Autor: Tribuna Socialista

Tribuna libre de expresión. Fomentando el debate y las propuestas entre socialistas.

Fiscalidad: Que contribuya más el que más tiene Fiscalidad

Es las épocas de “vacas flacas” es cuando más se notan las diferencias entre las políticas fiscales progresistas y las liberales, las de izquierda y las de derecha. Los impuestos son las aportaciones de los ciudadanos por diferentes conceptos (renta, patrimonio, bienes inmuebles, vehículos…). Su recaudación permite aplicar polítcas públicas. Una de las características de las políticas socialdemócratas es la aplicación de una fiscalidad que permitas quién más tiene aporte más para cubrir las necesidades de todos, especialmente, de los que menos tienen. Las políticas liberales, al revés, aplican bajadas de impuestos, especialmente a las rentas más altas con el objeto de reducir el peso de las políticas públicas y privatizar todo lo privatizable generando negocio privado para los suyos.

Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de la Comunidad de Madrid eleva la desfachatez fiscal a su enésima potencia, no solo baja los impuestos a los más ricos, sino que además, el dinero público recaudado lo utiliza para favorecer a las rentas más altas. El anuncio de la creación de becas al estudio para los hijos de famílias bienestantes que van a colegios privados en detrimento de más dinero público para la sanidad y educación públicas son un buen ejemplo.

Pero el mes de septiembre ha estado cargado de noticias relacionadas con la fiscalidad, especialmente con la competencia o competitividad fiscal que las autonomías gobernadas por el PP están anunciando sobre el Impuesto de Patrimonio. Madrid fue la pionera, ahora Andalucía y Galicia anuncan exenciones o rebajas del impuesto de Patrimonio, es decir bajadas a los más ricos. Esta estrategia de competir en bajadas de impuestos a los más ricos es una clara declaración del objetivo de estos gobiernos autonómicos: reducir las políticas públicas a su mínima expresión y atraer las rentas más altas. Políticas para ricos.

Pedro Sánchez ha censurado esta medida de «competencia fiscal a la baja” y ha dicho que “Lo importante es fortalecer el Estado del Bienestar, que nos defiende frente a adversidades como la pandemia”.

Por otro lado, el impuesto a las energéticas y la banca, así como el nuevo impuesto que se ha anunciado sobre las grandes fortunas, son medidas que se orientan a que contribuya más el que más tiene, pero que deberían aplicarse no temporalmente, sino de manera estructural.

En Europa también cuecen habas. La primera medida que ha anunciado la flamante nueva ministra conservadora, Liz Truss es reducir los ingresos del Estado, rebajando varios impuestos, por lo general a las rentas más altas, en un total de 55.000 millones de euros para reactivar la economía. La laborista Rachel Reeves, en la oposición, dice que esta es la estrategia para favorecer a los ricos para que su gasto llegue a los más pobres.

En el primer mandato de Macron en Francia ya se han aprobado importantes rebajas fiscales a las clases más pudientes, con la supresión parcial del impuesto sobre la fortuna o disminuyendo del 45% al 30% la tasación máxima del capital. Ahora, el segundo mandato se ha iniciado con el anuncio de los superbeneficios de las grandes multinacionales en Francia, ante los que el gobierno Macron se niega a gravar fiscalmente, de forma contratria a lo que exige la oposición de izquierdas, Nueva Unión Popular Ecológica y Social (NUPES) que reclama un impuesto ante tan descomunales beneficios, mien- tras los servicios públicos se están deteriorando a la velocidad de la luz

El debate ideológico por la fiscalidad no es cualquier cosa. Los servicios públicos que deben garantizar la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades, está en juego. Defender hoy los impuestos puede parecer impopular, pero los impuestos son necesarios. Eso sí, justos. Que sirvan para redistribuir la riqueza que se genera en beneficio de toda la población. Unos impuestos que obliguen a que el que más tiene contribuya más, para cubrir las necesidades de quien menos tiene.

Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de TS

¿El fin de la abundancia? ¿de qué abundancia hablamos?

Hace unas semanas, en una intervención solemne en la cumbre de la OTAN en Madrid, el presidente francés, Emmanuel Macrón, afirmó que habíamos llegado al fin de la abundancia. Ante el contexto actual de escasez de bienes y suministros de primera necesidad, Macrón apelaba a evitar el derroche. ¿qué derroche?

Hace mucho tiempo que ni franceses, ni españoles, ni italianos, griegos o alemanes podemos permitirnos malgastar ni despilfarrar porque vivimos al día. La pobreza se ha extendido a más población, y la vulnerabilidad energética y económica no solo sacude los bolsillos de quién no tiene un empleo, sino también los bolsillos de trabajadores asalariados, autónomos y pensionistas que ven que sus ingresos actuales no bastan.

Nadie sabe a ciencia cierta si a lo que Macrón llama “abundancia” es, en realidad, el “estado de bienestar” que lleva años en franco retroceso.

Sería bueno que Macrón recordara que quien se ha llevado las fábricas a Asia para abaratar costes (y salarios) no han sido los trabajadores europeos, sino las direcciones de las empresas multinacionales que están dejando un gran reguero de destrucción productiva y de creciente desempleo.

Sería bueno que Macrón recordara que quién ha asfixiado hasta la extenuación a la clase trabajadora de viejo continente han sido las políticas neoliberales y austericidas, con las que la clase trabajadora ha pagado los excesos y las burbujas del poder financiero internacional.

Antes de pedir nuevos sacrificios a la clase trabajadora, haría bien Macrón en reconocer que ni las privatizaciones del sector público, ni los recortes en pensiones y en derechos de la clase trabajadora han servido para apaciguar a los hambrientos mercados, pero sí para precarizar las economías familiares de quien no tiene más sustento que el fruto de su trabajo.

