Entrevista: Marifrán González

Marifrán González es trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Valencia, desde 2012, antes estuvo en hospitales y residencias como auxiliar. Desde 2019 es representante de sus compañeras de trabajo por la UGT Servicios Públicos y forma parte de la Asociación de profesionales del SAD en la Comunitat Valenciana; Asociación con la que ha participado y organizado movilizaciones y diversas acciones para reclamar mejores condiciones de trabajo para el colectivo.

Pregunta: ¿Cómo describirías el sector en el que trabajas?

Respuesta.- Es un sector de los más precarizados. A parte de las condiciones penosas en que desarrollan el trabajo, además soportamos la indiferencia de las administraciones públicas. Se trata de un sector que sufre un sesgo de género, ya que el 90% son mujeres, muchas de ellas con cargas familiares y en situación de familias monomarentales.

Pregunta.- Vuestro trabajo requiere de algunos factores muy importantes, como son la confianza y la sensibilidad, pues os hacéis cargo del cuidado de personas dependientes, la mayoría de las ocasiones mayores que viven solos y solas y prácticamente os hacéis cargo de su hogar ¿Está valorado vuestro trabajo?

Respuesta.-No, no sólo no está valorado, tampoco está reconocido, ni por las administraciones, ni por la mayoría de la ciudadanía, que desconocen el alcance de nuestro trabajo. Además de confianza y sensibilidad, requiere discreción, porque en ocasiones somos nosotras las auxiliares las únicas personas en las que pueden apoyarse algunas personas usuarias del servicio. Además, hay que añadir la peligrosidad porque en ocasiones estamos solas e indefensas dentro de un domicilio con personas que son de alto riesgo, pues sufren enfermedades mentales, como esquizofrenias, psicopatías… y no siempre toman rigurosamente su medicación.

Pregunta.- El sector de Ayuda a Domicilio (SAD) no tiene un convenio colectivo de ámbito estatal, tenéis convenios autonómicos e incluso algunos provinciales. El último firmado en la Comunidad de Madrid, fija un salario (2022), para una Auxiliar de Ayuda a Domicilio con 36 horas de jornada (Salario base + plus convenio + plus transporte), de 1.057,89 €, poco más que el SMI, y un incremento para 2023 del 0,5%. ¿Está este convenio en la media de vuestro sector? ¿Qué incremento salarial tenéis previsto para este año en la Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta que el IPC anual se prevé en torno al 9%?

Respuesta.- Con respecto a temas salarial tenemos una cuenta pendiente. Se suponía que nuestro sector tenía que cobrar una equiparación salarial ya que, a todas las trabajadoras de este sector, se nos exigía una titulación o una capacitación, pues bien, esta equiparación salarial se vio ligada a la nueva licitación que se ha alargado varios años, con lo cual no hemos tenido una subida de sueldo. Esto, por un lado.

Por otra parte, para gestionar los nuevos convenios colectivos, la Administración autonómica hizo unas tablas salariales en las que tampoco han incluido al SAD, alegando que la licitación ya estaba concedida y no se podía aumentar el presupuesto. Desde el SAD se exigió, que hicieran una ampliación presupuestaria exclusivamente para subirnos el sueldo igual que al resto de auxiliares de residencias de centros de Día, de centros de la mujer, de centros de acogida, etcétera, pero se nos ha excluido.

En cuanto al convenio colectivo de Ayuda a Domicilio en País Valenciano está paralizado desde el 2016 que venció el anterior; por lo que, a fecha de hoy 22 de octubre del 2022, seguimos sin tener un nuevo convenio colectivo y sin saber ni cuándo ni cuánto nos subirá el sueldo. No solo hemos perdido poder adquisitivo, sino que muchas trabajadoras solo tienen como ingreso su sueldo y están pasando verdaderos apuros para llegar al final de mes.

Pregunta.- ¿Se corresponden estos salarios con las exigencias de vuestro trabajo?

Respuesta.- No, como he comentado anteriormente nosotras vivimos situaciones de riesgo, (con personas que padecen enfermedades mentales, ex toxicómanos, etc.) y carecemos de un plus de peligrosidad. Así mismo, tampoco tenemos un plus de toxicidad y en nuestro trabajo entramos en viviendas con condiciones higiénicas deplorables, (suciedad, plagas, etc.), dentro del sector sanitario o sociosanitario somos las peor pagadas.

Pregunta.- Este sector utilizaba mucho los contratos de “Obra o Servicio” ¿Cómo os han cambiado las condiciones de trabajo, tras la última reforma laboral de principios de este año?

R espuesta.- Bueno en ese sentido se han acogido a la norma que rige actualmente y están haciendo indefinidos, eso sí, de pocas horas, (20,25,29h). Con esta práctica se saltan claramente lo que dice el Convenio Colectivo, (mejorar el contrato de las personas que ya están trabajando), las compañeras que piden que se les amplíe las horas de contrato las obligan a trabajar por la tarde en jornadas partidas, de ese modo se ahorran tener que pagar el almuerzo y de paso nos precarizan un poco más.

Pregunta.- ¿Cuáles son las enfermedades profesionales que más comúnmente sufrís? ¿Están reconocidas como tales enfermedades de esta profesión?

Respuesta.- En general, todas las enfermedades músculo esqueléticas. La mayoría de ellas por hacer movimientos repetitivos (como en los trabajos de limpiezas), o bien por realizar trabajos con unas circunstancias inadecuadas (levantamiento en camas que no son articuladas, etc.), porque, aunque se pueda disponer de grúas y otros accesorios que faciliten nuestro trabajo debido a las circunstancias del hogar de las personas usuarias, esos aparatos no pueden entrar en las habitaciones, baños, etc.

En caso de sufrir un accidente o lesión mientras estás trabajando, la mutua da cobertura, pero no la contempla como una enfermedad profesional, en caso de que se cronifique.

Otro gran problema que se nos plantea, es que no se permite acceder a los domicilios de las personas usuarias del servicio para valorar los riesgos laborales, haciendo prevalecer, la ley de privacidad a la de riesgos laborales, es decir no estamos sujetas a una norma básica que tienen cualquier persona trabajadora, como es el derecho a la salud y la seguridad en el trabajo.

