¿EL FIN DEL SAQUEO DE EXTREMADURA?

En 1978, Mario Garivia, José Manuel Naredo y José Serna coordinaron un libro publicado en Ruedo Ibérico que llevó por título, Extremadura Saqueada. En él se analizaba el impacto del Plan Badajoz (1952) en Extremadura, un simulacro de reforma agraria. Los objetivos del plan eran la colonización, industrialización y electrificación de la región. El primero de ellos consistía en convertir a los campesinos en pequeños empresarios, el segundo fue claramente insuficiente y el tercero se basó en la construcción de centrales hidroeléctricas. Transformó, mediante la construcción de pantanos y canales, la tradicional agricultura extensiva y de secano en agricultura intensiva y de regadío. En realidad, el Plan Badajoz fomentó el saqueo de los recursos naturales extremeños que, a modo de colonia, fue espacio de inversión en aras de obtener grandes cantidades de productos agropecuarios para los grandes núcleos urbanos fuera de la región, así como una gran producción energética extraída de los nuevos complejos hidroeléctricos, cuyo excedente se exportaba sin dejar ningún beneficio para los habitantes de las dos provincias más grandes de España. La carencia de inversión industrial no energética provocaría una de las migraciones más sangrantes de la historia extremeña, al igual que en otras regiones de la España rural, que se saldó con 600.000 emigrados forzosos a Madrid, Cataluña, País Vasco, Alemania y Suiza.

En los últimos años, Extremadura se ha convertido en el punto de mira del Gobierno y numerosas multinacionales. El calentamiento global, y en especial la guerra en Ucrania, han obligado a Europa y España a realizar una transición energética para no depender tanto de las energías fósiles rusas, una transición que pasa por el uso de energías renovables y el impulso de una nueva industrialización verde. Los datos lo confirman: el índice de producción industrial más alto del país a inicios de 2023 estaba en Extremadura, con 24 puntos, seguido por Madrid con 10,1. Llegaron las energías renovables. En 2020, las numerosas plantas fotovoltaicas construidas en la región producían ya casi los mismos MW que las heredadas centrales hidroeléctricas del Plan Badajoz. Las plantas fotovoltaicas de San Serván (Badajoz), Ceclavín (Cáceres) y la planta Francisco de Pizarro (Trujillo), esta última la más grande de toda Europa, cubren cientos de hectáreas donde antes había ganado extensivo. Frente al discurso oficial de que la transición energética en Extremadura es la base de la transformación económica y social que necesita la región, que dejará numerosos puestos de trabajo de calidad y frenará la emigración silenciosa que sigue afectando a toda la región, la realidad es otra.

Los cientos de empleos generados para la construcción de estas enormes plantas fotovoltaicas han sido más que precarios y no han favorecido para nada el asentamiento de posibles migrantes. Todas las plantas, pertenecientes a Iberdrola, utilizaron numerosas empresas subcontratadas que en el mejor de los casos pagaban las horas extraordinarias a 10 €. Muchas de estas empresas pagaban el salario base por debajo de los convenios colectivos para las industrias siderometalúrgicas de las provincias de Cáceres y Badajoz. La jornada era de nueve horas, no de ocho, y la extra obviamente no la pagaban o la pagaban muy por debajo de lo que establecían los convenios (algo más de 16 €). Sé de lo que hablo, a mi antiguo jefe le tuve que recordar que la jornada laboral de ocho horas se había establecido en este país hace más de cien años, en 1919, por Real Decreto, tras la huelga de la Canadiense en Barcelona. Parece mentira que la industrialización en pleno siglo XXI, ya sea verde o negra, se haga a expensas de los trabajadores y no en su beneficio, a la vez que se estafa a la Seguridad Social. A esta desvergüenza empresarial, financiada y apoyada por la Junta, habría que añadir el agravio comparativo existente entre los trabajadores extremeños y los del resto del país. Las leyes laborales extremeñas han garantizado mano de obra barata y no conflictiva. Cabe recordar aquí que los convenios laborales extremeños son de los peores de toda España, que el coste laboral por trabajador es de los más bajos, solo superado por las Canarias, con una media de 2.479,20, al igual que el coste salarial por trabajador y mes, que está en 1.866,23 (INE), lo que aporta un salario medio anual de 20.479,30. Una vez terminada la planta fotovoltaica, cientos de trabajadores regresan a las colas del SEPE, ampliando esa tasa de paro, de las más elevadas del país con un 17,62% según datos actualizados del INE, solo superada por nuestra vecina y homóloga Andalucía con un 19%. Trabajo temporal y precario, ese ha sido el impacto sociolaboral de las nuevas energías renovables en Extremadura. ¿Algún beneficio en el consumo de energía? Extremadura, como buena colonia, es la región que más energía genera del país, un 487,7% de la electricidad que consume según datos del 2021. Ni empleo estable ni rebaja en el precio de la luz. Como diría Manuel Cañada (2020, Otra Extremadura. Materiales para una historia alternativa de Extremadura), el extremeño paga dos veces a las empresas que explotan su territorio, una con el dinero público facilitado por la Junta y otra con los recibos de la luz.

