¿Qué lecciones estamos recibiendo?

Estamos ante una situación mundial imprevista y con consecuencias humanitarias terribles…

No  es   mayor   ni   más   grave   que   las   guerras   actuales:   muerte,   pobreza severa, migraciones desesperadas, etc., afecta a todos, incluido el mundo más «desarrollado», más rico, más protegido.

Está causando un drama en pérdida de vidas humanas enorme y generando una sensación de incertidumbre e impotencia brutal, teniendo en cuenta que es una epidemia sin soluciones médicas, de momento, y aun menos medidas médico-preventivas por tratarse de un virus novedoso para la ciencia. La situación se aborda en medio de un colapso sanitario, que está poniendo en evidencia las consecuencias de la degradación de las sanidades públicas, de los sectores públicos, en los últimos 15 años. Hoy, los recortes económicos de los gobiernos del partido Popular, nos pasan la factura en su forma más dura: muerte en las residencia de ancianos, escasez de medios a disposición del personal sanitario, insuficiencia de camas y UCIs y tener que recibir ayuda médica y material de China. ¿En verdad somos la octava potencia económica?

Y esto en nuestro país, en donde hay sector público de salud y redes de protección social. Imaginemos las consecuencias donde no lo hay, y reflexionemos sobre las consecuencias lógicas de esta ausencia.

Con la misma lógica, es el sector público de Fuerzas de Seguridad, Transporte, Dependencia, residencias, Educación, Protección Civil, Ejército…. quienes se están enfrentando al riesgo de contagio, con las consecuencias de no disponer del suficiente equipamiento de protección, junto a los trabajadores de Limpieza, Comercio, Transporte, Financiero… sectores que resultan fundamentales para el conjunto de la sociedad.

Es decir, el ESTADO DEMOCRÁTICO se organiza para atender esta emergencia, y lo hace con la mayoría social al frente, en su  doble  condición:  como  ciudadanos  y  como trabajadores, en primera línea, dando la cara y corriendo riesgos, sufriendo las consecuencias.

Es   esa   misma   MAYORÍA   SOCIAL, quien   hace   tiempo   decidimos    crear    un instrumento para la solidaridad común e intergeneracional que hiciese efectiva nuestra democracia social y de derecho: el sector público. Ahora vemos con preocupación creciente como las decisiones de algunos, convierten su beneficio económico personal en nuestras fatales miserias en forma de enfermedades y muertes.

Nada es gratis, lección amarga.

Recortar el estado social, es lo mismo que desatender migrantes, olvidar guerras ajenas (o peor aún vender armas que son utilizadas en esas guerras), pobrezas horribles…

Olvidar la SOLIDARIDAD, olvidar la JUSTICIA SOCIAL, desmontar la democracia social y de derecho trae consecuencias muy graves.

Consecuencias que siempre pagamos los mismos.

Debemos atender a los enfermos, cuidarlos con todos nuestros recursos sanitarios, como muy bien ha hecho el Gobierno al decretar la disponibilidad por el estado de la sanidad privada, y atacar ese virus con toda nuestra capacidad de investigación científica. Ahora toca sobretodo REFLEXIONAR sobre nuestro sistema político para orientar el futuro, para ver qué debilidades han hecho que nuestro Estado de Bienestar sea débil, e incapaz de atender adecuadamente esta pandemia, qué ha puesto en indefensión a nuestros conciudadanos.

Tan importante es atender y curar a nuestros enfermos como preparar el futuro reparando lo que nos convierte en «SOCIEDAD». Trabajemos por recuperar nuestros derechos perdidos en las crisis.

Defendamos nuestro Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia.

Eduardo Hernández Oñate

Tribuna Socialista de Madrid

 

 

Unidad, solidaridad y compromiso político

En la perspectiva de hacer un primer balance sobre los 100 primeros días de la acción del Gobierno, Pedro Sánchez se ha visto inesperadamente forzado a asumir la gestión de una crisis sanitaria sobrevenida (Pandemia, según la OMS) y desconocida hasta ahora por su especial virulencia y efectos devastadores. Al margen de las consecuencias negativas para muchas personas (incluso con numerosas pérdidas de vidas humanas), el coronavirus está siendo desastroso para la economía y para el funcionamiento de sectores y empresas, además de condicionar fuertemente la libertad de movimientos de los ciudadanos. Ante esta gravísima situación, el Gobierno se vio obligado a decretar la emergencia sanitaria y la “Declaración de Alarma”.

Las previsiones de los expertos anuncian que la fuerte incertidumbre generada seguirá afectando al crecimiento de la economía mundial, cuando menos, a lo largo del presente año. O, lo que es lo mismo, si nadie lo remedia, afectará directamente al empleo (según la OIT se pueden perder 25 millones de empleos), a la protección social, a la oferta y la demanda, así como a la sostenibilidad del tejido empresarial (sobre  todo en los sectores del turismo, comercio y transportes), al déficit y la deuda pública, a la cotización bursátil, al conjunto de los servicios públicos esenciales e, incluso, condicionará radicalmente en nuestro país el debate y el contenido de los PGE-2020.

También está influyendo considerablemente en la actividad política. Atrás han quedado medidas valoradas positivamente: el incremento del SMI, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la aprobación del techo de gasto, la apertura del diálogo con el Gobierno de la Generalitat… El resto de los compromisos políticos han quedado supeditados a la resolución de la crisis: entre ellos las elecciones en Galicia y el País Vasco, el debate de los PGE-2020, la sostenibilidad de las pensiones (Pacto de Toledo), la derogación de las reformas laborales, la financiación de las CCAA, la mejora de los servicios públicos… Al margen de relegar a un segundo lugar a otros asuntos de gran calado: la igualdad de género, el cambio climático, la digitalización de nuestra economía, la transición energética, el cambio de modelo productivo…

A pesar del reto que representan estos asuntos, algunos analistas y diversos medios de comunicación han hecho especial hincapié- sobreactuando de manera interesada- en las desavenencias suscitadas recientemente dentro del Gobierno y, en particular, entre la vicepresidenta primera Carmen Calvo y el secretario general de Unidas Podemos (UP) y vicepresidente segundo Pablo Iglesias. Esperemos que se trate de diferentes sensibilidades- comprensibles en un gobierno de coalición e, incluso, en un gobierno monocolor- a la hora de abordar asuntos de una gran complejidad: migraciones, igualdad de género, monarquía, gestión relacionada con la crisis…