Pregunta.- Los últimos gobiernos elevaron, progresivamente, la edad de jubilación de 65 a 67 años. Ahora, el actual Gobierno, está fomentando alargar la edad de jubilación más allá de los 67 años ¿En vuestro trabajo, es posible trabajar con esas edades?

Respuesta.- No es imposible realizar nuestro trabajo a esas edades, y esta es una de las mayores reivindicaciones de nuestro colectivo, que se revise la normativa y que se nos permita poder jubilarnos a los 60 años. En este sentido nos os hemos unido con plataformas de personal sanitario y auxiliares de residencias, para pedir al Gobierno que cambie la ley y se adelante la edad de jubilación.

Mari Pau García Cupertino

para Tribuna Socialista
Miembro del Colectivo de Socialista en el CATP

Crónica del 15 de octubre de 2022, en defensa del Sistema Público de Pensiones

Por segundo año consecutivo, el movimiento de Pensionistas ha conseguido llevar a cabo una movilización muy masiva en Madrid. Al igual que el 16 de octubre de 2021, el 15 del mismo mes, pero de este año 2022, centenares de miles de personas se manifestaron desde Atocha a Callao. La policía municipal de la capital cifró la manifestación en 25.000 asistentes; por tanto, no sería exagerado decir que no menos de 40.000 manifestantes se echaron a la calle a defender el Sistema Público de Pensiones.

Manifestantes con banderas de Andalucía, Galicia, Extremadura, Cataluña… y por supuesto republicanas, llegados en tren, autocar o coche desde todos los puntos del Estado español; todos con sus propios medios, haciendo honor a la frase que Marx y Engel hicieron patrimonio de la humanidad trabajadora en el Manifiesto fundacional de la I Internacional (1864): “La emancipación de los trabajadores habrá de ser obra de ellos mismos”.

Los motivos concretos de la Manifestación eran varios, pero todos dirigidos a la defensa de las pensiones públicas, entre otros:

  • Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.
  • Incremento de pensiones y salarios acorde al IPC.
  • Rechazo de la reforma que pretende llevar a cabo el ministro de Seguridad Social.

Es importante señalar que en la manifestación del pasado año también se reivindicó una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Aquella reivindicación es hoy una obligación legal, recogida en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre. Obligación que el Gobierno tiene pendiente cumplir, según los plazos establecidos en la Disposición Adicional sexta de dicha Ley.

La Auditoría se fundamenta en el informa del Tribunal de Cuentas, de marzo de 2020, que estableció que, en el periodo 1989 a 2013, el Estado ha utilizado indebidamente más de 103.000 millones de euros de las pensiones para pagar partidas que debiera haber asumido con impuestos.

Entre la multitud de pancartas se podían leer consignas como: “Que los bancos devuelvan los 60.000 millones”, en alusión al dinero público prestado a la banca en la crisis de 2008, o “Ni un euro para la Guerra”, en clara crítica al sustancioso incremento de los gastos militares en los presupuestos del año próximo.

Entre los asistentes no solo había pensionistas o sindicalistas que acudían a título individual. Había familias con sus hijos e hijas, trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores y jóvenes que expresaban que las pensiones no son un problema solo de los mayores.

Tan solo once días antes de esta manifestación, el 4 de octubre, el Gobierno hizo pública su “pretensión” de subir las pensiones “alrededor” del 8,5%, según palabras de la Ministra de Hacienda. Muchos asistentes valoraron positivamente este anuncio, aunque consideraban que había sido un anuncio con el objetivo de desinflar la asistencia a la manifestación. No obstante, no olvidan que, en 2021 los y las pensionistas de nuestro país perdieron entre 3,5 y 4 puntos de poder adquisitivo: las pensiones se incrementaron en el 2,5% para los contributivas y un 3% para las mínimas y las no contributivas, frente a un IPC real del 6,5%.

Muchos de los asistentes eran militantes de diversos sindicatos, incluidos UGT y CCOO, por lo que son conscientes de que los salarios se incrementan en la negociación de los convenios colectivos. Por ello, no comparten la propuesta de “Pacto de Rentas” que ha lanzado el Gobierno a patronal y sindicatos, cuyo incremento rondaría el 3% anual con una duración de tres años. Pacto que ha encallado por la negativa de la CEOE a asumir las cláusulas de revisión salarial que garantizarían que los salarios se revisasen con el IPC de cada año. A cierre del mes de septiembre, la subida media en los convenios colectivos es del 2,61%, en los que han alcanzado acuerdo, por lo que si el IPC se cierra en el entorno del 8,5% que estima el Gobierno, los salarios perderían en promedio casi un 6%; que habría que sumar al 4,1% de pérdida de poder de compra de los salarios en 2021: la media de la subida salarial en los convenios fue del 2,4%.

Se corearon cánticos contra la reforma de la Ley de Seguridad Social que plantea el ministro Escrivá, por la que se ampliaría de 25 a 35 años el periodo para hallar la Base Reguladora que establece la pensión futura de los pensionistas. Se estima que, si esta reforma se lleva a cabo, las pensiones perderían una media del 8%.

La satisfacción de los convocantes, por la masiva asistencia, confirmaba que la movilización es el único método para alcanzar las justas reivindicaciones de la mayoría social, y el Sistema Público de Pensiones lo es.

Rogelio Obrador
Militante socialista de Madrid

Organizar verdaderas movilizaciones para defender verdaderas reivindicaciones

La tasa de variación anual del IPC en el mes de septiembre se sitúa en el 8,9%, un mes más da un golpe a las economías de las familias trabajadoras.

Ante la escalada inflacionista, que viene machacan- do la capacidad de compra de los trabajadores y ante el temor de que esto provocase una ola de movilizaciones como la que se realizó en la Bahía de Cádiz o con las dos semanas de huelga en el metal de Ourense.

El Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, aconsejados por la Unión Europea y el Sr Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, corrieron a la búsqueda de un Pacto de Rentas que sirviese de contención salarial y tuviese bien amarradas a las organizaciones sindicales más representativas, para permitir que los especuladores de todo pelaje llenasen sus arcas, una vez más, a costa de los trabajadores, pensionistas de los pequeños comerciantes y de la precariedad de los jóvenes.

Pese a que los sindicatos presentaron una plataforma de mínimos, que admite una pérdida de poder adquisitivo muy elevada, al plantear una subida de 3,5% para el 2022, 2,5 para el 2023 y 2,00 para el 2024, la COE no admitió el más mínimo ligamen de los salarios a la subida de la inflación, ¡quieren las manos libres! Para en nombre de la libre competencia presentar unas cuentas de resultados insultantemente beneficiosas, como las que acabamos de conocer mientras se escribe este articulo y que son: Iberdrola 3.090millones de beneficio 29% más que en el 2021, Repsol 3.222 millones de beneficio 40% más que en el 2021, Banco Santander 7.300 millones de beneficio 25% más que en el 2021, Sabadell 709 millones de beneficio 92% más que en el 2021.

Los trabajadores resisten y muestran su disposición a la luchar por aumentos salariales según el IPC real como han demostrado los del metal de Ourense que tras dos semanas de huelga han subido 5% para el 2022, 5,5% para el 2023 y un 4,5% para el 2024, la cláusula de revisión señala que los aumentos serán mayores si el IPC sigue creciendo, poniendo un tope del 18%.

UGT y CCOO habían convocado huelga de dos días en Tarragona y el de Barcelona, pero fueron des- convocadas después de haber firmado los respectivos convenios provinciales con las subidas siguientes: Tarragona 6,2 para el año 2022, 3,4 para el 2023, 2,8 para el 2024 y del 2,4 para el 2025, sin absorciones ni compensaciones en estos dos casos, también incluye cláusula de revisión que será del 8,5% de la que sobrepase el IPC al final de la vigencia del convenio.

Como vemos la firma de estos convenios no garantiza el poder adquisitivo de los salarios.

Algunas conclusiones inmediatas; de un lado, los trabajadores han mostrado su disposición a luchar por sus salarios y condiciones laborales, de otro lado y en la práctica, supone la aplicación del Pacto de Rentas deseado por patronal y Gobierno, finalmente contención de salarios y desmovilización.

La clase obrera no renunciará a sus derechos y la lucha por la subida salarial sin pérdida de poder adquisitivo, se conseguirá.

La escala móvil de salarios para que estos suban automáticamente con la subida del IPC. Es una reivindicación que es de plena actualidad, acompañada de un control de precios exhaustivo para todos los productos de primera necesidad, tanto energéticos como alimenticios.

Para lograrlo habrá que organizar verdaderas movilizaciones que recojan verdaderas reivindicaciones en unidad con las organizaciones sindicales en las que se integren todos los sectores.

José A.Iniesta

La Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social es la clave

El tema de las pensiones es complejo, y más aún cuando hay intereses espurios a los sistemas públicos de pensiones sobrevolándolos como carroñeros.

El pasado 15 de octubre tuvo lugar en Madrid una multitudinaria manifestación, convocada por la asociaciones y plataformas de pensionistas, entre otras COESPE. Son las asociaciones que nacieron contra las reformas de pensiones de 2011 y 2013, en particular contra la devaluación de las pensiones sufrida entre los años 2013 y 2018, aplicada por los gobiernos del PP, siendo presidente el Sr. Rajoy; devaluación provocada por la aplicación del ripio 0,25% anual. A la manifestación de mediados de mes de octubre en Madrid acudieron más de 40.000 personas, llegadas de la práctica totalidad de los territorios que componen el Estado.

La movilización estaba convocada, entre otras reivindicaciones, para:

  • Exigir que salarios y pensiones se revaloricen, como mínimo, con el IPC
  • Rechazar la reforma de las pensiones por la que se ampliaría, el número de años, de 25 a 35, para hallar la Base Reguladora.
  • Que se lleve a cabo la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social

Quiero centrarme en la cuestión de la Auditoría, pues es la clave para la defensa del Sistema Público de Pensiones, sin que esto signifique que las demás reivindicaciones no son de importancia.

En primer lugar, hay que señalar el valor de las movilizaciones que los mencionados colectivos de pensionistas vienen llevando a cabo desde hace más de 9 años, pues lo que en la manifestación de octubre del pasado año 2021 era una reivindicación, la Auditoría, hoy es un derecho de los pensionistas, y del conjunto de los trabajadores y trabajadoras, y una obligación del Gobierno que ha asumido en la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, en su Disposición Adicional Sexta:

“En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social.

Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.”

Como podemos ver, los plazos se le han “olvidado” al Gobierno y por eso hay que refrescarle la memoria.

En segundo lugar, la Auditoría es una necesidad para el Sistema Público de Pensiones. La reivindicación se apoya en el Informe que emitió el Tribunal de Cuentas en 2020; según el cual:

“El coste estimado asumido por la Seguridad Social por cuenta del Estado, procedente de la asistencia sanitaria y de los complementos por mínimos de pensiones, por un total de 103.690 millones de euros. En esta estimación no se han incluido otros conceptos de gasto asumidos que pudieran existir, así como el coste de oportunidad procedente de la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o adscritos a las Fundaciones Hospital, debido a que el Tribunal de Cuentas no dispone de información para su cuantificación.”

Este informe del Tribunal de Cuentas del Estado abarcó el periodo 1989 a 2018. Si nos fijamos en la Ley 21/2021, mandata al Gobierno a encargar una Auditoría que abarque el periodo 1967 a 2019. Cabe preguntarse: Sí en 29 años el Estado le debe 103.000 millones a las Pensiones Públicas, ¿cuánto debe de 51 años? ¿y si además el Tribunal de Cuentas contase con toda la información para establecer la cuantificación completa?

En mi opinión, es muy grave que el Tribunal de Cuentas del Estado diga por escrito en un informe que no ha contado con “toda la información para la cuantificación”.

Desde el punto de vista económico se termina con el mantra, establecido por “los mercados” y sus agentes a sueldo, de que las pensiones no son viables o que el sistema está quebrado.