Extremadura se vacía. En 2021 era la cuarta comunidad autónoma con más defunciones por cada mil habitantes (11,68, INE), por detrás de Asturias, Castilla y León y Galicia. De 1.054.776 habitantes en 2022 según la población inscrita en el padrón, la población proyectada para 2037 por el INE es de 1.002.305. El envejecimiento propio de la España Vaciada deriva de la falta de expectativas laborales estables y de calidad para los jóvenes, que siguen emigrando a los grandes núcleos urbanos del país, especialmente Madrid. En Mérida, el pasado 12 de marzo, Guillermo Fernández Vara, actual presidente de la Junta de Extremadura por el PSOE, dijo que la llegada de las nuevas industrias verdes supondrá “una venganza histórica de la Extremadura saqueada de los años sesenta». Eso está por ver. En efecto, paralelamente a la construcción de grandes industrias energéticas, se están consolidando fastuosos proyectos industriales como el mayor matadero de cerdo ibérico de Europa en Olivenza, la fábrica de condensadores de litio en Badajoz, la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata o la fábrica de diamantes sintéticos en Trujillo construida por la multinacional estadounidense Diamond Foundry. La inauguración de esta última a principios de marzo de este año tuvo un acto simbólico un tanto surrealista que nos recuerda a la película de Bienvenido, Mister Marsahall, tras enterrarse un cofre con prensa del día, un crucifijo bendecido por el cura de Trujillo y una esclava de oro introducida por una mujer del pueblo que daba por concluida la inauguración. Estas nuevas industrias, especialmente las de condensadores y baterías de litio, necesitan de dicho mineral, que no por casualidad está en Extremadura. Conseguidas ya las licencias de la mina de litio en Cañaveral, la mina prevista para extraer litio en Cáceres se consiguió parar gracias a la presión de la plataforma ciudadana, Salvemos la Montaña. El impacto medioambiental y de salud pública que puede generar este tipo de minas sería brutal en una de las regiones de España con más figuras de protección del medio ambiente. Según los datos del INE, en 2020 Extremadura era la segunda de las regiones que menos gasto total usaba en protección ambiental, a la vez que era la primera que menos invertía en protección ambiental.

La situación actual es clave en la transformación de la sociedad extremeña. La denominada industrialización verde es no solo una necesidad para España, sino una oportunidad para Extremadura, eso es indudable. ¿Pero a qué coste? ¿A costa del medio ambiente, de minar ese paraíso natural de Europa llevado al cine por Carlos Pérez Romero? ¿A costa de los trabajadores, de su precariedad y la salud ciudadana? ¿Nos encontramos realmente a las puertas del fin del saqueo de Extremadura? La movilidad de las asociaciones y plataformas ciudadanas extremeñas, la voluntad política regional, la organización de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales y el apoyo de los sindicatos mayoritarios a esta causa condicionarán el futuro de Extremadura en los próximos diez años. Y termino aquí, sin hablar del tren, que daría para otro artículo.

Rodrigo Muñoz Mártinez
Miembro de Tribuna Socialista en Coria (Cáceres)

Matadlos

Dirás que vaya titular tan malvado, que no se debería utilizar nunca una palabra como esa. Que eso de “Matadlos” es demasiado horrible, cruel y diabólico.

El gran problema, el gran bochorno, es que lo diga una responsable de la esfera pública. No ha sido un desliz, lo ha pensado, lo ha escrito y lo ha divulgado. “Hoy la izquierda está acabada. Matadlos”, le escribía Isabel Diaz Ayuso, presidenta diabólica de la Comunidad Autónoma de Madrid y líder del PP de Madrid, a sus diputados y diputadas.

No contentos con ese “Matadlos”, el Sr. Maroto, portavoz del PP en el Senado, afirma con rotundidad, que hay que trasladar a la sociedad que “no hay un socialista bueno”.

Este es el modelo de convivencia que quiere el PP para nuestra sociedad, pensar y divulgar “matadlos”, y pensar y decir que “no hay un socialista bueno”. La verdad es que dan susto, parecen más cercanos a los franquistas (fundadores de su partido) que a cualquier esfera democrática.

El gran problema es que son capaces de hacerlo, lo hicieron ya hace 87 años y durante demasiado tiempo, y actualmente han mostrado ser muy eficaces dejando morir a miles de ancianos en las residencias de mayores de la Comunidad madrileña.

A nivel personal, una dice que me maten, el otro que solo muy malo. Soy nieto de socialista (a mi abuelo, sí que lo mataron), hijo de socialista y socialista, y no tengo miedo a desequilibrados que digan esas barbaridades… aunque sus hechos indiquen que quieren volver por sus andadas y levantarse contra el gobierno legítimo y democrático.

Decía que soy de familia socialista y nunca me enseñaron ni a despreciar, ni a odiar a nadie, independientemente de su ideología.

Tengo amigos del PP que son muy buena gente y los quiero… aunque también es cierto que hay otros muchos que son unos verdaderos hijos/as de puta.

Rafael Fuentes
Militante socialista de Málaga

Crónica del acto organizado por ASTRADE ¡Alto a la Guerra!

El jueves 23 de marzo, en la Agrupación Socialista de Buenavista, en Madrid, el acto/ debate sobre la Guerra de Ucrania, con el lema » Alto a la Guerra «.

Comenzó interviniendo Jesús Jaén, de la Asociación Leodile Bera, quien fijó un punto común, aceptado por todos, en torno a la deseada y necesaria PAZ. «Nosotros, además, partimos de fijar quien es el responsable de la agresión, y quien el agredido, y aquí tanto en 2014 como 2022 es claramente Putin«, » Ansiamos la paz, pero comprendiendo quién es el agresor y quién se defiende«, dijo.

Durante su intervención, recalcó que entendía los argumentos de la responsabilidad de la OTAN, en las circunstancias previas, pero mantiene que quien causa la guerra, ahora, es Rusia. Igualmente observó que la inclusión del relato de la guerra del Donbás podía más que esclarecer los precedentes, justificar con argumentos historicistas posiciones que no establecen responsabilidad, y si justificaciones de uno u otro bando.

Asimismo, comentó que observar el conflicto como una guerra de potencias, guerra geoestratégica, nos puede llevar a abstraernos de la evidente destrucción física de Ucrania, y del genocidio de su población; para él tiene el mismo rango que la invasión norteamericana de Vietnam, y por tanto asiste a Ucrania, a su Gobierno, su derecho a la defensa, y en su opinión a recibir ayuda tanto militar como humanitaria… Así, se asemeja a las consecuencias funestas que tuvieron las políticas de «no intervención» respecto de Inglaterra y Francia para con España durante la Segunda República.