Harían bien Macrón y todos los líderes europeos en reconsiderar si las políticas energéticas e industriales de Europa se han ajustado a las necesidades de los europeos. Harían bien en reconsiderar que la dependencia energética del gas ruso, argelino o estadounidense no son las soluciones de los europeos necesitan ni las fábricas europeas necesitan.

Haría bien Macrón en concretar la definición de la abundancia de la que anuncia el final, porque como ya le ha advertido el Secretario General de la CGT francesa, no hay trabajadores, en ningún país europeo, que naden en la abundancia.

Habrá que preguntarle a Macrón si “el fin de la abundancia” es consecuencia del seguidismo a la política militar expansionista de estados unidos y la OTAN,

con tanta responsabilidad sobre la escalada de provocaciones que han dado lugar a la guerra como culpa tiene Putin y sus oligarcas, por ser el primero en condenar a su pueblo y al ucraniano a una guerra fraticida.

Habrá que preguntarle a Macrón si por abundancia se refiere a llevar una vida digna y normal, mediante la que las personas puedan tener un frigorífico, una lavadora, calefacción y poder acceder a alimentos saludables.

Habrá que preguntarle a Macron si el fin de la abundancia es un nuevo ataque a los derechos y conquistas sociales de los trabajadores en Europa, fundamentalmente en coberturas sociales como las prestaciones por desempleo y las pensiones, o la educación o la sanidad.

El anuncio del fin de la abundancia está provocando que la población tome conciencia de que Rusia se había convertido en el granero del mundo y principal proveedor de Gas a centroeuropa, y China en la fábrica del mundo, y que las políticas europeas no han hecho otra cosa que facilitarlo.

La escasez de componentes para el sector de la automoción y materias primas para la industria, el encarecimiento de las energías y combustibles y con él, el encarecimiento de todos los productos, especialmente los de primera necesidad, no son consecuencia de la guerra sino consecuencia de años de destrucción de la otrora Europa social.

La vil invasión de Putin a Ucrania ha acelerado las consecuencias de las políticas liberales y austericidas de Europa, poniendo al descubierto el desabastecimiento energético, que pone en peligro la producción industrial, aumenta los costes de distribución y deja en situación de pobreza energética a varios millones de europeos, generando una inflación que la clase trabajadora no puede permitirse durante mucho tiempo.

La verdadera caracterización de la guerra es el dominio económico de los “mercados”, principalmente el mercado europeo del gas, codiciado por las empresas estadounidenses que ven como su gas licuado, obtenido mediante la técnica del Fracking se configura como la gran solución para evitar el desabastecimiento de energía en Europa, y el colapso industrial. De momento, EEUU ya ha desbancado a Argelia como primer suministrador de gas licuado a España, y Europa se debate entre traer ese gas a través del Midcat o a través de un nuevo gaseoducto que atraviese desde España hasta Italia. Eso sí, en cualquier caso, el gas americano siempre será más caro que el gas ruso, algo que los empresarios alemanes están comenzando a cuestionar. Dice el refrán que a río revuelto ganancia de pescadores, y aquí hay unos pescadores muy interesados en que el río continúe revuelto.

Si el fin de la abundancia es el fin del estado de bienestar, me temo que ni en Alemania, ni en Francia, ni en España, ni en ningún país, la clase trabajadora va a estar de acuerdo con ese final.

Baltasar Santos
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Canciones con Poder: Vientos del pueblo me llevan

Miguel Hernández escribe este poema en 1937, en la etapa en la que pasa a la acción en todos los frentes: el intelectual, pues continua la obra poética que había comenzado en su Orihuela natal, siendo pastor; el bélico, formando parte del 5º Regimiento de Milicias Populares y en otros destinos, participando en los frentes de Teruel, Andalucía y Extremadura; y en el político, dando el paso de afiliarse al Partido Comunista en 1936, cuando se inició la guerra, a la edad de 25 años.

El poema “Vientos del pueblo me llevan” forma parte de su libro más combativo, con poemas dedicados a Federico García Lorca, al poeta y brigadista cubano Pablo de la Torriente y, por supuesto, a los sufrimientos del pueblo, como lo hace en “El Niño Yuntero”.

“Vientos del Pueblo me llevan” es un poema que el poeta convierte en arma contra la clase social privilegiada: “yugos os quieren poner, gentes de la hierba mala”. Esa minoría social que apoya al ejército que dio un golpe de Estado contra la República y la Constitución que habían prometido proteger.

Miguel Hernández fue una de las decenas de miles de víctimas del franquismo, con la guerra ya terminada. El 30 de abril de 1939, intentó viajar a Méjico o a Chile cruzando la frontera de Portugal, pero fue detenido en Moura por la policía del régimen fascista de Salazar Oliveira, quienes lo entregarían días después a las autoridades franquistas. El periplo, de represión, de Miguel Hernández lo relata muy documentadamente el periodista Rafael Moreno en su libro “Perseguidos”, hasta su muerte, a los 31 años de edad, el 28 de marzo de 1942, víctima de las enfermedades contraídas en las inmundas cárceles de Franco.

El poema ha sido interpretado y versionado por muchos artistas, grupos y cantantes. Os facilitamos el enlace(1) a la versión realizada por el grupo catalán de folk punk, Ebri Knight.

Roberto Tornamira
Tribuna Socialista de Madrid

Reflexiones sobre los resultados del referéndum en Chile

Quizás, para entender los resultados del referéndum del pasado 4 de septiembre en Chile, haya que remitirse al inicio, cuando empezó todo, al 18 de octubre del 2019. No solo era un movimiento contra la subida de los treinta pesos del transporte, también por una educación pública y una jubilación digna entre otras reivindicaciones.

