Entrevistamos a Mar Noguerol Álvarez

Pregunta.- Hace años que resulta evidente que faltan decenas de miles de médicos y enfermeras en el SNS. Todos lo reconocen, pero esto no cambia. ¿Qué crees que deben hacer los médicos para contribuir a revertir esta situación?

El déficit estructural de médicos se vive con especial crudeza en Atención Primaria. La medicina familiar y comunitaria es la especialidad más afectada, desde hace varios años, con un futuro sombrío por la cercanía a la jubilación de numerosos compañeros sin expectativas de recambio. Las crecientes necesidades en las urgencias hospitalarias, el crecimiento de la sanidad privada con grandes hospitales, o la fuga masiva de profesionales a otros países ante la precariedad y las malas condiciones laborales, han detraído masivamente profesionales y condicionado que el recambio sea insuficiente para garantizar siquiera el mantenimiento de la plantilla de los centros de salud.

Enfermería es el otro colectivo profesional con unas ratios claramente insuficientes máxime si las comparamos con las de otros países europeos, sin que haya habido voluntad política de potenciar el colectivo en competencias y efectivos.

Los médicos hemos hecho muchas cosas y las seguimos haciendo: denunciar la situación y proponer soluciones en todos los foros donde es posible, movilizaciones que han incluido la huelga, denuncias ante la opinión pública… Todas las tribunas han sido una oportunidad para alertar y exigir medidas tangibles. Agradezco que se me brinde esta.

La pandemia ha sacado a la luz, como nunca, la situación de deterioro estructural. Las nuevas tareas y necesidad de atención nos ha arrasado, con esta 6ª ola como puntilla.

En los centros de salud hemos reclamado insistentemente un aumento de los recursos, y como médicos, como directores de centros de salud, como entidades reivindicativas de la sanidad, hemos elevado múltiples solicitudes para cambiar la situación, con propuestas realistas y razonables que requieren un aumento de la inversión que se nos niega. Hemos llegado al punto de presentar una demanda colectiva al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dictó en marzo de 2021 una sentencia condenatoria para la Comunidad de Madrid por vulnerar los derechos de los médicos de atención primaria en materia de integridad física y salud, condenándola a elaborar un plan de prevención de riesgos laborales con determinación de la carga de trabajo: fijando los cupos, número máximo de pacientes a atender por jornada de trabajo y tiempo mínimo de dedicación a cada uno, así como al establecimiento de una plantilla acorde con ello y a la cobertura de las vacantes existentes en la misma. La Comunidad ha recurrido esta sentencia y estamos pendientes de la inminente vista en el Tribunal Supremo.

P.- ¿Qué piensas de la política sanitaria del Gobierno durante estos dos años de pandemia?

Curiosamente un ministerio que era considerado “de segunda” por recaer las competencias en las comunidades autónomas y sus servicios de salud, pasó a ser el centro del gobierno y de la política nacional. La primera ola fue tan inesperada y devastadora que limitó la capacidad de reacción y respuesta adecuadas. El resto me ha parecido un tanto errática, manejando la contradicción entre la falta de competencias y la necesidad de unificar criterios y de una autoridad sanitaria con credibilidad y claridad. Sí ha habido un esfuerzo por generar consensos y el Consejo Interterritorial no ha debido reunirse tanto en toda su historia, pero hacían falta algo más que reuniones, y a las CCAA, al menos a la de Madrid, hay que pedirle rendición de cuentas de los fondos que se le entregan, porque desde luego en atención primaria no llegan o llegan en gastos absurdos, pero no en lo que realmente hace falta que son recursos humanos. Los consensos en ocasiones han sido más políticos que científicos y, en mi opinión, hubiera sido deseable haber implicado en mayor medida a la comunidad científica en órganos consultivos estables más allá de los efectivos ministeriales.

El principal acierto considero que ha sido la apuesta firme por la vacunación, con una de las mayores coberturas a escala internacional.

En atención primaria no hemos vivido un apoyo significativo y tangible en momentos particularmente difíciles, como esta 6ª ola que nos ha arrasado. Hubiera sido muy positivo sentir un gobierno que no permite diferencias entre comunidades tan abrumadoras, por ejemplo en la gestión de las incapacidades temporales por COVID. Esperamos también que se hagan realidad los fondos anunciados para atención primaria, con rendimiento de cuentas incluido.

P.- La Atención Primaria es competencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid ¿Crees que los incumplimientos, del Gobierno de Díaz Ayuso, pone a los madrileños y madrileñas en una indefensión equiparable a la que sufren nuestros mayores en la red de residencias?

