Crisis del Estado, cambio de Régimen y Fuerzas Armadas (I)

Por Manuel Ruiz Robles

La crisis del Estado español, acrecentada por el declive de la Monarquía, desembocará, antes o después, en un cambio de Régimen, focalizado por la crisis económica, la guerra de Ucrania y la crisis territorial.

Crisis económica, estimulada por el efecto adverso de las sanciones impuestas por la Unión Europea a Rusia, agravada por la inminente recesión, abatiéndose con intensidad sobre las capas populares.

Guerra de Ucrania, criminal y odiosa, como todas las guerras. Guerras en las que las víctimas civiles no son “daños colaterales”, sino objetivos militares deliberados: Gernika, Carretera de la Muerte (Málaga-Almería), Dresde, Hiroshima, Kiev…

Crisis territorial, motivada por el antagonismo entre el núcleo duro del nacionalismo español (que controla el aparato del Estado) y las naciones sin Estado (Cataluña, País Vasco, Galicia).

Crece la desigualdad económica y se generaliza la pobreza

La incomprensible actuación de los dirigentes políticos de Europa, arrastrados a la guerra por los USA, así como a la imposición de sanciones a Rusia, estancan el conflicto y debilitan la industria alemana, motor de la economía europea.

La crisis, agravada por la guerra, está provocando una subida incontenible de precios, especialmente de los productos básicos -energía y alimentos- golpeando a las clases populares.

Los pobres serán más pobres, las clase medias trabajadoras perderán poder adquisitivo y los ricos serán más ricos.

Tales desigualdades económicas, junto a la insoportable generalización de la pobreza, provocarán conflictos sociales prolongados en el tiempo.

Los militares y el modo de producción capitalista

Los militares formamos parte de la sociedad a la que tenemos el deber de servir.

Sin embargo, la sociedad está atravesada por contradicciones propias del modo de producción capitalista, que la divide en clases con intereses antagónicos. Este antagonismo da lugar a ideologías contrapuestas.

Pese al férreo control que el régimen del capital ejerce sobre los ejércitos, sus miembros no son ajenos a los conflictos sociales nacidos de los antagonismos de clase.

Estos conflictos surgen como consecuencia de las relaciones de producción existentes entre explotadores y explotados, es decir entre los grupos sociales mayoritarios que producen los bienes -la riqueza- y aquellos otros grupos minoritarios que detentan el poder de decidir el destino de la riqueza producida.

Una de las principales contradicciones del sistema de producción capitalista es la apropiación privada del trabajo social.

El saqueo perpetrado a lo largo de decenios de la caja de la Seguridad Social y la pretensión de privatización de las pensiones públicas, está ocasionando una ola de protestas.

El llamado “rescate” de las grandes entidades financieras, con cantidades ingentes de dinero público, no ha sido aún recuperado en su totalidad por el Estado.

La creciente privatización de los servicios sanitarios, acompañada de los recortes en la sanidad pública, degradan uno de los pilares esenciales del llamado estado del bienestar, socavando la salud y la esperanza de vida de la población.

La pauperización de la enseñanza pública con salarios indignos e interinidad abusiva, unida a las excesivas ratios de alumnos en las aulas, redundan en el bajo rendimiento escolar y en las altas tasas de abandono educativo temprano.

Esa dinámica, que tiende a acrecentarse, afecta sobre todo a la clase trabajadora, por tanto a la mayoría de los militares, y más concretamente a las escalas de tropa y marinería. La actividad sindical en los cuarteles, prohibida por ley, impide a estos compañeros la defensa de sus derechos más elementales.

Las escalas de oficiales, por el contrario, detentan privilegios abusivos. Su clasismo de grupo cerrado determina su ideología; ajena al funcionariado, que repudian. Por ello tienden a adoptar creencias y actitudes propias de los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad.

¿Colapsará el modo de producción capitalista?

No parece probable que los medios de producción, en un próximo cambio de régimen, pasen a ser propiedad colectiva de la clase trabajadora, pues nadie en sus cabales desea una guerra civil, salvo algunos exaltados fascistas con mando en plaza.

No se trata, por tanto, de plantear la viabilidad del cambio del modo de producción, ni tan siquiera de su conveniencia, cuya concreción plantearía dudas razonables.

En efecto, la Revolución de Octubre de 1917 -que trató de construir un mundo sin explotadores ni explotados, despertando grandes esperanzas entre las clases populares- involucionó hacia formas muy alejadas de las teorías desarrolladas por K. Marx (1818-1883) y F. Engels (1820-1895) en el siglo XIX. Teorías que pusieron genialmente en evidencia las contradicciones internas del sistema de explotación capitalista.

La crítica de tal modo de producción cambió para siempre la forma de analizar los procesos sociales: “toda la historia de la sociedad humana, hasta la actualidad, es una historia de luchas de clases”.

El inevitable antagonismo de clases transcurre en nuestros días sometido a constituciones y leyes desiguales. Constituciones resultantes de los procesos históricos por los que cada país ha transitado. El desarrollo de tales procesos determina finalmente el status y el prestigio social de sus Fuerzas Armadas, así como la ideología de éstas y sus valores internos.

La constitución española del 78 refleja el punto de equilibrio entre los antagonismos de clases -jurídico y militar- impuesto por el aparato de la dictadura franquista, que transitó indemne hacia el nuevo régimen. En la llamada Transición, la clase dominante siguió detentando idéntico poder al que ejerció durante la dictadura, quedando en papel mojado toda la falsa retórica constitucionalista referente a los derechos sociales. Mientras tanto, se blindaban los exorbitantes privilegios del Rey, jefe de fila de la oligarquía.

Cuando la lucha de clases se agudiza por efecto de las contradicciones internas del sistema, ésta puede llegar a forzar un cambio de régimen en sentido progresivo o, por el contrario, en sentido regresivo. En ambos casos -de producirse un cambio cualitativo en la correlación de fuerzas- cambia la base jurídica fundamental, es decir la Constitución, que rige de forma estructural la pugna de intereses entre ambas clases.

