Categoría: Editoriales

Elecciones autonómicas en Galicia 18 de febrero 2024

Las expectativas y esperanzas poco fundadas han llevado a una abultada decepción en la izquierda, en Galicia, en general y muy particularmente en el mundo socialista del PSOE. Estos son los datos de las elecciones del 18 de febrero, comparativos con las celebradas el 12 de julio de 2020:

El análisis cuantitativo deja claro que el PSdG ha caído en diputados (-5), porque ha caído en votos (-46.059), a pesar de que la participación ha sido 12 puntos superior.

El PP ha crecido en votos, pero, aún así, ha bajado en diputados, aunque esto no le hace perder la mayoría absoluta, que en la Xunta está en 38 diputados. Tendría que haber perdido 3 diputados más para no tener mayoría absoluta por quinta vez consecutiva: 38 diputados en 2009; 41 en 2012; 41 en 2016; 42 en 2020; y los 40 de ahora.

El único Partido que ha ganado sustancialmente, tanto en votos como en diputados, ha sido el BNG, que ha obtenido un crecimiento del 50% sobre los votos de los anteriores comicios, lo que le ha proporcionado 6 diputados más, si bien, a efectos prácticos de la aritmética parlamentaria gallega poco cambia.

Todas las elecciones territoriales tienen sus particularidades. Sin embargo, tanto en Madrid, como en Euskadi, como en Galicia, el PSOE no solo no gana las elecciones, sino que además ha dejado de ser la fuerza de izquierdas más representativa, en favor de Más Madrid, Bildu o BNG, respectivamente.

No olvidemos que estas elecciones han sido anticipadas 6 meses porque así lo decidió Feijóo. Posiblemente, porque tras su fracaso en la investidura en septiembre del año pasado necesitaba revalorizarse en el seno de su propio Partido, en el que las ambiciones personales están a flor de piel.

Desde nuestro punto de vista, el debate sobre la Ley de Amnistía no ha sido determinante en el resultado; el PP gana por mayoría absoluta desde 2009 y no llevamos 15 años discutiendo de amnistía. Además, si este fuese un asunto determinante para el electorado gallego, el BNG, que apoya la amnistía, no hubiese obtenido los resultados tan positivos que ha recibido en las urnas. Por mucho que el pueblo gallego tenga su idiosincrasia, como cada pueblo del Estado español, está incluido en el barómetro del CIS de enero que dice que la amnistía solo está entre las tres primeras preocupaciones para el 2,3% de la población.

Desde luego que toca pensar por qué el PSdG-PSOE ha caído de manera tan abultada.

Un hecho objetivo, que no ayuda, es el que en estos 15 años pasados el Partido Socialista en Galicia ha tenido 5 secretarios generales diferentes y 4 candidatos distintos. Es evidente que esto no es lo mejor para consolidar un proyecto en un territorio en el que, además, el nacionalismo se sitúa en el mismo espectro ideológico, la izquierda. Si a esto se le añade la forma en la que se quitan y se ponen los líderes en el PSOE, en general, por ungimiento del líder federal, tenemos otro factor que contribuye al fracaso, como es la desafección de las bases militantes hacia las decisiones de las direcciones. El PP no es más democrático a la hora de imponer a sus líderes, a quienes incluso fulmina.

Por otra parte, está la estrategia. Se dice que las elecciones en Galicia las ganan, para el PP, las y los alcaldes. A este respecto hay que saber que de las 146 alcaldía que tiene el PP, sobre 300, solo el 17% son alcaldesas, el 22% en el PSOE y el 34% en el BNG -sirva esta información añadida como mensaje de cara al cercano 8-M-.

Lo anterior, además del sesgo machista, nos dice que el PP tiene el 48,66% del poder municipal, una base muy sólida para optar a la mayoría absoluta en la Xunta y las diputaciones. Este poder municipal, los gallegos y gallegas lo conocen de cerca, se ejerce con un alto grado de caciquismo. En los concellos, a los jóvenes que aún quedan en la Galicia del interior, les es más fácil encontrar empleo en los ayuntamientos -en el mantenimiento de carreteras y cunetas, en las subcontratas municipales, etc- si dan garantías de votar al Partido del alcalde. Cada cual que saque sus conclusiones y/o contraste este hecho. Esto no pretende ser excusa justificativa de los malos resultados socialistas.

No debemos dejar de observar que el porrazo electoral no solo se lo ha dado el PSdG-PSOE, también lo han sufrido, más si cabe, Podemos y Sumar que, en 2020, los primeros se presentaron como Podemos IU ANOVA y parte de los hoy Sumar Galicia eran En Marea, entre ambos han perdido 54.513 votos. Hacemos mención a estos partidos, pues, junto al PSOE han conformado los gobiernos de coalición pasado y actual.

El contenido de los programas y las campañas puede explicar por qué, a pesar de que la participación a crecido un 12%, la abstención es del 39%. De los 500.000 gallegos y gallegas que viven en el extranjero, pero que están censados en Galicia, solo ha votado el 6%. Además, tanto el voto nulo y el blanco suman un 1% del censo y han crecido un 16% y un 9%, respectivamente. Volviendo al barómetro del CIS del mes de enero, la pregunta nº 8 decía: ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero?, el resultado no dejó lugar a la duda:

1º.- La crisis económica, los problemas de índole económica, con un 37%.

2º.- La sanidad, con un 17,6%

3º.- Los problemas relacionados con la calidad del empleo, con un 14,1%

La pérdida de poder adquisitivo de los salarios y las pensiones que contrasta con los multimillonarios beneficios de las grandes empresas de la energía o del sector financiero. Los efectos de la privatización de la sanidad pública, y la precarización de las condiciones de vida y trabajo, por supuesto la ausencia de puesto de trabajo. Estas son las preocupaciones, que más bien poco han pesado en las propuestas de los partidos.

A lo anterior, hay que añadir los incumplimientos de promesas electorales, incluso legales, de los partidos mencionados que han formado y forman parte del Gobierno de coalición anterior y el actual. Incumplimientos tales como la no derogación de todos los elementos lesivos de las reformas laborales de 2010 y 2012, de ahí que la precariedad y la inseguridad en el empleo esté cronificada. Estos partidos y sus socios parlamentarios de izquierdas han sido incapaces de derogar la “Ley Mordaza”. Y unos y otros, a fecha de hoy, mantienen el incumplimiento de la Ley 21/2021, en su Disposición Transitoria sexta, encargar una Auditoría a las Cuentas de la Seguridad Social.

Estas cuestiones, señaladas a modo de ejemplo, afectan al electorado en Galicia, en Murcia, en Cataluña en Huelva y en Madrid, así como en los demás territorios que componen este Estado plural.

Si las elecciones se dirimen en las acusaciones y las campañas de desprestigio del contario, es entendible, aunque no se comparta, por qué más de un tercio del electorado que el día 18-F se quedó en casa.

Si a las imposiciones desde arriba le sumamos que las bases de afiliados se sienten “pagacuotas”, meros costaleros a los que se les llama para ir a las mesas electorales y poco más, y le añadimos la falta de consolidación de proyectos y la desventaja en el poder municipal, pensamos que hay ingredientes suficientes como para que la Ejecutiva Federal del PSOE y los demás partidos de la izquierda no nacionalista se lo hagan mirar.

Recuperar las propuestas netamente de izquierdas es absolutamente imprescindible para recuperar la confianza de la mayoría social en cada región y que como clase trabajadora tengamos una referencia clara.

El Comité de Redacción

Editorial: El alto coste de la guerra para los ciudadanos de Europa.

Lo hemos explicado en anteriores editoriales y lo han abordado los colaboradores de Tribuna Socialista en diferentes artículos, aportando datos precisos: ¡la Guerra en Ucrania tiene un alto coste para los ciudadanos de los países de Europa! Es lo que venimos llamando “La guerra social” que se desarrollacontra todos los pueblos del continente europeo.

                Nos referimos a los efectos económicos de la guerra, pues la sociedad ucraniana y la rusa están sufriendo la guerra en su sentido más dramático: desde el 24 de febrero de 2022, más de 7 millones de ucranianos han tenido que buscar refugio en otros países y 5,4 están desplazados de sus casas en el interior de Ucrania (datos facilitados por ACNUR en diciembre de 2023); en estos casi dos años de guerra, se han muerto 10.000 civiles, de entre ellos 560 niños y niñas, y 18.500 civiles han resultados heridos (datos de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU).

                A lo anterior hay que añadir la sangría en vidas de jóvenes, ucranianos y rusos en los frentes: En agosto del paso año, “The New York Times” citaba datos facilitados por instancias oficiales de EE.UU., según las cuales los soldados muertos y heridos se acercan a los 500.000 entre ambos contendientes. Un auténtico drama.

                No es posible hacer comparaciones de quién está sufriendo mayormente esta guerra. Pero no por ello debemos normalizar y asumir los efectos económicos que se están cebando con los pueblos de Europa, de los que se están aprovechando las grandes corporaciones y oligopolios.

