Categoría: Socialismo

Cada tarde, una gran mayoría de la ciudadanía, nos manifestamos aplaudiendo. Es un aplauso dirigido a: médicos, enfermeras, auxiliares, celadores y limpiadoras… de los hospitales; son los que están en primera línea parando la embestida del COVID 19.

Por qué aplaudimos, me preguntó una tarde de confinamiento mi hijo pequeño. Me paré a pensar, pues la respuesta inmediata se me hacía muy simple, y le contesté: para hacer evidente la importancia de los servicios públicos. En este momento concreto la Sanidad, sin duda alguna. Pero todos los servicios públicos son muy importantes, fundamentales.

La pregunta de un niño me ha hecho reflexionar y profundizar sobre la cuestión. Aplaudimos para manifestar la defensa de lo que anteriores generaciones nos han legado, algo que, los ancestros políticos los que hoy vociferan contra el Gobierno, no dieron con gusto ni regalaron. Hoy vemos la importancia del Estado de Bienestar con sus cuatro pilares básicos: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia. Anticipamos con un aplauso la predisposición mayoritaria a defender el estado de Bienestar cuando pase la pandemia, de la forma que haya que hacerlo.

El coronavirus nos está dejando una cifra escandalosa de muertes (en el momento de escribir este artículo ya son 15.000, sin que las comunidades autónomas hayan informado aún de las cifras totales). Pero también nos está dejando la claridad descarnada de cómo están esos servicios públicos, cómo los han dejado los recortes del reciente pasado.

Es difícil expresar con palabras el drama de las residencias de mayores. Ha quedado en evidencia la crudeza de la privatización de lo público. Vemos el resultado de la entrega de residencias públicas en gestión privada, donde lo que prevalece es el beneficio empresarial. El crimen va implícito en la forma en la que se otorgan los contratos: el que menos cobra al ayuntamiento o la comunidad de turno se adjudica el contrato. Es lo que se llama “subasta al peor postor”. La Administración abarata costes y el empresario abarata en personal y en medios para garantizarse el beneficio. Ese “juego” bárbaro es lo que explica que, en general, el virus se haya cebado con los ancianos de las residencias.

Es el mismo mecanismo que se utiliza en los hospitales públicos en gestión privada, donde el beneficio prevalece a la hora de recetar, a la de contratar profesionales, etc. El coronavirus está dejando en evidencia la criminalidad del austericidio al que hemos sido sometidos en el decenio 2008/2018, con recortes año tras año en sanidad, en educación, en pensiones y en todas las partidas de gasto social.

La única duda que tengo es ¿por qué aplauden los votantes de los partidos de la derecha? Deben pensar que esto de salir a la ventana a las ocho cada tarde es un sustitutivo de la misa del domingo; salen, aplauden, y su conciencia queda limpia, como cuando se confiesan ante el cura. Que hipócrita, cuánto cinismo, qué incongruencia.

En estos días de confinamiento, no solo queda en evidencia la necesidad del Estado de Bienestar y los destrozos en él han hecho los recortes. También ha quedo clara la necesidad de servicios que han desaparecido a lo largo del tiempo o se ha reducido. Se ha hecho palpable la necesidad de Banca Pública; estamos viendo como las entidades financieras privadas utilizan los créditos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para colocar sus productos: seguros de vida, de hogar, entre otros. Es la consecuencia de que el Estado no cuente con una red propia de distribución del crédito.

El Estado se dota de material antidisturbios para defenderse, pero no se ha dotado de material sanitario para defender a la población de una expansión vírica. La desindustrialización nos llevó a ser un país de servicios, desindustrializando hasta negligencia; hoy tenemos empresas que podrían fabricar mascarillas, batas… pero la deslocalización ha hecho que los tengamos que importar de terceros países.

El aplauso de estos días debe servir como toque de atención de que esto no puede continuar por la senda que iba. Soy consciente de que el problema no es exclusivo de nuestro país, por ende la solución tampoco. Es el sistema económico imperante en el mundo el que impone su lógica, pero su lógica mata.

Se comienza a hablar de una reedición de los “Pactos de la Moncloa”; bienvenidos sean si es para revertir las catastróficas condiciones en las que el beneficio de unos pocos nos han situado a muchos. Ese sistema de avaros, de acaparadores y especuladores es el que está detrás de las consecuencias del virus. Es de justicia que sean los especuladores y acumuladores de dinero y propiedades quienes reconstruyan la economía. Evidentemente no albergo ninguna esperanza en que eso ocurra, si de la minoría privilegiada depende. Pero el Estado si tiene la capacidad de establecer las líneas defensivas de lo público. Lo tendrá que hacer con el apoyo de la mayoría de la sociedad, de esa inmensa mayoría que ahora salimos a aplaudir cada tarde.

Cuando la pandemia pase, que pasará, habrá que reconstruir la economía, cloro que sí, pero no desde la lógica del mercado; con espuertas de dinero para sanear empresas, como se hizo con los bancos en la anterior crisis. No vale que digan que el dinero público es para evitar despidos: a las entidades financieras se les entregó más de 60 mil millones y lo “agradecieron” despidiendo a más del 100 mil trabajadores y cerrando más de 20 mil sucursales, dejando al 50% de los municipios de España sin servicio bancario.

La experiencia la tenemos cercana, no cometamos los mismos errores.

 Roberto Tornamira Sánchez

Militante socialista  

 

La pandemia del coronavirus ha puesto en evidencia los desastrosos efectos en la salud y en el bienestar de la ciudadanía de las políticas de austeridad. En España los recortes del gasto público, que disminuyeron drásticamente los fondos destinados a la financiación de las CCAA,  tuvieron una repercusión nefasta en la sanidad, los servicios sociales y la educación. Estos recortes fueron el resultado de la aplicación de las recetas neoliberales propugnadas por la Unión Europea y aplicadas fundamentalmente por los gobiernos de la derecha. – La reforma de la Constitución para priorizar el pago de la deuda fue una cesión de Zapatero a las exigencias de la Troika y del Partido Popular que son los defensores del neoliberalismo-.  Parece que no se haya aprendido de los errores de la aplicación de las recetas neoliberales que retrasaron la salida de las economías europeas de la crisis de 2008, de la cual, todavía no nos hemos recuperado del todo.

La ideología pesa mucho en el diseño de las políticas para resolver los problemas que tiene planteados la sociedad. Ciertamente necesitamos una Europa que sea capaz de dar una respuesta efectiva y solidaria a la crisis.  No una Europa dividida y enfrentada, donde las economías con superávit- Alemania y Holanda- quieran desembarazarse de los países del sur, deficitarios y más débiles económicamente, aún a costa incluso de de comprometer su propia recuperación, ya que son los países del sur los consumidores de sus productos. Cabe recordar, que para entrar en la Unión, a los países mediterráneos del sur se les obligo a hacer reestructuraciones de sus sectores productivos, que en muchos casos, debilitaron su posición en la división internacional del trabajo, agrandando el peso de los servicios turísticos.

Fue la movilización de los trabajadores europeos junto a las organizaciones y militantes de la resistencia frente al nazismo la que impuso gobiernos de izquierda, principalmente de la socialdemocracia, en la mayoría de estados europeos. El miedo a la expansión del modelo soviético  y la nueva situación internacional, creada tras los pactos de Yalta y Postadam, dio lugar a la aprobación del Plan Marshall y con ello se pusieron los cimientos de una cooperación entre los distintos estados europeos que derivó en la construcción de la Unión Europea. Fueron principalmente los gobiernos socialdemócratas y de izquierda  los que impulsaron reformas fiscales para que las rentas altas paguen más impuestos sobre la renta y la riqueza y pudiera construirse un sistema público de sanidad, seguridad social, y demás derechos sociales de protección que conforman los sistemas de bienestar social europeos. Hoy los partidos de la derecha y los social liberales se disponen a desmantelarlo y reclaman rebajas de impuestos. Pero en estos momentos de crisis se requiere la presencia de un sistema público social en todas sus manifestaciones.