Un cambio de régimen no implica necesariamente una revolución que destruya el régimen de producción capitalista; ni, por el contrario, una contrarrevolución que derive en una dictadura militar fascista, forma extrema de la explotación capitalista.

(Manuel Ruiz Robles es antiguo miembro de la Unión Militar Democrática)

Entrevista: Núria Magdaleno Fuentetaja

Nuria Magdaleno es enfermera generalista, con actividad profesional desde 1994. Ha trabajado en distintos ámbitos del sistema sanitario público español, tanto local como autonómico y central de la Administración: Atención Primaria urbana y rural, residencias geriátricas y Atención Hospitalaria. Desde 2002 desarrolla su actividad en Urgencias hospitalarias de distintos hospitales públicos en la Comunidad de Madrid.

En la actualidad desempeña su labor y en el Hospital General Universitario 12 de Octubre, desde 2011.

Pregunta.- Llevas muchos años trabajando en la Sanidad Pública ¿En qué momento comenzó el deterioro de la Sanidad en la Comunidad de Madrid?

Respuesta.- Comenzó con la construcción de los 7 hospitales privados en tiempos de Esperanza Aguirre entre 2007 y 2008, que supusieron un drenaje de dinero público. Las obras costaron 663 millones de euros (747,4 millones de euros según la Cámara de Cuentas).

Progresivamente el deterioro se ha ido incrementando, hasta llegar a la situación actual en la cual ya está descontrolado (citas superiores a 15 días en Atención Primaria, de varios meses con el especialista, cierre de Urgencias extrahospitalarias…)

P.- Las condiciones de trabajo del personal sanitario hospitalario ¿Se ajustan a las necesidades del trabajo que desempeñáis?

R.- Actualmente, en el servicio de Urgencias hospitalarias, existe una sobrecarga de trabajo debido a demoras en las citas en Atención Primaria y Especializada y el cierre de los SUAP, con lo cual no hay dique de contención que frene la llegada de pacientes a Urgencias en el Hospital.

Ello unido al despido de más de 6.000 sanitarios (médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, celadores…) efectuado por la Consejería de Sanidad en marzo de 2022.

A veces, la situación ha llegado a ser tan insostenible que han pedido “voluntarios“ para doblar turnos… después de despedir a más de 6.000 sanitarios en Marzo de 2022.

P.- ¿Y las salariales?

R.- La Comunidad de Madrid es la cuarta por la cola en los sueldos a los sanitarios, cuando el coste de la vida/vivienda sólo es comparable a País Vasco, Cataluña y Baleares.

Esto, unido a los contratos que se realizan (los hay por días), hace que muchos sanitarios huyan de Madrid, no sólo a otros países de la Unión Europea, sino a otras Comunidades de España.

P.- Participaste en la gran manifestación del día 13 ¿Cómo la viviste, qué ambiente percibiste?

R.- SI. Fue una manifestación histórica, sólo comparable a las del 23 F, terrorismo (ETA y 11 M) y las manifestaciones del NO a la guerra de 2003.

P.- La situación de la Sanidad Pública en Madrid está afectada por el histrionismo de la presidenta, pero ¿Piensas que la situación de desmantelamiento de la Sanidad Pública es similar en otras comunidades autónomas?

NO, la situación en la Comunidad de Madrid no es comparable a la de otras Comunidades.

Esto se puede analizar objetivamente:

1.- El número de sanitarios que han huido de la Comunidad de Madrid es muy superior al de cualquier otra Comunidad.

2.- El porcentaje de la población de la Comunidad de Madrid que ha contratado un seguro privado de salud en los 2 últimos años es muy superior al del resto de las Comunidades.

P.- Como profesional sanitaria que eres ¿Qué opinión tienes de los hospitales públicos que se han entregado a la gestión privada?

R.- Lo considero un drenaje de recursos públicos detraídos de la Sanidad Pública Madrileña.

El caso más extremo de esta situación es el Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de losReyes, donde la torre número 4 de dicho hospital permanece cerrada a pesar de tener un equipamiento hospitalario completo (quirófanos, habitaciones…) que no tiene el Zendal, donde se han enterrado millones de euros.

En medio de la pandemia, muchos sanitarios y madrileños pedimos la apertura de estas instalaciones hospitalarias cerradas.

Comite Redaccion Tribuna Socialista

Internacional Socialista: El socialismo que viene

Si hay algo que ha caracterizado históricamente a los partidos socialistas en la defensa de los intereses de la clase trabajadora es su carácter internacionalista, pero como todos reconocen, la IS no ha sido una herramienta útil en las últimas décadas.
Esta semana, en el marco del XXVI Congreso de la IS celebrado en Madrid bajo el lema “El socialismo que viene”, Pedro Sánchez, ha sido nombrado nuevo presidente de la IS sustituyendo a Yorgos Papandreu.

Pedro Sánchez presentó hace unos meses su candidatura a presidir la internacional con el objetivo de renovarla y revivirla. En aquel momento, Alfonso Guerra recordó que ya hacía 30 años que había calificado a la internacional socialista como “una agencia de viajes”. Esta inactividad ha sido reconocida por la mayoría de representantes, incluído el propio Sánchez.

A finales de este mes de noviembre, Pedro Sánchez ha sido elegido por unanimidad de los asistentes al Congreso como nuevo Presidente de la IS. El aval con el que se ha presentado ha sido su gestión de gobierno: actualización de las pensiones conforme al IPC, la subida del SMI o el impuesto a las eléctricas, las grandes fortunas y la banca. en un contexto marcado por las secuelas económicas de la guerra de Ucrania.

Los militantes de las agrupaciones no hemos recibido información sobre este congreso, y de la poca información a la que he podido acceder, destaco la publicación aparecida en la página web del PSOE, en la que Hana Jalloul, secretaria de Política Internacional y Cooperación al Desarrollo del PSOE, escribe en su tribuna de “El Socialista”: “Una vez más nos volvemos a reunir, no solo para renovar los órganos de dirección, sino también para debatir sobre los retos que afrontamos, y que a día de hoy están marcados por hechos tan convulsos como la guerra de Putin, la postpandemia de la Covid y la amenaza del cambio climático”.

