Categoría: sindical

En solidaridad con los metalúrgicos de Cádiz

Al Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), apoya y anima a participar en la Concentración que, convocada por distintas organizaciones, tendrá lugar el viernes día 26, a las 19:00 en la Puerta del Sol (Madrid).
La lucha de los trabajadores y trabajadoras del metal, y de la mayoría social gaditana, trasciende la reivindicación del Coordinadora Estatal del CATP Convenio Colectivo provincial. Es la lucha por la defensa 24 de noviembre de 2021 de los puertos de trabajo, contra el desmantelamiento y la
deslocalización permanente que viene sufriendo la industria en nuestro país, con el único fin de las multinacionales de migrar a países en los que pueden imponer salarios de miseria, abusando de la ausencia de convenios colectivos,
e incluso imponiendo a otros gobiernos la no aplicación de la normativa laboral existente.
En España, el peso del sector industrial ha caído paulatinamente hasta situarse en 2019 en un 14,64% del PIB, frente al 18,7% que suponía en el año 2000. El problema que afrontan con digno arrojo los trabajadores y trabajadoras
del metal en Cádiz, junto a sus familias y vecinos, es el problema de los trabajadores y trabajadoras de la comarca de A Mariña (Lugo), que también están en movilización contra la destrucción de empleo que les amenaza en las fábricas de Vestas y Alcoa. Como lo es también la situación que se sufre en Barcelona: en SEAT con un ERTE “interminable”; o en Nissan contra el cierre de la fábrica. Y así podríamos citar distintos puntos de conflicto, incompren-
siblemente inconexos, aunque a pesar de sus diferentes formas o ritmos el origen está en la voracidad del capital.

En solidaridad con la lucha de los compañeros y compañeras del metal en Cádiz y con todas las luchas obreras, los compañeros y compañeras del CATP en Madrid, nos veremos a las 18:45 en la esquina del edificio Apple, Puerta del Sol esquina a Carrera de San Jerónimo.

Rechazamos la prohibición de Concentración solidaria,
por parte de Delegación del Gobierno en Madrid

Entrevista a Sergio Barbero

Delegado sindical UGT Productos Tubulares

Tribuna Socialista entrevista a Sergio Barbero, delegado de UGT en Productos Tubulares, empresa a la que dado los últimos 20 años de su vida. Con la reciente fusión con el grupo de empresas Tubos Reunidos, llevan al cierre de la aceria de Sestao en la que trabaja Sergio y el traslado de la plantilla a la factoría de Amurrio.

Pregunta.- ¿Nos podéis dar una visión global de la evolución de la empresa y como y porque se llega a la situación actual?

Respuesta.- El principio del problema viene de hace años. Después de dar unos beneficios enormes se hacen una serie de movimientos, como el intento de fusión de Tubos Reunidos con CODESA en 2007-2008, operación para la cual se pidió un crédito de casi 200 millones de euros, operación que al final no se llevó a cabo, pero el crédito no se devolvió. En años sucesivos se repartieron dividendos, dejando a la empresa descapitalizada, y endeudada. Eso, sumado a unos años malos en los que una crisis tras otra ha hecho reducir carga de trabajo y margen de beneficios… Ha terminado en una refinanciación de deuda de 350 millones, y ahora sumamos el rescate de la SEPI, que no deja de ser otro crédito de 112 millones más…

P.- ¿Cuántos trabajadores/as formáis la plantilla del grupo o por empresa? y ¿cómo afectan estos movimientos de la empresa a las condiciones de vida y trabajo de la plantilla?

R.- La plantilla aproximada es de 800 trabajadores en TUBOS REUNIDOS INDUSTRIAL (Amurrio), 400 en PRODUCTOS TUBULARES(Trápaga), de ellos unos 70 en la acería de Sestao y unos 40 en ACECSA (Navarra).Los afectados serían los 70 de la acería de Sestao, aunque aún no hay nada negociado ni sabemos en qué condiciones se van. Y los 40 de Navarra, a los que por distancia se les complicará aún más el traslado, y no sabemos qué pasará con ellos.

P.- En Septiembre ya se hablaba del traslado de la planta de Trápaga a Amurrio. El 28 de octubre iniciáis nuevas movilizaciones contra ese traslado. ¿Cuál es la situación actual, realmente no habrá ERE como prometía la empresa al anuncio de este traslado?

R.- El ERE se supone descartado, según nos dicen, en el acuerdo con la SEPI (no nos han enseñado el acuerdo) no se contemplan despidos traumáticos.

Eso sí, ya han despedido con indemnización a casi 60 trabajadores de 61 años o más: 18 de Trápaga, y los demás en el resto del grupo.

P.- Desde el sindicato, ¿en qué modo pensáis que la fusión de todas las sociedades: Tubos Reunidos en Amurrio, Productos Tubulares en Trápaga y Aceros Calibrados en Iruña, va a suponer un beneficio para los trabajadores más cuando está pendiente el cierre de la planta de Trápaga?

R.- Qué vemos desde la sección sindical de UGT en la planta de productos Tubulares. Pues que para los trabajadores todo son inconvenientes e incertidumbres: viajes, no saber a qué puesto van, no les aseguran que los que vayan a Amurrio sigan trabajando en la acería, hablan de distribuirles por otros puestos de la planta, lo que supone que los que ahora tienen contrato eventual en Amurrio ven peligrar su futuro en la empresa…pero claro, eso no son “despidos traumáticos”.

Desde Productos Tubulares, nos da miedo el futuro de nuestra planta, al dejar de ser una empresa independiente, pasamos a depender aún más, si cabe, del futuro del grupo y del futuro de la planta de Amurrio; nuestra planta no depende tanto como la de Amurrio del mercado del petróleo y de Estados Unidos. Con nuestra acería propia, podríamos salir airosos por nuestra cuenta. Y que decir de los navarros que incluso en los peores años han dado beneficios. Con la unificación de las empresas y las acerías, si cae Amurrio, caemos Todos.

P.- La incorporación de María Sicilia, directora de estrategia de Enagás, al consejo de administración del Grupo Tubos Reunidos ¿supone tranquilidad para la plantilla por los futuros contratos que puedan llegar o solo es maquillaje por parte de la empresa para justificar el rescate que está en el aire?

R.- Comentario de la plantilla… “¿Nos están regateando los IPC con el salario congelado desde el 2017, y contratan 2 consejeras nuevas?”

P.- A modo de conclusión ¿podéis decirnos qué es lo que más preocupa y qué queréis lograr con las movilizaciones y futuras negociaciones?

