Tribuna Socialista

Nos hacemos eco de la alerta y queja del Equipo de trabajadores y trabajadoras del 112 y del 061. El pasado 16 de marzo, dos días después de la declaración de Estado de Alarma, expresaban lo siguiente:

“Los trabajadores del 112 y del 061 estamos hartos. Llevamos años trabajando en condiciones precarias por empresas que subcontratan el personal para la gestión del servicio. Los puestos de trabajo del 061 y del 112 no son públicos, son empresas subcontratadas que gestionan el personal, Ferrovial en caso del 061 y Grupo Norte en caso del 112.

La crisis del Coronavirus ha hecho saltar todas las alarmas y la central, ya sea por la demanda de los ciudadanos como la gestión de las empresas, las dos ya mencionadas, tanto como el SEM y la Generalitat hasta el gobierno de España, es excelentemente negligente. Las únicas medidas de prevención que fueron tomadas es la distribución de geles por la sala. No se cancelaron visitas, entra y sale quién quiere del edificio. Las únicas medidas que tomó Grupo Norte para los empleados del 112 fue no fichar (que se hace con huella digital) y facilitar una botella de alcohol etílico de 98º. Un par de días después G.N. facilitó guantes de látex, pañuelos y alcohol para desinfectar las posiciones.

Dos empleados del 112 residen en Igualada y se encontraban allí cuando se confinó la localidad entera, pero fueron obligados mediante salvoconducto de CECAT, gestionado a través del jefe de servicio de Zona Franca, C. S., a venir a trabajar y pasar el control policial y acceder al edificio sin realizar ningún tipo de revisión médica para asegurar la seguridad y salud de los trabajadores. Otro empleado manifestó ser agente de riesgo al haber estado en contacto con una persona que dio positivo, y el jefe de servicio le dijo que si no se encontraba mal, que viniera a trabajar.

El sábado, Pere Aragonés, vicepresidente de Cataluña, visitó las instalaciones del SEM, paseándose entre sus empleados como Pedro por su casa. Al día siguiente, dio positivo en Coronavirus.

Ni eso ayudó a tomar medidas más drásticas. El edificio sigue sin estar cerrado a gente exclusiva del personal y no se está habilitando el teletrabajo.

No se están tomando medidas efectivas para reducir el estado de alarma de la población y reducir las colas de llamadas. En el 112, la espera es de tres a cinco minutos, con una media de 30 llamadas en espera. En el 061, la espera llega hasta los 50 minutos. El SEM tiene pendiente llamar a más de 7000 personas que han solicitado asistencia por síntomas de Coronavirus y no los van a llamar, porque es logísticamente imposible. No hay suficiente personal para esa afluencia de llamadas, que sigue siendo creciente.

El problema de la saturación del 112 es importante y peligroso. El tiempo de espera y gestión que lleva hasta la activación del recurso es vital para algunas asistencias sanitarias graves, como infartos o accidentes con heridos graves.

La situación es insostenible. Estamos pendientes de confirmar 5 casos positivos en el edificio. Sea verdad o no, lo van a encubrir. Están jugando con nuestra salud y no les importa. Nuestro trabajo se puede habilitar a distancia y quedarnos confinados y no les da la gana invertir dinero en ello. El 112 y el 061 están privatizados y manda el dinero, no la necesidad.

Si hay un brote en nuestros edificios, caerá la base de la pirámide y la ciudadanía estará desamparada pues no tendrá como contactar con los servicios de urgencia, suponiendo que ahora, aunque tarde, se puede contactar.

¿Hasta qué punto tenemos que jugarnos la salud por la negligencia de los políticos y empresarios? ¿Hasta qué punto la ética y la moral prevalecen sobre la negligencia?

Recordad, cuando necesitéis ayuda, la primera voz que oiréis será la nuestra. Si no estamos, ¿qué pasará?

El equipo del 112 y 061 de Cataluña.”

Es evidente la importancia e imperiosa necesidad de que todos los servicios externalizados y que cubren servicios públicos han de ser nacionalizados con urgencia precisamente para poder prestar ese servicio bajo parámetros de servicio público y no bajo parámetros de beneficio económico.

Baltasar Santos

TS Tarragona

Estamos ante una situación mundial imprevista y con consecuencias humanitarias terribles…

No  es   mayor   ni   más   grave   que   las   guerras   actuales:   muerte,   pobreza severa, migraciones desesperadas, etc., afecta a todos, incluido el mundo más «desarrollado», más rico, más protegido.

