Los Barones

Quizás cuando leáis esto, me consideréis un nostálgico, no suelo serlo, pero en lo que se refiere al tema del que os quiero hablar hoy, sí que lo soy. Cuando yo comencé a militar en nuestro querido Partido los “barones”, eran unas personas, muy lejos del socialismo, con un título nobiliario que en España y en otros países es inmediatamente inferior al de vizconde. que en la edad media formaban parte de la corte, a veces como bufones del Rey, otras pretendiendo derrocarle y siempre viviendo del pueblo dominado.

Hoy los llamados Barones, dentro de nuestra organización, vienen a ser algo parecido, lo que ocurre es que en pleno siglo XXI esto chirria, a mí me parece anacrónico, impresentable e indecente. La estructura de los títulos nobiliarios, propios de la edad media, nada tenía de social, ni de solidario, ni tampoco democrático, pues eran nombrados por el Rey, cuyo único mérito era la fidelidad a la corona.

Hoy los Barones a los que me refiero, están instalados en su poltrona, gracias a los votos de los ciudadanos, pero a lo único que son fieles, es a su ansia de mantenerse en su escaño, cueste lo que cueste, porque realmente lo han hecho su forma de vida, han hecho de la política, un medio de mantener un estatus, que en cualquiera de sus hipotéticos empleos, no hubieran soñado nunca.

Pues bien, algunos de estos “Barones”, viendo peligrar su poltrona, ante el riesgo de perder en su baronía, el apoyo de esos capitalistas a los que tanto protegen, se revelan ante cualquier intento de ajuste social, que implique que los que mas tienen mas aporten. Por eso, están tan molestos con la estructura orgánica actual de nuestro gobierno, que tiene que realizar auténticos malabarismos, para poder aprobar unas leyes y unos presupuestos, cuya tendencia sea la protección de los más débiles.

Es absolutamente bochornoso, lamentable y patético el espectáculo, que alguno de estos “Barones “, protagoniza día tras día, uniéndose en sus planteamientos, por una parte a la derecha mas rancia de nuestro país, y por otra, a nuestros impresentables dinosaurios políticos, que solo fueron socialistas en la clandestinidad, y que después de destruir gran parte de nuestras señas de identidad, se colocaron vergonzosamente mediante las puertas giratorias, en las posiciones más que relevantes, que en ningún caso les corresponden y que utilizan, para un bombardeo constante, a la labor más o menos adecuada de los compañeros, que tienen la responsabilidad actual de gobernar nuestro país, que evidentemente no lo hacen como me gustaría, pero que al menos, aunque sea por necesidad, permanecen más a la izquierda, que lo hicieron ellos en su día.

A mí, evidentemente no me entusiasman, algunas de las compañías, de las que nuestro presidente se rodea, pero vista la calidad de los políticos actuales, me doy con un canto en los dientes, pues al menos crean un grupo mas social, que en mi opinión obliga a legislar, de una manera mas solidaria con los mas necesitados

Queridos “Barones”, seguramente que tenéis el carné del PSOE, como yo, pero al margen de ese papelito, si en algún momento de vuestras vidas, habéis sido socialistas, os pido, os ruego, no que volváis a serlo, pues eso seguramente es imposible, pero al menos que dejéis trabajar al que lo intenta, por una sociedad algo mas justa. No os preocupéis, seguro que ya tenéis apalabrada, alguna de las abundantes puertas giratorias, que injustamente garantice vuestro futuro.

Felicidades a socialistas y también a los que no lo son, no solo en estas comerciales fiestas sino siempre.

Paco Ascón
Xares, 24 de diciembre de 2022

Guerra tras Guerra

De nuevo Europa en guerra, y, como otras veces, un dictador disfrazado de elecciones plebiscitarias ha decretado una invasión y la guerra a otro país, siempre más débil.

Putin, de manera larvada antes y abiertamente ahora, está arrasando a la barbarie al pueblo ruso, y masacrando al ucraniano.

Otra vez asistimos a maniobras de contención y condena, a intentos de apaciguamiento para «convencer» al lobo de que respete las vidas ajenas…los nuevos Sudetes y Polonia (Donbas, y Crimea) no sirven para que veamos sus verdaderas intenciones ni para, finalmente, evitar la guerra abierta.

Y en medio los seres humanos, muerte tras muerte.

¿Y, qué hacemos los demás? Enviamos material bélico, hacemos declaraciones e imponemos sanciones, mientras la guerra continúa.

La guerra, la destrucción, las masacres, las constantes violaciones de todos y cada uno de los derechos humanos continúan sin que seamos capaces de frenar esta locura.

En medio de semejante situación, es comprensible que se ayude a Ucrania, refugiados, hospitales, ayuda material de reconstrucción, e incluso material bélico, ya hubiese querido nuestra 2 República…y sin embargo esta política de «ayuda» se asemeja demasiado a aquella de » No intervención». Ni evita la guerra, ni la pone fin, tan sólo la alarga y las personas siguen sufriendo y muriendo.

Y no se nos olviden las guerras de Yemen, Afganistán, Sudan, Sahara, etc.

¿Qué hacer?

Lo sabemos perfectamente.

Solo organismos internacionales de Paz, con el reconocimiento y respeto inexcusable de todos serían capaces de imponer la paz. La paz humanitaria, no la paz romana.

La ONU, y otros organismos internacionales deben ser respetados y tenidos por garantes absolutos de la paz y el respeto de los Derechos Humanos.

No podemos perpetuar las condenas tibias e inútiles, las intervenciones militares catastróficas las ayudas de material bélico a los contendientes, aunque sea justificable a quien se defiende de la agresión, son inútiles.

Hay actitudes de algunos países dignas de consideración, de reconocimiento por la ayuda que prestan ante las desgracias y miserias de la guerra, pero sólo son paliativas, y aunque decentes no frenan la barbarie.

Lo demás son buenas intenciones, y en algunas ocasiones… tráfico de armas.

NO A LA GUERRA, es ilimitado, incuestionable, e inexcusable.

Eduardo Hernández
Militante Socialista de Madrid

Crisis del Estado, cambio de Régimen y Fuerzas Armadas (II)

Por Manuel Ruiz Robles

El capitalismo neoliberal ha extendido su control sobre las conciencias, con una eficacia nunca vista en otros periodos de la historia. Es una forma insidiosa de totalitarismo que impregna al conjunto de la sociedad, genialmente anticipado por el escritor George Orwell (1903-1950), combatiente antifascista en la Guerra de España.

Oligarquía y Fuerzas Armadas en el Estado español

La razón última esgrimida por el Estado es la razón de la fuerza. Ante una crisis terminal el Ejército pasa a primer plano. En tal situación éste puede sentirse impelido a sostener la Monarquía en declive o, por el contrario, a dejarla caer.

El Ejército está organizado y jerarquizado de forma que la ideología imperante entre sus cuadros de mando tiende a identificarse con los intereses de la oligarquía financiera, que es la que realmente manda; tanto más cuanto más altos se encuentran aquellos en la pirámide jerárquica.