R.- Lo que más nos preocupa es la incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores, y de la planta. Queremos que nos aseguren la continuidad de la planta de Trápaga, el mantenimiento de la plantilla con unas condiciones dignas, que no sean como siempre los trabajadores los que paguen por la avaricia de los accionistas…

Comite redaccion Tribuna Socialista

Nota Informativa CILE

Llega al Comité de Redacción de Tribuna Socialista la nota informativa del CILE de la cual pasamos un resumen.

El pasado día 2 de octubre, militantes, responsables de organizaciones obreras, pequeños agricultores y anti-imperialistas de 19 países y de la diáspora se reunieron en videoconferencia sobre el tema «En el combate por la soberanía, por la emancipación nacional y social, se levanta un viento nuevo sobre el continente africano».

Los 19 países de los que hubo representación fueron: Azania (Sudáfrica), Benín, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Mauritania, Níger, Nigeria, Uganda, RD del Congo, República de Guinea, Mauricio, Reunión, Ruanda, Senegal, Somalia, Togo, Yibuti. Algunos militantes de estos y de otros países no pudieron sumarse a la reunión por diversas razones técnicas. 22 compañeros tomaron la palabra durante la reunión, y se recibieron contribuciones escritas.

La reunión transcurrió en un ambiente de fraternidad y camaradería en el que la libre discusión e intercambio de experiencias fue rico. Los debates se desarrollaron sobre la situación del continente, resaltando, como declaró uno de los participantes «lo que tienen en común a los distintos países, es decir, el necesario combate contra la dominación imperialista y los gobiernos a sueldo de esta y por la soberanía».

Un lugar centra al ocupó el acta de acusación contra el imperialismo y los gobiernos a sueldo del mismo. Los participantes abordaron todos los aspectos de la situación en el continente: – la pandemia de COVID19 y su gestión por los gobiernos con desastrosas consecuencias: hambre para gran parte de la población e inmensas discriminaciones en la vacunación. La pandemia se ha convertido en el pretexto para cuestionar todas las conquistas de los trabajadores y las libertades democráticas; – El saqueo de las riquezas por las potencias imperialistas valiéndose de sus aliados locales, gobiernos corruptos y partidarios de una alternancia reducida a un simple cambio de personal para aplicar la misma política entre otros puntos.

La discusión también abordó el papel necesario de las organizaciones sindicales para preservar las conquistas de los trabajadores y sus familias: «todo lo que hemos conquistado ha sido mediante la lucha» subrayó un participante. Se denunció la trampa de las treguas sociales y otras presiones a favor de las supuestas «nuevas formas de lucha» que pretenden que los sindicatos renuncien a sus reivindicaciones y a sus medios de acción, en particular la huelga.

África, más allá de la división del continente, de las fronteras artificiales y las diferencias de lenguas impuestas por la colonización. Como dijo un participante, «Hoy la tarea principal para nosotros es organizarnos a escala local, regional e internacional. Tal es el sentido de nuestro encuentro hoy». Seguir trabajando juntos y dotarnos de un marco en el que podamos apoyarnos es una demanda unánime. Se propuso el establecimiento de un polo en el continente africano a fin de «trabajar, intercambiar, comunicar, compartir nuestras experiencias y sobre todo nuestras acciones», desarrollar la solidaridad internacional: un «CILE África», inscrito en el marco del CILE (Comité Internacional de Enlace e Intercambio), presente en todos los continentes y ampliando sus actividades.

Resumen del informe enviado por el CILE

José A. Iniesta

Revertir le reforma de 2012 y modernizar el mercado laboral

Por Toni Ferrer (12 Noviembre 2021)

Desde el pasado mes de marzo el Gobierno de Coalición PSOE-UP, las organizaciones sindicales (CCOO y UGT) y las organizaciones empresariales (CEOE y CEPYME) vienen negociando en la Mesa de Diálogo Social para Modernizar el Mercado Laboral. Con esta mesa el ejecutivo y los interlocutores sociales recuperaron las negociaciones sobre la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012 y para afrontar los retos del empleo y de las relaciones laborales, que se interrumpieron al inicio de la pandemia. A partir de marzo de 2020 el diálogo social se centró, casi en exclusiva, en la lucha contra la COVID-19 y sus consecuencias económicas y sociales, a través de los Acuerdos en Defensa del Empleo y otras medidas, para proteger el tejido productivo (empresas y autónomos), las rentas familiares y establecer unas condiciones especiales para los expedientes de regulación temporal de empleo o de reducción de jornada (ERTE) para mantener el empleo. También se ha pactado la regulación del teletrabajo y de la actividad de los raiders.

España tiene una larga historia de diálogo y concertación social en materia de grandes reformas laborales. El Estatuto de los Trabajadores constituye el fundamento y pilar básico que regula el sistema de relaciones laborales, desde su promulgación en 1980 ha sufrido numerosas reformas en distintos periodos y por gobiernos de diferente signo, unas veces pactadas en el diálogo social tripartito y otras aprobadas por una decisión unilateral del ejecutivo, mediante reformas aprobadas en el parlamento por consenso con otras fuerzas políticas o   por la imposición de una mayoría absoluta.  Las grandes reformas del mercado de trabajo, realizadas con o sin acuerdo, son concretamente las de los años 1984, 1994, 1997, 2001, 2006, 2010 y 2012.

De estas experiencias   reformadoras se debería tener en cuenta que cuando las reformas no han sido aprobadas con la participación del dialogo social han producido rechazo y desafección, expresados en la mayoría de ocasiones por las movilizaciones sociales y las huelgas generales contra las normas impuestas.  Una legislación negociada es una legislación que genera la adecuada    confianza y seguridad en nuestro sistema de relaciones laborales y es una garantía de estabilidad para las normas aprobadas. Para ello es fundamental respetar el diálogo social con las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales y priorizar al máximo el consenso político con los grupos parlamentarios ante una nueva reforma.

La última de las anteriores reformas fue aprobada de forma unilateral por el Gobierno del PP, sin diálogo ni consenso con los interlocutores sociales y las otras fuerzas políticas, en un contexto de auge de las   políticas neoliberales impuestas por la Unión Europea (UE) a los países más golpeados por la crisis financiera de 2008. Con medidas de austeridad y recortes del gasto público junto con las contrarreformas laborales y de pensiones para producir una devaluación interna, reducir las inversiones en   protección social y   servicios públicos. El objetivo real de la reforma laboral de 2012 era la devaluación salarial para potenciar la competitividad de la economía vía precios y no en base a la mejora de la productividad, como resultado de la inversión en tecnología e innovación, educación y formación. 

