Autor: Tribuna Socialista

Tribuna libre de expresión. Fomentando el debate y las propuestas entre socialistas.

La LOSU, nueva ley, misma farsa

El pasado 9 de marzo se aprobó definitivamente en el Congreso la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), la cual viene a sustituir a la LOU del gobierno de Aznar del 2001. El recorrido de esta ley ha pasado por varias etapas, donde el primer redactado presentado por el exministro Castells le llevó a una fuerte oposición de toda la comunidad universitaria y a una dimisión posterior. Subirats coge el relevo declarando que hará pequeñas modificaciones pero que en esencia el texto de Castells se mantendrá. Fue entonces cuando el Consejo de ministros el 21 de junio, periodo donde profesores y estudiantes tienen la carga de trabajo más alta de todo el curso (los exámenes finales), aprueban el anteproyecto de ley ‘’modificado’’ por Subirats. Casualmente, es una práctica muy habitual a la hora de decidir las cuestiones en educación, lo cual busca la máxima debilidad en la respuesta de la comunidad universitaria. El 22 de diciembre de 2022 se aprueba en el Congreso la LOSU, justo el día que estudiantes cogen las vacaciones de Navidad. Finalmente, tras pasar por el Senado, se aprueba la LOSU el 9 de marzo, como apuntaba en el inicio.

Más allá de las prácticas antidemocráticas y por debajo de la mesa del Gobierno para aprobar la ley, la LOSU implica el futuro de las universidades públicas españolas, de sus trabajadores y de los estudiantes mayoría de clase trabajadora. Podemos desglosar su contenido desde las declaraciones del ministro Subirats sobre las principales modificaciones que implicará la nueva ley: “La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) incorpora un compromiso de gasto del 1% del PIB. Este compromiso implicará una mejora de la infrafinanciación evidente de las universidades durante los años del Gobierno del PP”. La cuestión de la financiación es una de las más polémicas sin duda, después de que en los últimos 14 años se haya perdido un 20% de la inversión para las universidades, la nueva ley no pone a disposición los recortes de los últimos años. Es más, la formula del 1% del PIB en los próximos diez años es más que engañosa, la universidad necesita de una inversión directa por ob- jetivos que subsanen realmente todo el deterioro que han permitido los diferentes gobiernos. Podríamos afirmar que, en el mandato de la Unión Europea al Gobierno de reformar el sistema universitario en nombre de la internacionalización y la adaptación a los cambios, se esconde un continuismo en la austeridad de la LOU.

De la infrafinanciación surgen la mayoría de problemáticas cuando hablamos de años de recortes y deterioro de la universidad pública. La cuestión de las tasas, históricamente peleada por el movimiento estudiantil, la LOSU la menciona, pero queda también en papel mojado. Plantea que las tasas universitarias tengan un tope máximo, relegando así la tarea a las Comunidades Autónomas para que mantengan o bajen las tasas. La pregunta es: ¿acaso mantener las tasas desorbitadas actuales es un logro? ¿Cómo se pretende que las Comunidades Autónomas suplan una supuesta reducción de tasas si no hay más presupuesto? Con la misma inconsistencia se puede ver al largo de todo el redactado como las soluciones se quedan en los artículos, porque los medios para llevarlas a cabo no existen.

No menos importante para la carrera académica de los estudiantes son la cuestión de las prácticas, el acceso, la democracia interna y la docencia. Las prácticas dentro de la universidad pública es la oportunidad perfecta para que los empresarios tengan mano de obra barata, o en la mayoría de casos gratuita, la cual pueden ir renovando año a año.

El acceso a la universidad se calcula directamente por la oferta y la demanda, si hay X demanda de un grado y la oferta es Y, la nota de acceso será Z. Por lo que en la mayoría de ocasiones vemos como las carreras más necesarias socialmente (medicina, enfermería, etc..) quedan reducidas a un minúsculo porcentaje de jóvenes respecto a lo que los servicios públicos o sociedad necesitan.

La democracia interna en la universidad, es decir, como se toman las decisiones dentro de la ‘’autonomía’’ de la que goza la universidad como servicio público es un aspecto fundamental. La nueva ley viene a reforzar uno de los órganos más decisivos dentro de la universidad pública, como es el Consejo Social. Dicho Consejo es creado para dar representación a la sociedad dentro de la universidad, el cual puede gestionar los presupuestos de una universidad pública. Dentro del Consejo Social, tanto trabajadores como estudiantes están en minoría, donde los demás miembros ‘’representantes’’ de la sociedad gozan de gran mayoría. Escojamos la Universidad de Barcelona como ejemplo. Dichos ‘’representantes’’ de la sociedad gozan de gran mayoría. Escojamos la Universidad de Barcelona como ejemplo. Dichos ‘’representantes’’ de la población de Barcelona son Joan Corominas Guerin e Isolda Ventura Arasanz (entre otros), exdirector del Grup Sabadell y propietaria de un fondo especulador de inmuebles, respectivamente. Este es la naturaleza de quien en la universidad pública toma las decisiones.

El profesorado es el principal activo de la calidad en la enseñanza. Ahora bien, esto no depende de la suma de las capacidades por individuo, sino que tenemos que ver en qué condiciones los docentes trabajan. Existe actualmente un 40% de profesores asociados en las universidades públicas de todo el Estado. Los asociados vienen a cumplir el papel de profesionales externos a la universidad que colaboran aportando sus conocimientos. La realidad es totalmente diferente, desde la crisis del 2008 la mayoría de puestos de docencia se han ido cubriendo con plazas de asociados, lo cual ha supuesto que un colectivo mayoritario en la universidad esté en una precariedad absoluta. Ahora, la LOSU quiere reducir al 8% la temporalidad, haciendo indefinidos a más de 25.000 asociados. El máximo de horas que pueden realizar en un curso es de 120 horas, esto es, cronificar la precariedad convirtiendo en pluriempleados a los docentes universitarios.

En definitiva, la LOSU aprobada recientemente no es más que la consolidación de una universidad precaria y deficitaria en su principal misión: dotar de conocimiento e investigación a la sociedad. Es más que necesario que desde sindicatos a organizaciones de izquierda pongamos encima de la mesa la necesidad de un nuevo redactado.

