Son más de dos años de lucha desde que en septiembre de 2021 la dirección de Schneider Electric nos comunicó, de manera sorpresiva, la “decisión estratégica” del grupo de deslocalizar. La decisión se ejecutaría a lo largo del año 2022. La decisión afecta a la principal línea de producción de nuestra factoría, esto es, la gama de nuestra solución de media tensión SM6-24 a otra fábrica del grupo, concretamente a Stezzano, en Italia, y que esto supondría el despido de un número de trabajadores que no nos concretaron en aquel momento.
Veníamos de una situación anterior de baja carga de trabajo, que supuso una serie de despidos, aplicados por la dirección, en los primeros cuatro meses de 2021. Contestamos con movilizaciones y huelgas en defensa de nuestros empleos.
Meses después, concretamente en la reunión trimestral de junio de 2021 con la dirección de la empresa, esta nos informó de una subida de producción que nos alejaba de los números negativos y nos garantizaba una carga de trabajo a largo plazo… Menos de tres meses después nos anunciaron la deslocalización de nuestro trabajo.
Desde entonces, hemos convocado más de una veintena de jornadas de huelga para defender nuestros empleos y por un plan industrial que garantizase el futuro de nuestra planta, además, de paralizar la producción ante la visita de los responsables de la deslocalización de nuestro trabajo. Nos hemos concentrado y manifestado frente a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, ante el ministerio de industria y frente al congreso de los diputados, para exigir a las administraciones compromiso con el mantenimiento del empleo y la industria de nuestro país. Incluso llevamos nuestra lucha ante la Embajada Francesa en Madrid, donde conseguimos reunirnos con el embajador para explicarle cómo se comportan las empresas como Schneider, de capital francés, en nuestro país.
Desde el principio elaboramos una estrategia de movilización que no se circunscribiese al ámbito de la fábrica, buscando la solidaridad con otras luchas obreras, secciones sindicales, organizaciones políticas y ciudadanas, para sumar todos los apoyos posibles, además de la no colaboración con la empresa. Llevamos adelante una recogida de firmas en los pueblos de la zona sur de Madrid en defensa de la industria y el empleo, donde recabamos más de 4.500 firmas que luego dirigimos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a la presidenta de la Comunidad de Madrid y a la dirección a nivel ibérica de la compañía. También hemos denunciado públicamente desde el primer minuto que la verdadera intención de Schneider Electric, no era otra que la de cerrar nuestra planta de trabajo, descapitalizándola poco a poco para justificar finalmente el cierre, aunque la multinacional francesa lo haya negado sistemáticamente; no solo a nosotros, sino también a las administraciones a las que hemos acudido para denunciar este acto de terrorismo patronal contra el empleo y la industria de nuestra región.
Y no nos quedamos cortos calificando la decisión de la multinacional de acto terrorista contra el empleo y la industria, porque con este cierre no sólo peligran los 200 puestos de trabajo de nuestra fabrica, sino los casi 400 empleos de la treintena de las industrias auxiliares que dependen de nuestra actividad. Es un acto terrorista contra la industria, porque se destruye una empresa estratégica y necesaria para la Comunidad de Madrid, situada en el sur del sur de nuestra región, en donde la desindustrialización y el paro campan por sus fueros.
En las reuniones que hemos mantenido con la secretaria de estado del ministerio de industria y con los responsables de industria y empleo de la Comunidad de Madrid hemos exigido una verdadera implicación y compromiso de ambas administraciones contra estas arbitrarias decisiones tomadas por compañías que, como Schneider Electric, solo buscan maximizar sus ya pingues beneficios, como la propia compañía reconoce.
Ha sido una movilización larga que ha conseguido retrasar las pretensiones de la multinacional durante más de dos años, pero que ha supuesto un duro desgaste para el conjunto de la plantilla, con muchos momentos en los que nos flaqueaban las fuerzas y cundía el desaliento, pero que superábamos con la solidaridad y el apoyo que hemos recibido en nuestra lucha y que, esto es lo más importante, nos ha hecho tomar conciencia de que la unidad en las reivindicaciones de la clase trabajadora es la única forma posible para defender nuestros derechos. Vamos a seguir combatiendo por nuestros empleos hasta el final. No sabemos hacerlo de otra manera. No hay otra manera de hacerlo.
La clase trabajadora de Argentina se defiende de los ataques neoliberales de Milei con su Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), la Ley Ómnibus (Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos). Estas brutales medidas, que ponen Argentina al servicio del capital financiero se están debatiendo en sede parlamentaria y por ello, los trabajadores argentinos, con la iniciativa de la CGT y la CTA convocaron movilizaciones y huelga general para el 24 de enero.
Las medidas del decreto atentan contra la economía popular, los derechos sociales y laborales, las privatizaciones y van acompañadas del intento de imponer un «régimen de excepción», que concentraría el poder en la presidencia de la República hasta 2025, que puede prorrogarse hasta el final del mandato de Milei. Por ello, decenas de organizacions políticas, sociales, culturales y de toda índole han secundado esta movilización y firmado un documento en el que además de la retirada del decreto se demanda:
Suspensión del pago de la deuda externa. Anulación del acuerdo con el FMI
Para derrotar a la inflación, congelación de precios y control a las grandes empresas formadoras de precios en la producción y la distribución de los productos de la canasta básica, de la energía y del transporte
Recuperar la soberanía sobre nuestros bienes comunes, las vías navegables y el control del comercio exterior
Recuperación inmediata de salarios y jubilaciones. Contra los despidos. Contra la derogación de la Ley de Alquileres y los desalojos. Contra la represión y las detenciones que atacan las luchas populares
Desde Tribuna Socialista nos solidarizamos con la movilización de la clase trabajadora argentina y saludamos con satisfacció las concentraciones que el día 24 convocaron UGT y CCOO ante las embajadas argentinas en diversas ciudades de España.