Hoy el proyecto  de construcción europeo puede retroceder si no se da una respuesta unida y solidaria de Unión Europea y no se procede a mutualizar la deuda y se abordan audaces políticas de gasto y rentas. Si, en vez de la solidaridad, se instala la confrontación y las exigencias de sacrificios y austeridad  para los países mediterráneos del sur, el rechazo al proyecto europeo y las opciones políticas ultraderechistas crecerán. Muchos economistas de reconocido prestigio reclaman un nuevo Plan Marshall para salvar a la Unión Europea.

Las que suscriben este documento pensamos que este paso solo se dará con una amplia mayoría de gobiernos de izquierdas en los países que componen la Unión Europea.

Mientras se escribe este artículo, se habla reeditar los Pactos de la Moncloa en España para garantizar la recuperación. Pero, la verdadera intención de la derecha española, como dice Pérez Royo, es dinamitar el gobierno de coalición de la izquierda y poner al Partido Socialista en manos de las tres derechas. 

Lo primero es utilizar todos los medios  para superar la crisis sanitaria y garantizar la salud de todas  las personas, sin discriminación, jóvenes, mayores, más fuetes y más débiles.   Por lo que respecta a la recuperación económica es necesario un nuevo pacto constitucional federal que garantice las libertades políticas y sindicales; acometa las reformas necesarias con un potente programa social que de respuesta a los retos planteados por el cambio climático, la digitalización de la economía, fortalezca y garantice el sistema público de pensiones, refuerce la sanidad y la educación publicas, de respuesta a la robotización de la producción con el  reparto del trabajo sin disminución de salarios, respalde la prestación de servicios sociales, etc.  

En fechas cercanas a la conmemoración de la proclamación de la II Republica, reivindicamos una reforma constitucional republicana que termine con las rémoras franquistas de la transición.

Marta Climent y Trinidad Piquer

TS Valencia

La reedición de unos nuevos Pactos de la Moncloa ha sido sin duda la noticia política de estos días, obviamente envuelta en la crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo. El presidente del Gobierno afirmó, con rotundidad, en su rueda de prensa del domingo día 5 de abril, la necesidad de unos nuevos pactos de la Moncloa. ¿Es posible? ¿De verdad, son necesarios? Intentaré dar respuesta a ello en este artículo, pero permítanme comenzar con un resumen y caracterización de lo que significaron los Pactos de la Moncloa.

¿Qué fueron los Pactos de la Moncloa de 1977?

Los Pactos de la Moncloa fueron dos Acuerdos firmados en el Palacio de la Moncloa durante la transición española el 25 de octubre de 1977:

• El Acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía.
• El Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política.

Los firmantes de dichos acuerdos fueron el Gobierno de España presidido por Adolfo Suárez y los principales partidos políticos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados; y contó con el apoyo de las asociaciones empresariales, y con una gran resistencia de la clase trabajadora concretada en el rechazo a los mismos por parte de UGT, y el rechazo de muchas secciones sindicales de CCOO, que se oponían al apoyo que sus dirigentes habían mostrado a esos acuerdos. Finalmente, ambos sindicatos acabaron firmando y apoyando los acuerdos.

 El acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía

La situación social tras la muerte del dictador era de lucha. En el primer trimestre de 1976 hubo más de 17.000 huelgas que luchaban contra la continua pérdida de poder adquisitivo de los salarios insuficientes para que los trabajadores y trabajadoras pudieran adquirir alimentos, bienes y servicios de primera necesidad como consecuencia del encarecimiento de los productos tras la crisis del petróleo y el proyecto continuista con el franquismo que representaba Arias Navarro.

El acuerdo sobre el programa de saneamiento y reforma de la economía, supuso el reconocimiento del despido libre del 5 por 100 de las plantillas de empresa, se tomaron medidas de contención salarial, se fijaron reducciones graduales de los aumentos salariales de convenio hasta 1987 (10 años), al mismo tiempo que se devaluó la peseta, y se adoptaron medidas para contener la inflación y el déficit público. Estas medidas se cumplieron todas.

Otras de las medidas aprobadas, que vista en perspectiva pueden causar estupor, fueron las medidas de control financiero a través del Gobierno y el Banco de España ante el riesgo de quiebras bancarias y la fuga de capitales al exterior. Hoy día, a la vista de los papeles de Panamá, las cuentas en Suiza, y los sucesivos escándalos bancarios que nos han sacudido desde hace más de 1 de década, podemos afirmar que estas medidas no se aplicaron.

También se aprobó la contratación temporal sembrando la semilla de la precarización del mercado laboral actual.

En el lado positivo, se reconoció la libertad de asociación sindical. Se acordó redactar un Estatuto de los Trabajadores, que no pudo ver la luz hasta más de dos años después. Aún más, tardó la aplicación de la reforma tributaria que no se produjo hasta 1982, con Josep Borrell en la Secretaría de Estado de Hacienda.

Las reformas en seguridad social no se aplicarían hasta el gobierno de Felipe González que consiguió un sistema sanitario universal, y un sistema de seguridad social, principalmente un sistema de pensiones que los sucesivos gobiernos del PP han golpeado con dureza, en el intento último de ceder esos recursos al mercado que todo lo regula.

Las medidas en políticas agraria, industrial  y energética prepararían las bases para la posterior entrada en el mercado común europeo, y conllevaron limitaciones en la producción de los sectores agrícola, ganadero, pesquero y energético y, posteriormente, la cesión de la soberanía monetaria a la actual Unión Europea, esa que solo piensa en estar unida para favorecer los intereses del comercio exterior, las multinacionales y el sector Financiero, y que se resquebraja cada vez que se apela a mecanismos de solidaridad interna o cada vez que se le insta a acordar una medida que pueda beneficiar a la clase trabajadora. De aquellos lodos estos barros.

El Acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política.

El mayor acuerdo de los Pactos de la Moncloa de 1977 fue en el terreno político e institucional. La validación de la monarquía como jefatura del Estado heredera del franquismo era el acuerdo importante, para posteriormente plasmarlo en la Constitución Española. Franco no lo había dejado todo atado y bien atado, pero los pactos de la Moncloa sirvieron en buena medid para acabar de atar el nudo de la sucesión.

Junto a ello, se tomaron medidas sobre el derecho de las asociaciones políticas, sobre el derecho de reunión, sobre los secretos oficiales, y se acordaron algunas reformas en el código penal y en la ley de enjuciamiento criminal, entre otras.

¿Son Posibles y necesarios unos Nuevos pactos de la Moncloa?

Déjenme exponer tres cosas antes de dar respuesta a la pregunta del título:

1.- La actual Pandemia del virus que causa la COVID-19, no ha causado la necesidad de una reconstrucción nacional que requiera de unos Nuevos pactos de la Moncloa. La Pandemia del virus que causa la COVID-19 ha puesto al descubierto las vergüenzas del sistema económico actual. A saber:

• Recortes en el sistema sanitario, que da lugar a falta de medios y profesionales para atender las necesidades sociales.

 

• Un mercado de Trabajo en el que las rentas del Trabajo están cada vez más lejos de las rentas del capital Financiero, propietario de los medios de producción.

 

• El imperio del Dios Mercado, y particularmente la propiedad privada de los medios de producción, que impide que los estados dispongan de una industria al servicio de las necesidades de las personas o de hoteles e instalaciones gratis para atender la emergencia social.

 

• Una política tributaria injusta, no progresiva y desigual en la que las grandes fortunas quedan exoneradas de pagar impuestos en detrimento de la redistribución de rentas entre las clases populares, convertidos en los “miserables” de Victor Hugo.

 

•  Un régimen monárquico que en aras de la unidad del Estado y del mantenimiento de las Instituciones heredadas del franquismo, muestra todas sus flaquezas para dar la respuesta que la Sociedad necesita, negando el derecho de los pueblos a decidir su futuro.