                Esta guerra estalla en su forma actual con la invasión del territorio ucraniano por partedel ejército ruso. Esto es indiscutible. Pero no se puede negar que ocho años antes, el 21 de febrero de 2014, la Rada Suprema (nuestras Cortes) destituyó a VíktorYanukóvich de sus funciones de presidente de Ucrania. Fue el acto final de una crisis que se había desencadenado unos meses antes, el 21 de noviembre de 2013, cuando Yanukóvich suspendió la firma del Acuerdo de Asociación entre Ucrania y la Unión Europea, lo que desembocó en las protestas del “Euromaidan”. Tras estos hechos lo que había eran negociaciones económicas que no cuajaron: la UE ofrecía 600 millones de euros a Ucrania, y el gobierno ucraniano consideró la oferta una humillación, además de acusar al FMI de falta de apoyo económico que compensase la ruptura de relaciones comerciales con Rusia, por parte de Ucrania. Lo siguiente fue, queen abril de 2014, estalló el conflicto interno, ucraniano, conocido como la guerra del Dombás.

                Una vez más tenemos que citar al militar y filósofo prusiano Karl von Clausewitz:

“La Guerra constituye un acto de fuerza que se lleva a cabo para obligar al adversario a acatar nuestra voluntad. Es la continuidad de la política por otros medios”

                Las desavenencias económicas entre la UE y Rusia están azuzadas por los EE.UU., pues el Acuerdo de Asociación de Ucrania y la Unión Europa no es más que una pieza de la partida que se viene jugando desde la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989. Quien desee profundizar sobre esta cuestión y la expansión de la OTAN hacia el Este, recomendamos recuperar la lectura del artículo de nuestro compañero Roberto Tornamira, publicado en TS-145, de junio de 2023, “Ucrania: Alcanzar la paz y el desarme nuclear”.

                Llegados a este punto, resulta una ligereza decir que la guerra actual es única y exclusivamente por la ocupación del territorio este de Ucrania por parte de las tropas de Putin. Quién no vea una secuencia de hechos es por que está ciego o porque ha tomado partido. Lo que había detrás de los movimientos políticos y de las negociaciones económicas era ver quién se hacía con el negocio de la Energía en Europa, en concreto del mercado que Rusia tenía como suministrador de gas y petróleo. Negocio que ha cambiado de manos y ahora son los EE.UU., quienes suministran gas licuado a Europa, eso sí a precio mucho mayor que el gas que nos llegaba de Rusia a través de los gaseoductos Nord Stream, “reventados por nadie”.

                Las cifras disponibles hablan de que los EE.UU., han aportando más de 75.000 millones de dólares a Ucrania, al margen del coste de los equipamientos militares (hay que recodar que el presupuesto militar total de los Estados Unidos para 2023 fue de 857.900 millones de dólares, el mayor de todo el planeta). Hoy, la ayuda estadounidense para Ucrania en 2024 está sin aprobar por parte del Congreso y el Senado, por la oposición de los republicanos.

                Para comprender de qué va todo esto, hay que saber que los EE.UU., facturaron, en en el periodo marzo 2022 a septiembre de 2023, 66.700 millones de euros en concepto de Gas licuado, lo que significó un incremento del 360% respecto a 2021. Ya han trincado el negocio y ahora comienzan a pensarse si la inversión ha sido suficiente, pues el mercado está “asegurado” para muchos años.

                La Unión Europea, por su parte, a mediados de 2023, tenía comprometidos más de 77.000 millones de euros en ayuda a Ucrania. Es decir, que la UE, subordinada militar y económicamente a la USA, comparte los costes de la aventura militar de los estadounidenses y además paga la factura que supone el diferencial de precio del gas y el petróleo, por las sanciones contra Rusia. Sin contar con el coste de riesgo para la paz en el conjunto del continente.

                Ante estas evidencias, Tribuna Socialista participamos del Manifiesto Internacional contra la guerra de Ucrania, por el Alto el Fuego inmediato e incondicional, cuyos firmantes mantenemos la máxima de ¡Ni Putin ni OTAN!

                El problema es que Europa, y principalmente la UE, se ha visto arrastrada -con el beneplácito de los gobiernos- a una situación comprometida, cuyos efectos estamos pagando la mayoría de la sociedad, los de siempre. Una de las consecuencias más directa y evidente es la ola inflacionaria que nos está esquilmando los salarios y las pensiones desde hace dos años: alimentos, gas, luz, hipotecas, gasolina…El incremento de los precios de los combustibles está provocando las lógicas protesta de los agricultores en las dos principales potencias europeas: Francia y Alemania.

                El gobierno alemán ha recortado el subsidio al diesel, medida que no afecta solo a los campesinos, y ha introducido un impuesto a los vehículos agrícolas. Parece que al Gobierno semáforo de Alemania (SPD + FPD + Los Verdes) no le cuadran las cuentas y su Tribunal Constitucional les ha emendado la plana por 60.000 millones de euros. Todo ello, a pesar de que el ministro Agricultura, Cem Özdemir, advertía en diciembre que las medidas del Gobierno “superaban el umbral de dolor” del sector agropecuario, pero el resto del Gobierno hizo caso omiso.

                En lugar de explicar que el gobierno alemán, acatando las presiones de la OTAN, decidió destinar 100.000 millones a gasto militar para poyar a Ucrania, de ahí el agujero fiscal que arrastran, lo pretenden resolverdiciendo que los campesinos están influidos por la extrema derecha. Seguro que hay campesinos que votan a AfD (Alternativa para Alemania) el equivalente a VOX en nuestro país. Pero apelar al “lobo” es una simpleza.

                En Francia está ocurriendo algo similar, los agricultores protestan por el incremento de los precios de los combustibles y por de abuso que los mayoristas en la imposición de los precios de los productos agrícolas.

                En otros países de la UE hay situaciones de tensión con los productos agrícolas, concretamente en Polonia los agricultores llevan varios meses denunciando el “dumping” de precios del cereal respecto al precio de los cereales ucranianos.

                Las grandes multinacionales y los cárteles de hecho u oligopolios son los grandes beneficiados, quienes incrementan los precios de manera brutal y sin ningún control de los precios por parte de los gobiernos; un ejemplo de esto en España es el tremendo incremento del precio del aceite de oliva, sin que nuestro Gobierno haya hecho otra cosa que justificar y comprender a los productores, por la subida del precio de los fertilizantes desde el estallido de la guerra en Ucrania. ¿Quién comprende a las familias trabajadoras cuando ven doblarse y triplicarse el precio de un producto alimenticio básico, pero su salario crece por debajo del IPC?

                Para finalizar, Borrell, el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, tienen razón cuando dice que “Europa no puede reemplazar a Estados Unidos en la ayuda a Ucrania” Él tiene datos y elementos para decir eso, sin duda.

                Los esfuerzos de la UE no deberían estar centrados en la guerra, sino en la paz. Sería muchos más rentable económica y socialmente. 

El Comité de Redacción

Editorial: Salvar la economía hundiendo la humanidad

Esta última Editorial que despide 2023, no es un balance del año que termina, es una reflexión sobre lo absurdo de un sistema económico que destruye la humanidad.

El 24 de febrero se cumplió el primer año de guerra en Ucrania; en un par de meses se cumplirá el segundo aniversario. En agosto pasado, The New York Times daba la cifra de 500.000 víctimas rusas y ucranianas, entre muertos y heridos, datos facilitados por funcionarios estadounidenses anónimos. A esas víctimas hay que sumar los más de 5 millones de ucranianos desplazados más los 6,3 millones de refugiados, repartidos por el mundo, procedentes de Ucrania (datos de ACNUR de mediados de este año).

El 7 de octubre se desató el conflicto en Palestina. Más de 1200 muertos en los asentamientos y kibutz y más de un centenar de rehenes aún hoy en manos de Hamás. De manera inmediata, la reacción del Gobierno de Netanyahu ha tomado la forma de exterminio del pueblo palestino, con más de 20.000 muertos en la franja de Gaza, incontables heridos, la destrucción total de los hospitales en el norte de la franja y el sometimiento de la población a la hambruna en el sur. Además, de los cerca de 400 palestinos muertos en Cisjordania, a manos de colonos judíos y el ejército israelí. Las víctimas están siendo, principalmente mujeres y niños.

Estos son los datos de que disponemos. Pero, ¿Cuáles son los motivos?

En Ucrania, lo fácil, obvio e indiscutible es decir que Rusia ha invadido territorio ucraniano. Sin embargo, esta guerra, como la práctica totalidad de las guerras habidas en la historia y como en los más de 30 conflictos abiertos en el mundo actualmente, hay un trasfondo que no es tan evidente.

Lo que se dirime en Ucrania es el control del abastecimiento energético a Europa: nos suministran los oligarcas rusos protegidos de Putin o nos abastecen las multinacionales estadounidenses escudadas tras la OTAN. Esta es la disyuntiva que se disputa en territorio ucraniano; principalmente en el Este del país, donde antes de la invasión de las tropas de Putin ya había una guerra civil entre el Estado ucraniano y la población ucraniana ruso parlante del Donbass. Este conflicto fue provocado a su vez por la lucha de intereses entre la oligarquía rusa, en alianza con una parte de la oligarquía ucraniana, y las multinacionales occidentales en alianza con la otra parte de oligarcas ucranianos, a los que representa Zelensky. Estados Unidos, con la OTAN como punta de lanza, decidió hace ya tiempo colonizar todos los mercados mundiales, de ahí el avance de la OTAN hacia el Este de Europa; el problema es que ha llegado a la frontera con Rusia.