Víctor Iniesta

Defender la sanidad pública

La sanidad pública es uno de los pilares del «Estado del Bienestar» que constituye el denominado «salario social», es decir, aquella parte de nuestro salario que nos es devuelto en forma de educación pública, sanidad pública y otros derechos sociales. Pero bien sabemos que los derechos sociales solo pueden existir cuando hay servicios públicos que lo garantizan y cuando esos servicios públicos tienen el personal, los medios y los fondos suficientes.

La sanidad pública es la que nos iguala a todos en la prestación de servicios dedicados a proteger o recuperar nuestra salud, pero desde hace algunos años, los fondos de inversión privados han fijado sus ojos en los servicios públicos ansiosos de hincar el diente al suculento salario social y en particular en la sanidad.

Tal y como afirmamos en la editorial, «La masa social ha tomado conciencia de la importancia de defender la Sanidad Pública, y por eso nos hemos echado a la calle en muchas comunidades, con especial intensidad en Madrid. Aseveramos que los acuerdos que los colectivos de sanitarios están alcanzando en distintas comunidades y áreas de Salud, no resuelven el problema de la Sanidad Pública por el que cientos de miles de ciudadanos han salido a la calle en estas semanas pasadas. Las soluciones laborales son de justicia, son la consecuencia lógica de la lucha llevada a cabo por médicos, personal de enfermería y auxiliares, por el personal de ambulancias y/o por los Médicos Interinos Residentes (MIR). Sin embargo, no resuelven el problema que las políticas económicas privatizadoras y austericidas han generado y que el COVID-19 ha puesto al descubierto«.

Ahora que se acercan elecciones municipales y en algunas comunidades, también autonómicas, las políticas de salud deben estar en el centro del interés de los programas electorales porque la recuperación de un modelo de sanidad público de calidad no cae del cielo sino de la inversión económica en sanidad.

La atención primaria, las urgencias, la hospitalaria, la salud mental, el transporte sanitario necesitan personal bien cualificado y bien remunerado e infraestructuras y equipamientos adecuados. Es la lucha por el principal pilar de nuestro estado de bienestar que está siendo desmantelado y des- prestigiado en beneficio de las mútuas privadas, y de los fondos de inversión que buscan rentabilizar su capital convirtiendo los servicios públicos en servicios externalizados,privatizados, a los que se deja de calificar como públicos para rebautizarlos con el eufemismo de «servicios de interés general». No es nada nuevo. Ya lo advertíamos en febrero de 2019, en el TS99: «Es notoria y pública,la lamentable situación de la sanidad pública en Madrid, con desvío de fondos constantes a la sanidad privada, hospitales de gestión pública-privada, carencias graves de medios y personal, falta de modernización de instalaciones, etc...».

Tampoco es algo exclusivo de Madrid, en Cataluña, donde no gobierna el PP, la sanidad está sufriendo la privatización de igual manera. De hecho, los recortes en Catalunya empezaron antes que en el resto del Estado. El Gobierno de Artur Mas (CiU) aplicó un recorte global en sanidad y educación públicas, protección social, ocupación y vivienda de ni más ni menos que 4.500 millones de euros. Los sucesivos gobiernos de JxSí, PDeCAT/JxCAT y ERC no han revertido ni mucho menos estos recortes, hecho que sitúa a Catalunya en la cola del Estado en atención sanitaria, como apunta el estudio de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP): listas de espera interminables, masificación, plantillas insuficientes y cada vez más precarizadas, cierre o reducciones de servicios en CAPs y hospitales…

La sanidad privada, sin embargo, ha avanzado en época de recortes. Por ejemplo, la Generalitat entregó en 2019, 300 millones de euros al holding sanitario IDCsalud, controlado por un fondo de capital riesgo, conformando el grupo Quirónsalud, mientras recortaba un 16% el presupuesto del CatSalut. Y es que el 76% de los hospitales y el 56% de las camas hospitalarias catalanas son gestionadas por empresarios privados. Hoy, el 42% del total de camas hospitalarias de Catalunya son propiedad del grupo Quirónsalud.

Los vampiros de la sanidad pública no entienden de fronteras y encuentra sus aliados naturales en los gobernantes de la derecha, como es el caso de Ayuso en Madrid o Juanma Moreno en Andalucía, por citar tan solo dos ejemplos. Están conviertiendo la sanidad pública en un lucrativo negocio privado, en Madrid, en Cataluña, en Andalucía, en todas partes, en detrimento del servicio público que nos iguala y que es nuestro, ¡Hay que pararlos! y exigir a los partidos, en mi caso, mi partido es el PSC, a que se comprometa a revertir la situación, y eso solo se hace con partidas presupuestarias concretas para invertir en lo público y no en lo privado.

La sanidad, la educación o las pensiones son patrimonio de todos los trabajadores, por lo que los que aspiramos a ser partido de representativo de la clase trabajadora, tenemos deberes para demostrar que no es lo mismo un partido que otro.

Baltasar Santos
Miembro del Comite de Redacción de Tribuna Socialista

¿Que nos pasa?

A las gentes que tenemos ciertas ideologías progresistas, nos debe de estar atacando un virus, que nos impide alcanzar acuerdos con el fin de acumular esfuerzos que nos conduzcan a nuestro meta, que no es otra que conseguir una sociedad justa, hace siglos que lo venimos intentando, pero no acabo de entender porque es tan difícil de conseguir.

Realmente, ¿nos importa a todos el bienestar y la igualdad de oportunidades sociales, de educación, de trabajo, de cultura, etc.?, o lo que realmente queremos, es conseguir que nuestro proyecto individual sea el que gane, independientemente de si es el mejor o no, al margen de si el de los otros que piensan como yo, que se parece mucho al nuestro pero claro, no es el nuestro y si gana el mío, el grado de (ego)admiración que tengan por mi será superior al del colega, aunque en nuestro fuero interno sepamos que el suyo es mejor.

Yo, empiezo a estar harto de machos Alfa, que piensan que son los más solidarios y de féminas que se creen en posesión de la verdad absoluta, es que nunca vamos a ser capaces de sentarnos y contrastar ideas y adoptar la mas eficaz para nuestro fin, que es o debería de ser el mismo.

También estoy harto, de lideres que ostentan incluso en el nombre de su partido la palabra IZQUIERDA, verles negar su voto a leyes progresistas, votando con la derecha más retrograda, por el simple hecho de que no se cede a sus pretensiones nacionalistas trasnochadas.

