Tribuna Socialista

Las conversaciones acaecidas en los últimos días en torno a la nominación de Pedro Sánchez, como candidato a formar gobierno, han suscitado fuertes expectativas y generado una gran repercusión en los medios de comunicación. Por otra parte, han tenido la virtud de acrecentar la ceremonia de la confusión instalada en el PP y de impulsar una nueva forma de hacer política, en coherencia con la nueva relación de fuerzas existente en el Parlamento, además de situar a Pedro Sánchez en el centro del tablero político. Como todo el mundo ha podido observar, la corrupta financiación del PP ha terminado, por el momento, con las escasas posibilidades de que Rajoy pueda gobernar de nuevo y ha convencido a la UE de la inviabilidad del proyecto del PP hipotecado por gravísimos escándalos no homologables por esas latitudes.

A pesar de todo ello, algunos todavía defienden la gran coalición (PP-PSOE-Ciudadanos) y otros se pronuncian por la abstención del PSOE para facilitar el gobierno del PP (con el apoyo de Ciudadanos), sin descartar ninguno de ellos la celebración de nuevas elecciones. Son pocos, pero muy poderosos, los que así opinan, y no dudan en utilizar los pronunciamientos de la UE, los resortes del poder político y económico, las estadísticas y encuestas (manipuladas) y el poder mediático afín para defender sus intereses ocultos. Sin embargo, que nadie se llame a engaño- como ya ocurre en algunas CCAA-, los ciudadanos más conscientes defienden un gobierno progresista con Podemos e IU (otras alternativas no son realistas) que, a su vez, trabajen para conseguir también el apoyo (o la abstención) del resto de los partidos (sobre todo de Ciudadanos) e, incluso, de los de marcado carácter nacionalista, tanto en el debate de investidura como, posteriormente, en el ejercicio de gobierno.

Todo ello resulta comprensible a estas alturas, sobre todo después de la renuncia de Rajoy y de que la gran mayoría de los politólogos, expertos y ciudadanos en general admiten que en el 20-D se votó al espacio de centro izquierda y no a pactos en abstracto sin ninguna base ni fundamento, como si fuera posible olvidar e “indultar” al PP ante hechos de corrupción verdaderamente escandalosos. Por otra parte, no debemos olvidar que el PSOE, Podemos e IU suman más de 11 millones de votos y que, por lo tanto, tienen la legitimidad que les han otorgado las urnas para intentar formar un gobierno de cambio que tenga en cuenta, sobre todo, a los más desfavorecidos por la crisis, al margen de las dificultades y de los inciertos resultados.

Son argumentos poderosos para intentar configurar un programa de gobierno progresista que responda a los problemas reales que más preocupan a los ciudadanos. Según la resolución del Comité Federal del PSOE, el posible Acuerdo debe ser votado por todos los afiliados y posteriormente ratificado por el Comité Federal. Nada que objetar a que voten los militantes y tampoco a que el Comité Federal ratifique el Acuerdo; una decisión que, en todo caso, resulta innecesaria después de que hayan hablado los militantes. Lo más llamativo de esta resolución es que se presentó al Comité Federal con el objeto de fortalecer a Pedro Sánchez en las conversaciones y frenar la contestación interna, cuando eso se podría haber evitado si el Comité Federal hubiera apoyado sin reservas a Pedro Sánchez en esta difícil coyuntura política, cosa que no ocurrió por la presión radical, bochornosa y estrafalaria- en contra de pactar con Podemos- de algunos ex dirigentes con experiencia institucional y de gobierno. Lo más grave de todo ello es que la fecha de convocatoria del Congreso del PSOE ha añadido incertidumbre a la compleja situación orgánica, cuando lo que este País necesita es garantizar la gobernabilidad y abordar los problemas económicos y sociales que preocupan a los ciudadanos sin tener que celebrar necesariamente unas nuevas elecciones generales. En todo caso, estas circunstancias obligarán a supeditar la celebración del Congreso al calendario de investidura- como ha venido proponiendo la comisión ejecutiva federal-, lo que debería consolidar a Pedro Sánchez como secretario general en su pugna con otras propuestas y posiciones, siempre y cuando aguante la fuerte presión, no defraude las expectativas y consiga lo que se propone: “formar un gobierno progresista y reformista, pero nunca a cualquier precio”.