Lo de Palestina es distinto, sí. Pero con un trasfondo similar. No es necesario retrotraernos al Tratado de Versalles (1920), tras la primera Guerra Mundial, por el que se establecieron los protectorados que diseccionaron Palestina: gestión realizada por la entonces Sociedad de Naciones. Tampoco es preciso que profundicemos en el plan de partición de Palestina propuesto por la ONU, en 1947, apoyado por el trío: Churchill, Roosevelt y Stalin para dividir Palestina en dos Estados, uno judío y otro árabe. Si se profundiza un poco en esas decisiones impuestas al pueblo palestino se entenderán a la perfección las palabras de António Guterres, secretario general de la ONU, “los ataques de Hamás no vienen de la nada”. Siendo cierto, es curioso que lo diga el representante del organismo internacional que participó y tomo decisiones que han derivado en la situación actual. Como también llama poderosamente la atención que se insista en que la solución pasa por dos estados, cuando esta fórmula ha llevado al pueblo palestino al exilio, a ser preso en su propia tierra, y ahora masacrado.

La pregunta que cabe hacerse es ¿por qué actúa así el Estado de Israel? Porque es la forma en la que el imperialismo estadounidense se garantiza el control de una zona que tiene el petróleo por castigo, entiéndase la ironía. De ahí el apoyo incondicional de la Administración Biden a este crimen de lesa humanidad contra la población civil palestina, frente a lo que los gobiernos de las naciones occidentales, subordinadas a los USA, solo están oponiendo palabrería en el mejor de los casos -es el caso del gobierno de coalición, progresista, del Estado español-. El derecho a la legítima defensa no legitima, en ningún caso, la masacre de un pueblo.

Las consecuencias aún no han aparecido completamente. De momento se amplía el conflicto al Mar Rojo, donde las fuerzas hutíes de Yemen han decidido tomar partido por Palestina atacando los barcos que transiten por sus aguas, con bandera de países aliados de Israel. Hay que recordar que en Yemen se libra un conflicto desde 2015, en el que están implicados y confrontados Arabia Saudí e Irán: una monarquía sátrapa y un Estado teológico criminal que ocupan el 2º y 3er puesto, respectivamente, en el rankig de países con mayores reservas de petróleo.

En paralelo a los conflictos armados se desarrolla una “guerra” cuya munición son las decisiones políticas y económicas que toman las instituciones económicas internacionales, como el FMI, el BCE y la Comisión Europea, los gobiernos y las grandes corporaciones empresariales. En esta guerra las víctimas también son civiles; víctimas que sufren empobrecimiento, explotación… De esta guerra no escapa ninguna sociedad, ningún pueblo.

Uno de los casos más extremos lo sufre el pueblo argentino. Todos los gobiernos, tanto radicales como peronistas, han defendido el mercado libre y han dejado Argentina en una situación lamentable. Ahora, para “arreglarlo”, llega Milei, quién a nombre de la “libertad carajo” va a privatizar Argentina. De momento, para tener las manos libres, carajo, quiere arrasar con todas las leyes laborales y con los derechos de los trabajadores, como la seguridad social, el derecho a huelga y manifestación…

Milei se inspira en los Estados Unidos, está incluso decidido a sustituir el peso argentino por el dólar estadounidense -dolarizar la economía-. Su inspiración es ese país en el que caer enfermo es una ruina, en el que “4 millones de niños no tienen cobertura sanitaria, en el que un vial de insulina costaba hace ocho años 140 dólares y en el que muchas personas se medican con antibióticos para peces porque son los únicos que pueden pagar” (cita del libro “Esclavos Unidos, la otra cara del dream”, de Helena Villar).

El caso argentino es el más extremo en sus formas, pero nada tiene que envidiar al ultraliberalismo privatizador de la señora Ayuso en Madrid, a las decisiones de mister Sunak en Gran Bretaña o a las últimas decisiones anti inmigración de Monsieur Macrón en Francia.

La resistencia del pueblo palestino es vital para todos los pueblos del planeta, para toda la clase trabajadora. Si Israel aplasta al pueblo palestino cualquier gobierno se sentirá legitimado a reprimir salvajemente, incluso a su propio pueblo. Es por ello que cientos de miles de personas se han echado a las calles de las ciudades del mundo a decir «Alto al Genocidio”, “Palestina vencerá”. Movilizaciones que no han contado con el empuje de las grandes organizaciones de los trabajadores: políticas y sindicales, que han hecho tímidos gestos de apoyo, pero que en realidad están guardando un vergonzoso silencio.

De la misma manera, estamos expectantes a la respuesta que la clase obrera organizada del Argentina comienza a dar a las tropelías que prepara el Gobierno de Milei, a quién se abrazaron con entusiasmo los Abascal, Bolsonaro, Zelensky y otros invitados de “honor” en su toma de posesión.

Todo vale para salvar la economía, aunque se hunda la humanidad. Prueba de ello, por si lo dicho hasta aquí no es suficiente muestra de barbarie, es cómo el modelo de producción está destruyendo el planeta, por mucho que nos quieran convencer de que todos, la humanidad, somos culpables. No, los culpables son esa minoría social a la que pertenecen los que viajan a las “cumbres del clima” en sus jets privados y toman decisiones que les hacen aún más millonarios de lo que ya son.

Invitamos a reflexionar si verdaderamente merece la pena tanto sufrimiento y si es esto lo que deseamos dejar en herencia a las generaciones venideras.

La mayoría de la sociedad tiene la posibilidad de cambiar el rumbo, solo tiene que organizarse y tomar las riendas de su legítimo destino.

El Comité de Redacción

El capital y la extrema derecha son pareja de baile

Asistimos a una marea alta del extremismo, en defensa de quienes se benefician de un sistema económico depredador. Argentina, Países Bajos…y la derecha española de toda la vida.

Habrá quien piense que qué tienen que ver unas cosas con otras. La respuesta es que les une seguir garantizando que unos pocos viven excelsamente bien, a costa de que muchos se hundan en la pobreza, sobrevivan o simplemente pasen su vida trabajando para pagar: hipotecas, alquileres, gastos educativos, alimentos, etc., pero sin poder garantizar a sus hijos e hijas una vida futura mejor que la que ellos y ellas han tenido, es decir, la inmensa mayoría de la sociedad.

Cuando el presidente electo de Argentina dice que su prioridad es el libre mercado, salvaguardar la propiedad, que le sobran los ministerios de sanidad, de educación, de cultura… está diciendo lo mismo que hace el PP allá donde gobierna: privatizar la sanidad, la educación, las residencias de mayores y todo aquello que a la mayoría le garantiza unas redes de seguridad que el mercado privado no garantiza a quienes viven de su salario.

El señor Milei pregona la “libertad carajo”. La señora Ayuso, es tan simple en su concepto de “libertad” que la reduce a poder salir a tomar cañas. Pero la libertad es algo más complejo, y esa; la verdadera Libertad, es vulnerada constantemente por estos dirigentes políticos. Por ejemplo, a los miles de ancianos y ancianas a los que, en 2020, se les negó su Libertad de ser atendidos en un centro hospitalario; restricción de la Libertad que le costo la vida a 7291 personas en las residencias de Madrid.

La Libertad se restringe cuando los gobernantes privatizan un servicio público. Por ejemplo, el litro de gasolina 95 en Argentina está, en estos momentos, en torno a 0,86 céntimos de euro (hoy en Madrid de la gasolina 95 está, en promedio a 1,68 €). ¿A cuántos argentinos y argentinas se les va a restringir la Libertad de viajar por carretera cuando YPF sea privatizada? Misma restricción que muchas personas sufren en España; eso que conocemos como “pobreza energética”, al tener que restringir las horas de funcionamiento de su calefacción en los meses de frío o el uso de los electrodomésticos, porque no pueden hacer frente al precio de la energía.

Es fácil hablar de “libertad”. Incluso se utiliza este término para que forme parte del nombre de un partido político, como hizo el señor Geert Wilders, al montarse el Partido por la libertad, cuando en 2006 se escindió del Partido Popular por la Libertad y la Democracia.

Al margen del nombre que le pongan al partido, de si son neerlandeses, argentinos, italianos o españoles, todos son minarquistas, neoliberales, conservadores, etc. Todos coinciden en reducir el Estado a la mínima expresión: ejercito, policía, justicia y poco más. De ahí la consigna de criticar al Gobierno por su número de ministerios.

La idiosincrasia del país, la situación concreta en cada lugar y momento, hace que tengan matices, formas de expresar su ideología, pero todos son pareja de baile del capital.

Donald Trump, Jair Bolsonaro, Nicolás Sakorzy, Victor Orbán…, como los Feijóo, Milei, Meloni o Wilders, todos apelan a la “libertad”, todos han gobernado y/o gobiernan a nombre de la “libertad”, pero, en su concepto, el único libre es el Mercado. La “libertad” de las grandes corporaciones, multinacionales y cárteles de subir los precios de los combustibles, de los alimentos, de la energía o del mismísimo dinero.

El problema es que su “libertad” colisiona frontalmente contra la Libertad de la mayoría de la sociedad. Según Our World in Data, con datos de 2021, el 85% de la población mundial vive con menos de 30 dólares (27,50 €), o sea que es pobre. Y la pérdida de poder adquisitivo, producto de la especulación que utiliza la guerra como excusa, nos hace cada día más pobres a los pobres y empuja a la pobreza a cientos de miles cada día.