Precisamente en su intervención Pedro Sánchez se ha referido a los retos que debe afrontar la IS, y que pasan por abordar estrategias conjuntas en la lucha contra el cambio climático, la colaboración de la IS con los organismos internacionales, principalmente con la ONU y la reincorporación a la internacional de partidos que en su día la abandonaron, como es el caso del SPD alemán, o los socialistas suecos, estandartes del concepto del estado de bienestar en Europa

Para el que suscribe, esta renovación de la IS nace con mal pie, para empezar, por la nula participación de la militancia en los debates, algo que las nuevas tecnologías permiten realizar a la perfección, y que permitirían situar el debate en aquellos temas controveridos sobre los que la socialdemocracia hoy se ha posicionado sin contar con las bases, como por ejemplo, la posición sobre la guerra

de Ucrania, esa guerra que está destruyendo Ucrania entera y empobreciendo a los trabajadores tanto de Ucrania como de Rusia como del mundo entero.

El socialismo que viene tiene que defender los intereses de la clase trabajadora. En esta misma edición de Tribuna Socialista nos hacemos eco de varios ejemplos de resistencia de la clase trabajadora, defendiendo los derechos sociales (nuestro salario diferido, la sanidad, la educación, las pensiones…), luchando contra el empobrecimiento de los salarios,..en formas de movilizaciones y Huelgas, en Grecia, en Bélgica, en el Reino Unido, en Francia, en España y en todo el mundo. El socialismo que viene tiene la obligación de representar estos intereses. Desoirlos, y en ocasiones, enfrentarse a ellos, solo conduce a la pobreza, a la barbarie y a la creciente desconfianza en nuestras organizaciones que tienen como con- secuencia una creciente desafección y que abre la puerta a los populismos y a los fascismos.

Es cierto que la internacional socialista debía renovar- se, pero sobre todo, debe recuperar las alianzas internacionales entre los pueblos con el objetivo de poner fin a la destrucción de sectores productivos enteros, abordar las verdaderas causas de la inflación (que ya aumentaba antes de la guerra de Putin) y de la bajada de poder adquisitivo de los trabajadores en el mundo entero, abordar la producción energética pública que garantice el confort térmico y evite la especulación, abordar la distribución de la riqueza,y abordar en definitiva, un modelo de sociedad basado en la justicia social, la fraternidad entre los pueblos y la paz.

Estos son bajo mi punto de vista los retos que este congreso no ha abordado adecuadamente y que el socialismo que viene tiene la necesidad y obligación de trabajar, representando los intereses de la clase trabajadora.

Baltasar SantosMilitantedelPSCy

miembro del comité de Redacción de TS

¿Ha mejorado el empleo para los asalariados y asalariadas?

Se celebra con efusión los datos de afiliación a la Seguridad Social, pero hay que bajar un poco la intensidad de los focos para evitar que nos deslumbren. Claro que los trabajadores deseamos que las cifras de empleo sean positivas, pero lo que en verdad queremos es que mejoren las condiciones de trabajo: salario, cantidad de horas trabajadas, cuantas veces pasa por el desempleo al cabo del año, que baje la siniestralidad…

Hay que aclarar que no es lo mismo hablar de los “afiliados” a la Seguridad Social que de “afiliaciones”; un mismo trabajador puede causar alta en la Seguridad Social varias veces al mes, como desgraciadamente ocurre por la rotación en el empleo.

Veamos algunos datos concretos para valorar en qué medida está mejorando el empleo:

La tasa de temporalidad al cierre del primer trimestre de 2022 fue del 24,2%, al tercer trimestre del presente año ha descendido al 20,18%. Es decir, que ha tenido un descenso del 4,02%, según datos del Instituto nacional de Estadística. Es un dato positivo, aunque es pronto para ver el efecto de la reforma laboral en materia de contratación. No podemos olvidar que continuamos 7 puntos por encima de la tasa media de temporalidad que en la UE-2021 se cerró en el 13,2%.

También conviene tomar distancia en la lectura de los datos, pues la estacionalidad marca diferencias importantes en las cifras de empleo de un trimestre a otro, así como entre sectores.

La reforma laboral de principios de año canceló el “Contrato de Obra o Servicio” y flexibilizó el “Fijo Discontinuo”. Según esto, la previsión es que baje la tasa de temporalidad y se incremente la contratación indefinida. Sin embargo, lo que esperamos que cambie son los contenidos de las condiciones de trabajo, no solo los datos estadísticos.

Un parámetro que nos puede dar una imagen fidedigna de lo que está ocurriendo en el mundo del trabajo es la variación en el número de horas trabajadas, en cómputo semanal, por los asalariados.

Horas semanales trabajadas por los asalariados y asalariadas

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del INE

…. Trimestre que registra un mayor número de horas trabajadas en la serie histórica

…. Trimestre que registra un menor número de horas trabajadas en el periodo 2008-2013

…. Trimestre que registra un menor número de horas trabajadas en el periodo de pandemia

Lo primero que nos dicen los datos de la tabla es que el número de horas trabajadas semanalmente, en el primer trimestre de 2022, no ha superado la cifra de horas trabajadas en el mismo trimestre de 2008. Y, que, respecto al frenazo económico provocado por la crisis sanitaria, comparando el 1er trimestre de 2019 y el del año actual, el incremento de horas trabajadas es de 762.700 horas semanales, lo que equivale a unas 19.067 jornadas completas de 40 horas, un incremento del 0,14%, no parece un crecimiento como para hacer una fiesta.

La grafica anterior representa la media trimestral anual, sin distinguir trimestres. Destaca que en 2013 las horas trabajadas cayeron aún más que durante el año 2020, el peor año de pandemia. Este dato cuantitativo hay que relacionarlo con la gran destrucción de empleo que provocó la reforma laboral de 2012, no derogada en todos sus efectos lesivos, cuyas medidas desembocaron en la mayor tasa de paro registrada en la historia de nuestro país, el 26,06% en el 2º trimestre de 2013. Aquella reforma laboral fue una tremenda operación para la transformación trabajo con derechos en empleo precario.

Por otra parte, y con una inflación desbocada, otro parámetro que hay que valorar para saber si el empleo mejora verdaderamente, es la pérdida o ganancia de poder adquisitivo de los salarios.