Como ya hemos comentado en números anteriores, la «libertad» que venía proclamando Milei no es otra que la libertad para las empresas elevado a su grado máximo, con privatizaciones, la abolición de derechos, represión y recortes en políticas sociales. Al final, tal y como reza en la pancarta de la imagen, la «casta» es el pueblo.
En la fecha de redacción de este artículo, pocos medios de comunicación se han hecho eco de la movilización, pero la realidad es que el apoyo social a Milei merma día a día en Argentina, al tiempo que crece la oposición activa a sus políticas. Cerca de 1 ,5 millones de personas, a pesar de las amenazas represivas y de la fuerte presencia policial han participado en la huelga y en unas manifestaciones que son solo el inicio de la resistencia del pueblo argentino ante las atrocidades del gobierno Milei contra los derechos y las conquistas de la mayoría social en Argentina.
La segunda quincena de abril está enmarcada por dos fechas muy simbólicas, si bien ese simbolismo no las quita ni un ápice de actualidad: 14 de abril y 1º de mayo.
Hemos celebrado el 92º aniversario de la proclamación de la II República, recordando que aquel breve espacio de tiempo fue una de las etapas más fecundas en derechos en la historia de nuestro país, hasta que los que no soportan que la mayoría de la sociedad avance en igualdad y bienestar dieron un golpe de Estado militar. Recordar la II República no como acto romántico o meramente conmemorativo, sino para aportar razones para trabajar por la tercera.
La monarquía, como otras instituciones, es herencia del franquismo. Lo afirmamos y lo razonamos, partiendo de los hechos:
Como bien establece Ángel Viñas en su libro “¿Quién quiso la Guerra Civil? Historia de una conspiración” (Ed. Critica), los monárquicos conspiraron contra la II República desde su proclamación el 14 de abril de 1931. Fue el entorno de Alfonso XIII quién buscó la alianza con el fascismo italiano de Mussolini y quienes adquirieron aviones y material militar para preparar el golpe del 18 de julio. Otra cosa distinta es que Franco traicionase, como traicionó, a la Casa Borbón y a los monárquicos españoles; traición que ejecutó en la Ley de sucesión de julio de 1947, en la que decretó que “el Estado se constituye en Reino” (Artº 1), y condicionó “la proclamación de un Rey al fallecimiento del jefe del Estado” (Artº 7), es decir que en el Reino no habría Rey hasta la muerte del dictador(1).
Uno de los refrendos forzosos que Franco decretó fue para vestir la Ley de sucesión de julio de 1969, en cuyo artículo primero “instaura La Corona en la personade (el hoy Emérito), Juan Carlos de Borbón”(2), dejando claro en el mismo artículo que será Rey “cuando quede vacante la jefatura del Estado”, lo que no ocurriría hasta el 20 de noviembre de 1975. Ese mismo día, el 20-N, el Decreto Ley 16/1975(3) establece en su artículo primero:
“Se promueve al empleo de Capitán General de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire a S. A. R. Don JUAN CARLOS DE BORBÓN Y BORBÓN, Príncipe de España, con todos los honores, privilegios y prerrogativas que a tan alta jerarquía corresponden.”
A la vista de esto, decir que el Rey heredó la gorra de plato antes que la Corona no es una exageración. Del mismo modo, los privilegios y prerrogativas que recibía de Franco se trasladarían tres años después al Título II de la actual Constitución.
Los compromisos adquiridos con los monárquicos, por parte del generalato franquista, no se cumplirían plenamente hasta 48 horas después de la muerte del dictador.
La secuencia es clara y no deja lugar a la duda del atado y bien atado. Otros nudos, como el referido a la constitución de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo; sucesión directa del Tribunal de Orden Público (TOP), ya han sido abordados en otras editoriales y artículos publicados en Tribuna Socialista.
Dentro de la minoría social privilegiada hay fracciones: monárquicos, militares, empresarios, clero… que se mezclan e interactúan para garantizar que la mayor parte de la riqueza y el control del país queda dentro de sus dominios. Por ello, cuando los hechos históricos sitúan a la cabeza del poder a un grupo ajeno a su corral no lo soportan, aunque los partidos acaten sus normas y leyes, y garanticen que se limitarán a ser gestores del sistema que les es favorable, aun así, los privilegiados y sus representantes apelan a lo que haya que apelar para recuperar el poder. Es lo que está ocurriendo con el Gobierno de coalición de partidos que se reclaman de la izquierda, que acatan las condiciones que las instituciones europeas le ponen en materia de Pensiones, que es timorato y comedido a la hora de atajar el saqueo de salarios y pensiones por la hemorragia de la inflación, que se disciplina a la OTAN en sus estrategias bélicas… y a pesar de ello, la fracción judicial de la derecha instalada en el CGPJ, la patronal y, por supuesto desde la derecha política y mediática, se le considera ilegítimo y lo atacan hasta más allá de los límites de su propia de democracia; este fue el caso el pasado mes de diciembre, cuando el Tribunal Constitucional vetó el trámite legislativo para la reforma del propio TC. Y el Gobierno acató lo que debería haber desacatado.
Dicen los institucionalistas que la institución monárquica es la clave de bóveda de la arquitectura constitucional. El problema es que esa clave de bóveda y muchas de las dovelas de la cúpula están podridas y de su “enfermedad de la piedra” solo ellos son responsables. Muchas veces es más eficiente derribar y construir de nuevo que parchear sobre lo deteriorado.
La institución monárquica es por ende el palo mayor de la nave en la que navegan los privilegiados, y a la misma vez es el obstáculo principal para las aspiraciones de la mayoría social. Siendo conscientes de que cambiar al rey por un presidente de la República no resuelve los problemas automáticamente, estamos convencidos de que abre el camino a la solución. Al menos no estaría instalado en la impunidad que las instituciones heredadas del pasado parecen estar instaladas; véanse las fechorías cometidas por el Emérito a lo largo de su reinado, el secuestro del CGPJ (8 años desde su última renovación) o la colaboración del presidente de la Audiencia Nacional con los investigados en la trama “Kitchen”, se podrían poner muchos más ejemplos de impunidad.