En tercer lugar, políticamente, la Auditoría, pondrá al descubierto que ha habido una continuidad, desde el franquismo a nuestros días, en el uso indebido del dinero de las pensiones, por todos los gobiernos.

Estos tres elementos: que la movilización si tiene efecto, a condición de que sea de verdad y no una simple formalidad de cara a la galería; que cuando el Estado devuelva el dinero que le debe a la Seguridad Social, quedará despejada la duda (sembrada con mala intención) sobre la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones; y que se dará un gran paso en transparencia, respecto al manejo del dinero de los salarios diferidos de los trabajadores y trabajadoras.

El dinero de las Pensiones Públicas no proviene de los impuestos: Es la parte del salario que el trabajador y el empresario aportan para la pensión. Por tanto, continuemos luchando por la defensa de lo que es nuestro.

Roberto Tornamira

Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista y de la Coordinadora Estatal del CATP

Editorial: La inflación también es un arma

Europa está revuelta no solo por la guerra en Ucrania, hay armas que matan de pobreza, como la carestía de la vida, que afecta a todos los países del continente. Nuestro país cerró 2021 con una tasa del riesgo de pobreza o exclusión social del 21,7%. Seis meses después, la cifra a cierre de junio ha crecido hasta el 27,8% (Fuente: INE). Esto significa que 13 millones de personas se encuentran en esta lamentable situación.

En otros países del continente las cosas no son diferentes, salvo en la resistencia activa de la mayoría social y en particular de los trabajadores y trabajadoras.

Estos meses atrás, en Gran Bretaña han ocurrido más cosas que la muerte de Isabel II y las fastuosas idas y venidas de su féretro. Incluso cuestiones que, aunque no se relacionan, están vinculadas con la grotesca situación que vive el partido conservador en el Gobierno. Nos referimos a la huelga del transporte ferroviario que tuvo lugar el pasado 21 de junio, la mayor de los últimos 30 años, seguida por más de 40.000 trabajadores. Boris Johnson dijo al sindicato de ferroviarios, RMT, que: “a pesar de la huelga, los planes de reforma del transporte ferroviario seguirían adelante”, además de amenazarles con contratar trabajadores de agencias (lo que en España conocemos como ETTs). Sin saber, en aquel momento, que quien no seguiría adelante sería él. A las movilizaciones se sumaron los trabajadores del Metro de Londres. La huelga afectó a las estaciones ferroviarias de Inglaterra, Escocia y Gales y a la capital del reino.

Se reivindicaba que los sueldos se incrementen en el mismo porcentaje que el coste de la vida, contra las reducciones de personal, la eliminación de las oficinas de expedición de billetes y contra la decisión del Gobierno de quitar la financiación de la red metropolitana londinense.

El 31 de agosto fueron los trabajadores del servicio postal, Royal Mail, convocados por el sindicato CWU, quienes paralizaron la actividad. Estaban llamados a la huelga más de 100.000 trabajadores, y los motivos coincidían con los trabajadores ferroviarios en la reclamación de incrementos salariales iguales a la inflación.

Como los ferroviarios y los trabajadores del correo, los estibadores de Felixstowe: en el puerto de carga más grande de Gran Bretaña, el 26 de agosto se inició una huelga de 8 días, para exigir subidas salariales.

Otros sectores se echaron a la calle y pararon la actividad: los camioneros se aseguraron aumentos salariales del 20 %, los trabajadores del aeropuerto de Gatwick ​lograron el 21 % de incremento y los de la aerolínea British Airways, consiguieron el 13%.

Además de las bravuconadas del penúltimo jefe del Gabinete británico, el Gobierno reaccionó con cambios legales que significan el retroceso de, al menos, un siglo en los derechos de movilización y huelga de los trabajadores; facilitando a las empresas el uso de personal temporal (los llamados “esquiroles” en España), lo que hasta este año era considerado un delito. La represión contra los sindicatos toma su forma en la posibilidad de ser juzgados por “huelga ilegal”, con multas que podrían ser de 250.000 a 1 millón de libras (285.000 a 1.140.000 euros).

Al mismo tiempo que han tenido lugar estas expresiones de resistencia de los trabajadores y trabajadoras, se desarrolla en todo el país un potente movimiento contra la guerra, o sea contra la implicación directa del gobierno británico que se ha convertido, después de Estados Unidos, en el principal proveedor de armas y de entrenamiento de los soldados ucranianos. Estar en contra de la Guerra no es compatible con alimentar la guerra con armas.

La situación en Francia no es diferente, el pasado 16 de octubre tuvo lugar una manifestación en París, con cerca de 140.000 asistentes, que finalizó en la emblemática plaza de la Bastilla. ¿Los motivos? Son idénticos a los de las movilizaciones de los trabajadores británicos: contra la carestía de la vida, salvando las formas y ritmos de las movilizaciones.

Desde el 27 de septiembre se mantiene el conflicto en las refinerías francesas, con una huelga en la que los trabajadores exigen un 10% de aumento para compensar los efectos de la inflación.

La reacción del Gobierno de Macron ha sido similar a la de Gobierno británico: Obligación administrativa de retorno al trabajo, la requisición. O lo que es lo mismo: la anulación del derecho a huelga.

El martes 18, más de 150.000 personas se manifestaron en Marsella, Burdeos, Lyon, Montpellier, Reims, Rouen, Amiens, Lille, Poitiers, Orléans y Estrasburgo. No solo trabajadores de las refinerías. También trabajadores de la Enseñanza, del sector agroalimentario y los comercios por un reparto justo de la riqueza y un aumento salarial. Los manifestantes llamaron a respetar su derecho a la huelga. Quebrar este derecho, es lo que ha hecho el Gobierno finlandés en el mes de septiembre, como es lo que se hace en España, por la vía de los servicios mínimos abusivos o apelando al artículo 172 del Código Penal, una vez que el 315 fue derogado.

