Categoría: Socialismo

En política no vale todo

Cada vez es más escasa la dignidad entre los políticos del momento, realmente ¿creéis que vale todo con tal de ganar las elecciones?

Y en el caso de que se ganen ¿para qué?, ¿legislaremos siempre de la mano de la derecha?

¿Por qué esas personas maduras, con valores, con principios, con un índice de solidaridad imprescindible, con ideas propias, con el ansia e ímpetu necesario para luchar por una sociedad justa, que me consta porque los conozco, no lideran esos ideales haciéndose cargo del futuro?

La contestación es muy sencilla, por su propia decencia, honorabilidad, autorrespeto, ya que a día de hoy la política en nuestro país se ha convertido en un estercolero, siendo escasos los sufridores que ocupan su escaño con dignidad, y no como un medio de vida personal, rentable y cómodo, como hace la mayoría de nuestros representantes, a los que lo único que les importa es permanecer en la poltrona, hasta que eso les garantice una renta vitalicia.

Cada día que pasa, me da más pena el proceso de descomposición de la izquierda en nuestro país, es muy triste que se haga necesario para realizar una corrección de una ley, acudir a esta derecha que se frota las manos, cada vez que le ponemos en bandeja nuestra incompetencia.

Es muy difícil comprender, desde mi desconocimiento de las leyes y de su aplicación, lo que hemos sido capaces de hacer con lo del “sí es sí”. Es difícil de entender como es posible que, entre 23 ministros que forman el gabinete, nadie de los que se les supone una formación haya sido capaz de ver antes de su aprobación los fallos que dieron lugar al efecto contrario al que debería buscar esa ley, dejando en la calle a delincuentes antes de su teórica rehabilitación.

Es difícil comprender como ni esos ministros ni la legión de asesores que cada uno de ellos tiene, hayan sido capaces de detectar esos fallos al leer la proposición de ley, si es que la leyeron, lo cual ya dudo. Tampoco entiendo como el presidente, sabiendo como sabe de la escasa capacidad de la mayoría de “Jesuseros” que le rodean, tampoco parece habérsela leído.

Es evidente, que los diseñadores de esta ley han descuidado algunos términos de la misma en su afán de la protección real de las víctimas, pero seguramente les está preocupando más mantenerse en unas poltronas en las que no hubieran soñado estar si no fuera por el actual deterioro de nuestro partido.

Todo esto es inconcebible pero aun lo es más que no seamos capaces de unir a los progresistas para corregir los errores que lógicamente todos somos capaces de cometer, y tengamos que rogarle a la derecha más retrograda, ansiosa de protagonismo, que nos saquen de este fango en el que estamos metidos ante un proceso electoral que a la vista de los acontecimientos nos hundirá aún más.

Encima, nuestro portavoz, para disculpar la humillación, comenta que sólo son cuestiones semánticas las acordadas con el PP, que sólo se trata de un cambio en la “Fe de erratas” lo que me indigna más si cabe pues si sólo son eso ¿Por qué no se pacta con el progresismo?, siempre me molestó mucho que me tomen por imbécil.

Reconozco que no debe ser fácil para las ministras que redactaron la nueva ley supeditadas aunque lo nieguen a un “Macho Alfa”, llegar a acuerdos con quien las envía a negociar en un forzado feminismo, cerril e infantil, que sólo se desarrolla semánticamente, pero con sus poderes claramente recortados con lo cual una vez más nos encontramos con el hecho histórico de que la izquierda no nos ponemos de acuerdo “ni pa apañar pesetas”. Ya lo estamos viendo con la vicepresidenta del gobierno nombrada por el Macho Alfa, como sucesora pero que curiosamente resulta que piensa, y eso no estaba dentro de los cálculos del dirigente en la sombra, por eso ahora tocan los palos en las ruedas en lugar de unir fuerzas contra ese fascismo que cada vez está más cerca.

Yo, desde mi tierna juventud he sido utópico de convicción, por eso ahora ya con casi 78 años, ni sé ni quiero dejar de serlo y sigo esperando y ansiando, que las organizaciones progresistas se unan y trabajen en la consecución de un mundo mejor para todos, sin extorsiones partidistas sin la exigencia de reivindicaciones personales, ni de gremio, si eso se consigue alguna vez lo conseguiremos y quizás nuestros nietos, puedan por fin vivir en una sociedad justa, ya va siendo hora.

Paco Ascón
Militante socialista de Xares (Ourense)

La V República en entredicho

El sábado 15 de abril, con nocturnidad y alevosía, el presidente de la República francesa, Enmanuel Macron, promulgó la Ley de Financiación Rectificativa de la Seguridad Social para el 2023, es el nombre oficial de la conocida popularmente como reforma de las pensiones, que pretende retrasar la edad de jubilación de 62 a 64 años.

Esta ley, que fue enviada al Consejo Constitucional, una institución que podríamos asemejar al Tribunal Constitucional español, pero formado por algunos ex ministros de Macron, dio luz verde a la propuesta de ley en el punto más conflictivo: prolongar la edad de jubilación dos años más.

Nada más conocerse la decisión del Consejo Constitucional, los sindicatos pidieron al Presidente que no promulgara la Ley, pero este hizo caso omiso y la promulgó, con la arrogancia que le caracteriza no quiso ni oír a los sindicatos que, unánimemente llevan meses convocando huelgas y manifestaciones en contra de la reforma de pensiones. Pero si Macron fue rápido en promulgar la Ley, igualmente rápidas fueron las caceroladas y manifestaciones que de forma espontáneas se concentraron en calles y plazas de todo el país, mostrando de esta forma que los trabajadores y la inmensa mayoría del pueblo francés no está dispuesto a aceptar la imposición de una ley que es sentida como una agresión intolerable a uno de los derechos más valorados por los trabajadores franceses.

