Tribuna Socialista

Madrid, 16 de febrero de 2019

A pocos meses de cumplir 14 años, Tribuna Socialista (TS) nos reunimos, en la Agrupación Socialista de Madrid-Centro, compañeros y compañeras de Cataluña, Euskadi y Madrid, para poner el común la situación política actual y orientar la acción de TS en los meses próximos.

Tribuna Socialista es una tribuna libre, una revista interactiva entre nuestros abonados y abonadas, cuyas publicaciones colectivas son producto del debate.

Se abre una nueva etapa, en la que hay que luchar para que se hagan efectivas las reivindicaciones de la mayoría social. Una etapa que viene marcada, una vez más en nuestra historia, por el acoso de la derecha más extrema contra el Gobierno Socialista. Una etapa de lucha para que el 28 de abril construyamos una mayoría de izquierdas parlamentaria que cumpla con todo lo que ha quedado pendiente y que defienda el Estado de Bienestar y los espacios de libertad que conseguimos construir tras la dictadura franquista, derechos y libertades que en los que llevamos años retrocediendo.

Son muchos los problemas de la mayoría social, abordados en estos meses pasados en los números de TS; problemas que continúan sin solución:

No se han despejado las incertidumbres y amenazas que generan los ataques lanzados desde las oficinas del capital financiero (FMI, BCE, OCDE,..) contra el Sistema Público de Pensiones. Insisten en que hay que reducir las pensiones, para continuar manteniendo las exenciones empresariales a las cuotas de la Seguridad Social. Nosotros perseveramos en defender que las Pensiones son salario diferido y sin duda los salarios son de los trabajadores; de los que contribuyeron ayer para que sus padres y abuelos tuviesen una jubilación digna y de los que contribuyen hoy y lo seguirán haciendo mañana, para que los trabajadores en activo de hoy puedan vivir dignamente en su jubilación. No cejaremos en apoyar las reivindicaciones de los sindicatos de clase, por la derogación de la reforma de Pensiones de 2013, así como en rechazar cualquier medida que atente contra el Sistema Público de Pensiones.

Está pendiente la derogación de las reformas laborales de 2010 y 2012. Reformas que han dado todas las facilidades a los empresarios, para devaluar los salarios; por la vía de los descuelgues salariales y por la más traumática de las vías; la destrucción de empleo con derechos, con la extrema facilidad para imponer los expedientes de regulación de empleo. Hay que recordar que en 2013 se superó la cifra de 6 millones de desempleados/as y que hoy aún tenemos 3,3 millones de trabajadores sin puesto de trabajo. Los empleos que se generan hoy son precarios, con bajos salarios y de corta duración.

Muy particularmente la reforma laboral del Gobierno del PP en 2012, dio carta blanca a las empresas, para imponer condiciones de trabajo a la baja, al dar preferencia al convenio de empresa sobre el convenio sectorial, llevando al extremo que los costes salariales sean el factor principal de competencia en la selva del mercado.

De la misma manera, al limitar a un año, en el Estatuto de los Trabajadores, el principio de ultraactividad, han provocado que cientos de miles de trabajadores estén perdiendo poder adquisitivo, pues basta con que las patronales dejen pasar los meses y los años sin negociar de buena fe, para que transcurran años con subida salarial cero.

Es preciso mejorar las condiciones laborales y sociales de los empleados y empleadas  que ejercen su trabajo en las distintas Administraciones Públicas. Para ello, hay que exigir el desarrollo del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP). Igualmente es justa la reivindicación del derecho a la negociación colectiva efectiva, sin que vía Reales Decretos o leyes presupuestarias del Gobierno condicionen y modifiquen lo pactado en las mesas de negociación.

La calidad de los servicios públicos sólo es posible garantizarla a partir de la estabilidad en el empleo y la erradicación de la precariedad y la temporalidad; el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya ha condenado al Estado español por sus fraudes en la contratación pública, obligando a una reducción sustancial de la contratación temporal. Del mismo modo, la cobertura de la tasa de reposición debe extenderse al 100% en todos los ámbitos de la función pública. De estos déficits en el empleo público, el colectivo más ampliamente afectado es el de mujeres con cargas familiares, en una franja de edad de entre 40 y 55 años, las cuales reúnen la dualidad de sector ya precarizado y al mismo tiempo colectivo de difícil inserción laboral.

Los ataques que la derecha política, económica y mediática han llevado a cabo en estos años contra los derechos de la mayoría, han sido posibles debilitando a las organizaciones de los trabajadores y a la sociedad en su conjunto. Lo han hecho desde las instituciones de justicia: tribunales y fiscalía, en connivencia con el PP, abusando de la aplicación del Artº 315.3 del Código Penal, para criminalizar la huelga, única herramienta efectiva contra los retrocesos en derechos laborales. Se ha encausado a más de 300 trabajadores y trabajadoras, por el hecho de haber participado en la huelga informando de los motivos de la misma.

Se ha atacado al derecho de libertad de expresión y al derecho de movilización, con la “ley Mordaza”, para minimizar las protestas contra la política económica del Gobierno; el mismo Gobierno que salió del poder, por quedar acreditadas sus corruptelas, en junio de 2018, a través de la primera moción de censura de nuestra historia democrática que se salda con éxito. Se han censurado exposiciones artísticas, libros y obras de títeres. Se ha llegado a encausar a cantantes y cómicos, por sus letras y guiones. Es por ende necesario restituir las libertades derogando las leyes que las reprimen.