Mención aparte merece Benjamín Netanyahu, líder actual del partido conservador israelí, Likud. Este individuo -pues el liberalismo se caracteriza por la defensa del individualismo- gobierna Israel teniendo causas pendientes con la justicia; el fiscal general de aquel país le acusó, en 2021, de corrupción en tres causas: soborno, fraude y abuso de confianza. En el ejercicio de su “libertad”, pretende reformar el sistema judicial de Israel; una reforma que atenta contra la capacidad de supervisión del Tribunal Supremo. Según Amnistía Internacional: “tiene consecuencias alarmantes para los derechos humanos, especialmente para la población palestina, así como para otros grupos marginados de Israel.” Entre otras cosas, quiere Netanyahu, otorgar al gobierno de Israel poder absoluto sobre el nombramiento de jueces y fiscales

Lo que el sionista genocida israelí quiere hacer se parece mucho a lo que, en los hechos, viene haciendo en el Estado español el Partido Popular (PP) con el secuestro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que fue renovado a finales de 2013 y no se ha vuelto a renovar. Es decir, que uno de los tres poderes del Estado lleva 10 años sin ser renovado, 5 años con el mandato caducado. Esta aberración democrática es posible al ejercicio del la “libertad” del PP para boicotear la democracia que dice defender.

Por tanto, Libertad sí, pero para qué.

En democracia, solo cabe responder afirmativamente a la pregunta cuando la Libertad para, entre otras muchas cosas, poder expresarse, manifestarse, opinar… libertades que se ven comprometidas por leyes, como la “Ley Mordaza” (Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana). Una ley que legisló la mayoría absoluta del PP, no para “proteger la seguridad ciudadana”, sino para todo lo contrario, para frenar y amedrantar a la ciudadanía que protestaba legítimamente contra las políticas económicas del Gobierno del conservador Rajoy. Una Ley que habría que derogar, pues cuestiona el derecho de libertad de expresión y manifestación, cuando, por ejemplo, “autoriza a realizar un cacheo a la fuerza, es decir, aunque el afectado haya manifestado su voluntad en contrario; pero se tendrá que causar el menor perjuicio posible a la intimidad y dignidad de su persona.” (Chabaneix, Abogados Penalistas).

El extremismo español se ha lanzado a las calles agitando la bandera, acude a las instituciones europeas, ha puesto en marcha todos sus “resortes” en la Justicia, en las fuerzas de seguridad del Estado (sindicatos policiales y colectivos de militares en la reserva), el clero y la patronal. Vamos, los de siempre. Dicen que para salvar a España y que no se rompa.

Cuidado con los libertadores, ojo con los salva patrias. Al final siempre terminan guardando silencio cuando los comisionistas saquean las arcas del Estado o se benefician de su cargo para enriquecerse, incluso los justifican. Son los mismos que trasvasan ingentes cantidades de dinero público al libre mercado, como hizo el Gobierno del caso “Kitchen” cuando le dio 100.000 millones a la banca y no les ha reclamado la deuda. Eso sí que rompe a un país. Pero es una música con la que al capital en encanta bailar.

El Comité de Redacción

Editorial: La barbarie sionista se ceba en Palestina

Los pueblos de la tierra asistimos indignados y perplejos a otro capítulo de barbarie, esta vez es uno más contra el pueblo palestino, puede que el más brutal, cruel y despiadado, la historia dirá. El aparato propagandístico internacional israelí, en su intento por acallar las voces discrepantes contra su acción criminal, ha llegado a acusar de antisemita al Secretario General de
Naciones Unidas, han pretendido iniciar una campaña de persecución de futbolistas por el simple hecho de ser de origen árabe y llaman a controlar a los colectivos de jóvenes universitarios norteamericanos; muchos de ellos y ellas judíos también, para que no critiquen el genocidio que se está perpetrando, no en su nombre. Pero las voces de rechazo e indignación ya se escuchan hasta en
Jerusalén.
Tenía razón Guterres cuando dijo que “los ataques de Hamás no vienen de la nada”. Desde que Naciones Unidas propusiese en 1947 la creación de dos Estados, se han producido cuatro guerras: 1948, 1956, 1967 y 1973 y numerosos levantamientos palestinos (intifadas), como respuesta a las provocaciones sionistas y a la constante vulneración de las resoluciones de la ONU. La
consecuencia son miles de muertos y 5 millones de desplazados a campos de refugiados en los países limítrofes, además de los que, con más suerte, hayan podido emigrar a otros países.
Habrá quién considere utópica la solución de un solo Estado en Palestina, laico y democrático, sin integristas islámicos ni ortodoxos judíos, no, al menos, en las instituciones del Estado, pero la aplicación de la solución de dos Estados separados ha llevado a la catástrofe humanitaria histórica que desde 1948 se está perpetrando en contra el pueblo palestino.
Hoy, 2 millones de personas se encuentra “enjauladas” en la franja de Gaza, con la única salida cerrada, el paso de Rafah. El pueblo gazatí está siendo masacrado: ya son más de 8.000 los muertos, la mitad de ellos niños y niñas.
Ante tamaña barbaridad, de las instituciones europeas solo escuchamos tímidas llamadas al respeto del Derecho Internacional y de los derechos humanos, cuando estos se están vulnerando de forma salvaje y flagrante. Los gobiernos de la UE, están de acuerdo en apoyar a Israel, solo discrepan en si balbucear o no las timoratas llamadas a un alto el fuego humanitario, dicen.
Proponen una Conferencia de Paz para dentro de seis meses ¿quedará vivo algún palestino?, ¿quedará alguien en la Franja de Gaza?
Por su parte, los Estados Unidos han pactado que la ayuda humanitaria pase con cuenta gotas por el paso de Rafah, pero más bien parece una excusa, un camuflaje propagandístico, para justificar que Israel continúe con los bombardeos y la invasión terrestre iniciada en estos últimos días.
Israel no podría llevar a cabo su política de exterminio sin el apoyo político y militar de los EE.UU., por ende, esta es una de las formas que toma la política de guerra de los USA en el mundo, al que, directa o indirectamente, tiene empantanado en 34 conflictos armados: Ucrania, Nagorno-Karabaj, Siria, Yemen, Etiopía, Myanmar…En 2022 murieron 238.000 personas en estos conflictos, un 96% más que en el año anterior, dato publicado en la 17ª edición del Índice de Paz Global. Hasta hace poco fue Irak y Afganistán. El resultado de esta política de guerra es un reguero de Estados fallidos, como Libia o Irak.
Como si la situación no fuese ya suficientemente terrorífica, pareciera que se quieran resolver las desavenencias comerciales con China abriendo otro conflicto más en el Mar de China. Se amenaza a Irán constantemente, que es sin duda un Estado teocrático que ejecuta a sus mujeres por no llevar
velo y ahorca a los jóvenes que las defienden. Un Estado que apoya al fundamentalismo islámico de
Hamás y Hezbolá. Pero la solución no puede ser destruir ese país como hicieron con Irak o con Libia.
Decía hace unos días Josep Borrell, el Comisario de Exteriores de la Unión Europea, que: “La UE no puede remplazar a los Estados Unidos en la guerra en Ucrania”. Lo decía el 5 de octubre en el periódico “El Comercio”, dos días antes de la incursión de Hamás en territorio israelí. Es como si la opción de la guerra fuese inevitable. Es evidente que Europa no puede sustituir a los Estados Unidos
en el campo militar, el hecho de formar parte de la OTAN, una estructura militar liderada por EE.UU., está poniendo a los pueblos de Europa en una difícil situación social, por las consecuencias económicas derivadas de la guerra.
Los pueblos, en las manifestaciones masivas que están teniendo lugar en las grandes ciudades, tienen otra lógica distinta a la guerra. Una lógica contraría a los intereses de las multinacionales del armamento, la energía y las finanzas, que, entre otros sectores, se están lucrando como nunca. Los pueblos rechazan la acción de estos intereses económicos que influyen sobre las instituciones y los gobiernos a través de lobbies, cabildeos y comisionistas de todo pelaje; recodemos el escándalo “Qatargate” en referencia a cómo se actúa. El lobismo es una actividad que lesiona la democracia, cuyo caldo de cultivo es la corrupción, al dejar a un lado la intención del voto soberano emitido en las urnas.
Lo urgente es un ¡Alto el Fuego! Inmediato, sin condiciones, en Palestina, en Ucrania y en cualquiera de los conflictos armados que están abiertos a fecha de hoy.
La solución pasa por el respeto a la democracia, pero la de verdad, no a los intereses económicos disfrazados de democracia.
El pueblo judío y el pueblo palestino merecen tener la oportunidad de convivir en democracia, sin sufrir las consecuencias del fanatismo religioso ni de los intereses geoestratégicos de terceros países en Oriente Medio.

Comité de Redacción

Editorial: La derecha nostálgica pretende entorpecer los avances democráticos.

Dicen que el tiempo es oro, y los nacionalistas españolistas nos lo están haciendo perder a raudales. Parece necesario explicar quiénes son esos nacionalistas, a los que Manuel de la Rocha se refería como “el nacionalismo esencialista español”, en un artículo publicado en elDiario.es el pasado día 17 de septiembre, bajo el título “La cuestión territorial y el encaje de Cataluña en España”. Pensamos que es necesario discernir entre españoles y nacionalistas españolistas.