Aquella reforma laboral representa un modelo laboral obsoleto, desequilibrado e ineficiente, que vulneró el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014 firmado por las organizaciones empresariales y sindicales. Nunca se alcanzó los objetivos que proclamaba de reducir la dualidad y la segmentación de nuestro mercado de trabajo. Las principales medidas injustas y lesivas del Real decreto-Ley 3/2012 y sus desarrollos fueron la siguientes:

  • Abaratar y facilitar los despidos individuales y colectivos, precarizar el empleo con el contrato para emprendedores con un periodo de prueba de un año (despido libre y gratuito).
  • Desregular, a favor de los empresarios, el sistema de negociación colectiva: prevalencia del ámbito empresa sobre los convenios sectoriales, que dan cobertura a la mayoría de las empresas y trabajadores, y suprimir la ultraactividad de los convenios colectivos.
  • Facilitar las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo y las inaplicaciones de los convenios colectivos: salarios, jornada, condiciones de trabajo, etc.
  • Recortes y privatización de las políticas activas de empleo y de la protección por desempleo y expulsión de los sindicatos y las patronales del sistema de formación para el empleo.

Estas agresiones, de los gobiernos del PP, a los derechos de los trabajadores y las políticas socialmente regresivas fueron acompañadas por una ofensiva autoritaria y antidemocrática, con el fin de impedir la acción colectiva y la capacidad de respuesta de los trabajadores y la ciudadanía. Con normas como la Ley “mordaza” (actualmente en trámite parlamentario para su modificación), el endurecimiento del Código Penal (con el ya derogado artículo 315.3 que criminalizaba el ejercicio del derecho de huelga) y una agresiva campaña dirigida a debilitar al movimiento sindical de clase. 

Nuestro mercado de trabajo arrastra desequilibrios que provocan las desigualdades y la pobreza laboral existentes, agudizadas por las consecuencias económicas de la crisis sanitaria del coronavirus. Entre los problemas más graves están: la baja tasa de ocupación, el elevado desempleo, la temporalidad injustificada, desigualdad en la distribución de la riqueza, los bajos salarios, el abuso de los despidos, la brecha de género y las tasas insoportables de desempleo y precariedad que sufren los jóvenes. Con la recuperación económica, iniciada 2014, se puso de manifiesto que en España se había impuesto un nuevo modelo económico y social: por primera vez el crecimiento económico y la renta de la mayoría de los ciudadanos se han desacoplado y no progresan juntos. 

El PP sigue instalado en una defensa numantina de su reforma laboral, de forma torticera le atribuye unos resultados que están fuera de toda evidencia. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI)  las medidas entonces adoptadas contribuyeron a la creación de empleo,  impulsada por la recuperación económica a nivel internacional, pero aumentaron la precariedad y pobreza laboral,   tal como afirmaba en su informe de febrero de 2020, donde se recogen, entre otras,  las siguientes observaciones:  «han inducido a un deterioro de la media de horas trabajadas, la pobreza laboral y posiblemente también el trabajo a tiempo parcial de manera involuntaria “. 

A partir de junio de 2018, con la llegada del PSOE al gobierno, se abrió una nueva etapa orientada a la recuperación de los derechos de las personas trabajadoras – con medidas como la derogación del contrato de emprendedores sin indemnización o la recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años-, la mejora en las condiciones de vida y trabajo (como la dignificación del SMI) y la lucha por la erradicación de las desigualdades y la pobreza laboral. El PSOE adoptó en el Programa Electoral de 2019 el compromiso de derogar las medidas lesivas de la reforma laboral de 2012 y elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI mediante el diálogo social, estas propuestas se incorporaron en el Acuerdo del Gobierno de Coalición PSOE y UP.

En dicho Acuerdo se planteaba con carácter urgente derogar el despido objetivo por absentismo por bajas de enfermedad, medida que ya fue aprobada por el Gobierno en febrero de 2020. Junto con desmontar la reforma de 2012 mediante, entre otras, las siguientes materias: reforzar el principio de causalidad en la contratación temporal e impulsar la contratación indefinida, la recuperación de la ultraactividad y suprimir la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales, restableciendo la capacidad de la autonomía colectiva para ordenar la estructura negocial. También se preveían otras  medidas: la mejora de la regulación de  la  subcontratación, revisar el procedimiento de las inaplicaciones, reformular los   contratos formativos y la regulación de un  Estatuto del Becario, proteger los derechos laborales en los procedimientos para modificar las condiciones de trabajo, actualizar la legislación de prevención riesgos laborales,  corregir la normativa sobre trabajo a tiempo parcial, establecer medidas para impedir los  falsos autónomos y revisar la regulación del despido.

Actualmente estas materias están siendo debatidas en la Mesa de Diálogo Social para Modernizar el Mercado Laboral, que debe culminar sus trabajos antes de final de año. De acuerdo con el compromiso contraído por el Gobierno con la UE de aprobar una nueva reforma laboral dentro del Plan de Recuperación, que se vincula a los fondos europeos para la reconstrucción económica y social. Concretamente en su componente número 23 se integran las reformas para “Un Mercado Laboral Dinámico, Resiliente e Inclusivo”,  tienen unas previsiones de inversión de 2.400 millones de euros para el periodo 2021-2023 y comprenden un conjunto de 17 reformas orientadas a reducir el desempleo estructural, el paro juvenil, reducir la temporalidad, potenciar la formación profesional, modernizar la negociación colectiva, establecer un mecanismo de flexibilidad permanente (ERTE con bonificaciones para las empresas), reformular las políticas activas de empleo y reforzar los servicios públicos de empleo.

La nueva reforma laboral acompañada de   las otras reformas e inversiones previstas en Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, unas 170 reformas, pueden contribuir a   modernizar nuestro aparato productivo. Mediante el desarrollo de proyectos en los sectores tractores y actividades de futuro, ante   la creciente digitalización y descarbonización de la economía, y con el impulso a la innovación, ciencia, educación y formación profesional que deberían potenciar un nuevo modelo productivo, más justo, sostenible y duradero. Para ello se requiere un nuevo modelo laboral equilibrado y participativo, que se asiente en la mejora de la productividad, salarios dignos y   empleo estable y con derechos.

Editorial

REFORMA LABORAL & PENSIONES DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA

Casi diez años después de la brutal reforma laboral de 2012, seguimos escribiendo sobre la necesidad de derogar las reformas laborales y nos vemos enfrascados en la defensa del Sistema Público de Pensiones, dos temas de especial relevancia para la clase trabajadora.

La mayoría social, cada día más desprotegida, sufrirá cuando menos una nueva frustración tras la negativa del gobierno de coalición (PSOE-UP), de no llevar a término sus propuestas electorales y su pacto de gobierno.

La derogación de la reforma laboral comenzó siendo un compromiso, después se transformó en ese eufemismo denominado “los aspectos más lesivos” en referencia a: subcontratación, ultraactividad, prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio del sector. Aspectos algunos ya superados por vía de la negociación colectiva y/o judicial. Veremos qué sale de la mesa de negociación.