Tabla comparativa entre inflación y subida media salarial

En el acumulado de estos doce años, los precios han crecido un 25,44% frente al 18,57% de los salarios, es decir, que la pérdida acumulada en este periodo es del 6,87%. Sin perder de vista que el diferencial entre inflación y salarios del pasado año 2021 fue de 5%. Las expectativas no son halagüeñas para los salarios, pues todos los organismos económicos internacionales prevén que la inflación va para largo.

En el mismo periodo de años, de 2010 a 2022, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) ha pasado de 633,3 € a 1.000 €; ha experimentado un crecimiento medio del 4,45% anual. Es un dato positivo, sin duda. La subida del SMI tira de los salarios hacia arriba, aunque no siempre se transforme en incrementos reales para los trabajadores y trabajadoras, por la absorción que muchos empresarios aplican a otros conceptos que no son el salario base.

Comprendo y comparto que los sindicatos, UGT y CCOO, se hayan levantado de la mesa de negociación del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC), ante las propuestas de la CEOE de una subida salarial para los tres próximos años del 8% (2,66% anual) y sin cláusula de revisión. Sin embargo, es una llamativa coincidencia, o no, que la subida salarial media a octubre sea del 2,64%, un 0,02% menos que la propuesta de la patronal. No se ha firmado el “Pacto de Rentas” promovido por el Gobierno, pero lo hechos coinciden plenamente en que el coste de esta nueva versión de crisis económica carga sobre los salarios, con una devaluación constante.

Hay que poner freno al trasvase de rentas del trabajo en favor de las rentas del capital. El Gobierno debe intervenir en este desequilibrio, como en tantos otros que se están produciendo en perjuicio de los más débiles. No es posible esperar a que pasen las crisis, pues ya vemos como se encadenan una con otras. Para convencer a Gobierno y patronales solo cabe la movilización unida y coordinada de todos los sectores en conflicto.

Roberto Tornamira Sánchez
Ex Secretario General de FeS-UGT-Madrid

(Artículo publicado en el mes de mayo, actualizado al cierre de octubre)

13 de noviembre, aire fresco para la Sanidad Pública

Para muchos madrileños y madrileñas, la gran manifestación que discurrió por las calles de Madrid el domingo día 13 de noviembre ha sido como abrir la ventana en una fresca mañana de primavera.

Desde las manifestaciones contra la guerra, en febrero de 2003, o aquellas en las que en marzo de 2004 exigíamos saber “¿quién ha sido?”, tras los atentados de Atocha y las mentiras de Aznar, no se veía en Madrid una masa compacta de ciudadanos y ciudadanas reivindicando al unísono; en este caso en defensa de la Sanidad Pública, o, dicho de otro modo, contra su privatización.

En un artículo anterior, “La agresión permanente a la Sanidad Pública”, abordé este asunto ante la alarmante cascada de ceses y dimisiones de responsables sanitarios autonómicos y desde la óptica del personal sanitario y sus reivindicaciones. Y las consecuencias que la política de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid, desde que el 30 de junio de 2003 se perpetrara “El Tamayazo”, están teniendo para la Sanidad de todos y todas. Hoy quiero abordar un par de aspectos, tras la multitudinaria manifestación del día 13.

Tras el estallido democrático madrileño, el Gobierno regional y el sindicato corporativo de médicos de Madrid (Amyts) han cerrado un acuerdo por el que, en lugar de abrir 80 centros de urgencias, en los pueblos de la comunidad, abren 49, pero con médico; por lo que Ayuso y su gobierno retroceden en su pretensión de abrir centros de urgencias sin médico. Es una solución al conflicto con los médicos, pero no para los pueblos los 31 pueblos que nos dispondrán de ese servicio. Tampoco resuelve el profundo deterioro que se ha producido en la Sanidad Pública y sus graves consecuencias para los y las pacientes.

El problema no es solo de gestión, es un problema político; por mucho que a la señora Díaz Ayuso le moleste. Es por eso que alguien debería asumir responsabilidades por el caos creado, en primer lugar, el Consejero de Sanidad, el Sr. Ruiz Escudero. Pero incluso si dimitiera ella misma, como coreaban los manifestantes, eso tampoco se resolvería el problema.

La solución para los 6,8 millones de habitantes de la Comunidad de Madrid se daría si se produjese un giro copernicano en la política que se aplica. Es decir, que cuando dicen que construyen hospitales que sea cierto y que no pretendan que aceptemos como hospital el “Zendal”, cuando en realidad es un almacén de enfermos, pues como bien preguntó el Sr. Casado el día de la inauguración ¿dónde están los quirófanos? La solución, entre otras, es que se revierta la privatización de los hospitales públicos que han sido dados en gestión privada.

La solución llegará cuando no haya hospitales con más de 400.000 habitantes asignados como pacientes, como es el caso del Ramón y Cajal, La Paz, el 12 de Octubre o la Fundación Jiménez Díaz… por citar solo cuatro ejemplos. Así disminuirían las listas de espera para operaciones, para consultas externas con especialistas y la saturación de las urgencias hospitalarias. Hay que contratar médicos, enfermeras, auxiliares y celadores.

Si además se deja de maltratar a los Médicos Interinos Residentes (MIR), tanto en sus condiciones económicas, de jornada y de asignación de plazas, estaríamos en el camino de devolver el reconocimiento que nunca debió perder el ejercicio de la medicina, en el ámbito público.

Lejos de aplicar soluciones, el PP de Madrid se dedica, por boca de su presidenta, a intentar enfrentar a los médicos con los pacientes; culpándoles del caos sanitario que ella ha creado.

Hay que dotar de plantilla a los Centros de Atención Primaria en toda la Comunidad, de manera que se acabe con lo que nos dijeron, que era por la pandemia: la atención médica telefónica, la de la cita previa telemática… y todas las trabas que los usuarios y usuarias venimos sufriendo en los últimos tiempos. Por supuesto, es inaceptable la pretensión de establecer la videoconsultas.