La oligarquía, o clase dominante, controla la inmensa mayoría de la actividad social, ejerciendo su influencia mediante los aparatos ideológicos que domina, puestos a su servicio: TV, prensa, enseñanza, clero, etc. El capitalismo neoliberal ha extendido su control sobre las conciencias, con una eficacia nunca vista en otros periodos de la historia. Es una forma insidiosa de totalitarismo que impregna al conjunto de la sociedad, genialmente anticipado por el escritor George Orwell (1903-1950), combatiente antifascista en la Guerra de España.

La severa alienación impuesta por los poderes financieros, solo puede ser contrarrestada en parte por mecanismos de comunicación independientes, no controlados por el poder establecido; como lo son, en cierta medida, las redes y colectivos sociales.

El relativo aislamiento de los militares, generalmente forzado, promueve la endogamia y el mantenimiento de rancias tradiciones familiares, creando un mundo estanco a los valores de la mayoría social.

Algunos apellidos conocidos se repiten a lo largo de generaciones en las altas jerarquías de los ejércitos; son los llamados príncipes de la milicia, y constituyen una casta privilegiada. Esta forma de clasismo fomenta un sentido patrimonial de la institución, llegando estos a percibirla como si de su propio feudo o cortijo se tratase.

El Rey, como jefe del Estado y jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, refuerza el carácter oligárquico de las cúpulas militares, pues constituye un elemento de referencia ideológica y de clase entre la oficialidad, desde el inicio de su carrera en las Academias, o en la Escuela Naval, hasta su pase a la situación de reserva o de retiro.

La oficialidad se identifica emocionalmente con el Rey, pues él también fue cadete o guardiamarina, por tanto “compañero”.

El rey Felipe VI ya no necesitará escenificar de nuevo un golpe de efecto para afianzar su corona, como en el famoso 1 de octubre, o durante su infame discurso dos días después; ni tampoco la irrupción, pistola en mano, de ningún coronel en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Decenas de escaños fascistas y ultramonárquicos, incluidos generales retirados, son ahora el brazo político de su guardia pretoriana, decidida a impedir cualquier progreso democrático.

El pasado 16 de octubre, un exdirigente y exmiembro del partido ultraderechista con representación parlamentaria, denunció en el programa “Salvados” cómo un destacado fundador y dirigente de la organización incita a sus militantes a portar armas.

Imperialismo, militarismo y conflictos bélicos

El reparto territorial del mundo entre las potencias imperialistas es especialmente visible en la actual fase de acumulación capitalista. Su impacto en la configuración de las alianzas militares, sus implicaciones geoestratégicas, así como la generalización de los focos de conflicto armado, presentan un oscuro panorama y un trágico balance de sufrimiento y destrucción.

El imperialismo moldea la ideología de sus Fuerzas Armadas, y las de los países sobre los que ejerce su supremacía, imponiendo un militarismo favorable a sus intereses.

La competencia por el dominio de los mercados y los recursos materiales entre potencias imperialistas fue la causa de la I y II Guerra Mundial. La segunda (1939-1945) tuvo como preludio la Guerra de España (1936-1939), provocada por el golpe militar del 18 de julio contra el gobierno legítimo de la II República, golpe inmediatamente apoyado por la Alemania nazi y la Italia fascista.

Una nueva colisión imperialista a gran escala está gestándose en el corazón de Europa. Las causas no hay que buscarlas en la mente diabólica de ningún dirigente, sino en las contradicciones que se vienen dando en la esfera internacional, tras la disolución de la URSS y la transformación de la República Popular China en un gigante económico, en evidente conflicto de intereses con los USA.

El imperialismo hegemónico intenta seguir manteniendo su supremacía global. Su pretendido altruismo -la defensa de la democracia- no tiene la menor credibilidad. Washington utiliza la guerra como medio de imponer su hegemonía a escala planetaria. Para ello ha establecido un férreo cerco militar, instrumentado por la OTAN, que aprieta como un dogal sobre el cuello de Rusia, potencial aliado de China.

La escalada de provocaciones ha situado a la corrupta oligarquía rusa, contestada internamente, ante un grave dilema. Lamentablemente, el presidente Vladimir Putin ha elegido el camino equivocado. Su intervención militar directa en el conflicto civil originado en 2014 tras el golpe del Maidán, bajo análogos pretextos que la corrupta oligarquía occidental, ha desembocado finalmente en la Guerra de Ucrania.

Un primer paso de la estrategia puesta en práctica por los USA, en competencia global con la República Popular China, está consistiendo en la utilización de Ucrania como ariete contra Rusia a fin de fragmentarla y, de ese modo, alcanzar el control sobre sus recursos -minerales, gas y petróleo- primordiales para su supremacía tecnológica.

Determinados minerales estratégicos son esenciales para la industria moderna, en particular para la producción de materiales especiales y fabricación de armamento moderno. China posee un tercio de las reservas mundiales de tierras raras y controla el 75 % de su producción, seguida de Brasil, Vietnam y Rusia. Por otra parte ha superado a los USA en el desarrollo y producción de tecnología 5G para la telefonía móvil. Mantiene a su vez un esfuerzo titánico para el desarrollo y producción de microchips avanzados, a fin de asegurarse el autoabastecimiento de estos dispositivos, base de la digitalización, que está impulsando vertiginosamente la nueva revolución industrial y mediática.

El objetivo inmediato de los USA es la erradicación definitiva de toda colaboración existente entre los países de la Unión Europea y Rusia, asestando de paso un serio golpe a la industria alemana, motor económico de la Unión. El sabotaje de los gaseoductos imposibilita el suministro de gas ruso, imponiendo de este modo Washington su gas licuado y su petróleo, procedentes del fracking, de elevado precio, mediante transporte marítimo.

El rey Felipe VI, jefe del Estado y de las Fuerzas Armadas, ha tomado descaradamente el partido de la guerra, es decir el de la OTAN, dominada por los USA, de la que es un ferviente fan, poniendo en grave riesgo la seguridad nacional.

Los USA sitúan a nuestro país, por su posición geoestratégica, como primera línea de batalla en su guerra contra la Federación de Rusia. Las provocadoras declaraciones del Sr. Borrell y de la ministra de defensa Sra. Robles no dejan lugar a dudas. Mientras tanto, la República Francesa pide contención en la escalada verbal.

Los pueblos europeos -sobre todo los ucranianos y rusos, golpeados directamente por el conflicto- se oponen a la guerra y abogan por una solución política al desastre.

Las élites políticas de Occidente, subordinadas a la supremacía de los USA, siguen pretendiendo a toda costa una derrota humillante de Rusia. Algo difícil de imaginar sin que se produzca una escalada sin freno, que desembocaría en la III Guerra mundial, de la que España no saldría indemne.