La reforma laboral del 2010, que abrió puertas y ventanas a la reforma del 2012, estableció:

  • supresión de la autorización laboral administrativa en caso de despidos colectivos;
  • reducción de la indemnización del despido improcedente, pasando de 45 días con un máximo de 42 mensualidades a 33 días con un máximo de 24 mensualidades,
  • potenciar los despidos por causas objetivas: económicas, técnicas, organizativas o de producción con una indemnización de 20 días de salario;
  • avalar despidos por causas económicas no sólo pérdidas (actuales o previstas) y la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas en tres trimestres de bajada de facturación;
  • supresión de los salarios de tramitación,

En definitiva, bajo el término flexiseguridad, se les dio toda la flexibilidad a las empresas y se les quitó toda la seguridad a los trabajadores, desequilibrando las relaciones laborales. Por tanto, cabe una pregunta ¿estos aspectos no son lesivos?

Leamos el siguiente párrafo del documento “Los daños de la reforma laboral de 2012 Datos de su impacto negativo sobre el empleo y los salarios”, publicado por el Servicio de estudios de la Confederación de UGT, el 15 de octubre de 2019:

“No es casualidad que tras 2008 y 2009, los años iniciales de la Gran Recesión y los de su mayor impacto, 2012 fue el ejercicio con mayor número de despidos de contratos indefinidos de la historia, 777.000. Y eso se tradujo en la segunda mayor pérdida total de empleo de la historia, 788.700 ocupados, solo por detrás de la sufrida en 2009 (1.362.800 ocupados menos). Y en 2013 se perdieron otros 493.700 empleos”

Hay que añadir a los datos que esgrime UGT que, al cierre del primer trimestre de 2013, un año después de la entrada en vigor de la reforma que el Sr. De Guindos decía que era “muy agresiva”, la tasa de desempleo se instaló en el 26,94%, lo que supuso que 6,2 millones de trabajadores y trabajadoras no tuviesen empleo. Se destruyó empleo en cantidades nunca vistas, para transformar más de 3 millones de puestos de trabajo con derecho en precariado.

Por parte de CCOO, en el documento de su Comisión Ejecutiva Confederal, bajo el título “Efectos de la Reforma Laboral de 2012”, fechado en septiembre de 2013, entre otras cuestiones manifiesta:

“Esto ha supuesto una gran transformación del modelo de despido colectivo, tanto en lo referente al procedimiento, con la sustitución de la autorización administrativa por la decisión unilateral de la empresa, como en la reducción de la entidad de las causas económicas, técnicas, organizativas y productivas han de concurrir para que el despido colectivo pueda considerarse justificado, todo en relación con el objetivo asumido de facilitar a las empresas la realización de los despidos colectivos.”

Las direcciones de las organizaciones sindicales no pueden, ni deben, dejar de lado las lesiones que las reformas producen a los intereses de los trabajadores, lesiones que sus gabinetes de estudios reconocen, permitiendo la consolidación de los aspectos tan regresivos de las reformas laborales.

Otra de las grandes condiciones impuestas por la Comisión Europea es la reforma de las pensiones; según hemos conocido, cuando se ha hecho público el documento acordado por el Gobierno y Bruselas con relación a los compromisos acordados sobre los fondos europeos. Es en este momento cuando nos damos cuenta del alcance de las distintas declaraciones efectuadas por el ministro Escrivá.

El acuerdo con los agentes sociales, establece la revalorización de las pensiones con la inflación media del año anterior y la separación de fuentes respecto de aquellas prestaciones y medidas cuya financiación no habían sido asumidas todavía por el Estado las cuales han generado la deuda de manera consciente y fraudulenta a las cuentas del sistema público de pensiones.

No podemos obviar que la nueva regulación de la jubilación anticipada (tanto voluntaria como involuntaria y por razón de la actividad), la jubilación demorada, la jubilación activa y la jubilación forzosa, van a sufrir una reducción de las condiciones, frente a las actuales. Además, los coeficientes reductores relacionados con el adelanto de la edad de jubilación se aplicarán sobre la cuantía de la pensión y no sobre la base reguladora de la misma, como hasta ahora.

La sustitución del Factor de Sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, un nuevo eufemismo, busca incrementar el Fondo de Reserva en 50.000 millones de euros en 10 años, por la vía de subir un 0,5% las cotizaciones de las empresas y un 0,1% las de los trabajadores.

Para valorar el acuerdo firmado, tenemos que recordar que, desde 1982, las cotizaciones de las empresas han sido rebajadas en un 3,68%, al pasar del 27,28% que cotizaba la empresa al 23,60 que cotizan hoy. Por tanto, el incremento de un 0,5% sigue dejando la reducción que las empresas han obtenido en un 3,18%.

Según estableció CCOO, cada 2% menos de cotización significan 7.000 millones menos de ingreso a la Seguridad Social. Por tanto, el 3,18% suponen 11.130 millones de euros cada año de menos ingreso para la Seguridad Social. Si el ministro Escrivá, y el Gobierno, exigiesen a los empresarios el esfuerzo de cotizar lo que cotizaban en 1982, la recaudación en diez años se elevaría a 111.300 millones de euros, más del doble que con la medida acordada con UGT y CCOO.

Otras magnitudes que dejan en una cantidad menor los objetivos del acuerdo es la deuda que el Estado tiene con la Seguridad Social, por las cuantías pagadas con los fondos de las pensiones de manera indebida. El Tesoro Público lo tasa en 103.000 millones de euros (tomando el periodo 1989-2013 y sin actualizar el valor del dinero). La Federación de Jubilados y Pensionistas de CCOO llegaba a estimar esa deuda en 500.000 millones de euros. Es muy importante que el Gobierno haya aceptado encargar una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, tal y como reivindicamos miles de trabajadores, pensionista, jóvenes… los pasados día 16 de octubre y el 13 de noviembre en las calles, para reponer las cantidades que correspondía pagar al Estado, dando así sostenibilidad a un sistema que no es deficitario, a condición de que dejen de sangrarlo.

La recuperación de los derechos perdidos por la clase trabajadora ha de pasar por la movilización de las trabajadoras y trabajadoras, pensionistas, desempleados, jóvenes…. Las direcciones de las organizaciones sindicales de clase deberán decidir si continúan siendo parte de las decisiones de recorte de las Pensiones, haciéndolas más vulnerables a la deseada privatización que ansían la banca, las aseguradoras y los fondos buitre, o se ponen a la cabeza de la defensa del Sistema Público de Pensiones y de una verdadera derogación de las reformas laborales.