En el marco de las múltiples conversaciones que se están celebrando, el PSOE está trasladando a todos los ciudadanos la certeza de que dentro de nuestra democracia es posible resolver sus problemas y que lo fundamental y prioritario es acordar un programa de gobierno que responda a la pregunta obligada de los ciudadanos: ¿Gobernar para qué? En este sentido, debemos recordar que los problemas que más preocupan a los ciudadanos son superar las secuelas que ha dejado la crisis (la desigualdad y pobreza), recuperar los derechos perdidos y en tercer lugar avanzar decididamente en la creación de empleo. La última Encuesta de Población Activa (EPA-2015-IV trimestre), así como los datos de paro registrado del mes de enero en las oficinas públicas de empleo y, sobre todo, la disminución de los afiliados a la Seguridad Social (308.966 menos, al pasar de una media de 17.326.280, en 2011, a 17.017.314 de media en 2015) confirman la gravedad del problema y demuestran que la legislatura del PP ha sido una legislatura perdida para el empleo (el número de trabajadores activos en la actualidad es menor que el existente al comienzo de la legislatura: concretamente 153.200 menos) y para resolver los problemas derivados de la precariedad de nuestro mercado de trabajo (Alberto Pérez, Fundación Altedia Creade).

Efectivamente, La última EPA contempla casi 4,8 millones de trabajadores en paro (20,9%) y la contratación temporal alcanza el 25,66%, a lo que hay que añadir el aumento y consolidación del trabajo a tiempo parcial, que se sitúa en 2.843.700 personas (15,72%), de las cuales el 62% preferirían un empleo a jornada completa.  La situación se agrava al aumentar el paro de larga duración (59,5% del total de los desempleados) y caer en picado la cobertura del desempleo (solamente cubre al 45% de los desempleados EPA), lo que conduce a que 1.556.600 hogares tengan todos sus miembros activos en paro, de los que, según CCOO, 712.000 hogares no tienen ningún ingreso laboral (ni salario, pensión, prestación o subsidio). Además, según UGT, los salarios se han reducido considerablemente (el 46,6% cobran menos de mil euros) y, como consecuencia, han aumentado las desigualdades y el riesgo de pobreza y exclusión social, que se sitúa en casi el 30% de la población en nuestro país (“emergencia social”). Unos datos, en todo caso matizados por la población desanimada y por la emigración económica de nuestros jóvenes en busca de un empleo que nuestra sociedad les niega.

Por eso, y en coherencia con ello, en esta nueva etapa se debe impulsar el cambio de la política económica y social y de nuestro modelo productivo que son los principales causantes de la actual situación. En concreto, el principal reto de Pedro Sánchez debe ser abordar el problema del desempleo, la precariedad y los bajos salarios en su intento de formar gobierno. Para ello no podrá contar con el PP (el partido de la desregulación laboral, la devaluación salarial y las radicales políticas de austeridad), condenado a la oposición y a la reforma de sus estructuras financieras y organizativas (regeneración interna). Con Ciudadanos, el PSOE debe negociar, en el peor de los casos, la abstención, a cambio de participar con sus propuestas en la lucha contra la corrupción, la ley electoral y la reforma de la Constitución, entre otras políticas.

Finalmente, con Podemos e IU, el PSOE debe aspirar a llegar a un Acuerdo de progreso para la próxima legislatura, principalmente en torno a las políticas económicas y sociales. Ello requiere de entrada negociar con las autoridades europeas un déficit público razonable para los próximos años, aumentar los ingresos fiscales (progresividad y lucha contra el fraude) y acordar una política económica sostenible en términos sociales y medioambientales que tenga como prioridad el empleo de calidad y con derechos (“Plan de choque”), a la espera de que la UE se comporte con el nuevo gobierno como se ha comportado en el pasado año (electoral) con el gobierno Rajoy.