 

En todo caso, las diferencias suscitadas demuestran la imperiosa necesidad de seguir apostando por la cultura del Pacto y el Acuerdo ante la emergencia sanitaria y la actual fragmentación partidaria (la realidad política hay que abordarla con altura de miras y no convertirla en un nuevo motivo de confrontación) y por fortalecer y poner en valor al actual Gobierno de coalición. Las ventajas de la Unidad de Acción entre el PSOE y UP son muchas para arriesgarnos a que fracase el actual Gobierno (sin alternativa) sobre todo en estos momentos. La actitud lamentable y demagógica del PP y de Vox, al comienzo de la crisis, descalifica a ambos partidos sin paliativos y demuestra que la alternativa que representan es muy nociva para el País y, en particular, para el desarrollo de las políticas progresistas empeñadas en superar las desigualdades sociales, la pobreza y la exclusión social, sobre todo en un contexto de emergencia sanitaria que está afectando particularmente a los más vulnerables. A pesar de todo, es justo reconocer el pequeño cambio suscitado en los últimos días en el PP, ante la dramática gravedad de la emergencia sanitaria y el temor al rechazo ciudadano.

 

Hasta el momento, la atención del Gobierno se ha centrado prioritariamente en las personas, de acuerdo escrupulosamente con los protocolos y el necesario rigor sanitario exigible en estos casos: con solvencia, transparencia y unidad de criterio con las diversas CCAA. A ello está contribuyendo de manera decisiva y ejemplar el comportamiento del conjunto de la sociedad civil, al imponerse el sentido común y la disciplina sobre la torpeza y el miedo, siempre condenable y fuera de lugar.

Ante la emergencia sanitaria, el Gobierno, de acuerdo con la UE, ha decidido paralizar las políticas de estabilidad fiscal comprometidas, mientras dure la emergencia, además de plantear a las instituciones europeas la puesta en práctica de políticas fiscales y de solidaridad comunes (la contundente decisión del BCE va en esta dirección: 750.000 millones de euros en deuda pública y privada), que recuperen el protagonismo que debe tener en estos casos la UE (su futuro pasa por su eficacia en esta crisis, lo que exige medidas excepcionales y urgentes: presupuestos mucho más expansivos, eurobonos, inversión pública…). También, en principio, adoptó una serie de medidas económicas, sociales y sanitarias por importe de 18.225 millones de euros (cerca del 1,5% del PIB). Entre otras, ayudas a las CCAA para efectuar gastos sanitarios; también  a las familias y afectados, moratorias al pago de impuestos, créditos a empresas, bonificaciones a las cotizaciones sociales para ayudar a empresas (sobre todo a PYMES) y autónomos y, finalmente, ayudas para evitar el cierre de los centros de trabajo más afectados por la crisis.

 

Con los interlocutores sociales se reforzó el diálogo social con el propósito de evitar el desplome de la economía y la destrucción de empleo, fortalecer la protección social de los desempleados por la crisis. En este sentido- a través de un Real Decreto-, el Gobierno aprobó el llamado “Escudo Social” por importe de 200.000  millones  de euros (117.000 millones serán del sector público y 83.000 millones del sector privado) para responder a las nuevas exigencias de la Pandemia. La pretensión, entre otras medidas, es agilizar los ERTE por fuerza mayor; prohibir los despidos por el coronavirus; evitar sanciones por ausentarse del trabajo obligado por la crisis; cobrar la prestación por desempleo, aunque no tenga contabilizada la cotización necesaria; moratoria en el pago de hipotecas; garantizar los servicios públicos esenciales a los más débiles; avales para dar liquidez a las empresas; proteger a las empresas cotizadas del IBEX-35 contra OPAS hostiles presentadas desde fuera de la UE…

Las CCAA y Ayuntamientos de acuerdo con el Gobierno también tomaron medidas dolorosas pero comprensibles: supresión de las Fallas, Semana Santa, Feria de Abril, eventos culturales y deportivos… En este sentido, debemos afirmar- a pesar de las críticas (fuera de lugar) de los gobiernos de Catalunya y del País Vasco a  la “Declaración de Alarma”- que no se puede combatir la Pandemia desde 17 entes territoriales. Es imprescindible, como se ha hecho, establecer un Mando Único ante un problema que afecta a todas las personas por igual y no a territorios por separado.

 

Lamentablemente- y a pesar de estas medidas-, en las últimas semanas no han faltado actitudes especulativas y propuestas oportunistas e interesadas en sacar partido de la crisis actual. El FMI, el pensamiento neoliberal conservador y algunos responsables empresariales, sin ir más lejos, han vuelto a pedir el recorte de derechos, la reducción de impuestos y el aplazamiento de la derogación de las medidas más lesivas de la reforma laboral. Incluso, Pablo Casado, líder del PP, actuó en principio de manera sectaria y a remolque de las circunstancias, intentando capitalizar demagógicamente la incertidumbre, el miedo y el desasosiego de los ciudadanos, cuando lo que procedía era apoyar sin reservas al Gobierno y ponerse a su disposición para abordar solidariamente la crisis. Ya habrá tiempo para analizar la gestión del Gobierno y el comportamiento de la oposición e, incluso, para la crítica si procede.

En este contexto, no es extraño que se valorara positivamente las declaraciones de Inés Arrimadas (Ciudadanos), favorables a colaborar con el Gobierno e, incluso, a participar de manera constructiva, después de la crisis, en el debate de los PGE-2020 con el propósito de facilitar su rápida tramitación en el Parlamento. A partir de una imperiosa necesidad: hay que revisar considerablemente al alza el techo de gasto aprobado y, en coherencia con ello, aprobar unos PGE-2020 más expansivos (en inversión), realistas y comprometidos con la nueva realidad social. Esto contará con el apoyo de la ciudadanía, de los interlocutores sociales y, esperemos, que sea asumida por las autoridades europeas, lo que ayudará considerablemente a salir de la crisis. No lo olvidemos, está en juego de nuevo la política y el modelo de salida de la crisis.