Manuel Ruiz Robles es antiguo miembro de la Unión Militar Democrática

Carta al Ministro de Seguridad Social

Nota Introductoria a la Carta

El grupo de “Sindicalistas por la Auditoría y en defensa de las Pensiones Públicas” inició, el pasado mes de julio, un diálogo con el Gobierno para exigir la puesta en marcha de la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social que exige la Ley 21/2021 y para rechazar la reforma de pensiones que pretende el ministro Escrivá. La carta que inicia este diálogo fue firmada por casi 250 sindicalistas (fechada el 16 de julio), y publicada en número de septiembre Tribuna Socialista 136 (páginas 16 y 17).

El director del Gabinete de Presidencia del Gobierno, Oscar López, respondió con fecha 18 de noviembre. Este documento de respuesta fue publicado, junto a la carta al presidente, en Tribuna Socialista de noviembre, nº 138 (páginas 14 y 15).

Enlace a la carta a Pedro Sánchez y respuesta de Moncloa

Respuesta recibida en Noviembre

En la reunión mensual del grupo de sindicalistas celebrada el 29 de noviembre se decidió continuar el diálogo con el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el señor Escrivá, en tanto que en la respuesta de Moncloa se indicaba que habían trasladado el asunto a este Ministerio.

En este último número de 2022 de Tribuna Socialista (TS-139), en la página

Carta al Ministro de Seguridad Social

Respuesta del Ministerio de Seguridad Social

Cuidado con las sanciones económicas

Las sanciones económicas a países, como las multas a los ciudadanos y ciudadanas, no siempre son justas ni siempre tienen el efecto deseado: se da el caso que a los muy ricos les compensa pagar la sanción, mientras se hunde en la miseria a los más pobres. En ocasiones, tienen un efecto boomerang, que golpea a quienes lanzan la sanción.

Un ejemplo histórico de las consecuencias de los bloqueos económicos, ahora conocidos como sanciones, lo tenemos en los decretos que Napoleón dictó contra Gran Bretaña, en 1806 y 1807: Decreto de Berlín y Decreto de Milán, respectivamente, por los que se prohibía el comercio de los productos británicos en el continente europeo.

La primera consecuencia, para la Francia imperial, fue la necesidad de mantener presencia militar en los puertos a los que llegan los productos manufacturados o en aquellos desde los que salían las materias primas entre Gran Bretaña y los países europeos.

En principio, los beneficiarios directos de este bloqueo fueron los productos franceses y los de los territorios anexionados por Napoleón. Sin embargo, Francia no tenía la capacidad de absorber los productos que el resto de países europeos exportaba a Gran Bretaña. Una consecuencia concreta fue un gran incremento del contrabando.

El “Bloqueo Continental” produjo un grave perjuicio para el comercio británico, que sufrió una contracción del 25%, pero también para el de los países europeos, incluida Francia.

Gran Bretaña, con una notable mayor capacidad naval que Francia y sus aliados, se lanzó a la potenciación de los mercados en el sudeste asiático, China, India… Y reaccionó con las Orders in Council de 1807, por las que prohibía a sus socios ultramarinos el comercio con Francia.

Estados Unidos, vio la oportunidad de aprovecharse de la situación, para conseguir mejores condiciones a sus productos y en sus compras, aprobó el Acta de Embargo del 1807, por el que se prohibía el comercio de sus buques con Francia y Gran Bretaña. Y claro, como dijo Karl von Clausewitz, quien participó con el ejército prusiano en la guerra contra Napoleón, y sabía bien de lo que hablaba: “La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una continuación de las relaciones políticas, una gestión de las mismas por otros medios”. La política lleva mucho tiempo al servicio de la economía. Por ello, el resultado, entre otros motivos, como por ejemplo el intento de los USA de anexionarse Canadá (en aquel momento colonia británica), fue el estallido de la guerra anglo-estadounidense que se desarrolló entre 1812 y 1815.

Por su parte, Napoleón, para hacer cumplir sus “sanciones económicas” quiso invadir Rusia en 1812 movilizando a más de 500.000 hombres, la Grande Armée, pues el zar Alejandro I había decidido retomar el comercio con Gran Bretaña. Toda esta guerra económica desembocó en la tumba del Imperio francés.

Todos estos acontecimientos acaecieron en poco más de un lustro, como derivadas de las sanciones de unos y otros.

Sin extenderme en detalles, no puedo dejar de mencionar el bloqueo económico que los Estados Unidos le impusieron a Cuba en octubre de 1960, que sigue en vigor 62 años después, para salvaguardar los intereses de las empresas norteamericanas, muchas de ellas vinculadas a la mafia en los sectores del juego y la prostitución en la isla. Bloqueo que ha pasado por diferentes fases de mayor o menor crudeza, llagando a provocar la escasez de alimentos y medicinas para la población civil.

Citar también las sanciones que, a instancias de los USA, Naciones Unidas le impuso a Irak en 1990, tras invadir Kuwait el ejército de Sadam Husein. El pueblo iraquí, sufrió la guerra que había iniciado su sátrapa y, además de la muerte y la destrucción que provocó la primera Guerra del Golfo, en la que intervino una fuerza multinacional compuesta por: Estados Unidos, Arabia Saudí, Francia, Egipto, Reino Unido y Siria, sufrieron el hambre y la muerte por falta de los productos más básicos. Eso sí, en 1996, con el país esquilmado y destrozado, el Consejo de Seguridad de la ONU establecía el programa “Petróleo por alimentos”.

Hace diez meses que estalló la guerra en Ucrania, con motivo de la criminal invasión del territorio ucraniano por parte del ejército de Putin. Junto a la contienda bélica se está desarrollando una contienda económica con un intercambio de medidas y agresiones, cuyas consecuencias definitivas están por verse aún.

De momento, una ola inflacionaria recorre Europa y está empobreciendo a la mayoría social de todos los países del continente. Empobrecimiento cuya otra cara de lo moneda son las indignantes cifran de beneficios de las empresas que componen los oligopolios de los sectores estratégicos, como el energético o el financiero, entre otros, además del armamentístico.

La inflación iniciada por las empresas de la energía, incluso meses antes del estallido de la guerra, se ha trasladado a la bolsa de la compra haciendo muy difícil el reto que millones de personas tienen por llegar a fin de mes.

Conviene saber que Estados Unidos lleva años ampliando su capacidad de exportación de gas natural licuado (GNL). Hoy ya es el mayor exportador de este combustible, con una capacidad de 14.000 millones de pies cúbicos diarios, capacidad que pretenden incrementar en un 41% hasta 2025. Solo desde 2019 a hoy, han duplicado la producción de GNL. Como cabe deducirse, desde que Putin invadió Ucrania, los USA han duplicado sus ventas de GNL a Europa.

No solo se está aprovechando de la guerra para vender más, además están sacando tajada con los precios. A tal punto es el abuso que Robert Habeck, el 5 de octubre, el ministro alemán de Economía lamentaba los precios «astronómicos» que están marcando los países «amigos» de Alemania, empezando por Estados Unidos, por proveerle el gas necesario para compensar el corte de suministro ruso.

Por su parte, las grandes empresas de gas y petróleo ruso, en manos de los oligarcas próximo al Kremlin incrementan sus ventas a China e India, y muchos países compran productos rusos en barcos anclados en aguas internacionales.

