Como cada 14 de abril en miles de municipios se conmemora la proclamación de la II república y se homenajea a los caídos en su defensa y contra el golpe de Estado del ejército nacional que dio lugar a la dictadura franquista. 92 años después, la monarquía heredera del regimen franquista está más que cuestionada. ¿Es la hora de la República?
El debate está en la calle, aunque los medios de difusión no se hacen eco de ello. ¿Monarquía o República?. El debate, ha sido avivado por el retorno del Rey «sinmérito» Juan Carlos de Borbón para participar en las regatas a bordo del «bribón» (curioso nombre para la embarcación real), pero más allá de la coyuntura, nuestro país necesita una república liderada por un jefe de estado elegido por el pueblo en el ejercicio de una democracia.
Dentro del PSOE, en las agrupaciones la gran mayoría de militantes se consideran republicanos. Las Juventudes socialistas se han pronunciado en diversas ocasiones por la república e incluso la corriente interna Izquierda Socialista ha reclamado recientemente un referéndum sobre la forma de Estado que debe haber en España y preguntar sobre «Monarquía o República», pero el debate se queda ahí.
Hoy, 92 años después, y en vísperas de unas elecciones municipales recordamos que hace 92 años, en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, el periódico «el socialista» publicaba un artículo que llevaba por título «España por la República». Para los socialistas el pueblo estaba convencido de que la Monarquía era el desorden, el caos y la anarquía y se celebraba que la esperanza de salvación para España fuera la República. Pidiendo con firmeza que todo el mundo respetase y acatase la “soberana voluntad del país”. (Fuente: Periódico El Socialista, número 6920).
Bajo el título “Republica y Futuro”, el Comité para la Alianza de los Trabajadores y Pueblos (CATP), con la colaboración de la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE), ha celebrado el 14 de abril, 92º Aniversario de la proclamación de la II República, en la sede central de la Unión General de Trabajadores (UGT), en Madrid.
Al acto asistieron una treintena de militantes republicanos, organizados en distintas asociaciones y colectivos, muchos de ellos y ellas vinculados al CATP. Desde la mesa, intervinieron en este orden: Xabier Arrizabalo, en nombre de Información Obrera (IO), profesor de Economía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM); Ángel Pasero, presidente de Unidad Cívica por la República (UCR); y Roberto Tornamira, en representación de Tribuna Socialista y portavoz del CATP. Los intervinientes abordaron la cuestión República desde distintas ópticas.
Recordaron que la proclamación de la República estuvo impregnada de ilusión y de satisfacción de los pueblos del Estado español, por el logro conseguido por el propio pueblo con su acción; sentimiento que se definía en el cántico “El Rey no se ha machao, que lo hemos echao”. Sabían y/o intuían que no se había resuelto nada definitivamente, pero eran conscientes de que se había derribado el obstáculo principal, el más visible, de la opresión de una clase favorecida y minoritaria sobre otra mayoritaria pero desfavorecida.
La caída de la Monarquía abría el camino a las aspiraciones de los pueblos, en materias como la Educación Pública; sólo en los dos primeros años de la II República se abrieron más escuelas que en toda la historia de España. Y se produjeron grandes avances en la igualdad de la mujer, avances que no se entenderían ni hubiesen sido posibles sin la movilización y el empuje de la clase trabajadora, en esos y en otros aspectos.
Aseveraron que es la hora de la República y la hora de pasar definitivamente la página del franquismo, que está presente en todas las instituciones; una situación anómala que vivimos desde hace 45 años, desde que se aprobó la Constitución que nos endosó al Rey que había instaurado el régimen de Franco.
Cada vez son más los ciudadanos que consideran la Monarquía una institución anacrónica y contraria a los principios de la democracia. Para evolucionar y alcanzar la República es necesario crear tejido republicano a partir del debate y la acción política de los partidos que se reclaman de la izquierda. No se trata de cambiar el Rey por un presidente de la República, se trata de dotarnos de un nuevo contrato social en el que la herencia no pueda ser el criterio para la elección del jefe del Estado.
Los hechos históricos constatables dejan al descubierto los nudos del “Atado y bien atado” del dictador y su régimen. El primero de esos nudos es la Ley de Sucesión del 6 de julio de 1947, tan sólo 8 años después de acabada la guerra: Esta Ley cumplía con el compromiso contraído por Franco y los generales golpistas con la dinastía de los Borbones y, a la vez, traicionaba ese compromiso, pues se establecía la instauración de la monarquía y al mismo tiempo se nombraba a Franco jefe vitalicio del Estado. El otro nudo se ató el la Ley de Sucesión del 22 de julio de 1969, en la que ya sí, se instauraba La Corona, en la persona de, en aquel entonces, el príncipe Juan Carlos de Borbón, a condición de que Franco muriese. La Constitución de 1978 asumió el testamento del régimen franquista, incluso en las prebendas más groseras de la institución monárquica, como es la inviolabilidad y la irresponsabilidad del Rey, impunidad de la que gozaba también Franco y sus afines.
Los hechos, 45 años después, constatan que la arquitectura institucional, de la que nos dicen e insisten que la “clave de bóveda es la Corona, está montada para los intereses de la minoría privilegiada que no soporta los avances en derechos y libertades. De la misma manera que no soportaron el esfuerzo educativo y cultural de la República, no soportan mantener hoy los servicios esenciales como la Sanidad, las Pensiones o la Educación. Los ataques a los presupuestos para los servicios públicos se producen en un momento en el que no se escatima en el incremento de los presupuestos para la guerra.
Sobre estas exposiciones giró el debate en el que intervinieron militantes socialistas del PSOE, de la UGT, y comunistas; todos ellos y ellas con el común denominador de ser firmantes del Manifiesto Internacional ¡Alto a la Guerra!