Estoy harto así mismo, de esos lideres que esconden su machismo desmesurado, detrás del nombramiento democrático de su sucesora y cuando esta demuestra su carácter democrático y su valía considerablemente superior, le pone palos en las ruedas y bombas en su línea de flotación.

Estoy harto también, de esas ministras que creen que solo ellas son feministas, pero no tienen el grado de humildad necesario para reconocer cuando se equivocan, como nos equivocamos todos, ejerciendo la gran virtud de rectificar a tiempo, pero su orgullo mal entendido no se lo permite, consiguiendo siempre el efecto contrario al feminismo.

Para colmo, gentes que en su día fueron iconos del progresismo, parecen haber perdido toda capacidad cognitiva de sus en su día brillantes cerebros, para en un último afán de protagonismo inútil, intentar de la mano del fascismo disfrazado, destruir los pocos logros sociales que se han venido consiguiendo, promoviendo un intento grotesco y absurdo de acoso y derribo de este gobierno, pero desde el lado de la extrema derecha mas retrograda de todos los tiempos, consiguiendo solamente la destrucción de la poca dignidad que le quedaba, al protagonista de este circo, que quizás carecía de la capacidad de decidir con lucidez, pero que al parecer nadie de su entorno, tuvo la suficiente como para aconsejarle impedir ese ridículo .

Sera verdad, que existe ese virus que nos ataca solamente a los que tenemos ideologías progresistas, o es que este país necesita que recordemos lo que pasa, con un proceso de gobiernos de derechas apoyados o mejor dicho dirigidos por la extrema derecha, será que los españolitos necesitamos atravesar por un cáncer para poder prevenir un resfriado.

Señoras y señores de nuestro querido PSOE, de Podemos, de PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe y BNG y las abstenciones de ERC y EH Bildu., de verdad piensan que me puedo creer, que nuestras ideologías ¿están tan alejadas, que impiden el acuerdo en los temas básicos que mejoren la vida a los mas necesitados?. Dejen sus egos y sus exigencias particulares colgadas en la puerta de la sala de reuniones y trabajen por la sociedad en común, no solo por su parcela, eso no es progresista eso es profundamente clasista y elitista.

Paco Ascón
23 de marzo de 2023

¿EL FIN DEL SAQUEO DE EXTREMADURA?

En 1978, Mario Garivia, José Manuel Naredo y José Serna coordinaron un libro publicado en Ruedo Ibérico que llevó por título, Extremadura Saqueada. En él se analizaba el impacto del Plan Badajoz (1952) en Extremadura, un simulacro de reforma agraria. Los objetivos del plan eran la colonización, industrialización y electrificación de la región. El primero de ellos consistía en convertir a los campesinos en pequeños empresarios, el segundo fue claramente insuficiente y el tercero se basó en la construcción de centrales hidroeléctricas. Transformó, mediante la construcción de pantanos y canales, la tradicional agricultura extensiva y de secano en agricultura intensiva y de regadío. En realidad, el Plan Badajoz fomentó el saqueo de los recursos naturales extremeños que, a modo de colonia, fue espacio de inversión en aras de obtener grandes cantidades de productos agropecuarios para los grandes núcleos urbanos fuera de la región, así como una gran producción energética extraída de los nuevos complejos hidroeléctricos, cuyo excedente se exportaba sin dejar ningún beneficio para los habitantes de las dos provincias más grandes de España. La carencia de inversión industrial no energética provocaría una de las migraciones más sangrantes de la historia extremeña, al igual que en otras regiones de la España rural, que se saldó con 600.000 emigrados forzosos a Madrid, Cataluña, País Vasco, Alemania y Suiza.

En los últimos años, Extremadura se ha convertido en el punto de mira del Gobierno y numerosas multinacionales. El calentamiento global, y en especial la guerra en Ucrania, han obligado a Europa y España a realizar una transición energética para no depender tanto de las energías fósiles rusas, una transición que pasa por el uso de energías renovables y el impulso de una nueva industrialización verde. Los datos lo confirman: el índice de producción industrial más alto del país a inicios de 2023 estaba en Extremadura, con 24 puntos, seguido por Madrid con 10,1. Llegaron las energías renovables. En 2020, las numerosas plantas fotovoltaicas construidas en la región producían ya casi los mismos MW que las heredadas centrales hidroeléctricas del Plan Badajoz. Las plantas fotovoltaicas de San Serván (Badajoz), Ceclavín (Cáceres) y la planta Francisco de Pizarro (Trujillo), esta última la más grande de toda Europa, cubren cientos de hectáreas donde antes había ganado extensivo. Frente al discurso oficial de que la transición energética en Extremadura es la base de la transformación económica y social que necesita la región, que dejará numerosos puestos de trabajo de calidad y frenará la emigración silenciosa que sigue afectando a toda la región, la realidad es otra.

Los cientos de empleos generados para la construcción de estas enormes plantas fotovoltaicas han sido más que precarios y no han favorecido para nada el asentamiento de posibles migrantes. Todas las plantas, pertenecientes a Iberdrola, utilizaron numerosas empresas subcontratadas que en el mejor de los casos pagaban las horas extraordinarias a 10 €. Muchas de estas empresas pagaban el salario base por debajo de los convenios colectivos para las industrias siderometalúrgicas de las provincias de Cáceres y Badajoz. La jornada era de nueve horas, no de ocho, y la extra obviamente no la pagaban o la pagaban muy por debajo de lo que establecían los convenios (algo más de 16 €). Sé de lo que hablo, a mi antiguo jefe le tuve que recordar que la jornada laboral de ocho horas se había establecido en este país hace más de cien años, en 1919, por Real Decreto, tras la huelga de la Canadiense en Barcelona. Parece mentira que la industrialización en pleno siglo XXI, ya sea verde o negra, se haga a expensas de los trabajadores y no en su beneficio, a la vez que se estafa a la Seguridad Social. A esta desvergüenza empresarial, financiada y apoyada por la Junta, habría que añadir el agravio comparativo existente entre los trabajadores extremeños y los del resto del país. Las leyes laborales extremeñas han garantizado mano de obra barata y no conflictiva. Cabe recordar aquí que los convenios laborales extremeños son de los peores de toda España, que el coste laboral por trabajador es de los más bajos, solo superado por las Canarias, con una media de 2.479,20, al igual que el coste salarial por trabajador y mes, que está en 1.866,23 (INE), lo que aporta un salario medio anual de 20.479,30. Una vez terminada la planta fotovoltaica, cientos de trabajadores regresan a las colas del SEPE, ampliando esa tasa de paro, de las más elevadas del país con un 17,62% según datos actualizados del INE, solo superada por nuestra vecina y homóloga Andalucía con un 19%. Trabajo temporal y precario, ese ha sido el impacto sociolaboral de las nuevas energías renovables en Extremadura. ¿Algún beneficio en el consumo de energía? Extremadura, como buena colonia, es la región que más energía genera del país, un 487,7% de la electricidad que consume según datos del 2021. Ni empleo estable ni rebaja en el precio de la luz. Como diría Manuel Cañada (2020, Otra Extremadura. Materiales para una historia alternativa de Extremadura), el extremeño paga dos veces a las empresas que explotan su territorio, una con el dinero público facilitado por la Junta y otra con los recibos de la luz.