El 1º de mayo concentra la lucha de los trabajadores y trabajadoras por sus reivindicaciones. A lo largo de la historia, los logros conseguidos por las organizaciones obreras han sido a costa de luchar y plantar cara a la minoría privilegiada; clase social minoritaria que sólo ha cedido ante el temor al estallido social. El 1º de mayo, como el 14 de abril, es un día de celebración y de reivindicación. Reivindicaciones que durante todo el año se concentran en la acción de los colectivos sociales que reclaman sus derechos: pensionistas en defensa del Sistema Público de Pensiones, asociaciones vecinales y de barrios, y sanitarios en huelga, en Defensa de la Sanidad Pública, sectores de trabajadores sindicalizados que reclaman subidas salariales, como mínimo IPC, para prevenir la pobreza en sus familias…hombres, mujeres y jóvenes que pelean por recuperar lo perdido y/o por mantener los derechos que son atacados cada día a nombre de los distintas crisis: inmobiliaria, económica, pandemia, guerra…
La clase privilegiada siempre encuentra una excusa, y si no la inventa, para hacer prevalecer sus intereses, en detrimento de los intereses mayoritarios: España es el país europeo en el que mayor porcentaje de poder adquisitivo han perdido los salarios: un 5,3% en promedio, frente al 0,5% en Francia. Somos, entre las grandes economías de Europa, de los países que menos porcentaje del PIB destinan a Sanidad, un 7,8%, frente al 10,9 de Alemania o el 10,3 de Francia (datos de 2020). España ocupa el puesto 18 en el ranking de viviendas sociales, con un 2,5% frente al 9,5% de media en la UE (Fuente: observatorio de la vivienda y el suelo 2020). Sin embargo, no se escatima en incrementar los presupuestos para gastos militares.
Son parámetros que nos ponen frente al espejo. Malos datos que no se dan por causalidad. Son la consecuencia de las decisiones, muchas veces impuestas o, al menos, sin haber consultado al pueblo que dicen que es soberano, como el hecho de estar participando en una guerra -sea directa o indirectamente. Son las decisiones de los que permanentemente se niegan a la subida del SMI, los que niegan la subida de los salarios, mientras año tras año baten récords de beneficios, haya o no haya crisis. Y lo hacen porque tienen a su disposición esa arquitectura constitucional que los ampara y vela por sus intereses, los de esa minoría privilegiada.
Es por todo ello que reivindicar la República es la vía para cambiar una sociedad desigual e injusta. Es por eso que el pueblo trabajador tiene muchas reivindicaciones para sacar a la calle el 1º de mayo: Parar la guerra, la bélica y la social; defender la Sanidad Pública, parando la privatización y dotando a la Sanidad de los medios necesarios; o reivindicando la Auditoria a las cuentas de la Seguridad Social, para que el Estado devuelva todo el dinero de las Pensiones públicas que ha utilizado para pagas gastos ajenos a las pensiones.
Pero el hombre no es algo abstracto, un ser alejado del mundo. Quiendice: “el hombre”, dice el mundo del hombre. (Karl Marx, 1844, Introducción a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel).
Las revoluciones liberales que sacudieron los territorios de ambos lados del atlántico entre 1776-1848 pusieron fin al Antiguo Régimen, como lo denominó Alexis de Tocqueville. Estas revoluciones, mediadas por los ideales del liberalismo político y el nacionalismo, eran la otra cara de la revolución económica que se había desarrollado en Inglaterra medio siglo antes. La revolución industrial vino impulsada por una mentalidad abiertamente capitalista que sacudió los cimientos del modelo gremial. El poder que adquirieron los nuevos empresarios en las decisiones laborales con el fin de obtener el máximo beneficio, según el planteamiento del nuevo Homo oeconomicus, convirtió a los trabajadores de la industria en una mercancía más. Relegados de los derechos civiles propugnados en las revoluciones atlánticas, los nuevos individuos no propietarios no eran sujetos de derecho, sino más bien objetos de hecho. Un artículo del periódico británico el Gorgon, publicado el 26 de septiembre de 1818, relacionaba el progreso material de Inglaterra con la explotación de los nuevos trabajadores industriales: “el trabajo del tejedor, el hilandero, el tintorero, el herrero, el cuchillero y cincuenta más (…) constituye el principal artículo de circulación en este país. Nuestros comerciantes han extraído sus riquezas, y el país su gloria, comerciando con la sangre y los huesos de los oficiales y los braceros de Inglaterra.”
Las nuevas experiencias de clase en la industria y el campo fomentaron expresiones de rebeldía más allá de los motines del hambre característicos de los siglos del Antiguo Régimen. El movimiento obrero surgió en el siglo XIX como una respuesta al advenimiento de la industria capitalista, según E.P. Thompson (1963, La formación de la clase obrera en Inglaterra), como “resistencia a un cambio cultural profundo en las formas de vida de la clase trabajadora”. En este sentido, el movimiento ludita, fue una respuesta al fin del sistema gremial. El nuevo modelo industrial eliminaba la cualificación para los oficios, promoviendo la contratación de trabajadores no cualificados, mujeres y niños, a la vez que introducía maquinaria para aumentar la productividad y abaratar costes. Los luditas, que no eran otra cosa que artesanos agrupados en asociaciones de oficios, veían peligrar su forma de vida y optaron por la asociación y la acción directa, amenazando a comerciantes y fabricantes, asaltando fábricas y destruyendo máquinas, a la vez que demandaban un salario mínimo legal, prohibir la contratación de mujeres y niños y prohibir los productos de baja calidad. Con la extensión de la industrialización al continente europeo y Estados Unidos, la nueva experiencia de clase favoreció la creación de una nueva conciencia de clase. Mientras en Filadelfia, Estados Unidos, se constituía el primer Partido de los Trabajadores en 1828, en Inglaterra se creaban los primeros sindicatos de clase como la Gran National Consolidated Trade Union (1833) y la London Working Men´s Association (1836). Entre 1838-1848, el movimiento cartista inglés comenzó a demandar el sufragio universal y una mayor democratización del sistema liberal donde los trabajadores tuviesen representación y capacidad de elaborar leyes que defendiesen sus derechos, antecediendo así a los partidos socialdemócratas, los cuales surgirían con fuerza en el último tercio del siglo, como fueron el Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania (1869), el Partido de los Trabajadores de Estados Unidos (1876) o el Partido Socialista Obrero Español (1879).