Se llamó a participar en la 2ª reunión de firmantes que se mantendrá telemáticamente el lunes 17 de abril y se invitó a participar en la reunión abierta que prepara el CATP para el 6 de mayo. En la reunión amplia del CATP se abordará la campaña internacional contra la guerra, la lucha por la defensa de la Sanidad Pública y la continuidad de la campaña por la Auditoría, para defender las Pensiones Públicas.
El acto terminó con todos los y las presentes en pie entonando La Internacional. Tras este acto se celebró una cena republicana.
Pero el hombre no es algo abstracto, un ser alejado del mundo. Quiendice: “el hombre”, dice el mundo del hombre. (Karl Marx, 1844, Introducción a la Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel).
Las revoluciones liberales que sacudieron los territorios de ambos lados del atlántico entre 1776-1848 pusieron fin al Antiguo Régimen, como lo denominó Alexis de Tocqueville. Estas revoluciones, mediadas por los ideales del liberalismo político y el nacionalismo, eran la otra cara de la revolución económica que se había desarrollado en Inglaterra medio siglo antes. La revolución industrial vino impulsada por una mentalidad abiertamente capitalista que sacudió los cimientos del modelo gremial. El poder que adquirieron los nuevos empresarios en las decisiones laborales con el fin de obtener el máximo beneficio, según el planteamiento del nuevo Homo oeconomicus, convirtió a los trabajadores de la industria en una mercancía más. Relegados de los derechos civiles propugnados en las revoluciones atlánticas, los nuevos individuos no propietarios no eran sujetos de derecho, sino más bien objetos de hecho. Un artículo del periódico británico el Gorgon, publicado el 26 de septiembre de 1818, relacionaba el progreso material de Inglaterra con la explotación de los nuevos trabajadores industriales: “el trabajo del tejedor, el hilandero, el tintorero, el herrero, el cuchillero y cincuenta más (…) constituye el principal artículo de circulación en este país. Nuestros comerciantes han extraído sus riquezas, y el país su gloria, comerciando con la sangre y los huesos de los oficiales y los braceros de Inglaterra.”
Las nuevas experiencias de clase en la industria y el campo fomentaron expresiones de rebeldía más allá de los motines del hambre característicos de los siglos del Antiguo Régimen. El movimiento obrero surgió en el siglo XIX como una respuesta al advenimiento de la industria capitalista, según E.P. Thompson (1963, La formación de la clase obrera en Inglaterra), como “resistencia a un cambio cultural profundo en las formas de vida de la clase trabajadora”. En este sentido, el movimiento ludita, fue una respuesta al fin del sistema gremial. El nuevo modelo industrial eliminaba la cualificación para los oficios, promoviendo la contratación de trabajadores no cualificados, mujeres y niños, a la vez que introducía maquinaria para aumentar la productividad y abaratar costes. Los luditas, que no eran otra cosa que artesanos agrupados en asociaciones de oficios, veían peligrar su forma de vida y optaron por la asociación y la acción directa, amenazando a comerciantes y fabricantes, asaltando fábricas y destruyendo máquinas, a la vez que demandaban un salario mínimo legal, prohibir la contratación de mujeres y niños y prohibir los productos de baja calidad. Con la extensión de la industrialización al continente europeo y Estados Unidos, la nueva experiencia de clase favoreció la creación de una nueva conciencia de clase. Mientras en Filadelfia, Estados Unidos, se constituía el primer Partido de los Trabajadores en 1828, en Inglaterra se creaban los primeros sindicatos de clase como la Gran National Consolidated Trade Union (1833) y la London Working Men´s Association (1836). Entre 1838-1848, el movimiento cartista inglés comenzó a demandar el sufragio universal y una mayor democratización del sistema liberal donde los trabajadores tuviesen representación y capacidad de elaborar leyes que defendiesen sus derechos, antecediendo así a los partidos socialdemócratas, los cuales surgirían con fuerza en el último tercio del siglo, como fueron el Partido Socialdemócrata Obrero de Alemania (1869), el Partido de los Trabajadores de Estados Unidos (1876) o el Partido Socialista Obrero Español (1879).
A mediados del siglo XIX, tras las revoluciones de 1848, el denominado socialismo científico –marxista- y el anarquismo comenzaron a irrumpir en los discursos de los movimientos obreros. Tanto socialistas como anarquistas fundarían en Londres (1861) la Asociación Internacional de los Trabajadores, una asociación que promovía la revolución social como forma de emancipación de la clase obrera. El discurso estaba cambiando. Ya no solo se reivindicaban mejoras laborales y la democratización del sistema liberal. El propio sistema liberal era el problema, había que cambiarlo mediante la revolución social. El conservador Alexis de Tocqueville, agudo analista por su parte, comenzó a verlo en las revoluciones desarrolladas en Europa en 1848, especialmente en Francia, donde se proclamó la II República. En sus Recuerdos de la Revolución de 1848, Tocqueville vio un cambio profundo producido en las reivindicaciones populares con respecto a revoluciones anteriores: “¿no ven ustedes que sus pasiones se han convertido, de políticas, en sociales? ¿No ven ustedes que, poco a poco, en su seno se extienden unas opiniones, unas ideas que no aspiran sólo a derribar tales leyes, tal misterio, incluso tal gobierno, sino la sociedad misma, quebrantándola en las propias bases sobre las cuales descansa hoy?” En realidad, los movimientos obreros franceses estaban recuperando algunas de las posturas formuladas durante la Convención Nacional (1792-1794) de la I República Francesa, en concreto las desarrolladas durante el gobierno jacobino.