El Gobierno de Díaz Ayuso es un enemigo declarado de la Atención Primaria, en la que, según sus palabras, se atiende mal al ciudadano, se cuelgan los teléfonos y de repente no hay médicos. Cuando alardea de haber aumentado los recursos y haber renovado los contratos de refuerzo, debería informarle la gerencia de Atención Primaria que no ha habido más que una ridícula contratación de gestores COVID y de algunos refuerzos en enfermería y unidades de atención al usuario, que no se han renovado en muchos casos, o que se han renovado hasta finales de marzo, para lo cual tuvimos que organizar una protesta exigiéndolo, por parte de los Equipos Directivos de 202 centros de salud (de un total de 267) y sus 97 consultorios locales.

En realidad, lo que hace IDA y sus lacayos de la consejería y viceconsejería de sanidad es echar cortinas de humo sobre el problema de fondo que es la infrafinanciación crónica de la sanidad madrileña y especialmente de la atención primaria, con años y años de inversión nula en centros de salud que se caen de viejos y cutres, y especialmente con una antipolítica de recursos humanos que nos ha llevado a un debilitamiento estructural y un estallido en la pandemia.

Sí, profesionales y pacientes estamos en una situación intolerable de indefensión y crispación ante una nave que va a la deriva y que cada día vemos como se empeñan más en destruir. Nuestro modelo de sistema sanitario público con una primaria como columna vertebral no les interesa porque no es permeable a la penetración del capital privado de los lobbies sanitarios y restringe la capacidad de expansión de la sanidad privada, así que su apuesta es el abandono y la desinversión.

P.- ¿Se han recuperado los recortes que sufrió la Sanidad entre 2008 y 2017?

No, las infraestructuras no se han renovado, las plantillas no se han recuperado y el avance de la sanidad privada en estos años ha sido impresionante en la Comunidad de Madrid, al punto que será difícil de revertir si en el futuro no hay un cambio de política sanitaria que apueste por el fortalecimiento del sistema público.

P.- ¿Qué se debe hacer para retener a los profesionales que están pensando abandonar la Sanidad Pública y para recuperar a los que ya se han ido?

Mejorar las condiciones del ejercicio profesional y de los niveles asistenciales. Acabar con la precariedad, mejorar las retribuciones, apostar por la conciliación familiar. El diagnóstico y el tratamiento está hecho hace tiempo, en atención primaria hasta lo hemos sintetizado en unas cifras sencillas como son la inversión del 25% del presupuesto sanitario y los 12’ por paciente o el máximo de 28 pacientes día, y la plantilla necesaria para ello, que estimamos entre 600-1000 médicos de familia y 150-300 pediatras. Las cifras más bajas implicarían al menos igualarnos con la media del resto de CCAA, pues es público y notorio que la CM es la que menos invierte en sanidad en porcentaje sobre el PIB y por habitante, y específicamente en atención primaria con una inversión del 10-11% del presupuesto, muy alejada de la media de las CCAA en torno al 14%.

P.- Los cuatro pilares básicos del Estado de Bienestar: Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia, por distintas causas, han sufrido recortes económicos y sus consecuencias se han visto agravadas por la pandemia. Pensionistas, familiares de fallecidos en las residencias, colectivos sanitarios y educativos se movilizan en defensa de estos servicios públicos ¿No sería el momento de unificar los esfuerzos en la defensa de los servicios públicos?

La pandemia ha implicado aislamiento, miedo al encuentro social, desmovilización y agotamiento. La evolución en oleadas sucesivas y sorprendentes, como en el caso de esta 6ª que estamos viviendo que ha acabado con las expectativas optimistas tras la vacunación y que augura un futuro todavía incierto tras 2 años de sufrimiento, hace todavía más difícil sobreponerse y poder hacer planes de futuro. El cambio a un tipo de relación social y comunitario basado en las redes y lo virtual, a las protestas y propuestas virtuales, y a la confianza o expectativa de cambio o mejora sobre todo desde las instituciones, es otro de los regalos envenenados que nos ha traído la pandemia, que además de haber sido una lección de humildad a la humanidad, para quien quiera entenderla, y una oportunidad de cambio, ha sido también portadora de muchos cambios vitales entre ellos de la forma de luchar, al menos de momento. Pero si algo nos ha dejado claro es la necesidad de unos servicios públicos fuertes que nos protejan y estén preparados para responder a situaciones extremas, y que además sean los que puedan corregir la desigualdad en aumento de nuestra sociedad, garantizando a los sectores más desfavorecidos y vulnerables los derechos básicos. Por supuesto, es el momento de que todos nuestros esfuerzos se centren en ello.

Entrevista realizada por Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista

Reforma laboral. Mínimo avance. Oportunidad perdida.