Podríamos poner otros ejemplos de movilizaciones en otros países de Europa, por los mismos motivos o parecidos, excepto en España. No porque la carestía de la vida en nuestro país sea más baja que en Francia o Gran Bretaña, ni en otros países de nuestro entorno; la media del IPC en la Zona Euro estaba en mayo del presente años en el 8,8%.

Tampoco se puede achacar a que no hay problemas sociales y laborales. De hecho, según datos del INE, las jornadas de huelga en España se han incrementado en el periodo enero/agosto en un 25,61%, comparado con el mismo periodo de 2021.

Los trabajadores de Vueling, compañía aérea con sede en Barcelona, irán a la huelga los viernes, domingos, lunes y festivos durante los tres próximos meses, hasta el 31 de enero, en demanda de incrementos salariales que revaloricen sus salarios por encima del IPC. Como ellos, los trabajadores de Renfe irán a la huelga los días 28 de octubre, 7 y 11 de noviembre. Otros sectores están en conflicto, como las trabajadoras de la limpieza en cuatro provincias de Castilla La Mancha; los trabajadores y trabajadoras de diferentes servicios sanitarios de Madrid, como los de las Urgencias de Atención Primaria, son solo ejemplos de los cientos de empresas y decenas de sectores en lucha.

Las movilizaciones en defensa de las Pensiones Públicas, el 15 de octubre o las del 22 del mismo mes, en defensa de la Sanidad Pública en Madrid, demuestran que hay motivos para la movilización y que los trabajadores y la ciudadanía en general tiene predisposición a luchar por defender sus derechos, solo falta la voluntad de organizar la movilización, por parte de quienes tienen capacidad para ello. Los groseros beneficios que están anunciando las principales empresas españolas justificarían por sí solos dicha movilización.

En la siguiente tabla y en la gráfica que la representa, podemos extraer, a simple vista, dos conclusiones, entre otras: una, que la inflación comienza su ascenso antes de que Putin invadiese Ucrania, por tanto, la guerra no lo justifica todo. Y la otra, que si en otros países la clase trabajadora está movilizada en defensa de su sustento, contra la vida cara, en España hay más motivos.

La inflación en buena medida provocada no solo solo favorece a las grandes empresas, sino que podemos decir que es la traducción de la política de guerra en el terreno social, como se dice popularmente es «el impuesto a los pobres».

God Save the Queen

Por si alguien no se ha enterado (permítaseme la ironía), hace unos días que falleció la reina Isabel II. Incluso la han enterrado. Todos los medios de comunicación mundiales se han hecho eco de la noticia, que ha paralizado al Reino Unido, y que ha desatado los mensajes de condolencias de todos los jefes de Estado y primeros ministros del mundo.

Los mass media tratan por todos los medios (nueva ironía) de difundir una imagen de unidad de los británicos en relación a su apoyo a la monarquía. Nada más lejos de la realidad.

Ya hace 45 años los Sex Pistols lanzaron God Save the Queen, una canción contra lo que consideraron el autoritarismo de la familia Windsor; es decir, la familia de la reina Isabel II, quien falleció hoy tras 70 años de reinado. En medio de la recesión económica, la falta de oportunidades para los jóvenes, el punk fue el movimiento que levantó la voz ante éstas y otras situaciones socio-políticas.

En mayo de 1977, Glen Matlock, Sid Vicious, Johnny Rotten, Steve Jones y Paul Cook, lanzaron el que sería su canción más conocida: “God Save the Queen”, incluido en el álbum “Never Mind the Bollocks, Here’s the Sext Pistols”.

El lanzamiento del tema coincidió con el jubileo de la reina Isabel II; es decir, en la celebración de los 25 años de ésta en el trono que asumió en 1952. La canción acusa directamente a la reina Isabel II y a su familia de encabezar un régimen fascista, algo impensable en la España actual sin que inmediatamente hubiera penas de cárcel. La letra de la canción dio voz a la juventud británica. principalmente de la clase trabajadora, contra una monarquía a la que consideraban causante de la situación de pobreza creciente de gran parte de la sociedad británica.

El 7 de junio de 1977, los Sex Pistols se embarcaron en el “Queen Elizabeth”, y navegaron por el Támesis rodeados de activistas contra los Windsor y contra la monarquía. Cuando llegaron a la altura del Palacio Real comenzaron a tocar “No Feelings” y “God Save the Queen”. ante el asombro de los monárquicos. Tras esta muestra de rebeldía, la policía los interceptó, y tras intercambiar insultos y amenazas, Johnny Rotten, Sid Vicious, Glen Matlock, Steve Jones y Paul Cook, junto a todos los que viajaban en el “Queen Elizabeth” fueron detenidos durante varios días.

God Save the Queen fue censurada no sólo por la BBC sino por otras emisoras de radio debido al contenido rebelde de la letra. Pese a ello, la canción se colocó en los primeros puestos de los listados de canciones más escuchadas, por lo que, pese a la censura, se pudo difundir y convertirse en un símbolo de la juventud obrera en el Reino Unido y en todo el mundo.

Baltasar Santos
Tribuna Socialista

Notas (que no importan), sobre unas notas para unas memorias que nunca escribiré (que sí importarían)

Por Martín Lozano

De todos mis cercanos es conocida la admiración y el respeto que siento por Juan Marsé, la primera de mis colaboraciones aquí, hace exactamente dos años, versó sobre él. No fue buscado, pero es curioso que abra y cierre mi colaboración en TS sobre la misma persona. Está vez quiero hacerlo sobre su última obra publicada (¿seguro que es la última?). Muerto como del rayo en Barcelona (su ciudad y la mía), un 18 de julio de 2020 (hizo dos años en la maldita onomástica de la paga veraniega franquista).

Publicada en marzo de 2021, pese a que el Depósito Legal y el ISBN son del 19, con él aún vivo. En las notas se advierte que Juan estaba trabajando de cara a su posible edición (pese a su título), por lo que no hay que considerarlas una publicación ni a escondidas, ni en contra de la voluntad del autor. Durante las anotaciones Marsé pone en duda la necesidad, la calidad y el interés que puede tener alguien en leer las dichosas notas. Para su tranquilidad personal, post mortem, he de decirle que por lo menos a mí me han interesado y me han gustado sobremanera; para tranquilidad de la editorial no hay más que ver las cuantiosas ventas. No incluyo en mis preferidas esas en las que dice: «…me pregunto una vez más que interés pueden tener estas anotaciones para un hipotético lector», del resto hay unas con las que me he reído no estando de acuerdo con ellas, otras que me han interesado por múltiples razones, otras que me han hecho reflexionar, otras me han despejado incógnitas sobre sus obras y otras me han hecho carcajear estando al cien por cien de acuerdo con él.