En cualquier caso, la crisis ha puesto una vez más de manifiesto las carencias y debilidades de la globalización y de la propia UE. En concreto, la UE se ha mostrado particularmente inoperante y a merced de un simple, pero agresivo virus, al no ser capaz de tomar medidas en tiempo real que evitaran el miedo y la propagación de la emergencia sanitaria. También ha demostrado la importancia de la unidad, la solidaridad y el compromiso político; además del valor del Estado (“Estado Providencia”), del sector público (sanidad pública) y de la investigación y la ciencia. Incluso, lo nefasto que han sido las políticas de recortes exacerbados, las privatizaciones interesadas y el desarme fiscal, al margen del sonoro fracaso de los demagogos, los populistas y los predicadores incapaces de ofrecer alternativas viables a los problemas complejos de una sociedad moderna.

A pesar de todo, no debe de cundir el pánico. Ante la emergencia sanitaria se ha demostrado en la práctica que el aislamiento, la prevención y la higiene consiguen resultados notables; además, los ciudadanos están aplicando coherentemente las directrices encaminadas a evitar el colapso del sistema sanitario. En todo caso, debemos persistir en superar la grave crisis vírica convertida en una auténtica pesadilla para todos. Por eso hay que recuperar los valores de siempre y mantener plenamente la confianza en nuestras autoridades: unidad, disciplina, solidaridad…

 

Antón Saracíbar

Hay que acabar con el virus y con los parásitos

covid19No hay duda, vivimos la peor crisis sanitaria conocida por las actuales generaciones. Hay que combatir al COVID 19: primero con aislamiento para frenar la propagación-siguiendo las indicaciones del Gobierno y las autoridades sanitarias-y después, con las vacunas, cuando sean desarrolladas por los científicos.

Hay que acabar con el virus y también con los parásitos que llevan muchas generaciones, incluso siglos, instalados en la sociedad. Chupópteros que viven del esfuerzo colectivo.

Cuando esta crisis sanitaria pase, habrá que pedir cuentas y hacer balance de la experiencia vivida. En el momento de redactar esta editorial, estamos confinados en nuestros domicilios, pero no estamos amordazados. Mantenemos nuestra libertad y capacidad para pensar, debatir y expresarnos. Vemos con claridad que el coronavirus pretende aprovecharse como pantalla para tapar los problemas políticos, es decir: económicos, sanitarios, educativos, de dependencia… no lo vamos a consentir. Una prueba clara de ello es la burda intervención televisada de Felipe de Borbón el día 18 de marzo. Un vano intento de hacer ver que la Corona sirve para algo, mientras el pueblo, que ve cada día más claro que la Monarquía es una rémora, se expresaba cacerola en mano.

Tenemos reciente la experiencia de la crisis inmobiliaria y financera de 2008. Tan reciente que muchos miembros de nuestra clase social no han salido de aquélla cuando ya están sufriendo las consecuencias de ésta. El eslabón entre la dictadura y la democracia: la Corona, no ha superado la crisis que llevó al aparato del Estado a precipitar la “abdicación exprés” de Juan Carlos de Borbón, el 19 de junio de 2014. Sus andanzas de “casanova”, sus cazas furtivas de especies en extinción, sus juergas de toda la vida, y todo con dinero público, no son nada comparadas con sus, siempre sospechados, y ahora evidentes, chanchullos económicos; los 100 millones de euros de comisión por el negocio del AVE a la Meca son la punta de un iceberg muy profundo.

Su fortuna se estima en 2.000 millones de euros ¿de dónde han salido, de qué negocios? Los saudíes, como las empresas que pagaban comisiones a la CIU de Pujol o al PP de Aznar, Rajoy y Casado, no pagan comisión. Es parte del negocio que le cargan en la factura a las arcas públicas: los saudíes a sus súbditos y nuestros corruptos a los contribuyentes del Estado español.

En su momento, criticamos, y lo seguimos haciendo, la reforma constitucional que garantizaba el techo de gasto: el Artº 135, el que garantiza el pago de la deuda y sus intereses, aunque sea a costa del gasto público.

El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. Ahora, vemos los criminales efectos de estas políticas: el pago de la deuda goza de prioridad absoluta. ¿Cuál es la prioridad de la que goza la vida de nuestros familiares?, particularmente de los mayores, quienes han sido fundamentales para el avance de este país.

Los recortes en Sanidad se han visto muy de cerca en la práctica totalidad de las comunidades autónomas dónde el virus ha tenido mayor efecto: falta de personal sanitario, carencia de camas y unidades de cuidados intensivos, así como una absoluta escasez de material básico de protección para el personal que presta sus servicios en los centros hospitalarios (mascarillas, guantes, batas adecuadas…). Son las consecuencias de los recortes en el gasto público; ese que no goza de ninguna prioridad.

Como la Sanidad, todos los servicios públicos han soportado recortes desde 2008: Educación, Pensiones, Dependencia. Con la LOMCE llegó el incremento de las ratios de niños por aula; consecuencia directa del despido de miles de trabajadores interinos.
Sin embargo, para la Iglesia no se ha escatimado. Se le ha dado rango de asignatura computable para la media en Bachillerato, potenciando la capacidad adoctrinadora de la religión, y se justifica de paso que el erario público pague al profesorado que impone la Iglesia. Para qué hablar del travase de dinero público en las comunidades, restándoselo a los centros públicos para incrementárselo a los concertados. Es sencillamente escandaloso, y aún más, si se añade a esto la subvención y el privilegio que supone no pagar impuestos.

El sistema público de Pensiones sufrió dos reformas: en 2011 y en 2013, siendo la de 2013 brutal en la devaluación a causa del sistema de revalorización que impuso el PP, con el ridículo 0,25% de incremento, y por el factor de sostenibilidad que estira la pensión a percibir en función de la esperanza de vida, con una pérdida estimada del 40%. Solo la presión de los pensionistas, que se han mantenido movilizados durante estos años, ha conseguido que la revalorización se vincule al IPC; algo que no es definitivo, pues cada año se tiene que negociar en el Congreso de los Diputados.

Los recortes se han visto de cerca también por el gravísimo deterioro de las residencias públicas de mayores: otro negocio cedido a la gestión privada, ofertado por el método de la “subasta al peor postor”: quién menos dinero cobra se lleva el contrato. Después da igual (a los gobiernos autonómicos les debe dar igual, ahora dicen que no sabían nada) si los residentes están bien o mal tratados.

