- mente oprimida; por ser mujer y por ser trabajadora. El origen de la opresión de la mujer está en la propiedad privada y en la división de la sociedad en clases, que lleva consigo la configuración de la familia patriarcal (véase al respecto lo escrito por Engels en «El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado»).
Lo que plantea Engels es la necesidad de hacer del «trabajo doméstico privado una industria pública», es decir, liberar a la mujer de la doble explotación: jornada de trabajo y jornada en casa.
Las estadísticas siguen siendo claras: la mujer asume la mayoría del trabajo doméstico. Y la solución no puede ser simplemente «compartirlo» sino hacer de ello una «industria publica», es decir, un trabajo especializado pagado.
5. La lucha por la emancipación y por los derechos de la mujer trabajadora no se puede entender más que dentro de la lucha del conjunto del movimiento obrero.
La lucha de la mujer trabajadora es la lucha del conjunto de la clase. Y no sólo porque interese a las mujeres. Alejandra Kollontai explicaba, en 1917, en el Primer Congreso Panruso de los Sindicatos, que «los trabajadores con conciencia de clase deben entender que el valor del trabajo masculino depende del valor del trabajo femenino y que, con la amenaza de sustituir la mano de obra masculina por mano de obra femenina más barata, el capitalista puede presionar sobre el nivel salarial de los hombres. Solo la falta de comprensión puede llevar a ver este tema como una mera “cuestión de la mujer”».
El desarrollo de la técnica y de la producción han puesto las bases materiales para la liberación de la mujer, al permitir que pueda tener control sobre la maternidad e incorporarse al mercado laboral. Sin embargo, el mantenimiento del régimen basado en la propiedad privada de los medios de producción es el principal obstáculo para su liberación. A lo que se suman residuos feudales como el poder de las distintas Iglesias, enemigas acérrimas de los derechos de las mujeres. Las últimas sentencias nos confirman que la ley no es igual para todos. En el caso de la mujer más claramente. Tenemos recientes casos como la sentencia de la Manada, en la que claramente se ve el carácter heredado del franquismo del aparato judicial. ¿Qué hubiera pasado si la «agredida» hubiera sido Ana Botín, o una guardia civil? La opresión no va en función del género, va en función de la clase. Sin duda si la agredida fuera Ana Botín no se la trataría igual, lo cual no quiere decir que a la explotación de clase no se sume una opresión de género. Es la doble pena, sí hay una opresión específica, su origen es de clase, pero es específica para provocar la división, como es específica contra la población negra u otras minorías. Hay derechos democráticos comunes a todas las mujeres, y es la clase obrera la única capaz de luchar por ellos.
Determinadas mujeres obtienen determinadas libertades, que deberían ser de todas, a base de dinero. Libertades que nos fueron arrebatadas con la caída de la II República y el establecimiento del franquismo, que señalaba las tareas del hogar, el cuidado de los hijos y los mayores y la obediencia al marido como el papel que debe desempeñar la mujer. En el Estado español la opresión de la mujer toma formas propias, por el mantenimiento de buena parte del aparato judicial y policial del franquismo, entrenado para perpetuar la desigualdad y la opresión de la mujer y no para defender derechos, y por la influencia y el poder de la Iglesia Católica. La defensa de los derechos y reivindicaciones de las mujeres exige acabar con todos los residuos franquistas e imponer la separación de la Iglesia y del Estado, incluyendo la separación de la Escuela y de la Iglesia. Es decir, la República. ¿Cómo se puede hablar de igualdad, recortando en derechos y servicios públicos? ¿En enseñanza, incluyendo la educación infantil desde los 3 años, o en atención a las personas dependientes? ¿Cómo podrá la mujer trabajadora emanciparse si no se ponen los medios para ello?
La emancipación no podrá ser en cuanto no se aseguren los medios suficientes para poder entrar en el mercado de trabajo en situación de igualdad. Recordemos que las grandes luchas obreras consiguieron no sólo guarderías públicas, sino también comedores y otros servicios a los que la clase trabajadora podía acogerse, incluso en su lugar de trabajo. Uno de los objetivos del combate de la clase trabajadora es poner los medios materiales que permitan liberar a las mujeres y a los hombres de la carga de las tareas domésticas y del cuidado de los menores y de los mayores dependientes, desarrollando los correspondientes servicios públicos. Debemos exigir a nuestras organizaciones, las que se reclaman del movimiento obrero, sindicatos y partidos, que defiendan aquello por lo que nacieron. Deben ponerse al frente del combate y la defensa del conjunto de las reivindicaciones de la clase trabajadora.