Está causando un drama en pérdida de vidas humanas enorme y generando una sensación de incertidumbre e impotencia brutal, teniendo en cuenta que es una epidemia sin soluciones médicas, de momento, y aun menos medidas médico-preventivas por tratarse de un virus novedoso para la ciencia. La situación se aborda en medio de un colapso sanitario, que está poniendo en evidencia las consecuencias de la degradación de las sanidades públicas, de los sectores públicos, en los últimos 15 años. Hoy, los recortes económicos de los gobiernos del partido Popular, nos pasan la factura en su forma más dura: muerte en las residencia de ancianos, escasez de medios a disposición del personal sanitario, insuficiencia de camas y UCIs y tener que recibir ayuda médica y material de China. ¿En verdad somos la octava potencia económica?

Y esto en nuestro país, en donde hay sector público de salud y redes de protección social. Imaginemos las consecuencias donde no lo hay, y reflexionemos sobre las consecuencias lógicas de esta ausencia.

Con la misma lógica, es el sector público de Fuerzas de Seguridad, Transporte, Dependencia, residencias, Educación, Protección Civil, Ejército…. quienes se están enfrentando al riesgo de contagio, con las consecuencias de no disponer del suficiente equipamiento de protección, junto a los trabajadores de Limpieza, Comercio, Transporte, Financiero… sectores que resultan fundamentales para el conjunto de la sociedad.

Es decir, el ESTADO DEMOCRÁTICO se organiza para atender esta emergencia, y lo hace con la mayoría social al frente, en su  doble  condición:  como  ciudadanos  y  como trabajadores, en primera línea, dando la cara y corriendo riesgos, sufriendo las consecuencias.

Es   esa   misma   MAYORÍA   SOCIAL, quien   hace   tiempo   decidimos    crear    un instrumento para la solidaridad común e intergeneracional que hiciese efectiva nuestra democracia social y de derecho: el sector público. Ahora vemos con preocupación creciente como las decisiones de algunos, convierten su beneficio económico personal en nuestras fatales miserias en forma de enfermedades y muertes.

Nada es gratis, lección amarga.

Recortar el estado social, es lo mismo que desatender migrantes, olvidar guerras ajenas (o peor aún vender armas que son utilizadas en esas guerras), pobrezas horribles…

Olvidar la SOLIDARIDAD, olvidar la JUSTICIA SOCIAL, desmontar la democracia social y de derecho trae consecuencias muy graves.

Consecuencias que siempre pagamos los mismos.

Debemos atender a los enfermos, cuidarlos con todos nuestros recursos sanitarios, como muy bien ha hecho el Gobierno al decretar la disponibilidad por el estado de la sanidad privada, y atacar ese virus con toda nuestra capacidad de investigación científica. Ahora toca sobretodo REFLEXIONAR sobre nuestro sistema político para orientar el futuro, para ver qué debilidades han hecho que nuestro Estado de Bienestar sea débil, e incapaz de atender adecuadamente esta pandemia, qué ha puesto en indefensión a nuestros conciudadanos.

Tan importante es atender y curar a nuestros enfermos como preparar el futuro reparando lo que nos convierte en «SOCIEDAD». Trabajemos por recuperar nuestros derechos perdidos en las crisis.

Defendamos nuestro Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia.

Eduardo Hernández Oñate

Tribuna Socialista de Madrid

En la perspectiva de hacer un primer balance sobre los 100 primeros días de la acción del Gobierno, Pedro Sánchez se ha visto inesperadamente forzado a asumir la gestión de una crisis sanitaria sobrevenida (Pandemia, según la OMS) y desconocida hasta ahora por su especial virulencia y efectos devastadores. Al margen de las consecuencias negativas para muchas personas (incluso con numerosas pérdidas de vidas humanas), el coronavirus está siendo desastroso para la economía y para el funcionamiento de sectores y empresas, además de condicionar fuertemente la libertad de movimientos de los ciudadanos. Ante esta gravísima situación, el Gobierno se vio obligado a decretar la emergencia sanitaria y la “Declaración de Alarma”.