Con el desmoronamiento del II Imperio de Napoleón III (1852-1871) tras la guerra franco-prusiana, mientras Guillermo II se proclamaba emperador del II Reich alemán en Versalles, en París un movimiento insurreccional popular acabó tomando el poder. En la mañana del 18 de marzo de 1871, París despertaba con gritos de ¡Viva la Comuna! Se había constituido el primer gobierno de la clase obrera de la historia, la primera experiencia real del socialismo autogestionario. Como bien señalaría Marx (1871, La guerra civil en Francia), lo que se había producido era un nuevo régimen con “anhelo de una República que no acabase sólo con la forma monárquica de la dominación de clase, sino con la propia dominación de clase”. La respuesta del liberalismo conservador tanto en Europa como en Estados Unidos fue la represión ante el miedo de la extensión de la revolución social auspiciada por la AIT.
1º de mayo de 1886. Se habían convocado huelgas en Estados Unidos pidiendo la consecución de la jornada laboral de ocho horas. La mayoría de los trabajadores dedican entre catorce y dieciséis horas al trabajo, desde las cuatro de la mañana hasta las ocho de la tarde. Gobernantes, grandes magnates, policía y prensa se organizan para tumbar cualquier reivindicación del movimiento obrero, procediendo, si es necesario, de la forma más brutal. Todavía muchos trabajadores tienen en su memoria la huelga del ferrocarril de 1877, una huelga realizada en el sector simbólico del nuevo capitalismo corporativo estadounidense. Con la crisis de 1873, como siempre, los grupos asalariados debían pagar el pato. Los salarios habían descendido y las condiciones laborales eran cada vez más duras. La reacción fue desmedida. Tropas federales y ejércitos privados de las empresas ferroviarias se cobraron cien muertos y cientos de heridos, listas negras y muchos detenidos, mientras los líderes empresariales aprovecharon para ejecutar reducciones salariales y despidos masivos, purgando a cualquier trabajador susceptible de pertenecer a algún partido o sindicato obrero. Tienen miedo de que se desarrolle una revolución como la Comuna de París de 1871, tienen miedo de la primera supuesta conspiración comunista que se cernía, como un fantasma, sobre Estados Unidos. La patronal se apoya cada vez más en el incipiente gansterismo, convertido en brazo paramilitar de la patronal para reprimir y boicotear manifestaciones, mítines y huelgas de los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores no reculan, no se achantan. Impulsados por la desesperación de sus condiciones de vida y de trabajo, cada vez son más los que se unen a sindicatos y partidos obreros.
1º de mayo de 1886, Chicago, la metrópoli del medio oeste estadounidense. Cincuenta mil trabajadores han abandonado el trabajo y han declarado la huelga general. Sorprende la serenidad de los obreros, firmes y pacíficos durante toda la jornada ante las provocaciones de la patronal. 2º de mayo de 1886. Esquiroles contratados por la patronal y amparados por la policía atacan a los piquetes que se encuentran en las puertas de la fábrica de maquinaria agrícola de McCormick. 3º de mayo. Los trabajadores en huelga organizados por los sindicatos reaccionan con un mitin en las cercanías de la fábrica. Cuando el anarcosindicalista August Spíes está hablando, salen de la fábrica cientos de esquiroles para cargar contras los manifestantes, a la vez que aparece la policía y comienza a disparar. Cuando el caos comienza a disiparse, yacen en el suelo decenas de heridos y seis muertos. 4º de mayo. Los anarquistas vinculados a la AIT y la Central de Sindicatos de Chicago convocan un mitin en Haymarket Square al que acuden más de quince mil trabajadores. En este mitin toma la palabra el anarcosindicalista Samuel Fielden. Aunque ha comenzado a llover, la mayoría de los trabajadores sigue en la plaza. Ciento ochenta policías hacen su aparición y avanzan para dispersar a los manifestantes. Un ruido atronador sacudió la plaza. Una bomba había sido tirada contra la policía, que reacciona disparando contra los trabajadores. Cuando termina el caótico y sangriento evento, yacen en el suelo sesenta personas entre muertos y heridos, tanto policías como manifestantes. ¿Quién tiró la bomba? No se sabe. La prensa amarilla, controlada por la oligarquía de Chicago, señala que es una respuesta de los trabajadores a los acontecimientos del 3 de mayo; los acusados, por su parte, defienden su inocencia y su actitud pacífica, señalan que ningún manifestante iba armado y que la bomba fue tirada seguramente por algún esquirol o policía infiltrado, pagado por la patronal para justificar la dura represión que vendría a continuación. ¿Quién tiró la bomba? Nunca se supo. Cientos de trabajadores fueron detenidos y el juicio a los mismos estuvo mediado por el amaño de pruebas, testigos falsos y miembros del jurado comprados. Quince anarquistas fueron acusados de asesinato: ocho fueron juzgados y siete condenados a muerte. Uno de los reos se suicidó en prisión, dos vieron sus sentencias conmutadas a cadena perpetua y el resto fueron ahorcados en noviembre de 1886.
En 1904, la II Internacional, excluidos ya los anarquistas tras las disputas internas en la I Internacional con los marxistas, reivindicó que todos los primeros de mayo se realizasen paralizaciones y huelgas con el fin de obtener la jornada laboral de ocho horas, como acto en memoria a la lucha de los trabajadores de Chicago en 1886. En España se consiguió tras la Huelga de la Canadiense en Barcelona, cuando el 3 de abril de 1919 el gobierno de Romanones decretó la jornada máxima legal de ocho horas. Se convertía así en el primer país europeo en reconocer dicho derecho, seguido por Francia apenas dos meses después. El 1º de mayo fue adoptándose a lo largo del siglo XX en varios países como día festivo, como Día Internacional de los Trabajadores. Es un día donde no solo no se trabaja, sino un día donde los trabajadores del siglo XXI deberíamos recordar que los derechos laborales han costado mucho sufrimiento, muertes y luchas, y que hoy más que nunca, en un contexto de capitalismo salvaje, es necesario salir a la calle a defenderlos y a cuestionar un modelo capitalista, que, aunque nos lo quieran hacer pensar, no es una consecuencia natural e inevitable de la naturaleza humana. Otro mundo es posible.