En cuanto a la propuesta de China considera que habla de paz, pero se escora hacia Rusia, al no establecer responsabilidad en la culpa, y no reconoce la agresión. Rusia, dice, es imperialista, y Putin debe ser frenado.

Tras esta intervención, tomó la palabra Roberto Tornamira por la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE). Roberto es, además, miembro de la Coordinadora Estatal del Comité para la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), plataforma que en España está promoviendo el Manifiesto internacional ¡Alto a la Guerra! ¡Alto el fuego sin condiciones!

Roberto establece también un principio irrenunciable: la paz y considera que para ello lo más urgente es que pare la guerra. Ve contradictorio que se busque la paz alimentando la guerra con el envío de armas.

En primer lugar, da algunos datos sobre la figura de Putin, para despejar cualquier duda sobre qué este individuo nada tiene que ver con la revolución de 1917, ni con la extinta URSS, ni siquiera con la etapa más degenerada del estalinismo. Putin fue un abogado del KGB, un burócrata, que en 2001 dio el relevo a Yeltsin y que lidera un partido, Rusia Unida, que se declara conservador, nacionalista y que está en la derecha de la actual Duma.

Putin es el líder de un Estado oligárquico, que defiende los intereses de los que se apropiaron de los sectores estratégicos de la URSS. Pone de ejemplo a Roman Abramovich, presidente de SIBNEFT (más conocido por haber sido dueño del Chelsea), a Igor Sechin, presidente de ROSNEFT, a Alesey Miller, presidente de GAZPROM, Alisher Usmanov, presidente de METALLOINVESTE y Nicolai Tokarev, presidente TRANSNEFT, entre otros muchos propietarios de empresas gasistas, petroleras, mineras o metalúrgicas.

Estamos ante una guerra que, al igual que la IGM, tras el atentado de Sarajevo, tenía tras de sí la lucha entre imperialismos por las colonias, para apropiarse de las materias primas, esta guerra tiene una trastienda en la que se dirime, desde antes de que se iniciase el conflicto, la lucha por el mercado de la energía y los combustibles y sus rutas de distribución. Dio algunas cifras que retratan esta teoría: En 2012, antes de la llamada revolución del Maidan, la UE compraba energía a Rusia por valor de 157.000 millones de euros, en 2021, esa cifra había caído un 31,2%. En enero de 2020, el 43% del Gas que se consumía en Europa llegaba de Rusia, en noviembre de 2023, sólo el 12,9%.

En julio de 2018, la UE cerró un acuerdo con los EE.UU, denominado “Área de Energía”. Este acuerdo fue firmado en Washington por el presidente de la UE, el Sr. Junker y el presidente de los USA, el Sr. Trump. En los nueve meses que transcurrieron desde la firma de ese acuerdo, de julio de 2018 a marzo de 2019, los EE.UU., incrementaron sus exportaciones de Gas licuado (GNL) a la UE en un 181%.

Las inversiones que se están haciendo en construcción de infraestructuras para la exportación de GNL, como el puerto que CHENIERE está construyendo en Texas, son macro inversiones a largo plazo para aumentar más aun las exportaciones de GNL desde los EE.UU. Estas inversiones son coherentes con la postura de la Administración Biden de mantener la guerra el tiempo que sea necesario. También son coherentes con la aprobación del mayor presupuesto de guerra de los USA para 2023, 858.000 millones de dólares, una cifra que, según la ONG World Beyond War; “Sólo con el 3% del gasto militar de los EE.UU., se acabaría con el hambre en el planeta”. A lo que Putin ha respondido con que el presupuesto para la guerra será ilimitado.

Es por tanto, en su opinión, una lucha de sectores energéticos que protegen «su petróleo», “su gas”… donde Estados Unidos pretende sustituir a Rusia como máximo suministrador de Europa, configurando una guerra económica con el pretexto de ayuda a un pueblo masacrado incluido.

Concluyó diciendo que la mejor manera de defender al pueblo ucraniano es parando la guerra de inmediato. Y no solo al pueblo ucraniano, a todos los pueblos de Europa, pues en paralelo se está desarrollando una guerra social, con el Tsunami inflacionario que está saqueando salarios y pensiones y con los ataques a los sistemas de protección pública: pensiones, sanidad, educación y dependencia.

Tras las exposiciones, tomaron la palabra algunos de los presentes:


Gloria Campos. Comparte lo expuesto por Jesús y Roberto, ambos tienen razones de peso. La guerra es un negocio próspero donde Rusia invade otro país, y acaba siendo un negocio, con no sólo la masacre de un pueblo por bombas, sino además un continente, África, desolado por la falta de alimentos.

Rusia da miedo, Zelenski es un actor, y China…??? Pero cree que es necesario seguir enviando armas.

Miguel Sagües: Está de acuerdo con Gloria respecto a que la guerra debe parar; pero expresa que tanto miedo le produce Rusia como Estados Unidos por su tradicional militarismo, y cree que la propuesta China no debe desdeñarse a pesar de las justificadas dudas…y no queremos enviar más armas, aunque, ¿qué hubiese hecho Putin sin tener enfrente esas armas?

Juan Fernando Martínez: Comparte la visión de Roberto, y pone el acento en la influencia de los Medios de Comunicación, que trasladan una visión parcial, utilizando el sufrimiento de las personas. Es como la representación de una obra de teatro, un drama.

Manuel Cusó: Manifiesta que su visión coincide con Roberto, porque ¿quién sufre? los pueblos, ucraniano, ruso… mientras que son los gobiernos quienes quieren la guerra. Son los trabajadores quienes se manifiestan contra la guerra.