Lo primero que hay que decir es que el nacionalismo es una ideología, es decir: “Conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc”. (RAE).

Está claro que, el Estado español, es un Estado muy rico y plural en cultura, religión e ideología, incluso en lenguas. Un Estado en el que hay distintas vertientes nacionalistas: nacionalistas catalanes, vascos y gallegos, y también nacionalistas españoles, además de liberales, demócrata-cristianos, socialdemócratas, socialistas, comunistas…”. Ocurre que los nostálgicos del nacional catolicismo y el movimiento nacional, con todos sus componentes falangistas y filofascistas, se niegan a que otros nacionalismos “se metan en su terreno”, esa piel de toro que consideran de su propiedad privada, su cortijo.

Pero resulta que en el Estado español también hay mucha gente, puede que la mayoría social, a quienes nos es ajeno el nacionalismo, los fenómenos nacionalistas, o la identidad nacional. Hemos nacido donde hemos nacido y lo que nos preocupa es tener un trabajo en condiciones dignas, pagado dignamente, pues de ello depende el sustento de nuestras familias. Nos preocupan las distintas partes de salario que recibimos, aunque no las llamemos salario, como son las pensiones, cuya naturaleza las convierte en “salario diferido”: el que nos pagarán cuando nos jubilemos; por eso es un tremendo error si un trabajador o trabajadora joven piensa que la pensión le es algo ajeno. También lo son los servicios públicos, pues con el salario directo, el de la nómina de cada mes, no podríamos pagar la Sanidad ni la Educación ni la Residencia cuando te haces mayor u otros servicios sociales, ahí entra en funcionamiento el salario indirecto, esa parte de nuestro salario mensual que va a impuestos, junto con el ajuste anual del IRPF, para poder costear a los médicos o a los profesores de nuestros hijos e hijas, entre otros profesionales de la función pública.

Es por este concepto no nacionalista por el que en la iniciativa(1) que Tribuna Socialista puso en marcha el pasado día 21 (publicada en la página 8 del presente número de TS) manifestamos nuestro apoyo a la necesidad de una reedición del Gobierno de coalición, de corte progresista, y nos hacemos eco de las palabras del presidente del Principado de Asturias, el señor Barbón, cuando manifestaba: “Lo que yo quiero es que haya un Gobierno de Pedro Sánchez. Uno que suba las pensiones, el salario mínimo y las becas”. Que termine de cumplir con la Ley 21/2021 y encargue la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, que sea una voz en la OTAN que abogue por parar la Guerra en Ucrania, en lugar se contribuir a la espiral bélica, que tome cartas en parar la destrucción de la Seguridad Social en la práctica totalidad de las comunidades autónomas, entre otras cuestiones, habría que añadir a las palabras del señor Barbón.

No identificarse con los postulados nacionalistas españoles no nos hace menos patriotas, prueba de ello es que hay “patriotas de boca y bandera” y “patriotas de hechos”: los primeros son los vividores, esos que parasitan en instituciones, sociales y del Estado, llevándoselo calentito, los que además de calentito se lo llevan a paraísos fiscales, los comisionistas de todo rango, los que se benefician de ardides y vericuetos fiscales para no tributar… y luego estamos los patriotas de hechos, que no andamos a vueltas con la bandera ni nos pirramos por la simbología nacional, los que cotizamos hasta el último céntimo de nuestros ingresos porque somos conscientes de que sin impuestos no hay servicios públicos.

Nos atrevemos a decir que la mayoría social no es nacionalista, pues en las nacionalidades históricas: Catalunya, Euskadi y Galicia, también hay muchos catalanes, vascos y gallegos que no son nacionalistas. Esa mayoría no tenemos ningún interés en confrontar con quienes sienten esta o aquella identidad; quizá porque consideramos que el territorio es de todos y todas, y no de un grupo de privilegiados. Y es por eso mismo que queremos convivir en paz con todos los pueblos que componen el plural Estado español. Si es necesario legislando una Ley de Amnistía, y si no encaja en la Constitución pues que democráticamente se reforme la Constitución.

Hay quien argumenta que no se le puede dar la amnistía a Puigdemont: están en su derecho de argumentar, pero es que no se trata solo de Puigdemont, hay 1400 encausados, entre los que se encuentran, jóvenes, directores de colegios, maestros o ciudadanos que, por el simple hecho de querer expresarse libremente, se les ha abierto causa, algunas más que dudosas, y están pendientes de ser juzgados, por una judicatura sobre la que existen dudas más que razonables sobre sus criterios y que estos sean imparciales. Se trata de avanzar en el derecho del pueblo catalán, y del resto de los pueblos del Estado español a decidir su destino, a sentirse mayoritariamente cómodos en el Estado, de forma libre y voluntaria.

El fracaso de Feijóo en su intento de ser investido presidente del gobierno ha dejado de forma nítida esa foto del “nacionalismo esencialista español”. Esa opción ideológica que se arroga la representación de la patria y la nación, aprovechándose de la intoxicación mediática que ellos mismo dirigen, para crear confusión.

Desde Tribuna Socialista siempre hemos defendido, y es pertinente defenderlo ahora, el derecho a decidir como un elemento democrático que facilita e impulsa la fraternidad entre los pueblos. La compaña por una ley de amnistía que hemos impulsado desde el Comité de Redacción pretende ayudar y que sea un punto de apoyo para que Pedro Sánchez y su equipo puedan avanzar en dar soluciones políticas a los conflictos políticos, y dejar de judicializar el mal llamado problema catalán.

Sin duda, si una ley de amnistía sirviese para impedir que el PP se hiciese de nuevo con el Gobierno, eso en sí mismo serviría para impedir que los ataques a las conquistas conseguidas se llevasen a cabo, por tanto, sería un punto de apoyo para seguir avanzando en las demandas que siguen pendientes en línea con lo expresado por el presidente asturiano, Adrián Barbón.

Si la mayoría social toma conciencia de pertenencia a la clase que pertenece la derecha nostálgica se verá cada vez más sola, por mucho que mientan y pregonen que ganan los debates.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista.

“Campaña de firmas entre los y las socialistas, para apoyar al Secretario General del PSOE y, si es necesario, para que avance hacia una solución de Amnistía sobre los hechos del “porcès”.

Pactar con el PP es ir contra el voto que ha frenado a la derecha

Las elecciones generales del pasado 23 de julio han puesto al descubierto varios aspectos que fueron utilizados desde que Pedro Sánchez anunció el adelanto de las mismas.

Primer elemento utilizado por la derecha franquista, tanto el PP como Vox: acusaron a Sánchez de convocar elecciones en verano, para que bajase la participación. La participación ha sido del 70,4% de media en todo el estado, superando en 3,9% a las elecciones de 2019, han participado 2 millones y medio más de electores, con la excepción de Cataluña (3,9% menos de participación que en 2019). Esto demuestra que ni el calor, ni las vacaciones han sido motivo para dejar de votar, incluyendo a los 2.622.808 de votos por correo que ha tenido que gestionar el servicio público de Correo Postal.

Segundo elemento, las encuestas han sido todo un espectáculo y un negocio para las empresas encuestadoras. Según Enric Juliana subdirector de La Vanguardia, del 1 al 17 de julio se publicaron en España seis encuestas diarias, con la clara intencionalidad de influir en la intención de voto, naturalmente hacia la parte de la derecha que, según los números de estas encuestas, tenían un claro vencedor: el bloque de la derecha franquista. Nada de lo que preveían ha sucedido, los franquistas más radicales han perdido 19 diputados y 606.319 votos menos, el PP se ha quedado muy por debajo de las expectativas por ellos creadas, teniendo muy difícil poder llegar a formar gobierno, viendo de esta forma frustrados sus objetivos.

El PSOE, al que daban como el gran perdedor, se ha mostrado una vez más como la única referencia electoral a nivel estatal capaz de parar el avance de la derecha y amplios sectores de trabajadores han utilizo su voto para parar al PP pesar de la decepción que han causado en esos mismos sectores las políticas paliativas y coyunturales del Gobierno de coalición. El PSOE ha conseguido aumentar en votos y escaños los resultados de las elecciones del 2019. En concreto ha sido el partido más votado por miles de familias trabajadoras en todo el Estado y ha sido la fuerza más votada en: Euskadi, Navarra, la costa gallega, Extremadura, interior de Andalucía, la cuenca minera de Asturias y Cataluña, donde ha recogido buena parte de los votos de los partidos independentistas. De esta forma el PSOE tiene posibilidades de formar gobierno.

Tan solo han pasado tres días desde las elecciones y ya se están produciendo presiones para que el partido socialista pacte con el PP y sea este último quien forme Gobierno. Así, desde la editorial del periódico Expansión del día 25 de julio, lo más deseable para la prensa económica de la derecha, es un gobierno de orientación más moderada que el de coalición y, para Antonio Garamendi, presidente de la Patronal, la estrategia de tierra quemada entre los dos bloques ideológicos debe terminar, dice que “es necesario un acuerdo que garantice la buena marcha de la economía y la paz social”. Desde el interior del propio PSOE también se mueven los rescoldos felipistas, los sectores más apegados a las instituciones del Estado para que haya un pacto.