Hemos visto los estragos que el coronavirus ha hecho en residencias de Madrid, Castilla y León, Euskadi, Cataluña, y Castilla La Mancha, entre otras, con más de 90 muertos solo en las residencias de Madrid. Está pendiente la derogación de las reformas laborales de 2011 y 2012. Es insoportable continuar en la situación de desequilibrio; entre trabajadores y empresarios, en la que nos dejó particularmente la reforma del PP. Ahí continúan la Ley Mordaza y el Artº 315.3 del Código Penal, leyes que se introdujeron para frenar y criminalizar el legítimo derecho a la huelga, la movilización y la libertad de expresión. La dura experiencia nos ha enseñado que al capital le da lo mismo lo que le ocurra al conjunto de la sociedad. El capital es cobarde/egoista ante las crisis, incluso ante las que él mismo provoca.

Hemos visto a los especuladores en las bolsas; comprando barato y haciendo beneficio en cuanto han podido. Hemos visto el permanente lloriqueo empresarial; pidiendo dinero público para créditos, exenciones y aplazamientos desde el primer minuto del estallido vírico. ¿Dónde están, en qué paraíso fiscal, los beneficios que han venido obteniendo las entidades financieras en estos últimos cinco años? A la par que destruían más de 100.000 empleos y dejaban a miles de municipios sin servicio bancario básico. O las energéticas, o las de telecomunicaciones…Los 200.000 millones que el Gobierno ha dispuesto, en forma de créditos, avales y otros productos financieros, se ponen a disposición de las empresas sin ninguna garantía de empleo. Las ayudas económicas deberían ir vinculadas a compromisos de mantenimiento del empleo, incluso se debiera establecer la prohibición de despedir. Todo este esfuerzo, como el realizado en la crisis anterior, se acumulará en un incremento de la deuda del Estado. ¿Qué esfuerzo van a realizar las grandes corporaciones, las grandes fortunas? Si a todo lo anterior le añadimos que las aspiraciones de una parte muy importante del pueblo de Cataluña no están resueltas (recordemos que el 80% está a favor de poder decidir su futuro en las urnas y que el 50% votó a partidos independentistas), independientemente de la política de los actuales dirigentes; podemos afirmar que hoy es más evidente que nunca la obsolescencia de la Constitución de 1978.

La pluralidad de pueblos que componen el Estado español necesita leyes que le resuelvan los problemas. Lo que menos necesitamos es mantener una Constitución que solo sirve para garantizar que los de siempre tienen garantizado continuar parasitando. Hay que acabar con el virus y con los parásitos que suponen un obstáculo al avance democrático. Eliminemos las trabas que impiden que los recursos vayan a los servicios públicos y redes de protección social. Tras esta crisis habrá que reforzar estos sistemas públicos; justo lo contrario a lo que hizo el PP y a lo que pretende hacer, según lo manifestado por el Sr. Casado el día 18 en el Congreso de los Diputados y Diputadas. Es necesaria, sin duda, una reforma constitucional de calado, que garantice los derechos y libertades de la mayoría social. No abordar dicha reforma solo contribuirá a un mayor deterioro institucional y social que nos llevará sin duda a la necesidad de una Asamblea Constituyente.

Comité de Redacción de TS

Editorial Número 110. Marzo 2020

Crónica del encuentro CILE

Respondiendo a la invitación del Comité Internacional de Enlace e Intercambio, (CILE)  un representante del Comité de Redacción de Tribuna Socialista, participó en el encuentro que se realizó los días 28,29 y 30 de diciembre en Paris.

Al encuentro asistieron 55 de países de 4 continentes, además fue excusada la presencia de otros países que por motivos diversos no pudieron estar presentes y de otros que les había sido negado el visado.

En el transcurso del debate tomaron la palabra 70 delegados y delegadas, lo que hizo que la conferencia tomase plena conciencia de la situación en cada país si no también de la situación mundial.

Todas las delegaciones mostraron su indignación por la detención de Louisa Hanune y reclamaron su libertad incondicional al Gobierno argelino.

Las intervenciones destacaron el carácter de luchadora incansable de Louisa H. defensora de los derechos democráticos y de las libertades, situaron a su figura como esencial para la lucha por la soberanía de la nación argelina y en concreto del carácter público de los recursos naturales del país, quedó demostrado el carácter internacionalista de Louisa, como coordinadora de la Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) como por las diferentes delegaciones llegadas de distintos países africanos, del Magreb y de Oriente Medio.

La participación de Luiz Eduardo Greenhalgh, abogado de Lula, miembro fundador del  Partido de los Trabajadores de Brasil y de su dirección; insistió en la importancia de la campaña internacionalista que se había realizado para conseguir la libertad de Lula y su compromiso para continuar la campaña por la libertad de Luisa H. hasta conseguir su liberación.

En el capítulo de defensa de las libertades la conferencia también aprobó una resolución por la libertad de los presos políticos catalanes.

Quedó bien reflejado en la conferencia que los planes para destruir los sistemas públicos de pensiones forma parte del ideario del FMI y que al mismo tiempo estos planes están teniendo un rechazo rotundo en todos los países que se está planteando, desde Chile a España pasando por Francia donde la huelga general convocada para defender las pensiones públicas ya se puede decir que es todo un éxito en la movilización.

Destacamos a la juventud como protagonista principal, situada a la vanguardia de todas las grandes movilizaciones y que concentran todas las demandas democráticas  y de derechos sociales desde Chile, Hong Kong, Argelia, Francia y España.

Los delegados africanos coincidieron en destacar como las intervenciones militares de la OTAN, con el apoyo de de EEUU, Fraqncia son el pretexto para obtener el control del petróleo y de otros recursos naturales, siendo estas intervenciones militares y económicas las principales causantes de la emigración en muchos casos suicidas.

Los delegados Palestinos expusieron como el pueblo palestino sigue sometido a una guerra constante por parte del estado de Israel apoyado por Estados Unidos. Defendieron un estado Palestino democrático, con respeto a las religiones, sexo, origen o color de sus ciudadanos.

La resolución final del encuentro recoge tomar iniciativas conjuntas en todos los continentes, como una jornada internacional contra la guerra y la represión, conseguir apoyos de  militantes obreros y sindicalistas estadounidenses para enviar una delegación que presentará un acta de acusación a la ONU, en Neu York.

En la misma forma hay un pronunciamiento en contra de la intervención de las tropas francesas y estadounidenses en África y Oriente Medio.

José A Iniesta

Comité de Redacción de T.S.

