Autor: Tribuna Socialista

Tribuna libre de expresión. Fomentando el debate y las propuestas entre socialistas.

Hablemos

Desde hace relativamente poco tiempo, asistimos a un comportamiento político que niega el principio democrático de respeto a la convivencia en paz, de falta de respeto a quien no piensa lo mismo que ellos, y de no aceptación a los resultados electorales, cuando no son favorables a su Partido.

Este proceder, caracterizado por el uso constante de verdades alternativas, convierte a los demás en enemigos que deben ser perseguidos con saña e incluso encarcelados. Puede parecer una barbaridad, que lo es, pero actualmente se utiliza este proceder por la derecha, de forma reiterada sin ninguna prudencia ni por supuesto justificación. Con distintos grados de intensidad: modo Brasil, al asalto; o a la manera Plaza de Colón, modo faltón, buscan generar un clima de “enfrentamiento civil”, cuando la realidad es que sólo una parte muy reducida de la sociedad se sitúa en esa clave, quedando en evidencia que esa actitud carece de fundamento alguno.

Digo desde hace poco tiempo, pensando noviembre de 2019 en Bolivia, cuando Evo Morales fue acosado hasta tener que pedir refugio político en Argentina, o en enero de 2021 cuando fue asaltado el Capitolio de los USA, o en diciembre de este pasado año 2022 en Perú, donde la maniobra de acoso de la derecha política ha conseguido el encarcelamiento de Pedro Castillo y ha sumido al país en un caos de represión y muerte. Pero recordamos menos otras épocas donde está manera de fomentar el odio derivó en gravísimas consecuencias, como fue la creación de un clima de inestabilidad política para justificar el golpe de Estado militar contra la Segunda República española.

La tergiversación del juego democrático, mediante actitudes y declaraciones que generan un falso clima de enfrentamiento social, hacen desviar la mirada de la actividad normal de cualquier parlamento con su acción deliberativa y legislativa, coloca al ciudadano en una situación donde lo que parece importar de verdad es la diferencia con el otro, diferencia que si no existe se inventa, donde se convierten argumentos en piedras y se sobredimensionan los problemas, negando además su resolución pacífica mediante la discusión y la conciliación. Todo esto sería imposible sin la colaboración necesaria de una preocupante mayoría de medios de comunicación de masas.

El recurso irresponsable a esta forma de actuar en una democracia, mediante la violencia verbal y gestual, es utilizada a conciencia por parte de la derecha y la ultraderecha que ven como su mito ultraliberal se cae hecho pedazos ante las consecuencias de sus crisis constantes y las graves desigualdades sociales que genera. La aparición tormentosa de líderes ademocráticos como Trump, Bolsonaro, Orban, etc., que, dentro de sistemas democráticos, intentan alargar la agonía del capitalismo neoliberal, cómo un epílogo inaplazable de este sistema económico.

Ni siquiera la deriva del social liberalismo, bajo un falso manto de socialdemocracia, ha podido evitar la miseria de un modelo de regresión e injusticia social, que finalmente dejó a la vista sus carencias y su verdadera faz para afrontar una epidemia o para evitar una guerra. Y como ha ocurrido otras veces, instituciones constitucionales creadas para garantizar el respeto a las normas y al juego democrático, instituciones garantes del respeto a los derechos y libertades fundamentales, han sido intencionalmente manipuladas, léase Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial…

Sorprende el alcance de estas actitudes irresponsables de ciertos políticos y/o magistrados y de ciertos medios de comunicación, ante las consecuencias de la ruptura de esos delicados equilibrios. Es un sinsentido esta puesta en riesgo de la arquitectura constitucional para conseguir que determinada opción política obtenga lo que no le otorgan los ciudadanos por vías democráticas, y por tanto es aún más impresentable e inaceptable por destruir algo tan importante para un fin tan espurio.

Ante esta situación, donde esos determinados partidos de la derecha antidemocrática practican únicamente ruido y enfrentamiento, buscando el conflicto civil para conseguir el poder por el poder, no podemos responder más que con participación y lucha democrática/pacifica, por ejemplo defendiendo bienes comunes como la Sanidad Pública o las Pensiones, en la más absoluta normalidad, demostrando que el discurrir del juego democrático permite que los conflictos expresados por el pueblo soberano se resuelvan en el Parlamento, sean los que sean y tengan la gravedad que tengan.

Eduardo Hernández Oñate
Militante Socialdemócrata de Madrid

46 años de los atentados de Atocha

Ni olvido ni perdón

El 24 de enero de 1977, hace ahora 46 años, un grupo de pistoleros franquistas entró en un despacho de abogados laboralistas de CCOO situado en el número 55 de la calle Atocha de Madrid , asesinando a los abogados Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, al estudiante de derecho Serafín Holgado y al administrativo que allí traba jaba Ángel Rodríguez Leal, además de herir de gravedad a otras cuatro personas.

En el comando que protagonizó la matanza, además de militantes ultraderechistas franquis tas españoles, también participó un neofascista italiano, próximo a la organización Gladio dirigida por la CIA.

La libertad costó sangre, la transición lucha, y hoy nos toca defender esos mismos valores de libertad y lucha, y no olvidar que los fascistas siguen ahí, y ahora metidos en las instituciones.

Baltasar Santos
Miembro del comité de redacción de TS

Vox ataca a los sindicatos en Castilla-Leon

Castilla y León es la primera comunidad en disolver los servicios de mediación laboral. Desde UGT y CCOO están convencidos de que se trata de una salida de Castilla y León del sistema español de resolución extrajudicial de conflictos laborales, lo que conlleva «el incumplimiento de varias normas esenciales». Entre ellas, los sindicatos destacan de rechos constitucionales tales como los recogidos en los artículos 24, 28, 37 y 149; lo recogido en el Real Decreto-Ley 17/1977, en el art. 7; el Estatuto de los Trabajadores, art. 83.3 y otros del mismo texto de remisión a la solución autónoma de conflictos laborales, entre otras normativas de carácter estatal.

Disolver el servicio de mediación es una muestra tangible del nulo reconocimiento a la legitimidad de la representatividad sindical por parte de PP y VOX y la nula importancia que conceden a los derechos laborales y sociales.