En el centro de las movilizaciones está la clase obrera con todas las organizaciones sindicales haciendo la unidad y han conseguido el apoyo de la juventud y toda la sociedad francesa.

Pero la reforma de Macron que es la reforma del capital, no solo significa quitar dos años de merecido descanso a los trabajadores franceses, significa prolongar dos años más la explotación de esos trabajadores, soportar los próximos recortes que Macron tiene en cartera y por tanto incrementar dos años más el beneficio que esos patrones extraen de cada uno de los trabajadores afectados.

Como muestra la disposición aprobada por el Consejo Constitucional francés, cada día aparece con más claridad el papel de las instituciones de la V República, que actúan en contra de la gran mayoría de la sociedad francesa, en defensa de una legalidad antidemocrática que permite actuar en beneficio de una minoría y al presidente de la República mostrarse como un monarca. Es por eso que una mayoría de franceses no da legitimidad al presidente para que aplique una Ley que, ni tan siquiera se ha votado en el parlamento.

Macron está en un callejón sin salida, solo, aislado, enfrentado a su pueblo y sin capacidad de respuesta ante la oleada de movilizaciones que recorre todo el país desde hace meses y que seguramente este Primero de Mayo, en las calles de las ciudades de toda Francia volverá a resonar el grito de repudio a Macron y su Ley.

José A. Iniesta
Miembro del Comité de Redacción de T.S.
Militante del PSC en la agrupación socialista de Sant Boi

Matadlos

Dirás que vaya titular tan malvado, que no se debería utilizar nunca una palabra como esa. Que eso de “Matadlos” es demasiado horrible, cruel y diabólico.

El gran problema, el gran bochorno, es que lo diga una responsable de la esfera pública. No ha sido un desliz, lo ha pensado, lo ha escrito y lo ha divulgado. “Hoy la izquierda está acabada. Matadlos”, le escribía Isabel Diaz Ayuso, presidenta diabólica de la Comunidad Autónoma de Madrid y líder del PP de Madrid, a sus diputados y diputadas.

No contentos con ese “Matadlos”, el Sr. Maroto, portavoz del PP en el Senado, afirma con rotundidad, que hay que trasladar a la sociedad que “no hay un socialista bueno”.

Este es el modelo de convivencia que quiere el PP para nuestra sociedad, pensar y divulgar “matadlos”, y pensar y decir que “no hay un socialista bueno”. La verdad es que dan susto, parecen más cercanos a los franquistas (fundadores de su partido) que a cualquier esfera democrática.

El gran problema es que son capaces de hacerlo, lo hicieron ya hace 87 años y durante demasiado tiempo, y actualmente han mostrado ser muy eficaces dejando morir a miles de ancianos en las residencias de mayores de la Comunidad madrileña.

A nivel personal, una dice que me maten, el otro que solo muy malo. Soy nieto de socialista (a mi abuelo, sí que lo mataron), hijo de socialista y socialista, y no tengo miedo a desequilibrados que digan esas barbaridades… aunque sus hechos indiquen que quieren volver por sus andadas y levantarse contra el gobierno legítimo y democrático.

Decía que soy de familia socialista y nunca me enseñaron ni a despreciar, ni a odiar a nadie, independientemente de su ideología.

Tengo amigos del PP que son muy buena gente y los quiero… aunque también es cierto que hay otros muchos que son unos verdaderos hijos/as de puta.

Rafael Fuentes
Militante socialista de Málaga

¿EL FIN DEL SAQUEO DE EXTREMADURA?

En 1978, Mario Garivia, José Manuel Naredo y José Serna coordinaron un libro publicado en Ruedo Ibérico que llevó por título, Extremadura Saqueada. En él se analizaba el impacto del Plan Badajoz (1952) en Extremadura, un simulacro de reforma agraria. Los objetivos del plan eran la colonización, industrialización y electrificación de la región. El primero de ellos consistía en convertir a los campesinos en pequeños empresarios, el segundo fue claramente insuficiente y el tercero se basó en la construcción de centrales hidroeléctricas. Transformó, mediante la construcción de pantanos y canales, la tradicional agricultura extensiva y de secano en agricultura intensiva y de regadío. En realidad, el Plan Badajoz fomentó el saqueo de los recursos naturales extremeños que, a modo de colonia, fue espacio de inversión en aras de obtener grandes cantidades de productos agropecuarios para los grandes núcleos urbanos fuera de la región, así como una gran producción energética extraída de los nuevos complejos hidroeléctricos, cuyo excedente se exportaba sin dejar ningún beneficio para los habitantes de las dos provincias más grandes de España. La carencia de inversión industrial no energética provocaría una de las migraciones más sangrantes de la historia extremeña, al igual que en otras regiones de la España rural, que se saldó con 600.000 emigrados forzosos a Madrid, Cataluña, País Vasco, Alemania y Suiza.

En los últimos años, Extremadura se ha convertido en el punto de mira del Gobierno y numerosas multinacionales. El calentamiento global, y en especial la guerra en Ucrania, han obligado a Europa y España a realizar una transición energética para no depender tanto de las energías fósiles rusas, una transición que pasa por el uso de energías renovables y el impulso de una nueva industrialización verde. Los datos lo confirman: el índice de producción industrial más alto del país a inicios de 2023 estaba en Extremadura, con 24 puntos, seguido por Madrid con 10,1. Llegaron las energías renovables. En 2020, las numerosas plantas fotovoltaicas construidas en la región producían ya casi los mismos MW que las heredadas centrales hidroeléctricas del Plan Badajoz. Las plantas fotovoltaicas de San Serván (Badajoz), Ceclavín (Cáceres) y la planta Francisco de Pizarro (Trujillo), esta última la más grande de toda Europa, cubren cientos de hectáreas donde antes había ganado extensivo. Frente al discurso oficial de que la transición energética en Extremadura es la base de la transformación económica y social que necesita la región, que dejará numerosos puestos de trabajo de calidad y frenará la emigración silenciosa que sigue afectando a toda la región, la realidad es otra.