El recorte de derechos y libertades, tales como el aborto, el control de natalidad y la eliminación de servicios públicos ahondan aún más en la explotación de la clase en general, y de la mujer trabajadora en particular. Es por ello que decimos que en este régimen no cabe la emancipación de la mujer trabajadora, como no caben el conjunto de las reivindicaciones del movimiento obrero. Este régimen es un obstáculo a batir para avanzar en la emancipación de la mujer trabajadora, como para avanzar en el conjunto de las reivindicaciones del movimiento obrero.
Las mujeres trabajadoras somos las primeras interesadas en que las organizaciones defiendan las reivindicaciones que van contra nuestra opresión y discriminación. Es por ello que, formando parte de esas organizaciones, necesitamos una coordinación autónoma que combata por esas reivindicaciones. La defensa de estos derechos, la lucha por la igualdad y la conquista de las reivindicaciones exige derogar las reformas laborales, acabar con el aparato de Estado franquista, imponer la separación de la Iglesia y del Estado. Exige imponer la democracia, la República.
Comité de enlace de mujeres republicanas
enlacemujeresrepublicanas@gmail.com
Carta a la Embajada de Francia en España
10 de enero de 2022
Señor Embajador:
Al Comité de Redacción de Tribuna Socialista ha llegado la noticia de que la Gendarmería francesa detuvo el pasado 30 de diciembre a Elie Dolmota, quien fue Secretario General de la UGT-Guadalupe.
Elie Dolmota es un respetado sindicalista que participaba pacíficamente en una manifestación, ejerciendo su legítimo derecho de libertad de expresión y movilización.
El compañero Dolmota, está citado a presentarse ante la justicia el día 7 de abril, con cargos por “violencia y rebelión”. Sin embargo, hay imágenes que demuestran que la manifestación transcurría pacíficamente hasta que fue bloqueada por los gendarmes.
Exigimos la eliminación inmediata de todos los procedimientos judiciales en contra de Elie Dolmota.
Redacción de Tribuna Socialista
Pero qué miserables son, Almudena
Por Martín Lozano
A mí no me gusta Almudena Grandes. No me gusta en muchos aspectos y no solo como escritora. No me gusta porque creo que ha sido muy sesgada, en favor de las tesis históricas que explican la guerra civil desde el punto de vista historiográfico del Partido Comunista. No me gusta cuando con esa voz que la naturaleza y la vida le dieron imponía su arrolladora personalidad. No me gusta cuando se declaraba, de manera implícita, la heredera de Galdós, de Don Benito Pérez Galdós y no me gustaba porque yo lo entendía como arrogancia.
Permitidme, antes de que dejéis de leer estas líneas, que os diga que de todo lo anteriormente expuesto debéis descontar un porcentaje, elegid el que gustéis, de envidia. Envidia de la mala, no creo que exista eso que se llama envidia sana. Envidia del escritor al que le gustaría conseguir el éxito, pero no solo por su número escandaloso de ventas, sino que le acompañase el triunfo del seguimiento masivo de lectores, la invitación a toda clase de eventos, el orgullo de ver sus obras llevadas al cine, la posible inmortalidad, aunque sea temporal, de sus escritos.
Pero una vez dicho que Almudena Grandes no me gusta, no creáis que es una boutade de vieux terrible y cobarde que aprovecha su muerte para epatar y llamar la atención que no gana con sus escritos, lo he puesto negro sobre blanco con ella viva, con menos repercusión aún que mis novelas. Pero sé también que la mía es una opinión, seguro que hay más, aunque frente a la mía conozco infinidad de opiniones que piensan que es una gran escritora, que sus ‘Episodios de una guerra interminable’ son excepcionales.