Baltasar Santos
Miembro del comité de redacción de TS

“Nico el de la Naval”

Cada vez quedan menos socialistas, poco a poco, muchos de los que lo fueron o al menos nos engañaron durante un tiempo creyendo que lo eran, han pasado a ser, eufemísticamente “socialdemócratas” palabreja inventada a finales del pasado siglo y que, debido quizás a mi torpeza, no acabo de entender, pues los socialistas siempre hemos sido demócratas y hemos defendido la democracia mas que nadie, lo que si sé, aunque no entienda, es que tras esta denominación tan ambigua lo único que se evidencia es la derechización sistemática de los que así se denominan, lo cual no me parece mal, si eso es lo que sienten. Lo que realmente me molesta es que no lo digan abiertamente, ubicándose en su esfera natural en lugar de arrastrar a nuestra organización, cada vez más conservadora, por decirlo suavemente.

Uno de los máximos exponentes del socialismo histórico en nuestro país nos ha dejado a los 95 años, Nicolas Redondo. Hasta el último aliento y en la plena lucidez que mantuvo durante toda su vida, nos deja con el profundo pesar de no haber podido mantener y transmitir su firme ideología al seno de nuestro partido.

Mi padre murió cuando yo tenía 17 años, desde entonces, con el permiso de sus hijos, yo considero a Nicolas mi padre, yo creo que lo fue de todos los socialistas que vivimos la posguerra y la dictadura brutal del general Franco. Se afilió en la clandestinidad al PSOE y la UGT en 1945, sufriendo con especial crudeza, las continuas persecuciones, detenciones, encarcelamientos, incluso un humillante destierro.

“Nico el de la Naval”, que era como se le conocía, fue, cuando nuestro partido aún era realmente socialista, un personaje clave, básico y fundamental para el PSOE. Hijo de un eminente político y dirigente socialista, condenado a muerte al término de la Guerra Civil, pena que magnánimamente le fue conmutada por la de treinta años de prisión en las cárceles franquistas.

Era tal su humildad y su ponderación que, en el Congreso del PSOE celebrado en 1974, en Suresnes, en plena clandestinidad, sugirió que debería ser nombrado líder del PSOE el joven Felipe González, porque pensaba como pensamos todos poco más tarde, que lo haría mejor y ganaría las elecciones, como así fue. Aquello, para Nicolás fue algo que durante el resto de su vida le pesó como una losa, pues todos los que nos sentimos socialistas, fuimos engañados miserablemente, así como la gran mayoría de la sociedad que deposito su confianza en Felipe, que nos sorprendió con un cambio de rumbo inesperado, pretendiendo convencernos que se trataba de la modernización del partido, resultando en realidad una paulatina inaudita y gradual derechización, olvidando nuestros principios, claudicando ante el capitalismo más brutal, deriva que a día de hoy continua inexorablemente.

Sin embargo, aquel acto de de moderación y fidelidad, reconociendo sus limitaciones, hizo que se convirtiera en uno de los pilares sindicales que más contribuyó a crear un mayor bienestar para los trabajadores, dedicándose enteramente a la actividad sindical desde la Unión General de Trabajadores.

Nicolás, hombre íntegro, decente y de una ética ejemplar, siempre fue un socialista auténtico, convirtiéndose quizás, desde una decisiva segunda fila, en uno de los lideres que más contribuyó a la democratización de nuestro país, preservando contra viento y marea sus principios y valores socialistas, tratando infructuosamente de transmitirlos entre los compañeros que, cada vez más y a todos los niveles, sucumbían acomodándose a un conservadurismo que el siempre detestó.

Fueron muchas, las ocasiones en que se manifestó contra lo que el consideró siempre como un cambio negativo para la sociedad, el rumbo que el PSOE habia emprendido tras la inesperada victoria en las urnas. Tanta fue la lucha de Nicolás Redondo por la clase trabajadora de este país que, incluso, en vista de la deriva negativa que pretendía el gobierno socialista de Felipe González con su política económica y laboral, que se vio obligado desde la dirección de UGT a convocar junto con Comisiones Obreras, la huelga general del 14 de diciembre de 1988, que paralizó el país y que a su vez provocó un cisma en el partido, entre los que se habían acomodado en el conservadurismo y los que mantenían los ideales propios del socialismo.

Aquello, para Nicolas Redondo resultó un trauma difícil de superar, por lo que poco después, en 1994, abandonó la secretaría general de UGT, negándose sistemáticamente desde entonces a participar en la vida pública, a pesar de los constantes y reiterados intentos, desde la dirección del partido para su captación, lo que con férrea firmeza mantuvo hasta su triste desaparición física, que no mental, pues seguirá presente eternamente entre al menos algunos de nosotros.

Es muy triste la desaparición de un hombre que tanto lucho por la instauración y mantenimiento de una democracia y de sus instituciones, que ahora se ven tan amenazadas por una cruel y absurda polarización que erosiona gravemente nuestro estado del bienestar, que tanto sudor costó a los que con distintos grados de implicación defendimos durante años, viendo impotentes, como crecen esos peligrosos grupos totalitarios, próximos al fascismo más retrogrado, que tanto daño hicieron y pueden llegar a causar de nuevo.

Nicolas Redondo se fue, sin poder disfrutar de esa utopía, por la que tanto él, cómo los que seguimos siendo socialistas hemos luchado siempre, que no es más que una sociedad justa, con los mismos derechos y oportunidades para todos, independientemente de la situación económica y social de cada uno.

La abundante hipocresía, como era de esperar, estuvo presente en la capilla ardiente en la sede de UGT en Madrid, así como en el cementerio civil, todos aquellos que, sin ser ya socialistas, aunque mantienen su carnet plastificado, le pusieron en vida la proa tantas veces a sus propuestas, estaban allí presentes, con sus lágrimas de cocodrilo puestas ante las cámaras. Pero también estaban allí, con un formidable sentimiento de tristeza y de reconocimiento a su figura. No sólo su familia, sus hijos y sus nietos, también estaban con lágrimas de verdad y de profundo dolor sus compañeros de UGT. Y también algunos compañeros suyos del PSOE, su partido de siempre, los que siempre apoyaron sinceramente su gran labor.

A mí me gustaría, que esta ausencia de un hombre bueno, nos revolviera las conciencias, retrocediéramos en el tiempo e hiciéramos memoria de lo que se hizo, pero más de lo que se pudo haber hecho, manteniendo los principios y la ética socialista.