En el marco de ese Acuerdo, otros asuntos de máximo relieve se refieren en concreto: a derogar la reforma laboral, aumentar el SMI, impulsar el diálogo social, mejorar la protección social (pensiones, dependencia y desempleo), eliminar el copago sanitario a los pensionistas, impulsar una renta mínima para las familias en dificultades, recuperar la financiación de los servicios públicos (sanidad y educación), apostar por una política industrial y energética…

En todo caso, el Acuerdo debe ser la base programática de un hipotético gobierno de coalición y, desde luego, debe nacer con la voluntad de aceptar las enmiendas razonables de todas las fuerzas políticas del arco parlamentario en el ejercicio de gobierno. La lealtad, el rigor de las propuestas, la generosidad y la altura de miras deben presidir las conversaciones. Por lo tanto, sobran los planteamientos maximalistas, las tácticas dilatorias encaminadas a celebrar unas nuevas elecciones generales y, por supuesto, sobreactuaciones irracionales. De esto último se ha hecho gala últimamente…

Esperemos que nadie se equivoque y que se cumplan las expectativas generadas para no rearmar todavía más a los que no quieren el Acuerdo. Los ciudadanos esperan con mucha ilusión y esperanza que todos antepongan el interés general a los intereses legítimos de partido…

Antón Saracíbar

Han pasado más de dos meses desde el 20D y desde Tribuna Socialista nos reafirmamos en la urgencia y en la necesidad de un gobierno de izquierdas, tal y como expresaron en la carta dirigida a Pedro Sánchez más de un millar de afiliados, afiliadas y simpatizantes de nuestro partido.

Un gobierno de izquierdas que tome medidas de urgencia es una necesidad y debe situarse por encima de los movimientos tácticos y estratégicos de unos y otros. La aritmética parlamentaria debe utilizarse para hacer posible ese gobierno; tome la forma de un acuerdo de investidura, de Gobierno y/o de legislatura.

Los militantes socialistas hemos manifestado en diferentes ocasiones y por diferentes medios la necesidad de que nuestro partido lidere un giro a la izquierda de las políticas proponiendo medidas que den satisfacción a las demandas que la mayoría social reclama.

Nada justificaría un pacto con la derecha; sea PP o Ciudadanos, puesto que lo que la mayoría social reclama no es un cambio de actores para representar la misma obra, sino un cambio de guión.

Un pacto con la derecha, de llevarse a cabo, tendría como objetivo continuar con las mismas políticas a las que nos ha sometido el PP, posiblemente a otro ritmo, explicadas de otra forma, pero las mismas políticas.

¿Acaso los 15 millones de votos del 20-D, expresados a través de distintas siglas, no han exigido un cambio y poner punto final a los planes de austeridad impuestos por PP?

Estamos ante una oportunidad histórica que no podemos eludir. Ni el referéndum demandado por el pueblo de Cataluña debería ser un obstáculo, ni la legalidad vigente un impedimento.

Ahora es urgente echar al PP del gobierno, porque dos meses después de que la mayoría social decidiera no darle apoyo mayoritario, el gobierno en funciones sigue insistiendo en la provocación y el desafío a la sociedad con sus leyes, resoluciones y peticiones al Tribunal Constitucional. Es necesario pararlo.

Es necesario un gobierno de izquierdas ya. Hay que empezar a legislar a favor de la mayoría.

Las medidas urgentes contra el paro deben ocupar un lugar prioritario. El desempleo en nuestro país es insoportable, (ver datos en artículo de Anton Saracíbar en este mismo número). Es necesario un plan urgente en defensa de la industria que impida el crecimiento del desempleo y convocar plazas en la Administración Pública para garantizar todos los servicios públicos y su calidad. Es necesario derogar la reforma laboral, la ley Wert y la ley Mordaza, entre otras medidas legislativas.

Un gobierno de izquierdas debe ser capaz de garantizar la convivencia entre los distintos pueblos del estado español, en el que cada pueblo se sienta libremente asociado y en el que la contribución al mantenimiento del estado de bienestar y el avance en derechos y libertades sea un compromiso ineludible.

Desde Tribuna Socialista entendemos que el actual marco constitucional está agotado; es un obstáculo para las soluciones que la mayoría social requiere en estos momentos. Apostamos por abrir un periodo constituyente que dé paso a una República Federal. La “Transición” ha cumplido su cometido y ha caducado, y por ello, proponemos abordar la siguiente pregunta, ¿acaso no es el momento de iniciar el camino en ese sentido?.