A mediados del siglo XIX, tras las revoluciones de 1848, el denominado socialismo científico –marxista- y el anarquismo comenzaron a irrumpir en los discursos de los movimientos obreros. Tanto socialistas como anarquistas fundarían en Londres (1861) la Asociación Internacional de los Trabajadores, una asociación que promovía la revolución social como forma de emancipación de la clase obrera. El discurso estaba cambiando. Ya no solo se reivindicaban mejoras laborales y la democratización del sistema liberal. El propio sistema liberal era el problema, había que cambiarlo mediante la revolución social. El conservador Alexis de Tocqueville, agudo analista por su parte, comenzó a verlo en las revoluciones desarrolladas en Europa en 1848, especialmente en Francia, donde se proclamó la II República. En sus Recuerdos de la Revolución de 1848, Tocqueville vio un cambio profundo producido en las reivindicaciones populares con respecto a revoluciones anteriores: “¿no ven ustedes que sus pasiones se han convertido, de políticas, en sociales? ¿No ven ustedes que, poco a poco, en su seno se extienden unas opiniones, unas ideas que no aspiran sólo a derribar tales leyes, tal misterio, incluso tal gobierno, sino la sociedad misma, quebrantándola en las propias bases sobre las cuales descansa hoy?” En realidad, los movimientos obreros franceses estaban recuperando algunas de las posturas formuladas durante la Convención Nacional (1792-1794) de la I República Francesa, en concreto las desarrolladas durante el gobierno jacobino.
Con el desmoronamiento del II Imperio de Napoleón III (1852-1871) tras la guerra franco-prusiana, mientras Guillermo II se proclamaba emperador del II Reich alemán en Versalles, en París un movimiento insurreccional popular acabó tomando el poder. En la mañana del 18 de marzo de 1871, París despertaba con gritos de ¡Viva la Comuna! Se había constituido el primer gobierno de la clase obrera de la historia, la primera experiencia real del socialismo autogestionario. Como bien señalaría Marx (1871, La guerra civil en Francia), lo que se había producido era un nuevo régimen con “anhelo de una República que no acabase sólo con la forma monárquica de la dominación de clase, sino con la propia dominación de clase”. La respuesta del liberalismo conservador tanto en Europa como en Estados Unidos fue la represión ante el miedo de la extensión de la revolución social auspiciada por la AIT.
1º de mayo de 1886. Se habían convocado huelgas en Estados Unidos pidiendo la consecución de la jornada laboral de ocho horas. La mayoría de los trabajadores dedican entre catorce y dieciséis horas al trabajo, desde las cuatro de la mañana hasta las ocho de la tarde. Gobernantes, grandes magnates, policía y prensa se organizan para tumbar cualquier reivindicación del movimiento obrero, procediendo, si es necesario, de la forma más brutal. Todavía muchos trabajadores tienen en su memoria la huelga del ferrocarril de 1877, una huelga realizada en el sector simbólico del nuevo capitalismo corporativo estadounidense. Con la crisis de 1873, como siempre, los grupos asalariados debían pagar el pato. Los salarios habían descendido y las condiciones laborales eran cada vez más duras. La reacción fue desmedida. Tropas federales y ejércitos privados de las empresas ferroviarias se cobraron cien muertos y cientos de heridos, listas negras y muchos detenidos, mientras los líderes empresariales aprovecharon para ejecutar reducciones salariales y despidos masivos, purgando a cualquier trabajador susceptible de pertenecer a algún partido o sindicato obrero. Tienen miedo de que se desarrolle una revolución como la Comuna de París de 1871, tienen miedo de la primera supuesta conspiración comunista que se cernía, como un fantasma, sobre Estados Unidos. La patronal se apoya cada vez más en el incipiente gansterismo, convertido en brazo paramilitar de la patronal para reprimir y boicotear manifestaciones, mítines y huelgas de los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores no reculan, no se achantan. Impulsados por la desesperación de sus condiciones de vida y de trabajo, cada vez son más los que se unen a sindicatos y partidos obreros.