Las previsiones de los expertos anuncian que la fuerte incertidumbre generada seguirá afectando al crecimiento de la economía mundial, cuando menos, a lo largo del presente año. O, lo que es lo mismo, si nadie lo remedia, afectará directamente al empleo (según la OIT se pueden perder 25 millones de empleos), a la protección social, a la oferta y la demanda, así como a la sostenibilidad del tejido empresarial (sobre  todo en los sectores del turismo, comercio y transportes), al déficit y la deuda pública, a la cotización bursátil, al conjunto de los servicios públicos esenciales e, incluso, condicionará radicalmente en nuestro país el debate y el contenido de los PGE-2020.

También está influyendo considerablemente en la actividad política. Atrás han quedado medidas valoradas positivamente: el incremento del SMI, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, la aprobación del techo de gasto, la apertura del diálogo con el Gobierno de la Generalitat… El resto de los compromisos políticos han quedado supeditados a la resolución de la crisis: entre ellos las elecciones en Galicia y el País Vasco, el debate de los PGE-2020, la sostenibilidad de las pensiones (Pacto de Toledo), la derogación de las reformas laborales, la financiación de las CCAA, la mejora de los servicios públicos… Al margen de relegar a un segundo lugar a otros asuntos de gran calado: la igualdad de género, el cambio climático, la digitalización de nuestra economía, la transición energética, el cambio de modelo productivo…

A pesar del reto que representan estos asuntos, algunos analistas y diversos medios de comunicación han hecho especial hincapié- sobreactuando de manera interesada- en las desavenencias suscitadas recientemente dentro del Gobierno y, en particular, entre la vicepresidenta primera Carmen Calvo y el secretario general de Unidas Podemos (UP) y vicepresidente segundo Pablo Iglesias. Esperemos que se trate de diferentes sensibilidades- comprensibles en un gobierno de coalición e, incluso, en un gobierno monocolor- a la hora de abordar asuntos de una gran complejidad: migraciones, igualdad de género, monarquía, gestión relacionada con la crisis…

En todo caso, las diferencias suscitadas demuestran la imperiosa necesidad de seguir apostando por la cultura del Pacto y el Acuerdo ante la emergencia sanitaria y la actual fragmentación partidaria (la realidad política hay que abordarla con altura de miras y no convertirla en un nuevo motivo de confrontación) y por fortalecer y poner en valor al actual Gobierno de coalición. Las ventajas de la Unidad de Acción entre el PSOE y UP son muchas para arriesgarnos a que fracase el actual Gobierno (sin alternativa) sobre todo en estos momentos. La actitud lamentable y demagógica del PP y de Vox, al comienzo de la crisis, descalifica a ambos partidos sin paliativos y demuestra que la alternativa que representan es muy nociva para el País y, en particular, para el desarrollo de las políticas progresistas empeñadas en superar las desigualdades sociales, la pobreza y la exclusión social, sobre todo en un contexto de emergencia sanitaria que está afectando particularmente a los más vulnerables. A pesar de todo, es justo reconocer el pequeño cambio suscitado en los últimos días en el PP, ante la dramática gravedad de la emergencia sanitaria y el temor al rechazo ciudadano.

Hasta el momento, la atención del Gobierno se ha centrado prioritariamente en las personas, de acuerdo escrupulosamente con los protocolos y el necesario rigor sanitario exigible en estos casos: con solvencia, transparencia y unidad de criterio con las diversas CCAA. A ello está contribuyendo de manera decisiva y ejemplar el comportamiento del conjunto de la sociedad civil, al imponerse el sentido común y la disciplina sobre la torpeza y el miedo, siempre condenable y fuera de lugar.

Ante la emergencia sanitaria, el Gobierno, de acuerdo con la UE, ha decidido paralizar las políticas de estabilidad fiscal comprometidas, mientras dure la emergencia, además de plantear a las instituciones europeas la puesta en práctica de políticas fiscales y de solidaridad comunes (la contundente decisión del BCE va en esta dirección: 750.000 millones de euros en deuda pública y privada), que recuperen el protagonismo que debe tener en estos casos la UE (su futuro pasa por su eficacia en esta crisis, lo que exige medidas excepcionales y urgentes: presupuestos mucho más expansivos, eurobonos, inversión pública…). También, en principio, adoptó una serie de medidas económicas, sociales y sanitarias por importe de 18.225 millones de euros (cerca del 1,5% del PIB). Entre otras, ayudas a las CCAA para efectuar gastos sanitarios; también  a las familias y afectados, moratorias al pago de impuestos, créditos a empresas, bonificaciones a las cotizaciones sociales para ayudar a empresas (sobre todo a PYMES) y autónomos y, finalmente, ayudas para evitar el cierre de los centros de trabajo más afectados por la crisis.