Comité de Redacción Tribuna Socialista.

Como muy bien decía el compañero Sebastián Moreno, en el artículo publicado en la Tribuna Socialista número 60 del mes de noviembre pasado, sobre la situación del Convenio Colectivo Sectorial de Cajas de Ahorro: “nunca tienen suficiente”.

La Patronal del sector lleva más de un año dejando pasar el tiempo para beneficiarse de uno de los regalos más perniciosos contra los trabajadores que contenía la reforma laboral de 2012; el vencimiento de la ultraactividad del Convenio, en este caso previsto para junio del presente año.

En general, las cajas de ahorro han sido regaladas al sector bancario privado; bien de forma directa, como el caso de la CAM vendida por 1 € a Banco Sabadell, bien de forma indirecta pues el negocio que tenían muchas cajas ha migrado a otras entidades, principalmente a bancos. Este proceso no ha terminado, pues está anunciado un nuevo proceso de concentración del sector financiero (bancos y cajas). Hasta aquí, el proceso de concentración financiera ha costado a las arcas del Estado unos 60.000 millones de euros en efectivo, a lo que hay que sumar 90.000 millones de euros más en riesgo asumido por el Estado en forma de avales y otros mecanismos para el saneamiento de las entidades.

Esta sangría de dinero la han sufrido los trabajadores del sector financiero, como contribuyentes que son. Pero además la han sufrido con la pérdida de más de 52.000 puestos de trabajo a través de los expedientes de regulación de empleo, procesos de jubilaciones, etc., consecuencia directa de las fusiones de las entidades y de las miles de oficinas que se han cerrado en todo el territorio estatal.

Como quiera que la avaricia no tiene fin, “hasta que se rompe el saco”, los miembros de los consejos de administración han mandatado a los negociadores de la patronal, para que continúen cargando el coste de sus desmanes sobre las nóminas de los trabajadores y trabajadoras. Para ello, pretenden:

• Minimizar los costes laborales, traspasando conceptos del salario a variable. Quieren que el riesgo empresarial lo asuman los trabajadores, pues dicen que el salario tiene que estar en función de los beneficios.

• Eliminar la antigüedad, dejando de valorar la experiencia y el “saber hacer” acumulado, como si el patrimonio empresarial no se acumulase con el paso del tiempo.

• Desregular el horario y la jornada. Quieren dar servicio 24 horas al día, los 365 días del año, pero con la misma plantilla; sabiendo que por la vía de las horas no pagadas (prolongación de jornada) se ahorran 14.000 empleos en toda España.

Todo porque dicen que los márgenes han caído. Cómo no habrían de caer, si han abandonado la banca tradicional, la de dar préstamo y crédito a las empresas y las familias, la de las inversiones productivas, para refugiarse en la compra de deuda pública y otras inversiones especulativas.

Por todo ello, los trabajadores y trabajadoras del sector van a continuar defendiendo sus condiciones de vida y trabajo, para lo que están llamados/as a Concentraciones el miércoles día 24, a las 17.30, en: A Coruña, Barcelona, Granada, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Tenerife, Valencia y Zaragoza, ante las sedes principales de: Abanca, Bankia, BMN, Caixabank, Cajastur, Ibercaja y Unicaja.

Roberto Tornamira Sánchez

Secretario General de FeS-UGT-Madrid

Llevamos un tiempo en el que no ha habido acontecimiento político en el que el ex presidente del gobierno Felipe González (FG a partir de aquí) no haya tenido un protagonismo relevante, pero no es precisamente porque la militancia de nuestro partido le reclame. Nos lo traen a portadas de periódicos y otros medios de comunicación, los poderosos, aquéllos que hace unos años lo veían como el enemigo número uno.

Felipe ya no es Felipe, dicen los veteranos socialistas que entregaron los mejores años de sus vidas para hacer grande al partido obrero con más años de historia de nuestro país; el partido que ha resistido dictaduras y guerras porque sus militantes lo han defendido de todo tipo de agresiones.