El 12 de noviembre de aquel mismo año hubo una huelga general que recorrió el país de este a oeste. En esta huelga, se vio reconocida la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas, se paralizaron todos los sectores productivos del país. El contenido político de este gran movimiento reivindicativo lo sintetiza la frase que sale de las gargantas de los chilenos, “no son 30 pesos son treinta años” y que enlaza con la demanda de una Asamblea Constituyente.

Tras el intento de los partidos tradicionales para que el Parlamento chileno fuese el encargado de redactar el nuevo texto constitucional, la mayoría mostró su desconfianza hacia ese parlamento e impuso unas elecciones para elegir una comisión constitucional que redactase el nuevo texto. El 25 de octubre del 2020 se dio un voto mayoritario para que la comisión constitucional estuviese compuesta por diputados representativos, y solo para ese fin concreto.

La mayoría de los elegidos eran independientes, sin vinculación con los partidos tradicionales, identificados con movimientos sociales, feministas con posición de género, interclasistas. En esta comisión hubo un gran ausente, una representación de trabajadores fiel a sus intereses.

El pasado 4 de septiembre, los chilenos rechazaron la propuesta de constitución que la comisión elegida para tal fin había pactado con sectores de la derecha antes de someterla a referéndum.

El 61,87% votó por el rechazo el texto propuesto, mientras que solo el 38,13% votó a favor. Una derrota clarísima para los que apostaron por un texto constitucional que, si bien significa una ruptura con la anterior constitución, no reflejaba las necesidades del gran movimiento reivindicativo que se inició el 18 de octubre del 2019 y que no solo era no a la subida de 30 pesos en el transporte.

El pueblo chileno tiene una gran experiencia en lo que son los pactos con sus enemigos de clase, quizás ese sea el problema, que los trabajadores chilenos no admiten más paños calientes, y están buscando una alternativa que los represente de verdad.

José Antonio Iniesta
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista

Fragmentos de la entrevista a Ségolène Royal, sobre la guerra de Ucrania

Fragmentos, publicados en Informations Ouvrières (n.º 723, del 15 al 21 de septiembre de 2022), de la entrevista a Ségolène Royal, sobre la guerra de Ucrania, por Ruth Elkrief, emitida en la cadena de televisión francesa LCI el 6 de septiembre.

Ségolène Royal, miembro del Partido Socialista francés, fue ministra de Ecología en el gobierno de Pierre Bérégovoy, entre 1992 y 1993. También Ministra Delegada a la Educación Escolar (1997-2000) y luego a la Familia, Infancia y Personas Discapacitadas (2000-2002) en el gobierno de Lionel Jospin. En 2004 ganó la presidencia de la región de Poitou-Charentes, el bastión del entonces primer ministro Jean-Pierre Raffarin.

Fue elegida la candidata oficial del Partido Socialista para las elecciones presidenciales de Francia de 2007, elecciones que finalmente perdió en segunda vuelta ante el candidato derechista Nicolás Sarkozy.

Ségolène Royal: “Creo que no debemos ir a ciegas hacia el desastre. Nosotros, nuestra generación tenemos la responsabilidad de dejar a nuestros hijos y a las futuras generaciones una Europa en paz y un planeta reparado. No tenemos derecho a permanecer inertes ante este conflicto y debemos exigir que comiencen las negociaciones de paz.

Ucrania está siendo atacada, eso es obvio. He tenido la oportunidad de repetirlo. Pero cuando pregun­tas por las razones por las que no hay proceso de paz, por qué Europa no pide a los protagonistas que se sienten alrededor de una mesa, es porque estamos asustados por lo que está pasando. Es muy importante, nunca he negado los bombardeos, todos los días hay muertes y por eso tiene que parar esta guerra.

La guerra es siempre un fracaso de la política. La guerra es siempre la victoria de las fuerzas del mal. La guerra no puede resolverse con más armamento. La guerra se resuelve mediante la negociación, la discusión y creo que todas nuestras fuerzas políticas deben orientarse hacia la búsqueda de la negociación con Ucrania sin premisas, porque el pueblo ucraniano es también el que más sufre y anhela la paz.

¿Qué pueblo no aspiraría hoy a la paz?

Ruth Elkrief: Ya sabes que los muniqueses, en 1938 decían: paz, paz.

Es todo lo contrario. El acuerdo de Múnich se basó en abandonar a los Sudetes. Hubo una cobardía horrible. Hoy sucede al revés, los que no quieren la paz son los cobardes, en cierto modo, porque hay muchos intereses económicos en esta guerra. Muchos participan ganando mucho dinero en esta guerra y en particular todos los que especulan con el precio de las materias primas, que están debilitando a los países más pobres. Porque lo que está ocurriendo con las materias primas es una especulación desvergonzada. Así, los que replican son fuerzas económicas que no quieren que la guerra se detenga. Pero yo apuesto positivamente porque todos los responsables políticos, incluso los que hoy están en guerra entre sí, quieren la paz. Y si no apostamos por ella, la paz no llegará.

R.E. En 1938, algunos dijeron que no vieron nada, que no vieron el avance de Hitler, y que ahora estaría pasando lo mismo mismo con Putin.

Pero 1938 fue la consecuencia de la guerra de 1914. Y cuando Jaurès pidió la paz, fue asesinado porque molestaba. La forma en que se cerró la guerra de 1914 provocó el ascenso de Hitler. Por tanto, ¿vale la pena detener la guerra? ¡Si no hubiera tenido lugar la guerra del 14, no habríamos tenido el ascenso de nazismo, no habríamos tenido el Holocausto, ni la Segunda Guerra Mundial!