Los pueblos son masacrados o perseguidos, mientras se financia la guerra con un esfuerzo económico que solo beneficia a unos pocos y a determinada Industria. Paz, sí, pero para las personas. Y, para ello, deben movilizarse los obreros europeos.

Jesús Jaén, comenta enfadado, que un debate debe fijar responsabilidad, y no convertirse en su opinión en un simple antiamericanismo. Debemos ver la agresión que sufre Ucrania, defender la Paz, y ayudar a quien sufre, humanitariamente, y con armas.

Roberto Tornamira: Desear la Paz, y exigir Alto a la Guerra, no hace que perdamos de vista cuales son las circunstancias, y de quienes es la responsabilidad, y si, ayudemos, pero sin cerrar los ojos a las consecuencias de no ver el problema en su conjunto, en toda su dimensión. La solución pasa por la movilización de masas. La paz debe exigirse, de lo contrario los gobiernos se mantendrán sordos.

Eduardo Hernández
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Detener la matanza, alto al derramamiento de sangre

Trece meses después del inicio de la guerra ésta no ha hecho sino incrementar su crueldad dejando un rastro de muertes y destrucción masiva, mientras tanto Putin sigue bombardeando ciudades y los Gobiernos europeos, subordinados a Biden siguen alimentando el fuego guerrero con el envío de armas, adiestramiento de soldados y el apoyo financiero a Zelenski convertido en portavoz del presidente americano.

El aumento del gasto militar en Alemania supone 100.000 millones cruzando una línea roja hasta el momento no cruzada desde la II Guerra Mundial, los diferentes Gobiernos europeos han llevado a cabo aumentos presupuestarios en las partidas militares disciplinándose de esta forma a los dictados de EEUU, que no parece tener ningún interés en que se acabe la guerra, si tenemos en cuenta el envío de armas y material de guerra que no cesa de enviar. Los envíos de armas y dinero son el billete de entrada en la guerra, guerra que no es de los pueblos sino a intereses ajenos a los pueblos mismos.

Cada vez más voces señalan que el viaje del primer ministro británico, Johnson se desplazó a Kiev para parar un acuerdo alcanzado entre Ucrania y Rusia en Estambul a finales de marzo primeros de abril del pasado año.

La OTAN y la ONU aparecen como organismos de guerra inhabilitados para cumplir ninguna misión ni mediación de paz, sin embargo, la paz es posible, y la primera condición para la paz es la retirada inmediata y sin condiciones del ejército de Putin y el cese inmediato del envío de armas a Zelenski.

Estados Unidos ha declarado la guerra a Europa, comercial y socialmente. La exigencia del presidente americano Bien a Alemania, de que rompa con Rusia puede suponer una caída del 12% del PIB y cinco millones de desempleados.

Pero la movilización contra la guerra se hace cada vez mayor. La respuesta dada el día 25 de febrero, aniversario del estallido de la guerra, que reunió a más de 50.000 personas en la Puerta de Brandemburgo de Berlín, respondiendo al llamamiento de Alice Schwarcer y Salira Wagenknecht, para oponerse a la guerra y por la paz, manifestación que sus organizadores valoran como la más numerosa en los últimos dos decenios, fue un éxito rotundo a pesar de las fuertes presiones que se realizaron para que fracasase, además de la campaña de calumnias emprendida contra sus convocantes.

Al calor de esta movilización se realizó una conferencia el día 4 de marzo con la participación de más de 150 participantes, entre los que se encontraban numerosos sindicalistas, diputadas y movimientos sociales que exigían al gobierno de Scholz y los Verdes que detengan la matanza, el cese del envío de armas para la guerra y que no se sienten representados por un gobierno que participa de la guerra.

Es el inicio de un gran movimiento al que se tendrá que enfrentar la coalición gubernamental del Partido Socialdemócrata Alemán y Los Verdes, convertidos en auténticos belicistas.

El lunes 27 hay convocada una huelga por el sindicato Ver. Di que representa a más de dos millones de empleados públicos y el sindicato EVG que representa a 230.000 trabajadores del sector del transporte, incluidos los trabajadores del Deutsche Bahn, Ver.di, exige una subida salarial del10,5 y EVG una subida del 12%, la inflación en Alemania registro una media en 2022 del 7,9%, el Gobierno alemán niega subidas salariales mientras aumenta en gastos militares en 100.000 millones, difícil de explicar, tanto en Berlín como en Madrid. Tambores de movilización suenan por toda Europa.

La lucha contra la guerra y la defensa de los derechos sociales y los salarios dignos aparece cada día inevitablemente más relacionada.

El ofrecimiento del presidente chino Xi Jinping para hacer de mediador es una propuesta que debería ser tenida en cuenta por el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para impulsar una verdadera propuesta de paz y parar la matanza de seres humanos que está ocasionando esta guerra criminal.

José Antonio Iniesta
Militante de la agrupación sociales del PSC en Sant Boi
Miembro del comité de redacción de Tribuna Socialista

Reforma de las Pensiones. Basta de canciones

No estoy de acuerdo con la reforma de las Pensiones que el Gobierno ha acordado con los sindicatos UGT y CCOO, no por el conjunto de su contenido, sino por el hecho mismo de reformar el sistema. Y ahora lo explico.

Afirmo que mi discrepancia nada tiene que ver con la hipocresía desplegada por el PP y la CEOE. Estos no están de acuerdo porque la reforma no recorta las pensiones, en general, ni endurece el acceso. Para para la derecha política y económica es una cuestión de principios. Y además porque están en campaña, el PP lleva en campaña desde la noche del 10 de noviembre de 2019 y está contra que gobiernen otros que no sean ellos.