Como dije antes, las consecuencias definitivas del intercambio de sanciones están por verse. De lo que no cabe ninguna duda es de lo que dijo Clausewitz: “La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político…”, en este caso al servicio de la Política Económica.

Roberto Tornamira Sánchez, Miembro del Comité de Redacción de TS y de la Coordinadora estatal del CATP

Alto a la guerra, sin condiciones

Son muchas las razones por las que deberíamos decir “¡¡¡BASTA YA!!!”

No hay ninguna duda que la peor parte de este conflicto la está pagando la clase trabajadora; los pueblos ucraniano y ruso, que sufren las victimas mortales, refugiados, heridos graves y la violación de los derechos humanos desde hace 10 meses, en una injusta guerra, iniciada brutalmente por la oligarquía que lidera Putin y alimentada por los gobiernos de la coalición atlántica que forman la OTAN.

Los pueblos de toda Europa también están sufriendo esta guerra. Está afectando gravemente al Estado de bienestar social que la clase trabajadora ha conseguido, nadie se lo ha regalado, desde el final de la II GM. Está impactando con mayor dureza en los países subdesarrollados, donde las hambrunas, las enfermedades mortales se ceban particularmente en niños, niñas y personas mayores.

El incremento presupuestario que se aprobaron en la cumbre de la OTAN, celebrada en Madrid el pasado mes de junio, y que apoyan y respaldan todos los gobiernos que la forman, acuerdan ampliar el gasto armamentístico hasta alcanzar el 2% del PIB; eso según las cifras oficiales asignadas al Ministerio de Defensa, porque la realidad es que sumando las partidas en industria, investigación… que también redundan en la carrera armamentística, el incremento de los presupuestos militares es mayor que el 2%. En esta línea de actuación presupuestaria, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en la sesión plenaria de la 68 Asamblea Parlamentaria de la Alianza, celebrada a finales de noviembre en Madrid, ha dicho que “el esfuerzo económico que supone la Defensa no ha hecho más que comenzar. El 2% de inversión en Defensa no es el techo, es el umbral». Por tanto, unos y otros dan legitimidad a una guerra injusta, llevando a todos los pueblos a sufrir una situación de crisis muy preocupante.

En el otro lado de los pueblos están los inversores de la industria armamentística, fundamentalmente estadounidense, como es el caso de Loockheed Martin que en los últimos 12 meses acumula un rendimiento bursátil de más del 55% y de las multinacionales del gas de esquisto, en su práctica totalidad estadounidenses, cuyas cotizaciones en bolsa no paran de crecer. La revista digital de mercados MarketScreener publicaba el 7 de abril de este año:

“Al menos una docena de ejecutivos de gas de esquisto de Estados Unidos se reunieron el miércoles con funcionarios europeos de energía para discutir la expansión de los suministros de combustible de Estados Unidos a Europa, en medio de la lucha por reemplazar las importaciones rusas”.

Este es el trasfondo de la guerra que sufren los pueblos, la lucha de las multinacionales de la energía y las materias primas, frente a los oligarcas rusos que se apropiaron de los sectores estratégicos del pueblo ruso.

la clase trabajadora europea tiene que organizarse y llevar a cabo sus reivindicaciones y protestas a la calle, pese a la represión que muchos gobiernos ejercen sobre los manifestantes que se oponen a apoyar el conflicto y a la presión de los medios de comunicación que ocultan dichas protestas, bajo el yugo de sus consejos de administración.

Nos encontramos a más de 3.700 km de distancia del lugar del conflicto, donde la destrucción de las bombas, las muertes, y las violaciones de los derechos humanos no cesan, pero no por ello debemos ser meros espectadores.

La guerra no se combate pidiendo medidas que topen los precios de productos básicos para la alimentación de las familias, aunque está bien o dando ayudas para el transporte, que también es positivo. Pero, estas medidas paliativas suenan, a dormidera, a que pretenden mantenernos callados y quietos ante esta guerra y las situaciones de precariedad que derivan de ella, aprovechando en shock que sufre la clase trabajadora, y la inmovilidad de las organizaciones de los trabajadores. En 2008 fue la crisis inmobiliaria y financiera, en 2020 y 2021 la pandemia y ahora la guerra. Parece que el sistema económico imperante solo es capaz de hacer beneficio a partir de la destrucción y del ataque permanente a los derechos de los trabajadores y trabajadoras.

Todas las movilizaciones y reivindicaciones de la clase trabajadora que se han desarrollado y las que están pendientes de celebrarse deben estar bajo el lema “ALTO A LA GUERRA SIN CONDICIONES “, ya que todos los males que estamos sufriendo, como son los bajos salarios, incrementos de los precios de las energías, alimentos básicos, alquileres de viviendas, recortes en sanidad y educación, reformas en el sistema público de pensiones…son algunas de las consecuencias de esta guerra, o eso argumentan ellos.

Debemos, sin excusas, ejercer nuestro derecho de ciudadanía, para preservar y salvaguardar los intereses sociales y públicos, que requiere un sistema democrático y de derecho.

Es necesario que trabajadores, desempleados, estudiantes, organizaciones sindicales, movimientos sociales, pensionistas, familias enteras, salgamos a la calle en grandes manifestaciones por el ALTO A LA GUERRA INMEDIATA, SIN CONDICIONES, RETIRADA DE LAS TROPAS RUSAS DE UCRANIA, CONTRA LA POLITICA ARMAMENTISTICA. Es necesario un movimiento social contra la Guerra.

Tal vez este invierno pasemos frio, hay quienes ya lo han pasado en inviernos anteriores porque el sueldo no llega para todo, eso que llaman “pobreza energética”, pero no lo pasaremos callados, como desean quienes nos presentan la Guerra como si fuese un destino natural. Pretende legitimar tanto el conflicto como sus consecuencias. De este modo se busca un único culpable a la vista del inminente desastre social y ecológico.

Juan Fernando Díaz Mayordomo Martínez, Militante socialista y afiliado a UGT en Madrid
Silvia Font Jurado,
Militante de la UGT en Madrid

Gran protesta en Andalucía contra el Gobierno del PP

Por María Iglesias Domínguez- Periodista.

Los profesionales sanitarios y los usuarios de la sanidad pública andaluza protagonizaron la primera movilización multitudinaria contra el Gobierno de mayoría absoluta del PP, que preside Juan Manuel Moreno Bonilla.

 El colapso de la atención primaria, la necesidad no solo de más médicos, sino de mejores condiciones laborales para evitar que se vayan de la comunidad y el avance en la privatización sanitaria han sido las principales reivindicaciones de los convocados por Marea Blanca: “La realidad sanitaria es muy precaria y cunde el desánimo entre los profesionales de la salud y los ciudadanos”, ha reclamado Esperanza Morales, médico de familia e inspectora jubilada, en la lectura del manifiesto con el que ha concluido la marcha en la capital hispalense.

La manifestación ha sido convocada por la Coordinadora andaluza de mareas blancas, la manifestación, a la que han asistido más de 20.000 personas, ha partido desde el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz, y ha culminado en la Plaza de la Encarnación llegando a colapsar algunas zonas de la ciudad a su paso.