No soy yo quién para establecer cuáles son las soluciones en materia sanitaria a los problemas generados por la política de devaluación de la Sanidad Pública que se aplica en esta Comunidad. Solo señalo lo que cualquier ciudadano un poco informado percibe, sin entrar a criterios económicos que dejan claro que esto no es un error sino un plan premeditado, aspecto que señalé en el artículo antes citado.

Por otra parte, de la macro manifestación del pasado domingo se desprende que los ciudadanos y ciudadanas también tenemos derecho a la política. Aunque escuchando las reacciones de Dª. Isabel y su ¿equipo?, pudiera parecer que solo ella y el PP tienen derecho a ejercerla. Esta pretensión de la derecha española no es novedosa, la expresan de forma sostenida en el tiempo cuando no gobiernan; momentos en los que todo gobierno es ilegítimo, según ellos claro está. La anti política es uno de los peligros que nos acechan, y el mejor antídoto son las políticas públicas y la defensa de lo que es de todos y todas.

Los derechos a la libertad de expresión y de manifestación, aunque el PP los lesionó con su “Ley Mordaza” en 2015 (aún no derogada), son derechos para el libre ejercicio político de las personas, y eso es lo que ocurrió el domingo 13. Es evidente que para que haya una movilización alguien tiene que convocar, fijar un recorrido y un horario, entre otras cosas porque es lo que obligatoriamente se tiene que hacer ante Delegación de Gobierno. Pero de lo que no puede caber ninguna duda es que el día 13 de noviembre se manifestaron, libremente, trabajadores y trabajadoras de todas las edades, y por lo que expresaban, muy conscientes de querer defender la Sanidad Pública que pagan con sus impuestos. Puede que hubiese muchos y muchas de ellos que también tengan una póliza con alguna entidad médica privada, pues bien saben que, salvo las tarjetas “premium” inalcanzables económicamente para el 80% de los asalariados, en la sanidad privada también hay clases y que cuando la cosa es grave les derivan a la pública.

No quiero terminar sin señalar algo que me ha llamado la atención, tras la manifestación, al leer, ver y escuchar algunos medios de comunicación. Resulta que ¡la Plaza de Cibeles ha encogido! Sí, a mi también me ha parecido increíble. Es la conclusión a la que he llegado tras recordar que dichos medios, hace seis meses, publicaban que a la celebración de la 14ª “Champions League” del Real Madrid habían acudido a Cibeles 500.000 seguidores. El día 13, no pude pasar de Atocha.

Roberto Tornamira Sánchez
15nov22

Editorial: La clase trabajadora no deja de sorprender, gratamente.

En Tribuna Socialista nº 137 dedicamos la editorial a la inflación y la respuesta que la clase trabajadora le está dando en otros países, “La inflación también es un arma”. En el anterior número de TS también valoramos muy positivamente las manifestaciones de pensionistas, el 15 de octubre, y en defensa de la sanidad pública en Madrid, el 22 del mismo mes.

Tenemos que reconocer que la clase trabajadora no deja de sorprendernos gratamente: si bien las dos manifestaciones mencionadas fueron importantes, en lo que al número de manifestantes se refiere, la que tuvo lugar el domingo día 13 de noviembre, para mostrar el rechazo del pueblo de Madrid a la privatización de la sanidad pública, ha sorprendido a los más optimistas.

Echábamos de menos movilizaciones de masas para afrontar problemas generales y fundamentales, como lo son la defensa del Sistema Público de Pensiones y la Sanidad Pública. Y en cuestión de treinta días se han producido tres grandes manifestaciones, la última con más de 600.000 manifestantes.

Quienes acudimos a estas movilizaciones somos clase trabajadora, aunque muchos hayan aceptado considerarse clase media. Somos ese 65% de personas que dependen de un salario, cuyo sueldo no supera los 1.715 € brutos mensuales, que es el salario medio en la España de hoy. Nos movilizamos para exigir que nuestro salario diferido, la pensión, se revalorice como mínimo en el mismo porcentaje que los precios. De la misma manera, participamos en las manifestaciones para defender que no nos quiten nuestro salario indirecto; el que recibimos en forma de servicio público cuando acudimos al médico, en el hospital o en el centro de Atención Primaria, o cuando educan a nuestros hijos e hijas en un colegio público.

Otro de los aspectos sorprendentes de estas movilizaciones es que tienen en común que no han sido convocadas por las dos grandes centrales sindicales de nuestro país, si bien en las de la sanidad participan minoritariamente. La Manifestación del 15 de octubre, con más de 40.000 asistentes, fue convocada por las organizaciones de pensionistas, como COESPE, sin que los grandes sindicatos quisiesen apoyar, siquiera. La del 22 de octubre, en defensa de la Sanidad Pública madrileña fue convocada por la mesa sectorial de la Atención Primara, y la del 13 de noviembre fue convocada por asociaciones vecinales de Madrid, apoyándose en la perseverancia del sindicato corporativo de médicos Amyts.

Hay motivos para que se produzcan muchas movilizaciones masivas: por el deterioro de la Educación Pública, contra la privatización de las residencias (hubo una manifestación multitudinaria el 17 de septiembre, convocada por las plataformas de familiares de víctimas en las residencias), contra la Guerra… pero falta una movilización de masas en defensa de los salarios directos, los que nos abonan en nómina. Alguien podrá decir que el día 3 de noviembre miles de delegados sindicales llenaron la Plaza Mayor de Madrid, bajo el lema “Salario o Conflicto”. Sí, pero además de los delegados y delegadas de personal y miembros de comités hay que dar cauce a la movilización de los trabajadores y trabajadoras, que han salido a la calle a reivindicar la defensa de las pensiones o de la sanidad, demostrando que el problema no es que no se quieran movilizar.

Se está terminando el año y ni hay conflicto ni los salarios dejan de perder poder adquisitivo. La subida salarial media en convenio colectivo, a cierre de octubre, es del 2,64%, frente al 7,3% del IPC interanual, lo que equivale a una pérdida de 4,66% que hay que sumar al 4,95% de pérdida del año 2021, año en el que el incremento promedio de los salarios se quedó en el 1,55% frente al 6,5 del IPC. Es decir, que los asalariados más “afortunados” llevan una pérdida de valor en sus sueldos del 9,6%. No hablemos de los cientos de convenios sectoriales o los miles de convenios de empresa en los que el sueldo no ha subido nada o el incremento está incluso por debajo de la media.