 

¡A toda la juventud!

La juventud, y más concretamente los universitarios y bachilleres hemos encabezado las movilizaciones de las ultimas semanas. Hemos expresado con claridad nuestro rechazo a la sentencia y reclamado la libertad de los presos republicanos catalanes.

Como respuesta, el Estado monárquico ha puesto en marcha una campaña de desprestigio y criminalización contra la juventud. Pertenezcamos al colectivo que pertenezcamos, (universitarios, bachilleres, parados o precarios) no somos ni delincuentes ni terroristas, sufrimos los mismos problemas de paro y precariedad, carencias en la universidades y en los institutos, que los jóvenes de los diferentes puntos del Estado español. A los jóvenes de Cataluña nos caen encima las porras y disparos, tanto de la policía catalana, como de la policía española.

Los registros de mochilas e identificaciones masivas e injustificadas son constantes en las inmediaciones de las universidades y principales calles de Barcelona, nos quieren convertir en sospechosos por ser jóvenes.

No tenemos dudas, están preparando las condiciones idóneas para aplicarnos un 155 duro, represivo y que impida la libertad de expresión y manifestación con la amenaza de aplicarnos delitos de sedición.

Mediante esta campaña institucional, encabezada por el monarca, pretenden dividirnos y aislarnos del resto de la población trabajadora y de la juventud de todo el estado.

La juventud Catalana sufrimos muchos problemas que nos unen con los jóvenes de Madrid, Bilbao, Sevilla… Junto a ellos queremos luchar, queremos unir nuestras fuerzas para combatir al mismo enemigo. Los que nos envían más policías cuando nos manifestamos, los que imponen los recortes en la educación, los que con sus medidas económicas nos imponen trabajos precarios con condiciones miserables, los que con su especulación y corrupción niegan el derecho a la vivienda, los que niegan nuestra emancipación.

Defendamos juntos el derecho a la autodeterminación de los pueblos, la libertad de expresión y manifestación, más presupuestarios para educación, trabajos dignos y bien remunerados, y derecho a la vivienda.

No puede haber derechos sin libertades, ni libertades sin derechos, la organización de la juventud de todo el Estado es imprescindible para conseguirlo.

Los firmantes de este manifiesto jóvenes de distintas universidades e institutos llamamos a un encuentro de la juventud del resto del estado para debatir y decidir democráticamente y en unidad como defender más y mejor nuestras reivindicaciones.

Cada vez menos Socialistas en el PSE.

El pasado 27 de Noviembre unos cuantos militantes del PSE/EE-PSOE nos reunimos en torno a Tribuna Socialista para discutir de la situación política actual, de los problemas que acechan a nuestro partido y de las incertidumbres de nuestro futuro como socialistas.

No es la primera vez que nos juntamos ni será la última, en todas estas reuniones acaban apareciendo las mismas preocupaciones, la principal en lo que se refiere al PSE es la pésima y sistemática costumbre de cerrar pactos de gobierno con la derecha vasca, PNV, en nuestro partido hay quien no quiere reconocer a “estos” como derecha, hasta les defienden diciendo que no son como el PP, que “aquí” se hacen muchas más políticas sociales por parte del PNV gracias al apoyo del PSE que no serían posibles con el PP en el resto del estado, como diría un amigo mío … “ si, por los cojones”.

Además también hemos hecho nuestros pinitos con el de PP vasco, cuando en sus filas tenía como parlamentario a Santiago Abascal, fueron sus 13 votos los que hicieron posible llevar a Patxi López a Lehendakari, todavía hay quien piensa que eso no le pasó factura al PSE, es fácil encontrar los datos en Google, tras las municipales de 2007 el PSE tenía 332 concejales en Euskadi, en la municipales de 2011 bajamos a 234, Patxi salió Lehendakari en 2009, desde entonces hemos ido perdiendo ayuntamientos por toda la margen izquierda del Nervión y zona minera ahora mismo solo nos queda el ayuntamiento de Portugalete, pueblo de Patxi que por cierto estos días ha salido publicado que PNV y PSE están ultimando pactos de gobierno en Portugalete y Santurtzi, asi que a ver cuánto nos dura el ayuntamiento de Portu.

 Ahora mismo Euskadi es el territorio en el que hay más Centros de Enseñanza Concertada de toda España, hablar de enseñanza concertada es la forma dulce de hablar de “Educación Privada”, que los de “aquí” tienen el mal gusto de querer endulzarlo más y hablan de “centros de enseñanza de iniciativa social”, manda huevos, que diría un conocido personaje de nuestra política nacional. Como yo lo veo, si alguien quiere educación privada para sus hijos que se la pague, lo que no se puede hacer y menos si te consideras  “Socialista” es colaborar con políticas que destinan dinero público a centros de enseñanza privados en detrimento de la enseñanza pública, y eso es lo que está haciendo el PSE de la mano del PNV.

Pero no solo es la educación pública lo que peligra en Euskadi, también la sanidad pública está sufriendo el ataque de esta “alianza progresista” que se jacta de llevar acabo políticas sociales para el beneficio de “todos”, lo llaman “ajustes” para la mejora del servicio e insisten en que no son recortes, pero están desmantelando servicios en unos ambulatorios para llevarlos a otros, como está sucediendo estos días en el ambulatorio de la Merced en Bilbao, barrio de San Francisco, sus vecinos se pueden quedar sin el servicio de matrona y pediatría, el primer perjuicio es claro los vecinos tendrán que ir a un ambulatorio más alejado para poder ser atendidos, pero hay otras contrapartidas el primer ambulatorio se va quedando sin servicios y lo acaban cerrando en beneficio de centros privados y al segundo lo sobrecargan lo que impide dar un buen servicio y se deriva a los enfermos a la sanidad privada, “aquí” tenemos corporaciones privadas como “IMQ” cuyos centros de atención crecen como setas por Bilbao.

Y todo esto y mucho más son esas políticas sociales que muestro partido defiende de la mano de la derecha vasca, como garantizar un sistema público de pensiones, la otra “bicha” del PNV que no ve el momento de que se consumen las trasferencias al Gobierno Vasco y así poder hacerse con todo el patrimonio de la Seguridad Social en Euskadi incluidos los hospitales hasta hoy públicos, luego ya se vera.