Con los interlocutores sociales se reforzó el diálogo social con el propósito de evitar el desplome de la economía y la destrucción de empleo, fortalecer la protección social de los desempleados por la crisis. En este sentido- a través de un Real Decreto-, el Gobierno aprobó el llamado “Escudo Social” por importe de 200.000  millones  de euros (117.000 millones serán del sector público y 83.000 millones del sector privado) para responder a las nuevas exigencias de la Pandemia. La pretensión, entre otras medidas, es agilizar los ERTE por fuerza mayor; prohibir los despidos por el coronavirus; evitar sanciones por ausentarse del trabajo obligado por la crisis; cobrar la prestación por desempleo, aunque no tenga contabilizada la cotización necesaria; moratoria en el pago de hipotecas; garantizar los servicios públicos esenciales a los más débiles; avales para dar liquidez a las empresas; proteger a las empresas cotizadas del IBEX-35 contra OPAS hostiles presentadas desde fuera de la UE…

Las CCAA y Ayuntamientos de acuerdo con el Gobierno también tomaron medidas dolorosas pero comprensibles: supresión de las Fallas, Semana Santa, Feria de Abril, eventos culturales y deportivos… En este sentido, debemos afirmar- a pesar de las críticas (fuera de lugar) de los gobiernos de Catalunya y del País Vasco a  la “Declaración de Alarma”- que no se puede combatir la Pandemia desde 17 entes territoriales. Es imprescindible, como se ha hecho, establecer un Mando Único ante un problema que afecta a todas las personas por igual y no a territorios por separado.

Lamentablemente- y a pesar de estas medidas-, en las últimas semanas no han faltado actitudes especulativas y propuestas oportunistas e interesadas en sacar partido de la crisis actual. El FMI, el pensamiento neoliberal conservador y algunos responsables empresariales, sin ir más lejos, han vuelto a pedir el recorte de derechos, la reducción de impuestos y el aplazamiento de la derogación de las medidas más lesivas de la reforma laboral. Incluso, Pablo Casado, líder del PP, actuó en principio de manera sectaria y a remolque de las circunstancias, intentando capitalizar demagógicamente la incertidumbre, el miedo y el desasosiego de los ciudadanos, cuando lo que procedía era apoyar sin reservas al Gobierno y ponerse a su disposición para abordar solidariamente la crisis. Ya habrá tiempo para analizar la gestión del Gobierno y el comportamiento de la oposición e, incluso, para la crítica si procede.

En este contexto, no es extraño que se valorara positivamente las declaraciones de Inés Arrimadas (Ciudadanos), favorables a colaborar con el Gobierno e, incluso, a participar de manera constructiva, después de la crisis, en el debate de los PGE-2020 con el propósito de facilitar su rápida tramitación en el Parlamento. A partir de una imperiosa necesidad: hay que revisar considerablemente al alza el techo de gasto aprobado y, en coherencia con ello, aprobar unos PGE-2020 más expansivos (en inversión), realistas y comprometidos con la nueva realidad social. Esto contará con el apoyo de la ciudadanía, de los interlocutores sociales y, esperemos, que sea asumida por las autoridades europeas, lo que ayudará considerablemente a salir de la crisis. No lo olvidemos, está en juego de nuevo la política y el modelo de salida de la crisis.

En cualquier caso, la crisis ha puesto una vez más de manifiesto las carencias y debilidades de la globalización y de la propia UE. En concreto, la UE se ha mostrado particularmente inoperante y a merced de un simple, pero agresivo virus, al no ser capaz de tomar medidas en tiempo real que evitaran el miedo y la propagación de la emergencia sanitaria. También ha demostrado la importancia de la unidad, la solidaridad y el compromiso político; además del valor del Estado (“Estado Providencia”), del sector público (sanidad pública) y de la investigación y la ciencia. Incluso, lo nefasto que han sido las políticas de recortes exacerbados, las privatizaciones interesadas y el desarme fiscal, al margen del sonoro fracaso de los demagogos, los populistas y los predicadores incapaces de ofrecer alternativas viables a los problemas complejos de una sociedad moderna.