La devaluación de los salarios en España se viene dando a lo largo de lo que llevamos de siglo: comenzamos con el redondeo de los precios con la entrada del euro, pero no se redondearon los salarios; continuamos con la devaluación provocada por las reformas laborales de 2010 y 2012, no derogadas en todos sus aspectos más lesivos; se han devaluado en los dos años de pandemia; y se están devaluando nuevamente, a nombre de la guerra, con esta ola inflacionaria.

Garantizar que los salarios no pierden valor que los trabajadores y trabajadoras, que no se empobrecen, es competencia de las organizaciones sindicales, pero dejar que los trabajadores, empresa por empresa, intenten mejorar sus salarios, o sea de forma aislada, solo sirve para facilitar las exigencias de la patronal. De hecho, sin firmarlo, es poner en práctica el llamado “Pacto de Rentas”, cuyo objetivo, recordémoslo, no era otros que el de hacer caer la carga de la crisis sobre los salarios.

Veremos si alguien no convoca por este motivo y la clase trabajadora vuelve a sorprendernos.

Comite de Redacion Tribuna Socialista

La agresión permanente a la Sanidad Pública

El 17 de octubre ha dimitido la gerente de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Pero es que en el verano defenestraron al director general de Asistencia Sanitaria y Aseguramiento del Servicio Madrileño de Salud y, al poco tiempo, fue cesado el gerente del Suma 112. Es llamativo el reguero de ceses y dimisiones en el área de Sanidad en el “paraíso de libertad”, según palabras de IDA, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un “paraíso” para las grandes fortunas “tax free”, para especular con la vida y la salud de los ciudadanos, y por supuesto para tomar cañas en las terrazas que han salido como setas de alquitrán aprovechando la pandemia.
Es precisamente libertad lo que les falta a los y las técnicos más sensatos que trabajan para la Administración sanitaria en Madrid, para ejercer su trabajo. Un proceso de depuración permanente levado a cabo por el Gobierno del PP en Madrid, que comenzó con la de la directora de Salud Pública, en mayo de 2020, por el riesgo de “colapso” de las UCI en la Comunidad de Madrid, contra la decisión de IDA de acelerar el pase a fase 1 del plan de desescalada: “dimití tras horas intentando convencer de que no cometieran una barbaridad”, escribió en su cuenta de Twitter, Yolanda Fuentes.
Unos meses después, en octubre de 2020, fue Alberto Reyero, no ya un técnico, sino un miembro del propio Gobierno de Ayuso, quien dimitió por la criminal acción política de negar la asistencia sanitaria a los ancianos y ancianas en residencias; unos 7.300 muertos solo en Madrid. El dimisionario ha publicado un libro cuyo título define qué ocurrió: “Morirán de forma indigna”.
Las dimisiones y los ceses no son más que una consecuencia concreta del caos reinante en el conjunto de la Sanidad Pública madrileña: “abandono de los usuarios y desprecio absoluto a los trabajadores y trabajadoras de este servicio público”, ha denunciado el secretario general de CCOO en Sanidad de Madrid, Mariano Martín-Maestro.
Un ejemplo claro de este caos, es el procedimiento por el cual las enfermeras debían atender pacientes cuando no hubiera médicos. Otra de las instrucciones, para enmarcar, del Gobierno presidido por IDA.
Las ocurrencias, algunas con efectos dramáticos, obedecen al Plan para la Atención Primaria cuyo objetivo no declarado, pero evidente, es la demolición de las Urgencias de Atención Primaria (UAP). Uno de los capítulos más groseros de dicho Plan es lo que el Gobierno de Díaz Ayuso llama: “Proceso de reestructuración de las urgencias extrahospitalarias”; unas urgencias que llevan medio cerradas desde marzo de 2020, cuyo objetivo real es un nuevo recorte de personal. Con la consecuencia directa del colapso de las urgencias hospitalarias.
Los bajos salarios, la inestabilidad laboral y precariedad en las condiciones de trabajo son consecuencia de los recortes presupuestarios del servicio sanitario en Madrid.
Los efectos son tremendos, no solo para los trabajadores de la sanidad, también para los madrileños y madrileñas que se ven obligados, pues nadie acude a urgencias o a una consulta médica por gusto, a ir a unas urgencias hospitalarias saturadas, y a soportar unas listas de espera grotescas, según datos oficiales: 300.000 pacientes tienen que esperar tres meses para ser atendidos por un especialista, 80.000 lo hacen para una prueba diagnóstica y 15.000 para una operación, por término medio.
El deterioro se corresponde con que la Comunidad de Madrid es la región del Estado español que menos presupuesto “per cápita” destina a Sanidad: 1.300,65 euros por habitante y año, frente a los 1.679,26 de gasto medio del resto de comunidades (datos presupuestarios para el ejercicio 2022), un 30% por debajo de la media.
Ante esta insoportable situación, los trabajadores del Servicio de Atención Rural (SAR), convocaron una huelga indefinida, que iba a dar comienzo el 25 de octubre. El anuncio de la huelga activó la repentina necesidad de negociar del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. A fecha de cerrar este artículo, el sindicato de médicos Amyts, el mayoritario, ha rechazado el preacuerdo, pues denuncian que “siguen sin entender cómo se pueden abrir 78 dispositivos con el personal de 40… y no están dispuestos a rebajar la calidad asistencial a los pacientes”.
El 28, está previsto que comience la huelga en las Urgencias del Hospital “Infanta Sofia” de San Sebastián de los Reyes. Por poner dos ejemplos de los conflictos que se viven en la Sanidad de Madrid, porque se cuentan por decenas las movilizaciones vecinales que se han llevado acabo en los barrios, en los últimos tiempos.
Se echa en falta una movilización coordinada, y sostenida en el tiempo, por las organizaciones que se reclaman de la izquierda, ante un problema general, para la defensa de uno de los pilares del Estado de Bienestar. Esperemos que la gran manifestación que tuvo lugar el sábado día 22 de octubre, de Neptuno a la Plaza de Sevilla, en Madrid, convocada por los principales sindicatos de la Sanidad Pública en Madrid, y apoyada por el PSOE, sea la primera de muchas movilizaciones en las que se le da posibilidad de participar a los ciudadanos y ciudadanas.