“Gracias Nicolás”.

Paco Ascón
Xares, 15 de enero de 2023

Crisis del Estado, cambio de Régimen y Fuerzas Armadas (III)

La caída del régimen de la Monarquía, y consiguiente proclamación de la República, plantea la grave cuestión de cuál pueda ser la actitud de las Fuerzas Armadas ante un cambio de régimen.

La crisis del régimen de la Monarquía

El carácter oligárquico y caciquil, heredado del franquismo, se ha cronificado tras décadas de corrupción en las altas esferas, agravada por el silencio cómplice de las instituciones más relevantes del régimen de la Monarquía.

La modificación del artículo 135 de la Constitución de 1978, pactado entre el PSOE y el PP durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, acabó vaciando de todo contenido democrático al pretendido Estado social y de derecho, proclamado tan solemnemente.

La caída del régimen de la Monarquía, y consiguiente proclamación de la República, plantea la grave cuestión de cuál pueda ser la actitud de las Fuerzas Armadas ante un cambio de régimen.

El Ejército, como última razón de Estado, no actúa en general de forma autónoma, pese a gozar de cierta independencia respecto a la superestructura política.

En el caso que nos ocupa -el Estado español- ese aspecto de relativa autonomía de las Fuerzas Armadas se encuentra particularmente reforzado en la Constitución española de 1978. Fue impuesto a los “constituyentes” por la llamada Ley de Amnistía de 1977, forzada por los poderes de hecho del franquismo, meses después de celebradas las primeras elecciones del 15 de junio, en relativa libertad.

En efecto, la citada Ley de Amnistía, en realidad ley de punto final, consolidó dos aspectos básicos de la dictadura. En primer lugar, la impunidad de los crímenes del franquismo. En segundo lugar, no menos importante, la fidelidad de las Fuerzas Armadas a su pasado franquista y al Rey, al quedar excluidos los miembros de la disuelta Unión Militar Democrática (UMD), sospechosos de republicanismo. Llovía sobre mojado, pues ya habían sido anteriormente escarnecidos y humillados por la ley de amnistía de 1976.

La reincidente humillación de la UMD, establecida por la Ley de Amnistía de 1977, puso en evidencia la voluntad del régimen del 78 de afianzar la continuidad ideológica del Ejército franquista, garantizando su fidelidad a la dinastía Borbón, impuesta por el dictador.

UMD, 23-F e inviolabilidad

Por aquellos días, en abril de 1979, se publicó el artículo “Señores diputados”, que escribí en un diario nacional de gran tirada, “Diario16”, en donde trabaja como periodista Fernando Reinlein, uno de los compañeros represaliados y expulsados por su pertenencia a la Unión Militar Democrática (UMD).

Critiqué en dicho diario los graves desequilibrios que entrañaba la ley de Amnistía “…no puede aplazarse por más tiempo la clarificación de determinados problemas… Me refiero, desde luego, a los militares procesados por el régimen del general Franco, al parecer por motivos políticos, cuyas penosas secuelas siguen aún padeciendo estos compañeros”.

Por este motivo fui interrogado con malos modos en el juzgado militar nº1 del Cuartel General de la Armada, arrestado en mi domicilio y estampada una nota desfavorable en mi hoja de hechos, que perjudicó mi carrera.

Algún tiempo después, transmitiendo información confidencial relevante al presidente Suarez -por conducto no oficial-, sobre militares golpistas, fui probablemente espiado. Semanas antes del golpe del 23-F de 1981 sufrí un presunto intento de asesinato, urdido por las cloacas militares, del que salí ileso, aunque con una lesión auditiva. El incidente, del que informé al comandante del Centro en donde me hallaba destinado, no quiso ser investigado pese a que las pruebas del intento fallido de asesinato eran evidentes. El mando se negó a abrir una investigación del suceso bajo el pretexto de que se trataba de un asunto secreto.

El carácter antidemocrático de no pocos altos mandos se muestra descaradamente, una vez más, en el contenido del libro “Rey servido y patria honrada”, publicado recientemente por el general Fernando Alejandre, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), cesado en el año 2020.

Entre otras perlas,descalifica al ex JEMAD Julio Rodríguez en términos humillantes, presuntamente injuriosos. Sus motivaciones antidemocráticas saltan a la vista. En fin, un texto de exaltación del militarismo más carca, de aburrido autobombo e indigno servilismo, muy alejado de los valores democráticos por los que arriesgamos nuestra vida y futuro profesional muchos de los compañeros de la UMD.

Las contradicciones existentes en la Constitución de 1978 son fiel reflejo de las que se dieron en el llamado proceso de Transición, dirigido en gran medida por el aparato del Estado franquista, cuya jefatura ostentaba el último jefe de la dictadura: el Rey. Ese punto de partida dio un enorme podere influencia a las fuerzas conservadoras, herederas de los vencedores de la guerra civil.

El artículo 14 de la vigente Constitución de 1978 establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Sin embargo, esa misma Constitución, en su art. 56.3, establece que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Lo que significa que no puede ser sometido a proceso judicial alguno, es decir es impune, aunque delinca. Y ello aun siendo cómplice necesario, por acción u omisión, de un golpe de Estado, como lo fue el 23-F de 1981, o de asesinatos, como lo fueron los perpetrados por el terrorismo de Estado, con la participación de determinadas cloacas, militares y policiales. Todo ello, y mucho más, muestra el talante totalitario del régimen heredado del general Franco (Leyes de Sucesión).

Ley de Memoria Democrática

Las fuerzas políticas con representación parlamentaria reflejan en gran medida las contradicciones de clase, lingüísticas y territoriales del régimen de la Monarquía. Ello explica, entre otras muchas cosas, las lagunas existentes en la reciente Ley de Memoria Democrática.

Pese a representar un avance, que es de agradecer, llega con graves limitaciones y casi medio siglo de retraso.

La continuidad de la fraudulenta ley de Amnistía de 1977, así como la limitación temporal de los efectos de la Ley de Memoria Democrática aprobada, ponen en evidencia serias insuficiencias.