Los cientos de empleos generados para la construcción de estas enormes plantas fotovoltaicas han sido más que precarios y no han favorecido para nada el asentamiento de posibles migrantes. Todas las plantas, pertenecientes a Iberdrola, utilizaron numerosas empresas subcontratadas que en el mejor de los casos pagaban las horas extraordinarias a 10 €. Muchas de estas empresas pagaban el salario base por debajo de los convenios colectivos para las industrias siderometalúrgicas de las provincias de Cáceres y Badajoz. La jornada era de nueve horas, no de ocho, y la extra obviamente no la pagaban o la pagaban muy por debajo de lo que establecían los convenios (algo más de 16 €). Sé de lo que hablo, a mi antiguo jefe le tuve que recordar que la jornada laboral de ocho horas se había establecido en este país hace más de cien años, en 1919, por Real Decreto, tras la huelga de la Canadiense en Barcelona. Parece mentira que la industrialización en pleno siglo XXI, ya sea verde o negra, se haga a expensas de los trabajadores y no en su beneficio, a la vez que se estafa a la Seguridad Social. A esta desvergüenza empresarial, financiada y apoyada por la Junta, habría que añadir el agravio comparativo existente entre los trabajadores extremeños y los del resto del país. Las leyes laborales extremeñas han garantizado mano de obra barata y no conflictiva. Cabe recordar aquí que los convenios laborales extremeños son de los peores de toda España, que el coste laboral por trabajador es de los más bajos, solo superado por las Canarias, con una media de 2.479,20, al igual que el coste salarial por trabajador y mes, que está en 1.866,23 (INE), lo que aporta un salario medio anual de 20.479,30. Una vez terminada la planta fotovoltaica, cientos de trabajadores regresan a las colas del SEPE, ampliando esa tasa de paro, de las más elevadas del país con un 17,62% según datos actualizados del INE, solo superada por nuestra vecina y homóloga Andalucía con un 19%. Trabajo temporal y precario, ese ha sido el impacto sociolaboral de las nuevas energías renovables en Extremadura. ¿Algún beneficio en el consumo de energía? Extremadura, como buena colonia, es la región que más energía genera del país, un 487,7% de la electricidad que consume según datos del 2021. Ni empleo estable ni rebaja en el precio de la luz. Como diría Manuel Cañada (2020, Otra Extremadura. Materiales para una historia alternativa de Extremadura), el extremeño paga dos veces a las empresas que explotan su territorio, una con el dinero público facilitado por la Junta y otra con los recibos de la luz.

Extremadura se vacía. En 2021 era la cuarta comunidad autónoma con más defunciones por cada mil habitantes (11,68, INE), por detrás de Asturias, Castilla y León y Galicia. De 1.054.776 habitantes en 2022 según la población inscrita en el padrón, la población proyectada para 2037 por el INE es de 1.002.305. El envejecimiento propio de la España Vaciada deriva de la falta de expectativas laborales estables y de calidad para los jóvenes, que siguen emigrando a los grandes núcleos urbanos del país, especialmente Madrid. En Mérida, el pasado 12 de marzo, Guillermo Fernández Vara, actual presidente de la Junta de Extremadura por el PSOE, dijo que la llegada de las nuevas industrias verdes supondrá “una venganza histórica de la Extremadura saqueada de los años sesenta». Eso está por ver. En efecto, paralelamente a la construcción de grandes industrias energéticas, se están consolidando fastuosos proyectos industriales como el mayor matadero de cerdo ibérico de Europa en Olivenza, la fábrica de condensadores de litio en Badajoz, la gigafactoría de baterías de litio en Navalmoral de la Mata o la fábrica de diamantes sintéticos en Trujillo construida por la multinacional estadounidense Diamond Foundry. La inauguración de esta última a principios de marzo de este año tuvo un acto simbólico un tanto surrealista que nos recuerda a la película de Bienvenido, Mister Marsahall, tras enterrarse un cofre con prensa del día, un crucifijo bendecido por el cura de Trujillo y una esclava de oro introducida por una mujer del pueblo que daba por concluida la inauguración. Estas nuevas industrias, especialmente las de condensadores y baterías de litio, necesitan de dicho mineral, que no por casualidad está en Extremadura. Conseguidas ya las licencias de la mina de litio en Cañaveral, la mina prevista para extraer litio en Cáceres se consiguió parar gracias a la presión de la plataforma ciudadana, Salvemos la Montaña. El impacto medioambiental y de salud pública que puede generar este tipo de minas sería brutal en una de las regiones de España con más figuras de protección del medio ambiente. Según los datos del INE, en 2020 Extremadura era la segunda de las regiones que menos gasto total usaba en protección ambiental, a la vez que era la primera que menos invertía en protección ambiental.

La situación actual es clave en la transformación de la sociedad extremeña. La denominada industrialización verde es no solo una necesidad para España, sino una oportunidad para Extremadura, eso es indudable. ¿Pero a qué coste? ¿A costa del medio ambiente, de minar ese paraíso natural de Europa llevado al cine por Carlos Pérez Romero? ¿A costa de los trabajadores, de su precariedad y la salud ciudadana? ¿Nos encontramos realmente a las puertas del fin del saqueo de Extremadura? La movilidad de las asociaciones y plataformas ciudadanas extremeñas, la voluntad política regional, la organización de los trabajadores para mejorar sus condiciones laborales y el apoyo de los sindicatos mayoritarios a esta causa condicionarán el futuro de Extremadura en los próximos diez años. Y termino aquí, sin hablar del tren, que daría para otro artículo.