Tribuna Socialista, se ha posicionado nítidamente a favor del cambio de modelo de Estado. Estamos convencidos de que es la República el modelo que necesitamos en este siglo XXI. Lo planteamos democráticamente, aunque ello confronte con la actual Constitución monárquica. No sería democrático no poder plantear políticamente un cambio constitucional por el hecho de que lo impide la vigente.

Solo el debate social abierto y en libertad traerá la República, mediante el convencimiento de la mayoría de la sociedad de que el cambio constitucional de modelo de Estado es necesario, para dar solución a los problemas planteados, entre otros de gran calado que se van acumulando.

Lo hemos dicho en nuestras páginas; el estado Federal no puede limitarse a un cambio semántico “Estado Federal por Estado Autonómico”. Es preciso repensar cómo, la pluralidad de pueblos que componen nuestro país, se relacionan entre sí libre y voluntariamente. Son muchos los aspectos constitucionales que habría que cambiar y lo hemos señalado en los documentos publicados en los números de TS.

En este acto de Madrid, renovamos nuestro compromiso con el Socialismo y con los valores que lo conforman. Continuaremos siendo leales en el debate y en nuestras posiciones; unas veces para coincidir, otras para discrepar. Como ha ocurrido cuando en el mismo mes de enero, hemos alentado y apoyado al Secretario General del PSOE y Presidente del Gobierno a que continuase con su política de negociación y diálogo, frente a la intransigencia provocadora de la derecha en el conflicto con Cataluña. Y hemos discrepado en la posición tomada por el Gobierno respecto a Venezuela.

En coherencia con este compromiso con el Socialismo, hacemos un llamamiento a todas las organizaciones que se reclaman de izquierdas y progresistas, para hacer la unidad en defensa de los derechos sociales y de las libertades; solo con una mayoría de izquierdas a partir del 28 de abril habrá oportunidad de avanzar en la defensa de los derechos de la mayoría social. Lo contrario es el retroceso de décadas que nos ofrece la derecha neofranquista que se ha quitado el disfraz de demócrata.

Comité de Redacción

 

Es la izquierda una posición político-ideológica mucho más incómoda que la derecha. La primera genera todo tipo de molestias articulares, parestesias, desgarros musculares o, incluso, puede llevarte a la amputación de uno de tus miembros (quizás por anquilosamiento o inacción), abandonado éste a la mera potencialidad teórica: el brazo que puede ejecutar un movimiento ascendente para golpear, pero nunca termina de llevarlo a cabo. O, como ejemplifica Ferlosio en alguno de sus pecios: “Cuando la flecha está en el arco, tiene que partir” (el problema de la izquierda es que no termina de soltar la mano, dejar partir a la flecha, pues teme errar el tiro, no hacer diana).

Ser de izquierdas duele. Y ese dolor, en ocasiones, si llega a ser insoportable, puede llevarte a la autolesión. Los que nos situamos en el amplio y heterogéneo espectro de la izquierda, lo hemos podido comprobar no sólo en este tiempo presente sino en los libros de historia: ¿cuántas veces los partidos y movimientos de izquierdas se han enzarzado en luchas intestinas y dinámicas perversas de autodestrucción, dejando el camino libre al avance de las derechas? Eso está pasando hoy, como bien sabemos.

Posicionarse en la derecha es mucho más cómodo, más confortable; diríamos, incluso, que es casi de sentido común: si nuestras acciones se rigieran, exclusivamente, por el cerebro reptiliano (el que gestiona los instintos, también el de supervivencia) es seguro que asumiríamos los postulados conservadores de manera natural. Porque el adjetivo conservador procede del verbo “conservar” y no hay instinto más poderoso que el de la conservación de la propia especie, empezando por uno mismo: que todo se conserve, que nada cambie. “En política [es conservador quien se muestra] especialmente favorable a mantener el orden social y los valores tradicionales frente a las innovaciones y los cambios radicales” (RAE). Todo cambio implica riesgos, toda innovación genera incertidumbres en sus resultados. Pero “quien no arriesga, no gana”, quizás por eso ser de izquierdas es arriesgar (también sufrir).

Si estos tiempos convulsos que vivimos/sufrimos nos pueden enseñar algo, es que el avance de las derechas –en tantos casos en su versión más dura– se ha producido por la inacción de la izquierda, por esa tara que parece irresoluble y cíclica –como las crisis económicas–, que es asumida como un defecto genómico incrustado en el ADN de cualquier idea de progreso. Ese brazo que sabiéndose con capacidad de movimiento, de impacto, opta por el inmovilismo, por el confort de lo puramente teórico, dejando que la praxis vaya quedando en una especie de visión utópica, que lo potencial no llegue a ser acto: que la flecha nunca abandone el arco. Porque esa posibilidad necesaria implicaría asumir riesgos y, en la política actual, esos riesgos te pueden llevar a un espacio de incertidumbre, a la pérdida de votos, a salirte de un statu quo que está tan asentado que parece irresponsable dinamitar algunos de sus postulados, reventar alguno de esos pilares que lo sostienen (esa es la gran obra del neoliberalismo: habernos convencido, a todos, que ciertas cosas no pueden cambiarse, que han sido, son y seguirán siendo intocables para la supervivencia de las democracias occidentales).