El franquismo, en simbiosis con el régimen de la Monarquía, que pervive en los aparatos del Estado español, siguió cometiendo crímenes más allá de 1978, sin que sus víctimas puedan acogerse a esta nueva ley de Memoria.

No obstante, en su disposición adicional decimosexta, establece:

“El Gobierno, en el plazo de un año, designará una comisión técnica que elabore un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983, que señale posibles vías de reconocimiento y reparación a las mismas.”

Sin embargo, es muy probable que dicha comisión técnica, de momento en el limbo de las buenas intenciones, no llegue nuca a crearse, al menos bajo el régimen de la Monarquía. Es inverosímil que el R78 se autoinculpe de actuaciones delictivas contra personas que luchamos por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos en nuestro país, en particular desde el núcleo duro del sistema: las Fuerzas Armadas.

Manuel Ruiz Robles

Ex miembro de la Unión Militar Democrática (UMD)

Manifiesto ¡Alto a la Guerra!

Crónica de la presentación pública

El miércoles día 11 por la mañana se dieron cita, frente al Congreso de los Diputados, una representación de firmantes del Manifiesto internacional ¡Alto a la Guerra! ¡Alto el fuego inmediato, sin condiciones! Al acto acudieron varios medios de comunicación y reporteros gráficos.

En el evento intervinieron:

  • Roberto Tornamira Sánchez, en nombre del Comité para la Alianza de los Trabajadores y Pueblos (CATP) y miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista.
  • Isabel Cerdá Martín, en nombre del Colectivo de Mujeres Republicanas, colectivo vinculado al CATP.
  • Eduardo Hernández Oñate, presidente de la Asociación Trabajo y Democracia (ASTRADE).
  • Pedro López López, profesor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y activista de Derechos Humanos.
  • Xabier Arrizabalo Montoro, trabajador de la Universidad Complutense de Madrid y miembro por CCOO de su Junta de Personal.

También estuvieron presentes otros firmantes del Manifiesto como: Jordi Salvador i Duch, José Miguel Villa Antoñana, Ángel Tubau, Miguel Sagüés, Juan Fernando Díaz-Mayordomo, entre otros.

En apoyo a esta presentación, se recibieron mensajes del Partido Obrero Independeinte de Francia, el POI, de la Nueva Corriente de Izquierdas (NAR), de Grecia y del Senador por Valencia, Carles Mulet García. Excusó su presencia, por cuestiones familiares, el filósofo y escritor Javier Sádaba Garay.

El documento ve la luz con más de 500 firmantes de 16 países europeos y otros tantos de otros continentes. Son los primeros firmantes de este llamamiento a parar la guerra que hoy se hace púbico. En el momento de redactar esta crónica, el manifiesto cuenta con cerca de 300 firmas y con la adhesión de 13 organizaciones y asociaciones en el Estado español.

Los intervinientes, en sus intervenciones, coincidieron en denunciar que en la guerra hay unos perdedores, que son los pueblos, el ucraniano en primer lugar, pero también el ruso y el resto de los pueblos de Europa y de todo el mundo. Es necesario diferenciar entre los intereses de la mayoría social, en todos los países, y los de sus dirigentes. La responsabilidad de la guerra es del gobierno ruso, liderado por Putin al servicio de los oligarcas que se repartieron los sectores estratégicos que eran propiedad del Estado en la época soviética. Así mismo, es responsabilidad de las distintas administraciones estadounidenses que, al servicio de las multinacionales, que no ha dejado de intervenir en las últimas décadas, utilizando a la OTAN como punta de lanza. Coherentemente, para no alimentar los ya estratosféricos beneficios del mercado del armamento, se rechaza el abultado incremento de presupuestos militares en los presupuestos generales del Estado. Esto, además, detrae recursos de partidas tan necesarias como la Sanidad y la Educación pública o dificulta que el Estado devuelva a las Pensiones el dinero que, desde hace décadas se viene utilizando indebidamente. Aunque los medios de comunicación de masas lo aca llen, esto es un sentir que existe en todos los países de Europa: Francia, Gran Bretaña, Alemania…

Con el Manifiesto, se lanza un grito de alarma sobre esta escalada bélica, que va camino de cumplir un año, y que puede derivar hacia una catástrofe mundial.

Como ciudadanos conscientes, es una obligación y un derecho lanzar este llamamiento a parar la guerra. No seremos cómplices, dijeron.

Se dirigen a todos los trabajadores y trabajadoras de Europa a unir sus fuerzas para detener este engranaje mortal y esta carnicería. Por todo ello, ¡Alto a la guerra! ¡Alto el fuego inmediato!

Por último, se han comprometido a constituir un equipo coordinador para que la iniciativa que el día 11 presentaron concluya en un “Movimiento internacional contra la Guerra”, de común acuerdo con los partícipes en este acto y con todas las organizaciones y colectivos de firmantes.

Adhesiones al Manifiesto:

manifiesto.altoalaguerra@gmail.com

conferencia.catp@gmail.com

Pascual Sánchez Carpintero
Colaborador de Tribuna Socialista en Madrid

Cumplan y hagan cumplir la ley que establece la obligatoriedad de realizar una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social

La Ley 21/2021 aprobada el pasado 28 de diciembre en las Cortes establecía en la disposición adicional sexta, que “en el plazo máximo de un mes” DEBERÍA REALIZARSE UNA Auditoría de cuentas de la Seguridad Social.

La ley establecía igualmente que el informe debía ser “realizado en un plazo máximo de seis meses” y que se debía cuantificar los conceptos y su financiación “durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos”.

Nada de esto se ha hecho hasta el momento presente. El asunto es grave porque el propio gobierno está incumpliendo lo que aprobó y es ley. Y es mucho más grave en cuanto que el Tribunal de Cuentas cifró en 2019 en más de 103.000 millones los gastos impropios de la Seguridad Social, solo en el periodo 1989 a 2018.

La exigencia de una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, solicitada por miles y miles de trabajadores y pensionistas de toda España, es fundamental. No es ningún capricho ni ocurrencia. Obedece a algo tan elemental como el derecho que tenemos los trabajadores y trabajadoras a saber dónde han ido a parar nuestras cotizaciones después de años y años. Una reivindicación exigida desde diferentes plataformas de pensionistas, y también desde diversas instancias y congresos de CCOO y UGT celebrados en 2021.