En lo que coinciden todos: Gobierno (PSOE, IU -con su traje nuevo “Sumamos”- y Podemos), los sindicatos UGT y CCOO, los partidos que han anunciado su apoyo, ERC, Buildu, PNV… y los tres más de derechas: PP, VOX más lo que queda de C´s, es en que el sistema no es sostenible y hay que hacer reformas para hacerlo sostenible.

Es en el mantra de la insostenibilidad en lo que no puedo estar de acuerdo, pues se parte de una base falsa: se insiste en que hay que subsanar la insostenibilidad del sistema.

Llevan diciendo que el sistema es insostenible desde la década de los 80 de pasado siglo, y desde entonces, bajo distintas “canciones”, lo han ido reformando: para modernizarlo, para hacerlo sostenible, porque nos obliga la UE… Cambian la música, pero la letra siempre es la misma. El estribillo de ahora es que se está comenzando a jubilar la generación de “baby boom”.

Esta reforma es continuidad, secuela o segunda parte de la anterior reforma, la de diciembre de 2021, plasmada en la Ley 21/2021. En esa primera parte se introdujo el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), a cambió del “Factor de Sostenibilidad” que introdujo la reforma impuesta por el PP de Rajoy, en 2013; factor que vinculaba la pensión a la esperanza de vida, con lo que se perdía pensión pues la cuantía fijada en la Base Reguladora se dividía entre más años que viviría el sujeto receptor de la pensión, si es que llegaba con vida a esos años estadísticos. Con el MEI no pierdes pensión en el cálculo de la misma, pero trabajadores y empresas pasaban de pagar un 0,1% y un 0,5% más de lo que se venía pagando, respectivamente. Es decir, que los trabajadores, antes de diciembre de 2021, pagaban un 4,7% y pasaron a pagar un 4,8% y los empresarios pasaron de pagar el 23,60% al 24,1%. La reforma actual, duplica esos porcentajes, por lo que a partir de ahora pasarán a pagar 4,9% los trabajadores y 24,6% las empresas, incremento que se hará a razón de una décima anual hasta 2029.

Es decir que no se bajan las pensiones, pero los trabajadores cotizarán más. Es lo que los técnicos del ministerio llaman: incrementar los ingresos en lugar de aplicar recortes. Cada cual que lo valore como quiera. En mi opinión, no quiero que me rebajen la pensión futura, como han hecho en reformas anteriores ni que me cobren más, como ocurre en esta reforma actual, no en tanto las cuentas de la Seguridad Social no estén claras.

Esta bien la solución salomónica de mantener los 25 años actuales para de computo para hallar la Base Reguladora y con el aumento a 29 años -un paso más hacia que sea toda la vida laboral- que proponía el ministro. Veremos durante cuantos años se mantiene la opcionalidad.

Podemos, IU (¿Sumar?), y el PSOE, deberían explicar por qué se penaliza a los trabajadores que cobran por encima de los 4.495,38 € -nuevo tope de cotización que se establece- ¿son también “grandes fortunas”? pues mientras que este tope crecerá a razón del IPC-1,2%, hasta 2050, la pensión máxima, que se estable en 3.058,81 €, solo se incrementará en un ripio 0,0115%.

No entro en más por menores de la reforma e insisto en que mi rechazo no es por su contenido. Mi rechazo a esta reforma, a las anteriores y a las que vengan no cambiará mientras no se cumpla, enteramente, la Ley 21/2021, en concreto su disposición adicional sexta, donde se establece que el Gobierno debería haber encargado un informe de Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social a lo largo del mes de enero de 2022 y que presentaría ese informe a lo largo del primer semestre del mismo año. Informe que tiene que abarcar el periodo 1967 a 2019.

Este compromiso incumplido, hasta hoy, se tomó en base a que el Tribunal de Cuentas del Estado emitió un informe, en 2020, en el que decía que el Estado ha utilizado, indebidamente, 103.000 millones de euros de las Pensiones públicas, sólo en el periodo 1989 a 2013. Es decir, que el Estado le debe a las Pensiones esa cantidad, como mínimo. Una práctica que, por lo informado por Tribuna de Cuentas del Estado, han mantenido todos los gobiernos desde antes y después de la Transición.

¿Por qué no se ha encargado ese informe de Auditoría, antes de llevar a cabo otra reforma?

¿Con qué criterio se asegura que el sistema no es sostenible, cuando el Estado es deudor del sistema de Pensiones públicas?

¿Por qué se le hace cotizar más a los trabajadores, sin previamente tener el informe Auditoría que el Gobierno se comprometió a encargar, y por tanto está obligado a encargar?

Las direcciones de UGT y CCOO deberían explicar por qué han renunciado a la exigencia que aprobaron en sus congresos de 2021, de que se realice un Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.

No se debería realizar ninguna reforma de las pensiones sin, previamente, conocer la verdadera situación económica de las cuentas de la Seguridad Social y sin que el Estado se ponga al día de sus deudas.

Si a los bancos se les dio más de 100.000 millones para sanearse, dinero que nadie los ha reclamado, mucho más justificado está que al Sistema de Pensiones se le dé el dinero que se le sustrajo, sea está la cantidad que sea.

Deteriorar permanentemente el Sistema de Pensiones Públicas sólo se entiende si se pretende fomentar los sistemas privados de pensiones. ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que hace el Gobierno de Ayuso, en Madrid, con la Sanidad Pública?

Roberto Tornamira Sánchez
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Editorial: Que el barullo no impida ver el bosque

El periodo electoral se acerca inexorablemente. Todos los partidos están desplegando sus tácticas para que el contexto electoral les sea lo más favorable. Todo está dentro de esa “normalidad” a la que ya nos han acostumbrado, a la que nos resistimos.

Desde el Comité de Redacción de Tribuna Socialista no somos neutrales, de ser así no podríamos reclamarnos del Socialismo. Por ende, no participamos de la idea “todos son iguales”. No por ello dejamos de percibir que hay mucho barullo que, a modo de árboles, impide ver el bosque.