 

Extrema derecha: el brazo fuerte del neoliberalismo

Aunque no sea un análisis muy técnico –incluso pueda pecar de conspiranoico– pareciera que una década de crisis económica era el mal/ bien necesario para que el brazo armado del neoliberalismo –la extrema derecha en sus distintas versiones, también la populista– venga, ahora, a hacer el trabajo sucio: proclamar los postulados más conservadores, las medidas más extremas, los posicionamientos más crudos. El neoliberalismo siempre ha manejado bien la corrección política y los paños calientes –es así como ha conseguido que sus tesis hayan calado de manera transversal–, pero ha llegado el momento de que su perro guardián, su brazo ejecutor, destroce, definitivamente, los principios de la izquierda que aún subsisten en las sociedades modernas, aunque sea de forma residual, pero firme.

Vienen los expertos en demolición, y llegan sin disfraces. Si la izquierda quiere defender lo que nos queda, debe confrontar, aparcar el “sentido de Estado” (que nunca tuvo la derecha), el espíritu conciliador, los mensajes melifluos y los gestos dulzones y buenistas (ya vendrán tiempos mejores); ahora toca actuar de manera conjunta, en bloque, y con liderazgos fuertes y diversos. Y sobre todo: soltar la flecha.

Marcos Ruiz Cercas | Dpto. de Comunicación de FeSMC-UGT

Una vez culminada la formación del gobierno de Andalucía, los partidos políticos han comenzado de hecho la precampaña electoral, que finalizará en las próximas elecciones del 26 de mayo (municipales, CCAA y europeas) sin conocer aún la fecha de celebración de las próximas elecciones generales. En este contexto, el enfrentamiento político, que se ha producido en las elecciones andaluzas, seguirá previsiblemente siendo inevitablemente. La gran mayoría de los analistas políticos tienen asumido que el bloque de derechas (PP, Ciudadanos y Vox) no cejará en su demagogia política, en sus declaraciones populistas y tampoco en su estrategia de confrontación ideológica en su afán de conseguir el poder a cualquier precio y a todos los niveles.

Para ello no dudarán en continuar desprestigiando al gobierno socialista; si es preciso con mentiras, insultos y falsedades (“el PSOE destroza y rompe España” y, como consecuencia, se defiende “la épica de la reconquista”), a pesar de los estériles y nefastos años de Mariano Rajoy, prisionero de la corrupción, de su incapacidad para frenar a los independentistas catalanes y de la malísima gestión de la crisis basada en la aplicación de brutales políticas de austeridad. Cualquier observador ha podido comprobar que Pedro Sánchez, en sus pocos meses de gobierno, y en una situación de extrema debilidad parlamentaria, ha tomado decisiones de especial audacia, que han terminado con el mito de la imbatible capacidad de gestión de la derecha para gobernar. Sánchez ha desarrollado una frenética actividad en política internacional, ha reducido la tensión  del conflicto catalán (muy a pesar de los independentistas), apostado decididamente por la igualdad de género y por la profundización de las libertades, desarrollado medidas bien valoradas en relación con la inmigración (aún con notables contradicciones) y, por último, tomado decisiones de especial relevancia en torno a la llamada Agenda Social.

El Plan de Empleo Juvenil (2019-2021), el fuerte incremento del SMI (900 euros por 14 pagas), la revalorización de las pensiones ligada al IPC (1,6%), el aumento de las pensiones más bajas (3%), la aplicación del Acuerdo sobre la retribución de los empleados públicos y el Acuerdo para mejorar la protección social de los trabajadores autónomos son ejemplos muy significativos. A ello hay que añadir la presentación de los PGE-2019 y sus previsiones de inversión pública y de aumento del gasto social financiados por un incremento fiscal muy moderado a los que más tienen (impuesto de Sociedades y con ingresos muy altos). En cualquier caso, hay que poner en valor estas medidas, al margen de los resultados que se obtengan en los próximos debates parlamentarios ante la incertidumbre del voto independentista catalán.

Estas decisiones sorprendentes- y a la vez positivas-, han tenido muy poco eco mediático y, por lo tanto, han carecido del reconocimiento esperado de la opinión pública. Desgraciadamente, el “Procés”, Andalucía, el fenómeno de la inmigración, las reacciones contrarias a la igualdad de género y la reiterada “Unidad de España” están prevaleciendo sobre “la identidad de clase”, las políticas sociales y los intereses reales de los ciudadanos- sobre todo de los más vulnerables-, lo que hace difícil mantener el protagonismo de las políticas redistributivas, además de la lucha contra la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Una realidad que el PSOE debe estudiar y corregir a fondo si pretende ganar las próximas elecciones, sobre todo cuando sabemos que la gran mayoría de los medios de comunicación, los poderes fácticos y las fuerzas conservadoras no van a facilitar las opciones de izquierda.  En relación a este asunto, el PSOE no debe olvidar que su estructura partidaria debe defender sin fisuras las políticas del actual gobierno y, en segundo lugar, que las debe implementar a todos los niveles, lo que exige unidad y disciplina en todos los ámbitos de la organización, sobre todo cuando cuenta con lo más importante: el apoyo (condicionado) de Podemos y de los sindicatos.