1º de mayo de 1886, Chicago, la metrópoli del medio oeste estadounidense. Cincuenta mil trabajadores han abandonado el trabajo y han declarado la huelga general. Sorprende la serenidad de los obreros, firmes y pacíficos durante toda la jornada ante las provocaciones de la patronal. 2º de mayo de 1886. Esquiroles contratados por la patronal y amparados por la policía atacan a los piquetes que se encuentran en las puertas de la fábrica de maquinaria agrícola de McCormick. 3º de mayo. Los trabajadores en huelga organizados por los sindicatos reaccionan con un mitin en las cercanías de la fábrica. Cuando el anarcosindicalista August Spíes está hablando, salen de la fábrica cientos de esquiroles para cargar contras los manifestantes, a la vez que aparece la policía y comienza a disparar. Cuando el caos comienza a disiparse, yacen en el suelo decenas de heridos y seis muertos. 4º de mayo. Los anarquistas vinculados a la AIT y la Central de Sindicatos de Chicago convocan un mitin en Haymarket Square al que acuden más de quince mil trabajadores. En este mitin toma la palabra el anarcosindicalista Samuel Fielden. Aunque ha comenzado a llover, la mayoría de los trabajadores sigue en la plaza. Ciento ochenta policías hacen su aparición y avanzan para dispersar a los manifestantes. Un ruido atronador sacudió la plaza. Una bomba había sido tirada contra la policía, que reacciona disparando contra los trabajadores. Cuando termina el caótico y sangriento evento, yacen en el suelo sesenta personas entre muertos y heridos, tanto policías como manifestantes. ¿Quién tiró la bomba? No se sabe. La prensa amarilla, controlada por la oligarquía de Chicago, señala que es una respuesta de los trabajadores a los acontecimientos del 3 de mayo; los acusados, por su parte, defienden su inocencia y su actitud pacífica, señalan que ningún manifestante iba armado y que la bomba fue tirada seguramente por algún esquirol o policía infiltrado, pagado por la patronal para justificar la dura represión que vendría a continuación. ¿Quién tiró la bomba? Nunca se supo. Cientos de trabajadores fueron detenidos y el juicio a los mismos estuvo mediado por el amaño de pruebas, testigos falsos y miembros del jurado comprados. Quince anarquistas fueron acusados de asesinato: ocho fueron juzgados y siete condenados a muerte. Uno de los reos se suicidó en prisión, dos vieron sus sentencias conmutadas a cadena perpetua y el resto fueron ahorcados en noviembre de 1886.
En 1904, la II Internacional, excluidos ya los anarquistas tras las disputas internas en la I Internacional con los marxistas, reivindicó que todos los primeros de mayo se realizasen paralizaciones y huelgas con el fin de obtener la jornada laboral de ocho horas, como acto en memoria a la lucha de los trabajadores de Chicago en 1886. En España se consiguió tras la Huelga de la Canadiense en Barcelona, cuando el 3 de abril de 1919 el gobierno de Romanones decretó la jornada máxima legal de ocho horas. Se convertía así en el primer país europeo en reconocer dicho derecho, seguido por Francia apenas dos meses después. El 1º de mayo fue adoptándose a lo largo del siglo XX en varios países como día festivo, como Día Internacional de los Trabajadores. Es un día donde no solo no se trabaja, sino un día donde los trabajadores del siglo XXI deberíamos recordar que los derechos laborales han costado mucho sufrimiento, muertes y luchas, y que hoy más que nunca, en un contexto de capitalismo salvaje, es necesario salir a la calle a defenderlos y a cuestionar un modelo capitalista, que, aunque nos lo quieran hacer pensar, no es una consecuencia natural e inevitable de la naturaleza humana. Otro mundo es posible.
Rodrigo Muñoz Martínez
Docente y miembros de Tribuna Socialista en Coria (Cáceres)
oy más que nunca cabe recordar que el Congreso Obrero Socialista de la II Internacional reunido en París en 1889, al que acudió Pablo Iglesias Posse, fundador del PSOE y de la UGT, decidió declarar el día 1º de Mayo como jornada reivindicativa y de homenaje a los llamados “Mártires de Chicago”.
La primera jornada internacional del 1º de Mayo se produjo hace ya 132 años siendo su seguimiento desigual en Estados Unidos y Europa, pero, a partir de ahí se dieron pasos seguros y firmes por parte de la clase trabajadora ante los Estados y las patronales para reivindicar un trabajo digno y decente.
Pero para Izquierda Socialista PSOE, aun siendo importante recordar el origen de esta efeméride, así como los 45 años de la legalización de los sindicatos en España, no puede pasar por alto las preocupaciones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y consecuentemente de UGT y CCOO, que pasan por seguir luchando por el mejoramiento de la calidad de vida dentro y fuera del trabajo.
Así, y con el acervo que nos caracteriza decimos alto y claro que ayer y hoy, al igual que los sindicatos, nosotros defendemos la paz. Cerca de 60 conflictos tienen lugar de momento, ocasionando millones de víctimas incluyendo la pérdida de cientos de miles de vidas humanas.
Desde IS-PSOE somos muy conscientes de la enorme tensión global, exacerbada por la guerra lanzada por Putin que condenamos, pero la paz es un elemento central de los valores y por eso rechazamos la atrocidad de la guerra. Por ello, reclamamos a los poderes públicos para que trabajen en favor de lograr un marco para la seguridad común, donde recordemos generalmente quien paga las consecuencias son los trabajadores y trabajadoras, Marco que debe abordar las causas ideológicas, sociales y económicas de los conflictos y pedir cuentas a los responsables de iniciar y respaldar guerras.
Centrándonos en las necesidades de la clase trabajadora de nuestro País, los sindicatos de clase más representativos nos llaman a la movilización bajo las siguientes premisas.
El empleo como principal objetivo La reforma laboral alcanzada con el Gobierno de España dentro del diálogo social, aborda aspectos de gran calado. No obstante, hay que continuar con la protección del empleo con una revisión de las causas y los costes del despido para evitar que se utilice como modo de ajuste, acudiendo, por el contrario, a los mecanismos de ajuste interno que contiene el acuerdo alcanzado en el seno del dialogo social.
Comisión Permanente Federal de Izquierda Socialista PSOE. 1º de Mayo 2023
Bajar y contener los precios CCOO y UGT saludan que el Gobierno haya tomado medidas positivas pero insuficientes para proteger a las personas más afectadas por la fuerte subida de los precios. Hay que actuar sobre las causas de la subida de los precios energéticos, de los alimentos, de alquileres e hipoteca, a la vez que lograr un reparto equilibrado del ajuste entre todas las rentas.
Reparto de los beneficios, provocado por la inflación, donde las empresas han incrementado sus beneficios, apoyados en subidas de precios y márgenes empresariales, pero no repercutiendo en los salarios de sus trabajado- res estos beneficios.