No solo se trata de saber dónde han ido nuestras cotizaciones, que ya de por sí sería importante. Se trata de demostrar que el sistema público de pensiones, basado en el sistema de reparto, es perfectamente viable y sostenible, y que no están justificadas de ninguna manera las medidas del Gobierno que tienden a recortar las pensiones.

Es por ello que suscribimos la petición dirigida a todos los diputados que aprobaron en Cortes la Ley 21/2021, y concretamente la realización de una auditoría, a que cumplan con la ley que ellos mismos aprobaron, y a que sin más dilación se proceda a poner en marcha lo que establece la disposición adicional sexta.

Tener una pensión digna que se revalorice de acuerdo con el aumento real del coste de la vida, no pone en peligro el sistema público. La amenaza del sistema público de pensiones viene como consecuencia de los gastos impropios, los bajos salarios, y de los regalos que de vez en cuando se conceden a los empresarios en forma de exenciones.

El grupo de Sindicalistas por la Auditoría acordó dar apoyo a esta iniciativa en la reunión celebrada el día 29 de noviembre de 2022, y darle la máxima difusión.

Adhesiones recibidas de organismos sindicales:

  • Sección sindical UGT Ayuntamiento de Sant Boi Sección sindical UGT Ayuntamiento de Sabadell Sección Sindical CCOO Escuela Profesional Salesiana Sección sindical CCOO Hospital Valme de Sevilla Sección sindical UGT Ayuntamiento de Vila-real
  • Comité de Empresa de STEF-Madrid. Firma en su nombre: Salvador de Antonio Gutiérrez.
  • Sección Sindical de la CGT en STEF-Madrid. Firma en su nombre: Fernan- do René Sepúlveda García
  • Sección sindical UGT Ayuntamiento de Badía del Vallés Asamblea comarcal de la FeSP-UGT-Vallés Occidental

Adhesiones recibidas a título individual:

  • Aguado Suárez, Antonio. Socialista de Canarias Alonso, Emilio. Militante de UJP Álava
  • Alonso Malpesa, José Joaquín. Afiliado de UGT Arrúe Pintó, Ramón. Afiliado de ELA Berenguer, José Luís. Militante de UJP Álava
  • Bermúdez López, Mercè. Delegada UGT-Vallés Occidental en el Ayuntamiento Sabadell
  • Calvo, Julio. Militante de UJP Álava
  • Carretero Ordóñez, Carolina. Delegada UGT-Vallés Occidental en DERMO- FARM
  • Castillo Márquez, Beatriz. Delegada UGT-Vallés Occidental en el Ayuntamiento Sabadell
  • Centeno Ramírez, Raúl. Delegado de UGT Vallés Occidental en GAPSA Cervera, Paco. Profesor de secundaria. Afiliado de CCOO.
  • Cuevas Canales, Jesús, delegado de UGT ajto de Sant Boi Doblado, Carlos, delegado de UGT ajto de Sant Boi.
  • Fernández, Jordi. Delegado de UGT Vallés Occidental en VOLPAK, S.A.U. Fernández Asenjo, María Jesús. Afiliada de UGT
  • Font Petchamé, Lurdes. Delegada UGT-Vallés Occidental en el Ajto Saba- dell
  • Frutos, Juan Carlos. Delegado de UGT Vallés Occidental en VOLPAK, S.A.U.
  • Galcerán Borrull, Albert. Delegado de UGT Vallés Occidental en ROCHE DIAGNOSTICS
  • García de la Osada, María José. Afiliada CCOO
  • Garcçia Lucas, Maria José, delegado de UGT ajto de Sant Boi. García Polo, José. Miembro de Iaioflautas de Valencia
  • García Solís, Juan Ramón. Pensionista Yepes (Toledo)
  • Gimeno García, Mª. Dolores. Delegada UGT-Vallés Occidental en el Ayunta- miento Sabadell
  • Gómez Fernández, Laura. Delegada UGT-Vallés Occ. en OHLA INGESAN González Carrasco, Raquel. Afiliada CCOO
  • Grimaldi Mijares, Gonzalo. SAT Andalucía
  • Huertas, Elisabeth. delegado de UGT ajto de Sant Boi.
  • Jiménez Castro, Miguel. Secretario del Comité de Empresa de Almacenes Pogar. Afiliado de CCOO
  • Jiménez Valero, Paloma. Coordinadora comarcal IS-PSOE CLM de la Mesa de Ocaña
  • López Bueno, Ángel. Afiliado de UGT
  • Martínez Montoro, Jesús Manuel. Yepes (Toledo)
  • Montoro Campaña, Elisabet. Delegada UGT-Vallés Occidental en el Ayunta- miento Sabadell
  • Mora del Cerro, Frutos. Afiliado a CCOO
  • Mora Ortiz, Elsa. Concejal de UP en el Ayuntamiento de Yepes (Toledo). Afiliada de CCOO
  • Mora Ortiz, Olga. Móstoles (Madrid)
  • Muñoz Lázaro, Miguel. Militante de IU. Portavoz Plataforma Tarancón y Comarca en defensa del sistema público de la Seguridad Social
  • Ortiz Cabero, Milagros.
  • Pérez González, Carmen. Madrid
  • Pérez, Núria. Delegada de UGT Vallés Occidental en AEMA Pérez Sánchez, Agustina. Afiliada CCOO
  • Poch Pedret, Marc. Delegado de UGT Vallés Occidental en GAPSA Prieto Carretero, Carlos. Responsable Estatal de Contact Center de FeS- MC-UGT
  • Raboso Palomo, Luís. Portavoz plataforma pensionistas Santa Cruz de la Zarza (Toledo)
  • Rascado, Jesús. Militante de UJP Álava Reyes Páez, Jordi. SYNCREON, SAU
  • Rivera Romero, Carlos. Delegado de UGT Vallés Occidental en el Ayunta- miento Sabadell
  • Rodríguez González, Luís. Delegado de UGT-Vallés Occidental en BIMBO, SA.
  • Sánchez-Celemín García, Miguel. IS-PSOE-CLM Corral de Almaguer Sánchez Fernández, Yolanda. Delegada UGT-Vallés Occidental en OHLA INGESAN
  • Sánchez, Gabriel. Militante de UJP Álava
  • Santos Pastor, Cándido. Delegado de UGT Vallés Occidental en ROCHE DIAGNOSTICS
  • Segarra, Rafa. Concejal de Podemos en Moncofar (Castellón)
  • Serrano, Adriano. Delegado de UGT Vallés Occidental en el Ayuntamiento Sabadell
  • Serrano Hermoso, Carlos. Secretario General del PCE en Segovia Tornamira Sánchez, Roberto. Militante de UGT y del PSOE en Madrid. Uriondo Gijón, Juan Carlos. Afiliado a CCOO
  • Uriondo Pita, Carmen. Militante IU en Narón (Galicia) Villasuso Vázquez, Roberto. Afiliado CCOO
  • Vitolo Guzmán, Mònica. Delegada UGT-Vallés Occidental en FEDAC