En este marco, y a pesar de los importantes logros obtenidos, los sindicatos han acordado movilizarse en los próximos meses. La UGT y CCOO plantean al gobierno y a los empresarios acelerar la recuperación de los derechos perdidos y avanzar en la corrección de los efectos perniciosos producidos por la gestión de la crisis económica (deuda social). Los sindicatos plantean al gobierno y, en particular, a la ministra de trabajo, que presente sus proyectos y concrete las medidas a desarrollar de acuerdo con la ya mencionada Agenda Social. Resulta muy comprensible que los sindicatos sean mucho más exigentes con este gobierno socialista que con el de Mariano Rajoy y que, además, estén interesados en que se discutan a fondo las políticas sociales, por encima de las declaraciones tabernarias de la derecha: la “Unidad de España”, la bandera, la identidad de género, la inmigración, la reducción ficticia de impuestos…

Por eso, en primer lugar, exigen discutir sobre el fuerte desempleo a partir del Plan de Empleo Juvenil recientemente aprobado por el gobierno. Y, en concreto, reflexionar a fondo sobre las políticas activas de empleo y las subvenciones a la contratación (transferencia de dinero público a las empresas), que nunca se han justificado ni existe evidencia clara de que hayan servido para crear empleo en términos reales; garantizar la participación de los sindicatos en una formación profesional renovada; reformar las oficinas públicas de empleo en su tarea de intermediación; y, finalmente, supervisar y valorar el trabajo desarrollado por las empresas de trabajo temporal en la cesión de trabajadores  y en la recolocación de trabajadores en paro. Todo ello acompañado de las propuestas de otros ministerios encaminadas a dimensionar el tamaño de las empresas, avanzar en el cambio de nuestro modelo productivo y fortalecer nuestro tejido industrial y su extensión a zonas despobladas, depauperadas y sin futuro aparente (industrializar el sector agrario).

En segundo lugar, el PSOE debe clarificar su posición en relación con el mercado de trabajo y, sobre todo, con la intolerable precariedad (contratación temporal (27,5%), a tiempo parcial no deseada, falsos autónomos, subcontratación…). En todo caso, esta es una de las reivindicaciones de los sindicatos que justifican las movilizaciones en curso y que tienen una relación directa con la derogación de la reforma laboral y la negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores. El argumento esgrimido por el gobierno de que carece de relación de fuerzas en el parlamento, para abordar semejantes medidas, resulta insuficiente y, como se está demostrando, este argumento no es asumido actualmente por los sindicatos. Y eso lo debe tener en cuenta un gobierno que se califica de socialdemócrata, sobre todo después de haber presentado los PGE-2019.

En tercer lugar, hay que abordar la protección social. Los sindicatos exigen respuestas claras y precisas sobre las pensiones, la cobertura de desempleo y la dependencia. En relación con las pensiones sigue pendiente el eliminar el Factor de Sostenibilidad (derogar la reforma de Rajoy), blindar el poder adquisitivo de las pensiones y, por último, garantizar la viabilidad del Sistema Público de la Seguridad Social (SS), lo que requiere abordar prioritariamente la participación del Estado en el capítulo de los ingresos  (recurso a la fiscalidad). En cuanto a la cobertura de desempleo (recuperar el subsidio para los mayores de 52 años) y la dependencia de nuestros mayores, se está a la espera de que se aprueben los PGE-2019 y, por lo tanto, las partidas correspondientes dedicadas a estos fines.

En cuarto lugar, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (MTMSS) debe potenciar las políticas de seguridad y salud en el trabajo, fortalecer el combate contra los accidentes y enfermedades profesionales y supervisar las actuaciones y financiación de las Mutuas. En concreto, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) debe asumir un mayor protagonismo en la lucha contra esta lacra (según UGT, en los tres primeros trimestres de 2018 se registraron casi un millón de accidentes: 9.500 más que en el mismo periodo del año anterior), que generó cientos de muertes al año por accidentes de trabajo (583 fallecidos de enero a noviembre de 2018) y produjo incontables casos de enfermedades profesionales. En este sentido, el  ejemplo (significativo) de la Dirección General de Tráfico (DGT) debe ser un estímulo para que el INSST asuma también el protagonismo y la creatividad que tiene la DGT en relación con los accidentes de carretera. Todo ello al margen de potenciar la necesaria coordinación entre los organismos encargados de aplicar la ley y las normas de Prevención de Riesgos Laborales (INSST, Fiscalía Especial, Inspección de trabajo, Ministerio de Sanidad…).

En quinto lugar, el MTMSS debe revisar los protocolos de actuación de la Inspección de Trabajo en su lucha contra la economía sumergida, el fraude en las cotizaciones a la SS, el abuso de la contratación temporal (sin causa que lo justifique) y la proliferación de falsos autónomos y plataformas digitales. La Inspección de Trabajo, bajo un gobierno socialista, debe desarrollar una política diferente a la practicada hasta ahora y, desde luego, debe ser más exigente y eficaz y, por lo tanto, mucho menos permisiva con la ilegalidad que vienen practicando algunos empresarios. Ello exige una clara voluntad política y un notable aumento de las plantillas coordinadas con la Inspección Fiscal.

En sexto lugar, hay que revisar a fondo el funcionamiento de los diversos institutos del MTMSS y, desde luego, del Consejo Económico y Social (CES), así como la participación de los sindicatos en la elaboración de los Planes de Actividades anuales y en las valoraciones posteriores que justifiquen su propia existencia.

Por último, y en séptimo lugar, el MTMSS debe asumir un mayor protagonismo en relación con la inmigración. En todo caso, el fenómeno de la inmigración no se puede reducir a un problema de orden público y, por lo tanto, esta política debe ser abordada, de una vez por todas, por el área social del gobierno en sus políticas encaminadas a regular los flujos migratorios, propiciar la integración social de los inmigrantes y fomentar la cooperación con los países emisores de inmigrantes.