Uno de los compromisos que el gobierno de Pedro Sánchez había adquirido con las bases socialistas, y con la clase trabajadora en general, fue el de la derogación de las últimas reformas laborales que tanto han cercenado los derechos laborales y que no han tenido los efectos anunciados ni sobre la creación de empleo ni sobre la calidad del empleo creado. Antes bien, los efectos de las últimas reformas laborales han sido nefastos para los trabajadores de nuestro país: mayor temporalidad, mayor fraude en los contratos, menores salarios, mayor poder de los empresarios, menor peso de la negociación colectiva, menores indemnizaciones, mayor facilidad para el despido… de ahí la importancia de derogar las reformas laborales y reempoderar a los trabajadores de sus derechos individuales y colectivos.

La reforma laboral de 2022 se ha hecho esperar. Del compromiso de derogación, pronto se pasó a la derogación de los aspectos más lesivos y finalmente una reforma laboral pactada que ha sido valorada por el gobierno del PSOE y Unidas Podemos y por los sindicatos mayoritarios como un hito histórico. ¿Ha sido realmente así?

Realmente, el acuerdo alcanzado modifica algunos de los aspectos de la reforma del PP en 2012, pero en modo alguno se trata de la derogación comprometida con la clase trabajadora, antes bien, la actual reforma consolida los mecanismos de flexibilidad interna que garantizan la adaptabilidad de las empresas a las circunstancias económicas y consolida la reducción del coste del despido y la eliminación de los salarios de tramitación.

¿Qué se ha modificado?

Qué duda cabe que la Reforma laboral supone algunas mejoras con respecto a la norma anterior. Por ejemplo, se recupera la ultraactividad de los convenios colectivos, es decir, la continuidad en la aplicación de los convenios una vez cumplen el periodo de vigencia pactado. Igualmente, se recupera la prevalencia del convenio sectorial por encima del convenio de empresa, a nivel salarial, aunque no en las condiciones de trabajo.

Algunas de las modificaciones más relevantes son:

  • Contratos temporales: Desaparece el contrato por obra o servicio y se redefinen el contrato por circunstancias de la producción y para sustitución del trabajador (antigua interinidad). Se endurecen las sanciones por contratación temporal fraudulenta que se impondrán por cada empleado.
  • Contratos formativos: Se rediseñan los contratos formativos. Se regula el contrato de formación en alternancia (para compatibilizar la actividad laboral con los procesos formativos) y el contrato destinado a adquirir una práctica profesional adecuada a los niveles de estudios (con una duración máxima de un año). El gobierno se ha comprometido a negociar un Estatuto del becario.
  • Contratos fijos discontinuos: Se potencia esta figura frente a los temporales. Se puede concertar para la realización de trabajos estacionales o vinculados a actividades de temporada, para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo intermitentes, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. Pueden utilizarse para la ejecución de contratas que, siendo previsibles, sean parte de la actividad ordinaria de la empresa.
  • ERTE y Mecanismo RED: Inspirándose en la reciente normativa COVID-19, se modifica la regulación de los ERTE (especialmente los de fuerza mayor) y se crea el llamado Mecanismo Red de Flexibilidad y Estabilización del Empleo con dos modalidades, cíclica y sectorial, que deben activarse por el Consejo de Ministros para permitir la reducción de jornada o suspensión de contratos, incluyendo un fondo para la financiación de prestaciones y exenciones de cotizaciones a la Seguridad Social y costes de formación.
  • Subcontratación de servicios: El convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata, con independencia de su objeto social o forma jurídica, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable. El convenio de empresa solo podrá aplicarse por la contratista o subcontratista si determina mejores condiciones salariales que el sectorial que resulte de aplicación.

¿Qué se ha mantenido?

Pese a que el objetivo de la reforma debiera centrarse en la reducción de la temporalidad y en la calidad del empleo, lo cierto es que esta reforma ha dejado intactos algunos de los aspectos que requerían su derogación:

  • Se ha mantenido la prevalencia del convenio de empresa en todo excepto en el salario. De esta forma, la jornada laboral, los horarios, los permisos, y todos los aspectos extrasalariales son los que establece el convenio de empresa, donde es bien sabido, que las empresas tienen mucho margen de maniobra.
  • Se ha mantenido la regulación de los contratos a tiempo parcial, verdadera fuente de fraude en la contratación que afecta especialmente a jóvenes y mujeres.
  • Se ha mantenido intacta las cláusulas de descuelgue de los empresarios, es decir, la capacidad de los empresarios para modificar unilateralmente o sencillamente no aplicar lo pactado en convenio colectivo, sin necesidad de acuerdo con la representación de los trabajadores.
  • Se ha mantenido el abaratamiento del despido, al no recuperar ni la indemnización de 45 días por año de trabajo en caso de despido improcedente, ni los salarios de tramitación.
  • Se ha mantenido la desregulación de los despidos objetivos, mucho más baratos.