 

• Una política económica y monetaria subyugada a los intereses del sector Financiero, y de la oligarquía económica que domina el mundo, representada por la Troika (FMI, OCDE, BCE), y que a su vez, subyugaba hasta ahora la posibilidad de romper el déficit 0, y por tanto, la posibilidad de aplicar políticas sociales.

 

•  La ausencia de una Banca Pública autónoma y la falta de liquidez de empresas, autónomos, que a su vez unas tasas de desempleo sin precedentes.

2.- Durante los meses previos al Coronavirus, numerosos economistas predecían una nueva crisis económica, de escala aún mayor que la de 2009. De hecho, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señalaba en su informe anual que la economía mundial se había ralentizado en un 3%, y que se estaba produciendo una contracción de la industria automovilística, manufacturera y del comercio mundial. La bajada del precio del barril de Petróleo también ha ayudado a esta ralentización.

En los últimos doce meses el precio del barril de petróleo de la OPEP ha descendido un 70,32%, hundiendo la rentabilidad de otros productores y exportadores energéticos como EEUU, arrastrando en esta crisis de rentabilidad económica a los socios capitalistas que financian el sector.

Nuevamente, el sector Financiero en crisis, aún peor que la de 2009. ¿Los salvamos otra vez con dinero público?

3.- La reedición de unos Nuevos pactos de la Moncloa significaría someter el futuro de la economía al acuerdo a partidos como PP y VOX. Partidos que no destacan precisamente por la transparencia, y su defensa de la democracia y de los derechos sociales y de los pueblos, sino que , al contrario, estarían encantados de abolir los partidos políticos, procesar a todos los dirigentes,(tal y como quiere hacer VOX con Pedro Sánchez), acabar con las autonomías…todo ello para recuperar la línea franquista que Arias Navarro quería mantener cuando los Pactos de la Moncloa de 1977.

Como comprenderán, no parecen posibles unos Nuevos pactos de la Moncloa con estos compañeros de viaje, y tampoco creo que haya que reeditar las mismas fórmulas que en 1977, ni los mismos objetivos. Hoy no toca salvar ningún régimen, sino que hemos de aprovechar la lección que nos brinda la perspectiva del tiempo para aprender de los éxitos y de los errores.

Hoy lo que toca es salvar vidas y para ello necesitamos una economía al servicio de la Sociedad, y no una Sociedad al servicio de la economía. Hoy lo que toca es salvar lo público manteniéndolo libre de las garras de los mercados.

 

Es posible una mayor justicia social con una redistribución equitativa de la riqueza.

En la fecha en que escribo este articulo (9 de abril) y previsiblemente al cierre de la edición de este número de Tribuna Socialista (13 de abril), no se conoce el contenido de los presupuestos de reconstrucción social y económica que el gobierno comenzará a negociar en unos días.

Para mí, igual que para la inmensa mayoría de socialistas con los que he tenido ocasión de hablar y debatir sobre el tema, lo realmente esencial es que estos presupuestos incorporen mayor justicia social y una redistribución equitativa de la riqueza.

Hemos de proteger e invertir en nuestro particular tesoro nacional, nuestro sistema de sanidad pública y universal, tan recortado y maltrecho durante las últimas décadas en beneficio del sector privado y concertado.

Hemos de reforzar la protección y cuidado a nuestros mayores, acabando con esos morideros en los que se han convertido las residencias de ancianos, particularmente las privadas y concertadas, donde…parece mentira…el interés económico se sitúa por encima del interés social, de la salud de los trabajadores y trabajadoras que prestan el servicio, y por encima de la salud de los residentes y usuarios, que en su inmensa mayoría son familias trabajadoras.

Hemos de buscar soluciones definitivas a la vivienda, Todo el mundo tiene derecho a un techo y a suministros energéticos, que , en la actualidad, amenazan con generar una nueva hornada de pobres energéticos.

Hemos de acabar con la brecha digital que supone que niños que no disponen de medios tecnológicos o de suministro de telecomunicaciones puedan quedar al margen del sistema educativo

Hemos de recuperar la propiedad pública de los medios de producción que sirven para abastecernos de productos, bienes y Servicios de primera necesidad.

Hemos de garantizar un precio justo a los agricultores, ganaderos y pesqueros y acabar con la especulación de los mercados de alimentación a la que juegan las grandes cadenas de distribución.

Hemos de acabar con la pobreza infantil.

Hemos de generar millones de puestos de Trabajo que garanticen que todo hombre y mujer en plena capacidad pueda aportar su fuerza de Trabajo y ser dignamente recompensados por ello.

Hemos de acabar con el problema ambiental, con el cambio climático, cuyas consecuencias también son vívidos de forma desigual en función de la renta de las personas.

En resumen: Fortalecer la sanidad pública, llenar de contenido económico la Ley de Dependencia, Sistema fiscal justo y eficiente, pobreza energética, frenar los desahucios, pobreza infantil

Y hemos de abordar tres aspectos que se me antojan claves: la monarquía, el federalismo y el futuro en la relación con los estados que hoy conforman la Unión Europea.

La cuestión es clara. Es necesario un gran acuerdo para revertir la situación actual. Espero que la recurrencia al termino “Pactos de la Moncloa” solo suponga una forma de referirse a que es necesario un gran acuerdo de Estado, pero ese gran acuerdo de Estado se tiene que hacer sobre una base bien distinta a la del 1977. La clase trabajadora no puéde volver a pagar la factura de una crisis económica que el COVID-19 nos está mostrando, pero que es causada por un virus mucho más letal, que es el sistema capitalista y el poder del sector Financiero sobre los medios de producción, y eso, es clave.

Por último, igual de importante es contar con un sistema tributario que sirva para redistribuir las rentas del capital para financiar nuestro ansiado estado de bienestar, ese que queremos reconstruir y que es la única garantía de vida para el conjunto de la clase trabajadora.

Desde aquí, todo el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez para llegar a acuerdos en esta línea.

Baltasar Santos

Primer Secretario PSC El Vendrell

TS Tarragona.

Las vidas de miles de familias distribuidas por todo el país, supeditadas a sus trabajos en la hostelería y especialmente en el sector de la restauración,penden de un hilo. El cierre de los restaurantes y cafeterías dictado el pasado 14 de marzo, como medida del estado de alerta, envió a sus casas a decenas de miles de trabajadores y trabajadoras y dejó sus ingresos en manos de la gestión de los ERTEs por parte de las empresas, de la agilidad de tramitación por la autoridad laboral en cada caso y de que el SEPE fuese rápido en el pago de las prestaciones por desempleo.

La tramitación del ERTE por fuerza mayor prácticamente se ha reducido a la comunicación a la Representación Legal de los Trabajadores de la motivación de la fuerza mayor y de la plantilla afectada. Con una negociación prácticamente inexistente, sólo en algunos casos se pudieron establecer Comisiones de Seguimiento de la evolución de los ERTE, que concluyó con la decisión general de las empresas de no complementar el subsidio de desempleo, procediéndose a tramitar con la dirección general de trabajo dichos ERTES.

En la UGT desde el primer día hemos intentado concienciar, hacer ver a las compañías que si bien esta crisis sanitaria no tiene origen en sus decisiones, sí tienen una responsabilidad social con sus trabajadores ante un momento crítico como el actual. Hablamos de establecer medidas que no lleven al abismo a las familias que con sólo 13 días de salario tienen que sobrevivir hasta poder cobrar la prestación por desempleo, que en el mejor de los casos será del 70% de la base reguladora de los últimos 180 días. No olvidemos que no se ha querido acordar ningún tipo de complemento, ni tan siquiera el adelanto del restante de la nómina del mes de marzo que ya veríamos en que condiciones podría ser devuelta y todo esto en un sector ya de por sí con salarios bajos.

Los 13 días abonados suponen aproximadamente 400-450€ para aquellos que tienen la suerte de tener una jornada de 40 horas semanales. Si alguien cree que cualquier familia puede sobrevivir con esa mínima cantidad y hacer frente a la alimentaciónde sus hijos, el pago de servicios básico como la luz, el agua, el gas o el pagodel alquiler comete un profundo error. Si las empresas no se quitan la venda de los ojos y deciden dar un paso adelante a favor de sus trabajadores,cometerán el mismo grave error.