Rodrigo Muñoz Martínez
Docente y miembros de Tribuna Socialista en Coria (Cáceres)
El Congreso de los Diputados aprueba con 176 votosa favor la Ley de Vivienda. El resultado de la votación se ha conseguido gracias al voto favorable de PSOE, UP, ERC. Bildu, Más País, Compromís y Teruel Existe, una abstención del BNG y el voto en contra de 167 diputados de PP, Vox, Cs, Junts, PDeCAT, CUP, Coalición Canaria, UPN y el PNV.
Por 176 votos a favor y 167 en contra se ha aprobado la Ley de vivienda. El texto aprobado pasará ahora al Senado y volverá al Congreso para su aprobación definitiva a mediados de mayo.
El acceso a la vivienda sigui siendo uno de los principales escollos para la emancipación de los jóvenes, pero también es un gran problema para infinidad de familias que durante años han visto como la especulación de las viviendas pone en jaque permanente poder vivir en una vivienda digna, sea en regimen de alquiler o de compra.
Como muestra de esta especulación, en el municipio Tarragonense del Vendrell, hace unos años el Ayuntamiento puso a disposición de la Caixa un solar para hacer pisos de protección oficial, en la modalidad de alquiler social para jóvenes. 20 años después, una vez finalizado el periodo de protección oficial, Inmocaixa ha decidido dar por finalizados los contratos de alquiler social y proceder a la venta de los pisos a precio de mercado, iniciando los trámites de desahucio de todas las familias que no compren,
¿Podrá la nueva ley de vivienda acabar con esta especulación de un bien de primera necesidad como es la vivienda?
Me temo, que aunque la nueva Ley supone un avance importante respecto a la regulación anterior, no será posible acabar con la especulación, ni siquiera en viviendas que se beneficiaron de la protección oficial.
Según el candidato socialista a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni, el acuerdo sobre la Ley de Vivienda permitirá paliar «una situación dramática por la espiral de subida de precios» y «contener esta subida enloquecida de las gran- des ciudades que están afectando sobre todo a la gente joven que se quiere emancipar y no puede», pero como dice el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, la Ley de vivienda «seguramente podría ser mejor» porque «siempre hay cosas que se quedan ahí pendientes».
Efectivamente, quedan cosas pendientes y muchas. A saber, evitar los deshaucios, garantizar la protección oficial permanente de la vivienda, limitar el precio del alquiler, no solo en el caso de zonas tensionadas, obligar a los grandes tenedores a poner en circulación las viviendas.
En mi opinión, la limitación de precios en zonas tensionadas por el alquiler, donde el precio del alquiler supera el 30% de los ingresos medios por hogar, es una buena noticia, pero los especuladores prefieren no alquilar para poder vender. a precio de mercado.
Igualmente, la prórroga extraordinaria de 1 año para los contratos de alquiler vencidos en casos de vulnerabilidad acreditada, también es mejor que nada, pero qué pasará al cabo del año de prórroga?. Pues que se procederá al deshaucio.
El Estado, del que forman parte las comunidades autónomas con competencias en la materia, debería ejercitar el derecho de tanteo y retracto antes de que la propiedad, en especial grandes tenedores, fondos buitre y banca puedan vender los pisos en el mercado libre. De hecho, con la vivienda no se debería poder mercadear.
Los jóvenes, las familias trabajadoras, los pensionistas… en definitiva, la mayoría social deberíamos disponer de una ley que garantizara un techo digno, al margen del mercado.
Otra de las cuestiones a resolver en el tema de vivienda, son los pisos de la SAREB, que sirvió para que la banca se deshiciera de sus activos «malos», y que deberían cederse para constituir bolsas de alquiler social en todos los municipios.
Falta regular de una manera inequívoca la ocupación delincuencial, es decir la ocupación de pisos para actividades delictivas como la prostitución o el narcotráfico.
Y por último, falta establecer medidas para que los ayuntamientos, como administración más cercana a los problemas de los ciudadanos, pueda disponer de herramientas que permitan el alojamiento de las personas que necesiten de una vivienda, incluyendo en este caso pisos tutelados para ancianos, personas con discapacidad, personas con enfermedad mental, vícitmas de violencia de género.
En definitiva, la nueva ley de vivienda es un pasito para adelante, pero queda mucho por hacer.
La segunda quincena de abril está enmarcada por dos fechas muy simbólicas, si bien ese simbolismo no las quita ni un ápice de actualidad: 14 de abril y 1º de mayo.
Hemos celebrado el 92º aniversario de la proclamación de la II República, recordando que aquel breve espacio de tiempo fue una de las etapas más fecundas en derechos en la historia de nuestro país, hasta que los que no soportan que la mayoría de la sociedad avance en igualdad y bienestar dieron un golpe de Estado militar. Recordar la II República no como acto romántico o meramente conmemorativo, sino para aportar razones para trabajar por la tercera.
La monarquía, como otras instituciones, es herencia del franquismo. Lo afirmamos y lo razonamos, partiendo de los hechos:
Como bien establece Ángel Viñas en su libro “¿Quién quiso la Guerra Civil? Historia de una conspiración” (Ed. Critica), los monárquicos conspiraron contra la II República desde su proclamación el 14 de abril de 1931. Fue el entorno de Alfonso XIII quién buscó la alianza con el fascismo italiano de Mussolini y quienes adquirieron aviones y material militar para preparar el golpe del 18 de julio. Otra cosa distinta es que Franco traicionase, como traicionó, a la Casa Borbón y a los monárquicos españoles; traición que ejecutó en la Ley de sucesión de julio de 1947, en la que decretó que “el Estado se constituye en Reino” (Artº 1), y condicionó “la proclamación de un Rey al fallecimiento del jefe del Estado” (Artº 7), es decir que en el Reino no habría Rey hasta la muerte del dictador(1).