Sorprendió en la última campaña electoral a las europeas reclamando la Gran Coalición. En la víspera de las autonómicas de Catalunya volvió a sorprender diciendo que los votos no podían estar por encima de la ley, para negar el derecho a decidir al pueblo catalán. No son pocas las veces que ha mostrado su disposición a colaborar con Rajoy y por supuesto lo ha hecho con la Casa Real en los momentos en que más visible era su implicación en la corrupción que corroe nuestra sociedad.

En su última aparición, el 24 de enero, en el periódico El País, del grupo Prisa, en una larga entrevista, vuelve a marcar línea y se opone desde todos los ángulos a que se constituya un gobierno de izquierdas. En una de las perlas de la entrevista, viene a decir que «ni el PP ni el PSOE deberían impedir que el otro gobernase».

Es decir, que para él cualquier gobierno, sea del PP o del PSOE, estaría obligado a darse apoyo recíproco, obviando lo que ha hecho el PP durante estos 4 años, indultándolo, y negando a la mayoría del país la posibilidad de dar un cambio de rumbo total a las políticas ejecutadas hasta el momento.

FG y el coro de voces territoriales que con distintas palabras dicen lo mismo que él, sólo apunta dos opciones de gobierno: o con PP o con Ciudadanos. Es decir, siempre con la derecha, para seguir aplicando los recortes que el FMI, y el resto de organismos internacionales exigen y que en estos momentos cifran en más de 10.000 millones de euros que evidentemente se concretan en más recortes, más pérdida de derechos y más sufrimiento.

Según publicaba el ABC, el domingo 31 de enero, el 90% de los militantes del PSOE está en contra de las opiniones de Felipe cuando defiende una alianza con el PP, estadísticas que aunque tomamos con mucha prudencia viniendo de donde vienen, permiten deducir que, hoy, millones de trabajadores ven en el otrora “Isidoro” de la clandestinidad antifranquista, a un desconocido que representa los intereses más oscuros del capital.

Aun así, la influencia en ciertos sectores del partido sigue siendo notable, y para conseguir su objetivo, está presionando hasta las últimas consecuencias al partido que se lo dio todo, llevándolo al borde de la peor crisis que haya conocido en su historia reciente.

En el Comité Federal del pasado 30 de enero se puso de manifiesto la tremenda división que hay dentro de nuestro partido, división que expresa cómo una parte del partido, que se alinea con la vieja guardia, quiere dar continuidad a las políticas aplicadas por el PP, adornándolas o maquillándolas de diferentes formas. Por otra parte, viendo que la aplicación de las políticas de austeridad y recortes supondrían que nuestros militantes nos abandonen y nuestros votantes opten por otras alternativas, buscan una tabla de salvación en la constitución de un gobierno con la parte “dulce” de la derecha, Ciudadanos, quien pone como condición para acordar con el PSOE la complicidad de PP, condicionando así las políticas del futuro gobierno progresista a poco que éste quisiera hacer realidad nuestros compromisos electorales.

Un hipotético acuerdo con Ciudadanos sustentado por PP en la retaguardia, sería la forma que tomaría la «Gran Coalición» defendida por la vieja guardia. Sería la fórmula más beneficiosa para el PP, que impondría lo esencial de su política y no aparecería en la primera línea del desgaste político que supondrá en el futuro aplicar las políticas que están determinadas en los Presupuestos Generales que han dejado aprobados para 2016.
Todos los poderes financieros, mediáticos e institucionales, incluso internacionales, arriman el hombro para que haya un «gobierno estable». El problema es ¿qué gobierno va a tener la fuerza suficiente para aplicar las políticas que exigen estas instituciones internacionales? El escenario actual parece conducirnos hacia un callejón sin salida, en el que sólo es posible el caos y el sufrimiento para los más desfavorecidos. Sin embargo, es posible salir de esta situación y abrir una perspectiva de futuro para la mayoría social.
No podemos negar que desde Podemos se añade una tensión interesada a la negociación de este posible pacto, pero tampoco puede nadie negar que la responsabilidad de alcanzar dicho pacto para frenar y revertir la actual situación en la que millones de familias trabajadoras se encuentran en la actualidad requiere situar los intereses de la clase trabajadora por encima de los intereses electoralistas y partidistas. Frente a la fraudulenta estabilidad demandada por los mercados reclamamos la auténtica responsabilidad de atender las necesidades de la población.