Todo es política, aunque no toda la política tiene los mismos objetivos. Los tacticismos partidistas no impiden que pongamos el foco sobre las cuestiones fundamentales para la mayoría. Recordemos que “Democracia” se compone de los términos griegos dêmos (pueblo) y krateîn (gobierno), la cuestión es ¿para qué parte del pueblo se gobierna?; para una minoría privilegiada o para la mayoría de la sociedad. A dos meses de las elecciones municipales y autonómicas y a más o menos nueve de las generales, tenemos que poner el acento en lo fundamental, en lo que constituye el basamento del Estado de Bienestar: Sanidad, Pensiones, Dependencia y Educación, que es lo que preocupa a la mayoría social, independientemente de los que digan los y las chef de encuestas y sondeos.

La masa social ha tomado conciencia de la importancia de defender la Sanidad Pública, y por eso nos hemos echado a la calle en muchas comunidades, con especial intensidad en Madrid. Aseveramos que los acuerdos que los colectivos de sanitarios están alcanzando en distintas comunidades y áreas de Salud, no resuelven el problema de la Sanidad Pública por el que cientos de miles de ciudadanos han salido a la calle en estas semanas pasadas. Las soluciones laborales son de justicia, son la consecuencia lógica de la lucha llevada a cabo por médicos, personal de enfermería y auxiliares, por el personal de ambulancias y/o por los Médicos Interinos Residentes (MIR). Sin embargo, no resuelven el problema que las políticas económicas privatizadoras y austericidas han generado y que el COVID-19 ha puesto al descubierto.

Los partidos que se reclaman de la izquierda, los que dicen defender lo público, ya deberían estar explicando cómo y a qué ritmo van a implementar políticas desprivatizadoras. El electorado que necesita los servicios públicos tiene que percibir con claridad la posición de cada partido, y ese electorado es la mayoría social:

  • El 25% de la población tiene un seguro de salud privado, por tanto, el 75% no lo tiene, muy probablemente porque no lo puede pagar, por lo que necesita la Sanidad Pública.
  • El 33% del alumnado está matriculado en un colegio concertado, por tanto, el 67% necesita Educación Pública.
  • 9,4 millones de personas tienen contratado un plan de pensiones privado (7,5 individuales y 1,9 planes colectivos de empleo) sabiendo que hay partícipes con más de un plan de pensiones y teniendo en cuenta que en España hay 30,5 millones de habitantes con edad comprendida entre 18 y 65 años(1)), el 69% de la población necesita Pensión Pública.
  • Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se debería disponer de 5 plazas de residencia por cada 100 mayores de 65 años. España cerró 2022 con 8.935.673 mayores de 65 años(1). Con datos de 2021, nuestro país cuenta con 389.031 plazas, por lo que tenemos un déficit de 60.000 plazas

Podríamos cuantificar muchos otros déficit y problemas que sufre nuestra mayoría social: mayores que viven solos, déficit de plazas en FP y universidades, ratio de pacientes por hospital…El problema al que nos enfrentamos es que estos déficit y desigualdades, lejos de tender a corregirse tienden a ampliarse.

Lo que origina que tendencia sea en favor de la minoría en lugar de la mayoría no es por casualidad, ni está marcada por el destino, es el objetivo de las política privatizadoras y económicas de los gobiernos, de todos los ámbitos de la Administración. La tendencia va en el sentido en el que se marcan las decisiones políticas cuando cada año dedican más dinero público, en términos relativos, a la educación concertada que a la pública. Por ejemplo, en el periodo 2010 a 2020, las partidas para los centros privados crecieron un 20,26%, frente al gasto en la pública que aumentó un 2,09%.

La colaboración público-privado es un chollo para el negocio y una enfermedad para lo público. El Estado construye hospitales que después cede en explotación a multinacionales de la salud, como el Grupo Quiron. La deriva de pacientes a los centros privados, donde los costes de los tratamientos y pruebas se multiplican, está a la orden del día. Las listas de espera para operaciones o para ser atendidos por un especialista están fomentando el crecimiento de las pólizas de salud privadas; donde ya se comienza a saturar el servicio y aflora una sanidad privada de premium y otra de clase turista.

Esto podría aplicarse al campo de las Pensiones, en el que desde hace años se fomenta la falsa idea de que los sistemas públicos son insostenibles y en paralelo se fomentan los sistemas privados: individuales y colectivos, con ventajas fiscales, flexibilidades legales, eso que llaman liberalización, y campañas de publicidad. La realidad es que crece el negocio de las entidades bancarias y aseguradoras, mientras se recortan las cuantías de las pensiones y endurece el acceso a la pensión, con reformas más o menos agresivas. Mientras el Estado -todos los gobiernos lo vienen practicando en España desde, al menos 1967- utiliza indebidamente el dinero de las Pensiones para pagar gastos que debiera afrontar con dinero de los impuestos. Con datos del Tribunal de Cuentas, en su informe de 2020, referido al periodo entre 1989-2013, el estado le debe a la Seguridad Social más de 103.000 millones de euros. Por eso exigimos al Gobierno actual que cumpla con la Ley 21/2021 y encargue un informe de Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, incumplimiento legal desde hace casi un año.

La situación de deterioro de lo público se acelera y se agrava a nombre de la guerra en Ucrania. A las políticas privatizadoras hay que sumar el tsunami inflacionario que se está llevando por delante la capacidad de compra de salarios y pensiones. La perniciosa tendencia del deterioro de lo público en favor de lo privado nos está llevando de un Estado de Bienestar a un Estado de Beneficencia. Esto ya pasa de una economía de libre mercado a una economía de libre saqueo.