Un pacto PP/PSOE sería un fraude electoral para todos los que han dado una respuesta al llamamiento de parar los pies a la derecha. Los trabajadores, ni siquiera muchos militantes socialistas, no entenderían un pacto con aquellos que quieren hacer retroceder derechos y libertades.

No se puede pactar con los franquistas que, además de aplicar los dictados de recorte del gasto público que ya hacen de las instituciones internacionales del capital, posibiliten retrocesos sobre los derechos y libertades ya conseguidos, seria renunciar a ser alternativa para conseguir consolidar derechos y seguir avanzando en los compromisos que quedan pendientes. Siempre hemos defendido que a la derecha se le para con políticas de izquierda.

Por tanto, es imprescindible que se adopten compromisos claros para que se cumpla la ley 21/2021 que aplique la Auditoria a las cuentas de la Seguridad Social y se defienda con claridad las Pensiones; que se acometa y se derogue en su totalidad las dos reformas laborales que han precarizado y abaratado el empleo; no a la guerra, cese inmediato de cualquier apoyo a la misma; control de precios para impedir las subidas especulativas; defensa de la Sanidad Pública con política de marcha atrás en la privatización y dotación económica suficiente para dotar de personal sanitario todos los centros hospitalarios y de atención primaria; medidas inmediatas para evitar la especulación de la vivienda, defensa de la industria y de los puestos de trabajo.

Si queremos parar definitivamente a la derecha, gobernar para la izquierda.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Editorial: El votante de izquierdas necesita ilusión y recuperar la confianza

El 23 de julio es necesario ir a votar a la izquierda

Hace ya muchos años que la Abstención es el hándicap de los partidos que se reclaman de izquierdas. En las elecciones del 28 de mayo, la media de la abstención en todo el Estado se ha situado en el 36%; en la Comunidad de Madrid ha sido del 30%, mientras que ni PSOE ni Mas Madrid han llegado al 19% de los votos. En el conjunto del Estado español, el 28 de mayo, se ha alcanzado la cuarta cota más alta de abstención en unas elecciones locales, autonómicas o generales.

Un estudio(1), publicado por elsaltodiario.com, relaciona la abstención y la renta por habitante en Madrid. Es relevante que mientras en las secciones electorales de los barrios más pobres se han alcanzado cifras de abstención del 44,4%, en las secciones de los barrios más ricos la abstención no ha pasado del 21%. Pongamos algunos ejemplos de esta función (renta per cápita/abstención) en los tres barrios más ricos de Madrid y los 3 más pobres:

La dinámica que se plasma en los ejemplos de los barrios de Madrid: a mayor renta por persona menor abstención y a menor renta por persona mayor abstención, es una pauta generalizada en todos los territorios del Estado. La abstención es producto de la desilusión, de la frustración, de la desconfianza, factores que llevan a la desmotivación a la hora de ir a votar. La pregunta todos nos hacemos es ¿Por qué la derecha tiene un voto más fiel que la izquierda? Evidentemente nosotros no tenemos la respuesta, porque no hay una sola respuesta. Pero sí que venimos señalando en nuestras publicaciones que las medidas tomadas por el Gobierno de Coalición eran paliativas y coyunturales y no estructurales, por lo que sus beneficiarios no lo perciben como una solución a sus problemas. Por desgracia, los datos y resultados electorales, nos dan la razón.

No pretendemos jugar al “ya lo dijimos”, pues de poco sirve. Sin embargo, para que el 23 de julio el votante de izquierdas se anime a ir a votar sería bueno hacer el ejercicio de buscar motivos que los y las animen a acudir a las urnas, en lugar de pedir el voto bajo el único criterio de la “valía de los candidatos y candidatas”, “lo bien que lo hemos hecho” o el “que viene el lobo (la derecha extrema) cuando el lobo llegó en 2008 en forma de precariedad y pobreza. Quedarse en eso es poco menos que entrar en bucle.

Una frase del filósofo francés Gilles Deleuce, define bien como vemos el problema: “si estas atrapado en el sueño de otro estas jodido”. ¿Hasta qué punto la socialdemocracia y las nuevas versiones de lo que antaño fue comunismo no están atrapadas en el sueño del liberalismo? Algunos ejemplos de esto, para que no quede en abstracto:

El PSOE se ufana de haber evitado que Bildu se haga con el Ayuntamiento de Pamplona y de haber conseguido el de Vitoria-Gasteiz con los votos de la derecha (PNV y PP). Por otra parte, cuando Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, manifiesta que “Bildu ha hecho más por los españoles y por España que todos los patrioteros de pulsera juntos”, una verdad como un templo, ha tenido que rectificar ante la avalancha de la derecha pidiendo su cese. Mientras desde la izquierda se ha guardado un sonoro silencio en su defensa.

A caso no es esto ceder ante la derecha, mientras esta está cerrando acuerdos de gobierno municipales y autonómicos con VOX, un partido que no disimula su ideario fascista.

¿No ha estado Bildu apoyando las iniciativas del Gobierno, junto a otros partidos de la izquierda parlamentaria? Como por ejemplo el paquete de medidas para hacer frente a la crisis provocada por la guerra en Ucrania: las rebajas del IVA en la electricidad, que vence el 30 de junio; el incremento del 15% del IMV; la bonificación de los 20 céntimos por litro en la gasolina, que finalizó en diciembre; la ampliación de los bonos sociales; la limitación del alquiler al 2%;…

Otro ejemplo de asimilación de los postulados de la derecha ha sido la no derogación de la “Ley Mordaza”, ante las movilizaciones del sindicato de policías Jupol. Uno de los fracasos más sonados del Gobierno de Coalición y de los partidos que le han estado apoyando en esta legislatura.

En la misma línea, fue humillante ver como el Gobierno de coalición, y los grupos parlamentarios de la izquierda, se plegaban, en diciembre del pasado año, a la imposición del Tribunal Constitucional de paralizar el trámite parlamentario de la reforma de ley del propio TC, situándose esta institución por encima de los tres poderes del Estado. La humillación se saldó con el nombramiento de un par de magistrados. Mientras que ahí continua, desde hace más de 8 años, el Consejo General del Poder Judicial sin renovar, con la colaboración necesaria de esos que llaman jueces progresistas, que no han dimitido. Es un ejemplo de como la democracia es tutelada por instituciones que no ha elegido el pueblo, y de cómo se renuncia a gobernar para avanzar.

En ocasiones, la interiorización de los postulados liberales, se nos han presentado como éxitos inapelables, es el caso de “la mejor reforma laboral de la historia”, según Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. Nadie discute que la reforma laboral última, la de 2022, no es lesiva. Sin embargo, es tan limitada respecto a la promesa que se hizo de “vamos a derogar las reformas laborales de 2010 y 2012”, que ha generado decepción entre los votantes de izquierdas. Preguntemos cómo le ha cambiado la vida a un trabajador o a una trabajadora que antes de la reforma tenía un contrato de “obra o servicio” y después de la reforma su contrato ha pasado a ser “fijo discontinuo”: trabaja las mismas horas, cobra el mismo salario, tiene las misma condiciones de trabajo, tan sólo ha ganado la expectativa de que cuando su contrato termine será indemnizado con algo más que cuando el contrato era de obra o servicio, pues los contratos de este tipo también tenían estipulada una indemnización por fin de contrato. Eso sí, las estadísticas dicen que la temporalidad se ha recortado en un 11%. La patronal estuvo encantada con esta reforma, sólo se derogaba la ultraactividad de los convenios, un asunto importante, y se devolvía la materia salarial y la jornada al convenio sectorial. Todos los demás elementos lesivos de las reformas de 2010 y 2012 están intactos.

Se trata de que en lo que resta de campaña, desde los partidos que dicen defender los intereses de la mayoría social, se comprometan con claridad a resolver todas aquellas cuestiones que afectan y preocupan a los trabajadores que, a pesar de trabajar, están en riego de pobreza y exclusión, a los desempleados y desempleadas que no encuentran un puesto de trabajo y están cronificados en el Paro, a los jóvenes que la precariedad en el empleo, combinada con la carestía de la vivienda, no les permite platearse la emancipación, a quienes el incremento del Euribor comienza a poner en riesgo su vivienda, a los autónomos y pequeños empresarios a los que la concatenación de crisis vividas desde 2008 han empujado a la ruina, a los pensionistas que reclaman la devolución del dinero de las Pensiones Públicas utilizados indebidamente por el Estado desde 1967, a los usuarios de la Sanidad Pública que salen a las calles por la desprivatización de su sistema sanitario.

Es una contrariedad y una incoherencia; prueba de que los partidos que se reclaman de la izquierda viven “…atrapados en el sueño de otros…” que estemos siendo alumnos aventajados de la OTAN: albergamos sus cumbres, no escatimamos en presupuestos para armamento, a las órdenes de los USA, los ciudadanos quieren que se deje de alimentar la guerra y que los gobiernos trabajen por la paz. Por eso Tribuna Socialista es firmante del Manifiesto Internacional ¡Alto a la Guerra! ¡Ni Putin ni OTAN! No hemos olvidado el Pacto de Madrid, entre la España franquista y la Administración de Eisenhower, en 1957; Pacto humillante que sentó los cimientos de las bases militares de los USA en territorio español, hoy bajo franquicia de la OTAN. Hoy se renuevan aquellos pactos sin discusión ninguna.