Valoración

Seguramente el término histórico no es el más adecuado para calificar esta reforma laboral. Histórico hubiera sido derogar las dos últimas reformas laborales de forma íntegra. Hoy podemos afirmar sin equivocarnos, que una de las causas de la existencia de trabajadores pobres, del trabajo precario, o del incremento de la desigualdad, tiene que ver con la pérdida de poder de negociación de los sindicatos, con las prácticas anti-sindicales y con el fraude en la contratación, con la preeminente contratación temporal.

Las medidas contenidas en el Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre y que recoge el acuerdo social del 22 de diciembre entre los sindicatos, la patronal y el gobierno, pretenden acabar con un modelo productivo basado en la temporalidad, la precariedad, la desigualdad social y la devaluación salarial.

Sin embargo, esto no parece que vaya a ser así. En cuanto a la temporalidad, aunque se limita la temporalidad eliminando el contrato de obra o servicio, se mantiene el contrato a tiempo parcial, y sobre todo, no se toma ninguna medida para que la inspección de trabajo pueda perseguir y sancionar el fraude laboral de la contratación a tiempo parcial, por lo que seguiremos sufriendo contratos de 20 h, con salarios de 20h, y con prestación real de jornada cercana a la jornada completa.

En cuanto a la precariedad laboral: los nuevos contratos formativos son la panacea para todos aquellos empresarios ávidos de mano de obra barata. Además, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios se seguirá incrementando tanto por la vía de los contratos formativos como por la vía del aumento de la inflación, que parece ser no va a ser tenida en cuenta en las cláusulas de revisión salarial de la mayoría de convenios, sustituyendo la revisión en base al IPC por, en el mejor de los casos, la revisión del “IPC medio”, nuevo concepto para consolidar la pérdida de poder adquisitivo de las rentas del trabajo y de las pensiones.

Ahora nos queda el trámite parlamentario para conocer si el Real Decreto Ley será o no convalidado en el Congreso de los Diputados. Pero, sobre todo, al margen del apoyo de PNV, EHBildu y ERC, a esta reforma laboral, que hasta ahora han manifestado su oposición a la misma, lo realmente importante es seguir luchando para derogar el resto de aspectos que esta reforma deja de lado y que siguen siendo factores fundamentales que nos han llevado a una devaluación salarial sin precedentes, a tener trabajadores en la pobreza y a un crecimiento desmesurado de la desigualdad.

La actual reforma laboral supone un mínimo avance con respecto a la reforma laboral del PP, pues en modo alguno representa la derogación que todos anhelábamos. Una oportunidad perdida, ante la que no podemos bajar la guardia.

Baltasar Santos y María Iglesias

Miembros del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Editorial

Ellos provocan la avería y después se ofrecen para la reparación

Hay que mirar la sociedad actual desde un punto de vista global y no local. Esta es una afirmación de la que muy pocos disienten. Del mismo modo, hay que ver los acontecimientos en su conjunto y no por separado.

El año 2021 ha terminado cargado de decisiones políticas y hechos económicos que están relacionados, sin embargo, se nos presentan como si fuesen independientes unos de otros. La reforma laboral no es un departamento estanco sin conexiones con la reforma de pensiones. De la misma manera que la “Ley Mordaza”, que impuso el Gobierno de Rajoy, no fue una decisión política ajena a la imposición de las reformas regresivas de aquel Gobierno: la laboral de 2012 y la de Pensiones de 2013.

Es cierto que la reforma laboral en curso (pues falta el trámite parlamentario), por sí sola, carece de gran calado, aunque se haya presentado como el descubrimiento de América. Es más lo que no se ha tocado que aquello en lo que se avanza: no se recuperan los 45 días por año trabajado en la indemnización por despido improcedente, ni el tope de 42 mensualidades; no se recuperan los salarios de tramitación; no se recupera la autorización administrativa para llevar a cabo un ERE; ni se derogan las causas del despido colectivo u objetivo, se mantiene por tanto la batería de facilidades que se otorgó a las empresas para despedir con 20 días por año trabajado…

Todos estos mecanismos de abaratamiento, tanto de la indemnización por despido como de los salarios mismos, se conectan con el Sistema público de Pensiones, pues la devaluación salarial que se produjo en nuestro país, tras la entrada en vigor de las reformas laborales de 2010 y 2012, son una de las vías de “agua” que vacían la Caja de la Pensiones. Cuando organismos como el FMI instan a los gobiernos a llevar a cabo reformas y abaratar los despidos, son conscientes de que sus recetas en lo laboral son la base sobre las que argumentar que los sistemas públicos de pensiones son insostenibles; ellos generan la avería y se ofrecen para la reparación.