Carta abierta al Sr. Escrivá, Ministro de Seguridad Social

Cumplan con la Ley 21/2021 y encarguen al Tribunal de Cuentas del Estado el obligado informe de Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social.

Introducción
Con esta carta abierta, el grupo de “Sindicalistas por la Auditoría y en defensa de la Pensiones Públicas”, vinculado al CATP, da por terminado el diálogo con el Gobierno que abrieron con la carta al presidente del Gobierno, enviada a Moncloa el 16 de julio y publicada en las páginas 16 y 17 Tribuna Socialista nº 136.
Para seguir el hilo de la carta al señor Escrivá, podéis acceder a la respuesta que el Gabinete de presidencia remitió el 18 de noviembre al grupo de Sindicalistas, publicada en la página 15 de Tribuna Socialista nº 138. Fue en base a esta respuesta de Moncloa que el 1 de diciembre los sindicalistas remitieron una carta al ministro. Ese mismo mes, la Jefa de Servicio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones respondió al grupo de Sindicalistas; cartas publicadas en Tribuna Socialista nº 139, en sus páginas 15 y 16 respectivamente.
El hecho de que con esta carta abierta se ponga punto y final al diálogo epistolar con el Gobierno, no significa que el grupo de Sindicalistas vaya a cejar en el empeño de continuar luchando por defender el Sistema Público de Pensiones. De hecho, en este mismo número 140 de TS, publicamos una nueva campaña que está en marcha, dirigida a los diputados y diputadas que votaron favorablemente a la Ley 21/2021, en la que se obliga al Gobierno a encargar una Auditoría, campaña desde organismos sindicales y sindicalistas.

Señor ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:

Somos el grupo de “Sindicalistas por la Auditoría y en Defensa de las Pensiones Públicas”, vinculados al Comité para la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP), que, en el mes de julio, nos dirigimos al presidente de Gobierno en una carta firmada por más de 200 militantes políticos y sindicales, para trasladarle la preocupación que teníamos, y mantenemos, por la nueva reforma de la Ley de Seguridad Social, que se prepara desde su departamento, señor Escrivá.

En dicha misiva explicábamos pormenorizadamente los motivos políticos y económicos por los que no se justifica la ampliación del número de años que se emplea para hallar la base reguladora de las pensiones. El dato principal que justifica nuestra posición nos lo da el Tribunal de Cuentas del Estado, en su informe de 2020 en el que, al analizar el periodo 1989-2013, concluye que el Estado es deudor de la Seguridad Social en, al me- nos, 103.000 millones de euros.

El 18 de noviembre, recibimos respuesta de Moncloa a la carta mencionada. Contestación del Gabinete de presidencia en la que se nos indicaba que se había dado traslado de la misma a su Ministerio. Fue por este motivo por el que el 1 de diciembre registramos una carta dirigida a usted, solicitándole una reunión, con usted y/o con su equipo, para poder trasladarle nuestras consideraciones. Con fecha 12 del mismo mes, su Jefa de Servicio, nos respondió amablemente derivándonos a otra instancia de su Ministerio.

Valoramos positivamente el intercambio epistolar que hemos mantenido y agradecemos las respuestas desde el Gobierno, si bien su contenido es de todo punto insatisfactorio. Y es por ello que hemos decidido responderle de forma abierta.

Celebramos la decisión del Gobierno por la que se incrementarán las pensiones contributivas en un 8,5%, decisión que fue tomada pocos días antes de la última gran Manifestación que discurrió por las calles de Madrid el 16 de octubre del pasado año, por lo que parece evidente que fue una respuesta positiva, tomada con antelación, a la movilización que COESPE y las demás organizaciones que componen el movimiento de pensionistas vienen desarrollando en defensa del Sistema Público de Pensiones.

Sin embargo, nos preguntamos de qué sirve la subida del 8,5% para 2023, si a los futuros pensionistas les reducirán un 8% por efecto de la pretendida reforma del periodo de cálculo de la pensión, y si además no se compensa la pérdida de poder adquisitivo en relación con el IPC de 2021, que cerró en el 6,5% frente al 2,5% con que se revalorizaron las pensiones el año antepasado.

Además de estas cuestiones, que no por coyunturales menos importantes, es para nosotros y nosotras de una importancia fundamental que se lleve a cabo la Auditoría a la que el Gobierno se comprometió en la Ley 21/2021, por la que en febrero de 2022 deberían haber encargado dicha Auditoría y que en julio del mismo año deberían haber presentado el resultado de la misma.

Por otra parte, una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social no puede hacerla una empresa privada por encargo del Gobierno, ni un órgano u organismo vinculado al Gobierno, pues a todas luces carecería de rigor, en tanto que sería un acto de “auto auditoría”. Es por esto que corresponde al Tribunal de Cuentas realizarla, por haber sido el órgano que puso sobre la mesa que la Seguridad Social no es deficitaria, sino acreedora del Estado, y por ser el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del sector público.

Si en el periodo de 24 años estudiado por el Tribunal de Cuentas (1989-2013) son más de 103.000 millones de euros lo que el Estado ha utilizado indebidamente de los fondos de las pensiones, ¿a cuánto asciende la deuda del Estado con la Seguridad Social en el periodo 1967 a 2019, tal como marca la ley?

Parece obvio que el hecho de que el Estado sea deudor de estas magnitudes de dinero, al Sistema de Pensiones Públicas, pone fin a la idea que tanto se reitera, por partes interesadas, de que el sistema es deficitario.