La simple enumeración de estos puntos demuestra que los próximos meses van a ser decisivos para avanzar en la defensa de las ideas socialdemócratas, la aplicación de las políticas redistributivas y la igualdad de oportunidades, tanto en nuestro país como en el marco de la UE, donde España debe encabezar estas políticas. Por lo tanto, sólo queda manifestar que, para incrementar el empleo, mejorar los servicios públicos y superar las desigualdades sociales, es fundamental aumentar los ingresos fiscales a través de la lucha contra el fraude fiscal y la participación de los que más tienen, en coherencia con el camino emprendido hacia una fiscalidad más justa, eficiente y progresista. Con estas políticas, no lo olvidemos, se pueden ganar unas elecciones generales, sólo faltan partidos políticos que se lo crean y se afanen en conseguirlo movilizando a sus militantes y al conjunto de la ciudadanía. Todavía estamos a tiempo.

Antón Saracíbar.

Reunidos este 26 de enero en Madrid, en la librería Blanquerna, responsables políticos, sindicalistas, trabajadores, demócratas, ciudadanos de Madrid con participantes de otras poblaciones. En reunión impulsada por el Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos, con el apoyo de Unidad Cívica por la República, diputados de ERC en el Congreso, Tribuna Socialista, Izquierda Castellana, Coordinadora 25 S, Información Obrera y decenas de colectivos, con el apoyo de militantes socialistas, militantes de Unidos Podemos, con delegaciones de responsables obreros de Portugal, Francia y Alemania.

Tras oír las intervenciones de sus portavoces, juntos concluimos y constatamos:

– Que desde hace años se están produciendo retrocesos alarmantes en los derechos y libertades en nuestro país.

– Prueba de ello es la Ley Mordaza, decretada por el gobierno del PP en plena crisis económica, como medio para reprimir la resistencia de los trabajadores frente a sus medidas antisociales, poniendo en cuestión derechos fundamentales como la manifestación y la libertad de expresión.

– En el mismo sentido ha ido la acción de la Fiscalía y de los tribunales de Justicia, encausando a más de 300 trabajadores por ejercer su legítimo derecho de huelga. Una acción judicial que ha abusado del artículo 315.3 del Código Penal como medida de criminalización de la huelga.

– El preocupante retroceso en los derechos y libertades deviene de las mismas instituciones de Justicia, las cuales han judicializado el conflicto catalán en connivencia con el Partido Popular.

Son dichas instituciones las que dirigen el juicio oral que se abre en los próximos días contra nueve dirigentes republicanos catalanes, que supone un gravísimo atentado a las libertades, difícilmente conquistadas después de la muerte de Franco.

Los supuestos delitos de los que son acusados son, de toda evidencia, inexistentes, como dicen más de 400 juristas de todo el Estado.

Consideramos que esta actuación de la justicia recuerda las viejas prácticas de tiempos felizmente superados. Y constatamos que esta misma justicia permite condenar desde titiriteros a jóvenes como los de Alsasua, que clausura exposiciones de arte, que secuestra obras literarias…

Como demócratas, como amantes de la libertad, consideramos que ésta es indivisible.

Los reunidos hoy en Madrid tomamos el compromiso de desarrollar la más amplia actividad en todos los pueblos del Estado español, en el seno de todas las organizaciones, para que se pronuncien y actúen por la libertad de los republicanos catalanes, exigiendo también la abolición del artículo 315.3 y de la “Ley Mordaza”.

Nos comprometemos a organizar todo tipo de actos y a participar en todas las iniciativas que vayan en este sentido. Nos dirigimos también solemnemente a los trabajadores y demócratas de toda Europa y a escala internacional para que se pronuncien al respecto.

La causa de las libertades en España es la causa de todos los trabajadores y demócratas a escala internacional. Así fue en el pasado, así es en el presente,

 

La fraternidad entre los pueblos vencerá

 La causa de la democracia y la libertad vencerá

 Es urgente la derogación del artículo 315.3 del  Código Penal y de la Ley Mordaza, y de inmediato

 ¡Libertad de los dirigentes republicanos catalanes!

 conferencia.catp@gmail.com

El pasado sábado 26 de enero en Madrid, en la librería Blanquerna, responsables políticos, sindicalistas, trabajadores, demócratas, reunidos a iniciativa del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos, con el apoyo de Unión Cívica por la República, Tribuna Socialista, Izquierda Castellana, Coordinadora del 25 S, Información Obrera y decenas de colectivos, con el apoyo de militantes socialistas, junto con delegaciones de responsables obreros de Portugal, Francia y Alemania, reivindicaron la: LIBERTAD DE LOS DIRIGENTES REPUBLICANOS CATALANES, DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 315.3, DEROGACIÓN DE LA LEY MORDAZA!.

Como preámbulo se ha informado por parte del moderador del mitin, que la preparación de este acto se reservó con mucha antelación en el salón de actos del Ateneo.

Ha continuado expresando, que la prohibición de celebrarlo allí, viene a querer esconder la falta de libertades democráticas existentes. La presión que se ha ejercido por las instituciones, que tienen sus tentáculos muy alargados, es la causa que ha producido esta denegación. En todo caso nuestra respuesta ha sido la de continuar con dicho acto y por ello estamos aquí, siendo ya una conquista de los derechos democráticos.