Hay una guerra militar en Ucrania y una guerra social contra todos los pueblos de Europa. Por ello, Tribuna Socialista, participamos de la campaña internacional ¡Alto a la Guerra!

Sin muchas ilusiones, quedamos a la espera de conocer los programas y soluciones que ofrezca la izquierda.

  1. Datos del Instituto Nacional de Estadística a cierre de 2022

As Bestas

Si en el anterior número de TS destacaba la película Alcarrás y su retrato del drama que supone la paulatina desaparición del campo catalán por la presión de los latifundistas y las energéticas, en As Bestas, se retrata las presiones de los pueblos gallegos por el impacto de la producción energética «verde» que condena a la desaparición de los modos de vida tradicionales.

Este «western» ibérico está extraordinariamente dirigido por Sorogoyen e interpretado por los actores y actrices protagonistas, entre los que destacaría un inconmesurable Luis Zahera.

As Bestas refleja dos realidades que hoy conviven: la de una parte de la población que huye de las ciudades y de la sociedad de consumo para regresar al campo y vivir de su esfuerzo de forma sostenible, y la gente del campo, empobrecida por la competencia desleal a los que les somete la

agricultura y ganadería intensivas que les lleva a malvivir de su trabajo y a la desesperación, ante la cual, aparece como única alternatva, la de malvender sus tierras al especulador de turno, disfrazado en este caso de empresa de producción energética.

Una excelente película cargada de tensión dramática que ejemplifica el buen momento del cine español y que le ha llevado a ser la gran triunfadora de los premios Goya.

Aprovecho para destacar de la ceremonia de entrega de premios de estos premios Goya para saludar el compromiso de todos los participantes en su continua alusión a la necesidad de defender la Sanidad Pública y el llamamiento a participar en las manifestaciones en su defensa.

Baltasar Santos

Los pueblos de Europa toman las calles para gritar ¡Alto a la guerra!

El pasado viernes se cumplió un año desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania. 1 año que ha destruído la vida de millones de ucranianos, y que también ha trastocado la vida de millones de rusos, y de europeos.

Mientras los líderes Zelensky, Putin, Biden y los jefes de Estado de los países de la Unión Europea no cejan en animar el conflicto bélico y mientras la escalada bélica pone en riesgo la seguridad nuclear del mundo entero, centenares de miles de personas toman las calles en toda Europa para exigir el alto el fuego.

En Madrid y Barcelona: «Ni Putin ni OTAN»

En el caso de Madrid, distintas organizaciones se han congregado para reclamar el fin de la guerra, bajo la premisa «ni Putin ni OTAN». En la marcha por la paz se ha condenado «los presupuestos guerreristas» del Gobierno y el envío de los tanques Leopard a Ucrania, También en Madrid, unas cincuenta personas de nacionalidad rusa se han concentrado en la plaza de España para protestar contra la invasión “cruel e injusta” por parte de Rusia a Ucrania, expresar su apoyo al pueblo ucraniano, y manifestar su rechazo al presidente ruso, Vladímir Putin, a quien acusan de ser “un criminal de guerra”.

Los ciudadanos, pertenecientes a la comunidad de rusos en Madrid que se oponen a la guerra de Ucrania, han mostrado pancartas con lemas como ‘rusos contra la guerra’, ‘stop Putin’, ‘esta es la guerra de Putin’ o ‘victoria para Ucrania, libertad para Rusia’.

En Barcelona: Unas 1.200 personas se han concentrado en la plaza de Sant Jaume bajo el lema «Ucrania. Por un alto el fuego inmediato». En el acto, los actores Enric Majó y Pepa Arenós leyeron un manifiesto conjunto en el que se pide «el regreso a la mesa de negociación y la prohibición de todas las armas nucleares».

El viernes 24 de febrero se convocaron concentraciones en todos los ayuntamientos para exigir el Alto a la guerra.

Concentración en el ayuntamiento del Vendrell para exigir el Alto a la guerra

Berlín: Más de 50.000 personas se manifiestan contra la guerra

La convocatoria original de la dirigente del parti- do La Izquierda Sahra Wagenknecht y la activis- ta por los derechos de las mujeres Alice Schwarzer han reunido a más de 50000 manifestantes contra la guerra, En su discurso, Wagenknecht ha reiterado la necesidad de que cese el suministro de armas a Ucrania y haya negociaciones. Se trata de «poner fin al terrible sufrimiento y la muerte en Ucrania» y hacer a Rusia una oferta de negociación «en lugar de munición para una interminable guerra de desgaste con más y más armas nuevas».

Bruselas y París

Las concentraciones fueron igualmente multitudinarias en Bélgica, donde la protesta, fue convocada por la organización Promote Ukraine, la Asociación de Mujeres Ucranianas en Bélgica y la Red Europea de Solidaridad con Ucrania, se enmarca en la semana de acciones internacionales contra la guerra y exigió la «retirada inmediata de las tropas rusas de todos los territorios ucranianos», así como «el freno incondicional de los bombardeos».

En París cientos de personas, han salido a la calle con banderas ucranianas y pancartas, en las que se podían leer mensajes como «Parar a Putin».

Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de TS

La actividad de apoyo y solidaridad con el pueblo peruano continúa

El pleno municipal del Ayuntamiento de Sant Boi en su sesión ordinaria del 23 de febrero, aprobó por unanimidad una moción de apoyo al pueblo peruano, moción que reproducimos en este número con la intervención del compañero Luis Castañeda en nombre del colectivo de peruanos.

Intervención del compañero Luis en el pleno municipal.

Señora alcaldesa, señores/as regidores/as del ayuntamiento de Sant Boi, en primer lugar hago llegar el saludo y agradecimiento del colectivo de residentes peruanos en Cataluña por permitirnos hacer uso de la palabra y hacer de conocimiento a este ayuntamiento, la lamentable y dolorosa situación que vive el pueblo peruano.