Como decía al principio estas son algunas de las cosas que más nos preocupan por “aquí”, y luego nos planteamos qué solución podría tener esto, cuando esa “alianza progresista” beneficia a los suficientes como para perpetuarla durante unas cuantas décadas más. Algunos vemos que habría que retomar algo que Pedro Sánchez metió en su mochila cuando partió para recorrer España y ganar las primarias a Susana, las derogaciones de las reformas de Rajoy incluida la ley mordaza y una urgente reforma de la Constitución 78 ó hacer una nueva lo que cueste menos y que permita lo primero una verdadera igualdad entre ciudadanos por qué una constitución que reconoce como Jefe del Estado a un tipo que está ahí por su cuna y por herencia franquista ya lo tiene muy mal para reconocerla como Constitución Democrática y apartir de ahí buscar una forma de gobierno que permita trabajar juntos a diferentes que sobre todo defienda a su pueblo, a la clase trabajadora, que esa sí que no tiene fronteras y tiene un solo color, el rojo.

Por último acabamos hablando de los que vieron la imposibilidad de llevar todo esto a cabo y dejaron el PSE por vergüenza ó por hartazgo de sus políticas y vemos que hay muchos compañeros, reconocidos “Socialistas”, que ya no están en el PSE, que nuestro partido se está vaciando de “Socialistas”  cada día que pasa, así que la otra salida que vemos a toda esta situación es acabar integrados en el PNV, eso los que queden, que seguro ya no serán socialistas.

Iñaki Merino

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

¿Por qué soy abolicionista?

Desde que supe lo que era la prostitución me ha parecido una forma de abuso contra las mujeres. La sexualidad conforma parte de la vivencia personal de cada ser humano así que las relaciones sexuales no son por tanto una actividad como otra cualquiera, implica no solo el cuerpo, sino que implica también a la psique, por eso el abuso sexual se separa en la consideración social y penal de otro tipo de abuso o violencia. No es lo mismo que un superior te toque el hombro que otra zona considerada erógena o sexual.

Recuerdo que con unos 17 años con mi madre sobre el tema y le dijo me parecía horrible que hubiera mujeres que tuvieran que realizar actos sexuales sin deseo y sin poder decidir las prácticas realizadas (ya que quien paga elige el producto o servicio). Su respuesta fue: “Sin prostitución habría mas violaciones”. Le contesté que yo no quería que ninguna fuera violada, ni yo ni otra mujer como yo. De esa conversación saqué tres conclusiones:

1-Los puteros pagan por violar, no por cariño o contacto humano como muchas veces había oído y se veía en Pretty Woman.

2-Hay mujeres que son sacrificables para que las demás no tengamos que ser violentadas. A parte de que no es cierto que las “decentes” no seamos agredidas, me niego a admitir la distinción patriarcal entre castas y putas. Prostituibles somos todas solo con que haya demanda y necesitemos dinero y no tengamos opciones.

3-La sociedad, incluidas las mujeres, ha normalizado que haya que entregar carne fresca al dragón en lugar de buscar acabar con él. Es más fácil cuando se comen a otra y no tienes que enfrentarte a lo que está pasando otra humana.

Por aquel entonces, de la lucha contra la prostitución solo sabía por las series yankees donde las prostitutas eran perseguidas y multadas por ejercer para sobrevivir mientras que los llamados clientes se iban a su casa tan tranquilos. Además, en la tv salían mujeres, algunas bellas y glamourosas, otras ajadas por la vida dura que les tocó, que pedían derechos. Esas mujeres pedían que se regulara su situación como el resto de trabajadores, se empezó a hablar de trabajo sexual. Y ¿quién era yo para negar derechos a esas mujeres, aunque no me terminaran de convencer sus argumentos? El resto de adultos de mi entorno estaban sólo preocupados porque esas mujeres no pagaban impuestos y se lo “llevaban calentito”.  También se puso de moda Pretty Woman, y veías como unas malvadas empleadas de tiendas pijas humillan a la heroína por ser puta. Así que pensé que la regularización les evitaría males mayores y el estigma que arrastran.

Sólo conocía dos posturas, hasta que me acerqué al activismo feminista y conocí el abolicionismo. El abolicionismo considera que la prostitución es una de las violencias más antiguas que padecen las mujeres (aunque también haya hombres los demandantes son otros hombres) y forma parte de un sistema de desigualdad donde las mujeres son sólo cuerpos consumibles. El putero no ve un ser humano con otra corporalidad, sino unas tetas, una vagina, un ano o una boca puestos ahí para su placer a cambio de comprar el consentimiento con dinero. Como dice la profesora de la Universidad Rey Juan Carlos Ana de Miguel, filósofa y destacada feminista experta en prostitución y pornografía, la prostitución es una escuela de desigualdad humana. El abolicionismo no criminaliza a las personas prostituídas sino que les ofrece alternativas laborales, formación y apoyo psicológico si deciden abandonar ese mundo. A quienes se criminaliza es a los beneficiarios de la explotación de seres humanos, clientes y proxenetas.

Muchas de las feministas abolicionistas que conocí han vivido la prostitución en primera persona y otras han investigado el negocio que hay detrás. Una de las supervivientes que tuve el gusto de conocer en mis primeros tiempos de activista fue Amelia Tiganus. Ella nació en un pueblo de Rumanía, era una niña normal, estudiante con sueños, hasta que sufrió una violación múltiple con 13 años. La vergüenza y el deseo de que no hubiera pasado le llevó a no decir nada, se cayó e intentó seguir su vida. Pero los mismos que la habían violado la chantajeaban y le pusieron el San Benito de puta. Se convirtió en la puta del pueblo. Dejó la escuela y se “acostumbró” a ser usada. Cuando tenía 17 años le ofrecieron la oportunidad de viajar a España a ejercer la prostitución y en un par de años haber pagado la deuda de su traslado y ser libre en otro país. Un proxeneta pagó por ella 400 euros. No la engañaron ni la ataron en una furgoneta. Ella no se consideraba víctima de trata, total ya que era la puta podía vivir de ello. Así es como ella cuenta que se fabrica una puta. Se estigmatiza a una niña mediante el abuso y se le hace pensar que no sirve para otra cosa y que si es lista cobrará esos abusos en otros hombres. Lo que ella vivió no tiene nada que ver con los mitos en torno a la prostitución. En un país extraño, sola y debiendo un dinero que no tenía, describe el prostíbulo como un campo de concentración. Hoy día dedica su vida a dar conferencias para crear conciencia sobre esta forma de esclavitud. Y aunque como ella el resto de mujeres que empezaron a ejercer de esta forma no se consideran víctimas de trata, el Protocolo de Palermo establece que:

La «trata de personas» puede significar el reclutamiento, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, bajo amenaza o por el uso de la fuerza u otra forma de coerción, secuestro, fraude, engaño, abuso de poder o una posición de vulnerabilidad, o recibir pago o beneficios para conseguir que una persona tenga bajo su control a otra persona, para el propósito de explotación. La explotación puede incluir, como mínimo, la explotación de la prostitución de otros u otra forma de explotación sexual, trabajo forzado o servicios, esclavitud, o prácticas similares a la esclavitud, servidumbre, o remoción de órganos… El consentimiento de las víctimas de la trata de personas hacia sus explotadores establecido es irrelevante cuando cualquiera de las formas mencionados ha sido usada.