Los participantes han reclamado también la estabilización de los 12.000 contratos de médicos en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) que fueron contratados como refuerzo durante la pandemia, así como la atención presencial en 48 horas desde que se pide la cita y que haya una atención de 12 minutos por paciente y que se potencien las urgencias rurales y la atención comunitaria preventiva entre otras muchas.

Tras el éxito de la manifestación de Madrid, los organizadores de las manifestaciones de este sábado eran conscientes de que el Gobierno de la Junta apelaría a la comparación en el número de asistentes para desmarcarse de la gestión sanitaria de Isabel Díaz Ayuso. Con todo, tanto Marea Blanca como los partidos políticos PSOE, Por Andalucía y las formaciones que la integran, Adelante Andalucía que ha estado presente a través de sus diputados a título particular, los sindicatos UGT, CCOO, CGT, USTEA y SAT y las más de veinte asociaciones que secundado la marcha se han mostrado muy orgullosos y satisfechos por la asistencia.

Durante la misma, Sebastián Martín, médico de familia jubilado y portavoz de la marea blanca, ha destacado el apoyo «como antes no se había visto» en una protesta similar y, tras subrayar que en Andalucía hay cerca de 2,5 millones de pólizas de sanidad privada, ha dicho que «es importante que la sociedad civil se ponga enfrente». 

“No estamos en la misma situación que Madrid, pero nos vamos pareciendo cada vez más”, continuó diciendo Sebastián Martín,

El Gobierno de Andalucía presume de inversiones récord en sanidad 4.000 millones desde 2019 y un incremento del 17,94% respecto de 2022 para el año que viene y de 30.000 contrataciones y sin embargo es importante destacar que una cosa es decir que se incrementa el presupuesto público para sanidad y otra muy distinta que vaya destinado a la sanidad pública y es que es importante destacar que el 33% del gasto en las cuentas para 2023 se destina al sector privado.  La realidad es que para el año que viene, los presupuestos contemplan la derivación de 245.000 pacientes a hospitales concertados, un 25,16% más que en 2022 (195.745).

Y en lo que se refiere a la platilla, es importante recordad que durante la pandemia se contrataron 20.000 sanitarios con fondos COVID, de los que 8.000 fueron despedidos en octubre de 2021 y en lo que se refiere al futuro de los 12.000 restantes, cuyo contrato expira el 31 de diciembre, a fecha 23 de diciembre aún están en el aire.

Los miles de manifestante que recorrieron las calles de Sevilla, exigían además de su renovación, la contratación de 4.000 profesionales para cubrir el déficit de la atención primaria y de otros 4.000 para poder abrir por la tarde 20 hospitales públicos en lugar de sufragar infraestructuras a los privados.

La manifestación de Sevilla transcurrió de manera pacífica en un ambiente reivindicativo en el que los usuarios mostraron su indignación mientras que los profesionales de la sanidad dejaron evidencia de su cansancio y resignación por las duras condiciones en las que tienen que trabajar, condiciones que cada vez van a peor.

Por un lado, los médicos de atención primaria atienden una media de 50 citas diarias en la que la presión asistencial cada vez es más alta porque los recursos están más al límite y a los pacientes no se los puede atender con calidad, razón por la que los nuevos MIR no quieran esta especialidad, además de la diferencia entre la sanidad Andaluza y de otras comunidades como la Euskadi donde muchos de nuestros sanitarios emigran por tener mejores condiciones económicas.

Para dibujar un mapa realista de la sanidad en Andalucía, es importante destacar que, en los municipios de 2.000 habitantes, tardan seis días en tener cita, no se cubren las bajas médicas y nos derivan a las consultas telefónicas. La situación en los municipios de menos de 20.000 es aún más complicada.

Si nos centramos en barriadas sevillanas como los tres barrios que figuran en las estadísticas como uno de los siete barrios más pobres de España, la población es completamente envejecida y con una renta muy baja algo que no les permite tener seguros privados.

Si el PSOE vio como sus posibilidades de seguir gobernando se vieron muy afacetadas por una sanidad deficiente, el PP es consciente de que la sanidad es sin duda su talón de Aquiles y que las movilizaciones le producen un tremendo desgaste y por ello el descontento que se ha apoderado a pocos meses de conseguir su victoria electoral por el colapso en la atención primaria, pueden ser un preámbulo de lo que les espera,

Y es que además de la renovación de los 12.000 profesionales tenemos que sumar episodios verdaderamente sangrantes como por ejemplo la confirmación de algo que denunció UGT en su momento que “Moreno Bonilla inauguro 17 quirófanos del hospital militar de Sevilla en abril antes de las elecciones y a día de hoy no están funcionado”.

Los profesionales de la sanidad anuncian un año muy caliente en lo que a manifestaciones se refiere si no se soluciona su situación algo que parece que está lejos de suceder.

La percepción general es que esta situación puede empeorar porque hay un programa que cumplir y ese programa empeorará sin duda la sanidad en Andalucía pasando a ser casi un recuerdo de unos años en los que era la joya de la corona, una joya que a base de recortes, de precarizar el trabajo de los profesionales, de privatizar…va camino de ser desmantelada para dejarla claramente en manos de quienes en la sanidad solo ven oportunidades de negocio.

El Golpismo togado y la quiebra de la división de poderes

Un recuerdo a María Emilia Casas Baamonde.

Acaba de ocurrir lo que todos sabíamos que iba a suceder. El Tribunal Constitucional acepta las medidas cautelarísimas presentadas por el Partido Popular y Vox, contra la tramitación de la ley de reforma para renovar el Tribunal Constitucional (TC).

Además, se da la circunstancia de que el TC rechaza apartar a los dos Magistrados recusados por PODEMOS y PSOE, gracias al voto de los propios implicados.

Decisión inédita en nuestra democracia que supone la suspensión cautelar de la acción legislativa, por la que el Gobierno quería desbloquear al TC y su renovación de parte de sus miembros que tienen el mandato caducado.

Antes hay que recordar que el conocimiento de estas medidas cautelarísimas correspondía conocer a una Sala en la que son mayoría los progresistas, porque, aunque empatados con los conservadores, dirime el voto de calidad del presidente de Sala que es progresista. Para evitar el conocimiento de este asunto por una Sala progresista, el presidente del TC con su mandato caducado, decide que sea el Pleno quien conozca del asunto, porque en el Pleno son mayoría, por uno, los conservadores, asegurándose de antemano el resultado de las votaciones.

Faltaba el debate y votación en el Senado, que ya se había aprobado en el Congreso, que ahora se corta sin que se pueda llevar a cabo por la inédita y antidemocrática decisión del TC, que quiebra el Estado de Derecho, y se carga de facto, la división de poderes, al entrometerse e inmiscuirse en asunto cuya competencia es exclusiva del Poder Legislativo, y supone, también, que los Magistrados del TC se aúpan por encima de la Constitución y por encima del Pueblo, al ignorar de modo intencionado y con fines antidemocráticos, la Soberanía Nacional, ahora secuestrada, que emana del Pueblo y reside, de forma exclusiva, en el Poder Legislativo.