Solidaridad con los metalúrgicos de Cádiz

El pasado 19 de noviembre Tribuna Socialista remitió un mensaje de solidaridad a los compañeros y compañeras del sector metalúrgico que han defendido hasta el final sus derechos. La lucha de los metalúrgicos de Cádiz es la lucha de todos los sectores de nuestro país.

Defender la industria es defender los puestos de trabajo.

En Cadiz los trabajadores del metal defienden su convenio con una huelga general indefinida, en Galicia la comarca de A Mariñas convoca una jornada de huelga con un seguimiento masivo ante la destrucción de la industria dejando a centenares de familias sin medios para vivir, «la comarca se desangra» gritaban en la multitudinaria manifestación.

En el Baix Llobregat el paro registrado en el mes de octubre asciende a 38.026 personas, la amenaza de despidos y de destrucción de la industria significará la ruina para muchas familias trabajadoras. Seat tiene un ERTE desde septiembre a junio, que arrastra a las empresas auxiliares, que representan más de cien mil trabajadores.

El sector del automóvil está amenazado y con él, la industria más importante que queda en nuestro país. Miles de puestos de trabajo están amenazados por la transformación de la llamada «economía verde y el trabajo moderno» que, aumenta la precariedad, las condiciones laborales y pone en peligro miles de puestos de trabajo. En el automóvil y todas las empresas auxiliares donde se quiere imponer el coche eléctrico, sin ninguna garantía para mantener los puestos de trabajo actuales, por cada 5 trabajadores que se necesitan para hacer un coche de combustión se necesita un solo trabajador para el coche eléctrico, además con la subida de precios desorbitada de la electricidad se pone en peligro la industria electro intensiva.

La experiencia de las reconversiones industriales anteriores, desde el cierre de la siderurgia y la construcción naval en los 80, al más reciente de las minas y centrales térmicas del carbón, demuestran que las promesas de empleo alternativo no se cumplen, el reciente caso de Nissan, donde lo único seguro es que la factoría cierra a final de año, es una repetición de lo ocurrido en otros sectores.

Nuestro punto de vista es que hay que defender todos los empleos, no resignarse a reducir el número de despidos o a conseguir indemnizaciones algo mejores. Para defender todos los puestos de trabajo, para que no haya más despidos, hace falta coordinarse preparar una respuesta unida, la unidad de los trabajadores de todas las empresas afectadas o con posibilidad de estar afectadas es fundamental.

Es de urgente actualidad la plena derogación de las reformas laborales, que tanto facilitan los despidos! Todos los gobiernos deben asumir la defensa de los puestos de trabajo en la industria.

Os invitamos a establecer un procedimiento de dialogo e intercambio de información que permita dar pasos para coordinar nuestra acción en defensa de la industria y de sus puestos de trabajo. Emplazando a las organizaciones sindicales a tomar todas las medidas necesarias para ello.

Para seguir debatiendo e informando de la situación en nuestra comarca, recibir y acordar las acciones a llevar a cabo. Te convocamos el día 15 de diciembre a las 18:15 en la Sala de Can Pascal C/ Cavallers nº 26 de Esparreguera.

Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP Baix Llobregat)

El discurso único de la transición verde: un peligro para la clase trabajadora

El cambio climático es una realidad innegable. Los efectos
destructivos de un sistema económico capitalista basado en la
especulación, el consumismo, la expoliación de los recursos
del planeta y en la explotación del hombre por el hombre, y
en manos del poder financiero, son claros. No me extenderé
sobre ello.
Es necesario tomar medidas para atajar el problema que el
cambio climático supone para el conjunto de la humanidad
y especialmente para las generaciones futuras. Pero el gran
peligro está en que la transición verde y la digitalización de
la economía se ha convertido en el nuevo discurso único, en
el que derechas e izquierdas están de acuerdo, como antes fue-
ron discursos únicos el cumplimiento de los indicadores ma-
croeconómicos que nos llevaron al austericidio o la prima de
riesgo, que llevó a recortes en el sistema público, nunca más
revertidos,
Tenemos ejemplos concretos que nos deben llevar a los so-
cialistas a romper con ese discurso único, con ese consenso
aparente, que solo está produciendo destrucción de empleo,
pobreza y desafección a la política, No es cierto que todos ten-
gamos la misma responsabilidad en el desastre planetario, ni
por asomo. Es el sistema económico el que hay que cambiar.
La única alternativa es el control público de lo que es de
todos: el planeta y los recursos naturales. En manos del poder
financiero, solo encontraremos más destrucción de las fuerzas
productivas y más desigualdad. Mientras unos se frotan las
manos con la transición verde, gastando el dinero público en
financiar cierres de empresa, deslocalizaciones y reestructura-
ciones de plantillas, con la excusa de la transición verde, otros,
la mayoría social, la clase trabajadora sufre las consecuencias.
Veamos algunos ejemplos en Cataluña que no son diferentes
a los que se producen en el resto del Estado español y en el
mundo entero:
-La banca: con la excusa de la digitalización de los servicios,
han dejado de prestar un servicio del que el conjunto de tra-
bajadores somos reos. Decenas de miles de puestos de trabajo
menos en el sector bancario, reducción del número de oficinas
y se deja colgado a miles de personas incapaces de realizar las
operaciones más elementales de forma digital.
-El Sector de la Automoción: Tras el cierre de Nissan y el
Bluf de la china GWM se ha producido la expulsión del mer-
cado de trabajo de miles de personas. En las demás empre-
sas del sector, la fabricación del coche eléctrico (de dudosa
eficiencia ambiental por el impacto ecológico de las baterías)
conllevará la expulsión del mercado de trabajo de al menos el
40% de las plantillas al necesitarse menos mano de obra.
11
noviembre de 2021
Este mes de noviembre, en una región ampliamente desin-
dustrializada (el Penedès-Garraf). se ha anunciado un nuevo
cierre de empresa de componentes para el automóvil que no
serán necesarios para fabricar el coche eléctrico. Mahle de Vi-
lanova i la Geltrú cierra dejando en la calle a 343 trabajado-
res. La multinacional alemana fabrica piñones de motor para
vehículos. Esa pieza no se utiliza en los motores eléctricos de
coche.
Este cierre se une al de la división de Glass de Saint Gobain
en L’Arboç, la Robert Bosch en Castellet i la Gornal, Alfisa
en Santa Margarida i el Monjos, El Corte Inglés en La Bisbal
del Penedès, entre otras. La desindustrailización del Penedès
y Garraf avanza en un desangrado sin que se sepa nada de los
reclamados planes de reindustrialización necesarios ante un
desempleo creciente en unas comarcas en las que la presión
demográfica sigue creciendo con población procedente del
área metropolitana de Barcelona.