Como ella, la mayor parte de las prostitutas se encuentran atrapadas por deudas inventadas, debiendo entregar su cuerpo a cientos de hombres, pagando multas por todo que aumentan la supuesta deuda y enganchadas a drogas o alcohol para poder sobrellevar las diversas penetraciones diarias. El porcentaje de supervivientes que sufren estrés postraumatico es superior al que padecen veteranos de guerra.

Creo que estas son razones más que suficientes para ser abolicionista. Si dudamos siempre podemos comparar la situación de las mujeres prostituidas en un país con una legislación regulacionista como Alemania con el modelo establecido por países como Suecia.

Ainhoa Alonso 

Militante Socialista 

Las consignas democráticas y la financiación de las CC AA deberían ser el centro de los pactos de gobierno

La derecha se prepara para recuperar el gobierno ante la eventualidad de unas terceras elecciones, en el caso de que Sánchez no lograra los votos suficientes para su investidura.

Sólo presentando un programa claro y concreto que ponga encima de la mesa la revocación de la legislación antidemocrática, que las mayorías de derecha han aprobado – Ley Mordaza, Art. anti huelga 315 del código penal, reforma del mercado laboral y negociación colectiva, etc. – y aborde una solución justa, equitativa y solidaria para la financiación de las autonomías y los ayuntamientos,- que tienen a su cargo la prestación de los servicios básicos, educación, sanidad, vivienda y servicios sociales-,  y, también las pensiones, nos permitirá resistir el ataque de las derechas y abordar la discusión, desde una posición fortalecida, de la necesaria reforma de la Constitución.

Como es habitual, las derechas se atrincheran en el inmovilismo más extremo utilizando la pantalla del constitucionalismo y aspiran a lograr el poder para poder imponer abiertamente medidas recentralizadoras y restrictivas respecto a las libertades democráticas. Y así, implementar, con la mínima resistencia, sus proyectos neoliberales frente a la ralentización del crecimiento económico.

Con todo, el sistema de la transición cada vez cuenta con menos apoyos. Sobre todo, en los sectores de la población más joven, que mira con gran preocupación su futuro. La tendencia que existe en el conjunto de las democracias occidentales a restringir las libertades políticas y acentuar la vigilancia, y la represión con la excusa de garantizar la seguridad, se agudiza en los países de menor tradición democrática y con economías más debilitadas.

Esta tendencia al autoritarismo choca con las aspiraciones de la juventud, las clases medias y los trabajadores a los que se quiere desorganizados, atomizados y con poca capacidad de respuesta frente a un empeoramiento de sus condiciones de vida.

Los ideólogos de la derecha asimilan federalismo y republicanismo al desorden y el riesgo de evolucionar a sistemas comunistas dictatoriales, con esa excusa preparan una involución democrática autoritaria. Son los mismos que se atrincheraron y se resistieron a las reformas democráticas en la transición.

La derecha busca igualarnos a todos en la pobreza, la privatización de los servicios públicos y el sistema de pensiones. Para resistir el envite de las derechas hay que fortalecer la democracia y las libertades políticas, las asociaciones ciudadanas, los sindicatos. Por su parte, los partidos políticos deben garantizar y mejorar sus reglas de participación democrática. El asamblearismo, que suele ir unido al presidencialismo, no es garantía de más democracia.

Para desconsuelo de aquellos militantes del PSOE como Alfonso Guerra, García Paje de Castilla la Mancha, el Presidente de la Comunidad de Aragón o el expresidente de Extremadura Rodríguez Ibarra, la derecha no se plantea la posibilidad de apoyar la investidura de Sánchez. Como decía el popular Fraga, sí la izquierda es incapaz de convertir sus votos en gobierno sólo nos queda esperar para que la derecha recupere el gobierno directamente

La voluntad de resolver el conflicto catalán políticamente va unida a poner las bases de un nuevo pacto constitucional de carácter federal. Pacto que debe garantizar una financiación justa y un mecanismo de solidaridad y cooperación entre todos los gobiernos.

El acuerdo de investidura, sí está basado en un programa que responda a las necesidades que tienen planteadas, la juventud, las clases medias y los trabajadores fortalecería las organizaciones y partidos democráticos de la izquierda.

Marta Climent. Trinidad Piquer

TS Valencia

El cambio necesario en Andalucía

Desde la última gran crisis de 2007, la ciudadanía progresista en toda Europa ha ido escorándose cada vez más hacía posiciones más tendentes a castigar cualquier pacto con la derecha o con políticas liberales, la irrelevancia en la que han venido cayendo partidos socialistas, como el francés, el griego, el laborismo británico o el SPD alemán, son clara muestras de ello; incluso en España desde 2007 el PSOE había venido perdiendo capacidad política a medida que perdía apoyo entre los electores progresistas que se decantaban por otras opciones ‘más a la izquierda’.

En el contexto europeo ha hecho falta que en Reino Unido apareciera un líder como Jeremy Corbyn, para volver a poder disputar el gobierno a los Tories (al margen de cómo se desarrollen las elecciones del próximo 12 de diciembre), o que en Alemania el SPD haya anunciado que romperá su acuerdo con los conservadores de Merkel, o que en Portugal gobierne el socialismo con apoyos de los comunistas y otras fuerzas de izquierdas, o que en Italia hubiera de sufrirse la política de la extrema derecha para que las distintas opciones progresistas, hasta ese momento profundamente enfrentadas, se unieran para formar gobierno. Todo esto ha venido empujando a la opinión pública progresista para acabar clamando la unión de las diferentes políticas de izquierdas. De este modo en toda Europa una esperanza de cambio se vislumbre como una alternativa real y plausible contra la imposición neoconservadora y ultraliberal que parecía no tener contestación en este siglo XXI.