Es inaceptable que el Gobierno no cumpla con una ley votada por el Poder Legislativo, y por los propios partidos que sustentan al Gobierno. Exigimos que se paralicen las negociaciones para la reforma de las Pensiones y que se lleve a cabo la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, por parte del Tribunal de Cuentas del Estado.

Sindicalistas por la Auditoría y en Defensa de las Pensiones Públicas

Entrevista: Arturo Ávila Patiño

Arturo Ávila estudió Matemáticas Puras en la Universidad Nacional de San Marcos (la cual hoy ha sido tomada por las fuerzas policiales). No pudo concluir los estudios por la estigmatización que se hacía con la subversión. Posteriormente, se licenció en Filosofía e Historia, en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta). Ejerció la docencia, durante seis años, en los niveles de primaria y ESO. Arturo no dejó la actividad política ni en su etapa de estudiante ni siendo profesor.
En Madrid, estudió en la facultad de Ciencias Políticas, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Tras el grado de Ciencias Políticas realizó el máster de Política Internacional.
Ha sido militante activo en las organizaciones sociales latinoamericanas. En España ha formado parte de Podemos y, actualmente, es militante de Más País. Fue portavoz de la Mesa Plurinacional por los Derechos Humanos y contra el racismo institucional, representante de la Coordinadora Internacional de apoyo al pueblo peruano y presidente de la Asociación para la Inclusión Plurinacional Yanantín.

Pregunta. – En los últimos cuatro años, Perú ha tenido seis presidentes y ninguno ha podido finalizar su mandato ¿Hay algún común denominador en esta secuencia presidencial?

Hay que tener en cuenta que los seis presidentes han gobernado con la misma constitución política fascista y neoliberal del dictador Alberto Fujimori Fujimori, de 1993. Todos han estado sujetos a un modelo económico extractivista y depredador, donde ha campeado la corrupción en la estructura del Estado, así como el amortecimiento de las luchas sociales y laborales por la aplicación de las leyes de apología al terrorismo y colaboración eficaz, que hasta el momento se viene aplicando. El primero, lleva a la estigmatización de toda protesta del pueblo con la subversión.

En ese sentido, los grupos de poder político y económico condicionan la hoja de ruta de los gobiernos, de todo gobierno, y quien no se sujeta a ello es expectorado bajo las condiciones del golpe de Estado blando, donde un buen número de narco candidatos, ahora congresistas, cumplen con obediencia plena su compromiso. El poder mediático de estos grupos ha copado las estructuras del Estado, en tal sentido, con una constitución política que le da carta blanca en las políticas neoliberales y un narcotráfico que va en aumento, pues ya vemos los resultados.

Pregunta. – Pedro Castillo fue elegido en las urnas en el mes de julio de 2021 ¿Qué intereses crees que hay detrás de su destitución?

El Perú, este año 2023, tiene que tomar decisiones políticas de grandes consecuencias económicas, como aprobar por ley los 41 megacontratos de los sectores mineros, petroleros, agrícolas, etc. Además, está de por medio la renovación de contratos ley que tiene con muchas empresas transnacionales, es decir, hay mucho capital y beneficio para estar interesado en su destitución.

La injerencia extranjera también está detrás de la destitución del presidente Pedro Castillo Terrones, principalmente la norteamericana, por dos motivos fundamentales: el primero, por la lucha de mercado con su rival China que le va superando en los últimos 10 años a través de inversiones de proyectos de construcción y un trato más continuo. Segundo, por la visión geopolítica de como en las últimas elecciones, países como: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile y Perú se han decantado por gobiernos de izquierda o progresistas.

Pregunta. – La industria minera en el Perú es el sector más importante de la economía. Desde hace tiempo, antes de la crisis política actual, los intereses mineros privados venían presionando al Gobierno de Pedro Castillo en distintas direcciones, por ejemplo: en la liberalización de la extracción de cobre en Zafranal, Los Chancas y Michiquillay; y fiscalmente, con la exención del Impuesto General de Ventas (IGV) y el Impuesto de Promoción Municipal (IPM), exenciones que han vencido el 12 de diciembre pasado y los inversores reclaman ampliar hasta el 31 de diciembre de 2027 ¿Crees que presiones como esta pueden estar detrás de la destitución de Castillo?

Según cifras de la SUNAT, en el período enero – julio 2022, las exportaciones mineras alcanzaron un valor de 20.995 millones de dólares, que representa un crecimiento del 2,5% con respecto al mismo período de 2021 y es un 73,9% de lo registrado en 2020. En las dos comparaciones el sector minero ha tenido beneficio el primero por 508 millones de dólares y en el segundo caso 8.920 millones de dólares. En consecuencia, no debía de haber presiones fiscales de exoneraciones de los impuestos referidos (IGV y IPM), además hay que tener en cuenta que el IGV, se cobra en la compra final del bien o servicio, por lo tanto, no afecta sus beneficios, puesto que es dinero que debe ser entregado al Estado. Tales impuestos representan el 18% de las exportaciones, que si echamos números es una buena cantidad de dinero que debe ser entregados, olvidándose de la exoneración de esta. Mencioné anteriormente que el fundamento principal de la destitución de Pedro Castillo estubo fijada en lo económico y esta es una más.

Pregunta. – Estamos conmocionados por las noticias que llegan desde Perú; ya se supera la cifra de 60 muertos, muchos de ellos jóvenes, incluso menores de edad ¿Qué está ocurriendo?

Se está desarrollando una lucha directa, por parte de la estructura armada del Estado y el pueblo peruano olvidado, menospreciado y ninguneado. Ese pueblo siente que le han arrebatado su derecho democrático, la soberanía del país y la igualdad de oportunidades, al ver reforzada, por la corrupción, la casta política racista, discriminadora y clasista que se consideran los iluminados en gobernar el país, considerando que el pueblo lo conforman ignorantes, inmorales y sobre todo que no están preparados para gobernar. Esa estructura armada del Estado lo conforman las fuerzas policiales y militares, donde la figura de la señora Dina Boluarte pasa a ser un medio testimonial, puesto que otros (quienes conforman los poderes mediáticos) están en la conducción de la toma de decisiones, eso no significa que la Señora Dina Boluarte está libre de culpa; es la responsable política que tendrá que explicar en su momento, ante los juicios de genocidio por lesa humanidad y la malversación de fondos, quiénes son los personajes que actuaron entre las sombras y los visibles.