Rodrigo Muñoz Mártinez
Miembro de Tribuna Socialista en Coria (Cáceres)

Editorial: Doce meses de destrucción y muerte

Se ha cumplido el primer aniversario del estallido de la guerra en Ucrania; concretamente el pasado 24 de febrero, día de 2022 en el que las tropas de Putin invadieron territorio ucraniano.

Las cifras son espeluznantes. En septiembre, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el general, Serguéi Rudskoi, afirmaba que 14.000 soldados ucranianos podrían haber muerto desde el inicio de la guerra. Un par de meses después, el general Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., hablaba en la BBC de 200.000 soldados muertos -100.000 rusos y 100.000 ucranianos-, además de 40.000 civiles. En el mes de enero de este año, el jefe del ejército de Noruega, calculaba que 180.000 soldados rusos han muerto o que habían resultado heridos durante el transcurso del conflicto.

La propaganda de guerra -los medios de comunicación al servicio de la guerra- hace muy difícil conocer la verdad, y más aún la exactitud de muertos, heridos y desaparecidos, quizá algún día lo sepamos. Toda guerra es la máxima expresión de la barbarie. National Geographic cifra en 10 millones de muertos y 20 millones de heridos en la I Guerra Mundial. La Enciclopedia del Holocausto eleva a 55 los millones de personas muertas en la II Guerra Mundial, no sabemos si esa cifra incluye los, entre 50.000 y 100.000, muertos en Hiroshima que, el 6 de agosto de 1945, provocó la primera de las bombas atómicas que lanzó EE.UU., ni los entre 30.000 y 50.000 muertos que provocó la segunda bomba, lanzada tres días después sobre Nagasaki,. La BBC cifra en más 58.000 los soldados estadounidenses muertos en Vietnam y en no menos de 1,1 millones de vietnamitas. La guerra de los Balcanes, que se desarrolló entre 1992 y 1995, dejó 130.000 muertos… Un solo muerto ya es un espanto.

La destrucción de Ucrania está siendo doble: física, con la destrucción de viviendas, hospitales, colegios, carreteras, aeropuertos, estaciones eléctricas… y social, pues son más de 7 millones de personas las que se encuentran refugiadas en otros países de Europa y otras tantas las que se encuentra desplazadas, fuera de sus hogares, en el interior de Ucrania. El drama de la guerra se está cebando con mujeres y niños y niñas, como siempre. Ya en marzo del pasado año, el Grupo de Expertos en la Acción contra la Trata de Seres Humanos (GRETA) del Consejo de Europa advertía del riesgo de ser víctima de trata en un momento en el que el flujo de refugiados en Europa estaba experimentando «su mayor aumento desde la Segunda Guerra Mundial».

Muerte, destrucción y sufrimiento es lo que sufre el pueblo ucraniano. El resto de los pueblos de Europa, incluido el pueblo ruso, están sintiendo los efectos del intercambio de sanciones económicas, en forma de empobrecimiento y deterioro de los servicios públicos; sanciones que, a la vista de los resultados económicos de las grandes empresas de la energía, los combustibles, la banca, el armamento, etc., solo afectan a los más débiles. Un efecto perverso, el de las sanciones, que llevamos décadas viendo en Cuba, que se vio en Irak, que se continúa viendo en Siria…; las sanciones son para los débiles, los ricos sacan producto de la guerra.

Pero la llama de la resistencia contra la guerra no está apagada. Más 1.200 militantes; políticos y sindicales, docentes, periodistas, activistas de diversos movimientos y 29 organizaciones a nivel internacional han firmado el Manifiesto ¡Alto a la Guerra! ¡Alto el fuego inmediato, sin condiciones!, manifiesto que se hizo público el pasado 11 de enero.

Diputados del Bundestag han llevado a cabo una movilización el pasado día 25 d febrero ante la Puerta de Brandemburgo, en Berlín, para llamar a la paz y la negociación. Este llamamiento ha sido apoyado en Change por más de 600.000 firmas. Como en Berlín, en Madrid, en Génova, en Bruselas, en Londres y en otras grandes ciudades europeas, miles de personas han salido a la calle a decir ¡Alto a la Guerra!

A lo largo del mes de febrero han tenido lugar actos por el ¡Alto a la guerra!, manifestaciones y concentraciones, de forma acentuada en los días del aniversario de la guerra, los días 24 y 25 de febrero, y hay actos programados para estos días próximos de marzo. De todo ellos se da cuenta detallada en los Boletines informativos del CATP. Toda esta actividad es ninguneada por los medios de comunicación de masas.

Las bravuconadas de Putin y Biden, lanzadas en escenarios y platós de TV al aire libre, acompañan a los presupuestos de guerra a los que la OTAN empuja a sus aliados, a los que el epígono de Stolypin responde que dedicará recurso ilimitados a la guerra y que suspende el tratado de control de armas nucleares. ¿Dónde nos quieren llevar? La barbarie no es la garantía de la democracia y la libertad.

La sociedad tiene que despertar, y lo va a hacer con o sin el concurso de las organizaciones políticas y sindicales que debieran estar, desde hace tiempo, al frente de la movilización y la organización contra la guerra y la barbarie.

Hablemos

Desde hace relativamente poco tiempo, asistimos a un comportamiento político que niega el principio democrático de respeto a la convivencia en paz, de falta de respeto a quien no piensa lo mismo que ellos, y de no aceptación a los resultados electorales, cuando no son favorables a su Partido.

Este proceder, caracterizado por el uso constante de verdades alternativas, convierte a los demás en enemigos que deben ser perseguidos con saña e incluso encarcelados. Puede parecer una barbaridad, que lo es, pero actualmente se utiliza este proceder por la derecha, de forma reiterada sin ninguna prudencia ni por supuesto justificación. Con distintos grados de intensidad: modo Brasil, al asalto; o a la manera Plaza de Colón, modo faltón, buscan generar un clima de “enfrentamiento civil”, cuando la realidad es que sólo una parte muy reducida de la sociedad se sitúa en esa clave, quedando en evidencia que esa actitud carece de fundamento alguno.