Estoy conforme al 100% con su juicio sobre la película ‘El Embrujo de Shanghai’ de la que dice: “los errores de casting” (Creo que no se refería solo a la contratación de Ariadna Gil. Actriz fetiche de Fernando Trueba, su futura cuñada, y de su hermano David, (fetiche, no cuñada) por la que han sido capaces de cambiar incluso el género y la orientación sexual de uno de los protagonistas de una novela para que lo hiciera ella, como ocurrió en ‘Soldados de Salamina’, por lo que algunos lectores del libro de Cercas nos sentimos ligeramente estafados. En esta ocasión tal vez solo haya sido por el rasgado, engañosamente oriental de sus ojos. Creo que solo Fernán Gómez y Aida Folch se defienden, Resines está pasado de fecha, Eduard se queda corto, no todos pueden hacer todo, Sanz está pasado de chulo (madrileño), «luego los actores mal dirigidos y después que con ese guion no se podía hacer nada (cambios innecesarios de la novela)», a Marsé le entusiasmó el guión que escribió Victor Erice al adaptar su novela, pero parece ser que el productor Vicente Gómez, íntimo de Trueba, prefirió que la dirigiera este, con un guión nuevo escrito por el propio Trueba, en lugar de Erice con el que tenía firmado un contrato por la escritura y estaba a falta de firmar el de la dirección de la película. Como se puede ver en todos los mundillos existen las covachuelas humanas, las preferencias, los intereses, las filias y las fobias. Marsé siempre expresó:

«que yo vendo los derechos de mis novelas, pero no mi opinión».

El maestro debía ser también tan gruñón como aparece a lo largo de las notas en las que reconoce que su palabra preferida y la más usada es: NO. Dejando constancia de ello en el número de veces que rechaza entrevistas, reportajes televisivos y de prensa, excepto cuando las entrevistadoras son jóvenes y bellas, o jóvenes y simpáticas, o solo atractivas. En otra de las opiniones vertidas a lo largo de sus notas con las que estoy de pleno acuerdo es con respecto al cine de Almodóvar. En la primera de ellas dice: «Por la noche veo la peli de Almodóvar ‘Hable con ella’. Primera mitad farragosa, sin nervio, aburrida. Luego mejora. Pero hay algo en las películas de Almodóvar que siempre acaba por dejarme indiferente,a pesar de la buena factura, el buen gusto y las buenas interpretaciones. Y es que lo que me cuenta no acaba de interesarme, me deja frío». En la segunda compara de manera rotunda todo el cine del manchego con una película: «’María de la O’, de Francisco Elías, 1935, con la gran Carmen Amaya (jovencita), Antonio Moreno (un galán madrileño afincado en Hollywood que intervinoen multitud de películas, por ejemplo en ‘Centauros del desierto’ donde interpreta al digno Emilio Figueroa) y Pastora Imperio. Es una peli curiosa, espectacular. Es mejor que todo el cine de Almodóvar». Vuelvo al 100%.

Yo con el cine del manchego estoy al borde de un ataque de nervios si me ha de volver a contar todo sobre su madre, no quiero que me hable de ella y sus madres paralelas, ni del honor y gloria de Julieta, es como oír un rumor continuo de tacones lejanos. La ley del deseo no puede atarme a su carne trémula, a sus abrazos rotos y dejarme la piel que habito y mi voz humana entre tinieblas, entrando en un laberinto de pasiones, para convertirme en un matador, enseñando la flor de mi secreto y mi mala educación para terminar preguntándome: ¿Qué he hecho yo para merecer esto?

Porque Marsé es un gran aficionado al cine. Capaz de ver dos y tres películas al día, como todos los que hemos crecido atrapados en una butaca de los cines de sesión continua de nuestros barrios, envueltos en fragancias de ozono pino (o peores), en aquellas salas en las que nos enamorábamos por primera o por quinta vez, en las que fumábamos en la oscuridad y soñábamos con las aventuras que jamás tendríamos, viajando a los sitios que nunca visitaríamos, porque no saldríamos en la vida de aquellas cuatro calles que eran nuestra patria, salvo para ir a trabajar o a la mili al cumplir la edad reglamentaria. Yo que soy uno de ellos, he disfrutado casi cada una de estas notas.

Gracias por todo Maestro. Salud Compañeros. Epílogo: Esclarecedor su paso como jurado del Premio

Planeta y categórico su comentario sobre Aznar. Estoy buscando el guión posteriormente novelizado (La promesa de Shangai) de Erice.

11S. Una Diada que presagia un otoño calentito

La Diada nacional de Catalunya de este 2022 que se conmemoró el día 11 de septiembre no pasará a la hitoria por la unidad de los catalanes y catalanas.

En efecto, en las diadas de la última década hemos asistido a manifestaciones multitudinarias, sobre todo cuando los lemas orientados a la independencia de Catalunya convivían con los que abogaban por el “derecho a decidir”. Los sindicatos UGT y CCOO se habían sumado bajo este llamamiento de defensa del derecho a decidir, dotando las manifestaciones de un necesario carácter de clase. Sin embargo, la división se inició a partir de 2017. A partir de ese año, las manifestaciones, convocadas por ANC y los partidos independentistas han carecido de la participación de las organizaciones obreras.