Subir los salarios, el aumento de la desigualdad también frena el crecimiento económico, no podemos consentir que se pretenda salir de esta crisis, a costa de devaluar los salarios, de generar más pobreza laboral y mayor desigualdad social. Por eso es importante desarrollar una negociación colectiva que frene la dinámica de pérdida del poder adquisitivo de los salarios, para evitar que se genere un polvorín social y poner en riesgo la recuperación económica.
Por último, Izquierda Socialista PSOE, se suma al manifiesto y a las convocatorias que hace el PSOE en todos los ámbitos, al tiempo que hacemos un doble llamamiento a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores:
El primero es que no caigan en la trampa de ningún populismo yen concreto de Vox. Este partido no defiende a los asalariados, es más, viene votan- do en el Congreso de los Diputados contra la clase trabajadora.
El segundo, todo trabajador y toda trabajadora que opta por afiliarse a un sindicato refuerza ese poder, y contribuye a la fuerza colectiva de un movimiento cuya misión es mantener los logros de la acción sindical en el pasado, y prolongarlos hacia el futuro.
Es así como podemos construir y garantizar la paz. Por tanto nos sumamos a las manifestaciones convocadas por los sindicatos UGT Y CC.OO en toda ESPAÑA.
Todas y todos los trabajadores de Stef-Madrid debemos estar para recuperar el Poder Adquisitivo perdido
Una vez finalizada la vigencia del último convenio colectivo sectorial, ahora toca que, los sindicatos, nos sentemos frente a la patronal a negociar el “V Convenio Colectivo de Logística, paquetería y actividades Anexas al Transporte de Mercancías de la Comunidad de Madrid”.
La UGT, en la última reunión sectorial que se celebró el pasado 20 de enero en Madrid, para la elección de los miembros que formarán parte en la Mesa Negociadora del Convenio, informó a los delegados asistentes de las más que previsibles dificultades que se esperan encontrar a la hora de las negociaciones que se mantendrán con la patronal. No será una negociación fácil, nunca lo han sido, como tampoco ha sido fácil aguantar estos dos últimos años la brutal subida de los precios de los alimentos y de los productos básicos, y que aún seguimos sufriendo. Por eso mismo, los trabajadores tenemos que tener clara nuestra posición, que no puede ser otra que, como mínimo, la de RECUPERAR EL PODER DE COMPRA PERDIDO.
Los incrementos salariales que se pactaron en convenio, para los años 2021 y 2022: el 1% y del 1,75% respectivamente. La buena fe de los trabajadores, al aceptar incrementos salariales moderados para esos años de pandemia, no ha sido tenida en cuenta, por la patronal ni la dirección de las empresas, ante la ola inflacionaria actual. El empobrecimiento es la consecuencia para los trabajadores y a sus familias. El dato que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE) al cierre del año 2022 ha sido de un IPC del 5,7% al que debemos sumar el IPC del 6,5% en 2021. En dos años los trabajadores de STEF-Madrid hemos perdido 9,35% de poder adquisitivo.
El empobrecimiento es una lacra que está afectando a la mayoría de la clase trabajadora; afecta a todas las generaciones, desde los más jóvenes, que sufren las dificultades para la emancipación que les permita poder labrar su futuro, como a la generación de los trabajadores mayores que están cerca de la jubilación y se ven con cotizaciones bajas que, supondrán unas pensiones insuficientes para el resto de su vida. Del mismo modo afecta a los trabajadores de media edad que ven como sus salarios no dan para llegar a fin de mes, provocando en muchos casos no poder cubrir las necesidades básicas de sus familias: pagos de alquileres e hipotecas, calefacción, luz, gasolina, alimentos, ropa, productos de higiene, material escolar, salud dental de los hijos e hijas, etc. El último informe publicado por el INE, en junio de 2022, señala que el riesgo de pobreza en España se ha incrementado hasta el 27,8% en 2021, casi un punto más respecto a 2020, cuando el riesgo era del 27%.
La solicitud a la empresa de anticipos, peticiones de las prorratas de las pagas extraordinarias, entre otras cosas, han sido en estos últimos años, la práctica de muchos de nosotros para llegar a fin de mes. La empresa es conocedora de la situación por la que pasan los trabajadores, lo deja claro cuando de forma benéfica y paternalista, decide dar tarjetas regalo para consumo, para “ayudar “a los trabajadores a soportar el incremento de los precios de los alimentos. Estas medidas están muy bien, pero no sería necesario si los salarios fuesen más altos y se revalorizasen acordes como mínimo a la inflación. Nuestro bienestar no debe depender de gestos caritativos con esos obsequios o regalos. La responsabilidad social de las empresas debe conllevar una retribución, y su correspondiente revalorización más justa.
Que paguen salarios dignos y ya nos encargaremos nosotros de gestionar nuestra economía y cubrir nuestras necesidades y las de nuestras familias.
Lo que queda muy claro, en esta serie de crisis que venimos sufriendo desde 2008, es que siempre pagamos los mismos, es indignante. En 2008 la crisis económica, en 2020 la pandemia y en 2022, la guerra en Ucrania, y que aún continua, con un incierto final.
Nuestra postura debe ser firme; ante la empresa y la patronal, Los trabajadores debemos participar en las asambleas, llevar nuestra voz, prioridades y reivindicaciones, para que sean, llevadas a la negociación. “Es peligroso normalizar la pérdida de poder adquisitivo, pues supone asumir el empobrecimiento”. Por lo tanto, luchar por salarios que como mínimo igualen el IPC no es el techo al que debe aspirar el trabajador, sino el umbral, el punto de partida de la negociación, ya que igualar salarios a IPC, supone que la subida real sea igual a cero. El objetivo es ganar por de compra.
¡Luchemos por salarios justos!
¡No al continuo empobrecimiento de los trabajadores!