Otro eslabón que une lo laboral con las pensiones es el contrato de Formación. Las bonificaciones(1) a la contratación en este tipo de contrato son tan jugosas para las empresas como perjudiciales para el sistema público de pensiones: del 100% para las empresas con menos de 250 trabajadores y del 75% para la de más de 250 trabajadores. Además, en la reforma laboral de final de año, la edad de los trabajadores y trabajadoras que pueden ser contratados con esta modalidad se amplía de 25 a 29 años.

Del mismo modo que la reforma laboral se nos ha presentado la reforma de la Ley de la Seguridad Social con mucho foco y como un hecho aislado, se nos ofrece por “temporadas” como las teleseries: se ha cerrado el primer capítulo y estamos a la espera de conocer definitivamente los contenidos del segundo, el temido desenlace. Lo más dañino en la reciente reforma de las pensiones es la aparición del factor de revalorización vinculado al IPC medio; un cambio de método matemático que, con un IPC acumulado del 6,5%, garantiza una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de un 4%.

La inflación ha conseguido que tanto salarios como pensiones se devalúen: la media del incremento salarial, fijada en convenio, para 2021, ha sido del 1,47%. Por tanto, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios es del 5,03%.

A este respecto del poder adquisitivo, y retomando nuestra visión global, podemos afirmar que el objetivo del capital en la crisis de 2008, provocada por ellos mismos, y en la crisis sanitaria producida por el COVID-19 tiene en común la devaluación de los salarios. En 2014, un informe de Caixabank titulaba(2): “Caen las rentas del trabajo y aumenta la desigualdad”. En el texto del informe añadían: “el peso de las rentas del capital exhibe una tendencia claramente al alza”. No tenemos por menos que agradecerles la sinceridad. Seis años después, a principios de 2020 y a las puertas de la pandemia, la sección de Economía de “elDiario.es” publicaba un artículo(3) de Marina Estévez, en el que entre otras cosas decía:

“La última revisión estadística de las series de Contabilidad Nacional por parte del INE, del pasado diciembre (2019), muestra que las rentas del trabajo y la remuneración de los asalariados han caído más de lo que se estimaba entre 1995 y 2018, y se están empezando a recuperar de mínimos históricos (2017). En paralelo, las del capital se han elevado. El motivo no es otro que el crecimiento de las rentas inmobiliarias, que se han cuadruplicado en ese periodo.”

A punto de cerrar la edición de este número 130 de Tribuna Socialista, ha visto la luz el último informe de OXFAM, “Las desigualdades matan”, en el que se actualizan datos que retratan al sistema económico hegemónico: “La riqueza de los 10 hombres más ricos del mundo se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se han deteriorado a causa del COVID-19”.

La pérdida de poder adquisitivo en 2021 sumada a la pérdida salarial de más de un millón de trabajadores y trabajadoras que durante meses han sufrido un ERTE, nos permite afirmar que en el Estado español, en el bienio de pandemia, el peso de las rentas del trabajo ha continuado cayendo frente a las rentas del capital.

Esta visión de conjunto es lo que nos hace pensar que los partidos del Gobierno de coalición y los sindicatos que se sientan en las mesas de “Diálogo Social” están dando la espalda a la realidad que se vive y se percibe en la calle, sean más o menos conscientes de ello. Esta percepción es muy peligrosa, pues la decepción sumada al retroceso en las condiciones reales de vida: aumento de la pobreza, precarización, paro de larga duración cronificado… son el caldo de cultivo para el fortalecimiento del pensamiento de la extrema derecha. No podemos entender que, a estas alturas de la legislatura, no se haya derogado aún la “Ley Mordaza”, íntegramente. Legislación que da pie a las brutales actuaciones policiales vividas en Cádiz; durante y después de la huelga del metal del mes de noviembre.

Desde Tribuna Socialista, llamamos a que:

  • deroguen íntegramente las reformas laborales de 2010 y 2012.
  • el Gobierno encargue ya la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, tal y como se ha comprometido, y reintegre hasta el último céntimo del dinero de las pensiones que nunca debió ser utilizado más que para el pago de las pensiones.
  • en 2022 la media del incremento salarial no baje del 6,5%, con cláusula de revisión respecto al IPC acumulado de diciembre de este año.
  • Se revise la revalorización de las pensiones y se incrementen como mínimo en el 6,5%.

Si las políticas y acuerdos no suponen una solución verdadera a los problemas de la mayoría social, luego no busquen explicaciones pseudo científicas para entender los resultados electorales.

  1. file:///C:/Users/Roberto/Downloads/BR_SS_GUIA_GENERAL_2020.pdf

Ver página 5 de la Guía de bonificaciones.