A pesar de todo, no debe de cundir el pánico. Ante la emergencia sanitaria se ha demostrado en la práctica que el aislamiento, la prevención y la higiene consiguen resultados notables; además, los ciudadanos están aplicando coherentemente las directrices encaminadas a evitar el colapso del sistema sanitario. En todo caso, debemos persistir en superar la grave crisis vírica convertida en una auténtica pesadilla para todos. Por eso hay que recuperar los valores de siempre y mantener plenamente la confianza en nuestras autoridades: unidad, disciplina, solidaridad…

Antón Saracíbar

No hay duda, vivimos la peor crisis sanitaria conocida por las actuales generaciones. Hay que combatir al COVID 19: primero con aislamiento para frenar la propagación-siguiendo las indicaciones del Gobierno y las autoridades sanitarias-y después, con las vacunas, cuando sean desarrolladas por los científicos.

Hay que acabar con el virus y también con los parásitos que llevan muchas generaciones, incluso siglos, instalados en la sociedad. Chupópteros que viven del esfuerzo colectivo.

Cuando esta crisis sanitaria pase, habrá que pedir cuentas y hacer balance de la experiencia vivida. En el momento de redactar esta editorial, estamos confinados en nuestros domicilios, pero no estamos amordazados. Mantenemos nuestra libertad y capacidad para pensar, debatir y expresarnos. Vemos con claridad que el coronavirus pretende aprovecharse como pantalla para tapar los problemas políticos, es decir: económicos, sanitarios, educativos, de dependencia… no lo vamos a consentir. Una prueba clara de ello es la burda intervención televisada de Felipe de Borbón el día 18 de marzo. Un vano intento de hacer ver que la Corona sirve para algo, mientras el pueblo, que ve cada día más claro que la Monarquía es una rémora, se expresaba cacerola en mano.

Tenemos reciente la experiencia de la crisis inmobiliaria y financera de 2008. Tan reciente que muchos miembros de nuestra clase social no han salido de aquélla cuando ya están sufriendo las consecuencias de ésta. El eslabón entre la dictadura y la democracia: la Corona, no ha superado la crisis que llevó al aparato del Estado a precipitar la “abdicación exprés” de Juan Carlos de Borbón, el 19 de junio de 2014. Sus andanzas de “casanova”, sus cazas furtivas de especies en extinción, sus juergas de toda la vida, y todo con dinero público, no son nada comparadas con sus, siempre sospechados, y ahora evidentes, chanchullos económicos; los 100 millones de euros de comisión por el negocio del AVE a la Meca son la punta de un iceberg muy profundo.

Su fortuna se estima en 2.000 millones de euros ¿de dónde han salido, de qué negocios? Los saudíes, como las empresas que pagaban comisiones a la CIU de Pujol o al PP de Aznar, Rajoy y Casado, no pagan comisión. Es parte del negocio que le cargan en la factura a las arcas públicas: los saudíes a sus súbditos y nuestros corruptos a los contribuyentes del Estado español.

En su momento, criticamos, y lo seguimos haciendo, la reforma constitucional que garantizaba el techo de gasto: el Artº 135, el que garantiza el pago de la deuda y sus intereses, aunque sea a costa del gasto público.

El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión. Ahora, vemos los criminales efectos de estas políticas: el pago de la deuda goza de prioridad absoluta. ¿Cuál es la prioridad de la que goza la vida de nuestros familiares?, particularmente de los mayores, quienes han sido fundamentales para el avance de este país.

Los recortes en Sanidad se han visto muy de cerca en la práctica totalidad de las comunidades autónomas dónde el virus ha tenido mayor efecto: falta de personal sanitario, carencia de camas y unidades de cuidados intensivos, así como una absoluta escasez de material básico de protección para el personal que presta sus servicios en los centros hospitalarios (mascarillas, guantes, batas adecuadas…). Son las consecuencias de los recortes en el gasto público; ese que no goza de ninguna prioridad.

Como la Sanidad, todos los servicios públicos han soportado recortes desde 2008: Educación, Pensiones, Dependencia. Con la LOMCE llegó el incremento de las ratios de niños por aula; consecuencia directa del despido de miles de trabajadores interinos.
Sin embargo, para la Iglesia no se ha escatimado. Se le ha dado rango de asignatura computable para la media en Bachillerato, potenciando la capacidad adoctrinadora de la religión, y se justifica de paso que el erario público pague al profesorado que impone la Iglesia. Para qué hablar del travase de dinero público en las comunidades, restándoselo a los centros públicos para incrementárselo a los concertados. Es sencillamente escandaloso, y aún más, si se añade a esto la subvención y el privilegio que supone no pagar impuestos.