Extremadura se vacía. En 2021 era la cuarta comunidad autónoma con más defunciones por cada mil habitantes (11,68, INE), por detrás de Asturias, Castilla y León y Galicia. De 1.054.776 habitantes en 2022 según la población inscrita en el padrón, la población proyectada para 2037 por el INE es de 1.002.305. El envejecimiento propio de la España Vaciada deriva de la falta de expectativas laborales estables y de calidad para los jóvenes, que siguen emigrando a los grandes núcleos urbanos del país, especialmente Madrid. En Mérida, el pasado 12 de marzo, Guillermo Fernández Vara, actual presidente de la Junta de Extremadura por el PSOE, dijo que la llegada de las nuevas industrias verdes supondrá “una venganza histórica de la Extremadura saqueada de los años sesenta». Eso está por ver. En efecto, paralelamente a la construcción de grandes industrias energéticas, se están consolidando fastuosos proyectos industriales como el mayor matadero de cerdo ibérico de Europa en Olivenza, la fábrica de condensadores de litio en Badajoz, la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata o la fábrica de diamantes sintéticos en Trujillo construida por la multinacional estadounidense Diamond Foundry. La inauguración de esta última a principios de marzo de este año tuvo un acto simbólico un tanto surrealista que nos recuerda a la película de Bienvenido, Mister Marsahall, tras enterrarse un cofre con prensa del día, un crucifijo bendecido por el cura de Trujillo y una esclava de oro introducida por una mujer del pueblo que daba por concluida la inauguración. Estas nuevas industrias, especialmente las de condensadores y baterías de litio, necesitan de dicho mineral, que no por casualidad está en Extremadura. Conseguidas ya las licencias de la mina de litio en Cañaveral, la mina prevista para extraer litio en Cáceres se consiguió parar gracias a la presión de la plataforma ciudadana, Salvemos la Montaña. El impacto medioambiental y de salud pública que puede generar este tipo de minas sería brutal en una de las regiones de España con más figuras de protección del medio ambiente. Según los datos del INE, en 2020 Extremadura era la segunda de las regiones que menos gasto total usaba en protección ambiental, a la vez que era la primera que menos invertía en protección ambiental.

La situación actual es clave en la transformación de la sociedad extremeña. La denominada industrialización verde es no solo una necesidad para España, sino una oportunidad para Extremadura, eso es indudable. ¿Pero a qué coste? ¿A costa del medio ambiente, de minar ese paraíso natural de Europa llevado al cine por Carlos Pérez Romero? ¿A costa de los trabajadores, de su precariedad y la salud ciudadana? ¿Nos encontramos realmente a las puertas del fin del saqueo de Extremadura? La movilidad de las asociaciones y plataformas ciudadanas extremeñas, la voluntad política regional, la organización de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales y el apoyo de los sindicatos mayoritarios a esta causa condicionarán el futuro de Extremadura en los próximos diez años. Y termino aquí, sin hablar del tren, que daría para otro artículo.

Rodrigo Muñoz Mártinez
Miembro de Tribuna Socialista en Coria (Cáceres)

La mayoría social defiende la Sanidad Pública

Resulta ridículo, grotesco y una gran falta de respeto el desprecio con que se ha respondido, desde el Gobierno de Ayuso (PP), a la manifestación del día 12 de febrero; mayor en número, incluso, que la macro manifestación del 13 de noviembre del pasado año.

Políticamente, la actitud del Gobierno del PP en Madrid, desprende un tufo antidemocrático y autoritario, propio de quién piensa, y, lo que es peor, está convencido de ello, que solo ellos y ellas, están legitimados para hacer política. “Es una huelga política, son manifestaciones políticas…”, ha dicho Ayuso y han coreado sus consejeros, consejeras y los acríticos medios de comunicación que jalean su política económica y social. Pues claro, claro que es política, pero de la política constructiva, de la que exige que la mayoría de la sociedad pueda acceder a un médico de familia o a un pediatra sin tener que pasar por un vía crucis telefónico o de cita previa telemática para ser atendido 10 o 15 días después de surgir el dolor, la fiebre o el malestar. Es una exigencia legítima que las urgencias hospitalarias no estén saturadas, que no haya que esperar más de dos meses y medio, como poco, para una intervención quirúrgica o que haya que esperar casi un año para la atención de un especialista.

Solo cabe pensar que, la señora Ayuso, confunde esta política con esa otra política que tan asqueados nos tiene a una gran parte de la sociedad; la política de estercolero, la de la corrupción, la del “y tú más”, la de las cloacas del Estado, la que se dirime en los juzgados -en ocasiones con la ley del embudo, o esa es la percepción que yo tengo-. Hay que aclarar que, esa política es una degeneración de la política misma. Por ello, en demasiadas ocasiones, esto parece más una “kakistocracia” que una democracia.