En este 2022, la división del gobierno catalán compuesto por Junts x Catalunya y ERC, bajo la presidencia de Pere Aragonés, ha ido aumentando como consecuencia de una estrategia diferente de los partidos del govern. Mientras ERC (segundo partido en votos, tras el PSC) aboga por la consecución de una amplia mayoría que permita la independencia, Junts x Catalunya adopta en el gobierno catalán una actitud más extrema y rupturista con el mismo fin. Para colmo, las continuas intromisiones de Puigdemont, marcando la pauta de Junts desde Bélgica, y la sustitución de Laura Borrás como Presidenta del Parlament, tras su imputación por presuntamente favorecer a sus amigos con contratos públicos, han conducido a Catalunya a una situación de desgobierno que amenaza con ruptura.

Para postres, la ANC convoca una manifestación en la que arremete contra los partidos políticos, incidiendo en la fractura de los partidos independentistas y obligando a los miembros del Govern de ERC a desmarcarse de esas posiciones anti partidos y a no participar en la manifestación. Dicho de otra manera, La ANC y Junts hacen aparecer a ERC, tradicional partido independentista, como traidor y “botifler” ante la opinión pública independentista. División tras división. Aún así, se cifra en 150.000 los participantes en la manifestación.

Jordi Turull, Secretario General de Junts, aboga por “tomar nota” de las críticas que se han formulado en la manifestación de la ANC, e insiste en que el Pacto de gobierno (Junts-ERC) se está incumpliendo en 3 temas que considera fundamentales: la falta de un espacio de dirección estratégica para el embate independentista; las desavenencias sobre la mesa de diálogo, y la creación de un espacio de coordinación entre los parlamentarios independentistas en Madrid. De hecho, lo que Turull afea a ERC es el acuerdo para la investidura del presidente español, Pedro Sánchez, que entra en contradicción, según Junts, con el pacto de gobierno catalán. y ha vuelto a instar a ERC a priorizar este último.

Se percibe en el ambiente, un aire de ruptura del gobierno catalán en vísperas de un debate de política general que se celebrará en el parlament de Catalunya, y de la negociación de unos presupuestos catalanes para los que el PSC se ha ofrecido a acordar siempre que sean unos presupuestos para todos los catalanes y no solo para una parte de los catalanes. ERC ya le ha dicho no a Illa.

Por su parte, CCOO y UGT han hecho público el manifiesto conjunto del “sindicalismo de clase y organizado” que reivindica de nuevo el “derecho a decidir” como máximo objetivo para superar la crisis política del nacionalismo catalán. Los sindicatos afirman que “los derechos nacionales avanzarán con el avance de los derechos sociales” y sus reivindicaciones de “diálogo y negociación” pasan por la “reforma del Código Penal”.

Por lo que respecta a los derechos sociales, entre otras reclamaciones de los sindicatos, creo que hay que destacar la derogación de todas las reformas laborales, luchar contra la pobreza laboral y la desindustrialización, reclamando un nuevo pacto industrial que genere empleo digno y unos presupuestos de la Generalitat que permitan abordar la reconstrucción económica y social del país, con una visión de izquierdas y progresista.

Despejada la primera incognita sobre las preferencias de pacto del gobierno Aragonés en la negociación de los presupuestos de la Generalitat, las preguntas que quedan en el aire son: ¿Romperá Junts el govern de la Generalitat o agotarán el mandato como ha anunciado el President Aragonés?. ¿Ejercerán los sindicatos su fuerza para derogar las reformas laborales y conseguir aumentar los salarios de la clase trabajadora?. El otoño será calentito y las necesidades apremian.

Baltasar Santos
TS Catalunya

Fiscalidad: Que contribuya más el que más tiene Fiscalidad

Es las épocas de “vacas flacas” es cuando más se notan las diferencias entre las políticas fiscales progresistas y las liberales, las de izquierda y las de derecha. Los impuestos son las aportaciones de los ciudadanos por diferentes conceptos (renta, patrimonio, bienes inmuebles, vehículos…). Su recaudación permite aplicar polítcas públicas. Una de las características de las políticas socialdemócratas es la aplicación de una fiscalidad que permitas quién más tiene aporte más para cubrir las necesidades de todos, especialmente, de los que menos tienen. Las políticas liberales, al revés, aplican bajadas de impuestos, especialmente a las rentas más altas con el objeto de reducir el peso de las políticas públicas y privatizar todo lo privatizable generando negocio privado para los suyos.

Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid eleva la desfachatez fiscal a su enésima potencia, no solo baja los impuestos a los más ricos, sino que además, el dinero público recaudado lo utiliza para favorecer a las rentas más altas. El anuncio de la creación de becas al estudio para los hijos de famílias bienestantes que van a colegios privados en detrimento de más dinero público para la sanidad y educación públicas son un buen ejemplo.

Pero el mes de septiembre ha estado cargado de noticias relacionadas con la fiscalidad, especialmente con la competencia o competitividad fiscal que las autonomías gobernadas por el PP están anunciando sobre el Impuesto de Patrimonio. Madrid fue la pionera, ahora Andalucía y Galicia anuncan exenciones o rebajas del impuesto de Patrimonio, es decir bajadas a los más ricos. Esta estrategia de competir en bajadas de impuestos a los más ricos es una clara declaración del objetivo de estos gobiernos autonómicos: reducir las políticas públicas a su mínima expresión y atraer las rentas más altas. Políticas para ricos.

Pedro Sánchez ha censurado esta medida de «competencia fiscal a la baja” y ha dicho que “Lo importante es fortalecer el Estado del Bienestar, que nos defiende frente a adversidades como la pandemia”.

Por otro lado, el impuesto a las energéticas y la banca, así como el nuevo impuesto que se ha anunciado sobre las grandes fortunas, son medidas que se orientan a que contribuya más el que más tiene, pero que deberían aplicarse no temporalmente, sino de manera estructural.

En Europa también cuecen habas. La primera medida que ha anunciado la flamante nueva ministra conservadora, Liz Truss es reducir los ingresos del Estado, rebajando varios impuestos, por lo general a las rentas más altas, en un total de 55.000 millones de euros para reactivar la economía. La laborista Rachel Reeves, en la oposición, dice que esta es la estrategia para favorecer a los ricos para que su gasto llegue a los más pobres.