  • Zonas de bajas emisiones en las ciudades: la imposibili-
    dad de circular por amplias zonas urbanas y periurbanas con
    determinados vehículos considerados contaminantes es una
    cuestión que afecta negativamente a la clase trabajadora, es-
    pecialmente con rentas más bajas, ante la imposibilidad de in-
    vertir en un coche eléctrico (por su precio) y poder desplazarse
    a trabajar.
  • Eléctricas: el mercadeo de las eléctricas es un claro ejem-
    plo de especulación de las multinacionales con las denomina-
    das energías verdes, que se traduce directamente en pobreza
    energética.
    Podría seguir poniendo ejemplos, pero la cuestión es que
    hay que romper con ese discurso único. La transición verde no
    puede ser justa cuando quita el sustento a millones de trabaja-
    dores de todo el mundo, mientras el poder financiero invierte
    en los objetivos de desarrollo sostenible para mantener e incre-
    mentar su tasa de beneficio.
    Los socialistas hemos de poner freno. Nuestra gente, la clase
    trabajadora, está amenazada y el gran peligro es que de seguir
    en el discurso único, los partidos de izquierda seremos vistos
    por nuestra gente como parte del problema, causando desafec-
    ción política y labrando el terreno para los negacionistas del
    cambio climático y el populismo de la ultraderecha.
    Hay que elevar la voz y exigir soluciones para la industria,
    poniendo freno a los cierres y despidos y aplicando medidas
    de control público sobre la industria y sobre las causas del
    cambio climático.
    Baltasar Santos
    Primer secretario PSC El Vendrell

A VUELTA CON LOS ERTES

Según las distintas normas reguladoras en el ámbito laboral, que van desde marzo de 2020 hasta el próximo febrero de 2022, de momento, los “ERTES COVID-19” han establecido los diferentes mecanismos, que el Gobierno ha venido a llamar “escudo social”, para dar respuesta a la crisis sanitaria, económica y social provocada por el virus, todo ello para dar protección a las y los trabajadores, así como a las empresas. ¿Es oro todo lo que reluce? Veamos. 

Con fecha 26 de abril de 2021, el diario Público publicaba, bajo el titular: “La Inspección de Trabajo detecta fraude en uno de cada seis ERTE que investiga”

“Los inspectores levantan actas de infracción a más de 4.500 empresas e imponen sanciones que rondan los 22 millones de euros tras cerrar 29.000 de las 36.500 órdenes de servicio previstas para chequear los expedientes de regulación.”

Todo ello, con la falta de recursos materiales y humanos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, denunciada sistemáticamente por las organizaciones sindicales, donde aseguran todos organismos implicados que los niveles de fraude detectados aumentarían si se contara con más inspectores.

En todo caso, vayan las declaraciones de la actual vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz: “En caso de que observásemos que hay algún tipo de fraude, las empresas tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro, incluso la prestación de desempleo que reciben los trabajadores”. Una vez más los hechos contrastan con la realidad.

Vayamos a otro de los asuntos estrella, la prohibición de despedir trabajadores, la cual anunciaba, Yolanda Díaz, que advertía: “nadie puede aprovecharse de esta crisis sanitaria” y que “no se puede utilizar el COVID-19 para despedir”.

Desde las organizaciones sindicales en marzo de 2020 se manifestaba que la cifra de despidos se podría acercar al millón de contratos de trabajo.

Si bien, podemos decir que prácticamente se ha recuperado el empleo a fechas anteriores a la pandemia, no podemos olvidar que han salido miles de trabajadores por procedimientos de despido colectivo y/o individual durante esta crisis, transformando, como ha venido sucediendo históricamente, empleo fijo con derechos en empleos precarios sin derechos, aumentando el porcentaje de los “trabajadores pobres”. 

Por último, la nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre.

Uno de los aspectos novedosos, tiene que ver con el aumento de las exoneraciones a las empresas del pago a la seguridad social, donde se eleva el porcentaje por realizar acciones formativas.

Según, el último informe anual (2020) de Fundación estatal para la formación en el empleo (Fundae), la “formación durante el estado de alarma (del 14 de marzo al 20 de junio) no se interrumpe e, incluso, la proporción de participantes comunicados en la formación subvencionada durante ese periodo fue similar (45%) a la del periodo posterior al estado de alarma (21 de junio a 31 de diciembre).

Vaya por delante el comentario anterior para referirme a los propios datos que ofrece Fundae con relación a la formación realizada por las empresas en el año 2020. 

“En la formación programada por las empresas, más de 3,8 millones de participantes han realizado formación bonificada, un 16,6% menos que en 2019 (en este año sólo dos de cada diez empresas aprovecharon la formación bonificada); el número de participantes retrocede por primera vez desde la puesta en marcha del sistema de bonificaciones en 2004. La tasa de cobertura formativa se sitúa en el 30%, cuatro puntos por debajo de los resultados del año pasado”.

Por tanto, por los datos facilitados, parece un “brindis al sol” para los trabajadores que más necesitan la formación en estos tiempos.

Y, por último, como se van a controlar estas acciones formativas, parece que las noticas no son positivas pues el Servicio público de empleo estatal, perderá 1500 trabajadores a fecha 31 de diciembre de 2021. ¿Pasará lo mismo que con el fraude a la Seguridad social? Ya se verá.

Y todo ello, cuando ya han pasado más de 692 días del acuerdo de gobierno (PSOE-UP) y siguen más que vigentes las contrarreformas laborales del 2010 y 2012 siendo utilizadas en su máxima expresión por las empresas. 

Lo que más puede alejar a las trabajadoras y trabajadores de este gobierno de coalición son las promesas incumplidas, así como de las direcciones de las organizaciones sindicales su permanencia en el diván. No lo consintamos.

Jose Antonio Fdez. Guerras.

LLAMAMIENTO DE SINDICALISTAS

(actualizado a 22oct21, con 440 firmantes)

Apoyamos la exigencia de una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social

Llamamos a todos los trabajadores y trabajadoras a participar en la movilización en defensa de las pensiones del 16 de octubre

Gobiernos y medios de comunicación nos bombardean con la falsa idea de que el sistema público de pensiones sufre un déficit irreparable y que es necesario aplicar recortes de pensiones. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha manifestado que sólo en el periodo comprendido entre 1989 y 2013, se han cargado a la Caja de la seguridad Social 103.690 millones de “gastos impropios”, no correspondientes a pensiones. Un estudio de CCOO amplia el periodo de cálculo y estima esos gastos impropios en más de 500.000 millones de euros. 