DE ESTA CRISIS, O SALIMOS TODOS JUNTOS O NO SALDREMOS. LAS EMPRESAS TIENEN QUE REACCIONAR.

Asumimos que estamos ante una situación de crisis económica desconocida y no sabemos cuánto tiempo durará, pero también hay que reconocerque las grandes corporaciones de este país Grupo ALSEA (Vips, Ginos, Starbucks, Fridays, Foster Hollywood, Domino ́s Pizza), AMREST (Tagliatella, KFC, Blue frog), Restaurant Brands Iberia (Burger King Spain, Tim Hortons, Popeyes), Grupo Rodilla, Tastia Group (Muerde la Pasta)o Pansfood (Pans&Company, Freco, Ribs), Restabell (Taco Bell), Mcdonalds… entre otras, tienen un músculo económico del que carecen las trabajadoras y trabajadores de este sector. Empleados que ya sufrieron en sus carnes hace no tanto tiempo las consecuencias de la crisis anterior con reducciones de jornada, congelación de salarios, jornadas extenuantes, etc. Compañeros y compañeras que han llegado a este momento sin capacidad alguna de hacer frente al día a día, de llevar un plato de comida a sus hogares.

Las organizaciones sindicales siempre hemos sido responsables ante la necesidad de tomar decisionesen aquellas situaciones que la realidad económica del momento requería, medidas siempre difíciles y que por responsabilidad acordamos. ¿Qué podemos decir de cada uno de los trabajadores y trabajadoras? siempre arrimando el hombro para salir hacia delante yahora abandonados por quienes tienen la obligación moral de defenderles.

Si el día 10 de abril no llegan las prestaciones de desempleo, que son un bálsamo que no la solución, las familias quebrarán económica, social y anímicamente y no habrá remedio.

Ha llegado el momento en que las empresas deben tomar DECISIONES con carácter de URGENCIA, NO PUEDEN ABANDONAR A SUS EMPLEADOS.O SALIMOS JUNTOS DE ESTA CRISIS O NOS DIRIGIMOS AL ABISMO.

No podemos esperar a mañana, será tarde. El abismo está a la vuelta de la esquina……Reaccionen, señores, la sociedad sabrá reconocerlo o nunca lo olvidará.

Omar Rodríguez Cabrera

Secretario Federal de Sector de Hostelería,Turismo y Juego de FeSMC-UGT

La República fue proclamada tras el triunfo de las elecciones municipales celebradas el día 12 de abril de 1931, el triunfo de los partidos republicanos fue total en la mayoría de las grandes ciudades y en 42 de las 50 capitales de provincia.

La República fue un clamor popular que recorrió el país desde Éibar a Barcelona pasando por las plazas de los pueblos para culminar la proclamación de la república en la madrileña Puerta del Sol. La mayoría de la población trabajadora, que habían padecido la represión y la injusticia del reinado del Borbón, bisabuelo del actual Felipe VI, había llegado a la conclusión de que sus demandas no se verían satisfechas si la monarquía seguía reinando en el país.

Visto el clamor republicano expresado por, los obreros de la industria, los jornaleros en el campo y los jóvenes en todos los lugares, el Borbón decidió poner pies por polvorosa y huir como un vulgar delincuente, que al fin y al cabo es lo que era y es lo que de él han heredado sus actuales descendientes.

Franco les regalo la jefatura del estado, para dejarlo todo atado y bien atado, hizo a Juan Carlos I Capitán General de todos los ejércitos del 18 de julio, que se encargarían de imponerlo en la Constitución como figura incuestionable, situada por encima de los elegidos por el pueblo y al que nadie puede pedir cuentas.

Las últimas apariciones públicas de Felipe VI lo han mostrado como una figura ajena, enfrentada e incompatible con las necesidades del pueblo, así mientras miles de ancianos muren desatendidos en residencias que los utilizan para hacer negocio, el desempleo hace que la incertidumbre y penumbra llegue a millones de familias trabajadoras, la familia real con el campechano cazador de elefantes a la cabeza vivan lujosamente en la Zarzuela o donde les plazca.

Pera las clases populares no pasan desapercibidos, el último discurso fue recibido con una gran cacerolada antimonárquica, sienten la incompatibilidad entre derechos sociales y democráticos con la existencia de la monarquía impuesta y cada vez menos deseada.

La republica no es un adorno o un bonito recuerdo, cada vez es más necesaria porque con ella la sanidad pública será garantizada, la enseñanza gratuita será para todos, el trabajo digno, con derechos y bien remunerado lo haremos realidad y el derechos de los pueblos a vivir en fraternidad hará mas fuerte la democracia.

¡Viva la República!

José A Iniesta

Coordinador del comité de redacción de TS

Militante socialista de la agrupación de Sant Boi (Barcelona)

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El Parlamento aprobó el jueves día 9 quince días más de confinamiento, Sumarán 42 días, de momento. Tras las primeras cuatro semanas, no se han despejado las incertidumbres que pesaban sobre la mayoría social antes del 14 de marzo; lejos de ello se han agravado.  Veíamos con perplejidad como se suspendían eventos internacionales como el World Trade Mobile Congress de Barcelona mientras se permitían otros eventos de impacto similar, en cuanto a concentración del número de personas se refiere: partidos de fútbol, mítines en plazas de toros…

Sin duda, el escándalo de las residencias de las personas mayores muestra la cara más atroz, más temeraria y cruel del Mercado. Las residencias, como la Salud y muchos servicios públicos, se han convertido en un negocio que juega con la vida de las personas. El afán del beneficio y la mordida; en forma de porcentaje y/o puerta giratoria, han convertido las residencias en auténticos morideros. El negocio de las residencias demuestra que la pandemia no es solo una crisis sanitaria, ni es para todos igual, ni estamos todos en el mismo barco.

¿Es una crisis sanitaria? Desde el primer momento se han dado mensajes que limitan y distorsionan el carácter de la pandèmia. Se dice: “la pandemia es una crisis sanitaria”; pero no es sólo eso. La expansión vírica ha puesto al descubierto, con toda su crudeza, el carácter del sistema económico y social al que estamos sometidos y del que somos víctimas. No abundaremos en cifras que conocen los lectores de Tribuna Socialista, es el sistema que antepone los intereses de unos pocos frente a la vida de las personas, tengan estas la edad que tengan.

Los recortes en la sanidad pública lo demuestran. La destrucción de puestos de trabajo, la carencia de medios de protección, de respiradores en la UCIs… se ha convertido en un aliado del virus

Las políticas económicas aplicadas en los últimos 10 años han dejado  desprovisto de los profesionales necesarios al sistema público sanitario. El presidente del Gobierno prometía la incorporación de 50.000 profesionales de la sanidad a los hospitales para atender a los afectados por el Covid19,  y no se han incorporado ni la mitad.

La lógica del capital, consistente en el cierre de plantas hospitalarias, la merma en infraestructuras, en medios para la investigación y la disminución de profesionales, se muestra como un arma letal cada día contribuyendo al incremento del número de muertos. Van más de quince mil, a la espera de que las comunidades autónomas, cada una con sus sistema de recuento propio (¿?), informen del número de fallecidos por coronavirus. No es una crisis sanitaria o no sólo; es la consecuencia de las decisiones impuestas por quienes nos decían que vivíamos por encima de nuestras posibilidades.

Ahora nos dicen que la crisis es de todos, porque el virus afecta a todos; sí, pero a unos afecta más que a otros. Las afectaciones en los barrios populares, donde el poder adquisitivo es más bajo, las condiciones de trabajo más precarias y el tipo de viviendas más reducido y en peores condiciones de salubridad, los contagios y las transmisiones son mayores que en barrios más pudientes, donde el poder adquisitivo está por encima de la media, como demuestra un estudio publicado estos días por El Periódico de Cataluña. Todos no son como Aznar que se recluye en su mansión de Marbella con todo tipo de lujos, por tanto las consecuencias del virus no son lo mismo para todos y todas.