El 13 de noviembre acudí a la Manifestación para defender la Sanidad Pública en Madrid, para manifestar mi desacuerdo con que se prime el mercado de la salud privada, en detrimento de la pública, es decir, en desacuerdo con la privatización de lo público, en este caso de la Salud. En aquella ocasión no pude pasar de la Plaza de Carlos V (Atocha). Delegación de Gobierno cuantificó la asistencia en unas 250.000 personas. Bueno, no lo sé, no las conté, pero si otras movilizaciones que han llenado Cibeles y aledaños han sido cuantificadas, también en 250.000 personas, hace tres meses debía de haber, sin exagerar, más de 500.000, pues los aledaños llegaban a las puertas del Ministerio de Agricultura, frente a la estación de Atocha, al puente de Rubén Darío en el Pº. de la Castellana o a la Plaza de Sevilla, más cerca de Sol que de Cibeles.

En la manifestación del 12 de febrero, participé con la Asociación de Vecinos Nudo Sur, a la que tengo el orgullo de pertenecer. Partimos a las 12:00 de la plaza de Legazpi y tardamos dos horas en llegar a Atocha -la distancia es de aproximadamente 2,3km-. Cuando llegamos a Atocha ya se terminaba la Manifestación, por lo que solo cabe pensar que la asistencia fue mucho mayor que el 13 de noviembre; las fotos que pude hacer y las que recibí a lo largo de la mañana de otros amigos y amigas que habían acudido, así lo confirmaban.

Se puede pensar que qué más da cuánta gente acude a una manifestación. Pero no da igual, prueba de ello que las autoridades siempre tienden a minimizar las cifras, a veces de forma escandalosa.

La respuesta de Ayuso es insultante, pues no es que haya habido una gran Manifestación, es que ya son cuatro: 22 de octubre-22, 13 de noviembre-22, el 15 de enero-23 y el 12 de febrero-23, con asistencias multitudinarias, especialmente la del 13-nov y la del 12-feb.

Cuando la respuesta de un pueblo es tan contundente, la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid se vuelve irritante. Tan repulsiva como la decisión que tomó ese mismo gobierno de negar la atención hospitalaria a los ancianos y ancianas, residentes de Residencias, en pandemia, con el resultado más de 7.000 muertos. Personas que podrían o no haber superado el COVID-19, pero a los que se les negó esa posibilidad. Un nivel de insensibilidad que, si no fuese por el ninguneo que muchos medios de comunicación hacen de ello, debiera haber hecho dimitir a esta señora hace ya tiempo.

Es innegable que la mayoría social quiere defender su Sanidad Pública. En Madrid es palpable y cuantificable. Es también un hecho que en otras comunidades autónomas los servicios sanitarios públicos sufren una situación similar -sin olvidar que Madrid es la Comunidad que menos presupuesto per cápita destina a la Sanidad-, y que por ello el conflicto se está reproduciendo en otros lugares. Algo tendrá que hacer o decir el Gobierno de la Nación.

Cuando los médicos resuelvan su problema laboral, que es una parte del problema de la Sanidad, el conflicto seguirá abierto; pues no todo se resuelve con las necesarias soluciones laborales. Hay que reabrir centros que se cerraron, recuperar servicios, como las urgencias extrahospitalarias, contratar profesionales…

Estamos entrando en otra etapa electoral y es evidente que va a resultar muy difícil, incluso sería ilógico, que el tema de la Sanidad Pública no esté en el debate de cara a las urnas. Pero con una mirada optimista y positiva, esperemos que los partidos de la oposición sean muy claros en sus propuestas y estar dispuestos a cumplirlas si llegan al gobierno, solos o en coalición. De lo contrario, la política de la mayoría social, la política positiva, va a continuar en la calle.

Roberto Tornamira
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Misiles o pensiones

Un artículo de La Vanguardia del 23 de enero resumía con este título la situación de Francia, tras el levantamiento de la clase obrera francesa contra la reforma de las pensiones anunciada por el Presidente Macrón mientras, paralelamente, también anunciaba un aumento del gasto militar que llega a los 413 000 millones de euros (un aumento del 35%). Más de 2 millones de trabajadores participaban de la huelga y las movilizaciones. Sin embargo, a pesar de la resistencia de la clase trabajadora, la reforma se ha concretado en el aumento de la edad de jubilación de 62 a 64 años, aumentar de 42 a 43 los años para tener la jubilación al 100 por cien y empezar a desmantelar los regímenes especiales. La lucha en defensa de las pensiones continúa en Francia liderada por La Francia Insumisa haciendo tambalear al gobierno de Macron.

Pero, si en Francia se produce esta batalla, «cuando veas las barbas de tu vecino cortar…». Hace unos días, la Comisión Europea lanzaba una amenaza a España: la penalización máxima del Fondo de Recuperación si incumple con la reforma de las pensiones. ¿Y cuál es esta reforma de las pensiones que exige la UE para los españoles?

Cómputo de la pensión

La ampliación progresiva del periodo de cómputo de la pensión a 30 años, pero descartando los dos peores años cotizados. UGT y CC.OO piden. que, en líneas generales, se mejore el acceso a la jubilación porque «no hay ningún país en el que se exijan 15 años para cobrar una pensión».

Factor de sostenibilidad

Europa exige que España tenga un factor de sostenibilidad que automatice el equilibrio de las

pensiones, pero este sistema, aprobado por el PP en 2013, no lo quiere el PSOE. España quiere un Mecanismo de Equidad Intergeneracional para que las pensiones suban un 0,6 % de los cuáles el empresario se haga cargo del 0,5 % y el resto lo ponga el trabajador.

Aquí no se tiene en cuenta el aumento progresivo de la esperanza de vida y, por lo tanto, de cobro de pensiones durante más tiempo ni de otros aspectos demográficos como la natalidad o la inmigración.

Por la auditoría a las cuentas públicas

Mientras el debate sobre las pensiones cruza las fronteras para cernirse sobre nuestro país, sigue sin cumplirse la auditoría pública a las cuentas de la seguridad social, que demostraría la viabilidad del actual sistema de pensiones, y el expolio de la caja única de las pensiones cuyos fondos se han saqueado a lo largo de los años para trasladarlos a otros fines. Una vez más, desde Tribuna Socialista trasladamos la exigencia de cumplir con este compromiso.

Más presupuesto para misiles

Mientras se exige menor gasto en pensiones, por otra parte los compromisos adquiridos con la OTAN se van cumpliendo, produciéndose un incremento del gasto militar que este año está previsto en 12317 millones de euros.

Por ello, entre pensiones y misiles: ¡Pensiones!

¡Alto a la guerra!