  1. https://www.caixabankresearch.com/es/economia-y-mercados/mercado-laboral-y-demografia/caen-rentas-del-trabajo-y-aumenta-desigualdad
  2. https://www.eldiario.es/economia/capital-espana-dispararse-ladrillo-calculado_1_1068480.html

Carta a la Embajada de Francia en España


10 de enero de 2022

Señor Embajador:

Al Comité de Redacción de Tribuna Socialista ha llegado la noticia de que la Gendarmería francesa detuvo el pasado 30 de diciembre a Elie Dolmota, quien fue Secretario General de la UGT-Guadalupe.

Elie Dolmota es un respetado sindicalista que participaba pacíficamente en una manifestación, ejerciendo su legítimo derecho de libertad de expresión y movilización.

El compañero Dolmota, está citado a presentarse ante la justicia el día 7 de abril, con cargos por “violencia y rebelión”. Sin embargo, hay imágenes que demuestran que la manifestación transcurría pacíficamente hasta que fue bloqueada por los gendarmes.

Exigimos la eliminación inmediata de todos los procedimientos judiciales en contra de Elie Dolmota.

Redacción de Tribuna Socialista

Mínima vergüenza

El Salario Mínimo Interprofesional, SMI, es el instrumento que tienen los gobiernos para tratar que el mercado del trabajo no esclavice a quienes más necesitados están, y trabajarían por cualquier sueldo.

Muchos, demasiados, piensan que es el mercado quien debe regular los sueldos, que los gobiernos no deben intervenir y que si alguien quiere trabajar por 400 €, pues que lo haga, siguiendo una filosofía neoliberal defendida por la derecha y la ultra derecha.

Esos muchos no tienen ningún problema para llegar a final de mes y eso de la desigualdad y la pobreza, les es totalmente indiferente.

El argumento que ponen es que si sube el Salario Mínimo Interprofesional entonces subirá el paro y eso sería peor para la economía, cosa que obviamente no es cierto.  Saben que no es cierto, que no se ha demostrado, pero siguen diciéndolo y sus medios de comunicación, siguen repitiéndolo.

Me explico. En 2018, en el último año de gobierno del PP, el SMI era de 735 €.  Gobernando el PSOE se ha ido incrementado hasta los 965 € de 2021, es decir se ha producido un aumento de un 31 %. En cuanto al empleo, en septiembre de 2018, había 18,8 millones de españolas/es dados de alta en la Seguridad Social, mientras que en septiembre de 2021 superaban los 19,5 millones, es decir un incremento del 6,5%. Se demuestra, en un párrafo, las mentiras de los postulados neoliberales.

Lo que sí es cierto, es que con esa subida los beneficios de las grandes multinacionales, que contratan a miles de empleados/as, se reducen en algunos millones. Es decir, que en vez de ganar unos 620 millones de euros al año, ganarían “solo” unos 610 millones.

Imagino a ese grupo de señores (sí, imagino que serían todos señores) almorzando en el restaurante con estrellas michelín de moda de Madrid, hablando entre ellos de que no se puede subir el Salario Mínimo porque reducirían sus beneficios empresariales, mientras se gastan en ese almuerzo lo que gana un trabajador/a en un mes.

Imagino a la dirección del PP reunida, llegando a la conclusión que le interesa más apoyar la postura de los empresarios/as, que en la de los trabajadores/as, diciendo posteriormente el Sr. Casado barbaridades como que él estaba en contra de cualquier aumento y que, incluso, reduciría el SMI a 850 €.

Imagino a la dirección de los medios de comunicación de las derechas y ultra derechas españolas, después de escuchar a la CEOE y al PP, dando las instrucciones a sus periodistas para que escriban titulares en contra del aumento del SMI y que se busquen para ello los argumentos que quieran.

Pero digan lo que digan, es totalmente cierto que se puede incrementar el Salario Mínimo y generar empleo. Y también es totalmente cierto que la subida del SMI reduce la desigualdad y los índices de pobreza, no encuentro mejor argumento para apoyar ese incremento.

Y también es cierto que hay demasiada gente con una mínima vergüenza, a la que le desearía que su familia viviera durante un tiempo con 965 € al mes … a ver si llega a la mitad de la primera semana.

Rafael Fuentes

Militante socialista de Málaga

Pero qué miserables son, Almudena

Por Martín Lozano

A mí no me gusta Almudena Grandes. No me gusta en muchos aspectos y no solo como escritora. No me gusta porque creo que ha sido muy sesgada, en favor de las tesis históricas que explican la guerra civil desde el punto de vista historiográfico del Partido Comunista. No me gusta cuando con esa voz que la naturaleza y la vida le dieron imponía su arrolladora personalidad. No me gusta cuando se declaraba, de manera implícita, la heredera de Galdós, de Don Benito Pérez Galdós y no me gustaba porque yo lo entendía como arrogancia.