Digo desde hace poco tiempo, pensando noviembre de 2019 en Bolivia, cuando Evo Morales fue acosado hasta tener que pedir refugio político en Argentina, o en enero de 2021 cuando fue asaltado el Capitolio de los USA, o en diciembre de este pasado año 2022 en Perú, donde la maniobra de acoso de la derecha política ha conseguido el encarcelamiento de Pedro Castillo y ha sumido al país en un caos de represión y muerte. Pero recordamos menos otras épocas donde está manera de fomentar el odio derivó en gravísimas consecuencias, como fue la creación de un clima de inestabilidad política para justificar el golpe de Estado militar contra la Segunda República española.

La tergiversación del juego democrático, mediante actitudes y declaraciones que generan un falso clima de enfrentamiento social, hacen desviar la mirada de la actividad normal de cualquier parlamento con su acción deliberativa y legislativa, coloca al ciudadano en una situación donde lo que parece importar de verdad es la diferencia con el otro, diferencia que si no existe se inventa, donde se convierten argumentos en piedras y se sobredimensionan los problemas, negando además su resolución pacífica mediante la discusión y la conciliación. Todo esto sería imposible sin la colaboración necesaria de una preocupante mayoría de medios de comunicación de masas.

El recurso irresponsable a esta forma de actuar en una democracia, mediante la violencia verbal y gestual, es utilizada a conciencia por parte de la derecha y la ultraderecha que ven como su mito ultraliberal se cae hecho pedazos ante las consecuencias de sus crisis constantes y las graves desigualdades sociales que genera. La aparición tormentosa de líderes ademocráticos como Trump, Bolsonaro, Orban, etc., que, dentro de sistemas democráticos, intentan alargar la agonía del capitalismo neoliberal, cómo un epílogo inaplazable de este sistema económico.

Ni siquiera la deriva del social liberalismo, bajo un falso manto de socialdemocracia, ha podido evitar la miseria de un modelo de regresión e injusticia social, que finalmente dejó a la vista sus carencias y su verdadera faz para afrontar una epidemia o para evitar una guerra. Y como ha ocurrido otras veces, instituciones constitucionales creadas para garantizar el respeto a las normas y al juego democrático, instituciones garantes del respeto a los derechos y libertades fundamentales, han sido intencionalmente manipuladas, léase Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial…

Sorprende el alcance de estas actitudes irresponsables de ciertos políticos y/o magistrados y de ciertos medios de comunicación, ante las consecuencias de la ruptura de esos delicados equilibrios. Es un sinsentido esta puesta en riesgo de la arquitectura constitucional para conseguir que determinada opción política obtenga lo que no le otorgan los ciudadanos por vías democráticas, y por tanto es aún más impresentable e inaceptable por destruir algo tan importante para un fin tan espurio.

Ante esta situación, donde esos determinados partidos de la derecha antidemocrática practican únicamente ruido y enfrentamiento, buscando el conflicto civil para conseguir el poder por el poder, no podemos responder más que con participación y lucha democrática/pacifica, por ejemplo defendiendo bienes comunes como la Sanidad Pública o las Pensiones, en la más absoluta normalidad, demostrando que el discurrir del juego democrático permite que los conflictos expresados por el pueblo soberano se resuelvan en el Parlamento, sean los que sean y tengan la gravedad que tengan.

Eduardo Hernández Oñate
Militante Socialdemócrata de Madrid

46 años de los atentados de Atocha

Ni olvido ni perdón

El 24 de enero de 1977, hace ahora 46 años, un grupo de pistoleros franquistas entró en un despacho de abogados laboralistas de CCOO situado en el número 55 de la calle Atocha de Madrid , asesinando a los abogados Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, al estudiante de derecho Serafín Holgado y al administrativo que allí traba jaba Ángel Rodríguez Leal, además de herir de gravedad a otras cuatro personas.

En el comando que protagonizó la matanza, además de militantes ultraderechistas franquis tas españoles, también participó un neofascista italiano, próximo a la organización Gladio dirigida por la CIA.

La libertad costó sangre, la transición lucha, y hoy nos toca defender esos mismos valores de libertad y lucha, y no olvidar que los fascistas siguen ahí, y ahora metidos en las instituciones.

Baltasar Santos
Miembro del comité de redacción de TS

Nicolás Redondo Urbieta.

Una vida de lucha, en defensa de los derechos de los trabajadores

Se ha ido Nico, el de la generación del 27, la obrera, no la literaria. Nació el 16 de junio de 1927, en Barakaldo. Sufrió en su infancia la guerra civil desatada por quienes no soportan los avances sociales y las libertades para la mayoría. Así, siendo niño, entre los 9 y los 12 años, soportó el hambre, el miedo provocado por los bombardeos y el exilio; con 11 años, junto a más de dos mil niños y niñas, embarcó en el Habana, que zarpó desde Santurce rumbo a Francia.

No regresaría hasta finales de 1939, para encontrase con la España del “Cara al Sol” y la represión.

Como era lo habitual en aquellos años, comenzó su vida laboral en la pubertad, en La Naval de Sestao, con 15 años. Nicolas fue de los que estudiaba y trabajaba; por la mañana en la Escuela Náutica y por la tarde en la fábrica. Participó en las primeras huelgas obreras contra el franquismo en 1946 y 1947, en las que se mezclaba la euforia por la victoria aliada en la IIGM, con la resistencia de los trabajadores en España contra la miseria y la sobre explotación. En aquellos años ya era militante de base de la UGT y del PSOE colaborando con el reparto de propaganda, lo que le supuso la primera detención, en la primavera de 1951.