Han pasado más de tres meses desde que las organizaciones sindicales, UGT y CCOO, alzaron la voz para reivindicar salarios justos para los trabajadores, entendiendo que los beneficios empresariales están alcanzando valores que suponen en muchos casos cifras tan elevadas que ofenden e indignan a muchos asalariados y a sus familias, que han visto como la alta inflación les ha dado un nuevo y duro golpe, siendo víctimas, una vez más, de una crisis a la que a la clase trabajadora no se la puede responsabilizar y mucho menos ser quienes la paguen, una y otra vez; las consecuencias de una inflación que alcanza récords históricos, poniendo en situaciones muy difíciles a muchas familias y, empeorando notablemente la de muchas otras, que ya se encontraban ante situaciones muy precarias. La pérdida salarial acumulada de los trabajadores, desde el año 2013, viene siendo la dinámica normal ante las diferentes y anteriores crisis. Esto deriva a un aumento de la pobreza y pone en el umbral de la misma a muchas otras familias.
Tal y como he dicho al principio, los sindicatos alzaron la voz… y poco más. Creo recordar un par de concentraciones bajo el lema “salario o conflicto”: la primera, el 7 de octubre, por el “día internacional del trabajo decente”, ante la sede de la patronal, y la segunda, el 3 de noviembre en la Plaza Mayor de Madrid, a las que pude asistir y participar gracias a las horas sindicales que me corresponden como representante de los trabajadores.
En mi centro de trabajo también estamos sufriendo los bajos salarios y la inflación. Recuerdo realizar un comunicado como representante de los trabajadores de UGT, en el que se daba una explicación del cómo nos está afectando la inflación y la pérdida salarial acumulada que estábamos sufriendo en estos dos últimos años. Este comunicado lo hice público en los tablones de anuncios del centro de trabajo, añadiendo al mismo las fechas para las convocatorias que estaban previstas para el 7 de octubre y el 3 de noviembre, incluso para una manifestación, el 15 de octubre (sábado) que en este caso no convocaban los sindicatos, sino que fue el movimiento de pensionistas, liderado por la COESPE, quienes reivindicaban salarios y pensiones iguales al IPC. Pronto me di cuenta que las fechas que estaban previstas, excepto la del día 15, para las concentraciones que convocaban UGT Y CCOO, no facilitaría la presencia de trabajadores, ya que eran días de diario y en horario de mañana. De esta manera las concentraciones no estaban pensadas para que los trabajadores y sus familias pudiesen salir a la calle a reivindicar y protestar contra la evidente pérdida de poder adquisitivo que se ha producido en 2022.
Después del 3 noviembre, finalizadas las 2 concentraciones que estaban programadas, y sin aparecer por la del día 15, algo incomprensible, no hemos vuelto a tener noticias de las organizaciones sindicales, ni de las futuras acciones a realizar ante la grave situación provocada por el alza de los precios que ha encogido los salarios. Parece que lo que se preveía como un otoño caliente se ha enfriado con la llegada del invierno; se ha olvidado toda acción, movilización y lucha, por lo menos de manera colectiva y organizada, dejando abandonados a su suerte a los trabajadores y trabajadoras en cada empresa.
En el último mes y medio del año pasado, los representantes de UGT de mi centro de trabajo decidimos seguir realizando comunicados, animando a los trabajadores a luchar por salarios justos, reivindicando subidas salariales acordes al IPC, e incluso proponiendo a la empresa una cláusula de revisión salarial, que fue rechazada, alegando que nuestro salario lo establece el convenio colectivo de aplicación, cerrado desde antes de la ola inflacionaria que sufrimos.
La modesta, pero necesaria acción sindical que hemos podido realizar durante este último mes y medio, los representantes de UGT en el centro de trabajo la valoramos de manera muy positiva, teniendo en cuenta que nos ha servido para conocer la opinión de los compañeros, la postura de la empresa e incluso analizar y valorar la correlación de fuerzas para determinar si es posible o no plantear un conflicto en el centro de trabajo, algo que consideramos muy complicado, debido a que somos una empresa de algo más de 250 trabajadores.
Ante un problema de tal envergadura no se puede abandonar a su suerte en cada centro de trabajo, donde la presencia o ausencia sindical, como la capacidad de negociación que puedan ejercer los trabajadores es muy limitada. Las reivindicaciones que iniciaron las organizaciones sindicales UGT y CCOO deben tener continuidad, dando la posibilidad a los trabajadores de participar, de sumarse.
Es necesaria una gran movilización para recuperar el poder adquisitivo perdido en los años 2021 y 2022; es justo pedir salarios dignos; será digno que nuestras organizaciones lideren y movilicen esta y tantas otras luchas como sean necesarias para mejorar las condiciones de los trabajadores.
Los días 25 y 26 de enero, la UGT FICA organizó en Algeciras unas jornadas sobre la transformación del sistema productivo. En las mismas, el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, manifestó que los fondos de recuperación son una oportunidad para transformar la industria de nuestro país, pero es necesario un consenso social y político para establecer una estrategia industrial. Ha valorado el anteproyecto de la ley de industria, porque será bueno para la clase trabajadoras, pero se necesita que esta ley además de ser una realidad, cuanto antes, se mantenga en el tiempo y no se cambie en función del color político del gobierno de turno.
Pepe Álvarez señaló que el PIB industrial en España en 2021 fue del 15,3% y hay que llegar al 30% y que la industria emplea a más de dos millones de trabajadores y trabajadoras. Asimismo, apeló a potenciar la industria desde la colaboración público-privada, contando con las empresas matrices y con las pymes de nuestro país
El cambio de modelo productivo es un mantra que se lleva escuchando desde hace más de 40 años, y nadie sabe a ciencia cierta qué quiere decir exactamente. Por el camino hemos cerrado astilleros, gama blanca, siderurgias, minas, y se han sufragado cientos de expedientes de cierre con fondos públicos, y durante todo ese tiempo se ha ido perdiendo, diluyendo una concepción del modelo industrial liderado desde lo público, no con ayudas para destruir empleo sino para crearlo.