Podríamos continuar con ejemplos de desmotivación, pero no se trata de hacer la lista de lo que se ha hecho mal o no se ha hecho, o se ha hecho a medias.

Las familias de trabajadores y trabajadoras necesitan soluciones a sus problemas y los de sus hijos e hijas, están cansados del “que viene el lobo”, eso es llamar a conformarnos con lo que hay porque la derecha es peor. Necesitamos compromisos claros y que después se cumplan.

De la derecha no esperamos nada, sabemos que sus políticas serán groseramente perjudiciales para la mayoría social. Es por eso que necesitamos que se nos den coordenadas políticas para emanciparnos del sueño del liberalismo y luchar por nuestro propio sueño; salgamos de la lógica del sistema económico que está diseñado para el beneficio de la minoría, construyamos nuestra propia lógica.

  1. Comunidad de Madrid | El voto de clase en las elecciones de la mayoría de Ayuso – El Salto – Madrid (elsaltodiario.com)
Comité de Redacción

Editorial: No somos neutrales

Una vez más, Tribuna Socialista toma posición ante un proceso electoral; inequívocamente llamamos a ir a votar y a votar a las candidaturas de los partidos que se reclaman de izquierdas.

No participamos de los eslóganes del tipo “todos son iguales”, “no nos representan”… Los partidos de la derecha representan en nuestro país la continuidad del franquismo, por mucho que hayan cambiado de siglas – de AP a PP- o hayan adoptado distintas tonalidades corporativas -cambiando el azul PP por el verde VOX o el naranja de Cs-. No hay derecha radical y derecha moderada, cambian las formas para conseguir los mismos objetivos: mantener los privilegios de la minoría social.

Como miembros de la clase trabajadora, no somos neutrales frente a quienes justifican y defienden la monarquía corrupta heredada del franquismo (ver editorial de TS 143). Los líderes de la derecha aún se permiten decir que se insulta al Rey, cuando la realidad es que es la institución monárquica la que ha faltado gravemente al respeto a los pueblos y trabajadores del Estado español.

No podemos poner en el mismo nivel a quienes se empeñan en preservar las viejas instituciones judiciales franquistas, por mucho que de la noche a la mañana cambiasen la nomenclatura del Tribunal de Orden Público por el de Audiencia Nacional. Ni a quienes mantienen la indecencia de un Consejo General del Poder Judicial sin renovar desde hace casi cinco años. Es cierto que no todos los jueces son de derechas, pero sí una importante mayoría; entre la que el PP en particular tiene una fracción militante.

Los trabajadores y trabajadoras no podemos votar a quienes siempre ponen obstáculos a la subida de las pensiones, se oponen al incremento del SMI y apoyan a la patronal para no subir los salarios ni tan siquiera en la misma cuantía que se incrementa el IPC. Son los mismos que salen en tromba a defender a los bancos, las eléctricas, las gasistas, las grandes superficies de la alimentación… ante cualquier insinuación de la izquierda de iniciativas para controlar los precios, por muy moderadas que sean estas iniciativas.

La mayoría de la sociedad no puede votar a los partidos que privatizan lo público: la sanidad, la educación, las residencias. Hospitales y centros de especialidades que se entregan a empresas privadas para que hagan negocio priorizando el beneficio sobre la salud de los pacientes; para que hagan beneficio a costa de la educación, la alimentación y demás servicios que prestan a los niños y niñas en los colegios concertados; para que escatimen en el personal y en la alimentación de los mayores residentes, con el objetivo de engordar sus cuentas de resultados y el reparto de dividendos.

Mención concreta merece el crimen, no juzgado aún, cometido en Madrid por el Gobierno del PP, presidido por Isabel Díaz Ayuso, que tubo como resultado de sus decisiones la muerte de 7.291 ancianos en pandemia, al negarles la atención hospitalaria.

A la hora de votar no se puede olvidar quienes, con sus políticas de gestión del suelo (Ley de liberalización del suelo de 1998. Gobierno de Aznar), nos llevaron a la mayor crisis económica de los últimos 100 años. Como no debemos olvidar quienes vendieron la poca vivienda pública de que disponíamos a Fondos Buitres. Políticas y decisiones que han generado un drama para la emancipación de nuestros jóvenes y un gran problema social con la vivienda.

No podemos avalar con nuestro voto el entramado de privilegios sociales e impunidad que la derecha viene disfrutando de manera ininterrumpida desde 1939.

Sin embargo, nuestra no neutralidad no nos impide ser críticos con los partidos de la izquierda.

Partimos de reconocer que este periodo de cuatro años ha sido un ciclo que se recordará históricamente como el de las crisis encadenadas, cuando aún millones de conciudadanos no habían salido de la crisis de 2008 entramos de lleno en la pandemia del COVID-19, y cuando aún coleaban las distintas cepas mutadas del virus estalló la guerra en Ucrania. Por si estos tres hechos fuesen insuficientes, la isla de La Palma ha sufrido la erupción del volcán de Tajogaite y todos los pueblos del Estado español sufrimos la mayor sequía desde tres décadas.

Nadie puede prever la expansión de un virus, aunque sí su contención y sus efectos. No se puede prevenir la erupción de un volcán, pero sí paliar sus consecuencias. Y no se puede combatir una pertinaz sequía de repente, pero se debería aprender y tomar medidas rigurosas para prevenir los efectos de la siguiente con una eficiente gestión del agua.

La crisis inmobiliaria de 2008 y la guerra de Ucrania no son achacables a fenómenos de la naturaleza. En nuestra opinión, son consecuencia directa de la dinámica del “libre” mercado y la competencia entre capitalistas. En el primero de los casos: la Ley de Liberalización del suelo que decretó el Gobierno de Aznar y su convicto ministro, el Sr. Rato, en 1998. En el segundo caso es la competencia entre oligarcas rusos defendidos por Putin, y los propietarios de multinacionales, fondos de inversión… defendidos por Biden.

La cuestión es qué pintamos la izquierda, aquí y en Europa, defendiendo a uno u otro bando ¿es mejor la propuesta social de Putin que la propuesta social de Biden, o viceversa? ¡NO! Como tampoco es defendible ni es mejor el modelo social de China. Lo que las tres grandes potencias actuales tienen en común es la explotación salvaje de sus propios pueblos y la necesidad imperiosa de ganar cuotas de mercado para sus sectores estratégicos, aunque sea mediante la guerra.

Es por esto que nos identificamos con la posición del presidente de Brasil, Lula da Silva “de la guerra se habla cuando hay paz, cuando hay guerra lo que hay que hacer es pararla”. Claro que la guerra sólo puede parar si el que ha invadido un territorio que no le corresponde saca sus tanques y tropas de dicho territorio, y si unos y otros aceptan un ¡Alto el fuego inmediato y sin condiciones! Pero la guerra también se para si no se alimenta con armas y si todas las partes se afanan en presionar a ambos contendientes a sentarse en la mesa de la negociación.

Parar la guerra debe ser la prioridad y se debería realizar el máximo esfuerzo, pero los tiros van por otro lado; los gobiernos atlantistas están destinando cantidades ingentes de los presupuestos para reponer los arsenales que se han vaciado en estos quince meses de guerra. Igual que Putin a anunciado presupuestos ilimitados para la guerra. Mientras, se escatima en contratar médicos y demás personal sanitario y, a los que hay, se les niegan unas condiciones dignas y acordes con su responsabilidad y aportación social, no incrementan los presupuestos para la guerra.

Insistimos, es cierto que ha sido un periodo muy difícil y extraordinariamente complicado, pero no pensemos que a la ciudadanía se la puede engañar. Nos pasó en 2011, con Zapatero. Ocurrió en Grecia, en 2019, con Alexis Tsipras, ha ocurrido en Chile con Gabriel Boric en las elecciones para consejeros constitucionales del 7 de este mismo mes de mayo. Ha ocurrido muchas veces, cuando la izquierda se pliega a los dictados de los organismos internacionales del capital, le abre las puertas de para en par a la derecha. Es un hecho probado que el incumplimiento de promesas electorales da alas a la derecha y desmoviliza a muchos sectores de trabajadores.

Vender humo está muy feo. No es de extrañar que la patronal aplauda la reforma laboral última; deja prácticamente intacta la que impuso Rajoy en 2012. Es lógico que el Rey reciba y se haga fotos con los líderes sindicales, y con el de la patronal, para celebrar el acuerdo intersindical que sólo garantiza la paz social hasta 2025, -aunque los sectores en lucha opinan otra cosa-, pues no garantiza que no se siga perdiendo poder adquisitivo y menos aún que se recupere el poder de compra perdido en 2021 y 2022. No sabemos si es la forma que ha tomado el deseado pacto de rentas, pero, si es así, los capitalistas firmarían esos pactos todos los días, máxime en un periodo en el que las grandes empresas baten récords de beneficios todos los trimestres.