R.E. En cuanto a las sanciones, Salvini, Le Pen, incluso Jean-Luc Mélenchon, coinciden en estar en contra, con diferencias, porque las sanciones son duras, deben ser detenidas. ¿Cuál es tu posición?

Mi posición es que las sanciones no son tan efectivas como nos hubiera gustado. No han conseguido llevar al gobierno ruso a la mesa de negociación. En segundo lugar, observamos hoy que el dólar sube y el euro baja. Mientras estamos hablando, cada minuto que pasa enriquece a las empresas norteamericanas y empobrece a las europeas, porque pagamos para comprar energía, que se paga en dólares. La degradación y el retroceso del nivel de vida de los europeos puede ir muy, muy rápido. ¿Qué queremos dejar a nuestros hijos? ¿Una Europa en que el nivel de vida haya bajado un 40% y en que todos los servicios públicos hayan sido destruidos? Porque en un momento dado el dinero que se da para armar a Ucrania, el dinero que se está dando a esta guerra es dinero de menos que va a los servicios públicos, como la educación. ¡Esto es lo que la gente ve! Y la gente ya no quiere seguir aceptándolo. Además, hay manifestaciones por la paz.

Crónica: Reunión abierta de la Coordinadora Estatal del CATP, celebrada el 10 de septiembre de 2022.

Al menos una vez al año, la Coordinadora Estatal por la Alianza de Trabajadores y Pueblos celebra una reunión abierta en la que pueden participar compañeros y compañeras, amigos y amigas del CATP. La última, se ha celebrado el día 10 de septiembre. La reunión tuvo lugar desde diferentes sedes, en: Barcelona, Sevilla, Vitoria, Valencia, Barakaldo, Getafe y Madrid, en las que se reunieron grupos de compañeros y compañeras interconectados telemáticamente, a los que se unieron compañeros y compañeras que individualmente se conectaron desde: Canarias, Toledo o Galicia, entre otros lugares.

Se informó de la recepción de la carta que, en nombre de la Coordinadora del CATP, se remitió, en el mes de julio, al POI francés y al NAR griego, para continuar en la coordinación iniciada en la Conferencia del 9 de abril (telemática) en la que participaron militantes políticos y sindicales de 19 países europeos; Conferencia de urgencia contra la guerra y sus consecuencias para los pueblos. Coordinación en la que se avanzó en el Encuentro (presencial) que se celebró en Madrid el 25 de junio, para mostrar el rechazo a la OTAN y a la Guerra, bajo el lema “Ni Putin ni OTAN”. Se continúa de esta manera en la senda de participar en el Comité de Enlace Europeo.

Se informó de los motivos por los que, COESPE y el conjunto de organizaciones que componen el movimiento de Pensionistas, convocan una manifestación en Madrid para el día 15 de octubre; movilización con la que el CATP y los colectivos que lo componen han comprometido su participación y contribución a su éxito. La defensa del Sistema Público de Pensiones es cosa de todos, no solo de los pensionistas, también de los activos, no solo de los mayores, también de los y las jóvenes. Se exige el cumplimiento de la obligación legal que el Gobierno tiene adquirido por ley, de encargar una Auditoría pública a las cuentas de la Seguridad Social. Se rechaza la nueva reforma legal de la Ley de Seguridad Social que propone el Gobierno, a través de su ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por la que pretende aumentar de 25 a 35 los años para hallar la Pensión futura. Y se reivindica que los salarios y las pensiones se revaloricen con el IPC real. Desde el grupo de sindicalistas en defensa de las pensiones, vinculado al CATP, se envió una carta a Pedro Sánchez, en el mes de julio, firmada por 227 militantes sindicales, plateándole la necesidad de llevar a cabo dicha Auditoría y el rechazo a la nueva reforma que se pretende.

Se anunció la Conferencia en defensa de la Industria que han organizado los compañeros de Información Obrera, y que ha tenido lugar el 17 de este mismo mes.

Se ha comprometido una reunión del Comité que luchó contra el artículo 315.3 del Código Penal, hasta su derogación, comité que se reunirá el 3 de noviembre, para trabajar por la derogación de la “Ley Mordaza”. En la reunión, participará una delegación del Comité Internacional Contra la Represión.

Se dio lectura a un comunicado de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de Valencia, un sector que es un servicio esencial para la sociedad, pero en el que la precariedad y los bajos salarios son la tónica general. Las trabajadoras, pues en su mayoría son mujeres, exigen la equiparación con el sector sanitario y sociosanitario, y dejar de ser consideradas “personal no cualificado”. De la misma manera, reclaman que las enfermedades profesionales propias de esta actividad laboral sean incluidas en el catálogo de enfermedades profesionales de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Y precisamente por la penosidad y el esfuerzo físico que este trabajo conlleva, que deriva en enfermedades profesionales graves, reivindican la jubilación anticipada a los 60 años.

Los compañeros jóvenes (trabajadores y estudiantes) vinculados al CATP informaron de la constitución de un Comité por la derogación de la Ley Subirats”, por ser una ley continuista con las leyes anteriores, desde las impuestas por el Gobierno de Aznar hasta hoy. Una Ley, la LOSU, que no resuelve los problemas de la Educación Pública universitaria.

El Colectivo de Mujeres Republicanas intervinieron para denunciar la brutal subida de los precios de los alimentos, de los libros de texto y el material escolar y, en definitiva, de los productos básicos y necesarios para las familias. Señalaron, también, que más de un millón y medio de mujeres pensionistas reciben menos de 500 euros mensuales, y que más de un millón de mujeres mayores de 65 años carecen de pensión, con lo que ello supone de ensanchamiento de la brecha de género que se sufre en este país.