Pregunta. – ¿Cuál es el grado de unidad de las organizaciones políticas y sindicales en las protestas que están teniendo lugar en Perú?

En la actualidad, la unidad de las organizaciones políticas y sindicales no se deja notar, será por los cálculos políticos de sus formas de hacer política. Toda esta Insurgencia popular viene de las organizaciones de las regiones respectivas, que representan la fuerza del poder constituyente integrada por campesinos, mineros, profesores, estudiantes universitarios y compatriotas en general. Los partidos políticos no levantan cabeza en el contexto actual, saben muy bien que parte de culpa de la situación actual recae en ellos, principalmente los de la derecha y la ultraderecha. Los pocos partidos de izquierda no levantan la voz y sus pronunciamientos rara vez se deja notar, saben muy bien que el pueblo les va quitando legitimidad en sus luchas.

Pregunta. – ¿Cuáles son las reivindicaciones del pueblo peruano en este momento?

El pueblo peruano, dada la desigualdad social en la cual esta circunscrito, por responsabilidad de los gobiernos, se ha ido agudizando en los últimos 30 años de aplicación de las políticas neoliberales, propio de la constitución política hecha a tal medida. En el contexto actual, ante la crisis de gobernabilidad y de acciones dictatoriales de parte del gobierno de la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra, la mayoría de los peruanos exige las siguientes reivindicaciones:

  • Renuncia y enjuiciamiento de Dina Boluarte Zegarra
  • Cierre del congreso, golpista y corrupto
  • Libertad de Pedro Castillo y todos los detenidos
  • Nueva constitución a través de una Asamblea Constituyente.

Pregunta. – En el Estado español vivís más de 110.000 peruanos y peruanas ¿Qué estáis haciendo para apoyar la lucha de vuestro pueblo?

Las estadísticas oficiales mostraron 252.971 residentes nacidos en Perú, en España. De estos, 140.161 son ciudadanos españoles y 112.810 aún no habían adquirido la ciudadanía española, es decir, cuentan con los respectivos DNI de residencia y trabajo y un buen número de peruanos en situación irregular. En varias ciudades se organiza plantones, manifestaciones, pegada de carteles, etc. como colectivo de peruanos o de asociaciones. En Madrid se ha formado la Coordinadora Internacional de apoyo al pueblo peruano, integrada por más de 17 organizaciones sociales, culturales y políticas.

La Insurgencia Popular va tomando mayor participación democrática de los compatriotas, puesto que las protestas se están dando en más del 60% del suelo peruano. Para impedir este derecho democrático, la dictadura cívica militar muestra su parte más reaccionaria y fascista al intervenir la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras, donde, en operativos irregulares, las fuerzas policiales arremeten sin presencia del Ministerio Público, sin asesoría legal para los intervenidos, con impedimento de las funciones de la defensoría del pueblo y el maltrato deshumano de las detenidas y detenidos. Asimismo, la Embajada de Perú en España emite un comunicado intimidando a la compatriota Lourdes Huanca por sus recientes entrevistas de denuncia de los hechos que se dan en el Perú, poniendo en descubierto su detención cuando arribe al país de origen.

Desde el exterior, seguiremos denunciando todos los atropellos contra los derechos fundamentales de nuestros hermanos, así como el carácter dictatorial de este seudo gobierno de Dina Boluarte, el Congreso corrupto y golpista y la injerencia norteamericana.

En nombre del Comité de Redacción de Tribuna Socialista, os deseamos mucha fuerza y éxito al pueblo peruano en su legítima y justa lucha.

Roberto Tornamira
para Tribuna Socialista

Sin indústria no hay futuro

Los días 25 y 26 de enero, la UGT FICA organizó en Algeciras unas jornadas sobre la transformación del sistema productivo. En las mismas, el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, manifestó que los fondos de recuperación son una oportunidad para transformar la industria de nuestro país, pero es necesario un consenso social y político para establecer una estrategia industrial. Ha valorado el anteproyecto de la ley de industria, porque será bueno para la clase trabajadoras, pero se necesita que esta ley además de ser una realidad, cuanto antes, se mantenga en el tiempo y no se cambie en función del color político del gobierno de turno.

Pepe Álvarez señaló que el PIB industrial en España en 2021 fue del 15,3% y hay que llegar al 30% y que la industria emplea a más de dos millones de trabajadores y trabajadoras. Asimismo, apeló a potenciar la industria desde la colaboración público-privada, contando con las empresas matrices y con las pymes de nuestro país

El cambio de modelo productivo es un mantra que se lleva escuchando desde hace más de 40 años, y nadie sabe a ciencia cierta qué quiere decir exactamente. Por el camino hemos cerrado astilleros, gama blanca, siderurgias, minas, y se han sufragado cientos de expedientes de cierre con fondos públicos, y durante todo ese tiempo se ha ido perdiendo, diluyendo una concepción del modelo industrial liderado desde lo público, no con ayudas para destruir empleo sino para crearlo.

Nuestro país es el país de la Unión Europea con más kilómetros de costa y el país de la Unión Europea con más horas de sol. Parece claro que la apuesta pública por explotar industrialmente estos privilegios naturales sería una apuesta ganadora.

Desde la generación energética hasta la fabricación de vehículos con cero emisiones (hoy se apuesta por el vehículo eléctrico pero se piensa que el futuro pasa por el hidrogeno), necesitamos un proyecto industrial de país. ¿que hay dinero proviniente de los planes de transformación y resiliencia?. Bienvenidos sean, pero no esperemos que sean las multinacionales ni las Pimes las que agoten estos fondos porque caerán en un pozo sin fondo.

Se ha demostrado que cuando se trata de proteger bienes esenciales, el sector privado no es el más adecuado puesto que prioriza el beneficio económico a corto plazo al beneficio social y colectivo. Por tanto, un pacto por la industria debe ser liderado desde los gobiernos para garantizar la producción de aquellos bienes necesarios para nuestra sociedad.

Y alerta: producir tanques y bombas también es industria, y desde luego, no es el modelo industrial que la mayoría de socialistas deseamos para nuestro país.

Baltasar Santos
Comité de Redacción de TS