Los trabajadores y trabajadoras afectadas por ERTEs supone de entrada una pérdida de poder adquisitivo de entorno al 30% del salario, ¿cuánto tiempo podrá resistir la economía familiar de estos trabajadores, si la mayoría de ellos no llegaba o llegaba muy justo a final de mes? La incertidumbre se incrementa para todos aquellos que han sido despedidos sin ningún tipo de garantías de volver a encontrar empleo. También los trabajadores autónomos y pequeños empresarios ven con terror el futuro de sus proyectos empresariales o de negocio. Los estudiantes ven amenazado el curso académico sin que nadie garantice un final con aprovechamiento adecuado del aprendizaje ni que las evaluaciones serán justas para todos los alumnos; la brecha digital –por localización geográfica, renta, generación, conocimiento digital…- se está haciendo muy evidente en estos momentos.

Un coro formado por las patronales y los partidos de la derecha, están presionando al Gobierno para que éste permita a las empresas ser las que decidan qué actividad de empresa es servicio esencial o no, por tanto, quién vuelve a trabajar y en qué condiciones, sin que esté suficientemente garantizada la seguridad a los trabajadores o trabajadoras que se incorporan. Ni el Gobierno debería ceder ni un ápice a dichas presiones, ni las centrales sindicales consentirlo; la salud, la vida de las personas debe estar por encima de los intereses de unos cuantos desaprensivos que solo piensan en sus beneficios.

La crisis ha puesto al descubierto las carencias democráticas de un sistema con muchas reminiscencias del pasado, empezando por la monarquía, que actúa al servicio de los poderosos y las altas finanzas.

En el debate parlamentario del día 9 de abril, Pedro Sánchez dijo que “la Unión Europea está en peligro si no muestra su solidaridad sin fisuras«, pero la UE sigue mirando para el mismo sitio que en la crisis del 2008, es decir a los sectores financieros que nada hacen por combatir el Covid19, más al contrario, sólo ven negocio, negocio y negocio. El Banco Central Europeo hace todo lo posible para facilitar a las entidades financieras la obtención de sustanciosos beneficios: por un lado avala al 80% los créditos empresariales para que las entidades privadas no corran ningún riesgo en caso de impagos y por otro da créditos a coste cero, para que sean estas mismas entidades financieras las que fijen el porcentaje de interés por crédito a los gobiernos. Llueve sobre mojado.

De nuevo, el Gobierno tendrá que decidir entre aplicar el artículo 135 de la Constitución, que el gobierno de Zapatero pactó reformar, por el que se da prioridad al pago de la deuda o destinar dinero a la sanidad y a otros servicios públicos. La UE está descompuesta y sumida en una crisis sin fin, aparece más como un obstáculo insalvable para la solución que necesita la mayoría social que como una herramienta en favor de los pueblos de Europa. Queda en evidencia que la UE es una herramienta para los mercados. Sus estructuras e instituciones no están diseñadas para socorrer a los ciudadanos.

Es necesario un cambio en profundidad del sistema económico y de producción, en el que las principales empresas: de servicios estratégicos, energéticas, financieras, del textil, farmacológicas, y todas aquellas que sean necesarias  para atender las demandas sanitarias de la población,  se pongan al servicio del Estado, para que sea el Gobierno, con el debido control parlamentario, quien determine las prioridades de producción necesarias para cubrir las necesidades que la situación de pandemia exige hoy, y en el futuro. Con o sin pandemia, con o sin crisis, la vida de las personas y su bienestar tienen que prevalecer sobre el beneficio y la acumulación privada.

Comité de Redacción de TS

No hay duda, vivimos la peor crisis sanitaria conocida por las actuales generaciones. Hay que combatir al COVID 19: primero con aislamiento para frenar la propagación-siguiendo las indicaciones del Gobierno y las autoridades sanitarias-y después, con las vacunas, cuando sean desarrolladas por los científicos.

Hay que acabar con el virus y también con los parásitos que llevan muchas generaciones, incluso siglos, instalados en la sociedad. Chupópteros que viven del esfuerzo colectivo.

Cuando esta crisis sanitaria pase, habrá que pedir cuentas y hacer balance de la experiencia vivida. En el momento de redactar esta editorial, estamos confinados en nuestros domicilios, pero no estamos amordazados. Mantenemos nuestra libertad y capacidad para pensar, debatir y expresarnos. Vemos con claridad que el coronavirus pretende aprovecharse como pantalla para tapar los problemas políticos, es decir: económicos, sanitarios, educativos, de dependencia… no lo vamos a consentir. Una prueba clara de ello es la burda intervención televisada de Felipe de Borbón el día 18 de marzo. Un vano intento de hacer ver que la Corona sirve para algo, mientras el pueblo, que ve cada día más claro que la Monarquía es una rémora, se expresaba cacerola en mano.

Tenemos reciente la experiencia de la crisis inmobiliaria y financera de 2008. Tan reciente que muchos miembros de nuestra clase social no han salido de aquélla cuando ya están sufriendo las consecuencias de ésta. El eslabón entre la dictadura y la democracia: la Corona, no ha superado la crisis que llevó al aparato del Estado a precipitar la “abdicación exprés” de Juan Carlos de Borbón, el 19 de junio de 2014. Sus andanzas de “casanova”, sus cazas furtivas de especies en extinción, sus juergas de toda la vida, y todo con dinero público, no son nada comparadas con sus, siempre sospechados, y ahora evidentes, chanchullos económicos; los 100 millones de euros de comisión por el negocio del AVE a la Meca son la punta de un iceberg muy profundo.

Su fortuna se estima en 2.000 millones de euros ¿de dónde han salido, de qué negocios? Los saudíes, como las empresas que pagaban comisiones a la CIU de Pujol o al PP de Aznar, Rajoy y Casado, no pagan comisión. Es parte del negocio que le cargan en la factura a las arcas públicas: los saudíes a sus súbditos y nuestros corruptos a los contribuyentes del Estado español.

En su momento, criticamos, y lo seguimos haciendo, la reforma constitucional que garantizaba el techo de gasto: el Artº 135, el que garantiza el pago de la deuda y sus intereses, aunque sea a costa del gasto público.

El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. Ahora, vemos los criminales efectos de estas políticas: el pago de la deuda goza de prioridad absoluta. ¿Cuál es la prioridad de la que goza la vida de nuestros familiares?, particularmente de los mayores, quienes han sido fundamentales para el avance de este país.

Los recortes en Sanidad se han visto muy de cerca en la práctica totalidad de las comunidades autónomas dónde el virus ha tenido mayor efecto: falta de personal sanitario, carencia de camas y unidades de cuidados intensivos, así como una absoluta escasez de material básico de protección para el personal que presta sus servicios en los centros hospitalarios (mascarillas, guantes, batas adecuadas…). Son las consecuencias de los recortes en el gasto público; ese que no goza de ninguna prioridad.

Como la Sanidad, todos los servicios públicos han soportado recortes desde 2008: Educación, Pensiones, Dependencia. Con la LOMCE llegó el incremento de las ratios de niños por aula; consecuencia directa del despido de miles de trabajadores interinos.
Sin embargo, para la Iglesia no se ha escatimado. Se le ha dado rango de asignatura computable para la media en Bachillerato, potenciando la capacidad adoctrinadora de la religión, y se justifica de paso que el erario público pague al profesorado que impone la Iglesia. Para qué hablar del travase de dinero público en las comunidades, restándoselo a los centros públicos para incrementárselo a los concertados. Es sencillamente escandaloso, y aún más, si se añade a esto la subvención y el privilegio que supone no pagar impuestos.