Participó activamente en la huelga de la Naval del 30 de abril del 62, en solidaridad con la que se había desatado el 7 de abril en la mina asturiana de la Cuenca del Caudal, en el Pozo Nicolasa. No descasará de colaborar en los conflictos obreros de la década de los años 60 y en viajar por todo el territorio del Estado, haciendo proselitismo y organizando sindical y políticamente; actividad que conllevaba el riesgo de cárcel y de pérdida del puesto de trabajo. Comenzó a formar parte de las direcciones del PSOE y la UGT en 1970 y el 1971, respectivamente. La Naval le despidió en 1973, era uno de los “precios” que se corría el riesgo de pagar por ser coherente.

Fue en ese año de 1973 cuando, en el XII Congreso de la UGT, es elegido Secretario General por vez primera. Participó en todos los acontecimientos políticos, sociales y de Partido de la década de los 70, destacando su actitud inteligente y generosa en el Congreso del PSOE, celebrado en Suresnes, en el que optó por apoyar a Felipe González como Secretario General del PSOE, a pesar de que él contaba con apoyos suficientes para serlo, con el criterio de no dividir al Partido y optar por una persona más joven, con capacidad probada.

Fue uno de los diputados secuestrados en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981. Su respuesta fue la de la defensa de la democracia llamando a la movilización y exigiendo la depuración de responsabilidades.

La década de los 80 comenzó alterada por el intento de golpe de Estado y continuó siendo dura para Nicolas Redondo, quizá la más dura ideológicamente, pero, en la adversidad, prevaleció su sentido de la coherencia y la lealtad a los intereses de la clase trabajadora: se opuso a la permanencia de España en la OTAN, en el referéndum de marzo de 1986; renunció a su acta de diputado, en octubre de 1987, por el desacuerdo con el Gobierno en las políticas económicas y el reparto de la riqueza, acto en el que fue secundado por las también diputados, Antón Saracibar y Cándido Méndez; convocó, junto a las CCOO de Marcelino Camacho, la huelga del 14 de diciembre de 1988, frente a las políticas “liberales” del Gobierno Socialista.

Tras una vida de lucha en defensa de los intereses de los trabajadores, en 1994 puso punto y final a su dedicación sindical al frente de la Unión General de Trabajadores, Nicolás ha vivido serenamente y siendo receptor del cariño y la gratitud de sus compañeros y compañeras. Sirvan estos párrafos para dar una pequeña idea y recordar quién fue este gran defensor de las libertades y los derechos de quienes viven de su salario.

Que la tierra te sea leve, compañero.

Roberto Tornamira
4-ene-2023

Golpe de estado judicial

Cuando me comprometí a escribir esta contribución al número de diciembre de Tribuna Socialista, me planteé la idea de escribir una crónica del acto de Pedro Sánchez en Barcelona del pasado 11 de diciembre, y al hilo del discurso de nuestro Secretario General y concretamente al hilo de una de sus frases en aquel acto “Hay que devolver a la política lo que es de la política” escribir una reflexión sobre la parcialidad de la justicia y del TC y su alineamiento con la derecha franquista. Sin embargo, los gravísimos hechos ocurridos que se han ido precipitando en las últimas semanas me han llevado a extenderme en la narración de los mismos.

Acto de Pedro Sánchez en Barcelona

El pasado domingo 11 de diciembre el PSC organizó un acto en el Palacio de congresos de Barcelona, en la que miles de militantes de todas las agrupaciones de Catalunya asistimos para reforzar a nuestros alcaldes y alcaldesas y el poder del municipalismo socialista. Así mismo, el acto servía para presentar públicamente la candidatura de Jaume Collboni a la alcaldía de Barcelona. Sin embargo, la auténtica relevancia del acto para los militantes que no somos de Barcelona, fue la presencia y discurso del primer secretario del PSC Salvador Illa y muy especialmente, de nuestro Secretario General y presidente del gobierno, Pedro Sánchez.

Pedro defendió el papel de los socialistas en la gestión del conflicto político en Catalunya, abogando por el diálogo y, aunque de forma indirecta, aludiendo a las últimas reformas del código penal sobre los delitos de malversación y de sedición, como parte importante de la resolución del conflicto. De su discurso, quiero destacar su expresión de que hay que solucionar los conflictos políticos mediante la política y parar la judicialización del conflicto con los independentistas catalanes. ¡Bienvenido, Pedro! Esta es la posición que la línea editorial de Tribuna Socialista mantiene desde el inicio del conflicto ¡Los conflictos políticos se han de resolver políticamente! ¡Diálogo y política! Estrategia radicalmente opuesta al ¡A por ellos!, que mantiene un amplio sector de jueces, el antidemocrático Tribunal Constitucional, la derecha, la ultraderecha y el sector más reaccionario del PSOE, encabezado por el presidente de Castilla La Mancha, García-Page. Analicemos:

Modificación del Código Penal: el delito de sedición.

Los grupos parlamentarios que dan soporte al Gobierno de España presentaron este mes de diciembre una proposición de ley para modificar el Código Penal. Esta iniciativa parlamentaria, hecha oficial después de que el presidente Pedro Sánchez manifestara la voluntad del Gobierno de reformar la legislación relativa al delito de sedición, contempla la sustitución de este tipo penal por otro de “Desórdenes públicos agravados”, en consonancia con el derecho comparado de nuestro entorno europeo. De hecho, entre los motivos esgrimidos por varios tribunales de estados miembros de la UE para no extraditar a los líderes del “procès” responsa- bles de los hechos acaecidos en 2017, han sido, entre otros, la inexistencia de delitos equivalentes a la sedición en los ordenamientos jurídicos de estos estados miembros. Por tanto, desde el punto de vista técnico, parece evidente que un delito del siglo XIX como el de sedición, no se corresponde con la realidad actual, y que una modificación del mismo es del todo procedente.