La COESPE ha levantado la exigencia de una auditoría pública de las cuentas de la Seguridad Social, exigencia que han apoyado otras organizaciones de pensionistas y que ha sido aprobada en numerosos congresos e instancias sindicales. Entre ellos, destacamos el Congreso de la Unión Provincial de CCOO de Sevilla, el de la Federación de Sanidad de CCOO, el de la Federación de Ciudadanía de CCOO de Madrid, el de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT, el Congreso de UGT de Cataluña, el Congreso Confederal de UGT, y un largo etcétera. 

Como sindicalistas, nos preocupa el futuro del sistema público de pensiones. Defendemos el sistema de reparto y nos oponemos a todo recorte. Por ello, apoyamos la exigencia de una auditoría y llamamos a trabajadores y trabajadoras, tanto activos como pensionistas, a participar en la movilización convocada para el 16 de octubre y a continuar la movilización después de esa fecha.

Las firmas son a título individual:

Luis González Sanz, miembro Consejo Confederal CCOO; Roberto Tornamira Sánchez, Ex secretario general FeS UGT Madrid; Pepe Gimeno Ostariz, secretario general de FeSMC-UGT-Aragón; Mª José Wanceulen, secretaria general sindicato sanidad y sectores sociosanitarios de CCOO de Sevilla; José Miguel Villa Antoñana, Ex secretario general Federal de FeS-UGT; José Gallego Casaus, Ex secretario organización UGT-Sevilla; Javier Ordóñez Naranjo, presidente Comité de Empresa Hospital del Aljarafe, Sevilla; Juan Miguel Fernández, jubilado, afiliado FSP-UGT; Jacinto Romero Pacheco, secretario general de FeSMC-UGT-Extremadura; Silvia Martínez Fernández, secretaria general UPTA Euskadi; Jesús Béjar Sánchez, sindicalista de CCOO Getafe; Jesús María Pérez Martínez, UJP-UGT Euskadi; Íñigo Fernández Villasante, UPTA-Euskadi; Mikel González, Sº Organización UPTA-Euskadi; Francisco Cuso, FeSMC-UGT Madrid; Pablo García Cano Locatelli, sindicalista de CCOO Industria y secretario del comité de empresa de John Deere, Madrid; José Francisco Domínguez Sevilla, sindicalista de CCOO-Educación; Miguel González Mendoza, afiliado UGT-FSP; José A. Iniesta Martín, delegado UGT Ayuntamiento Sant Boi; Víctor Iniesta García, afiliado UGT-FeSMC; Rafael Aguilera Sánchez, UGT Catalunya, región metropolitana; José Mª Herrera Molina, CCOO Sevilla; Blas Ortega Llavador, sindicalista FeSP-UGT-PV; Neus Roig Saiz, sindicalista UGT Tarragona; Xabier Arrizabalo Montoro, miembro Junta Personal Docente e Investigador, Universidad Complutense de Madrid por CCOO; Teodoro Escorial Clemente, Ex miembro de la Ejecutiva Confederal de UGT; Fabián Benito Delgado, sindicalista UGT, jubilado; Josep Antoni Pozo González, Secretario general Sección Sindical UGT Ayuntamiento Sabadell; Eduardo Hernández Oñate, sindicalista UGT Metro de Madrid; Jesús Vara Castrodeza, Ex secretario general FeS-UGT Castilla y León; Guillermo Martínez Robles, Ex secretario general sector financiero, seguros y oficinas FeSMC-UGT Castilla y León; Carlos Prieto Carretero, responsable de contact center de FeSMC-UGT; Pedro Sánchez Catalá, secretario general de UGT-Prosegur; Manuel Nolla, sindicalista de CCOO RTVE; Paco Cepeda González, miembro ejecutiva Artes Gráficas, papel y cartón CCOO Madrid; Iñaki Merino Montes, sindicalista UGT Euskadi; José A. Fernández Guerras, sindicalista UGT Madrid; David Lemore Martínez, Afiliado de UGT; Miguel Sagües Navarro, Jubilado abogado de CCOO. Miembro de ASTRADE; Ignacio Bruna, Sindicalista de UGT; Ángel García Manchado, Miembro del Comité de Empresa de Telemadrid por UGT; Victoria Camarena Grau, secretaria general de UGT en Ibercaja; Ángela Santiago Cascallana, miembro de la dirección Sectorial de Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT; Estefanía De Toro Torrijos. Secretaria Organización de la Sección de UGT en Quiron prevencion, y secretaria general de la Sección de UGT-Madrid en Quiron prevencion; Rubén Ranz Martín, militante del Sindicato de Comercio de UGT; Manuel Martín Beato, sindicalista de UGT en Metro de Madrid; Francisco Sánchez García, UGT-Guadalajara; Gema Alonso Porres, sindicalista de UGT; María Jesús Vivar Alonso, sindicalista de UGT; Evelio Ángulo Álvarez, responsable sindical de UGT; Monika Benito Gascón, sindicalista FeSMC-UGT-Catalunya; Jesús García San José, ex secretario general de UGT en Puertos del Estado; Daniel Pascual González, sindicalista de UGT en Metro de Madrid; Juan Fernando Díaz Mayordomo, sindicalista de UGT-Madrid; Kami A. Rafiei Kazemi, Jubilado afiliado de UGT en Madrid; Jesús Sanz González, sindicalista de UGT en el Sector de Seguros; Alfonso Castillo Gallardo, Coordinador UGT en el Ministerio de Defensa; Eduardo Sabina Blasco, miembro de la Comisión Permanente de IS-PSOE de Madrid y militante de FeSP-UGT; Daniel Pons Gené, secretario general de UGT en Cajamar; Alberto Elosua Alvarado, vicesecretario General UGT FeSMC Euskadi; Carmen Alonso Montaña, Jubilada, afiliada al PSOE; Miriam Zarallo González, delegada CCOO limpieza Hospital Virgen del Rocío; Pepe Hernández Aparicio, secretario general de FeSMC-UGT-Murcia; Aida Sánchez Merino, militante sindical de UGT-Madrid; Antonio Guerrero Cabanillas, jubilado. Afiliado a la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT en Madrid; Lena Balaguer, profesora, delegada sindical UGT Ayuntamiento de Sabadell; Carlos Rivera, delegado sindical, UGT Ayuntamiento de Sabadell; Carlos González D’Anglade, secretario general de UGT en GSS Line/COVISIAN Madrid; Ramon Cebrián FSP-UGT Catalunya; Juanjo Casado, región metropolitana UGT Catalunya; Juan García, jubilados UGT Baix Llobregat; Paco Calero, UGT Vallès oriental; Mariángeles Pérez