Uno de los refrendos forzosos que Franco decretó fue para vestir la Ley de sucesión de julio de 1969, en cuyo artículo primero “instaura La Corona en la personade (el hoy Emérito), Juan Carlos de Borbón”(2), dejando claro en el mismo artículo que será Rey “cuando quede vacante la jefatura del Estado”, lo que no ocurriría hasta el 20 de noviembre de 1975. Ese mismo día, el 20-N, el Decreto Ley 16/1975(3) establece en su artículo primero:
“Se promueve al empleo de Capitán General de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire a S. A. R. Don JUAN CARLOS DE BORBÓN Y BORBÓN, Príncipe de España, con todos los honores, privilegios y prerrogativas que a tan alta jerarquía corresponden.”
A la vista de esto, decir que el Rey heredó la gorra de plato antes que la Corona no es una exageración. Del mismo modo, los privilegios y prerrogativas que recibía de Franco se trasladarían tres años después al Título II de la actual Constitución.
Los compromisos adquiridos con los monárquicos, por parte del generalato franquista, no se cumplirían plenamente hasta 48 horas después de la muerte del dictador.
La secuencia es clara y no deja lugar a la duda del atado y bien atado. Otros nudos, como el referido a la constitución de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo; sucesión directa del Tribunal de Orden Público (TOP), ya han sido abordados en otras editoriales y artículos publicados en Tribuna Socialista.
Dentro de la minoría social privilegiada hay fracciones: monárquicos, militares, empresarios, clero… que se mezclan e interactúan para garantizar que la mayor parte de la riqueza y el control del país queda dentro de sus dominios. Por ello, cuando los hechos históricos sitúan a la cabeza del poder a un grupo ajeno a su corral no lo soportan, aunque los partidos acaten sus normas y leyes, y garanticen que se limitarán a ser gestores del sistema que les es favorable, aun así, los privilegiados y sus representantes apelan a lo que haya que apelar para recuperar el poder. Es lo que está ocurriendo con el Gobierno de coalición de partidos que se reclaman de la izquierda, que acatan las condiciones que las instituciones europeas le ponen en materia de Pensiones, que es timorato y comedido a la hora de atajar el saqueo de salarios y pensiones por la hemorragia de la inflación, que se disciplina a la OTAN en sus estrategias bélicas… y a pesar de ello, la fracción judicial de la derecha instalada en el CGPJ, la patronal y, por supuesto desde la derecha política y mediática, se le considera ilegítimo y lo atacan hasta más allá de los límites de su propia de democracia; este fue el caso el pasado mes de diciembre, cuando el Tribunal Constitucional vetó el trámite legislativo para la reforma del propio TC. Y el Gobierno acató lo que debería haber desacatado.
Dicen los institucionalistas que la institución monárquica es la clave de bóveda de la arquitectura constitucional. El problema es que esa clave de bóveda y muchas de las dovelas de la cúpula están podridas y de su “enfermedad de la piedra” solo ellos son responsables. Muchas veces es más eficiente derribar y construir de nuevo que parchear sobre lo deteriorado.
La institución monárquica es por ende el palo mayor de la nave en la que navegan los privilegiados, y a la misma vez es el obstáculo principal para las aspiraciones de la mayoría social. Siendo conscientes de que cambiar al rey por un presidente de la República no resuelve los problemas automáticamente, estamos convencidos de que abre el camino a la solución. Al menos no estaría instalado en la impunidad que las instituciones heredadas del pasado parecen estar instaladas; véanse las fechorías cometidas por el Emérito a lo largo de su reinado, el secuestro del CGPJ (8 años desde su última renovación) o la colaboración del presidente de la Audiencia Nacional con los investigados en la trama “Kitchen”, se podrían poner muchos más ejemplos de impunidad.
El 1º de mayo concentra la lucha de los trabajadores y trabajadoras por sus reivindicaciones. A lo largo de la historia, los logros conseguidos por las organizaciones obreras han sido a costa de luchar y plantar cara a la minoría privilegiada; clase social minoritaria que sólo ha cedido ante el temor al estallido social. El 1º de mayo, como el 14 de abril, es un día de celebración y de reivindicación. Reivindicaciones que durante todo el año se concentran en la acción de los colectivos sociales que reclaman sus derechos: pensionistas en defensa del Sistema Público de Pensiones, asociaciones vecinales y de barrios, y sanitarios en huelga, en Defensa de la Sanidad Pública, sectores de trabajadores sindicalizados que reclaman subidas salariales, como mínimo IPC, para prevenir la pobreza en sus familias…hombres, mujeres y jóvenes que pelean por recuperar lo perdido y/o por mantener los derechos que son atacados cada día a nombre de los distintas crisis: inmobiliaria, económica, pandemia, guerra…
La clase privilegiada siempre encuentra una excusa, y si no la inventa, para hacer prevalecer sus intereses, en detrimento de los intereses mayoritarios: España es el país europeo en el que mayor porcentaje de poder adquisitivo han perdido los salarios: un 5,3% en promedio, frente al 0,5% en Francia. Somos, entre las grandes economías de Europa, de los países que menos porcentaje del PIB destinan a Sanidad, un 7,8%, frente al 10,9 de Alemania o el 10,3 de Francia (datos de 2020). España ocupa el puesto 18 en el ranking de viviendas sociales, con un 2,5% frente al 9,5% de media en la UE (Fuente: observatorio de la vivienda y el suelo 2020). Sin embargo, no se escatima en incrementar los presupuestos para gastos militares.