La única beneficiada de este caos, provocado, es la sanidad privada y los receptores de contratos como las constructoras y empresas de servicios del Zendal. Esto lo avalan los datos publicados por la prensa económica y de UNESPA, la patronal de empresas aseguradoras, que señalan 2021 como el mejor año para el negocio de las aseguradoras médicas privadas, al hacer públicos los datos al cierre del primer semestre de 2022, con unos ingresos de 32.965 millones de euros, un 4,43% más que en 2021. Un sector en el que el oligopolio conformado por: Segurcaixa Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV y Mapfre acaparan el 74,17% del negocio.
“Mientras el Servicio Madrileño de Salud dejaba 402 millones de euros, del presupuesto de 2021, sin utilizar, se transfirieron 1.261 millones de euros públicos a la sanidad privada, un 31% más que en 2020”(1), denuncia Sara Plaza Casares en junio de este año.
Los datos demuestran que los efectos de la pandemia no son solo atribuibles al virus, y que el deterioro de la Sanidad Pública se corresponde con un plan trazado para reducir la Sanidad Pública a un servicio de mínimos, con tendencia a la beneficencia, en favor de los intereses del mercado libre, el único que es libre de verdad, según los parámetros de Díaz Ayuso.

Roberto Tornamira Sánchez
30oct22

(1) https://www.elsaltodiario.com/sanidad-publica/comunidad-madrid-aumenta-30percent-transferencia-fondos-publicos-sanidad-privada#:~:text=Sanidad%20p%C3%BAblica-,La%20Comunidad%20de%20Madrid%20aumenta%20un%2030%25%20la%20transferencia%20de,31%25%20m%C3%A1s%20que%20en%202020

Canciones con Poder: Blowin in the Wind

ob Dylan grabó «Blowin in the Wind» (Flotando en el viento) en julio de 1962 y la incluyó en su segundo álbum, «The Freewheelin», publicado en mayo de 1963. La melodía, que no la letra, está inspirada en una canción que cantaban los esclavos negros en Canadá; tras huir de los Estados Unidos; canción que denunciaba la venta de esclavos negros «No more Auction Block» (No más bloques de subasta), haciendo referencia al bloque de piedra al que se hacía subir al esclavo o esclava para ser exhibido para su venta.

Quién popularizó «Blowin in the Wind» no fue el propio Dylan, sino el grupo de música folk «Peter, Paul and Mary»; Bob Dylan fue un desconocido en el mundo de la música, hasta que la interpretó en el Festival de Folk de Newport de 1963, junto al trio PPM.

Dylan siempre ha mantenido que no era una canción protesta, pero, en contra de la intención del nobel de literatura de 2016, esta canción se convirtió en un himno contra la Guerra, en la década de los años 60 del s. XX, en particular contra la Guerra de Vietnam, en la que Estados Unidos intervino, abiertamente, con la excusa del incidente del golfo de Tonkin, incidente provocado por un destructor de la Armada estadounidense, el USS Maddox, en agosto de 1964. Esta guerra, hay quienes sitúan su inicio en noviembre de 1955 y quienes lo hacen en 1959, no finalizó hasta 1975, con la toma de Saigón por parte de las fuerzas de Vietnam del Norte, aunque Estados Unidos se había retirado dos años antes, en enero de 1973.

Los siguientes tres versos, que forman parte consecutivamente de las tres estrofas de la canción, son la columna vertebral antibelicista de «Flotando en el Viento».

¿Cuántas veces deben volar las balas de cañón,

antes de ser prohibidas para siempre?

—- O —-

¿Cuántas veces puede un hombre girar la cabeza,

y fingir que simplemente no lo ha visto?

— OO —

¿Cuántas muertes serán necesarias,

antes de que él se dé cuenta,

de que ha muerto demasiada gente?

— OOO —

En 2004, fue elegida la 14ª mejor canción de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone.

Con una guerra en curso en el continente europeo, me ha parecido que esta es la canción más apropiada para la sección de Canciones con Poder, en este número de Tribuna Socialista.

La respuesta está en el viento, para quien la quiera escuchar y tomar conciencia.

Proponemos el enlace a la versión de la joven cantante Katie Melua, nacida en Georgia, de donde tuvo que huir de la guerra en 1993.

Roberto Tornamira Sánchez
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Francia al rojo vivo

Desde que el pasado 19 de junio Emmanuel Macron perdió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional las dificultades para aplicar las políticas neoliberales que representa el presidente de la Republica Francesa van en aumento y no solo en la cámara de representantes parlamentarios, también en las calles, en las centros de trabajo, en los centros de estudio y universidades, en la sanidad y en el sector educativo, encuentra una amplia contestación.

La Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPE) convocó una gran manifestación en Paris para el pasado 16 octubre, en ella desfilaron sectores representativos de todo el país, jubilados, estudiantes, sanitarios y enseñantes que están padeciendo las consecuencias de la política que aplica Macron. La manifestación ha sido valorada como un éxito.

El martes 19 los sindicatos convocaron una huelga intersectorial que partía de los trabajadores de las empresas energéticas a las que se unieron los transportistas, enseñantes y sanitarios para reclamar aumentos salariales igual al IPC, además de las subidas salariales, los médicos pediatras demandaban el aumento de especialista para un sector en que faltan especialistas en medicina infantil y mas recursos para la sanidad, oponiéndose a la ley de financiación a la Seguridad Social que ha bajado su partida presupuestaria en 1.800 millones y el núme- ro de camas hospitalarias a disminuido un 12,4%, al mismo tiempo la partida destinada a gastos milita- res y de guerra es de 3000 millones de euros.

Los jubilados y pensionistas se manifestaban defendiendo el actual sistema de pensiones públicas que el Sr Macron quiere reformar para aumentar la edad de jubilación y el sistema de cómputo.