La mesa formada por el conjunto de las organizaciones arriba nombradas, constató que la unidad de la izquierda es posible en la defensa de los derechos democráticos que tanto costo conquistar en este país.

En el conjunto de las intervenciones, no faltó la denuncia ante el alarmante retroceso de los derechos y libertades en nuestro país, constatando que las bases de la vieja dictadura siguen estando instaladas, con los mismos apellidos.

Especial referencia a la Ley Mordaza, qué decretada por el Gobierno del PP en plena crisis económica, ha supuesto la represión de la resistencia de los trabajadores frente a sus medidas antisociales. Poniendo en cuestión derechos fundamentales como la manifestación y la libertad de expresión. Prueba de ello son las más de 50.000 denuncias por delito de ofensa a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.

Mención por parte de muchos intervinientes, ha sido la actuación de la fiscalía y de los tribunales de justicia, encausando a más de 300 trabajadores, criminalizando el legítimo derecho a huelga. Una acción judicial que ha abusado del artículo 315.3 del Código Penal, como medida de criminalización de la huelga.

Así como, el preocupante retroceso en los derechos y libertades que deviene del deterioro de las instituciones de justicia, las cuales han judicializado el conflicto en catalán en connivencia con el Partido Popular.

Reseñar por otro lado, las evocaciones realizadas a los procesos judiciales de “los de la manada” y el “caso Alsasua”, donde se ha puesto en evidencia que en este país no hay una justicia justa.

Estas instituciones que dirigen el juicio oral, que se abre en los próximos días contra nueve dirigentes republicanos catalanes, supone un gravísimo atentado a las libertades de todos, difícilmente conquistadas después de la muerte del genocida y dictador Franco. Su mantenimiento en prisión preventiva desde hace más de un año es un atentado a los derechos más elementales de los acusados.

Los supuestos delitos de los que son acusados son, de toda evidencia, inexistentes, como dicen más de 400 juristas de todo el Estado.

En el más amplio sentir, las intervenciones han reflejado qué como demócratas, como amantes de la libertad, se ha de considerar que los derechos sociales no pueden ir separados de los derechos democráticos siendo por tanto indivisibles.

Por último, se adoptó el llamamiento por todas las organizaciones en el desarrollo con la más amplia actividad, para que se pronuncien y actúen a favor de la libertad de los republicanos catalanes, por la derogación del artículo 315.3 y la “Ley Mordaza”.

Reproducimos el llamamiento en un nuevo post

 

Jose A. Fernández Guerras

Corresponsal en el Mítin internacional

Comité de Redacción de Tribuna Socialista

 

 

 

 

Desde las elecciones autonómicas en Andalucía, no han sido pocas las voces que piden un cambio de rumbo en el partido socialista andaluz. Muchos compañeros y compañeras callan para no dar carnaza a los adversarios políticos, siguiendo las consignas (no escritas) de la Dirección del partido. Otros en cambio, piensan que la mejor forma de recuperar el partido socialista para que vuelva a ser depositario de la confianza de la mayoría de andaluses es decir lo que piensan. Así lo hace Rafael Martín de Agar, militante socialista en la agrupación del PSOE de Alcalá de Guadaira.escribiendo esta carta a Susana Díaz, publicada en El Confidencial, y que nos solicita publicar en este primer número del año de Tribuna Socialista  

A/A Excelentísima Señora Presidenta y, de momento, Secretaria General del PSOE de Andalucía

Señora Díaz: Usted sabe que tiene que dejar inmediatamente su cargo orgánico. Lo sabe, en primer lugar, porque tiene mucho más conocimiento y trayectoria política intensa que una gran mayoría de los compañeros, entre los que me incluyo.

Pero le voy a dar algunas razones, muy breves y sin ánimo de ser exhaustivo; destacaré sobre todo dos fundamentales: la primera, porque usted se comprometió públicamente y está obligada a cumplir con el compromiso; de otra manera, ¿Cuánto valdrá a partir de ahora su palabra en cualquier debate político que tuviera, sea en el Parlamento o en cualquier otro ámbito?. Pero es que además, se comprometió dando razones, diciendo que era la cultura del partido, y ponía como ejemplo a varios líderes históricos, como Felipe González, Almunia, Zapatero, etc. y además daba una razón aún más contundente: “porque el partido está por encima de las personas”.

Lo decía usted hace bien poco ¿o ya se le ha olvidado?. Usted fue quien puso el listón y usted no solamente ha hecho bajar al PSOE en número de votos (por cierto, con una campaña tremendamente personalista en torno a su imagen), sino que además usted ha perdido las elecciones.

Se lo voy a explicar otra vez: En una democracia parlamentaria pierde quien no es capaz de formar coalición para llegar al gobierno y gana quien es capaz de coaligarse para alcanzar la investidura.