Son parámetros que nos ponen frente al espejo. Malos datos que no se dan por causalidad. Son la consecuencia de las decisiones, muchas veces impuestas o, al menos, sin haber consultado al pueblo que dicen que es soberano, como el hecho de estar participando en una guerra -sea directa o indirectamente. Son las decisiones de los que permanentemente se niegan a la subida del SMI, los que niegan la subida de los salarios, mientras año tras año baten récords de beneficios, haya o no haya crisis. Y lo hacen porque tienen a su disposición esa arquitectura constitucional que los ampara y vela por sus intereses, los de esa minoría privilegiada.
Es por todo ello que reivindicar la República es la vía para cambiar una sociedad desigual e injusta. Es por eso que el pueblo trabajador tiene muchas reivindicaciones para sacar a la calle el 1º de mayo: Parar la guerra, la bélica y la social; defender la Sanidad Pública, parando la privatización y dotando a la Sanidad de los medios necesarios; o reivindicando la Auditoria a las cuentas de la Seguridad Social, para que el Estado devuelva todo el dinero de las Pensiones públicas que ha utilizado para pagas gastos ajenos a las pensiones.
Envía un mensaje con tu adhesión a: manifiesto.altoalaguerra@gmail.com
Exito de la conferencia europea contra la guerra y la guerra social del 8 de julio.
CONSULTA NUESTRO BOLETIN NUMERO 13
Firmas de militantes políticos y sindicales de 17 países de Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Irlanda, Italia, Moldavia, Portugal, Rumanía, Serbia, Suecia y Suiza
También hay firmantes de otros 18 países de diferentes continentes: Argelia, Azania-Sudáfrica, Brasil, Burkina Faso, Chile, Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, Estados Unidos, Ghana, Guadalupe, Líbano, Mali, Méjixo, Niger, Togo, Senegal y Uruguay.
Apoya el Manifiesto 30 colectivos y organizaciones de distintos países:
Estado español
Promueve: Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP)
Asociación Civil, Milicia y Republica (ACMYR)
Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE)
Butroi Bizirik en Transición
Colectivo de militares demócratas “ANEMOI”
Colectivo de Mujeres Republicanas
Comissió Gent Gran 15M
III Congreso de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA-Euskadi)
Hemen, salida por la izquierda.
Herriak Bizirik. Plataforma ciudadana en lucha contra las empresas altamente contaminantes en
el Polígono Industrial de Goiain (Álava)
Información Obrera
Munizipalistok Gasteiz
Orquesta y Coro “La Solfónica 15m”
Plataforma Galega por la Tercera República
Reunir Canarias
Reunir la Laguna
Reunir Santa Cruz de Tenerife
Tribuna Socialista
Unidad Cívica por la República
Colombia
Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia (COMOSOC)
Grupo de investigación GIDPAD – UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA Medellín
Grupo de Investigación y Editorial Kavilando
Fondo de Empleados Universidad de San Buenaventura Medellín
Mesa por el Derecho a la Salud y la Seguridad Social de Antioquia (MESSSA)
Mesa Ecuménica por la Paz (MEP)
Red Interuniversitaria por la Paz REDIPAZ
Italia
Collecttivo Autónomo del Porto di Génova
Unione di Base del Porto di Génova (USB).
Portugal
Colectivo Andorinha (Frente democrática brasileira em Lisboa)
Le echan la culpa a la globalización, pero la globalización es causa del mismo mal: un sistema económico insostenible y decadente. Según los economistas que trabajan para las instituciones económicas internacionales, la crisis de 2008 fue culpa de la globalización y la caída del Silicon Valley Bank y del Signature Bank, también. Pues
¡no!, la globalización fue el eufemismo que aplicaron a la mundialización de la economía, es decir; a una expansión de los mercados que no han dejado un solo rincón del planeta sin inundar de productos, y de ahí parten los problemas. Unos mercados que ya no tiene espacio para crecer, pero quieren crecer en beneficio, a toda costa.
Lenin mencionaba a Marx en “Imperialismo, fase superior del capitalismo” (1916): “Los bancos crean en escala social la forma, y nada más que la forma, de la contabilidad general y de la distribución general de los medios de producción”. Conviene leerlo para ver como el imperialismo económico, la concentración bancaria y de otros sectores de la producción, se viene produciendo desde hace más de un siglo y como la concentración tiende al monopolio privado.
El estallido del Silicon Valley Bank (SVB) y la intervención del Signature Bank (SB) está directamente relacionada con las medidas que el capital financiero está tomando para su sostenimiento; es el efecto secundario de una medicación, eso que la cultura popular dice, “es peor el remedio que la enfermedad”.
El perfil de clientes del SVB es el de empresas tecnológicas emergentes, empresas que están siendo víctimas de las subidas de los tipos de interés. Son víctimas, como miles de familias que cada año pierden su vivienda a consecuencia del encarecimiento de las hipotecas y como los asalariados y los pensionistas, con la subida brutal de los precios de los alimentos, ven como sus ingresos no les llegan a final de mes, por más recortes y privaciones que se impongan. Las empresas clientes del SVB, ante el encarecimiento de los tipos de interés con que se venían financiando, optaron por retirar sus depósitos del Banco (SVB) para hacer frente a sus pagos e inversiones en lugar de ampliar sus líneas de crédito. El motivo fue distinto en el caso del Banco Popular, pero el efecto ha sido el mismo.
La retirada de depósitos llevó a la entidad bancaria a vender anticipadamente, con pérdidas, los bonos del Estado estadounidense. El día 9 de marzo, los inversores, los que siempre están bien informados no así los minoristas, comenzaron a vender sus acciones y el SVB cayó en bolsa un 60%. El pánico se desató el viernes 10, cayendo las cotizaciones otro 68%.