Asimismo en España ha hecho falta que el PSOE pasara por una fuerte crisis interna -que no es el objeto de análisis de este artículo- para que éste virara hacía posiciones menos liberales, llevándolo en primer lugar a hacer que triunfara por primera vez en nuestra historia una Moción de Censura, al ser capaz de aglutinar en torno suyo a todas las opciones progresistas, y en segundo lugar a ganar ampliamente las elecciones por dos ocasiones seguidas, lo cual ha alimentado una esperanza de cambio entre todos los progresistas, no sólo en España, sino también en toda Europa.

Mientras todo esto ocurría la Federación Socialista Andaluza parecía mantenerse al margen de esta vorágine política que asolaba toda Europa, en parte porque era de los pocos lugares en Europa donde las fuerzas progresistas gobernaban y donde parecían tener una alternativa a las políticas liberales/conservadoras. Así era percibido, al menos, por gran parte de los electores progresistas. Pero el pasado 2 de diciembre de 2018, del que ahora cumplimos un año, los electores progresistas en Andalucía le volvieron la espalda a un PSOE-A que había dado muestras de no ser sensible a este anhelo de cambio social; la Federación Socialista Andaluza había venido manteniendo una política más cercana a los sectores liberal-conservadores de lo admisible para la ciudadanía progresista. Internamente había liderado una gestora que había propiciado, sin contrapartidas algunas para la ciudadanía en su conjunto, un gobierno de derechas a nivel nacional; externamente había roto su pacto de gobierno en la Junta de Andalucía para forzar unas elecciones tras las que pacto con un partido liberal que se escoraba cada vez más a la derecha, renunciando así a gran parte de su programa progresista tolerando a cambio políticas liberales, el resultado de esta apuesta política tuvo su punto final en las elecciones del pasado 2 de diciembre, cuando el PSOE-A perdió el gobierno de la Junta de Andalucía, hundiéndose con la mayor pérdida de votos en unas elecciones andaluzas, en las que el dato de abstención fue el más alto desde 1990. Desde entonces el PSOE-A se ha mostrado incapacitado para conectar con una ciudadanía cuyas demandas, que se han visto amplificadas por los últimos acontecimientos sobre los ERE’s, versan en torno a un profundo cambio en toda la estructura del PSOE-A, pues sigue viendo al frente de ellas a todas las personas que propiciaron las líneas políticas que antes hemos descrito. Otra consecuencia de todo esto, e indisoluble de ello, es que hemos perdido cualquier empuje político y cualquier capacidad de hacer oír nuestra voz en los grandes temas nacionales.

En Andalucía, por poner simplemente algunos ejemplos: seguimos sufriendo una fuerte desigualdad estructural, que se traduce en uno altos índices de pobreza así como un alto porcentaje de paro permanente y que no sólo no parece responder ante estímulos exógenos, sino que según los últimos datos está creciendo aún con mayor intensidad; a esto hay que sumarle, además, un alto porcentaje de abandono de los estudios incluso en las etapas más primarias, por el contrario los mejores formados emigran por falta de salida profesional en nuestra tierra; padecemos de debilidades estructurales, que ante la opinión de los expertos, son especialmente críticas ante los cambios que se producirán por el calentamiento global y el fuerte deterioro exponencial de las condiciones climáticas y biológicas; los pilares de nuestra sociedad, sobre los que se cimientan el Estado del Bienestar, están siendo ferozmente atacados por la derecha, ahora en el gobierno andaluz, especialmente el Sistema Andaluz de Salud y la Educación (anteriormente mencionada); los niveles de pobreza (junto con los de Extremadura) son los más altos de todo el Estado español, especialmente el infantil; la tasa de inversión en políticas de atenuación para las personas dependientes está entre las más bajas de toda España…

En Andalucía, necesitamos, demandamos, un liderazgo que en primer lugar sepa aglutinar alianzas progresistas. Alianzas que deben dar como resultado políticas y proyectos que apuesten nítidamente por la defensa de la Justicia Social ante las opciones conservadoras; que apueste decididamente por el desarrollo de lo público, no únicamente como sostén social, sino también como campo de expansión económico, competitivo y tecnológico, ahí está nuestro potencial en el sector de la biomedicina o aeronáutico, por poner dos ejemplos recurrentes; necesitamos liderar el desarrollo de políticas de transición ecológica ya no sólo que fomenten el desarrollo sostenible -el futuro no nos perdonaría que lideráramos un cambio de paradigma en el sector energético, teniendo unas condiciones envidiables para ello- sino que necesitamos un liderazgo que apueste sin vacilación por  introducir medidas urgentes para paliar los efectos actuales del cambio climático, no exclusivamente sectores como el agrícola, ganadero, pesquero o el turismo dependen de ello, toda nuestra sociedad, todo nuestro futuro depende de ello.

En el contexto de la actual problemática de Estado, necesitamos en Andalucía una voz firme que desde nuestra comunidad defienda la solidaridad entre territorios como mecanismo para lograr una base más igualitaria entre individuos, y no una especie de suerte de ‘unidad nacional’ sobre el imaginario de una disputa de orden jerárquico Estado en contraposición a Comunidad Autónoma, como si fueran entes enfrentados. Desde un punto de vista progresista necesitamos un liderazgo valiente capaz de expresar, en sintonía con lo ya acordado y expuesto en la Declaración de Granada y de Barcelona, la necesidad de explorar la concepción orgánica de un Estado que permita partir hacia un desarrollo económico y social desde unas condiciones mínimas vitales garantizadas para todos mediante la aplicación de la solidaridad en el marco de un entorno federal.

Necesitamos, y esto en definitiva es lo más importante, un liderazgo capaz de seducir a la sociedad, con capacidad de pedagogía para convencer a la ciudadanía de que confíe en que somos capaces de llevar a la práctica políticas progresistas para el bien tangible de la sociedad y no para los intereses de unos pocos.

Jose Luis Bejarano Damas

Secretario de Política Institucional de la Agrupación del PSOE de Almensilla, Sevilla.