Tras las exposiciones de los colectivos, tomaron la palabra 11 de los compañeros y compañeras conectados. En sus intervenciones, coincidieron con los ponentes de los temas mencionados en el apoyo a la Manifestación del 15 de octubre en defensa del Sistema Público de Pensiones y por la Auditoría, en el rechazo a la Guerra sin tomar partido por un bando u otro, tomando posición únicamente por los pueblos, el primero el ucraniano, pero también el ruso y los demás pueblos de Europa, víctimas todos de una guerra por el control de la energía y las materias primas. En sus intervenciones denunciaron y llamaron a combatir la carestía de la vida que todos y todas estamos sufriendo, producto de la acción especulativa de los oligarcas de todo el mundo, con la aquiescencia de los gobiernos.

La reunión finalizó con el compromiso, por parte de la Coordinadora Estatal, de presentar, en el plazo de un mes, una propuesta de reorganización de la Coordinadora misma, dada la ampliación que el CATP está experimentando. En relación con esto, en el acto se formalizó la adhesión a la Coordinadora de la Asociación de Euskadi “Hemen, salida por la izquierda”.

Roberto Tornamira
Miembro del Comité de Redacción de Tribuna Socialista y de la Coodinadora Estatal del CATP

Sindicalistas en Defensa de las Pensiones

Las organizaciones sindicales, particularmente UGT y CCOO, vienen anunciando movilizaciones para este otoño si la patronal insiste en no aceptar las cláusulas de revisión del IPC en el Pacto de Rentas que promueve el Gobierno. No les falta razón a los líderes sindicales cuando denuncian que ya basta de perder poder de compra en los salarios, con un IPC del 10,5%, al cierre de agosto.

En ese mismo marco temporal, COESPE y el resto de organizaciones que conforman el movimiento de pensionistas, anuncian una Manifestación en Madrid, para la mañana del 15 de octubre, con recorrido desde Atocha hasta la Plaza del Callao. Los motivos son en buena parte coincidentes con los que denuncian los sindicatos: “contra la pérdida de poder adquisitivo de pensiones y salarios”. Pero, además, también reclaman que el Gobierno cumpla con su obligación legal, contraída en la disposición adicional sexta de la Ley 21/2021 de 28 de diciembre:

“En el plazo máximo de un mes desde la aprobación de esta ley, el Gobierno encargará la elaboración de un informe de auditoría relativo a los ingresos provenientes de cotizaciones sociales y a los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social, con particular atención a los conceptos a los que se refiere la disposición adicional trigésima segunda de la Ley General de la Seguridad Social.

Dicho informe, que será realizado en un plazo máximo de seis meses para su elevación a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Pacto de Toledo, comprenderá la cuantificación de dichos conceptos y su financiación durante el período comprendido entre los años 1967 y 2019, ambos incluidos.”

Este grupo de Sindicalistas nace precisamente en apoyo de la manifestación en defensa del Sistema Público de Pensiones celebrada en Madrid el 16 de octubre de 2021, y a la reivindicación de llevar a cabo una Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, exigencia social que, gracias a la movilización y la perseverancia de miles de militantes, hoy es una obligación del Gobierno. La Auditoría resulta fundamental, máxime cuando en marzo de 2020 el Tribunal de Cuentas emitió un INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICOFINANCIERA, PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIA DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y SU SITUACIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2018(1), en el que, en su página 44 apartado II 3.6, establece que:

“El coste estimado asumido por la Seguridad Social por cuenta del Estado, procedente de la asistencia sanitaria y de los complementos por mínimos de pensiones, por un total de 103.690 millones de euros. En esta estimación no se han incluido otros conceptos de gasto asumidos que pudieran existir, así como el coste de oportunidad procedente de la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o adscritos a las Fundaciones Hospital, debido a que el Tribunal de Cuentas no dispone de información para su cuantificación.”

Este informe solo abarcó el periodo 1989 a 2018, y el Tribunal manifiesta no disponer de información para cuantificar otros conceptos de gasto, ni los costes de oportunidad por la falta de disponibilidad de los inmuebles transferidos a las CCAA o cedidos a Fundaciones Hospital. El compromiso del actual Gobierno abarca desde 1967 hasta 2019 y debería poner a disposición del Tribunal de Cuentas todos los datos e información para establecer, con precisión, la deuda que han ido generando todos los gobiernos desde 1967.

Con todo lo anterior, es inadmisible que el Ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones proponga una nueva reforma de la Seguridad Social por la que aumentaría de 25 a 35 años los años de cotización para hallar la base reguladora; garantizando de esta manera una merma media del 8% para las pensiones futuras.

Apoyamos, nos sumamos y llamamos a participar en la Manifestación del día 15 de octubre, en Madrid. Como grupo de Sindicalistas, nos sumaremos a la pancarta del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP), en lugar y hora a concretar más adelante.

15 de septiembre de 2022

  1. https://www.tcu.es/repositorio/de226696-6741-4ff2-ba7a-5a334e86e7f6/I1381.pdf

Carta a Pedro Sanchez

Nota introductoria a la Carta a Pedro Sánchez

El grupo de Sindicalistas que promueve esta misiva al presidente del Gobierno, nace en octubre de 2021, a partir del Llamamiento reivindicativo de la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, secundado por casi 500 firmantes, hombres y mujeres militantes de distintas organizaciones sindicales de clase, de la práctica totalidad de las comunidades autónomas.