Baltasar Santos
Comité de Redacción de TS

Primer año de Guerra

El 24 de febrero de 2022 es una fecha que pasará a la historia. Es el aniversario de la invasión de Ucrania, por parte del ejército de Putin. El balance en vidas es pura barbarie: 200.000 soldados muertos, 100.000 por cada bando, 40.000 civiles ucranianos, según datos del general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., dados el 10 de noviembre de 2022 a la BBC. Un país, Ucrania, está siendo destruido y casi 8 millones de ucranianos han tenido que huir de su país.

No quiero limitarme a describir las cifras del desastre. En este artículo quiero intentar entender por qué, unos y otros, parecen decididos a mantener esta locura en el tiempo. Decir que esta guerra es una guerra contra los pueblos es una expresión que se puede cuantificar; en las cifras de muertos ya señaladas y con los datos económicos que ya conocemos del pasado año. Veamos algunos de ellos:

Las multinacionales de los combustibles: BP (británica), ExxonMobil (estadounidense), Shell (británica constituida en Países Bajos), Chevron (estadounidense). Solo estas cuatro multinacionales, suman más de 150.000 millones de dólares de beneficio en 2022, año de guerra. Unos beneficios récord y exorbitantes.

El oligopolio de las cinco grandes compañías de la energía en España: Iberdrola, Repsol, Endesa, Naturgy y Cepsa, han obtenido 13.300 millones de euros, un incremento promedio del 49% de beneficio neto, más que en 2021.

Son los sectores de la energía y los combustibles los que iniciaron la espiral inflacionaria que recorre Europa. Unos incrementos de precios que, a la vista de los descomunales beneficios, no corresponden a las necesidades de la producción sino a la avaricia por el beneficio y el reparto de dividendos, a esa competencia absurda (salvo para la lógica del mercado) por la capitalización de las empresas.

La ola inflacionaria provocada por los grandes del gas, el petróleo, etc., ha sido la excusa para que otros sectores, como la banca, también se sumen a la fiesta de los beneficios récord. El oligopolio financiero conformado por: Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, han ganado 20.850 millones de euros, un 28%, en promedio, más que en el ejercicio anterior.

Si el sector energético se está beneficiando de la guerra a corto plazo, el del armamento lo está haciendo en el corto, medio y largo plazo. Solo la industria del armamento estadounidense, ha experimentado un crecimiento del 49% en sus beneficios en 2022, al obtener 52.000 millones de dólares. La llamada a la compra de munición a las presiones a seguir abasteciendo al ejército de Zelensky hacen pronosticar pingües beneficios para los próximos años.

En la otra cara de la moneda está el empobrecimiento de las familias trabajadoras, en todos los países de Europa. El IPC medio en España se ha cerrado para 2022 en el 8,5%, pero el IPC de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, lo que llamamos normalmente «la cesta de la compra», ha alcanzado el 15,7%.

Frente al incremento de los precios, la subida salarial media en nuestro país ha sido del 3,24% (eso, para los 880 convenios colectivos registrados en 2022 y los 2204 que se firmaron en años anteriores con incrementos previstos para 2022). Esto afecta a unos 9 millones de trabajadores y trabajadoras, por tanto, hay otros 8,4 millones de asalariados por cuenta ajena que no han tenido incremento salarial, subida 0.

Hasta junio no sabremos la variación del índice del riesgo de pobreza y exclusión social. En 2021, el 27,8%, es decir 13,1 millones de personas en España, estaba en riesgo de pobreza y exclusión social. La pérdida brutal de poder adquisitivo presagia un incremento de este nefasto índice.

Estas son solo algunas cifras, positivas para la minoría y negativas para la gran mayoría, de lo que es la guerra y para qué es la guerra.

Ya sabemos que Putin no es demócrata. Los ciudadanos rusos lo saben bien; no pueden posicionarse contra la guerra, ello les puede costar la cárcel, como poco. A pesar del perfil antidemocrático y, si se quiere, criminal de Putin, no es verosímil decir que esta guerra se libra en nombre de la libertad y la democracia; no si quien lo dice mantiene relaciones y apoya a países como Israel, que tiene sometido a más de medio millón de personas en Gaza, y que, desde 1948, ha expulsado a más de 7 millones de palestinos (1,2 viven en campos de refugiados en Líbano, Jordania…). O con Arabía Saudí, donde la libertad es, solo, cosa de hombres. O, si quien lo dice es quién organiza y/o participa en un mundial de fútbol en Qatar, Estado-manantial de corrupción, véase el «Qatargate» en el Parlamento Europeo y se muestra insensible ante los miles de trabajadores muertos en la construcción de los estadios -según el diario “The Guardian” (29nov22), al menos 6.500 muertos-, en una absoluta indiferencia por la vida humana.

Esta es una contienda de intereses entre los oligarcas rusos protegidos por Putin, los descendientes de los sepultureros de la Revolución de octubre de 1917, esos que se apropiaron de los sectores estructurales del Estado que la revolución proletaria había colectivizado. Y por otra parte las multinacionales para quienes la OTAN, según el periodista de investigación Seymour Hersh (Premio Pulitzer en 1970 por su cobertura de la masacre de My Lai, en la guerra de Vietnam) ha reventado los gaseoductos que suministraban gas a Alemania y a otros países de Europa (Nord Stream 1 y 2), llevaron a cabo un sabotaje que ha posibilitado que los USA hayan aumentado sus exportaciones de gas natural licuado (GNL) en un 137%, en los 10 primeros meses de 2022.

Esta dinámica de guerra es una irresponsabilidad de consecuencias históricas, y nada apunta a que vaya a parar. El Senado de los USA ha aprobado el mayor presupuesto militar de su historia, 858.000 millones de dólares. Putin por su parte ha decidido que el presupuesto para la guerra será ilimitado. Una de las derivadas en Europa es la presión para que los gobiernos envíen tanques, aviones de combate y que multipliquen la fabricación y compra de munición.

No tengo porqué tomar partido por una de las partes de esta contienda. Por eso, en favor del pueblo ucraniano, para que pare la destrucción y la muerte; en favor del pueblo ruso, para que dejen de llegar ataúdes con hijos, padres y hermanos, y en favor de todos los pueblos de Europa, contra quienes, de un modo u otro, se libra esta guerra, digo

¡Alto a la guerra!