Es inevitable recordar la receta que el FMI dio, el pasado año 2022, en la reunión anual de Jackson Hole (Wyoming) con los banqueros centrales para combatir la ola inflacionaria, “caiga quien caiga”, dijo Gita Gopinath, la número dos del Fondo Monetario Internacional, y pidió a quienes aplican las políticas monetarias, es decir, a los bancos centrales: “medidas más agresivas, incluso si eso significa un fuerte enfriamiento de la economía y un aumento del desempleo, si la inflación resulta inesperadamente persistente”. Al parecer no calcularon que con esa agresividad económica podían llevarse por delante a entidades bancarias.
El sistema económico tiene el problema ya descrito, que los mercados están saturados. Las grandes corporaciones llevan años comiéndose entre ellos, concentrándose cada vez en menos manos, para ganar cuota de mercado. En su búsqueda permanente del crecimiento del beneficio, como en otras ocasiones en la historia, nos llevaron al estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera de 2008, las farmacéuticas han hecho su agosto con la COVID-19, unos y otros oligopolios comenzaron a especular con los precios, aun antes de que Putin invadiese Ucrania. Las medidas de los organismos económicos internacionales se han llevado por delante dos importantes entidades financieras estadounidenses, el Silicon Valley Bank y el Signature Bank, diez días después el mayor banco privado de Suiza, el Credit Suisse, pocas horas después el First Republic Bank de Estados Unidos y este pasado viernes 24 de marzo se tambalea el gran Deustche Bank, uno de los buques insignia de la banca alemana; ¿estamos de nuevo ante un efecto dominó?
El mercado busca atajos para realizar el beneficio. Lo hicieron a principios del presente siglo con la “hipotecas basura”, se destaparon negocios fraudulentos que durante años se habían presentado como ejemplos de eficiencia, como el caso Madoff. Estos casos vividos en el mercado financiero, el saqueo que las compañías eléctricas y de los combustibles han desatado en forma de inflación desbocada, la ignominia que está suponiendo el alza de los precios de los productos básicos, la destrucción de la Sanidad Pública, etc., demuestran que los sectores estratégicos no deberían estar en manos privadas.
Es inevitable concluir que la guerra es parte del mismo “juego”, la pelea por los mercados de la energía, por el control de las rutas de distribución, y de paso el negocio de las armas se suma a la fiesta de los ingresos y el beneficio.
Las recetas del capital son nocivas para la salud de la humanidad.
Roberto Tornamira Sánchez
Ex-Secretario Estatal de FeSMC-UGT en el SectorFinanciero, Seguros y Oficinas
Los ataques a los sistemas de pensiones públicos no son nuevos, llevamos más de cuatro décadas escuchando un falso mantra, falso pues nunca se cumplen las previsiones de los economistas que prevén una y otra vez que las pensiones públicas son inviables. Tampoco es casualidad que estos mensajes agoreros siempre son lanzados por los gabinetes de estudios de entidades financieras y por supuestos expertos, a salario de aseguradoras y bancos.
El problema se agrava cuando se quiebra la democracia por la acción de lobbies o corporaciones del cabildeo. De la misma manera que el Estado de Qatar ha estado pagando a eurodiputados/as para que se proyecte una buena imagen de ese Estado-Propiedad privada de un clan, las grandes corporaciones y oligopolios hacen sus “aportaciones” para que las instituciones nacionales e internacionales trabajen en pro de sus intereses. Esto es algo que está a la orden del día en los Estados Unidos, y en Europa, aunque allí lo sabe todo el mundo y aquí nos lo presenten como actividad anómala, que lo es, pero que sólo se denuncia e investiga según convenga.
La obstinación del presidente de la V República francesa, el señor Macron, a llevar adelante su reforma de la Pensiones Públicas, hace pensar que tiene algún “interés adquirido”. De lo contrario no se explica por qué empuja a su pueblo al conflicto y fuerza a su Gobierno a enfrentarse a la mayoría de los grupos del Parlamento, aunque haya salvado el cuello por los pelos, exactamente 9 votos.
La clase trabajadora, con sus sindicatos al frente y apoyada por La Francia Insumisa, el partido que lidera Jean-Luz Mèlenchon, se ha echado a la calle. Y no sólo la clase trabajadora, también los estudiantes y la ciudadanía en ge- neral, por lo que estamos ante una irrupción de las masas.
La situación se le está yendo de las manos a Macron. Tanto es así, que ha tenido que pedir la suspensión de la visita de Estado que tenía prevista para estos días por parte de Carlos III de Gran Bretaña. Y, como “Roma no paga a traidores”, desde el Consejo de Europa le han llamado la atención sobre el “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía francesa.
La prensa habla de la violencia desatada en las calles. Es cierto, es muy violento ver como arde un contenedor, la puerta del Ayuntamiento de Burdeos o la ruptura de un escaparate. Pero igual que hay enfermedades que no duelen, pero matan, como la diabetes, hay violencias que no se ven. Endurecer el acceso a la pensión es muy doloroso para quienes llevan toda su vida trabajando, y aportando, y, de repente, se les impone por Decreto que tienen que trabajar dos años más para acceder a su merecida jubilación. Es muy violento ver como te mengua el salario, o la pensión, porque los productos básicos crecen de un día para otro sin que ninguna institución tome medidas por decreto para controlar los precios. Son muy violentos los desahucios que dejan a miles de familias cada día en la calle… hay mucha violencia en esta sociedad, lo que pasa es que algunas formas de violencia están protegidas por la ley.
En mi opinión, lo que los franceses y franceses están haciendo es y debe ser un ejemplo a seguir para la clase trabajadora de todo el mundo de cómo se defienden los derechos.