A mediados del mes de julio del presente año, se han dirigido al presidente del Gobierno, para trasladarle su compromiso con la defensa del Sistema Público de Pensiones. Coherentemente, le exigen que se lleve a cabo la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social; que, a diferencia del pasado año, ha pasado de ser una reivindicación a una obligación contraída en la Ley 21/2021 de 28 de diciembre.

Los y las firmantes de la carta, recuerdan a Pedro Sánchez que se han incumplido los plazos que el Gobierno asumió en la citada ley, en cuya disposición adicional sexta, el Gobierno se comprometió a encargar un informe de Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social en el plazo de un mes, y a presentar este informe en el plazo de seis meses ante la correspondiente Comisión del Congreso de los Diputados.

Los y las sindicalistas, remarcan en la carta su preocupación por la nueva reforma de la Ley de Seguridad Social, por la que el Ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones pretende, con acuerdo del Gobierno en su conjunto, elevar el número de años para hallar la base reguladora de la pensión de 25 a 35 años.

Les parece inaceptable que el Estado sea deudor de la Seguridad Social en cientos de miles de millones de euros; deuda que han acumulado la práctica totalidad de los gobiernos desde 1967, y que por el contrario se continúen llevando a cabo reformas de la Ley de Seguridad Social de recorte.

Estos y estas sindicalistas esperaban una respuesta por parte de Moncloa, respuesta que a fecha de hoy no se ha producido.

En defensa del Sistema Público de Pensiones, con la exigencia de que se lleve a cabo la Auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, comprometida en Ley, y para protestar por la brutal pérdida de poder adquisitivo que salarios y pensiones están sufriendo por el alza de los precios, este grupo de sindicalistas anuncia que llamará a participar y se sumará a la Manifestación prevista para la mañana del 15 de octubre en Madrid, en el cortejo y tras la pancarta del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos (CATP.

La Carta

Complejo de la Moncloa

Pedro Sánchez Pérez-Castejón

Secretario general del PSOE y presidente del Gobierno

Avenida de Puerta de Hierro, S/N

28071 Madrid


16 de Julio de 2022

Presidente:

Nos dirigimos a ti, militantes del PSOE y miembros de otras organizaciones y colectivos de los movimientos sociales, para expresarte nuestra preocupación por las reformas que, desde el Gobierno que presides, se están operando en la Ley de Seguridad Social y otras legislaciones que afectan al Sistema Público de Pensiones.

Hace ya décadas, desde el pasado siglo, que los lobbies, gabinetes de estudios y supuestos expertos al servicio del mundo financiero se lanzaron a teorizar sobre la inviabilidad de los sistemas públicos de pensiones, en todo el mundo. Sin embargo, las fechas en las que profetizaban que los sistemas quebrarían han ido venciendo y los sistemas públicos de pensiones continúan siendo viables. Prueba de ello es el papel que los y las pensionistas del Estado español jugaron en la crisis de 2008 y años subsiguientes, siendo una autentica red de seguridad para las familias trabajadoras y para la sociedad en su conjunto, pues, muy probablemente, el esfuerzo de nuestros mayores evitó un estallido social:

“En el periodo que va del 2008 al 2016, los hogares en los que el cabeza de familia tenía más de 65 años aumentaron su gasto en alimentación y bebidas no alcohólicas un 36,9% mientras que en aquellas familias en que la persona de referencia tenía menos de 44 años se dio un descenso del 22,3%.” Datos del Observatori Bon Preu i Esclat del consum alimentari a Catalunya, elaborado por Josep Oliver (UAB) y Ramon Roig y Xavier Segura (Tracis).

Nos preocupan las reformas que se están introduciendo en la Ley de Seguridad Social y las que se anuncian, como la que tu Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el señor Escrivá, atendiendo a los compromisos adquiridos con la Comisión Europea, anuncia que se aumentaría a 35 años el periodo de cotización para hallar la base reguladora.

Estas reformas, y las que se vienen haciendo desde 1985, están enfocadas a reducir la tasa de reposición, a endurecer el acceso a la pensión y a paliar las exenciones y bonificaciones que los distintos gobiernos venís haciendo a las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, que no son otra cosa que salario diferido de los trabajadores, debiendo ser un concepto intocable. Esto no es una mera opinión, con datos de la Seguridad Social: en 1980, las empresas cotizaban el 29,25% de la base de cotización y el trabajador el 5,15%. Hasta el acuerdo de primeros de 2022, las empresas han estado cotizando el 23,60% y los trabajadores un 4,70%. Tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos, las empresas van a cotizar el 24,1% y los trabajadores el 4,8%. Es decir, que las empresas seguirán cotizando un 17,61% menos que en 1980, y los trabajadores cotizarán un 6,79% menos.

A lo anterior, hay que añadir la utilización de los fondos de la Seguridad Social para realizar pagos indebidos y en todo caso ajenos a las pensiones; como así puso de manifiesto el Tribunal de Cuentas del Estado en su informe de 2020, por el que, solo en el periodo 1989-2013, el Estado ha generado una deuda en la Seguridad Social de más de 103.000 millones de euros en concepto de “pagos indebidos”.

A pesar de todos estos elementos, nuestro Sistema Público de Pensiones continúa siendo una herramienta fundamental de cohesión para el Estado y un instrumento que dignifica la vida de más de 9 millones de pensionistas en nuestro país.

Por todo lo expuesto, consideramos que, antes de acometer nuevas reformas que sigan en la senda de recorte de la las Pensiones, el Gobierno está obligado por la disposición adicional sexta de la Ley 21/2021 de 28 de diciembre, a encargar un “Informe de auditoría sobre la financiación de los gastos de naturaleza contributiva y no contributiva de la Seguridad Social.” Pues, a fecha de hoy, se han incumplido los plazos señalados en dicha Ley. En este mismo sentido, entendemos que corresponde al Tribunal de Cuentas llevar a cabo el informe al que obliga la Ley, para el periodo 1967-2019.