Roberto Tornamira Sánchez
Miembro de la Coordinadora estatal del CATP

Alto a la guerra en Ucrania

Un año se cumple ya desde la invasión rusa de Ucrania. Un año en que más de 240.000 personas han muerto (40.000 de ellos civiles), según estima el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE. UU. Casi ocho millones de refugiados han tenido que huir del país, y cinco millones son refugiados dentro de la propia Ucrania.

Ucrania está siendo arrasada. El Banco Mundial calcula que en 2022 el país verá su PIB reducido en un 45%. Las tierras de cultivo han sido vendidas a multinacionales americanas. Los niños y las mujeres ucranianas refugiadas se ven sometidos a una durísima situación, mientras las mafias de la trata de mujeres se ceban en ellas como buitres. Toda Europa sufre las consecuencias de la guerra y las sanciones a Rusia. Los precios se disparan y la industria europea está en peligro de desaparecer. Pero los EEUU, con los países de la OTAN y la UE sumisamente tras ellos, insisten en que la guerra tiene que continuar, y la alimentan con entregas de armas cada vez más potentes a Ucrania, hasta la destrucción del país y el hundimiento de Rusia como competidora de los EE.UU. El gobierno de Putin responde a la escalada alimentada por la OTAN con una escalada simétrica.

Como señala un informe del Ministerio de Defensa español, “la contienda, sobre la que se proyecta la sombra de la amenaza nuclear rusa, apunta a un callejón sin salida”.

Mientras las sanciones arruinan a la población trabajadora de Europa, el dinero que necesitan desesperadamente la sanidad, la enseñanza, los servicios públicos, se desvía a los gastos militares, a enriquecer a la industria de arma- mentos. “Me gustaría gastar el dinero de los impuestos de los suecos en escuelas, hospi- tales y pensiones, pero desafortunadamente

ahora hay que gastar más dinero en defensa”, decía cínicamente la primera ministra sueca, Magdalena Andersson. Así, en España, el gobierno multiplica el gasto militar, interviene directamente en la guerra y permite que se amplíen las bases USA, sin ni siquiera debate en el parlamento. Producto de esta situación, los bancos, las petroleras, las industrias energéticas recogen fabulosos beneficios sobre la base del empobrecimiento de la población trabajadora.

En toda Europa, los pueblos se empiezan a levantar contra la guerra. Como los 50.000 que se manifestaron en Copenhague el pasado día 5, contra la propuesta de aumentar la jornada laboral eliminando un festivo para financiar el gasto de guerra. En distintas ciudades europeas se preparan movilizaciones alrededor del 25 de febrero por un alto el fuego inmediato, por el fin de las entregas de armas. Una campaña internacional ha reunido más de 1.200 firmas de diputados, concejales, responsables sindicales, militantes de distintos signos. Se basa en el Manifiesto titulado ¡Alto a la Guerra! ¡Alto el fuego inmediato, sin condiciones!

El CATP llama a participar en las movilizaciones convocadas en distintas ciudades del Estado para el día 25, a firmar y hacer firmar el manifiesto. Así como a participar en los actos de presentación de ese manifiesto que se van a celebrar en distintos lugares del Estado. Febrero: día 23; Sabadell; día 24, Bilbao; día 28; en Castellón. Marzo: día 1, Barcelona – Facultad de Economía‐; día 1,Getafe…

El CATP organiza una reunión estatal el 22 de abril, en la que la lucha contra la guerra estará en el centro. Os animamos a participar en ella.

conferencia.catp@gmail.com

¡¡¡8 DE MARZO POR EL ALTO A LA GUERRA!!! ¡¡¡POR LAS REIVINDICACIONES!!!

Todo conflicto bélico abre una situación de inestabilidad política, ya que provoca hambre, muerte, paro, destrucción masiva… De manera brutal en los países implicados, en este caso Rusia y Ucrania, pero también en Europa y más allá. Utilizando la guerra como la pandemia, los Gobiernos de Europa intentan realizar la unión nacional y el consenso con la mentira de defender a Ucrania.

Es por ello que Mujeres Republicanas sitúa como una prioridad la lucha contra la guerra, contra los presupuestos de guerra (en nuestro país representan ya el 2,17 % del PIB) y contra las bases militares (que incluye el combate contra la ampliación de las bases de Rota y Morón), al servicio de la OTAN.

Nos indignamos frente al silencio o al cinismo de la dirección de las organizaciones que dicen defender los derechos de las mujeres y participan en la política de guerra.

Nuestra tarea se inspira en la tradición del movimiento obrero internacional que avanzó en paralelo con el combate por la emancipación de la mujer.

No somos neutrales, ni el Gobierno ruso, ni el de Ucrania, ni EE.UU., ni la OTAN, ni la ONU darán solución válida para la clase obrera. Solo puede darse a partir de la movilización de los pueblos y con la retirada de las tropas. Es por ello que para nosotras la posición del Gobierno del Estado español al lado de los intereses del imperialismo de EE.UU. se alinea con su política interna de frustrar los intereses de la clase trabajadora eliminando buena parte de lo que unos y otros incluso llevaban en sus programas electorales. Denunciamos su unidad en defensa de los presupuestos de guerra y en particular en defensa de las instituciones heredadas del franquismo.

No somos neutrales. Estamos del lado de las miles de mujeres rusas detenidas y muchas de ellas en paradero desconocido por manifestarse contra la guerra. Del lado de las cientos de miles que han huido o lo intentan, tanto compañeras ucranianas como rusas, y están en manos del gran negocio de la trata en los países de la «Europa libre». Del lado de las miles de desaparecidas a manos de torturadores. Del lado de las refugiadas. Del lado de las que, obligadas a quedarse, sufren la violencia en todas sus formas: física, mental, sexual y económica con total impunidad.

Estamos del lado de las miles de compañeras y compañeros que continúan manifestándose en Francia contra la reforma de las pensiones, del lado de las compañeras y compañeros que luchamos por defender nuestro sistema de pensiones también en nuestro país, del lado de las manifestaciones de los trabajadores alemanes contra la carestía de la vida, del lado de las manifestaciones en defensa de la enseñanza pública, del lado de las compañeras y compañeros sanitarios en las huelgas a lo largo y ancho de todo el Estado en defensa de la sanidad pública, del lado de las huelgas del sector del metal, de la industria, de las compañeras del servicio de ayuda a domicilio, de las trabajadoras de residencias, de todos los sectores en lucha por salarios dignos.