La salida política pasa por un GOBIERNO DE IZQUIERDAS que ponga fin a las políticas del PP y abra el camino hacia un tiempo nuevo.

La semana del 18 de enero Tribuna Socialista inició una recogida de firmas, dando apoyo a una carta, abierta y colectiva, dirigida a Pedro Sánchez, en la cual mostramos todo nuestro apoyo para que trabaje para la formación de este gobierno de izquierdas. La carta fue entregada a la mesa del Comité Federal durante su celebración el mismo día 30, con 911 firmas recogidas en pocos días y que tiene representación de todas las ciudades importantes del estado español. Hoy supera los 1.000 firmantes.

La carta finaliza reclamando lo siguiente:

Accede al nº 63 de TS pinchando aquí http://es.calameo.com/read/004538602b4964c8a06bc

Los acontecimientos políticos que se vienen sucediendo tras las elecciones generales del pasado 20D, están demostrando que estas elecciones lejos de resolver alguno de los problemas que la mayoría de la sociedad tiene planteados los ha agravado, profundizando la crisis del actual sistema constitucional y de la mayoría de los partidos que se han obtenido representación parlamentaria.

El desplome del PP, con la pérdida de 66 diputados, ha hecho que  Rajoy se refugie en la Moncloa ante su incapacidad para formar gobierno en solitario, pues los ataques y abusos contra todo y contra todos en esta legislatura, hacen que nadie quiera pactar con el PP, salvo Ciudadanos, su marca blanca. Esto dificulta la ejecución de las políticas que los organismos  internacionales les exigen.

Las maniobras políticas de Mariano Rajoy para no optar a la presidencia del Gobierno tras la primera ronda de consultas con el Rey, pretenden que todas las presiones se concentren sobre el Secretario General de nuestro partido para que facilite la “gobernabilidad” del país y preste su colaboración para la formación de la gran coalición, gran coalición  que   tendría como     principal objetivo dar continuidad a las políticas de recortes y regresión social que se concentran por una parte, en los presupuestos del 2016 y sus planes de austeridad cuantificados en más de 10 mil millones de euros,  y por otra parte en la negación del derecho a decidir del pueblo de catalán.

Si la política de recortes significa  incrementar el sufrimiento a millones de familias y hacerlo extensivo a muchos más, la negación del derecho a decidir significa alentar el enfrentamiento entre los pueblos del estado español, de tal forma que ambas políticas se complementan entre sí.

Del mismo modo que Artur Mas ha utilizado los deseos de independencia de una buena parte de los catalanes y catalanas, para tapar su podredumbre y sus ataques a los derechos del pueblo catalán, Rajoy busca la confrontación para tapar la podredumbre del PP y poder continuar con los recortes y ataques a todos los pueblos del Estado español.

Nadie había puesto en duda hasta ahora que España es un Estado plurinacional, con realidades diferenciadas. Si así ha sido durante los últimos 38 años, ¿por qué unos y otros nos quieren confrontar, dividir?; solo hay explicación en su necesidad de dar continuidad a sus políticas en beneficio de una pequeña minoría social.

El pasado 20 de diciembre millones de ciudadanos dieron su voto para impedir que las políticas aplicadas por el PP continúen. La mayoría  han optado por candidaturas que en su programa han criticado y se han mostrado contrarios a dar continuidad a las políticas de austeridad y destrucción de derechos y más de 7 millones de personas han dado su voto a candidaturas que defendían el derecho a decidir para Cataluña y todos los pueblos del Estado español.

A pesar del serio revés electoral sufrido en plazas fundamentales para lograr ser el partido más votado, los resultados generales nos sitúan con la responsabilidad de liderar un gobierno de izquierdas que impida la continuidad del PP y sus políticas.

Si nuestro partido colabora, bajo cualquier forma, para que las exigencias del gran capital se continúen aplicando, con un nuevo “cueste lo que cueste”, les cerraremos las puertas a la juventud, los trabajadores los jubilados y las diferentes capas sociales que han  continuado confiando en el PSOE en estas elecciones, nos volverán la espalda y lo situaran como una fuerza residual alejado de la mayoría social de la que siempre formó parte.