El pasado 9 de marzo se aprobó definitivamente en el Congreso la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la cual viene a sustituir a la LOU del gobierno de Aznar del 2001. El recorrido de esta ley ha pasado por varias etapas, donde el primer redactado presentado por el exministro Castells le llevó a una fuerte oposición de toda la comunidad universitaria y a una dimisión posterior. Subirats coge el relevo declarando que hará pequeñas modificaciones pero que en esencia el texto de Castells se mantendrá. Fue entonces cuando el Consejo de ministros el 21 de junio, periodo donde profesores y estudiantes tienen la carga de trabajo más alta de todo el curso (los exámenes finales), aprueban el anteproyecto de ley ‘’modificado’’ por Subirats. Casualmente, es una práctica muy habitual a la hora de decidir las cuestiones en educación, lo cual busca la máxima debilidad en la respuesta de la comunidad universitaria. El 22 de diciembre de 2022 se aprueba en el Congreso la LOSU, justo el día que estudiantes cogen las vacaciones de Navidad. Finalmente, tras pasar por el Senado, se aprueba la LOSU el 9 de marzo, como apuntaba en el inicio.
Más allá de las prácticas antidemocráticas y por debajo de la mesa del Gobierno para aprobar la ley, la LOSU implica el futuro de las universidades públicas españolas, de sus trabajadores y de los estudiantes mayoría de clase trabajadora. Podemos desglosar su contenido desde las declaraciones del ministro Subirats sobre las principales modificaciones que implicará la nueva ley: “La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) incorpora un compromiso de gasto del 1% del PIB. Este compromiso implicará una mejora de la infrafinanciación evidente de las universidades durante los años del Gobierno del PP”. La cuestión de la financiación es una de las más polémicas sin duda, después de que en los últimos 14 años se haya perdido un 20% de la inversión para las universidades, la nueva ley no pone a disposición los recortes de los últimos años. Es más, la formula del 1% del PIB en los próximos diez años es más que engañosa, la universidad necesita de una inversión directa por ob- jetivos que subsanen realmente todo el deterioro que han permitido los diferentes gobiernos. Podríamos afirmar que, en el mandato de la Unión Europea al Gobierno de reformar el sistema universitario en nombre de la internacionalización y la adaptación a los cambios, se esconde un continuismo en la austeridad de la LOU.
De la infrafinanciación surgen la mayoría de problemáticas cuando hablamos de años de recortes y deterioro de la universidad pública. La cuestión de las tasas, históricamente peleada por el movimiento estudiantil, la LOSU la menciona, pero queda también en papel mojado. Plantea que las tasas universitarias tengan un tope máximo, relegando así la tarea a las Comunidades Autónomas para que mantengan o bajen las tasas. La pregunta es: ¿acaso mantener las tasas desorbitadas actuales es un logro? ¿Cómo se pretende que las Comunidades Autónomas suplan una supuesta reducción de tasas si no hay más presupuesto? Con la misma inconsistencia se puede ver al largo de todo el redactado como las soluciones se quedan en los artículos, porque los medios para llevarlas a cabo no existen.
No menos importante para la carrera académica de los estudiantes son la cuestión de las prácticas, el acceso, la democracia interna y la docencia. Las prácticas dentro de la universidad pública es la oportunidad perfecta para que los empresarios tengan mano de obra barata, o en la mayoría de casos gratuita, la cual pueden ir renovando año a año.
El acceso a la universidad se calcula directamente por la oferta y la demanda, si hay X demanda de un grado y la oferta es Y, la nota de acceso será Z. Por lo que en la mayoría de ocasiones vemos como las carreras más necesarias socialmente (medicina, enfermería, etc..) quedan reducidas a un minúsculo porcentaje de jóvenes respecto a lo que los servicios públicos o sociedad necesitan.
La democracia interna en la universidad, es decir, como se toman las decisiones dentro de la ‘’autonomía’’ de la que goza la universidad como servicio público es un aspecto fundamental. La nueva ley viene a reforzar uno de los órganos más decisivos dentro de la universidad pública, como es el Consejo Social. Dicho Consejo es creado para dar representación a la sociedad dentro de la universidad, el cual puede gestionar los presupuestos de una universidad pública. Dentro del Consejo Social, tanto trabajadores como estudiantes están en minoría, donde los demás miembros ‘’representantes’’ de la sociedad gozan de gran mayoría. Escojamos la Universidad de Barcelona como ejemplo. Dichos ‘’representantes’’ de la sociedad gozan de gran mayoría. Escojamos la Universidad de Barcelona como ejemplo. Dichos ‘’representantes’’ de la población de Barcelona son Joan Corominas Guerin e Isolda Ventura Arasanz (entre otros), exdirector del Grup Sabadell y propietaria de un fondo especulador de inmuebles, respectivamente. Este es la naturaleza de quien en la universidad pública toma las decisiones.
El profesorado es el principal activo de la calidad en la enseñanza. Ahora bien, esto no depende de la suma de las capacidades por individuo, sino que tenemos que ver en qué condiciones los docentes trabajan. Existe actualmente un 40% de profesores asociados en las universidades públicas de todo el Estado. Los asociados vienen a cumplir el papel de profesionales externos a la universidad que colaboran aportando sus conocimientos. La realidad es totalmente diferente, desde la crisis del 2008 la mayoría de puestos de docencia se han ido cubriendo con plazas de asociados, lo cual ha supuesto que un colectivo mayoritario en la universidad esté en una precariedad absoluta. Ahora, la LOSU quiere reducir al 8% la temporalidad, haciendo indefinidos a más de 25.000 asociados. El máximo de horas que pueden realizar en un curso es de 120 horas, esto es, cronificar la precariedad convirtiendo en pluriempleados a los docentes universitarios.
En definitiva, la LOSU aprobada recientemente no es más que la consolidación de una universidad precaria y deficitaria en su principal misión: dotar de conocimiento e investigación a la sociedad. Es más que necesario que desde sindicatos a organizaciones de izquierda pongamos encima de la mesa la necesidad de un nuevo redactado.
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