El sistema público de Pensiones sufrió dos reformas: en 2011 y en 2013, siendo la de 2013 brutal en la devaluación a causa del sistema de revalorización que impuso el PP, con el ridículo 0,25% de incremento, y por el factor de sostenibilidad que estira la pensión a percibir en función de la esperanza de vida, con una pérdida estimada del 40%. Solo la presión de los pensionistas, que se han mantenido movilizados durante estos años, ha conseguido que la revalorización se vincule al IPC; algo que no es definitivo, pues cada año se tiene que negociar en el Congreso de los Diputados.

Los recortes se han visto de cerca también por el gravísimo deterioro de las residencias públicas de mayores: otro negocio cedido a la gestión privada, ofertado por el método de la “subasta al peor postor”: quién menos dinero cobra se lleva el contrato. Después da igual (a los gobiernos autonómicos les debe dar igual, ahora dicen que no sabían nada) si los residentes están bien o mal tratados.

Hemos visto los estragos que el coronavirus ha hecho en residencias de Madrid, Castilla y León, Euskadi, Cataluña, y Castilla La Mancha, entre otras, con más de 90 muertos solo en las residencias de Madrid. Está pendiente la derogación de las reformas laborales de 2011 y 2012. Es insoportable continuar en la situación de desequilibrio; entre trabajadores y empresarios, en la que nos dejó particularmente la reforma del PP. Ahí continúan la Ley Mordaza y el Artº 315.3 del Código Penal, leyes que se introdujeron para frenar y criminalizar el legítimo derecho a la huelga, la movilización y la libertad de expresión. La dura experiencia nos ha enseñado que al capital le da lo mismo lo que le ocurra al conjunto de la sociedad. El capital es cobarde/egoista ante las crisis, incluso ante las que él mismo provoca.

Hemos visto a los especuladores en las bolsas; comprando barato y haciendo beneficio en cuanto han podido. Hemos visto el permanente lloriqueo empresarial; pidiendo dinero público para créditos, exenciones y aplazamientos desde el primer minuto del estallido vírico. ¿Dónde están, en qué paraíso fiscal, los beneficios que han venido obteniendo las entidades financieras en estos últimos cinco años? A la par que destruían más de 100.000 empleos y dejaban a miles de municipios sin servicio bancario básico. O las energéticas, o las de telecomunicaciones…Los 200.000 millones que el Gobierno ha dispuesto, en forma de créditos, avales y otros productos financieros, se ponen a disposición de las empresas sin ninguna garantía de empleo. Las ayudas económicas deberían ir vinculadas a compromisos de mantenimiento del empleo, incluso se debiera establecer la prohibición de despedir. Todo este esfuerzo, como el realizado en la crisis anterior, se acumulará en un incremento de la deuda del Estado. ¿Qué esfuerzo van a realizar las grandes corporaciones, las grandes fortunas? Si a todo lo anterior le añadimos que las aspiraciones de una parte muy importante del pueblo de Cataluña no están resueltas (recordemos que el 80% está a favor de poder decidir su futuro en las urnas y que el 50% votó a partidos independentistas), independientemente de la política de los actuales dirigentes; podemos afirmar que hoy es más evidente que nunca la obsolescencia de la Constitución de 1978.

La pluralidad de pueblos que componen el Estado español necesita leyes que le resuelvan los problemas. Lo que menos necesitamos es mantener una Constitución que solo sirve para garantizar que los de siempre tienen garantizado continuar parasitando. Hay que acabar con el virus y con los parásitos que suponen un obstáculo al avance democrático. Eliminemos las trabas que impiden que los recursos vayan a los servicios públicos y redes de protección social. Tras esta crisis habrá que reforzar estos sistemas públicos; justo lo contrario a lo que hizo el PP y a lo que pretende hacer, según lo manifestado por el Sr. Casado el día 18 en el Congreso de los Diputados y Diputadas. Es necesaria, sin duda, una reforma constitucional de calado, que garantice los derechos y libertades de la mayoría social. No abordar dicha reforma solo contribuirá a un mayor deterioro institucional y social que nos llevará sin duda a la necesidad de una Asamblea Constituyente.

Comité de Redacción de TS

Editorial Número 110. Marzo 2020

 

No  hay duda, vivimos  la  peor  crisis  sanitaria  conocida  por  las actuales  generaciones. Hay  que  combatir  al  COVID  19:  primero  con  aislamiento  para  frenar  la  propagación-siguiendo  las  indicaciones  del  Gobierno  y  las  autoridades  sanitarias-y  después,  con  las vacunas, cuando sean desarrolladas por los científicos. Hay   que   acabar   con   el   virus y   también   con   los   parásitos   que   llevan   muchas generaciones,  incluso  siglos,  instalados  en  la  sociedad.  Chupópteros  que viven  del esfuerzo  colectivo.  Cuando  esta  crisis  sanitaria  pase,  habrá  que  pedir  cuentas  y  hacer balance de la experiencia vivida. En  el  momento  de  redactar  esta  editorial,  estamos  confinados  en  nuestros  domicilios, pero  no  estamos amordazados. Mantenemos  nuestra libertad  y capacidad  para pensar, debatir  y expresarnos.  Vemos  con  claridad  que  el  coronavirus  pretende  aprovecharse como pantalla para  tapar los  problemas  políticos,  es  decir:  económicos,  sanitarios, educativos, de dependencia… no lo vamos a consentir. Una  prueba clara de  ello  es  la burda intervención televisada de Felipe de Borbón el día 18 de marzo. Un vano intento de hacer ver que la Corona sirve para algo, mientras el pueblo, que ve cada día más claro que la Monarquía es una rémora, se expresaba cacerola en mano. Tenemos reciente la  experiencia  de  la  crisis  inmobiliaria  y financera de  2008. Tan reciente que muchos miembros de nuestra clase social no han salido de aquélla cuando ya están sufriendo las consecuencias de ésta. El  eslabón  entre  la  dictadura  y  la  democracia: la  Corona,  no  ha  superado  la  crisis  que llevó  al  aparato  del  Estado  a  precipitar  la  “abdicación  exprés” de  Juan  Carlos  de Borbón, el  19  de  junio  de  2014. Sus andanzas de “casanova”, sus cazas furtivas de especies en  extinción,  sus  juergas  de  toda  la  vida,  y  todo  con  dinero  público,  no  son nada   comparadas   con sus,   siempre   sospechados, y   ahora evidentes, chanchullos económicos; los 100 millones de euros de comisión por el negocio del AVE a la Meca son  la  punta  de  un iceberg  muy  profundo.  Su  fortuna  se  estima  en  2.000  millones  de euros  ¿de  dónde  han  salido,  de  qué  negocios?  Los  saudíes,  como  las  empresas  que pagaban  comisiones  a  la  CIU  de  Pujol  o  al  PP  de  Aznar,  Rajoy  y  Casado,  no  pagan comisión. Es  parte  del  negocio  que  le  cargan  en  la  factura  a  las  arcas  públicas:  los saudíes a sus súbditos y nuestros corruptos a los contribuyentes del Estado español. En  su  momento, criticamos,  y  lo  seguimos  haciendo, la  reforma constitucional  que garantizaba  el  techo  de  gasto:  el  Artº  135,  el  que  garantiza  el  pago  de  la  deuda  y  sus intereses, aunque sea a costa del gasto público.

El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán  siempre  incluidos  en  el  estado  de  gastos  de  sus  presupuestos  y su  pago  gozará  de prioridad  absoluta.  Estos  créditos  no  podrán  ser  objeto  de  enmienda  o  modificación  mientras  se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. Ahora, vemos los  criminales  efectos  de  estas  políticas:  el pago  de  la  deuda  goza  de prioridad  absoluta.  ¿Cuál   es  la  prioridad  de   la  que  goza  la  vida  de  nuestros familiares?,  particularmente  de  los mayores,  quienes  han  sido  fundamentales  para  el avance  de  este  país. Los  recortes  en  Sanidad  se  han visto  muy  de  cerca  en  la  práctica totalidad de las comunidades autónomas dónde el virus ha tenido mayor efecto: falta de personal  sanitario,  carencia  de  camas  y  unidades  de  cuidados  intensivos,  así  como  una absoluta  escasez  de  material  básico  de  protección  para el  personal  que  presta  sus servicios en los centros hospitalarios (mascarillas, guantes, batas adecuadas…). Son las consecuencias  de  los  recortes  en el  gasto  público;  ese  que  no  goza  de  ninguna prioridad.