Es decir, el TC no solo no reconoce la Soberanía Nacional saltándose así la Constitución, sino que, como el PP, niega la legitimidad de nuestro Gobierno, salido de las urnas y no reconoce o desconoce a los representantes del Pueblo, elegidos por las urnas y que conforman el Poder Legislativo.

Esta conducta va más allá de un mero conflicto competencial entre poderes del Estado, cuya resolución está normada y positivizada. Supone, por el contrario, un auténtico golpe de mazo, un lawfare, un golpe togado, que rompe el Estado de Derecho y quiebra la división de Poderes (han vuelto a matar a Montesquieu), porque lo que se persigue es que los conservadores no pierdan la mayoría que ahora ostentan, como ocurre con el CGPJ, secuestrado desde hace cuatro años por los conservadores, con la misma finalidad de no perder esa mayoría.

Se convierten así, los Magistrados conservadores del TC, en auténticos golpistas togados contra la Democracia y se ponen al servicio de un Partido de extrema derecha con fuerte ligazón con el fascismo que representa VOX. Con ello, los supuestos garantes de la puridad constitucional, incumplen la ley, desconocen esas garantías y presuntamente prevarican, conocedores de la impunidad de la que están revestidos.

Pero además de todo eso, se da la circunstancia de que dos de los Magistrados cuyos votos han dado lugar al triunfo de la tropelía antidemocrática, uno de ellos el Presidente del TC, estaban concernidos, es decir, les afectaba personalmente, por cuanto tienen el mandato caducado, de ahí, la recusación presentada por PODEMOS y PSOE, que ha sido rechazada con los votos de esos mismos dos magistrados, que lejos de la decencia y coherencia judicial al no abstenerse, han votado en contra de su propia recusación por tener su mandato caducado, sin el menor pudor, pundonor y sin la menor vergüenza.

Cómo no acordarnos ante estos hechos, de la insigne Magistrada, que fue miembro del TC y la primera mujer que fue presidente de dicho TC.

María Emilia Casas Baamonde y su vicepresidente del TC, Guillermo Jiménez Sánchez, se inhibieron en 2007, por cuanto entendieron que tenían un interés directo en un recurso por la reforma de la LOTC, asunto muy similar al que se dirimen en el asunto que ahora se comenta.

El TC entendió en ese momento que las abstenciones eran justificadas para no producir una apariencia de pérdida de imparcialidad y razonaba que “Debe resaltarse que la apariencia de imparcialidad ha de ser especialmente exigible cuando lo que el Tribunal juzga es su propia Ley Orgánica, dada la muy singular y relevante posición que ocupa dicha Ley en nuestro Ordenamiento para garantizar la efectividad del orden constitucional.”

Parece claro que el TC se aparta de su propia doctrina con unos fines claramente antidemocráticos.

Termino con dos reflexiones;

El silencio del Rey es ominoso por cuanto incumple claramente la Constitución al no intervenir para arbitrar el funcionamiento regular de las instituciones. Es evidente que lo ocurrido es un funcionamiento claramente irregular de una institución tan importante como el TC, que obligaría claramente a la intervención del Rey. Su silencio es tan significativo que sobran más palabras.

EL Pueblo, los partidos y organizaciones de izquierda y los sindicatos de clase, debemos movilizarnos sin la mayor dilación para defender la Soberanía Nacional, el Estado de Derecho y la Democracia, poniéndose al lado del Gobierno, ya que, de otro modo, nuestra falta de reacción nos hará cómplices.

Miguel Sagüés Navarro
Socialista
Abogado Laboralista. Jubilado

Golpe de estado judicial

Cuando me comprometí a escribir esta contribución al número de diciembre de Tribuna Socialista, me planteé la idea de escribir una crónica del acto de Pedro Sánchez en Barcelona del pasado 11 de diciembre, y al hilo del discurso de nuestro Secretario General y concretamente al hilo de una de sus frases en aquel acto “Hay que devolver a la política lo que es de la política” escribir una reflexión sobre la parcialidad de la justicia y del TC y su alineamiento con la derecha franquista. Sin embargo, los gravísimos hechos ocurridos que se han ido precipitando en las últimas semanas me han llevado a extenderme en la narración de los mismos.

Acto de Pedro Sánchez en Barcelona

El pasado domingo 11 de diciembre el PSC organizó un acto en el Palacio de congresos de Barcelona, en la que miles de militantes de todas las agrupaciones de Catalunya asistimos para reforzar a nuestros alcaldes y alcaldesas y el poder del municipalismo socialista. Así mismo, el acto servía para presentar públicamente la candidatura de Jaume Collboni a la alcaldía de Barcelona. Sin embargo, la auténtica relevancia del acto para los militantes que no somos de Barcelona, fue la presencia y discurso del primer secretario del PSC Salvador Illa y muy especialmente, de nuestro Secretario General y presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Pedro defendió el papel de los socialistas en la gestión del conflicto político en Catalunya, abogando por el diálogo y, aunque de forma indirecta, aludiendo a las últimas reformas del código penal sobre los delitos de malversación y de sedición, como parte importante de la resolución del conflicto. De su discurso, quiero destacar su expresión de que hay que solucionar los conflictos políticos mediante la política y parar la judicialización del conflicto con los independentistas catalanes. ¡Bienvenido, Pedro! Esta es la posición que la línea editorial de Tribuna Socialista mantiene desde el inicio del conflicto ¡Los conflictos políticos se han de resolver políticamente! ¡Diálogo y política! Estrategia radicalmente opuesta al ¡A por ellos!, que mantiene un amplio sector de jueces, el antidemocrático Tribunal Constitucional, la derecha, la ultraderecha y el sector más reaccionario del PSOE, encabezado por el presidente de Castilla La Mancha, García-Page. Analicemos:

Modificación del Código Penal: el delito de sedición.

Los grupos parlamentarios que dan soporte al Gobierno de España presentaron este mes de diciembre una proposición de ley para modificar el Código Penal. Esta iniciativa parlamentaria, hecha oficial después de que el presidente Pedro Sánchez manifestara la voluntad del Gobierno de reformar la legislación relativa al delito de sedición, contempla la sustitución de este tipo penal por otro de “Desórdenes públicos agravados”, en consonancia con el derecho comparado de nuestro entorno europeo. De hecho, entre los motivos esgrimidos por varios tribunales de estados miembros de la UE para no extraditar a los líderes del “procès” responsa- bles de los hechos acaecidos en 2017, han sido, entre otros, la inexistencia de delitos equivalentes a la sedición en los ordenamientos jurídicos de estos estados miembros. Por tanto, desde el punto de vista técnico, parece evidente que un delito del siglo XIX como el de sedición, no se corresponde con la realidad actual, y que una modificación del mismo es del todo procedente.