Pero prescindiendo de los argumentos tecnicistas-jurídicos, sobre los que el que suscribe se declara profano, lo realmente importante de esta modificación es que ayuda a la resolución del conflicto político en Cataluña, al diálogo y la convivencia.

Mientras que el Gobierno del PP de Rajoy creó el conflicto y lo agravó hasta lo insostenible, ahora, la tensión política y social es mucho menor, y la apuesta por el diálogo, la convivencia y la política es el eje sobre el que pivota la resolución del conflicto. Sin embargo, parece que hay quien prefiere el conflicto permanente porque el discurso de “España se rompe” da votos.

La decisión política de convertir el delito de sedición en un delito de desórdenes públicos agravados es una decisión que va en la dirección correcta. Antes bien: con la intransigencia de la derecha hemos topado. Los mismos que se cargaron el Estatut de Autonomía de Catalunya son los que se oponen a la reforma del códi- go penal. Los mismos que provocaron la radicalización de un amplio sector de la sociedad catalana son los mismos que bloquean la renovación del CGPJ y el Tribunal constitucional.

Modificación del Código Penal: el delito de malversación.

El otro caballo de batalla de la derechona antidemocrática es la reforma del delito de malversación que se propone gracias al acuerdo de socialistas y republicanos, y que tiene por objetivo revertir la reforma de este delito que aprobó el PP en 2015. La reforma retoca los artículos 432, 433 y 434 del código penal de forma que cuando no existe ánimo de lucro o enriquecimiento personal, las penas serán menores que en la actualidad.

Nuevamente, sin entrar en tecnicismos, ¿Es esta una medida que ayuda a la resolución del conflicto en Catalunya? Si, ¡Bienvenida sea!. Retornar a la política lo que es político.

La escandalosa interpretación de los jueces de “ley del solo sí es sí”

Recordemos que la ley del “solo sí es sí” llegó para poner fin a la bochornosa interpretación de algunos jueces y fiscales en la incoación y sentencia en casos que clamaban al cielo.

¿Recuerdan a la jueza Victoria del Carmen Molina en una causa sobre violación, preguntando a una víctima si había cerrado las piernas con fuerza suficiente?

¿Recuerdan al fiscal García Cabañas preguntando a la víctima sobre su vestimenta para saber si era sexualmente provocadora?

¿Recuerdan al Obispo de Tenerife, monseñor Bernardo Pérez, explicando que los abusos a niños se debían a la dificultad que tienen los eclesiásticos para no caer en la tentación de sobar esos culitos tan apetecibles?

¿Recuerdan al juez Ricardo González que discrepó con su voto particular de la sentencia en el caso de “la manada” al considerar que lo que él percibía era un ambiente de fiesta y jolgorio?

Pues bien, la ley del «Solo sí es sí» llegó para aclarar estas interpretaciones. Sin embargo, nuestros jueces consideran una intromisión de la política en «sus asuntos» y para demostrarlo han reinterpretado la nueva ley a su manera, rebajando las penas a violadores y pederastas con el objetivo de ridiculizar a Irene Montero y al gobierno de Pedro Sánchez, demostrándoles quien manda en este país

Los jueces olvidan que la ley fue preparada por ilustres juristas, y su aprobación tuvo lugar tras las consultas pertinentes al gabinete jurídico del Congreso de los Diputados y su visto bueno. Hasta ese momento, no hubo ningún tipo de alarma social por peligro de reducción de penas que pudiera acarrear su aplicación.

Ahora bien, una vez aprobada los jueces empiezan a reducir penas a violadores y pederastas. No es la ley la que se equivoca, sino la interpretación interesada que hacen los jueces la que está reduciendo las penas de los violadores. No lo digo yo, lo dice el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín en RTVE, preguntado en referenca a las polémicas reducciones de penas: “La ley está bien diseñada. Es un asunto jurídico que los organismos judiciales competentes tendrán que solucionar”.

Es evidente que la misma ley que ofrece a los jueces la posibilidad de reducir las penas de violadores, permite también no reducirlas. Entonces ¿qué pasa por la cabeza de un juez cuando reduce las penas de violadores solo por dañar la imagen y la credibilidad de una ministra o de un gobierno?

Como dijo la ex vicepresidenta Carmen Calvo: “La política tiene que encontrar una solución rápida porque el problema es muy grave” y esa solución política ha pasado por el pleno extraordinario del Parlamento del día 15 de diciembre.

La soberanía popular reside en el Parlamento, ni en el TC ni en el CGPJ

La soberanía popular reside en las Cortes Generales, único poder elegido directamente por el pueblo. La composición del CGPJ debiera ser un reflejo de la voluntad popular, y para ello es indispensable que sus órganos se renueven. Sin embargo, los jueces que gobiernan el CGPJ llevan 5 años sin renovarse, y los del TC más de 6 meses. Es como sí los diputados se negaran a abandonar sus escaños cuando se producen nuevas elecciones. Vamos, que la usurpación de poder en el gobierno de los jueces y del TC provoca que estos órganos tengan una mayoría conservadora cuando el pueblo ha decidido que haya un gobierno progresis- ta. Todo muy constitucional. Esta “anomalía” es en realidad un atentado contra la democracia y contra la voluntad del pueblo.

Las decisiones políticas que toman los cargos electos elegidos por la ciudadanía están siendo secuestradas, bloqueadas e interpretadas por juristas que alineados con la derecha franquista, y eso, queridos lectores, es un golpe de estado judicial.

El gobierno ha impulsado una reforma para desbloquear la renovación del TC, que ha sido recurrida por el PP y VOX para perpetuar el bloqueo. El trasfondo es seguir con la misma política de mantenimiento del conflicto en Catalunya. El TC se cargó el Estatut de Catalunya lo que provocó la radicalización de posiciones del sector independentista. El PP y VOX utilizan las instituciones obsoletas del Estado para frenar cualquier intento de retornar a la política lo que es político y para arrogarse, mediante el TC, la función de decidir sobre lo que puede o no puede hacer el poder legisla- tivo.