Permitidme, antes de que dejéis de leer estas líneas, que os diga que de todo lo anteriormente expuesto debéis descontar un porcentaje, elegid el que gustéis, de envidia. Envidia de la mala, no creo que exista eso que se llama envidia sana. Envidia del escritor al que le gustaría conseguir el éxito, pero no solo por su número escandaloso de ventas, sino que le acompañase el triunfo del seguimiento masivo de lectores, la invitación a toda clase de eventos, el orgullo de ver sus obras llevadas al cine, la posible inmortalidad, aunque sea temporal, de sus escritos.

Pero una vez dicho que Almudena Grandes no me gusta, no creáis que es una boutade de vieux terrible y cobarde que aprovecha su muerte para epatar y llamar la atención que no gana con sus escritos, lo he puesto negro sobre blanco con ella viva, con menos repercusión aún que mis novelas. Pero sé también que la mía es una opinión, seguro que hay más, aunque frente a la mía conozco infinidad de opiniones que piensan que es una gran escritora, que sus ‘Episodios de una guerra interminable’ son excepcionales.

¿Mi opinión me nubla el sentido, me cierra los oídos y los ojos? ¡No! ¿Me lleva a no reconocer el mérito y el valor de Almudena? ¡No! ¿A no verla como una compañera, luchadora de la clase obrera y de los oprimidos? ¡¡NO!! Tal vez su arrogancia no fuera más que una forma exacerbada de esa mítica chulería que dicen nos acompaña a los madrileños de los barrios populares. Puede que su sectarismo viniera de su hartazgo de ver a las clases privilegiadas someter históricamente a su capricho a los pobres del mundo, incapaces de unirse en la lucha final. Por eso creo que, aunque no me guste, Almudena Grandes se merece que una biblioteca lleve su nombre; que como madrileña insigne su nombre encabece, en el acostumbrado rectángulo metálico, una de las calles de su querida y peleada ciudad; que se la designe hija predilecta de nuestra villa, Madrid. La palabra que tantas veces pronunció y tecleó en su ordenador para su mayor gloria y honor.

Yo seguiré opinando lo mismo de ella y sus novelas, pero también seguiré pensando que siendo el responsable político de la ciudad, elegido por una decisión estratégica oportunista de partidos, cuando ni siquiera has sido el más votado, tienes la obligación, no solo moral, de ir y representar al Ayuntamiento de Madrid en el entierro de un personaje de la notoriedad e importancia de Almudena Grandes. Aunque no te guste Almudena, aunque detestes su ideología y lo que representa, pese a que aborrezcas el lugar en el que se están celebrando las exequias por sus reminiscencias políticas, aún imaginando (como posiblemente piensa él que harían sus huestes a sus rivales de izquierdas en un caso similar) de que vas a estar rodeado de chusma hostil y de que vas a recibir una pitada infernal o un silencio sepulcral, tienes que ir. Pero eso sería pedir mucho a un miserable, que con la más estúpida de sus sonrisas y los argumentos ejemplarizantes del cinismo más recalcitrante sería capaz de justificar, (aprovecho las entrañables fiestas navideñas para la analogía literaria), las matanzas de Herodes.

Y no digamos nada de la otra autoridad obligada a asistir, nuestra ínclita presidenta, elegida libremente, como la monarquía, por todos los españoles. Presidenta que no es tan estúpida como parece y como creemos, pero si es mucho más miserable. Con esa expresión de sus ojos de gacela a punto de ser devorada por los peligrosos social-comunistas de los que el maléfico cementerio civil madrileño estuvo lleno, miles de rojos armados con un libro (no necesariamente rojo) en las manos, pisando su suelo, pero también llenando sus tumbas, que dicho sea de paso es el mejor sitio donde pueden estar y el único en que casi resultan inofensivos, ella no pudo acudir, seguro que estaba inaugurando algún Belén para celebrar la venida al mundo del Niño Dios y no podía acompañar a su salida a alguien como Almudena, que como muchos de sus nuevos vecinos seguirá siendo recordada hasta mucho después de que esos dos seres ruines desaparezcan de nuestra memoria. Nunca te perdonarán que seas Uno de los nuestros.

Gracias Maestra. Salud Compañeros.

Epílogo: Una vez cerrado y difundido el número 128 de Tribuna Socialista, correspondiente al mes de noviembre, nos llegó la noticia de la muerte de Almudena Grandes por lo que no pudimos hacernos eco de ella, con esta columna intentamos paliar ese hecho, sumando estas líneas a su homenaje.