¿Mi opinión me nubla el sentido, me cierra los oídos y los ojos? ¡No! ¿Me lleva a no reconocer el mérito y el valor de Almudena? ¡No! ¿A no verla como una compañera, luchadora de la clase obrera y de los oprimidos? ¡¡NO!! Tal vez su arrogancia no fuera más que una forma exacerbada de esa mítica chulería que dicen nos acompaña a los madrileños de los barrios populares. Puede que su sectarismo viniera de su hartazgo de ver a las clases privilegiadas someter históricamente a su capricho a los pobres del mundo, incapaces de unirse en la lucha final. Por eso creo que, aunque no me guste, Almudena Grandes se merece que una biblioteca lleve su nombre; que como madrileña insigne su nombre encabece, en el acostumbrado rectángulo metálico, una de las calles de su querida y peleada ciudad; que se la designe hija predilecta de nuestra villa, Madrid. La palabra que tantas veces pronunció y tecleó en su ordenador para su mayor gloria y honor.
Yo seguiré opinando lo mismo de ella y sus novelas, pero también seguiré pensando que siendo el responsable político de la ciudad, elegido por una decisión estratégica oportunista de partidos, cuando ni siquiera has sido el más votado, tienes la obligación, no solo moral, de ir y representar al Ayuntamiento de Madrid en el entierro de un personaje de la notoriedad e importancia de Almudena Grandes. Aunque no te guste Almudena, aunque detestes su ideología y lo que representa, pese a que aborrezcas el lugar en el que se están celebrando las exequias por sus reminiscencias políticas, aún imaginando (como posiblemente piensa él que harían sus huestes a sus rivales de izquierdas en un caso similar) de que vas a estar rodeado de chusma hostil y de que vas a recibir una pitada infernal o un silencio sepulcral, tienes que ir. Pero eso sería pedir mucho a un miserable, que con la más estúpida de sus sonrisas y los argumentos ejemplarizantes del cinismo más recalcitrante sería capaz de justificar, (aprovecho las entrañables fiestas navideñas para la analogía literaria), las matanzas de Herodes.
Y no digamos nada de la otra autoridad obligada a asistir, nuestra ínclita presidenta, elegida libremente, como la monarquía, por todos los españoles. Presidenta que no es tan estúpida como parece y como creemos, pero si es mucho más miserable. Con esa expresión de sus ojos de gacela a punto de ser devorada por los peligrosos social-comunistas de los que el maléfico cementerio civil madrileño estuvo lleno, miles de rojos armados con un libro (no necesariamente rojo) en las manos, pisando su suelo, pero también llenando sus tumbas, que dicho sea de paso es el mejor sitio donde pueden estar y el único en que casi resultan inofensivos, ella no pudo acudir, seguro que estaba inaugurando algún Belén para celebrar la venida al mundo del Niño Dios y no podía acompañar a su salida a alguien como Almudena, que como muchos de sus nuevos vecinos seguirá siendo recordada hasta mucho después de que esos dos seres ruines desaparezcan de nuestra memoria. Nunca te perdonarán que seas Uno de los nuestros.
Gracias Maestra. Salud Compañeros.
Epílogo: Una vez cerrado y difundido el número 128 de Tribuna Socialista, correspondiente al mes de noviembre, nos llegó la noticia de la muerte de Almudena Grandes por lo que no pudimos hacernos eco de ella, con esta columna intentamos paliar ese hecho, sumando estas líneas a su homenaje.
Editorial
Normalidad democrática, pero para quién.
El próximo 1 de junio del año que se avecina, dentro de seis meses, se cumplen cuatro años de la caída del Gobierno de Rajoy. Fue la escandalosa situación generada por uno de los múltiples casos de corrupción en los que está envuelto el Partido que preside Pablo Casado, el caso Gürtel. La Moción de Censura se amparó en la necesidad de reconducir a nuestro país a la “normalidad democrática”.
Desde Tribuna Socialista celebramos aquella victoria democrática por la que se desalojaba del poder a un Gobierno que hoy se le continúa juzgando por casos tan deleznables como el caso “Kitchen”.
Sin embargo, no podemos olvidar que la “normalidad” democrática no solo se alcanza sacando a los corruptos del poder; de hecho, recientemente hemos visto como se ha aupado a un señor, relacionado con casos de corrupción, al Tribunal Constitucional, un episodio que es cualquier cosa menos normal.
De la misma manera, tanto en las primarias del PSOE de 2017, como en los argumentos para la Moción de Censura, así como en la campaña electoral de las generales del 10 de noviembre de 2019, hubo promesas que debían llevarnos a la “normalidad democrática”: la derogación de las reformas laborales, la derogación de la “Ley Mordaza”, la derogación de la reforma de Pensiones de 2013 o la derogación del Artº 315.3 del Código Penal. A muy pocos días de entrar en 2022, solo podemos celebrar que se ha derogado el artículo por el que, durante años, se ha estado criminalizando el derecho de huelga.