Nos estamos jugando ni más ni menos que nuestra propia existencia como Partido y, lo que es peor, estaremos privando a la mayoría social de un instrumento necesario para defender las conquistas que constituyen, todavía hoy, el estado de bienestar: Sanidad, Pensiones, Educación y Dependencia.

Quienes desde dentro de nuestro Partido defienden acuerdos con el PP o Ciudadanos, están contribuyendo  a la confusión, el desconcierto y en última instancia, a la marginación del PSOE en el futuro.

Lo que la mayoría social espera del PSOE no es un socialismo moderado, es un socialismo consecuente, no quiere un partido adaptado y tolerante con la crisis, si no un partido que se enfrente y confronte con la realidad, ofreciendo alternativas claras, concretas y comprometidas.

Por eso, desde Tribuna Socialista damos todo nuestro apoyo a la declaración de la Comisión Permanente de IS-Federal, que en la Coordinadora de Territorios, aprobada del pasado 16 de enero en Mérida que se publica integra en este número.

En el mismo sentido, desde Tribuna Socialista hemos entregado una carta a Pedro Sánchez con 911 firmas (aunque seguimos recibiendo nuevos apoyos) procedentes de todas las comunidades y provincias del Estado. En esta carta le manifestamos a Pedro Sánchez todo nuestro apoyo para la formación de un gobierno  de  izquierdas  que  emprenda medidas urgentes de recomposición social que el gobierno del PP ha roto, tomando medidas concretas  como:

• Derogar la reforma laboral, así como derogar todas las reformas que hayan supuesto un ataque a nuestros derechos sociales, civiles y políticos que han supuesto un retroceso en las libertades políticas y la prosperidad alcanzada en treinta y cinco años de democracia.

• Reformar el art 135.3 CE y la defensa de los servicios públicos y de calidad, la elaboración de un plan de urgencia social que garantice todos los servicios públicos y suministros de energía para la población más desposeída.

• Plan de urgencia en defensa del empleo digno de calidad y de la industria.

Esta reconstrucción social no puede realizarse al margen del reconocimiento del derecho a decidir como un acto de democracia plena y de libertad. Los derechos sociales son indisociables de los derechos de los pueblos a decidir su futuro.

La mayoría social, necesita un Gobierno de izquierdas que habrá la puerta a una salida democrática, racional, al problema territorial.

Un problema que no lo genera el pueblo catalán ni ningún otro pueblo del Estado español; el problema es que el Estado de la Autonomías ha cumplido su función, pero ha llegado al final de su etapa.

La salida es un proceso constituyente en la búsqueda de un modelo de Estado federal republicano y laico. No será fácil ni será rápido, pero será.

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Editorial del nº 62 actualizada después del Comité Federal.

A las 2:00 A.M hemos finalizado la campaña de adhesiones a la Carta a Pedro Sánchez que un miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista, el compañero Alberto Domínguez entregará en persona durante la celebración del Comité Federal. La entrega se realizará en nombre de los y las 911 militantes y simpatizantes socialistas  que la han apoyado.

Son momentos trascendentales para todos. La gran mayoría de las bases socialistas están reclamando un gobierno de izquierdas. La mayoría social de este país necesita un giro copernicano a las políticas de la Derecha que tanto daño hacen a la clase trabajadora, incluyendo pensionistas, amas de casa, trabajadores en paro, trabajadores en activo, estudiantes y autónomos.

Es el momento de alianzas de los partidos que se reclaman de la izquierda para mejor defender los derechos e intereses de los trabajadores y los pueblos, y no podemos permitir que ni Rajoy ni quien le sustituya sigan aplicando las mismas políticas ni en el terreno social, ni en el terreno institucional marcado por la corrupción.

Sin más que añadir, os agradecemos el apoyo recibido y nos emplazamos hasta después del Comité Federal para valorar las resoluciones que en él se tomen, y que esperamos que sean las mejores para el futuro de la mayoría social que queremos un cambio. El cambio.

Recordar que han sido 911 compañeros y compañeras, de todas las comunidades autónoma y províncias del Estado quienes mostramos el apoyo a Pedro Sánchez para llevarlo a cabo.

El Comité de Redacción