Pero prescindiendo de los argumentos tecnicistas-jurídicos, sobre los que el que suscribe se declara profano, lo realmente importante de esta modificación es que ayuda a la resolución del conflicto político en Cataluña, al diálogo y la convivencia.

Mientras que el Gobierno del PP de Rajoy creó el conflicto y lo agravó hasta lo insostenible, ahora, la tensión política y social es mucho menor, y la apuesta por el diálogo, la convivencia y la política es el eje sobre el que pivota la resolución del conflicto. Sin embargo, parece que hay quien prefiere el conflicto permanente porque el discurso de “España se rompe” da votos.

La decisión política de convertir el delito de sedición en un delito de desórdenes públicos agravados es una decisión que va en la dirección correcta. Antes bien: con la intransigencia de la derecha hemos topado. Los mismos que se cargaron el Estatut de Autonomía de Catalunya son los que se oponen a la reforma del códi- go penal. Los mismos que provocaron la radicalización de un amplio sector de la sociedad catalana son los mismos que bloquean la renovación del CGPJ y el Tribunal constitucional.

Modificación del Código Penal: el delito de malversación.

El otro caballo de batalla de la derechona antidemocrática es la reforma del delito de malversación que se propone gracias al acuerdo de socialistas y republicanos, y que tiene por objetivo revertir la reforma de este delito que aprobó el PP en 2015. La reforma retoca los artículos 432, 433 y 434 del código penal de forma que cuando no existe ánimo de lucro o enriquecimiento personal, las penas serán menores que en la actualidad.

Nuevamente, sin entrar en tecnicismos, ¿Es esta una medida que ayuda a la resolución del conflicto en Catalunya? Si, ¡Bienvenida sea!. Retornar a la política lo que es político.

La escandalosa interpretación de los jueces de “ley del solo sí es sí”

Recordemos que la ley del “solo sí es sí” llegó para poner fin a la bochornosa interpretación de algunos jueces y fiscales en la incoación y sentencia en casos que clamaban al cielo.

¿Recuerdan a la jueza Victoria del Carmen Molina en una causa sobre violación, preguntando a una víctima si había cerrado las piernas con fuerza suficiente?

¿Recuerdan al fiscal García Cabañas preguntando a la víctima sobre su vestimenta para saber si era sexualmente provocadora?

¿Recuerdan al Obispo de Tenerife, monseñor Bernardo Pérez, explicando que los abusos a niños se debían a la dificultad que tienen los eclesiásticos para no caer en la tentación de sobar esos culitos tan apetecibles?

¿Recuerdan al juez Ricardo González que discrepó con su voto particular de la sentencia en el caso de “la manada” al considerar que lo que él percibía era un ambiente de fiesta y jolgorio?

Pues bien, la ley del «Solo sí es sí» llegó para aclarar estas interpretaciones. Sin embargo, nuestros jueces consideran una intromisión de la política en «sus asuntos» y para demostrarlo han reinterpretado la nueva ley a su manera, rebajando las penas a violadores y pederastas con el objetivo de ridiculizar a Irene Montero y al gobierno de Pedro Sánchez, demostrándoles quien manda en este país

Los jueces olvidan que la ley fue preparada por ilustres juristas, y su aprobación tuvo lugar tras las consultas pertinentes al gabinete jurídico del Congreso de los Diputados y su visto bueno. Hasta ese momento, no hubo ningún tipo de alarma social por peligro de reducción de penas que pudiera acarrear su aplicación.

Ahora bien, una vez aprobada los jueces empiezan a reducir penas a violadores y pederastas. No es la ley la que se equivoca, sino la interpretación interesada que hacen los jueces la que está reduciendo las penas de los violadores. No lo digo yo, lo dice el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín en RTVE, preguntado en referenca a las polémicas reducciones de penas: “La ley está bien diseñada. Es un asunto jurídico que los organismos judiciales competentes tendrán que solucionar”.

Es evidente que la misma ley que ofrece a los jueces la posibilidad de reducir las penas de violadores, permite también no reducirlas. Entonces ¿qué pasa por la cabeza de un juez cuando reduce las penas de violadores solo por dañar la imagen y la credibilidad de una ministra o de un gobierno?

Como dijo la ex vicepresidenta Carmen Calvo: “La política tiene que encontrar una solución rápida porque el problema es muy grave” y esa solución política ha pasado por el pleno extraordinario del Parlamento del día 15 de diciembre.

La soberanía popular reside en el Parlamento, ni en el TC ni en el CGPJ

La soberanía popular reside en las Cortes Generales, único poder elegido directamente por el pueblo. La composición del CGPJ debiera ser un reflejo de la voluntad popular, y para ello es indispensable que sus órganos se renueven. Sin embargo, los jueces que gobiernan el CGPJ llevan 5 años sin renovarse, y los del TC más de 6 meses. Es como sí los diputados se negaran a abandonar sus escaños cuando se producen nuevas elecciones. Vamos, que la usurpación de poder en el gobierno de los jueces y del TC provoca que estos órganos tengan una mayoría conservadora cuando el pueblo ha decidido que haya un gobierno progresis- ta. Todo muy constitucional. Esta “anomalía” es en realidad un atentado contra la democracia y contra la voluntad del pueblo.

Las decisiones políticas que toman los cargos electos elegidos por la ciudadanía están siendo secuestradas, bloqueadas e interpretadas por juristas que alineados con la derecha franquista, y eso, queridos lectores, es un golpe de estado judicial.

El gobierno ha impulsado una reforma para desbloquear la renovación del TC, que ha sido recurrida por el PP y VOX para perpetuar el bloqueo. El trasfondo es seguir con la misma política de mantenimiento del conflicto en Catalunya. El TC se cargó el Estatut de Catalunya lo que provocó la radicalización de posiciones del sector independentista. El PP y VOX utilizan las instituciones obsoletas del Estado para frenar cualquier intento de retornar a la política lo que es político y para arrogarse, mediante el TC, la función de decidir sobre lo que puede o no puede hacer el poder legisla- tivo.

Pero la cosa no acaba ahí. Como hemos analizado en el apartado anterior cualquier legislación progresista aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez es sistemáticamente interpretada en sentido contrario por los jueces, como en el caso de la ley del solo sí es sí”.

¿Y qué hacemos con los barones?

Digámoslo claro. Gente de nuestro partido defiende posiciones que le hacen el juego a la derecha, coincidente con la derecha, y de forma recurrente y reincidente.

Lo hicieron cuando promovían un gobierno de gran coalición PP-PSOE, que la militancia socialista rechazaba.

Lo hicieron cuando cesaron a Pedro Sánchez como Secretario General del partido cuando éste se mostró proclive a liderar el “No es No”.

Lo han hecho intentando dilapidar continuamente los acuerdos de gobierno con UP, o con el diálogo político con ERC o Bildu.

Lo hacen siempre, y especialmente con todo lo que hace referencia al diálogo y la negociación política para resolver los problemas que nos afectan.

¡Ya es suficiente!. En cualquier otro partido, estos barones ya estarían expulsados del partido, así que animo a los compañeros y compañeras de las agrupaciones de Castilla la Mancha y de Aragón que nos hagan llegar sus reflexiones al respecto.