El 7 de diciembre del año 2022 el presidente Pedro Castillo, legítimamente elegido en elecciones democráticas, fue derrocado por el congreso, infringiendo reglamentos, leyes y la constitución política del Perú, y se nombró como presidenta a Dina Boluarte.

Ante este atropello a la constitución y a la voluntad popular, la población salió a las calles a protestar, demandando la puesta en libertad de Pedro Castillo, la disolución del parlamento y Asamblea Constituyente, como expresión de rechazo a este gobierno usurpador, la respuesta del gobierno ha sido una brutal y sangrienta represión, que ha traído como consecuencia la muerte por bala y otros medios de represión, la muerte de más de 70 personas incluidos niños, además de miles de heridos, perseguidos, encarcelados y enjuiciados acusados de terrorismo.

Por lo expuesto solicitamos al pleno del ayuntamiento haga un pronunciamiento de solidaridad con las víctimas de esta sangrienta represión y un rechazo al gobierno usurpador, igualmente que el estado español no venda armas i instrumentos de represión al gobierno peruano.

Vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento por atender nuestra petición.

¡Viva la democracia!

¡UNIDAD Y MOVILIZACIÓN!

Todas y todos los trabajadores de Stef-Madrid debemos estar para recuperar el Poder Adquisitivo perdido

Una vez finalizada la vigencia del último convenio colectivo sectorial, ahora toca que, los sindicatos, nos sentemos frente a la patronal a negociar el “V Convenio Colectivo de Logística, paquetería y actividades Anexas al Transporte de Mercancías de la Comunidad de Madrid”.

La UGT, en la última reunión sectorial que se celebró el pasado 20 de enero en Madrid, para la elección de los miembros que formarán parte en la Mesa Negociadora del Convenio, informó a los delegados asistentes de las más que previsibles dificultades que se esperan encontrar a la hora de las negociaciones que se mantendrán con la patronal. No será una negociación fácil, nunca lo han sido, como tampoco ha sido fácil aguantar estos dos últimos años la brutal subida de los precios de los alimentos y de los productos básicos, y que aún seguimos sufriendo. Por eso mismo, los trabajadores tenemos que tener clara nuestra posición, que no puede ser otra que, como mínimo, la de RECUPERAR EL PODER DE COMPRA PERDIDO.

Los incrementos salariales que se pactaron en convenio, para los años 2021 y 2022: el 1% y del 1,75% respectivamente. La buena fe de los trabajadores, al aceptar incrementos salariales moderados para esos años de pandemia, no ha sido tenida en cuenta, por la patronal ni la dirección de las empresas, ante la ola inflacionaria actual. El empobrecimiento es la consecuencia para los trabajadores y a sus familias. El dato que nos proporciona el Instituto Nacional de Estadística (INE) al cierre del año 2022 ha sido de un IPC del 5,7% al que debemos sumar el IPC del 6,5% en 2021. En dos años los trabajadores de STEF-Madrid hemos perdido 9,35% de poder adquisitivo.

El empobrecimiento es una lacra que está afectando a la mayoría de la clase trabajadora; afecta a todas las generaciones, desde los más jóvenes, que sufren las dificultades para la emancipación que les permita poder labrar su futuro, como a la generación de los trabajadores mayores que están cerca de la jubilación y se ven con cotizaciones bajas que, supondrán unas pensiones insuficientes para el resto de su vida. Del mismo modo afecta a los trabajadores de media edad que ven como sus salarios no dan para llegar a fin de mes, provocando en muchos casos no poder cubrir las necesidades básicas de sus familias: pagos de alquileres e hipotecas, calefacción, luz, gasolina, alimentos, ropa, productos de higiene, material escolar, salud dental de los hijos e hijas, etc. El último informe publicado por el INE, en junio de 2022, señala que el riesgo de pobreza en España se ha incrementado hasta el 27,8% en 2021, casi un punto más respecto a 2020, cuando el riesgo era del 27%.

La solicitud a la empresa de anticipos, peticiones de las prorratas de las pagas extraordinarias, entre otras cosas, han sido en estos últimos años, la práctica de muchos de nosotros para llegar a fin de mes. La empresa es conocedora de la situación por la que pasan los trabajadores, lo deja claro cuando de forma benéfica y paternalista, decide dar tarjetas regalo para consumo, para “ayudar “a los trabajadores a soportar el incremento de los precios de los alimentos. Estas medidas están muy bien, pero no sería necesario si los salarios fuesen más altos y se revalorizasen acordes como mínimo a la inflación. Nuestro bienestar no debe depender de gestos caritativos con esos obsequios o regalos. La responsabilidad social de las empresas debe conllevar una retribución, y su correspondiente revalorización más justa.

Que paguen salarios dignos y ya nos encargaremos nosotros de gestionar nuestra economía y cubrir nuestras necesidades y las de nuestras familias.

Lo que queda muy claro, en esta serie de crisis que venimos sufriendo desde 2008, es que siempre pagamos los mismos, es indignante. En 2008 la crisis económica, en 2020 la pandemia y en 2022, la guerra en Ucrania, y que aún continua, con un incierto final.

Nuestra postura debe ser firme; ante la empresa y la patronal, Los trabajadores debemos participar en las asambleas, llevar nuestra voz, prioridades y reivindicaciones, para que sean, llevadas a la negociación. “Es peligroso normalizar la pérdida de poder adquisitivo, pues supone asumir el empobrecimiento”. Por lo tanto, luchar por salarios que como mínimo igualen el IPC no es el techo al que debe aspirar el trabajador, sino el umbral, el punto de partida de la negociación, ya que igualar salarios a IPC, supone que la subida real sea igual a cero. El objetivo es ganar por de compra.

¡Luchemos por salarios justos!
¡No al continuo empobrecimiento de los trabajadores!