Origen, transformaciones y actualidad

A lo largo de la historia, uno de los problemas que ha sufrido la clase trabajadora, desde que el trabajo empezó a ser reconocido y remunerado, ha sido la cantidad económica que se considerase suficiente para compensar su esfuerzo y el beneficio que produjese su productividad. La cantidad que se daba en dinero o especie era únicamente la que permitiese cubrir sus necesidades básicas de subsistencia, y que del mismo modo no generase un peligro o amenaza para los burgueses propietarios de los medios de producción, y a las estructuras del Estado puesto en función de sus intereses económicos y sociales. En este recorrido histórico podemos recordar la ”Ley de bronce del salario” del siglo XVIII, expresada en la obra de David Ricardo, entre otros, lo que se podía considerar el sistema económico de un nuevo modelo liberal.

En la actualidad, los bajos salarios siguen siendo un problema social, político y económico. Los bajos salarios y el paro, dos variables de peso, que afectan a la sociedad actual y son la razón del crecimiento de la pobreza; tanto relativa como extrema, y exclusión social. Una pobreza que con el paso de los siglos ha cambiado sus formas. En las sociedades antiguas se revelaba como una situación de penuria extrema; en las sociedades modernas era considerada la sombra de la riqueza; y en la actualidad se considera como lo negativo al desarrollo. Del mismo modo que el concepto de pobreza se transforma con el paso de los siglos, las ayudas también han ido cambiando, desde las ayudas para alcanzar la mera supervivencia de las sociedades antiguas que ofrecía el orden económico establecido, a otras más actuales como el ingreso Mínimo Vital. Otras medidas de gobierno, como el incremento del salario mínimo interprofesional, ayudan a mejorar la situación económica de los más desfavorecidos, actualizando un salario que se entiende como “suficiente”, mínimo para cubrir las necesidades que una persona necesita dentro de los estándares de la vida actual. Estos cambios y medidas para paliar la pobreza son más bien parches para evitar un estallido social que rompa los diques de una democracia que, en realidad, está basada en la desigualdad de clases, con profundas brechas sociales.

Las diferentes crisis económicas, reformas laborales, la Covid-19 y el aumento escandaloso del coste del consumo eléctrico y energético, han sido un nuevo lastre para la mayoría social, la clase trabajadora, que ha sufrido las consecuencias una vez más ,de tal manera que el riesgo de pobreza ha aumentado notablemente, afectando a capas de la población que aún no estaban en esta situación, dejando en evidencia la legislación laboral que no es capaz de afrontar las problemáticas de los nuevos tiempos.

Una de las consecuencias que ha tenido de la desproporcionada subida de precio en el consumo de energía eléctrica ha hecho crecer el IPC, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores, teniendo en cuenta que los salarios se mantienen o las subidas son muy inferiores, una media del 1,5% frente al 5,5% del actual IPC (al cierre de noviembre). Una de las razones más evidentes de la devaluación salarial, es sin duda, la pérdida de una herramienta fundamental para los intereses de la clase trabajadora, como es la negociación colectiva. No hace falta decir que, tan importante herramienta, se ha perdido a causa de una reforma laboral que lo impide, dando prioridad a los convenios de empresa, dejando en segundo plano los convenios sectoriales, lo que supone una indefensión en muchos de los casos para los trabajadores, ya que en muchos sectores donde la fuerza sindical no está presente o la afiliación es baja, la capacidad de negociación es mínima, lo que condiciona los resultados de los posibles acuerdos, beneficiando a las grandes empresas y haciendo pagar a los trabajadores, una vez más, las consecuencias de la inflación. Esperemos recuperar pronto esta herramienta.

Mientras tanto, la clase trabajadora espera con incertidumbre el resultado de la negociación para la modificación de la reforma laboral, que permita recuperar esa capacidad de diálogo para los sindicatos, arma básica en tiempos de democracia en un Estado social y de derecho.

El resultado de la negociación sobre la reforma de la reforma laboral va a ser fundamental para el futuro de la clase trabajadora, una clase trabajadora que se divide entre los que esperan que sea un éxito, recuperando derechos que no debieron de perderse en ningún momento y otros que esperan resignados, acostumbrados en los últimos tiempos, a ver como sus condiciones laborales se deterioran. Esa división es el fracaso mismo de la sociedad, la espera.

No nos engañemos, no será un éxito, y tampoco motivo de resignación, lo que si será es la hoja de ruta de las futuras reivindicaciones, motivos fundados en la razón para movilizarse y continuar la lucha, recuperar la conciencia de clases, recuperemos valores.

Juan Fernando Díaz-Mayordomo Martínez

Sindicalista de UGT en Madrid