No podemos entender por qué el Gobierno no cumple la Ley 21/2021 y no encarga una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social: en 2020, el Tribunal de Cuentas cifró en más de 103.000 millones de euros la deuda del estado con las Pensiones (sólo para el periodo 1989 a 2013. La Ley 21/2021 obliga al Gobierno a encargar una Auditoría para el periodo 1967 a 2021). Recientemente, el ministro Escrivá, hablaba de una deuda de 140.000 millones de euros– no decía en qué periodo se había generado, ni informaba de en qué estudio se basaba-. Pero, a pesar de estas ingentes cantidades de dinero de las Pensiones públicas que el Estado ha gastado indebidamente, se continúan aplicando reformas al Sistema Público de Pensiones y manteniendo el falso mantra de la insostenibilidad del sistema.

En última instancia, para sectores crecientes de trabajadores y jóvenes el hecho de que ninguna fuerza de izquierda responsa a reivindicaciones esenciales: contra la OTAN, contra su guerra, contra los planes de austeridad de la UE, que no cuestionen a la Monarquía… provoca una sensación de orfandad electoral y política que genera la sensación de acudir a votar sin ningún entusiasmo.

Analizaremos los resultados del 28 de mayo, esperemos que sean positivos para la izquierda. Aún quedan meses para las generales, todavía hay tiempo de legislar y de ganar credibilidad entre la mayoría social.

Comite Redaccion Tribuna Socialista.

Editorial: ¡Alto a la Guerra social y militar!

La segunda quincena de abril está enmarcada por dos fechas muy simbólicas, si bien ese simbolismo no las quita ni un ápice de actualidad: 14 de abril y 1º de mayo.

Hemos celebrado el 92º aniversario de la proclamación de la II República, recordando que aquel breve espacio de tiempo fue una de las etapas más fecundas en derechos en la historia de nuestro país, hasta que los que no soportan que la mayoría de la sociedad avance en igualdad y bienestar dieron un golpe de Estado militar. Recordar la II República no como acto romántico o meramente conmemorativo, sino para aportar razones para trabajar por la tercera.

La monarquía, como otras instituciones, es herencia del franquismo. Lo afirmamos y lo razonamos, partiendo de los hechos:

Como bien establece Ángel Viñas en su libro “¿Quién quiso la Guerra Civil? Historia de una conspiración” (Ed. Critica), los monárquicos conspiraron contra la II República desde su proclamación el 14 de abril de 1931. Fue el entorno de Alfonso XIII quién buscó la alianza con el fascismo italiano de Mussolini y quienes adquirieron aviones y material militar para preparar el golpe del 18 de julio. Otra cosa distinta es que Franco traicionase, como traicionó, a la Casa Borbón y a los monárquicos españoles; traición que ejecutó en la Ley de sucesión de julio de 1947, en la que decretó que “el Estado se constituye en Reino” (Artº 1), y condicionó “la proclamación de un Rey al fallecimiento del jefe del Estado” (Artº 7), es decir que en el Reino no habría Rey hasta la muerte del dictador(1).

Uno de los refrendos forzosos que Franco decretó fue para vestir la Ley de sucesión de julio de 1969, en cuyo artículo primero “instaura La Corona en la persona de (el hoy Emérito), Juan Carlos de Borbón”(2), dejando claro en el mismo artículo que será Rey “cuando quede vacante la jefatura del Estado”, lo que no ocurriría hasta el 20 de noviembre de 1975. Ese mismo día, el 20-N, el Decreto Ley 16/1975(3) establece en su artículo primero:

“Se promueve al empleo de Capitán General de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire a S. A. R. Don JUAN CARLOS DE BORBÓN Y BORBÓN, Príncipe de España, con todos los honores, privilegios y prerrogativas que a tan alta jerarquía corresponden.”

A la vista de esto, decir que el Rey heredó la gorra de plato antes que la Corona no es una exageración. Del mismo modo, los privilegios y prerrogativas que recibía de Franco se trasladarían tres años después al Título II de la actual Constitución.

Los compromisos adquiridos con los monárquicos, por parte del generalato franquista, no se cumplirían plenamente hasta 48 horas después de la muerte del dictador.

La secuencia es clara y no deja lugar a la duda del atado y bien atado. Otros nudos, como el referido a la constitución de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo; sucesión directa del Tribunal de Orden Público (TOP), ya han sido abordados en otras editoriales y artículos publicados en Tribuna Socialista.

Dentro de la minoría social privilegiada hay fracciones: monárquicos, militares, empresarios, clero… que se mezclan e interactúan para garantizar que la mayor parte de la riqueza y el control del país queda dentro de sus dominios. Por ello, cuando los hechos históricos sitúan a la cabeza del poder a un grupo ajeno a su corral no lo soportan, aunque los partidos acaten sus normas y leyes, y garanticen que se limitarán a ser gestores del sistema que les es favorable, aun así, los privilegiados y sus representantes apelan a lo que haya que apelar para recuperar el poder. Es lo que está ocurriendo con el Gobierno de coalición de partidos que se reclaman de la izquierda, que acatan las condiciones que las instituciones europeas le ponen en materia de Pensiones, que es timorato y comedido a la hora de atajar el saqueo de salarios y pensiones por la hemorragia de la inflación, que se disciplina a la OTAN en sus estrategias bélicas… y a pesar de ello, la fracción judicial de la derecha instalada en el CGPJ, la patronal y, por supuesto desde la derecha política y mediática, se le considera ilegítimo y lo atacan hasta más allá de los límites de su propia de democracia; este fue el caso el pasado mes de diciembre, cuando el Tribunal Constitucional vetó el trámite legislativo para la reforma del propio TC. Y el Gobierno acató lo que debería haber desacatado.

Dicen los institucionalistas que la institución monárquica es la clave de bóveda de la arquitectura constitucional. El problema es que esa clave de bóveda y muchas de las dovelas de la cúpula están podridas y de su “enfermedad de la piedra” solo ellos son responsables. Muchas veces es más eficiente derribar y construir de nuevo que parchear sobre lo deteriorado.

La institución monárquica es por ende el palo mayor de la nave en la que navegan los privilegiados, y a la misma vez es el obstáculo principal para las aspiraciones de la mayoría social. Siendo conscientes de que cambiar al rey por un presidente de la República no resuelve los problemas automáticamente, estamos convencidos de que abre el camino a la solución. Al menos no estaría instalado en la impunidad que las instituciones heredadas del pasado parecen estar instaladas; véanse las fechorías cometidas por el Emérito a lo largo de su reinado, el secuestro del CGPJ (8 años desde su última renovación) o la colaboración del presidente de la Audiencia Nacional con los investigados en la trama “Kitchen”, se podrían poner muchos más ejemplos de impunidad.

El 1º de mayo concentra la lucha de los trabajadores y trabajadoras por sus reivindicaciones. A lo largo de la historia, los logros conseguidos por las organizaciones obreras han sido a costa de luchar y plantar cara a la minoría privilegiada; clase social minoritaria que sólo ha cedido ante el temor al estallido social. El 1º de mayo, como el 14 de abril, es un día de celebración y de reivindicación. Reivindicaciones que durante todo el año se concentran en la acción de los colectivos sociales que reclaman sus derechos: pensionistas en defensa del Sistema Público de Pensiones, asociaciones vecinales y de barrios, y sanitarios en huelga, en Defensa de la Sanidad Pública, sectores de trabajadores sindicalizados que reclaman subidas salariales, como mínimo IPC, para prevenir la pobreza en sus familias…hombres, mujeres y jóvenes que pelean por recuperar lo perdido y/o por mantener los derechos que son atacados cada día a nombre de los distintas crisis: inmobiliaria, económica, pandemia, guerra…

La clase privilegiada siempre encuentra una excusa, y si no la inventa, para hacer prevalecer sus intereses, en detrimento de los intereses mayoritarios: España es el país europeo en el que mayor porcentaje de poder adquisitivo han perdido los salarios: un 5,3% en promedio, frente al 0,5% en Francia. Somos, entre las grandes economías de Europa, de los países que menos porcentaje del PIB destinan a Sanidad, un 7,8%, frente al 10,9 de Alemania o el 10,3 de Francia (datos de 2020). España ocupa el puesto 18 en el ranking de viviendas sociales, con un 2,5% frente al 9,5% de media en la UE (Fuente: observatorio de la vivienda y el suelo 2020). Sin embargo, no se escatima en incrementar los presupuestos para gastos militares.

Son parámetros que nos ponen frente al espejo. Malos datos que no se dan por causalidad. Son la consecuencia de las decisiones, muchas veces impuestas o, al menos, sin haber consultado al pueblo que dicen que es soberano, como el hecho de estar participando en una guerra -sea directa o indirectamente. Son las decisiones de los que permanentemente se niegan a la subida del SMI, los que niegan la subida de los salarios, mientras año tras año baten récords de beneficios, haya o no haya crisis. Y lo hacen porque tienen a su disposición esa arquitectura constitucional que los ampara y vela por sus intereses, los de esa minoría privilegiada.

Es por todo ello que reivindicar la República es la vía para cambiar una sociedad desigual e injusta. Es por eso que el pueblo trabajador tiene muchas reivindicaciones para sacar a la calle el 1º de mayo: Parar la guerra, la bélica y la social; defender la Sanidad Pública, parando la privatización y dotando a la Sanidad de los medios necesarios; o reivindicando la Auditoria a las cuentas de la Seguridad Social, para que el Estado devuelva todo el dinero de las Pensiones públicas que ha utilizado para pagas gastos ajenos a las pensiones.