Los Liceos Profesionales tienen una carencia de profesores evidente debido a los continuos recortes. Profesores y estudiantes marchan juntos en defensa de la enseñanza profesional pública.

La NUPE que obtuvo 127 escaños en las ultimas elecciones, combina su trabajo parlamentario con el apoyo a los sectores que luchan por sus reivindicaciones, presento una moción de censura contra los presupuestos de Macron, moción que sirvió para poner al descubierto el verdadero carácter del Gobierno de la V República.

La primera ministra Elisabeth Borne tubo que aplicar por dos veces el articulo 49.3, articulo que algunos lo califican de dictatorial y golpista ya que permite aprobar propuestas de ley o presupuestos sin que estas sean votadas por los parlamentarios elegidos por el pueblo. Este articulo exige a la oposición una moción de censura o sea tumbar al gobierno. Para ello toda la oposición se tendría que poner de acuerdo, algo casi imposible. Como se pierde la moción de censura la ley es aprobada automáticamente. Así ha sido con el Presupuesto

La mayoría social en Francia no permitirá que se utilicen este tipo de prácticas demasiado asiduamente.

José A. Iniesta

Tras el éxito del 15 de octubre hay que continuar defendiendo las Pensiones Publicas

La movilización del 15 de octubre ha sido un éxito. La policía municipal de Madrid tasó en unos 25.000 los asistentes; ya conocemos la generosidad de la policía a la hora de contar manifestantes, por lo que hablar de unas 40.000 personas apoyando la convocatoria, no es exagerado.

La cifra alcanza mayor relevancia si se contextualiza con la campaña del Gobierno, previa al 15 de octubre, para desinflar la asistencia. Un día sí y otro también se lanzan mensajes en los medios para enfrentar a los jóvenes y los pensionistas: el problema es que las reformas laborales de 2010 y 2012, que contribuyeron a devaluar brutalmente los salarios, no han sido derogadas. El problema no es que los pensionistas reciben una pensión acorde a lo que cotiza- ron, durante décadas de trabajo, a un Sistema de Reparto e intergeneracional. Parte de la campaña, que debe ser interpretado como un éxito de la convocatoria, es el incremento de las pensiones para 2023, se hará en base al IPC mensual medio a noviembre. Una subida de las pensiones en torno al 8,5% es una buena noticia que no cabe duda hay que vincular a la convocatoria misma de la manifestación, realizada por COESPE y el conjunto de organizaciones del movimiento de pensionistas. Si bien, no nos engañamos, el IPC a septiembre ha cerrado en el 9%, dado que durante el primer semestre del año se ha mantenido por encima del 10%, el 8,5% no deja de ser el IPC medio estimado para este año; como en 2021 se estableció el 2,5% del IPC medio frente a un IPC real del 6,5%.

El 8,5% de incremento está siendo criticado por los agentes del capital, pues dicen, en su repetitivo mantra, que es excesivo e insostenible. Pero nada dicen del 26,3% de incremento en el presupuesto del Ministerio de defensa; sin contar las partidas derivadas a otros ministerios, que asumen costes y gastos de la actividad militar.

Una vez más, y ya son muchas en la historia, queda claro que la movilización es el único método que sirve para que la clase trabajadora avance en sus reivindicaciones. Aun está por ver todo el efecto que esta manifestación puede tener en favor del Sistema Público de Pensiones, pero nadie puede negar el hecho de que el año pasado (16 de octubre) otra manifestación, muy multitudinaria, reivindicaba una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social; hoy, esa reivindicación está plasmada en la Ley 21/2021: ley no cumplida a fecha de hoy por el Gobierno, en lo que a su Disposición Adicional sexta respecta.

La Manifestación del sábado 15 de octubre no solo reivindicaba que se cumpla la Ley y se realice la Auditoría. También se reivindicaba que el Gobierno retire la pretensión que ha hecho pública el ministro de Seguridad Social, de alargar de 25 a 35 años el periodo para hallar la base reguladora de la pensión, cambio que conllevaría una pérdida del 8% en las pensiones futuras.

Por otra parte, dado el desboque que la acción especulativa empresarial está provocando en los precios, la convocatoria exigía que se incrementen en base al IPC real las pensiones y los salarios. Pues una de las hemorragias del sistema es la devaluación salarial que llevamos sufriendo desde principios de siglo: primero con la entrada del euro, después con la crisis económica e inmobiliaria de 2008, y ahora con la pandemia y la excusa de la guerra.

No es casualidad que en España se reivindique lo mismo que los trabajadores británicos llevan meses reclamando o lo que los trabajadores franceses reclamaron en París, el día siguiente a nuestra manifestación y el día 18 en una Huelga General: subidas de sueldos igual al IPC, por lo insoportable que se está haciendo la carestía de la vida, para los asalariados. La diferencia estriba en que, en Gran Bretaña y en Francia, sindicatos y fuerzas políticas de izquierda están al frente de la movilización y aquí están ausentes.

La manifestación ha sido un éxito, gracias a la asistencia de muchos y muchas jóvenes, y de muchos y muchas militantes sindicales, de distintas organizaciones: jubilados y en activo. Pero hay que continuar defendiendo el Sistema Público de Pensiones. Es fundamental insistir en la necesidad de una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social. Si el Tribunal de cuentas desveló que el Estado había utilizado, indebidamente, más de 103.000 millones de euros en 24 años (1989 a 2013), ¿cuánto dinero se ha saqueado de las pensiones en 51 años (1967 a 2018)? que es el periodo que la Ley 21/2021 exige que sea analizado.

No podemos consentir ni una reforma regresiva más. Queda al descubierto el “fake” que señala al Sistema Púbico de Pensiones como inviable, un montaje para beneficiar el negocio de bancos y aseguradoras.

Conseguir la Auditoría sólo depende de la acción conjunta de trabajadores en activo y pensionistas, convenciendo a las organizaciones políticas y sindicales que se reclaman de la izquierda, para que se sumen a la movilización. Es por ello que debemos redoblar los esfuerzos, dirigiéndonos a los trabajadores activos y responder a las nuevas convocatorias de movilización y actos en defensa del Sistema Público de Pensiones

Coordinadora Estatal del CATP