Como la  Sanidad, todos  los servicios  públicos han soportado recortes desde 2008: Educación,  Pensiones,  Dependencia.  Con  la  LOMCE  llegó  el  incremento  de  las  ratios de  niños  por  aula;  consecuencia  directa  del  despido  de  miles  de  trabajadores  interinos.

Sin  embargo,  para  la  Iglesia  no  se  ha  escatimado. Se  le  ha  dado  rango  de  asignatura computable para la media en Bachillerato, potenciando la capacidad adoctrinadora de la religión, y se justifica de paso que el erario público pague al profesorado que impone la Iglesia. Para qué hablar del travase de dinero público en las comunidades, restándoselo a  los  centros  públicos  para  incrementárselo   a  los  concertados. Es  sencillamente escandaloso,  y  aún  más,  si  se  añade a  esto  la  subvención  y  el  privilegio  que  supone  no pagar impuestos. El  sistema  público  de  Pensiones  sufrió  dos  reformas:  en  2011  y  en  2013,  siendo  la  de 2013 brutal en la devaluación a causa del sistema de revalorización que impuso el PP, con  el  ridículo  0,25%  de  incremento,  y  por  el  factor  de  sostenibilidad  que  estira  la pensión  a  percibir  en  función  de  la  esperanza  de  vida,  con  una  pérdida  estimada  del 40%. Solo  la presión  de  los  pensionistas,  que  se  han  mantenido  movilizados  durante estos  años,  ha  conseguido  que  la  revalorización  se  vincule  al  IPC;  algo  que  no  es definitivo, pues cada año se tiene que negociar en el Congreso de los Diputados. Los recortes se han visto de cerca también por el gravísimo deterioro de las residencias públicas  de  mayores:  otro  negocio  cedido  a  la  gestión  privada,  ofertado  por  el  método de la “subasta al peor postor”: quién  menos  dinero  cobra  se  lleva  el  contrato.  Después da  igual  (a  los gobiernos  autonómicos  les  debe  dar  igual,  ahora  dicen  que  no  sabían nada)  si  los  residentes  están  bien  o  mal  tratados.

Hemos  visto  los  estragos  que  el coronavirus  ha  hecho  en  residencias  de  Madrid,  Castilla  y  León, Euskadi,  Cataluña, y Castilla  La  Mancha,  entre  otras,  con  más  de  90  muertos solo  en las  residencias de Madrid. Está pendiente la derogación de las reformas laborales de 2011 y 2012. Es insoportable continuar  en  la  situación  de  desequilibrio;  entre  trabajadores  y  empresarios,  en  la  que nos  dejó  particularmente  la  reforma  del  PP. Ahí  continúan la  Ley  Mordaza  y  el  Artº 315.3 del Código Penal, leyes que se introdujeron para frenar y criminalizar el legítimo derecho a la huelga, la movilización y la libertad de expresión. La  dura  experiencia  nos  ha  enseñado  que  al  capital  le  da  lo  mismo  lo  que le  ocurra al conjunto de la sociedad. El capital es cobarde/egoista ante las crisis, incluso ante las que él mismo provoca.

Hemos visto a los especuladores en  las bolsas; comprando barato y haciendo  beneficio  en  cuanto  han  podido.  Hemos  visto  el  permanente  lloriqueo empresarial; pidiendo dinero público para créditos, exenciones y aplazamientos desde el primer  minuto  del  estallido  vírico.  ¿Dónde  están,  en  qué  paraíso  fiscal,  los  beneficios que  han  venido obteniendo las  entidades  financieras  en  estos  últimos  cinco  años?  A  la par que destruían más de 100.000 empleos y dejaban a miles de municipios sin servicio bancario básico. O las energéticas, o las de telecomunicaciones…Los 200.000 millones que   el   Gobierno   ha   dispuesto,   en   forma   de   créditos,   avales   y   otros   productos financieros, se ponen a disposición de las empresas sin ninguna garantía de empleo. Las ayudas  económicas  deberían  ir  vinculadas  a  compromisos  de  mantenimiento  del empleo,  incluso  se  debiera  establecer  la  prohibición  de  despedir.  Todo  este  esfuerzo, como  el  realizado  en  la  crisis  anterior,  se  acumulará  en  un  incremento  de  la  deuda  del Estado. ¿Qué esfuerzo van a realizar las grandes corporaciones, las grandes fortunas? Si a todo lo  anterior le añadimos que las aspiraciones de una parte muy  importante del pueblo de  Cataluña no  están  resueltas  (recordemos  que  el  80%  está  a  favor  de  poder decidir  su  futuro  en  las urnas  y  que  el  50%   votó  a  partidos  independentistas), independientemente  de  la  política  de  los  actuales  dirigentes;  podemos  afirmar  que  hoy es  más  evidente  que  nunca  la  obsolescencia  de  la  Constitución  de  1978.  La  pluralidad de  pueblos  que  componen  el  Estado  español  necesita  leyes  que  le  resuelvan  los problemas. Lo que menos necesitamos es mantener una Constitución que solo sirve para garantizar que los de siempre tienen garantizado continuar parasitando. Hay  que  acabar  con  el  virus  y  con  los  parásitos  que  suponen  un  obstáculo  al  avance democrático. Eliminemos las trabas que impiden que los recursos vayan a los servicios públicos y redes de protección social. Tras esta crisis habrá que reforzar estos sistemas públicos;  justo  lo  contrario  a  lo  que  hizo  el  PP  y  a  lo  que  pretende  hacer,  según  lo manifestado  por  el  Sr.  Casado  el día  18  en  el  Congreso  de  los  Diputados  y  Diputadas. Es necesaria, sin duda, una reforma constitucional de calado, que garantice los derechos y libertades  de  la  mayoría  social.  No  abordar  dicha  reforma  solo  contribuirá  a  un  mayor deterioro institucional y social que nos llevará sin duda a la necesidad de una Asamblea Constituyente.

Comité de Redacción de TS

Desde Tribuna Socialista nos hacemos eco de una avalancha de manifestaciones de rechazo a la monarquía española. Lo muestran los ciudadanos con sus caceroladas de rechazo, y este manifiesto que nos ha llegado a la redacción es una nueva iniciativa a la que damos cabida en este número de marzo:

«Era de dominio público que la monarquía borbónica, restaurada en 1975 por decisión de Franco, amasa desde entonces una enorme fortuna en base a comisiones y chanchullos ilegales, amparados en la impunidad de la figura del monarca.

Costó que saliera a la luz el caso Noos que llevó a la cárcel al cuñado del actual rey, Iñaki Urdangarín, cuyos negocios ilegales los hacía en nombre del que entonces era rey, Juan Carlos I.

Y ahora aflora otro episodio de corrupción de comisiones ilegales ligado a la siniestra monarquía saudí, con la que Juan Carlos I tiene estrechos vínculos personales y económicos, que Felipe VI ha mantenido.

Hasta ahora todas las actuaciones del rey han estado amparadas en el artículo 56 de la Constitución Española que dice textualmente “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”. Pero sería discutible si esa inviolabilidad ampara sólo sus actuaciones políticas derivadas de su cargo, o también sus actos presuntamente delictivos de responsabilidad civil o penal. ¿Todos iguales ante la ley?

En un estado de derecho es obligado investigar las denuncias por actuaciones ilícitas, con independencia de quien las haya cometido. Exigimos por ello a la Fiscalía y Tribunales de Justicia que lleguen hasta el fondo en su investigación de los negocios del Ex Rey Juan Carlos I, y al Congreso de los Diputados que rectifique la decisión de la Mesa de no crear una comisión de investigación.