Los abajo firmantes de esta carta, quedamos a tu entera disposición y de los miembros de tu equipo para abordar cualquier cuestión, relativa al Sistema Público de Pensiones, que estimes oportuna.

Atentamente.

Firmantes a título individual:

Roberto Tornamira Sánchez – Sindicalista de UGT y militante del PSOE en la Agrupación de Arganzuela. María José García Lucas – Secretaria General de la Sección Sindical de la UGT en el Ayto. de Sant Boi. Miguel Sagüés Navarro – Ex abogado laboralista de CCOO. Miembro de Sindicalistas por la Auditoría. José Miguel Villa Antoñana – Ex Secretario General de FeS-UGT. Luis González Sanz - consejo Confederal de CCOO. Juan Fernando Díaz - Mayordomo Martínez - Miembro de Sindicalistas por la Auditoría. José Luis Sánchez – Miembro del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP). César Serrano – Miembro de la Comisión Ejecutiva de la Comarca Sur de CCOO-Madrid. Mikel González – Secretario de Organización de UPTA-Euskadi-UGT. José Antonio Fernández Guerras – Sindicalista de UGT. (...) hasta 250 firmas más.

Entrevista: Rafael Arévalo

Entrevistamos a Rafael Arévalo, víctima del abandono sufrido por los mayores en las residencias de la Comunidad de Madrid, donde murieron más de 7.000 personas.

Rafael es abonado de Tribuna Socialista en Madrid.

Pregunta.- Perdiste a un familiar en la pandemia, ¿podría haberse evitado?

Rafael.- Mi madre, Juana, falleció el 26 de abril de 2020. En esta fecha ya había fallecido un tercio de los residentes, de un total aproximado de 180 residentes. La brutalidad de la decisión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso es tal que, a finales de abril, habían fallecido la práctica totalidad de las personas de la planta de “asistidos”. Podría haberse evitado, si el Gobierno de la Comunidad de Madrid no les hubiese negado la asistencia hospitalaria; si no les hubiese dejado abandonados a su suerte con decisiones pensadas en favor de los beneficios empresariales en lugar de en la salud de los residentes.

P.- ¿En qué tipo de residencia estaba tu madre?

R.– La residencia AMAVIR Arganzuela, está situada en la calle de Embajadores, 211, saliendo de la ciudad hacia el sur de Madrid. Es una de tantas residencias concertadas con la Comunidad de Madrid, que pertenece al grupo empresarial francés Maisons de Famille.

La relación con la dirección del centro siempre fue correcta. Desde antes de la pandemia, los familiares percibíamos el problema de la escasez de plantilla, por los errores que se producían habitualmente, por ejemplo: mi madre era diabética y le daban zumos que no podía tomar, los armarios de ropa no estaba controlados y podías encontrar ropa de otros residentes mezclada con las suyas o ropa suya que desparecía, y lo que es más grave, casos de escaras no detectadas a tipo generando graves consecuencias, incluso algún fallecimiento por este motivo… Es evidente que esto obedecía a la rotación de trabajadores; producto de la precariedad de las condiciones de trabajo y de bajos salarios.

Con la pandemia, esta situación se gravó en modo superlativo por las bajas por COVID del personal. Viéndose la dirección del centro colapsada por la situación e impedida de tomar decisiones que hubiesen evitado el contagio generalizado, dentro de la residencia. La residencia carecía de mascarillas y de personal suficiente para mantener a los residentes confinados sus habitaciones, de manera que, en plena pandemia, continuaban sacando a los ancianos a la sala común de cada área, para ser atendidos 25 residentes por cada auxiliar. Estas deficiencias no se corrigieron, en parte, hasta que los bomberos acudieron al centro a mediados de abril, dando orden de aislar a los residentes en sus habitaciones. Ahí quedan las escalofriantes escenas con las que los bomberos y los miembros de la UME se encontraron en muchas residencias, según han declarado.

A partir de la declaración del estado de alarma, se cortó la información a los familiares. La poca información que nos llegaba era a través de los familiares cuyos padres y madres iban falleciendo.

P.- La Comunidad de Madrid, a lo largo de la pandemia, no ha tomado ciertas decisiones porque, a su presidenta y a su equipo de gobierno, les parecían muy duras para la economía. ¿Qué opinas tú de esto?

R.- Pues pienso que lo verdaderamente duro es lo que sufrieron miles de familias que no pudieron despedirse de sus familiares.

Lo duro, durísimo, es enterarte por lo medios de comunicación, porque la residencia no te informaba, de que a mi madre se le había negado la asistencia sanitaria hospitalaria, con la que podría haber vivido más tiempo. Esta decisión de negar a la vida a una persona, al negarle la atención médica adecuada, es muy llamativa por venir de un Gobierno sustentado por partidos que niegan el derecho a la muerte digna y el derecho de las mujeres a decidir ser madres, con el argumento del derecho a la vida.

La angustia que se siente al saber que tu familiar está en una situación de riesgo mortal inminente y no poder hacer nada. Lo único que se podía hacer a duras penas, por las restricciones, era intentar obtener información de tu familiar.

Lo que más duro, es enterrar a tu familiar en la mas absoluta clandestinidad viendo el féretro entrar en el cementerio 1 minuto solo con 3 familiares como si fuera el más indeseable del mundo, sin la despedida digna que se merecía.