El sistema público de Pensiones sufrió dos reformas: en 2011 y en 2013, siendo la de 2013 brutal en la devaluación a causa del sistema de revalorización que impuso el PP, con el ridículo 0,25% de incremento, y por el factor de sostenibilidad que estira la pensión a percibir en función de la esperanza de vida, con una pérdida estimada del 40%. Solo la presión de los pensionistas, que se han mantenido movilizados durante estos años, ha conseguido que la revalorización se vincule al IPC; algo que no es definitivo, pues cada año se tiene que negociar en el Congreso de los Diputados.

Los recortes se han visto de cerca también por el gravísimo deterioro de las residencias públicas de mayores: otro negocio cedido a la gestión privada, ofertado por el método de la “subasta al peor postor”: quién menos dinero cobra se lleva el contrato. Después da igual (a los gobiernos autonómicos les debe dar igual, ahora dicen que no sabían nada) si los residentes están bien o mal tratados.

Hemos visto los estragos que el coronavirus ha hecho en residencias de Madrid, Castilla y León, Euskadi, Cataluña, y Castilla La Mancha, entre otras, con más de 90 muertos solo en las residencias de Madrid. Está pendiente la derogación de las reformas laborales de 2011 y 2012. Es insoportable continuar en la situación de desequilibrio; entre trabajadores y empresarios, en la que nos dejó particularmente la reforma del PP. Ahí continúan la Ley Mordaza y el Artº 315.3 del Código Penal, leyes que se introdujeron para frenar y criminalizar el legítimo derecho a la huelga, la movilización y la libertad de expresión. La dura experiencia nos ha enseñado que al capital le da lo mismo lo que le ocurra al conjunto de la sociedad. El capital es cobarde/egoista ante las crisis, incluso ante las que él mismo provoca.

Hemos visto a los especuladores en las bolsas; comprando barato y haciendo beneficio en cuanto han podido. Hemos visto el permanente lloriqueo empresarial; pidiendo dinero público para créditos, exenciones y aplazamientos desde el primer minuto del estallido vírico. ¿Dónde están, en qué paraíso fiscal, los beneficios que han venido obteniendo las entidades financieras en estos últimos cinco años? A la par que destruían más de 100.000 empleos y dejaban a miles de municipios sin servicio bancario básico. O las energéticas, o las de telecomunicaciones…Los 200.000 millones que el Gobierno ha dispuesto, en forma de créditos, avales y otros productos financieros, se ponen a disposición de las empresas sin ninguna garantía de empleo. Las ayudas económicas deberían ir vinculadas a compromisos de mantenimiento del empleo, incluso se debiera establecer la prohibición de despedir. Todo este esfuerzo, como el realizado en la crisis anterior, se acumulará en un incremento de la deuda del Estado. ¿Qué esfuerzo van a realizar las grandes corporaciones, las grandes fortunas? Si a todo lo anterior le añadimos que las aspiraciones de una parte muy importante del pueblo de Cataluña no están resueltas (recordemos que el 80% está a favor de poder decidir su futuro en las urnas y que el 50% votó a partidos independentistas), independientemente de la política de los actuales dirigentes; podemos afirmar que hoy es más evidente que nunca la obsolescencia de la Constitución de 1978.

La pluralidad de pueblos que componen el Estado español necesita leyes que le resuelvan los problemas. Lo que menos necesitamos es mantener una Constitución que solo sirve para garantizar que los de siempre tienen garantizado continuar parasitando. Hay que acabar con el virus y con los parásitos que suponen un obstáculo al avance democrático. Eliminemos las trabas que impiden que los recursos vayan a los servicios públicos y redes de protección social. Tras esta crisis habrá que reforzar estos sistemas públicos; justo lo contrario a lo que hizo el PP y a lo que pretende hacer, según lo manifestado por el Sr. Casado el día 18 en el Congreso de los Diputados y Diputadas. Es necesaria, sin duda, una reforma constitucional de calado, que garantice los derechos y libertades de la mayoría social. No abordar dicha reforma solo contribuirá a un mayor deterioro institucional y social que nos llevará sin duda a la necesidad de una Asamblea Constituyente.

Comité de Redacción de TS

Editorial Número 110. Marzo 2020