Nos encontramos de nuevo ante una anomalía democrática que trata de proteger a una institución que fue impuesta en la transición. El cálculo que se estima de la fortuna acumulada por la monarquía española en absoluto se corresponde con la asignación anual de los presupuestos del Estado; sólo se explica por los abundantes casos de corrupción que han salpicado estos años a testaferros y personas cercanas a la institución.

El comunicado hecho público por la Zarzuela el pasado 14 de marzo no hace sino confirmar las sospechas de corrupción que están en el origen de la fortuna acumulada por la Casa Real. Por más que el comunicado pretenda lo contrario, el actual rey Felipe VI está implicado plenamente en las actividades ilícitas de su familia.

La democracia, para ser plena, exige también que la forma de Estado sea decidida por el pueblo. La Monarquía, por tanto, debe dejar paso a un nuevo régimen, que deberá ser decidido por medio de un referéndum vinculante.

Hacemos un llamamiento a la población a movilizarse para conseguir estos objetivos democráticos. Este es el momento».

FUERA MONARQUÍA CORRUPTA

REFERÉNDUM VINCULANTE YA

FIRMA EL MANIFIESTO

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyWOsppDS3SQ1s9VUZ-tFmHoK3nQApOUfdT9e965LjKSYfjw/viewform

Izquierda Socialista siempre se ha reclamado y se reclama republicana. El republicanismo es consustancial a la naturaleza misma de la corriente y estaba en el pensamiento político de quienes la constituyeron. Así se expresaba Luis Gómez Llorente, el 11 de mayo de 1978 en la defensa del voto particular del PSOE, en el Congreso de los Diputados, en pro de la República como modelo de Estado:

“…es un axioma que ningún demócrata puede negar, la afirmación de que ninguna generación puede comprometer la voluntad de las generaciones sucesivas. Nosotros agregaríamos: se  debe incluso facilitar la libre determinación de las generaciones venideras” (1)

La República no es para nuestra corriente una celebración festiva que se produce una vez al año, de manera extraoficial. Ni es una rememoración romántica de una etapa de gran prosperidad en cultura y libertades, que fue truncada por el criminal golpe militar animado y financiado por los poderosos de la sociedad.

La República es el modelo de Estado que puede regenerar la corrompida vida política de nuestro país. Es la puerta de entrada hacia un futuro mejor para las generaciones presentes y futuras.

No renegamos de La Constitución de 1978 (CE) pero está superada. Fue una Constitución para la transición de un régimen fascista, dictatorial y criminal a una democracia que había que construir. Tras cuarenta y dos años, se ha convertido en un freno para la evolución democrática.

Ciertamente no hay nada escrito que diga que caducaba en tal o cual fecha, pero resulta que las leyes, las constituciones también, alcanzan su obsolescencia cuando la sociedad percibe que sus problemas no tienen solución con dichas leyes.

La Constitución de 1978 arrastra muchos elementos del franquismo que había que superar, como es lógico, al ser producto del consenso y tener por objetivo transitar de un régimen criminal e ilegítimo a un régimen democrático, aunque esa democracia no fuese perfecta.

Uno de los sesgos más simbólicos es el vago concepto del aconfesionalismo, que ha permitido continuar con la Iglesia católica inmiscuida en los asuntos de Estado, curiosamente financiada por el Estado mismo, al dar dinero público a la Iglesia para que pueda mantener sus negocios en sectores tan sensibles como la educación, una herramienta de adoctrinamiento. La salud o las organizaciones no gubernamentales, de las que la Iglesia es propietaria del más del 80%. Una Iglesia que está presente en todos los actos de Estado, evidenciando sus privilegios y su poder.

Ya es hora de resolver este asunto e introducir el concepto del laicismo, para respetar el sentir del pueblo: de creyentes y no creyentes. Se hace necesaria la separación nítida de Iglesia y Estado, sin menoscabo del respeto a la fe en el ámbito privado. Laicidad, para garantizar un régimen social de convivencia, cuyas instituciones políticas están legitimadas por la soberanía popular y no por elementos religiosos.

Lo que ya no es un sesgo sino una herencia directa del pasado, es que el Jefe del Estado sea a su vez Rey y, según el Artº 62 h) de la CE “El mando supremo de las Fuerzas Armadas”.

Lo que quizás no todos los ciudadanos sepan o recuerden es que este precepto de la Constitución se basa en la ley 16/75 de 20 de noviembre de 1975, es decir que el Rey es militar antes que rey. Este anacronismo es el que hace dudar de si en la denominación del modelo de Estado “Monarquía Parlamentaria”, pesa más el sustantivo o el adjetivo. Es quizás, por lo que parece, que la democracia tiene el límite en no cuestionar las herencias del pasado.

Cuando celebramos esta Asamblea, el 21 de marzo de 2020, aún continua siendo “inviolable la persona del Rey y no está sujeta a responsabilidad”. Es lo que se expresa sin dejar lugar a interpretaciones en el Artº 56.3 de la CE. Hoy vemos como esa inviolabilidad sirve para tapar los, presuntos a la par que evidentes, chanchullos del Rey emérito. ¿por qué habríamos de asumir que el actual Rey renuncia a recibir comisiones de negocios de Estado y/o privados?

Como Constitución de transición que fue, el Artº 2 refleja la necesidad de “contentar” a las partes para alcanzar el necesario consenso que se habían marcado. Este Artº, refleja el sentir del pasado: “España una grande y libre” que estaba incorporado en la banda del negruzco águila, símbolo de la España franquista; cuando dice dicho artículo: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles…” para acto seguido decir: “…y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.”

Vale que en aquel momento hubiese que casar voluntades de dos partes que no partían en igualdad de condiciones; los que habían vivido del régimen y lo habían apoyado, incluso participando en las más altas instancias, mantenían el aparato del Estado en su poder. Por otra parte, quienes habían sufrido el exilio en el exterior y cárcel y persecución en el interior. La situación llevó a aceptar contradicciones evidentes, pero han pasado más de 41 años y  es preciso evolucionar, pues hoy, esas contradicciones son más un problema que una ayuda para la convivencia entre los pueblos. Hay que pasar página definitiva al franquismo, apartar todos sus sesgos, herencias y reminiscencias.

Son ejemplos de anacronismos evidentes, es por ello que desde Izquierda Socialista tenemos que animar a nuestro Partido a retomar la iniciativa parlamentaria de constituir una Comisión para la reforma constitucional.

Esta iniciativa tiene que ir acompañada de un sano debate en las agrupaciones del Partido, y es el Partido el que debe liderar un debate abierto en la sociedad, para recabar el sentir de la ciudadanía y para madurar nuestra posición, para enriquecerla con las aportaciones de otras fuerzas políticas que se identifiquen con la República como modelo de Estado.

Las leyes hay que cumplirlas, pero las leyes no pueden ser el obstáculo para el avance democrático de los pueblos. Hay que avanzar hacia la España Federal, en la que los pueblos que componen el Estado español puedan decidir cómo se relacionan entre sí, desde la libertad y no desde la imposición.

Son muchos los aspectos que hay que reformar en la Constitución, como lo es la necesidad de blindar el Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Dependencia y Pensiones públicas. Como es necesario poner nitidez en la separación de poderes, particularmente entre Ejecutivo y Judicial. Hay que avanzar en la democratización y transparencia de la elección de los jueces; colectivo social que está impregnado de los sesgos del pasado antes referidos.

No será un trabajo fácil ni rápido, pero es un trabajo necesario, vital, en el que IS tiene un papel muy importante que jugar.

• http://www.escoladeferrado.es/wp-content/uploads/2014/06/19780511-CONGRESO-REPUBLICA-VOTO- PARTICULAR-PSOE-GOMEZ-LLORENTE.pdf

 Roberto Tornamira Sánchez

Militante PSM-PSOE. Agrupación Arganzuela.

Adherido a Izquierda Socialista.

Aportación para la Asamblea de Izquierda Socialista prevista para el 21 de marzo y suspendida tras la declaración del Estado de Alarma.