Y con la misma legitimidad que en el 2012, a pesar de sacar el Partido Popular más votos que nosotros, Griñán fue capaz de conseguir una alianza con IU, y estaba perfectamente legitimado para gobernar, como así hizo, primero él, y a partir de 2013 usted, ahora, si bien el PSOE ha sido el partido que ha sacado mayor número de votos, está claro que usted no puede gobernar porque no es capaz de completar una mayoría en el Parlamento andaluz…

Pues éstas son las razones fundamentales, aunque podría darle muchas más, pero no es preciso, porque Ud las conoce perfectamente. No voy a extenderme sobre el daño que puede causar a miles de candidatos en las inminentes elecciones municipales,…

Su problema, señora Díaz, no es que usted no sepa que se tiene que ir, (que usted bien que lo sabe). El problema es que usted no sabe adónde ir. Pero permítame que le diga, que ese es SU PROBLEMA, y no tiene derecho a trasladar el problema a todo el partido. No es justo, ni tiene derecho a hacerlo, si es verdad lo que usted dice, que tanto quiere a este partido. Y no puede retrasarse más porque sabe que cada día que usted siga sin dimitir, está haciéndole un daño mayor al partido, en Andalucía, y en España. Ese partido al que según usted dice, tanto le ha dado y que, según pensamos muchos, tantísimo le ha dado a usted. Y no quiero pensar que usted le esté poniendo precio a su amenaza de seguir porque, como le digo, ni es justo, ni se lo vamos a permitir.

Todos los que hemos ejercido responsabilidades públicas hemos tenido claro que era un trayecto efímero, no permanente. Y la inmensa mayoría hemos sabido retirarnos cuando ha llegado el momento, cada uno por una razones u otras. No me puedo creer que usted no haya aprendido eso. Por eso le pido, una vez más, que se vaya, que se vaya ya, que se vaya dignamente antes de que haya que utilizar otros medios para que tenga que abandonar esa responsabilidad, con todo lo que supondría para su futuro y para el del partido.

Le ruego, por favor, que no se vaya de forma indigna y que no haga más daño al partido.

Y desde luego, en el futuro le deseo lo mejor, le deseo una nueva etapa profesional en la que ejerza también dignamente su trabajo.

Y termino como empecé: Usted sabe que se tiene que ir, pero no sabe adónde.

 Rafael Martín de Agar

Militante socialista en la agrupación del PSOE de Alcalá de Guadaira.

Con la investidura de Juanma Moreno, del Partido Popular, como presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía se pone fin a 36 años de gobierno socialista y se cierra un ciclo en Andalucía, un ciclo que ha durado diez legislaturas consecutivas con presidencias socialistas. La trascendencia del cambio político que se acaba de producir va más allá de las fronteras de Andalucía y adquiere relevancia para todo el país, si tenemos en cuenta que hablamos de la comunidad más grande de España.

El PSOE ha gobernado siempre la Junta incluso en la preautonomía (constituida en abril de 1978) que contó hasta las primeras elecciones con dos presidentes socialistas, Plácido Fernández Viagas y Rafael Escuredo (el primero elegido por las urnas).

Susana Díaz ha sido la última presidenta de la Junta de Andalucía hasta el momento y ha tenido que pasar por el tremendo trago de entregarla al PP, la formación que durante los mismos 36 años ha aspirado sin éxito a desbancar a los socialistas del poder autonómico.

Los números en Andalucía iban narrando un final anunciado, la bajada de votos desde que Susana Díaz se hiciera con el control de la Federación andaluza del PSOE ha sido de 600.000, en las elecciones de 2015 mantuvo los 47 escaños de su antecesor en el cargo a pesar de perder 200.000 sufragios, 2018 le depararía la pérdida de 14 escaños y 400.000 entre los que se quedaron en su casa por no sentirse motivados a votar y los que decidieron votar otras opciones.

Lo cierto es que se percibía cierto ambiente de desencantamiento en una comunidad que históricamente ha sido socialista.

Las elecciones de 2015, fueron definitivas en cuanto al cambio de rumbo político decidido por el PSOE-A, el pacto con Cs fue una muestra clara de hacia dónde caminaba y la puesta en marcha de políticas de derechas al PSOE, tenemos experiencias nacionales que demuestran que nunca le fueron bien y le hicieron perder escaños, exactamente lo mismo que ha sucedido en Andalucía, donde los andaluces han percibido mensajes que les hablaban de todo lo conseguido por un lado, mientras que  percibían por  otro, recortes en sanidad y educación, por ejemplo.

Sin embargo, a pesar de las sombras que planean sobre 36 años de mandato, incluida la imputación de dos expresidentes y 20 altos cargos de sus gobiernos, a ninguno de ellos se les acusa de enriquecimiento ilícito, el mensaje lanzado por la derecha y la percepción de un “régimen” que necesita un cambio político, ha calado en muchos andaluces y andaluzas.

El PSOE ha sido el partido que tuvo la responsabilidad de construir una estructura política inexistente y comenzar a gestionar competencias en un régimen democrático poco después de salir de 40 años de dictadura.

 Juanma Moreno Bonilla, con el peor resultado de la historia del PP desde los ochenta, ha logrado lo que no pudo Javier Arenas, quien durante veinte años fue líder de los populares andaluces y quien estuvo cerca de alcanzar San Telmo cuando ganó las elecciones en 2012, algo que impidió la coalición de izquierdas PSOE-IU.

Unos años después de aquello, es el PSOE el que gana las elecciones, también con el peor resultado en su historia, pero la mayoría que suma el PP con dos partidos nuevos de la derecha, Cs y Vox, nos le permitirá gobernar.

La etapa que ahora se cierra de casi cuatro décadas tendrá sus luces y sombras cuando se analice con distancia, de momento el panorama se presenta como un escenario en el que el PP ha firmado un pacto con Cs y VOX y en el que las dos fuerzas de derecha necesitan a la extrema derecha para poder gobernar, algo que nos da pistas claras de por dónde caminará el parlamento andaluz durante los próximos años.

El análisis como decía más arriba corresponderá hacerlo cuando pasen algunos años para verlo todo con distancia, sin embargo y para ser justos es necesario añadir que la Andalucía de los 80 nada tiene que ver con la de ahora.

La Andalucía que hereda el PP también aporta otras cifras a pesar de los recortes del gobierno de Susana Díaz, como que se haya pasado de 233 a 1.515 centros sanitarios, 49 hospitales públicos y diez universidades o que el analfabetismo no exista, eso en el HABER, en el DEBE cifras que reflejan problemas estructurales sin resolver: Tasa de paro de más del 22% de la población activa o que el peso relativo de Andalucía en el PIB nacional apenas haya variado, del 12,8% en 1980 al 13,3% en 2018.

La importancia del ciclo que se cierra va más allá de la gestión que el PSOE ha realizado en Andalucía tiene que ver con el propio PSOE, para el que Andalucía ha sido su gran bastión, sin olvidar que andaluces han sido los dos más destacados líderes del PSOE, Felipe González y Alfonso Guerra.

El PSOE gana las primeras elecciones generales en octubre de 1982, solo seis meses después de las andaluzas que inauguran la etapa autonómica. El protagonismo del PSOE andaluz persiste, gracias a su poder en la Junta de Andalucía, en las etapas posteriores a Felipe González a pesar de apostar en contra de los ganadores de los congresos, José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba, la Federación mantuvo su peso en la dirección nacional, incluso en el primer tiempo de Pedro Sánchez.

 Todos los presidentes y presidenta del partido han sido andaluces a excepción de la actual presidenta, Cristina Narbona.

Breve Historia del PSOE en Andalucía

Sólo conociendo todos los datos se puede comprender que los cambios a Andalucía llegaron más tarde que al resto de España.

Manuel Chaves, Secretario General del PSOE-A desde 1994, dejó el cargo en 2010, la sucesión planeada desde Ferraz en favor de Griñán fue un fracaso que fracturó al partido en dos en Andalucía y con esta fractura abierta, ascendió una generación de militantes sin ninguna experiencia profesional y curtidos en las luchas internas en las Juventudes Socialistas de Andalucía.

Y fue así como Susana Díaz accedió al poder, sin pasar por las urnas y creó un modelo de mando en Andalucía distinto al de sus antecesores, un modelo absolutista que impidió cualquier tipo de crítica interna sobre ella o su gestión.

Sus aspiraciones de conquistar Ferraz, como candidata del aparato provocaron el golpe que acabó con la dimisión de Pedro Sánchez, siendo vista por los militantes del PSOE como la responsable de tan vergonzoso episodio en la historia de un partido con 140 años a sus espaldas. La frase “Lo quiero muerto hoy” pronunciada por Díaz a la presidenta de Baleares junto a la retransmisión del comité del día 1 de octubre en TV en el que Sánchez presentó su dimisión, fueron una crónica anunciada de lo que pasaría a partir de ese momento.

El resto, es de sobras conocido, perdió las primarias ante un candidato que no apoyó ningún aparato del partido ni medio de comunicación, sólo la militancia, algo que precipitó la derrota del 2D, cuyas causas son indudablemente múltiples.

Lo paradójico es que el análisis que hace Díaz sobre la pérdida de la Junta se debe “a la incomprensión de parte de su electorado de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa con el apoyo de los independentistas catalanes”, resulta poco serio, porque ella como líder del PSOE andaluz representaba desde el primer momento la antítesis de estas políticas. Los electores no identificaban a Díaz en ningún momento con una postura favorable a los nacionalistas catalanes, sino justo con la posición contraria.

Su hundimiento en Andalucía, una tierra que no le importó abandonar para pelear por un sillón en Ferraz, es responsabilidad exclusivamente suya y es necesario e incluso sano, asumir en primera persona un fracaso político histórico porque a pesar de haber ganado las elecciones en Andalucía, ha perdido 14 escaños y ha perdido la Junta,  eso son datos objetivos.

El resultado es que es el PSOE de Susana Díaz el que pierde la Junta, no el PSOE de Sánchez, aunque PP y Cs tenían muy claro que sacar a los socialistas de San Telmo era asestarle al presidente una estocada con la vista en la Moncloa.

La cuestión ahora para el PSOE andaluz es qué va a pasar tras la salida de San Telmo y si esto significa, como señaló Ferraz, el punto de partida para abrir el debate sobre el liderazgo del partido en Andalucía.

A pesar de la pérdida de la Junta, el PSOE cuenta con 448 alcaldías en Andalucía de los 786 municipios y claro el temor a que se repita la triple alianza de la derecha que le ha desalojado de la Junta crece entre los alcaldes, entre ellos capitales como Sevilla y Córdoba. Muchos de ellos, han hecho llegar a algunos dirigentes de Andalucía e incluso a Ferraz, el temor a que Díaz reste más que sume.

Díaz intenta resistir y prepararse para una guerra civil que puede terminar de destrozar al PSOE y que la puede llevar a morir políticamente hablando intentando arrastrar a Pedro Sánchez; cualquier movimiento que realice la dirección, no será fácil e incluso puede acabar con el PSOE porque si Sánchez pierde la Moncloa, los socialistas quedarían condenados a la oposición y entonces, la pérdida de la Junta de Andalucía se convertiría en el legado político de Susana Díaz, algo muy difícil de asumir.

María Iglesias Domínguez- Periodista