En el primer mandato de Macron en Francia ya se han aprobado importantes rebajas fiscales a las clases más pudientes, con la supresión parcial del impuesto sobre la fortuna o disminuyendo del 45% al 30% la tasación máxima del capital. Ahora, el segundo mandato se ha iniciado con el anuncio de los superbeneficios de las grandes multinacionales en Francia, ante los que el gobierno Macron se niega a gravar fiscalmente, de forma contratria a lo que exige la oposición de izquierdas, Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES) que reclama un impuesto ante tan descomunales beneficios, mien- tras los servicios públicos se están deteriorando a la velocidad de la luz

El debate ideológico por la fiscalidad no es cualquier cosa. Los servicios públicos que deben garantizar la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades, está en juego. Defender hoy los impuestos puede parecer impopular, pero los impuestos son necesarios. Eso sí, justos. Que sirvan para redistribuir la riqueza que se genera en beneficio de toda la población. Unos impuestos que obliguen a que el que más tiene contribuya más, para cubrir las necesidades de quien menos tiene.

Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de TS

¿El fin de la abundancia? ¿de qué abundancia hablamos?

Hace unas semanas, en una intervención solemne en la cumbre de la OTAN en Madrid, el presidente francés, Emmanuel Macrón, afirmó que habíamos llegado al fin de la abundancia. Ante el contexto actual de escasez de bienes y suministros de primera necesidad, Macrón apelaba a evitar el derroche. ¿qué derroche?

Hace mucho tiempo que ni franceses, ni españoles, ni italianos, griegos o alemanes podemos permitirnos malgastar ni despilfarrar porque vivimos al día. La pobreza se ha extendido a más población, y la vulnerabilidad energética y económica no solo sacude los bolsillos de quién no tiene un empleo, sino también los bolsillos de trabajadores asalariados, autónomos y pensionistas que ven que sus ingresos actuales no bastan.

Nadie sabe a ciencia cierta si a lo que Macrón llama “abundancia” es, en realidad, el “estado de bienestar” que lleva años en franco retroceso.

Sería bueno que Macrón recordara que quien se ha llevado las fábricas a Asia para abaratar costes (y salarios) no han sido los trabajadores europeos, sino las direcciones de las empresas multinacionales que están dejando un gran reguero de destrucción productiva y de creciente desempleo.

Sería bueno que Macrón recordara que quién ha asfixiado hasta la extenuación a la clase trabajadora de viejo continente han sido las políticas neoliberales y austericidas, con las que la clase trabajadora ha pagado los excesos y las burbujas del poder financiero internacional.

Antes de pedir nuevos sacrificios a la clase trabajadora, haría bien Macrón en reconocer que ni las privatizaciones del sector público, ni los recortes en pensiones y en derechos de la clase trabajadora han servido para apaciguar a los hambrientos mercados, pero sí para precarizar las economías familiares de quien no tiene más sustento que el fruto de su trabajo.

Harían bien Macrón y todos los líderes europeos en reconsiderar si las políticas energéticas e industriales de Europa se han ajustado a las necesidades de los europeos. Harían bien en reconsiderar que la dependencia energética del gas ruso, argelino o estadounidense no son las soluciones de los europeos necesitan ni las fábricas europeas necesitan.

Haría bien Macrón en concretar la definición de la abundancia de la que anuncia el final, porque como ya le ha advertido el Secretario General de la CGT francesa, no hay trabajadores, en ningún país europeo, que naden en la abundancia.

Habrá que preguntarle a Macrón si “el fin de la abundancia” es consecuencia del seguidismo a la política militar expansionista de estados unidos y la OTAN,

con tanta responsabilidad sobre la escalada de provocaciones que han dado lugar a la guerra como culpa tiene Putin y sus oligarcas, por ser el primero en condenar a su pueblo y al ucraniano a una guerra fraticida.

Habrá que preguntarle a Macrón si por abundancia se refiere a llevar una vida digna y normal, mediante la que las personas puedan tener un frigorífico, una lavadora, calefacción y poder acceder a alimentos saludables.

Habrá que preguntarle a Macron si el fin de la abundancia es un nuevo ataque a los derechos y conquistas sociales de los trabajadores en Europa, fundamentalmente en coberturas sociales como las prestaciones por desempleo y las pensiones, o la educación o la sanidad.

El anuncio del fin de la abundancia está provocando que la población tome conciencia de que Rusia se había convertido en el granero del mundo y principal proveedor de Gas a centroeuropa, y China en la fábrica del mundo, y que las políticas europeas no han hecho otra cosa que facilitarlo.

La escasez de componentes para el sector de la automoción y materias primas para la industria, el encarecimiento de las energías y combustibles y con él, el encarecimiento de todos los productos, especialmente los de primera necesidad, no son consecuencia de la guerra sino consecuencia de años de destrucción de la otrora Europa social.

La vil invasión de Putin a Ucrania ha acelerado las consecuencias de las políticas liberales y austericidas de Europa, poniendo al descubierto el desabastecimiento energético, que pone en peligro la producción industrial, aumenta los costes de distribución y deja en situación de pobreza energética a varios millones de europeos, generando una inflación que la clase trabajadora no puede permitirse durante mucho tiempo.

La verdadera caracterización de la guerra es el dominio económico de los “mercados”, principalmente el mercado europeo del gas, codiciado por las empresas estadounidenses que ven como su gas licuado, obtenido mediante la técnica del Fracking se configura como la gran solución para evitar el desabastecimiento de energía en Europa, y el colapso industrial. De momento, EEUU ya ha desbancado a Argelia como primer suministrador de gas licuado a España, y Europa se debate entre traer ese gas a través del Midcat o a través de un nuevo gaseoducto que atraviese desde España hasta Italia. Eso sí, en cualquier caso, el gas americano siempre será más caro que el gas ruso, algo que los empresarios alemanes están comenzando a cuestionar. Dice el refrán que a río revuelto ganancia de pescadores, y aquí hay unos pescadores muy interesados en que el río continúe revuelto.

Si el fin de la abundancia es el fin del estado de bienestar, me temo que ni en Alemania, ni en Francia, ni en España, ni en ningún país, la clase trabajadora va a estar de acuerdo con ese final.

Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista