El Salario Mínimo Interprofesional, SMI, es el instrumento que tienen los gobiernos para tratar que el mercado del trabajo no esclavice a quienes más necesitados están, y trabajarían por cualquier sueldo.
Muchos, demasiados, piensan que es el mercado quien debe regular los sueldos, que los gobiernos no deben intervenir y que si alguien quiere trabajar por 400 €, pues que lo haga, siguiendo una filosofía neoliberal defendida por la derecha y la ultra derecha.
Esos muchos no tienen ningún problema para llegar a final de mes y eso de la desigualdad y la pobreza, les es totalmente indiferente.
El argumento que ponen es que si sube el Salario Mínimo Interprofesional entonces subirá el paro y eso sería peor para la economía, cosa que obviamente no es cierto. Saben que no es cierto, que no se ha demostrado, pero siguen diciéndolo y sus medios de comunicación, siguen repitiéndolo.
Me explico. En 2018, en el último año de gobierno del PP, el SMI era de 735 €. Gobernando el PSOE se ha ido incrementado hasta los 965 € de 2021, es decir se ha producido un aumento de un 31 %. En cuanto al empleo, en septiembre de 2018, había 18,8 millones de españolas/es dados de alta en la Seguridad Social, mientras que en septiembre de 2021 superaban los 19,5 millones, es decir un incremento del 6,5%. Se demuestra, en un párrafo, las mentiras de los postulados neoliberales.
Lo que sí es cierto, es que con esa subida los beneficios de las grandes multinacionales, que contratan a miles de empleados/as, se reducen en algunos millones. Es decir, que en vez de ganar unos 620 millones de euros al año, ganarían “solo” unos 610 millones.
Imagino a ese grupo de señores (sí, imagino que serían todos señores) almorzando en el restaurante con estrellas michelín de moda de Madrid, hablando entre ellos de que no se puede subir el Salario Mínimo porque reducirían sus beneficios empresariales, mientras se gastan en ese almuerzo lo que gana un trabajador/a en un mes.
Imagino a la dirección del PP reunida, llegando a la conclusión que le interesa más apoyar la postura de los empresarios/as, que en la de los trabajadores/as, diciendo posteriormente el Sr. Casado barbaridades como que él estaba en contra de cualquier aumento y que, incluso, reduciría el SMI a 850 €.
Imagino a la dirección de los medios de comunicación de las derechas y ultra derechas españolas, después de escuchar a la CEOE y al PP, dando las instrucciones a sus periodistas para que escriban titulares en contra del aumento del SMI y que se busquen para ello los argumentos que quieran.
Pero digan lo que digan, es totalmente cierto que se puede incrementar el Salario Mínimo y generar empleo. Y también es totalmente cierto que la subida del SMI reduce la desigualdad y los índices de pobreza, no encuentro mejor argumento para apoyar ese incremento.
Y también es cierto que hay demasiada gente con una mínima vergüenza, a la que le desearía que su familia viviera durante un tiempo con 965 € al mes … a ver si llega a la mitad de la primera semana.
A lo largo de la historia, uno de los problemas que ha sufrido la clase trabajadora, desde que el trabajo empezó a ser reconocido y remunerado, ha sido la cantidad económica que se considerase suficiente para compensar su esfuerzo y el beneficio que produjese su productividad. La cantidad que se daba en dinero o especie era únicamente la que permitiese cubrir sus necesidades básicas de subsistencia, y que del mismo modo no generase un peligro o amenaza para los burgueses propietarios de los medios de producción, y a las estructuras del Estado puesto en función de sus intereses económicos y sociales. En este recorrido histórico podemos recordar la ”Ley de bronce del salario” del siglo XVIII, expresada en la obra de David Ricardo, entre otros, lo que se podía considerar el sistema económico de un nuevo modelo liberal.
En la actualidad, los bajos salarios siguen siendo un problema social, político y económico. Los bajos salarios y el paro, dos variables de peso, que afectan a la sociedad actual y son la razón del crecimiento de la pobreza; tanto relativa como extrema, y exclusión social. Una pobreza que con el paso de los siglos ha cambiado sus formas. En las sociedades antiguas se revelaba como una situación de penuria extrema; en las sociedades modernas era considerada la sombra de la riqueza; y en la actualidad se considera como lo negativo al desarrollo. Del mismo modo que el concepto de pobreza se transforma con el paso de los siglos, las ayudas también han ido cambiando, desde las ayudas para alcanzar la mera supervivencia de las sociedades antiguas que ofrecía el orden económico establecido, a otras más actuales como el ingreso Mínimo Vital. Otras medidas de gobierno, como el incremento del salario mínimo interprofesional, ayudan a mejorar la situación económica de los más desfavorecidos, actualizando un salario que se entiende como “suficiente”, mínimo para cubrir las necesidades que una persona necesita dentro de los estándares de la vida actual. Estos cambios y medidas para paliar la pobreza son más bien parches para evitar un estallido social que rompa los diques de una democracia que, en realidad, está basada en la desigualdad de clases, con profundas brechas sociales.
Las diferentes crisis económicas, reformas laborales, la Covid-19 y el aumento escandaloso del coste del consumo eléctrico y energético, han sido un nuevo lastre para la mayoría social, la clase trabajadora, que ha sufrido las consecuencias una vez más ,de tal manera que el riesgo de pobreza ha aumentado notablemente, afectando a capas de la población que aún no estaban en esta situación, dejando en evidencia la legislación laboral que no es capaz de afrontar las problemáticas de los nuevos tiempos.
Una de las consecuencias que ha tenido de la desproporcionada subida de precio en el consumo de energía eléctrica ha hecho crecer el IPC, lo que supone una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores, teniendo en cuenta que los salarios se mantienen o las subidas son muy inferiores, una media del 1,5% frente al 5,5% del actual IPC (al cierre de noviembre). Una de las razones más evidentes de la devaluación salarial, es sin duda, la pérdida de una herramienta fundamental para los intereses de la clase trabajadora, como es la negociación colectiva. No hace falta decir que, tan importante herramienta, se ha perdido a causa de una reforma laboral que lo impide, dando prioridad a los convenios de empresa, dejando en segundo plano los convenios sectoriales, lo que supone una indefensión en muchos de los casos para los trabajadores, ya que en muchos sectores donde la fuerza sindical no está presente o la afiliación es baja, la capacidad de negociación es mínima, lo que condiciona los resultados de los posibles acuerdos, beneficiando a las grandes empresas y haciendo pagar a los trabajadores, una vez más, las consecuencias de la inflación. Esperemos recuperar pronto esta herramienta.
Mientras tanto, la clase trabajadora espera con incertidumbre el resultado de la negociación para la modificación de la reforma laboral, que permita recuperar esa capacidad de diálogo para los sindicatos, arma básica en tiempos de democracia en un Estado social y de derecho.
El resultado de la negociación sobre la reforma de la reforma laboral va a ser fundamental para el futuro de la clase trabajadora, una clase trabajadora que se divide entre los que esperan que sea un éxito, recuperando derechos que no debieron de perderse en ningún momento y otros que esperan resignados, acostumbrados en los últimos tiempos, a ver como sus condiciones laborales se deterioran. Esa división es el fracaso mismo de la sociedad, la espera.
No nos engañemos, no será un éxito, y tampoco motivo de resignación, lo que si será es la hoja de ruta de las futuras reivindicaciones, motivos fundados en la razón para movilizarse y continuar la lucha, recuperar la conciencia de clases, recuperemos valores.
Tanto este “País del Cuento” que os voy a relatar, como todos sus personajes solo están en mi delirante imaginación, por lo tanto, todo parecido con la realidad, es pura ficción, sometida al análisis crítico del lector.
¿Como de respetable y respetada es o debe ser la constitución de un país democrático?, teniendo en cuenta que desde hace más de sesenta años soy gallego de adopción os contestaré que “depende”.
Había una vez, desde el principio de los tiempos, en el sur de Europa un país, que durante su larga historia fue conquistado y reconquistado una y otra vez, por muy distintas “civilizaciones” o “culturas” fue dominado y regido de diversas maneras más o menos dictatoriales y también democráticas o seudodemocráticas, fueron muchas y muy variadas las dinastías, y abundantes las castas que durante toda su historia, sometieron de forma más o menos brutal durante muchos siglos a la población de este hipotético pueblo.
Sin embargo, a pesar de los constantes sometimientos, vejaciones, penurias, sufridas por los ciudadanos de este país, siempre tuvieron dificultades para auto-gobernarse, a veces se produjeron algunos tímidos intentos de autogobierno, pequeñas y timoratas escaramuzas, tratando de rebelarse contra el poder dominante, que conseguían establecer eventual y tímidamente sistemas más o menos democráticos, que fracasaban una y otra vez, pues siempre pasaba lo mismo, surgían enseguida las individualidades propias e inevitables de las gentes de aquel singular lugar.
El problema vital de aquel país y de sus sociedades, siempre era el mismo, la incapacidad de unirse para conseguir un fin común aunque este fuera importante para todos, cada vez que se iniciaba un proyecto colectivo para mejorar la vida de sus habitantes, el colectivo que presentaba la iniciativa, era escrutado criticado y vilipendiado por los demás, sin analizar su propuesta y sin presentar ninguna alternativa, solo se producía sin argumentos válidos la descalificación al promotor de la idea, injuriándole y acusándole de las mayores falsedades, hasta acabar inevitablemente con las incipientes autodeterminaciones, volviendo irremediablemente a dar entrada al dictador de turno, o a la dinastía monárquica que se limitaba pacientemente a esperar el desastre para poner “paz”, con las formas que al parecer eran las únicas que el pueblo entendía, que simplemente y como rebaños de sumisas ovejas en lugar de autogobierno, necesitaban ser pastoreados por el despotismo más brutal, sin que hubiera lugar a ninguna libre decisión.
Por lo cual aquella sociedad, durante siglos y de alguna manera también en la actualidad, parece preferir ser dirigidos despóticamente para que todo funcione más o menos a gusto de regímenes totalitarios, pues siempre se evidencia cierta tranquilidad cuando está dirigida sometida o mangoneada tiránicamente por alguien. En las esporádicas ocasiones en las que el pueblo pretendía experimentar formas más o menos democráticas, es cuando se producían las envidias, las intrigas, las desconfianzas, los abusos de poder, las guerras, incluso entre hermanos, hasta que de nuevo, aparecía una dinastía de las que esperaban la ocasión en algún exilio cercano, o bien un dictador por la fuerza de un golpe de estado, derribaba la endeble democracia y se hacía con el poder, humillando otra vez a los ciudadanos, que una vez más eran incapaces de unirse contra esa injusta situación, claudicando sumisos ante el poder impuesto, que en muchas ocasiones utilizaba a los personajes que habían representado democráticamente al pueblo, como cómplices de la represión.
En ese país, eran frecuentes los conflictos y las guerras por el poder, la última de las citadas guerras fue la llamada Guerra Civil, provocada por un golpe de Estado, que consiguió derribar por la fuerza uno de aquellos intentos democráticos, una cruenta y fratricida guerra, que enfrentó incluso a hermanos y que costó la ruina e incluso la vida, a una gran cantidad de ciudadanos de todas las edades, con la consiguiente destrucción de patrimonio y en especial de la poca dignidad que podría quedar.
Pues bien, como suele ocurrir después de una guerra, que en teoría se había planificado para evitar la autodestrucción de los gobernantes democráticos que habían sembrado el caos y que daría paso a una dictadura provisional, cuyo fin teórico era calmar las aguas y luego se instauraría una democracia. Ganó esa guerra criminal un militar insignificante, pero con mucho caudillaje y con pocos escrúpulos, una gran ansia de poder, que rodeándose de abundante gente de su calaña, consiguió someter a lo que quedaba de la población de aquel país, consiguiendo incluso mantenerlo aislado del resto de países de su entorno, que sí habían conseguido unirse y autogobernarse, con sistemas imperfectos pero democráticos.
Pues bien, una vez acabada la guerra por eliminación de todo aquel que pudiera significar un obstáculo, aquel personaje mediocre se autoproclamó Jefe de gobierno de lo que a partir de entonces se convertía una vez más en una dictadura, este dictador, que supo rodearse de incondicionales sumisos, consiguió con gran facilidad y con la inestimable ayuda del Clero, que como es sabido siempre esta con el poder, someter rígidamente a lo que él llamó su pueblo, durante más de cuarenta años, sin necesidad de soportar rebeliones de importancia, consiguiendo mantener el poder, hasta su muerte tranquilamente en la cama de su palacio, anciano y enfermo, pero ostentando hasta el final el poder absoluto.
Antes de morir y para mantener a su país humillado lo cual no era difícil, al darse cuenta de que era un ser mortal, quiso inmortalizar su poder instaurando la monarquía una vez más, sin aconsejarse por nadie, nombrando heredero tras jurar fidelidad a su proyecto, a un príncipe de una dinastía que nunca destacó por sus luces, que ya había gobernado antaño, dejando por tanto su sucesión atada y bien atada.
Esta decisión, evidentemente no fue cuestionada por los acólitos del fallecido dictador, clero incluido, que veían como su estatus, podría seguir igual o mejor, ya que se convertían en cortesanos.
El dictador, junto con la corte recién creada, ante las presiones de los países vecinos con democracias consolidadas, que aumentaban considerable y peligrosamente, se inventaron lo que se dio en llamar una democracia asistida, no fuera que algunos se creyeran de verdad que el poder emana del pueblo, que sí que emana, pero poquito. Pues bien, sentaron durante meses a unas destacadas mentes pensantes, que en su gran parte habían sido y eran íntimos colaboradores del Dictador, para que elaboraran -que ironía- una “Constitución democrática” pero sin pasarse, como tenía el resto de países modernos.
Tras meses de sesudos estudios, se elaboró una “Constitución” que, como merito principal, tenía el consenso general de aquellos llamados Padres, que la habían confeccionado siguiendo fielmente las pautas del dictador, lo cual no garantizaba demasiado su libertad.
El compromiso, era que esa “Constitución” no considerara -olvidara- las aberraciones y crímenes de Estado, ocurridos anteriormente y por lo tanto tratara con “sensibilidad” a militares, golpistas, asesinos, torturadores, políticos colaboradores de la dictadura, y una especial “Ternura” con los miembros del Clero, que tan cerca estuvieron siempre del Dictador, eso a pesar que la propia “Constitución” declaraba que se trataba de un país aconfesional, lo cual tampoco era del todo exacto.
Una “Constitución” que dogmatizara, que la forma de gobierno sería la Monarquía “Parlamentaria”, es decir que el jefe del Estado, sería el que, de forma totalmente arbitraria, había decidido el dictador, es esa Constitución que, no obstante, recogía como cualquier otra derechos y obligaciones. Las obligaciones eran cumplidas estrictamente, aunque muchos de los derechos después de cuarenta años de supuesta democracia aún siguen sin ser efectivos, ante la vergonzosa pasividad de nuestros partidos políticos.
La muerte del dictador, trajo como consecuencia lo que se dio en llamar irónicamente “Transición Democrática Ejemplar”, que dio paso a algo tan esperanzador en aquel entonces, como fueron unas elecciones “libres”, por fin aquellas gentes, podrían elegir a quien les iba a gobernar, por fin no se verían sometidos al poder, por fin no les robarían, por fin no les engañarían, por fin serian ellos los que decidirían quien les gobernaría, por fin tenían una “Constitución”, que permitiría a esos políticos elegidos por el pueblo, poner a su disposición esos derechos que a los ciudadanos la Carta Magna les garantizaba.
Pues bien, después de varias décadas de “Transición Ejemplar”, y como siempre ha ocurrido en ese “País del Cuento” que os estoy relatando, los ciudadanos, siguen siendo igual de sumisos que antes con las dictaduras, igual que antes con las monarquías, igual que antes de los imperios, siguen siendo envidiosos, siguen siendo incapaces de unirse para nada, siguen siendo prepotentes cuando alcanzan un mínimo de poder, siguen robando prevaricando y malversando, cuando los ciudadanos los colocan en cotas de poder, siguen mintiendo a los ciudadanos para conseguir su elección, solo utilizan la “Constitución” para su conveniencia y como arma arrojadiza, pero no la cumplen en los aspectos sociales, ni en cuanto a los derechos de los ciudadanos, los habitantes de ese país del Cuento, siguen sin tener asegurado, el derecho a una educación digna y gratuita, siguen sin tener derecho a una vivienda digna, siguen sin tener derecho al trabajo, siguen muriendo de hambre niños y ancianos en las calles, mientras cada año que pasa hay más millonarios.
Una “Constitución” que no garantiza la equivalencia del voto entre ciudadanos, pues depende de dónde vivan o a quien quieran votar, su voto vale más o menos, una “Constitución” que no garantiza poder ser revisada, ya que solo se revisa para favorecer a los poderosos.
Este país, en el que ahora los políticos son elegidos por el pueblo, pero que una vez en el poder, se olvidan del pueblo y que solo respetan la “Constitución”, para aquello que se ajusta a su forma de gobernar, un país en el que en materia educativa, los políticos de todos los colores, nunca se han puesto de acuerdo, en elaborar unas leyes, que faciliten a los ciudadanos una educación, que les permita tener capacidad de análisis, ante la verborrea de los políticos, especialmente cuando se presentan a las elecciones, algo que es evidente que a los distintos partidos políticos, no les interesa, pues un ciudadano que sabe lo que quiere y a lo que tiene derecho, lo exige democráticamente, es más fácil gobernar a ciudadanos dóciles, que solo con tener acceso al futbol y a los toros tienen suficiente para satisfacer su “intelecto”.
En una ocasión a un político honrado, –que también los hay- en el “País del Cuento” se le ocurrió Proponer en el Parlamento, eliminar los toros y el futbol y con el dinero que el Pueblo se gasta en esos eventos, elaborar un impuesto, con el que pagar las becas a todos los estudiantes con pocos recursos, hacer viviendas sociales, para que nadie viviera en la calle y cosas así, además de ser el hazmerreír de la Cámara, de ser pasto de las críticas más feroces de la prensa, a día de hoy este político está en paradero desconocido.
Que esto venga ocurriendo con los partidos conservadores a nadie le extraña, pero es muy grave que, en este país del cuento, un partido que se autodenomina de izquierda, progresista, que dice luchar por una sociedad justa como le ordena sus estatutos y que así lo hizo en el exilio, con eufemismos como Socialdemocracia, enmascara soezmente su evidente giro a la derecha más retrograda, desacreditando a aquellos pocos militantes que siguen manteniendo sus valores socialistas y morales, ensalzando y promoviendo a los obedientes y sumisos pero sin ideales.
En fin, como afirmé al principio de este cuento, este país está en mi imaginación, quizás exista, pero cualquier parecido con la realidad, quizá sea fruto de mi calenturienta mente.
Si alguien se ve reflejado en este cuento no le pediré disculpas, que reflexione a ver si es cierto, si cuadra con su personalidad y si se encuentra capacitado para demostrar que no es así.
Con este cuento, no pretendo herir a nadie, solo deseo que la gente adquiera capacidad de análisis y que cuando elijamos a quien nos va a representar, sepamos lo que nos conviene como personas, como colectivo y como sociedad.
El primer bloque de la reforma de las pensiones ha entrado en la recta final de su tramitación parlamentaria. El Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del Sistema Público de Pensiones ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, fue votado a favor por los partidos del Gobierno de Coalición, PSOE y Unidas Podemos, así como por Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco y Compromís. Se abstuvo EH Bildu, mientras que votaron en contra PP, Ciudadanos, VOX y CUP.
La reforma, entre otras medidas, garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas, establece una nueva regulación de las jubilaciones anticipadas e incentiva la jubilación demorada, moderniza el Sistema Público de Pensiones y asegura su sostenibilidad financiera mediante la separación de las fuentes de financiación y ante los cambios demográficos -como el que supondrá la jubilación de la generación del baby-boom-, y mejora y amplía la acción protectora de la Seguridad Social. Medidas que junto a las previstas en el segundo bloque -como las bases máximas o la cotización de los autónomos por sus ingresos reales-, configuran el componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sobre las reformas del Sistema de la Seguridad Social presentado por el Gobierno a la Unión Europea.
La norma reformadora recoge los acuerdos sobre las enmiendas de los grupos parlamentarios al texto inicial del Proyecto de Ley, aprobado por el Gobierno el pasado mes de agosto. Con el texto aprobado se realiza la derogación de la reforma de pensiones del PP, impuesta sin dialogo social ni político al igual que la reforma laboral de 2012. Tambien se desarrolla y concreta una parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo, consensuadas por la mayoría de los partidos políticos en 2020, a la vez que se incorporan las materias pactadas en el Acuerdo de la mesa de diálogo social en materia de Seguridad Social y pensiones, de julio de 2021, pactado por el Gobierno y los interlocutores sociales (CCOO, UGT, CEOE y CEPYME).
El Acuerdo alcanzado para determinar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con el que se derogará definitivamente el Factor de Sostenibilidad impuesto por el PP en 2013 que estaba suspendido hasta 2023, y que vinculaba la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida. Se inspiraba en un criterio cínico e injusto: “cuanto más vivas, menos cobrarás”. Su aplicación hubiera supuesto reducir la pensión inicial hasta un 23% en 2051. Con el MEI el Gobierno de Coalición plasma una orientación política diametralmente opuesta: los retos del Sistema Público de Pensiones no se solucionan con más reducción del gasto público ni recortando las pensiones, sino con el aumento de los ingresos de la Seguridad Social.
Los interlocutores sociales y el Gobierno han estado negociando el MEI hasta el 15 de noviembre, como habían pactado. Este nuevo Acuerdo se ha alcanzado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales CCOO y UGT, pues lamentablemente las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME se retiraron abruptamente de la mesa de negociación. Esta reacción ha sido relacionada con las presiones que se venían ejerciendo, por sectores de la derecha política y grupos de interés económico, para socavar las políticas del Gobierno ante la crisis sanitaria y las destinadas a la recuperación económica y social y a minar el actual diálogo social para modernizar el mercado laboral y revertir la reforma de 2012.
Con el MEI se prevé incrementar, a partir de 2023, las cotizaciones a la Seguridad Social en un 0,6 %, las empresas pagarán el 0,5 y el 0,1% los trabajadores, por un periodo de 10 años. La finalidad de esta medida es volver a rellenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, se pretende aportar unos 50.000 millones de euros, que podrán utilizarse a partir de 2032 para las nuevas incorporaciones de pensionistas, estas cotizaciones “extraordinarias” no se podrán utilizar para pagar las pensiones actuales. El Fondo de Reserva llegó a acumular cerca 67.000 millones de euros y ahora solo dispone de unos 2.000 millones de euros. La reforma laboral de 2012 provocó la caída de los ingresos de la Seguridad Social, los gobiernos del PP entre 2012 y 2017 retiraron del Fondo cerca de 59.000 millones de euros para pagar las pensiones.
Las organizaciones empresariales no asumieron la propuesta de repartir el aumento del 0,6 de las cotizaciones entre un 0,2 % para los trabajadores y el 0,4 % para las empresas. Que era más favorable para las empresas que el fijado definitivamente, tras el abandono de sus representantes de la negociación. Si bien el rechazo del Acuerdo, según afirmaron las propias patronales, no era por la cuantía de los coeficientes, sino por los supuestos efectos negativos de esta subida sobre la competitividad y el empleo. No deja de sorprender este argumento, cuando desde 1980 las cotizaciones a la Seguridad Social se han rebajado en 5,5 puntos porcentuales, concretamente las empresas han pasado de pagar un 29,35% al 24,15% que abonarán a partir de la entrada en vigor del MEI.
El incremento del 0,5 % de las cotizaciones para las empresas, sobre las bases reguladoras de los trabajadores, variará entre: Las cuantías de los trabajadores con bases mínimas,1.126 euros mensuales, por los que deberán pagar 5,63 euros más al mes de cotizaciones sociales; y a las de aquellos que cotizan sobre las bases máximas, 4.070,10 euros mensuales, por los se tendrán que abonar mensualmente 20,35 euros más a la Seguridad Social. El resultado global de esta subida en los costes laborales no supondrá lastrar en absoluto la competitividad y el empleo ya que los efectos son inapreciables, pues según los datos hechos públicos por UGT representará unos ocho céntimos por cada hora trabajada.
El aumento de las cotizaciones sociales también afectará a las retribuciones de los trabajadores y a las de los autónomos. Un trabajador cuya base de cotización sea la mínima, 1.126 euros mensuales, cobrará 1,12 euros menos al mes. Mientras que un trabajador que cotiza sobre una base máxima, 4.070,10 euros al mes, verá bajar su sueldo en 4,07 euros cada mes. Los autónomos abonaran mensualmente un 0,6% más sobre sus bases de cotización. Este esfuerzo es sensiblemente inferior al recorte que se pretendía imponer con la aplicación del Factor de Sostenibilidad, que de haber entrado en vigor hubiera supuesto una reducción en la pensión inicial de hasta 300 euros.
También se han acordado otras mejoras de gran importancia respecto al texto inicial del Proyecto de Ley, entre las más significativas se encuentran las siguientes:
Impulsar desde 2022 medidas para que las pensiones mínimas superen los umbrales de pobreza, según determina la Carta Social Europea.
Reformar los coeficientes reductores de la edad de jubilación para las personas con discapacidad.
Mejorar en el acceso a las pensiones de viudedad para las parejas de hecho.
Realizar una auditoría de la Seguridad Social, que incluya los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva desde el año 1967.
Establecer complementos específicos para los pensionistas jubilados anticipadamente con largas carreras de cotización.
Estos avances en el Sistema Público de Pensiones, y el propio pacto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, han sido recibidos muy positivamente por amplios sectores la opinión pública, por la gran mayoría de las fuerzas políticas, entre las personas trabajadoras y también por numerosos colectivos de pensionistas y jubilados. Mientras que los partidos políticos de las derechas y la ultraderecha, junto con los medios de comunicación que más apuestan por una nueva vuelta de tuerca de recortes y privatizaciones, lo han criticado furiosamente.
Las negociaciones se han desarrollado en un contexto complejo que ha sido superado muy satisfactoriamente, es probable que las próximas tampoco estén exentas de nuevas contradicciones. Recientemente la Comisión Europea hacía público el Operation Agreement (acuerdo operativo) firmado por España para poder recibir los fondos europeos. Diversos medios de comunicación interpretaron que supondría la ampliación del número de años para el cálculo de la pensión. Esta propuesta fue rechazada por las organizaciones sindicales, pues sostienen que representaría un recorte en las pensiones futuras, en el mismo sentido se han posicionado la mayoría de los partidos que vienen apoyando al Gobierno de Coalición.
Para el país es decisiva la reforma de la Seguridad Social, las decisiones que se están adoptando van a determinar el futuro del Sistema Público de Pensiones. Se están enfrentando dos modelos: Por un lado, las políticas progresistas que impulsa el Gobierno PSOE-UP, mediante la concertación social y el consenso parlamentario, para garantizar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones públicas; y en el otro se unen poderosos intereses económicos y políticos que exigen de nuevo recortes y privatizaciones. Desde amplios sectores de la sociedad se defiende la necesidad de blindar las pensiones públicas en la Constitución, en el marco de la estructura socioeconómica que la misma establece para la consecución de un orden económico y social justo.
Algunos sindicatos policiales y de la Guardia Civil se concentraron el miércoles 24 de noviembre, frente la Delegación del Gobierno en Madrid. Estuvieron arropados por las tres derechas franquistas, al igual que este último sábado. Miles de policías y guardias civiles, venidos de toda España, se manifestaron por el centro de Madrid hasta la Cortes, sin ninguna cortapisa por parte de Delegación de Gobierno.
Los sindicatos policiales convocantes, contaron de nuevo con la presencia de los líderes del PP, VOX y Ciudadanos; los franquistas a los que se refería el diputado Odón Elorza en el Congreso de los Diputados, para exigir el mantenimiento de la Ley de Seguridad Ciudadana, “Ley Mordaza”. Se manifiestan contra las reformas que el Gobierno quiere hacer a la Ley Orgánica 4/2015. Reformas que deben ser tratadas en la Comisión de Interior de las Cortes el 14 de diciembre. reformas que, como es fácil demostrar, solo son de detalle y no abordan lo esencial del contenido de la ley. Buena parte de ellas no hacen sino traducir lo establecido por sentencias judiciales que declaran inconstitucional algún aspecto de la ley.
Esta ley fue impuesta en marzo de 2015 por el gobierno Rajoy. Elaborada por el equipo del entonces ministro del interior Fernández Diaz (buena parte de este equipo, incluido el exministro, están hoy enjuiciados por diversos actos delictivos y corrupción). Ya entonces, fue caracterizada como una «ley totalitaria» e incluso, según el fiscal general de la época, tachada de estar al límite de la «inconstitucionalidad».
Recordemos que un amplio movimiento por la derogación de la ley se ha desarrollado en el movimiento obrero y en las organizaciones democráticas. El 14 de junio tuvo lugar un mitin en Madrid, con el apoyo de CCOO y UGT y participación de la CATP, para celebrar la derogación del artículo 315.3 del Código Penal. En ese mitin se decidió continuar la campaña por la derogación de la “ley Mordaza”. Compromiso que el gobierno de coalición incluyó entre sus promesas electorales y pactos de gobierno.
Después de Cádiz
La manifestación del sábado es una respuesta reaccionaria frente a la movilización de los trabajadores de Cádiz. En la movilización de los trabajadores gaditanos se ha demostrado, entre otras cosas, para qué sirve la “ley Mordaza” y su utilización contra los «conflictos sociales», como está previsto en el Preámbulo de la Ley Orgánica 4/2015, un cuento de hadas en contraste con la realidad vivida. La represión indiscriminada de la policía muestra esta realidad. Y todo ello con la cobertura del gobierno de coalición.
La manifestación del 27-N, ha sido una manifestación contra las libertades conquistadas, y, en especial, contra el derecho de reunión y manifestación, arrancados al Estado en la lucha contra el franquismo. Contra los derechos obreros y de los pueblos como el catalán, el gaditano…contra su libertad de organización y expresión.
Era también, sin duda, una manifestación contra el Gobierno, a pesar de que con él, el sueldo de policías y guardias civiles ha subido una media del 21,5% entre 2018 y 2021, y de que las plantillas se han incrementado en 13.000 efectivos: 5.000 para la Policía Nacional y 8.000 para la Guardia Civil. El resto de los empleados públicos solo tuvo, en el mismo periodo, una subida del 6,25% y tuvo limitada la reposición de efectivos.
La movilización de policías y guardias civiles es la demostración de la incompatibilidad entre democracia, libertades e Instituciones heredadas del franquismo presididas por la Monarquía. No es por casualidad que la policía y la guardia civil no conocieron ninguna depuración después de la muerte de Franco.
Hoy no hay ninguna garantía de poder ejercer las libertades necesarias para luchar por derechos sociales, salarios, condiciones de trabajo o pensiones dignas, no con la amenaza que representa la “ley mordaza”.
El CATP considera que la campaña por su derogación verdadera debe multiplicarse y que interesa a TODAS las organizaciones que reclaman de la libertad, los derechos trabajadores y trabajadoras y de los pueblos. Por nuestra parte continuaremos con las decisiones tomadas en el mitin de Madrid del 14 de junio, y relanzamos la campaña internacional al respecto.
Todos estamos de acuerdo en que la naturaleza está siendo sobreexplotada y que las consecuencias de estos excesos son nefastas. En lo que quizás ya no estemos tan de acuerdo es en quién es el sujeto responsable del cambio climático.
Diversos medios de comunicación, políticos de todo signo y algunos de los que dicen ser expertos en la materia, generalizan y echan la culpa a la humanidad, en su conjunto, y se quedan tan tranquilos. Desde un punto de vista científico no hacen falta muchas más evidencias, la causa inmediata del cambio climático y de la destrucción del planeta es la forma de extraer, transformar y transportar la materia prima y los productos acabados. Es decir, la forma de producción del modelo económico hegemónico.
Una minoría de la sociedad se ha hecho millonaria con la extracción, refinado y comercialización del petróleo, como por ejemplo John D. Rockefeller, el gran explotador de esta materia prima desde 1870. Es solo un ejemplo. Otros, los “Rockefeller” de hoy en día, son los que se pasean por la estratosfera para ver la tierra desde 100 km de altura, emitiendo 100 veces más CO2 por pasajero que un vuelo comercial. O los que han acudido a la Cumbre de Glasgow en 400 jets privados. Son estos mismos magnates y líderes mundiales los que nos dicen que es necesario transformar la economía para salvar el planeta.
Llaman al consenso mundial para transformar, aunque quizás deberían decir reconvertir, la industria, su industria; pero claro, esa idea ya la utilizaron en la década de los 80 y 90, y está muy manida. Esos que no han dudado en despilfarrar y en contaminar, son los que nos llaman a la comprensión porque SU transformación incluye la destrucción de millones de puestos de trabajo.
Claro que hay que tomar medidas contra el cambio climático, pero verdaderas medidas que paren la degradación del medioambiente y respeten las condiciones de vida y trabajo de millones de personas: los trabajadores y sus familias. El único criterio que parece prevalecer en las medidas que algunos dirigentes económicos, políticos y mediáticos proponen es cambiar de materias primas para continuar incrementando el beneficio empresarial…
“Cambiemos algo para que todo siga igual “.
Veamos unos datos que nos da la publicación Nature Geoscience, en un artículo publicado en noviembre de 2013 (vol.6), bajo el título “Metales para una sociedad baja en carbón”, cuando compara el consumo de materiales de las instalaciones eólicas con las actuales tecnologías:
“A capacidad equivalente, las infraestructuras eólicas precisan hasta 15 veces más hormigón, 90 veces más aluminio y 50 veces más hierro, cobre y cristal”.
Nosotros repudiamos el negacionismo, pero no por ello tenemos que dejarnos llevar por la propaganda interesada y pagada por quienes anteponen su beneficio económico a la salud de los seres humanos y a la defensa de la naturaleza.
Del 31 octubre al 13 de este mes de noviembre, se ha celebrado la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), en Glasgow, en la que además de dirigentes mundiales han participado empresas como Iberdrola, entre otras muchas; tan preocupadas por lo que le pasa al planeta como por si podemos poner la calefacción o la lavadora. De lo poco en lo que se han puesto de acuerdo ha sido en que hay que destinar, cada año, miles de millones de los contribuyentes a combatir el cambio climático. Y de lo poco que sabemos sobre qué significa para estos señores “combatir”, es que la transformación verde y digital va a costar millones de puestos de trabajo.
Tenemos un ejemplo, no muy lejano en el tiempo, de lo que significa dar dinero público a las empresas para que se saneen y aborden su transformación tecnológica: la banca. De los 60.000 millones de euros que se les entregaron, un 6% del PIB, han devuelto escasamente un 10%, pero, desde 2010 han vertido a la sociedad más de 120.000 puestos de trabajo destruidos y grandes dosis de exclusión financiera, con el cierre de más del 50% de las oficinas.
Exigimos una Transición Justa, que la sostenibilidad no sea sólo un eslogan, que debe tener tres aspectos fundamentales:
Sostenibilidad Medioambiental.
Sostenibilidad Económica, sabiendo que el incremento permanente del beneficio es insostenible.
Sostenibilidad Social.
Teniendo en cuenta el momento en el que nos encontramos, la llamada Transición Verde, debe poner en el centro de atención a los ciudadanos y muy particularmente a los trabajadores (hombres y mujeres en plano de igualdad) y a los jóvenes.
No podemos seguir con unos costes energéticos de transición que se convierten por necesidad de unos en un lastre para la mayoría y negocio para los de siempre. No se pueden repetir anteriores cambios sociales perjudiciales, originados como consecuencia de Revoluciones Industriales que lejos de mejorar los medios y condiciones de vida de los trabajadores, empeoraron y crearon modelos políticos injustos y antidemocráticos que sólo el movimiento obrero pudo conjurar.
Estamos ante un cambio de modelo productivo de gran calado, y en consecuencia de Sociedad. Una sociedad que se revela, como lo comienzan a hacer los trabajadores de la industria.
No debería ser un cambio repentino como el que está imponiendo la banca a sus clientes, sino gradual, con grandes inversiones públicas en investigación y ciencia, lo que nos permitiria tomar decisiones democráticas en un sentido progresista y social; es por ello que consideramos necesario e imprescindible, establecer un nuevo PACTO SOCIAL.
Los ciudadanos, los trabajadores no podemos pagar las consecuencias de un modelo económico que ha causado semejante problema, una gravísima crisis climática, una secuencia de crisis económicas cada vez con mayor frecuencia y que además ha hecho aguas ante la gran crisis sanitaria de la que aún no hemos salido.
Llega al Comité de Redacción de Tribuna Socialista la nota informativa del CILE de la cual pasamos un resumen
El pasado día 2 de octubre, militantes, responsables de organizaciones obreras, pequeños agricultores y anti-imperialistas de 19 países de Africa y de la diáspora se reunieron en videoconferencia sobre el tema «En el combate por la soberanía, por la emancipación nacional y social, se levanta un viento nuevo sobre el continente africano».
Los 19 países de los que hubo representación fueron: Azania (Sudáfrica), Benín, Burkina Faso, Camerún, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Mauritania, Níger, Nigeria, Uganda, RD del Congo, República de Guinea, Mauricio, Reunión, Ruanda, Senegal, Somalia, Togo, Yibuti. Algunos militantes de estos y de otros países no pudieron sumarse a la reunión por diversas razones técnicas. 22 compañeros tomaron la palabra durante la reunión, y se recibieron contribuciones escritas.
La reunión transcurrió en un ambiente de fraternidad y camaradería en el que la libre discusión e intercambio de experiencias fue rico. Los debates se desarrollaron sobre la situación del continente, resaltando, como declaró uno de los participantes «lo que tienen en común los distintos países, es decir, el necesario combate contra la dominación imperialista y los gobiernos a sueldo de esta y por la soberanía».
Un lugar centra al ocupó el acta de acusación contra el imperialismo y los gobiernos a sueldo del mismo. Los participantes abordaron todos los aspectos de la situación en el continente: – la pandemia de COVID19 y su gestión por los gobiernos con desastrosas consecuencias: hambre para gran parte de la población e inmensas discriminaciones en la vacunación. La pandemia se ha convertido en el pretexto para cuestionar todas las conquistas de los trabajadores y las libertades democráticas; – El saqueo de las riquezas por las potencias imperialistas valiéndose de sus aliados locales, gobiernos corruptos y partidarios de una alternancia reducida a un simple cambio de personal para aplicar la misma política entre otros puntos.
La discusión también abordó el papel necesario de las organizaciones sindicales para preservar las conquistas de los trabajadores y sus familias: «todo lo que hemos conquistado ha sido mediante la lucha» subrayó un participante. Se denunció la trampa de las treguas sociales y otras presiones a favor de las supuestas «nuevas formas de lucha» que pretenden que los sindicatos renuncien a sus reivindicaciones y a sus medios de acción, en particular la huelga.
África, más allá de la división del continente, de las fronteras artificiales y las diferencias de lenguas impuestas por la colonización. Como dijo un participante, «Hoy la tarea principal para nosotros es organizarnos a escala local, regional e internacional. Tal es el sentido de nuestro encuentro hoy». Seguir trabajando juntos y dotarnos de un marco en el que podamos apoyarnos es una demanda unánime. Se propuso el establecimiento de un polo en el continente africano a fin de «trabajar, intercambiar, comunicar, compartir nuestras experiencias y sobre todo nuestras acciones», desarrollar la solidaridad internacional: un «CILE África», inscrito en el marco del CILE (Comité Internacional de Enlace e Intercambio), presente en todos los continentes y ampliando sus actividades.
En Cadiz los trabajadores del metal defienden su convenio con una huelga general indefinida, en Galicia la comarca de A Mariñas convoca una jornada de huelga con un seguimiento masivo ante la destrucción de la industria dejando a centenares de familias sin medios para vivir, «la comarca se desangra» gritaban en la multitudinaria manifestación.
En el Baix Llobregat el paro registrado en el mes de octubre asciende a 38.026 personas, la amenaza de despidos y de destrucción de la industria significará la ruina para muchas familias trabajadoras. Seat tiene un ERTE desde septiembre a junio, que arrastra a las empresas auxiliares, que representan más de cien mil trabajadores.
El sector del automóvil está amenazado y con él, la industria más importante que queda en nuestro país. Miles de puestos de trabajo están amenazados por la transformación de la llamada «economía verde y el trabajo moderno» que, aumenta la precariedad, las condiciones laborales y pone en peligro miles de puestos de trabajo. En el automóvil y todas las empresas auxiliares donde se quiere imponer el coche eléctrico, sin ninguna garantía para mantener los puestos de trabajo actuales, por cada 5 trabajadores que se necesitan para hacer un coche de combustión se necesita un solo trabajador para el coche eléctrico, además con la subida de precios desorbitada de la electricidad se pone en peligro la industria electro intensiva.
La experiencia de las reconversiones industriales anteriores, desde el cierre de la siderurgia y la construcción naval en los 80, al más reciente de las minas y centrales térmicas del carbón, demuestran que las promesas de empleo alternativo no se cumplen, el reciente caso de Nissan, donde lo único seguro es que la factoría cierra a final de año, es una repetición de lo ocurrido en otros sectores.
Nuestro punto de vista es que hay que defender todos los empleos, no resignarse a reducir el número de despidos o a conseguir indemnizaciones algo mejores. Para defender todos los puestos de trabajo, para que no haya más despidos, hace falta coordinarse preparar una respuesta unida, la unidad de los trabajadores de todas las empresas afectadas o con posibilidad de estar afectadas es fundamental.
Es de urgente actualidad la plena derogación de las reformas laborales, que tanto facilitan los despidos! Todos los gobiernos deben asumir la defensa de los puestos de trabajo en la industria.
Os invitamos a establecer un procedimiento de dialogo e intercambio de información que permita dar pasos para coordinar nuestra acción en defensa de la industria y de sus puestos de trabajo. Emplazando a las organizaciones sindicales a tomar todas las medidas necesarias para ello.
Para seguir debatiendo e informando de la situación en nuestra comarca, recibir y acordar las acciones a llevar a cabo. Te convocamos el día 15 de diciembre a las 18:15 en la Sala de Can Pascal C/ Cavallers nº 26 de Esparreguera.
Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP Baix Llobregat)
Tribuna Socialista 
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