Pero la cosa no acaba ahí. Como hemos analizado en el apartado anterior cualquier legislación progresista aprobada por el gobierno de Pedro Sánchez es sistemáticamente interpretada en sentido contrario por los jueces, como en el caso de la ley del solo sí es sí”.

¿Y qué hacemos con los barones?

Digámoslo claro. Gente de nuestro partido defiende posiciones que le hacen el juego a la derecha, coincidente con la derecha, y de forma recurrente y reincidente.

Lo hicieron cuando promovían un gobierno de gran coalición PP-PSOE, que la militancia socialista rechazaba.

Lo hicieron cuando cesaron a Pedro Sánchez como Secretario General del partido cuando éste se mostró proclive a liderar el “No es No”.

Lo han hecho intentando dilapidar continuamente los acuerdos de gobierno con UP, o con el diálogo político con ERC o Bildu.

Lo hacen siempre, y especialmente con todo lo que hace referencia al diálogo y la negociación política para resolver los problemas que nos afectan.

¡Ya es suficiente!. En cualquier otro partido, estos barones ya estarían expulsados del partido, así que animo a los compañeros y compañeras de las agrupaciones de Castilla la Mancha y de Aragón que nos hagan llegar sus reflexiones al respecto.

Pleno extraordinario. Votación en el congreso

El día 15 de diciembre tuvo lugar en el Congreso de los Diputados la votación para la reforma legal que suprime el delito de sedición, modifica el de malversación, cambia la ley del Poder Judicial para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional y aclara a los jueces como interpretar la ley del “solo sí es sí”.

Al inicio del debate, PP, Vox y Ciudadanos intenta- ron que se suspendiera la sesión hasta que el TC resolviera sus recursos. La compañera Meritxell Batet rechazó su petición: “no hay razón ni hay obstáculo para no continuar con el procedimiento legislativo previsto, en defensa de la autonomía parlamentaria,de la potestad legislativa de esta cámara y del debate,que no responde más que a una democracia deliberativa y al poder legislativo”.

De igual manera, el portavoz socialista, Felipe Sicilia, comparó el intento de deslegitimación de las decisiones del Parlamento por parte de la derecha con el golpe de Estado: “Hace 41 años la derecha quiso parar un pleno del Congreso y también la democracia, contricornios. Hoy, ha querido hacerlo con togas, pero no lo han conseguido porque nuestra democracia es fuerte y sólida”.

Sin duda, la instrumentalización de la justicia por parte del PP es una constante que ha tenido una nueva expresión en este pleno extraordinario del Congreso de los diputados.

Con todo, la reforma legal salió adelante con 184 votos a favor, 84 en contra y 1 abstención, aprobando la supresión del delito de sedición, la modificación del delito de malversación, el desbloqueo del procedimiento para la renovación del TC y la aclaración a los jueces sobre cómo deben interpretar la ley del “solo sí es sí”. Faltaba solo la tramitación en el senado, y que el TC, no se entrometiera en las resoluciones políticas.

19 de diciembre de 2022: el golpe de estado judicial del TC se consuma

Sin embargo, en fecha 19 de diciembre, el TC se pronunció en sentido contrario a las resoluciones del Congreso de los diputados y estimó las pretensiones del PP, VOX y C’S, paralizando la tramitación parlamentaria de los cambios en el Poder Judicial y en el propio TC, tal y como había solicitado el PP.

Este es un hecho sin precedentes que consuma el golpe de estado judicial alentado por el PP mediante el que lo aprobado en el Parlamento queda bloqueado por la decisión de un Tribunal constitucional, caducado y usurpado por la derecha, que es juez y parte, y que secuestra la soberanía popular del Parlamento.

Los presidentes del Senado y del Congreso se han aprestado a acatar la sentencia, aún mostrandose críticos con la misma. De igual manera, Pedro Sánchez también la ha acatado aunque ha anunciado que tomará medidas.

La militancia del PSOE se desorienta ante esta sumisión a la injusticia. Ya estamos cansados de tanto facherío.

Militantes del PSOE en defensa de la democracia.

La aprobación en el parlamento de la Reforma Legal el 15 de diciembre y su paralización por el TC el día 19 es un golpe de Estado judicial. PP, VOX, C’s y los barones socialistas que les apoyan son la guardia civil de Tejero.

Los demócratas debemos actuar con contundencia. En todas las agrupaciones socialistas es necesario pro- mover el debate y la actividad militante ante el envite de quienes quieren cargarse la democracia y al propio PSOE, como ya lo intentaron en el Comité Federal del 1 de octubre de 2016, antes aludido.

Como recordarán los lectores de TS, tras aquel Comité Federal, solo gracias a la organización de plataformas militantes en apoyo al “No es No” y a Pedro Sánchez se pudo revertir la situación a la que nos encaminaban los barones; y solo gracias a ese apoyo, pudimos promover una moción de censura y elecciones generales en las que los partidos de izquierda, con el PSOE y Sánchez a la cabeza, pudimos ganar el gobierno para hacer políticas para la mayoría social.

Llueve sobre mojado con los barones alineados con la derecha y la ultraderecha que quieren secuestrar la política del parlamento y dejarla en manos de sus jueces. El acatamiento de la sentencia no ayuda, desmoviliza y crea confusión, pero lo que nuestros líderes no se atreven a decir lo debemos expresar los y las militantes en las calles.

La respuesta de los demócratas a esta crisis institucional sin precedentes requiere de una respuesta con- tundente en forma de movilización masiva para detener este golpe de estado judicial.

¡Recuperemos la democracia!

Baltasar Santos Fernández
Miembro del Comité de Redacción de TS
Primer Sec. de la agrupación PSC- El Vendrell