La alegría que nos produjo la publicación en el BOE de la Ley Orgánica 5/2021 de 22 de abril, por la que se derogaba dicho artículo, se nos está agriando tras enterarnos de la persecución policial a una serie de trabajadores y ciudadanos de Cádiz. Todo apunta que se trata de una revancha de los ámbitos policiales y judiciales (incluidos los fiscales) contra la “insolencia” de la clase trabajadora gaditana por salir a la calle a defender el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores metalúrgicos de la provincia. Arremeten individualmente contra un grupo de personas a las que se les imputan hechos, generando de esta manera miedo, represión y vulnerando la presunción de inocencia que tanto se defiende para indudables corruptos, estén en España o huidos en un país árabe.
Tampoco es muy normal democráticamente que reivindicaciones como la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012 se pretendan saldar con paños calientes, aceptando todos los vetos de las patronales, y a prisa y corriendo.
Si la soberanía reside en el pueblo, según dice el Artº 1.2 de la Constitución de 1978, los poderes emanados de esa soberanía debieran cumplir los compromisos adoptados con el pueblo, para alcanzar el poder.
No es normal democráticamente que las condiciones aceptadas por el Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) contradigan los compromisos contraídos con el pueblo. Es una anormalidad democrática que no solo habrá un incumplimiento flagrante con la mayoría de votantes soberanos, sino que, además, será el pueblo el que pague con sus impuestos los 70.000 millones de euros, el 50% de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia(1), que sí hay que devolver ya que computan como deuda pública. Documento en el que con palabras muy bien elegidas se habla de la necesidad de inversiones y reformas estructurales. Pero si se pone la debida atención, veremos que las reformas la sufriremos la mayoría social:
- Por ejemplo, en el componente 30. A (página 343 del documento) fomento de las pensiones privadas, se vende la quimera de facilitar que los trabajadores más precarios se beneficien de las ventajas fiscales de los planes de pensiones. Cómo, si el salario más habitual en España diese para ahorrar y/o invertir, a septiembre de este año 2021, se ha fijado por el INE en 1.125,8 €. Con ese salario se hace difícil vivir y pagar el alquiler o la hipoteca de una casa muy modesta. Dónde está el compromiso de que los planes de pensiones de empresa no serán a costa del trabajador, ni siquiera en parte, esto no consta en ningún apartado de los múltiples compromisos asumidos.
- El componente 30 B (en la misma página) atenta contra las carreras largas de cotización y contra las cotizaciones más altas, cuando son las que más han aportado al sistema. Todo ello, partiendo del falso argumento de la insostenibilidad del Sistema Público de Pensiones; el Banco de España también sería insostenible si lo saqueasen. Recordemos el informe del Tribunal de Cuentas, que ha estimado en 103.690 millones el pago de gastos impropios de las cotizaciones de los trabajadores, entre el periodo 1989 a 2013.
Hay documentos, como el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI 2021(2), que desarrollan los compromisos los planes de inversión. Si vemos, en la página 5 de este segundo documento, podemos leer cómo se van a repartir 69.500 millones entre empresas de todo tipo; dice el documento: “69.500 millones EUR, contiene un conjunto ambicioso de reformas e inversiones en el ámbito digital. El Plan destina el 28,2 % del total de los fondos invertidos al ámbito digital (es decir, supera el objetivo del 20 %), que en total asciende a 19.600 millones EUR. Se centra especialmente en promover la digitalización de las empresas, especialmente de las pymes…” Es decir, que tras la crisis de 2008 se destinaron más 60.000 millones para sanear la banca, ahora, con la excusa de la COVID-19, se destina otra ingente cantidad de millones para digitalizar. El método que ha encontrado el capital es estupendo, para los capitalistas: se da dinero público a las empresas, dinero que pagaremos todos los que contribuimos, para que hagan beneficio que se quedan ellos, los empresarios. Y a nombre de la modernización anuncian que despedirán a millones de trabajadores; como la banca, que ha destruido en una década más de 120.000 puestos de trabajo y ha extendido la exclusión financiera por todo el Estado.
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