Aumentar el presupuesto militar va en detrimento de los gastos sociales y no hará otra cosa que destruir aún más los servicios públicos, recortar nuestros derechos y ahondar aún más en la explotación de la clase obrera y la de la mujer en particular. La posición del Gobierno, alineándose con los otros Gobiernos que están al servicio de los promotores de guerras, incluso apoyándose en la Iglesia católica, hace que nos reforcemos en la necesidad de mantener una posición enérgica de defensa de los derechos y las reivindicaciones. Lo que se avecina es profundizar en un ataque brutal a toda conquista social. También el mantenimiento de leyes como la Ley Mordaza, con la que pretenden mantenernos a raya en cualquier movilización.

Las mujeres somos víctimas de todo conflicto armado, y también las primeras en movilizarnos en contra.

ES POR ELLO QUE PARA NOSOTRAS LA LUCHA CONTRA LA GUERRA ES LA LUCHA POR LAS REIVINDICACIONES

Crisis del Estado, cambio de Régimen y Fuerzas Armadas (IV)

Por Manuel Ruiz Robles

La historia no la escribe ningún caudillo carismático, sino las capas populares cuando movilizadas por sus intereses de clase saltan a la arena pública y se ponen en movimiento.

El Gobierno de coalición progresista y el bloque histórico

El electorado tiende a una polarización en dos sectores claramente diferenciados: por un lado, las fuerzas progresistas constituidas por una constelación de partidos y de fuerzas sociales cuyas bases son mayoritariamente republicanas; por el otro, las fuerzas reaccionarias, fragmentadas en dos partidos, uno de ellos de ultraderecha, furibundamente franquista.

La mayor parte de las fuerzas de izquierda sostienen condicionalmente al actual Gobierno de coalición, pues no se vislumbra alternativa alguna de progreso al llamado bloque de investidura, en una próxima confrontación electoral, frente a la rancia derecha española.

Por el contrario, de movilizarse las bases de izquierda que sostienen al Gobierno de coalición progresista, se produciría un avance sustancial del movimiento republicano, contrario al régimen de la Monarquía, con el correspondiente fortalecimiento de un bloque histórico capaz de afianzar y profundizar las conquistas democráticas arrancadas a la oligarquía, en beneficio de las clases populares.

Sin embargo, nunca habrá capacidad de cambio social allá donde la mayoría esté condicionada emocionalmente por una minoría dominante. Algo que los medios, transformados en poderosos resortes de alienación de masas, consiguen de forma implacable en sociedades sometidas a la influencia invasiva de las cadenas de televisión. La mayoría, si no todas, controladas por la oligarquía financiera nacional e internacional.

No pocos profesionales de la información, cuando no son descaradamente fascistas, están sometidos a la irresistible presión jerárquica, instrumento opresor de los que realmente mandan en los medios. Lo que conduce a un estancamiento del activismo, creando un caldo de cultivo para la emergencia de toda clase de gurús que acaban asfixiando el impulso democrático popular, conduciéndolo de nuevo al redil o, simplemente, a la pasividad y la abstención en los procesos electorales, cuando no a engrosar las filas de la ultraderecha.

La historia no la escribe ningún caudillo carismático, sino las capas populares cuando movilizadas por sus intereses de clase saltan a la arena pública y se ponen en movimiento.

Epílogo

La principal consecuencia de la caída de la Monarquía será un cambio en la correlación de fuerzas entre trabajo y capital. Así fue en la historia reciente de nuestro país. La monarquía fue sustituida en dos ocasiones por una República, sin que ninguna de ellas supusiese una amenaza real para un cambio en el modo de producción capitalista; sí, por el contrario, el inicio de una etapa en la que hubiese sido posible construir una sociedad más democrática, justa y solidaria.

Ambas Repúblicas fueron derribadas por un acto de fuerza militar al servicio de la reacción.

El asesinato sistemático de militares leales a la República, durante la Guerra de España, que se prolongó tras la feroz represión que siguió al final de la contienda, transformó al Ejército español en el ejército de Franco, cuya ideología pervive en la actualidad bajo el mando supremo del Rey, jefe de la dinastía impuesta por el Dictador mediante sus Leyes de Sucesión.

Un estudio sociológico de la actitud que pueda adoptar el Ejército ante un cambio de régimen, requiere tomar como punto de referencia el origen de las actuales Fuerzas Armadas, partiendo de su “instante fundacional”; es decir, el golpe militar de 1936 transformado en guerra de exterminio (1936-1939), con el apoyo militar inmediato de las potencias nazi fascistas.

El estudio de la evolución ideológica de las Fuerzas Armadas, posterior al golpe militar y la guerra civil -primero durante las cuatro ominosas décadas que duró la dictadura franquista, después durante las otras cuatro décadas que las trajo hasta nuestros días- requerirá el esfuerzo de investigación de un colectivo interdisciplinar independiente, constituido por especialistas en el campo de la sociología militar.

Del resultado de dicho esfuerzo podrá inferirse cuál pueda ser la actitud mayoritaria de las Fuerzas Armadas españolas ante el necesario cambio de régimen.

Bibliografía:

  • El gran error de la República. Editorial Crítica, 2021, de Ángel Viñas.
  • Casos verídicos del capitán Domínguez. Europa Ediciones, 2020, de Fidel Gómez Rosa
  • El Ejército de Vox. Ediciones Akal, 2020, de Luis Gonzalo Segura.
  • El libro negro del Ejército español. Ediciones Akal, 2017, de Luis Gonzalo Segura.
  • Los militares olvidados por la democracia. Vive Libro, 2013, de Fidel Gómez Rosa.
  • Cuando las derrotas otorgan la victoria. Destino, 2011, de Xosé Fortes.
  • Capitanes rebeldes. La Esfera de los Libros, 2002, de Fernando Reinlein.
  • Militares contra Franco. Mira Editores, 2002, de Javier Fernández López.
  • Las Fuerzas Armadas y la UMD. Argos Vergara, 1983, de José Fortes y Luis Otero.
  • El militar de carrera en España. Ediciones Ariel, 1970, de Julio Busquets.
Manuel Ruiz Robles
(antiguo miembro de la Unión Militar Democrática)