Pleno extraordinario. Votación en el congreso

El día 15 de diciembre tuvo lugar en el Congreso de los Diputados la votación para la reforma legal que suprime el delito de sedición, modifica el de malversación, cambia la ley del Poder Judicial para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional y aclara a los jueces como interpretar la ley del “solo sí es sí”.

Al inicio del debate, PP, Vox y Ciudadanos intenta- ron que se suspendiera la sesión hasta que el TC resolviera sus recursos. La compañera Meritxell Batet rechazó su petición: “no hay razón ni hay obstáculo para no continuar con el procedimiento legislativo previsto, en defensa de la autonomía parlamentaria,de la potestad legislativa de esta cámara y del debate,que no responde más que a una democracia deliberativa y al poder legislativo”.

De igual manera, el portavoz socialista, Felipe Sicilia, comparó el intento de deslegitimación de las decisiones del Parlamento por parte de la derecha con el golpe de Estado: “Hace 41 años la derecha quiso parar un pleno del Congreso y también la democracia, contricornios. Hoy, ha querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido porque nuestra democracia es fuerte y sólida”.

Sin duda, la instrumentalización de la justicia por parte del PP es una constante que ha tenido una nueva expresión en este pleno extraordinario del Congreso de los diputados.

Con todo, la reforma legal salió adelante con 184 votos a favor, 84 en contra y 1 abstención, aprobando la supresión del delito de sedición, la modificación del delito de malversación, el desbloqueo del procedimiento para la renovación del TC y la aclaración a los jueces sobre cómo deben interpretar la ley del “solo sí es sí”. Faltaba solo la tramitación en el senado, y que el TC, no se entrometiera en las resoluciones políticas.

19 de diciembre de 2022: el golpe de estado judicial del TC se consuma

Sin embargo, en fecha 19 de diciembre, el TC se pronunció en sentido contrario a las resoluciones del Congreso de los diputados y estimó las pretensiones del PP, VOX y C’S, paralizando la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y en el propio TC, tal y como había solicitado el PP.

Este es un hecho sin precedentes que consuma el golpe de estado judicial alentado por el PP mediante el que lo aprobado en el Parlamento queda bloqueado por la decisión de un Tribunal constitucional, caducado y usurpado por la derecha, que es juez y parte, y que secuestra la soberanía popular del Parlamento.

Los presidentes del Senado y del Congreso se han aprestado a acatar la sentencia, aún mostrandose críticos con la misma. De igual manera, Pedro Sánchez también la ha acatado aunque ha anunciado que tomará medidas.

La militancia del PSOE se desorienta ante esta sumisión a la injusticia. Ya estamos cansados de tanto facherío.

Militantes del PSOE en defensa de la democracia.

La aprobación en el parlamento de la Reforma Legal el 15 de diciembre y su paralización por el TC el día 19 es un golpe de Estado judicial. PP, VOX, C’s y los barones socialistas que les apoyan son la guardia civil de Tejero.

Los demócratas debemos actuar con contundencia. En todas las agrupaciones socialistas es necesario pro- mover el debate y la actividad militante ante el envite de quienes quieren cargarse la democracia y al propio PSOE, como ya lo intentaron en el Comité Federal del 1 de octubre de 2016, antes aludido.

Como recordarán los lectores de TS, tras aquel Comité Federal, solo gracias a la organización de plataformas militantes en apoyo al “No es No” y a Pedro Sánchez se pudo revertir la situación a la que nos encaminaban los barones; y solo gracias a ese apoyo, pudimos promover una moción de censura y elecciones generales en las que los partidos de izquierda, con el PSOE y Sánchez a la cabeza, pudimos ganar el gobierno para hacer políticas para la mayoría social.

Llueve sobre mojado con los barones alineados con la derecha y la ultraderecha que quieren secuestrar la política del parlamento y dejarla en manos de sus jueces. El acatamiento de la sentencia no ayuda, desmoviliza y crea confusión, pero lo que nuestros líderes no se atreven a decir lo debemos expresar los y las militantes en las calles.

La respuesta de los demócratas a esta crisis institucional sin precedentes requiere de una respuesta con- tundente en forma de movilización masiva para detener este golpe de estado judicial.

¡Recuperemos la democracia!

Baltasar Santos Fernández
Miembro del Comité de Redacción de TS
Primer Sec. de la agrupación PSC- El Vendrell

Declaracion de Urgencia

Contra el golpe togado ¡Movilización!

El ataque a la democracia no es nuevo ni exclusivo de nuestro país. Lo vimos en Brasil hace unos años, cuando la derecha encarceló a Lula Da Silva para sacarle de la carrera por la presidencia del Gobierno, movimiento ilegítimo que llevó al pueblo brasileño a sufrir cuatro años a Bolsonaro. Lo vimos en Bolivia, ahora lo estamos viendo en Perú. Incluso asistimos, a través de los medios de comunicación, a las inéditas imágenes de asalto al Congreso de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Es evidente que los hechos concretos distan mucho en las formas y los ritmos unos de otros, así como es diferente lo que está ocurriendo en el Estado español.

De la misma manera es evidente que también hay denominadores comunes: que la derecha no soporta que gobiernen otros que no sean ellos. Ya ocurrió el 23 de febrero de 1981, cuando la derecha, con su brazo en las Fuerzas Armadas, dio un aviso al proceso democrático.

La situación política internacional no nos es ajena, como no nos son ajenas las consignas de los think tanks, los lobbies y las instituciones internacionales del capital. La derecha política, económica, judicial y mediática no soporta que se den avances democráticos, por moderados que estos sean.

La derecha española, tome la forma que tome y se disfrace de demócrata más o menos, no soporta que se pueda avanzar en el entendimiento entre los pueblos que componen el Estado español, en particular en Cataluña. No soportan que se tomen decisiones como las que están pendientes de tomarse para incrementar el SMI, les ha molestado profundamente que las Pensiones Públicas se incrementen en el 8,5%, a partir de las movilizaciones de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas. Es la misma aversión que hay en Madrid, por parte del Gobierno Autonómico, contra las movilizaciones ciudadanas y la huelga de médicos para defender la Sanidad Pública. Etc, etc.

Es el Poder Judicial, que cada año preside el Rey, el que da un ¡Golpe togado! para interferir y torpedear los avances democráticos, como ocurrió en 2010 cuando el Tribunal Constitucional torpedeó el Estatuto de Cataluña, votado por el Congreso de los Diputados y por el Parlamento de Cataluña.

Controlan la misma Justicia que les tiene que juzgar de sus corruptelas, corruptelas que recorren las instituciones del Estado de arriba abajo.

Respetar las resoluciones judiciales es una cosa y acatar actos ilegítimos es inaceptable. Llamamos a que los partidos que se reclaman de la izquierda y las organizaciones de clase de los trabajadores, convoquen de urgencia manifestaciones masivas en todas las capitales de provincia, para rechazar el golpe de Estado Judicial.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

tribunasocialista1@gmail.com