Soler, delegada CCOO Vallès Occidental (Dependencia); Joseba Izaga Urrutia, FeSP UGT, Administración Gobierno Vasco; María Pedraza López-Rey, responsable Federal del Sector Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT; Francisco García Jiménez, jubilado. Afiliado al PSOE en Ciudad Real; Pedro Cobo Cuesta, Sindicalista de UGT-Cantabria; José Manuel Arévalo Badía, sindicalista de UGT-Jaén; Xavier Casas, UGT Girona; Eugenio López Torres, delegado sindical CCOO Hospital Virgen del Rocío; José Francisco Jiménez Zamora, delegado Sindical CCOO Sanidad Sevilla; Mª Mar Valerio López, delegada sindical CCOO Hospital Virgen del Rocío; Lisandro Moreno Jiménez, delegado CCOO Ayuda a Domicilio Sevilla; Isabel Mª Márquez García, responsable secretaría Mujer sindicato Sanidad CCOO Sevilla; María Visitación Fernández Gutiérrez, responsable Provincial del Sector de Seguros y Oficinas de FeSMC-UGT-Málaga; Esther Alòs García, secretaria general sección sindical UGT Universidad Autónoma de Barcelona; Ramon Voces Merayo, sindicalista CCOO, Enseñanza. Cataluña; Abel Rodríguez afiliado a la Federación de Pensionistas de CCOO; Javier Castro Navarrete, delegado CCOO Ayuntamiento de Sabadell; Oscar Hidalgo, CCOO Metro de Madrid; José Luis Sánchez, CCOO Metro de Madrid; Alfonso Blanco, CCOO Metro de Madrid; Saúl García, CCOO Metro de Madrid; Miguel Gersol, sindicalista de UGT; José Giráldez Camus, secretario general de FeSMC-UGT Cantabria; Pilar Fernández Rufo, Sindicalista de FeSMC-UGT-Sevilla; Carmen Cordero Ríos, sindicalista de UGT-Sevilla; Máximo Fernández Gómez, ex secretario Federal de Formación de FeSMC-UGT; Ester Guerrero Nistal, sindicalista del Sector Aéreo del USO; Antonio Temporal, sindicalista FeSP-UGT-PV, jubilado; Sebastià Castellano, sindicalista FeSP-UGT-PV; Juan Torres, sindicalista FeSP-UGT-PV, jubilado; Javier Parrilla, sindicalista FeSP-UGT-PV; Maripau García-Cupertino, sindicalista FeSP-UGT-PV; Manuel Gutiérrez Pinto, sindicalista UGT-Sevilla; Santos Sánchez Alonso, responsable UGT-Galicia; Fermín de Con Longo, secretario General de FeSMC-UGT-Asturias; José Luis Faus Arias, secretario General de FeSMC-Melilla; Jesús Trancho Lemes, secretario General de FeSMC-UGT-Canarias; Irene Fernández Sánchez, sindicalista de UGT-Salamanca; Concepción Hormigo Gordillo, sindicalista de UGT-Sevilla; Juan Piqué Cerdán, secretario General de UGT en BSM-Cataluña; Juan José Fuentetaja Olmos, profesor de Tecnología en enseñanzas medias de Madrid; Guadalupe González Gallardo. Ejecutiva Federación Sanidad CCO Andalucía; Antonio Montaño Ramos, Ejecutiva Federación Sanidad CCO Andalucía; Carmen Romero Sánchez, Ejecutiva Unión Provincial de CCOO de Sevilla; Sonia Mandaloniz Leal, secretaria general Sección Sindical CCOO John Deere (Madrid); Ernesto Moñino Chacón, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); Florencio Andrés, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); Alberto Barquero Moreno, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); Javier Triviño del Río, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); Antonio Fernández Olivares, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); David Carrasco Pozo, miembro comité empresa John Deere, Madrid (CCOO); David Mejías Sánchez, delegado salud laboral en John Deere, Madrid (CCOO); Raúl Bedrina Saura, miembro comité empresa de John Deere, Madrid (CCOO); Eva María Sánchez Martínez, delegada sindical Ajuntament de Sabadell; Mercè Bermúdez López, delegada de l’Ajuntament de Sabadell; Paco Figueroa, sindicalista CCOO Airbus Sevilla; Ángel Limones Rodríguez, sindicalista de UGT-Sevilla; Elvira Ramírez Peinado, sindicalista de UGT-Jaén; Manuel Muñoz, UGT Correos, jubilado Barna; Juan Salvador Villagrasa, delegado UGT Correos Barna; Eugenio Rodríguez Jiménez, delegado UGT Correos Barcelona; Antonio García, afiliado CCOO Cornellá – Barcelona; Roque Borras Medina, delegado Correos UGT Barcelona; Gloria Jiménez Rodríguez, mujer republicana, Málaga; Carlos M. Doblado Ortega, delegado de UGT Ayuntamiento de Sant Boi; Elisabet Huertas Cejudo, delegada UGT Ayuntamiento de Sant Boi; Jesús Cuevas Canales, delegado UGT Ayuntamiento Sant Boi; Mª José García Lucas delegada de UGT Ayuntamiento Sant Boi; Emma Obiols Mas, delegada UGT Ayuntamiento Sant Boi; Guadalupe Torres Repollo, delegada UGT Ayuntamiento Sant Boi; Javier Fuentes Goyanes, delegado UGT Ayuntamiento Sant Boi; Joan Muntana, afiliado UGT Girona; Miguel Poca i Sánchez, afiliado UGT Barcelona; José Manuel Ocaña, afiliado UGT Barcelona; Rubén Valdés García, afiliado UGT correos Barcelona; Juan Ortiz, sindicato de maquinistas Metro de Madrid; Javier del Llano, sindicato de maquinistas Metro de Madrid; Pablo Perea, sindicato de maquinistas Metro de Madrid; Sergio Hoyuelos, sindicato de maquinistas Metro de Madrid; Javier Muñiz Ontín, miembro de la Comisión Ejecutiva Estatal de UGT en BBVA; Luciano Pereda Valdemoro, secretario de Administración de la Sección Sindical Estatal de UGT en Caixabank; Juan Sánchez Fernandez, ex secretario general Federal de FeS-UGT; Germán Payán Gómez, sindicalista de UGT-Sevilla; Sebastián Moreno Rodríguez, ex secretario Federal de Banca en FeS-UGT; Ana María Díaz Díaz, sindicalista de UGT-Madrid; Gloria Díaz Díaz, sindicalista de UGT; Alexis Mecho Sorribes, sindicalista UGT. sector cerámica Castellón; Ana Usero Mainer, secretaria General de la Sección Sindical de UGT-Caixabank-Madrid, firma en nombre de toda la Comisión Ejecutiva; Antonio Deusa Pedrazo, Ex Vicesecretario General Federal de FICA-UGT; Elisabeth Montoro, delegada UGT Ayuntamiento Sabadell 158 primeros firmantes y 282 sindicalistas más.