Nuestro país es el país de la Unión Europea con más kilómetros de costa y el país de la Unión Europea con más horas de sol. Parece claro que la apuesta pública por explotar industrialmente estos privilegios naturales sería una apuesta ganadora.
Desde la generación energética hasta la fabricación de vehículos con cero emisiones (hoy se apuesta por el vehículo eléctrico pero se piensa que el futuro pasa por el hidrogeno), necesitamos un proyecto industrial de país. ¿que hay dinero proviniente de los planes de transformación y resiliencia?. Bienvenidos sean, pero no esperemos que sean las multinacionales ni las Pimes las que agoten estos fondos porque caerán en un pozo sin fondo.
Se ha demostrado que cuando se trata de proteger bienes esenciales, el sector privado no es el más adecuado puesto que prioriza el beneficio económico a corto plazo al beneficio social y colectivo. Por tanto, un pacto por la industria debe ser liderado desde los gobiernos para garantizar la producción de aquellos bienes necesarios para nuestra sociedad.
Y alerta: producir tanques y bombas también es industria, y desde luego, no es el modelo industrial que la mayoría de socialistas deseamos para nuestro país.
Castilla y León es la primera comunidad en disolver los servicios de mediación laboral. Desde UGT y CCOO están convencidos de que se trata de una salida de Castilla y León del sistema español de resolución extrajudicial de conflictos laborales, lo que conlleva «el incumplimiento de varias normas esenciales». Entre ellas, los sindicatos destacan de rechos constitucionales tales como los recogidos en los artículos 24, 28, 37 y 149; lo recogido en el Real Decreto-Ley 17/1977, en el art. 7; el Estatuto de los Trabajadores, art. 83.3 y otros del mismo texto de remisión a la solución autónoma de conflictos laborales, entre otras normativas de carácter estatal.
Disolver el servicio de mediación es una muestra tangible del nulo reconocimiento a la legitimidad de la representatividad sindical por parte de PP y VOX y la nula importancia que conceden a los derechos laborales y sociales.
Una vida de lucha, en defensa de los derechos de los trabajadores
Se ha ido Nico, el de la generación del 27, la obrera, no la literaria. Nació el 16 de junio de 1927, en Barakaldo. Sufrió en su infancia la guerra civil desatada por quienes no soportan los avances sociales y las libertades para la mayoría. Así, siendo niño, entre los 9 y los 12 años, soportó el hambre, el miedo provocado por los bombardeos y el exilio; con 11 años, junto a más de dos mil niños y niñas, embarcó en el Habana, que zarpó desde Santurce rumbo a Francia.
No regresaría hasta finales de 1939, para encontrase con la España del “Cara al Sol” y la represión.
Como era lo habitual en aquellos años, comenzó su vida laboral en la pubertad, en La Naval de Sestao, con 15 años. Nicolas fue de los que estudiaba y trabajaba; por la mañana en la Escuela Náutica y por la tarde en la fábrica. Participó en las primeras huelgas obreras contra el franquismo en 1946 y 1947, en las que se mezclaba la euforia por la victoria aliada en la IIGM, con la resistencia de los trabajadores en España contra la miseria y la sobre explotación. En aquellos años ya era militante de base de la UGT y del PSOE colaborando con el reparto de propaganda, lo que le supuso la primera detención, en la primavera de 1951.
Participó activamente en la huelga de la Naval del 30 de abril del 62, en solidaridad con la que se había desatado el 7 de abril en la mina asturiana de la Cuenca del Caudal, en el Pozo Nicolasa. No descasará de colaborar en los conflictos obreros de la década de los años 60 y en viajar por todo el territorio del Estado, haciendo proselitismo y organizando sindical y políticamente; actividad que conllevaba el riesgo de cárcel y de pérdida del puesto de trabajo. Comenzó a formar parte de las direcciones del PSOE y la UGT en 1970 y el 1971, respectivamente. La Naval le despidió en 1973, era uno de los “precios” que se corría el riesgo de pagar por ser coherente.
Fue en ese año de 1973 cuando, en el XII Congreso de la UGT, es elegido Secretario General por vez primera. Participó en todos los acontecimientos políticos, sociales y de Partido de la década de los 70, destacando su actitud inteligente y generosa en el Congreso del PSOE, celebrado en Suresnes, en el que optó por apoyar a Felipe González como Secretario General del PSOE, a pesar de que él contaba con apoyos suficientes para serlo, con el criterio de no dividir al Partido y optar por una persona más joven, con capacidad probada.
Fue uno de los diputados secuestrados en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981. Su respuesta fue la de la defensa de la democracia llamando a la movilización y exigiendo la depuración de responsabilidades.
La década de los 80 comenzó alterada por el intento de golpe de Estado y continuó siendo dura para Nicolas Redondo, quizá la más dura ideológicamente, pero, en la adversidad, prevaleció su sentido de la coherencia y la lealtad a los intereses de la clase trabajadora: se opuso a la permanencia de España en la OTAN, en el referéndum de marzo de 1986; renunció a su acta de diputado, en octubre de 1987, por el desacuerdo con el Gobierno en las políticas económicas y el reparto de la riqueza, acto en el que fue secundado por las también diputados, Antón Saracibar y Cándido Méndez; convocó, junto a las CCOO de Marcelino Camacho, la huelga del 14 de diciembre de 1988, frente a las políticas “liberales” del Gobierno Socialista.
Tras una vida de lucha en defensa de los intereses de los trabajadores, en 1994 puso punto y final a su dedicación sindical al frente de la Unión General de Trabajadores, Nicolás ha vivido serenamente y siendo receptor del cariño y la gratitud de sus compañeros y compañeras. Sirvan estos párrafos para dar una pequeña idea y recordar quién fue este gran defensor de las libertades y los derechos de quienes viven de su salario.
Tribuna Socialista 
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