P.- Esta entrevista la estamos haciendo en la manifestación que ha llenado la Gran Vía y parte de la Plaza de España, de Madrid, en esta tarde de sábado, 17 de septiembre. A la que han acudido miles de personas para reclamar que las residencias vuelvan a ser públicas y con atención digna. ¿Qué habría que hacer, en tu opinión, para resolver la lamentable situación que se vive?


R.- Lo primero que habría que hacer es revertir las residencias públicas, que están siendo explotadas económicamente por empresas privadas, a una gestión directamente pública.

En según lugar, no permitir el déficit de plantilla en las residencias, sean esta públicas o privadas. Pues las ratios de personal por cada 100 residentes son incumplidas de manera ostentosa; agravándose cada año en los periodos vacacionales y de forma brutal en estos años pasados de pandemia.

En tercer lugar, además de una dotación de trabajadores y trabajadoras adecuada, garantizar que el personal de las residencias tiene la cualificación adecuada al puesto que

le es encomendado, pues la escasez de plantilla lleva, en muchas ocasiones, a que trabajadoras contratadas como personal de limpieza se vean obligadas a asumir tareas de auxiliares sanitarias.

En cuarto lugar, hay que vigilar la ratio de gasto de personal de las residencias vigilando el personal que incluyen en el mismo y sobre todo que este no debería ser nunca inferior al 70%, y no como esta ahora en las privadas y privadas concertadas que está en torno al 50%.

En quinto lugar, acabar con la connivencia de la Administración con las residencias que las avisa con antelación del día que las va a inspeccionar.

En definitiva, lo que la Administración no puede hacer es desentenderse de un servicio esencial para la sociedad, que se ha convertido en un negocio donde el ciudadano queda subordinado al interés económico. El coste de esta “filosofía” político-económica, de la que, el Gobierno de Ayuso es connivente, ha sido de 7.000 vidas, solo en la Comunidad de Madrid.

Quiero terminar diciendo que aun no entiendo cómo, la fiscalía de Madrid, puede haber archivado la causa judicial abierta para depurar responsabilidades por la decisión criminal de negar asistencia sanitaria a nuestros ancianos.

Roberto Tornamira, para Tribuna Socialista

Vergüenza Social

En el transcurso de los últimos 14 años, desde la crisis del 2008, nos hemos acostumbrado a escuchar y leer a través de los medios de información y comunicación palabras como: crisis, recortes, privatización, precariedad, etc. Nos hemos acostumbrado a ellas, o nos han acostumbrado, convivimos con ellas, siendo un lastre para la sociedad y la clase trabajadora. El liberalismo nos impone sus criterios, siempre pensando en los intereses de la minoría privilegiada, y condiciona las vidas de quienes dependemos de un salario o una pensión. Colectivamente, parece que hemos asumido la incertidumbre, el miedo, el bloqueo, la parálisis e inseguridad que los medios de comunicación de masas inoculan a la sociedad que se cree libre. Es evidente que esas palabras están incluidas en los debates políticos, y como es lógico en sus políticas de gobierno. Prueba de esto es el diseño de los Presupuestos Generales del Estado, donde prima el pago de la deuda y sus intereses sobre los gastos sociales, o la aprobación para determinadas leyes que dejan exentos de impuestos a los que más tienen.

E l pasado sábado 17 de septiembre se desarrolló una manifestación en protesta por la situación de las residencias de mayores en las comunidades autónomas. Bajo el lema, OTRO MODELO DE RESIDENCIA ES POSIBLE, unas 10.000 mil personas se congregaron desde la Plaza de España hasta la Plaza de Callao, ocupando toda la Gran Vía de Madrid. Cansados, sus familiares, del trato que reciben nuestros mayores en las residencias.

No es necesario que yo reproduzca aquí lo que ya sabemos y hemos visto todos en la intervención que se dio en el pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes por Mariano Turégano, de 82 años, afectado por la deshumanización que sufre y se produce en las residencias de Madrid.

En las reivindicaciones que se llevaron a la manifestación, convocada por PLADIGMARE y otras asociaciones por la dignidad de las personas mayores, destacaban: el incumplimiento de las ratios del personal que garanticen una atención de calidad, aumento del número de Inspectores que permitan controlar el funcionamiento en las residencias, garantizar la asistencia sanitaria por parte de la sanidad pública (algo que parece evidente, pero que no se hizo en plena pandemia), contratación indefinida, la formación adecuada del personal y acabar con la precariedad y los bajos salarios, que todas las residencias públicas que han sido privatizadas vuelva a una gestión pública directa; es inadmisible la privatización del sector de los cuidados, limitar a 60 plazas por residencia, entre otras medidas.

El desmantelamiento de lo público llega a todos los sectores y las políticas que se desarrollan son contradictorias a las necesidades reales de la sociedad, lo estamos viendo con los pensionistas y las reformas de la ley de la seguridad social, en la educación pública con un abandono de los centros públicos, en favor de las empresas privadas del mercado de la educación, con un gran auge de centros concertados y privados a costa del dinero público.

Las políticas para la cobertura de las necesidades sociales van en contra de las necesidades de la mayoría: vivimos tiempos en los que la natalidad ha bajado considerablemente y sin embargo, en entramos ya en la etapa en la que, la generación del babi boom, está llegando a la vejez, pero nos encontramos ante un déficit de residencias públicas que cubran las necesidades, o mejor dicho, los derechos fundamentales.

Por el derecho a una vejez digna, por nuestra dignidad y la de nuestros padres y madres, por los sistemas públicos, ¡¡¡luchemos ante las políticas deshumanizadoras del neoliberalismo!!!

Juan Fernando Díaz-Mayordomo Martínez
Miembro de la Coordinadora Estatal del CATP